¿Nuevas guerras, nuevas armas? La obligación de los Estados de examinar la licitud de los medios y métodos de hacer la guerra - CICR\n¿Nuevas guerras, nuevas armas? La obligación de los Estados de examinar la licitud de los medios y métodos de hacer la guerra\n30-06-2002 Artículo, Revista Internacional de la Cruz Roja, por Isabelle Daoust, Robin Coupland y Rikke Ishoey\nLa cuestión de las armas nuevas debe ser objeto de un examen riguroso, habida cuenta de la rápida evolución tecnológica que se registra en el sector de armamentos. En este contexto, los autores destacan la importancia que reviste la aplicación del artículo 36 del Protocolo adicional I, que obliga a los Estados Partes a evaluar la licitud de las armas, los medios y los métodos de guerra nuevos, respecto del derecho internacional. Tras exponer los principales elementos de dicho artículo, los autores recomiendan efectuar un examen multidisciplinario de las armas, puesto que se debe considerar una amplia variedad de cuestiones técnicas, militares y sanitarias. Asimismo, describen la práctica que los Estados han adoptado al respecto, en particular las medidas que tomaron algunos de ellos (Australia, Estados Unidos, Noruega y Suecia). Estas medidas, que abarcan desde la determinación de procedimientos y directivas nacionales hasta el establecimiento de un comité de examen, tienen algunas características comunes. En conclusión, los autores instan a promover y difundir en mayor medida el artículo antes mencionado, que sólo unos pocos Estados han aplicado.\nEn esta época en que la naturaleza de los conflictos armados se halla en constante cambio y en que crece la disponibilidad de unos medios y métodos de guerra cada vez más perfeccionados, es imprescindible someter las nuevas armas a un riguroso examen. Esto es aún más pertinente a la luz del rápido desarrollo de la tecnología armamentista, que –como dedujera Henry Dunant ya en 1863–, aunque puede «acortar, en el futuro, la duración de las guerras es muy probable que [haga que ] sus batallas sean, en cambio, mucho más mo rtíferas  .\nLa extraordinaria propensión de los seres humanos a desarrollar nuevas armas corre a menudo pareja con los esfuerzos por limitar o regular su uso. A este respecto, es interesante señalar que, mientras se negociaba el I Convenio de Ginebra en 1864, se desarrollaba una nueva arma potencialmente devastadora. En 1863, el Ejército Imperial Ruso introdujo un proyectil que explotaba al contacto con una superficie dura. En 1867 se modificó este proyectil a fin de que hiciera explosión al contacto con un material blando, como el cuerpo humano. El reconocimiento de que ello implicaba un grave peligro para las tropas indujo al Zar de Rusia a convocar a los Estados a una Comisión Militar Internacional, cuyas deliberaciones dieron por resultado la Declaración de San Petersburgo de 1868  .\nLa Declaración de San Petersburgo es la precursora tanto de los tratados multilaterales para el control de las armas como del Derecho de La Haya, que regulan los medios y métodos utilizados en la conducción de las hostilidades  . En sus párrafos preliminares establece el principio de que el único objetivo legítimo de la guerra es el debilitamiento de las fuerzas militares del enemigo y que «este objetivo sería sobrepasado por el empleo de armas que agravarían inútilmente los sufrimientos de los hombres puestos fuera de combate, o harían su muerte inevitable. Se afirma asimismo que el empleo de tales armas sería contrario a las leyes de humanidad y se prohíbe específicamente el empleo de proyectiles explosivos de un peso inferior a 400 gramos.\nLa Declaración de San Petersburgo es el primer instrumento internacional que alude a la importancia de examinar la licitud de las armas nuevas. Aborda el desarrollo de las futuras armas en los siguientes términos: «Las Partes contratantes o adherentes se reservan entend erse ulteriormente todas las veces que se formule una propuesta precisa con miras a perfeccionamientos venideros, que la ciencia podría aportar al armamento de las tropas, a fin de mantener los principios que han planteado y de conciliar las necesidades de la guerra con las leyes de la humanidad. En derecho internacional sólo puede encontrarse otra referencia a estos exámenes en el artículo 36 del Protocolo adicional I de 1977  , disposición a la que la mayoría de los Estados no le prestan la debida atención o importancia.\nEl presente artículo tiene por objeto exponer un breve resumen de los principales elementos de esta disposición, incluidos las normas y los factores que los Estados han de tener en cuenta para garantizar la conformidad de los medios y métodos de hacer la guerra con las normas relevantes del derecho internacional. También se describen las medidas adoptadas por algunos Estados para llevar a efecto el artículo 36 del Protocolo adicional I, destacando algunos rasgos comunes a estas medidas. Pero como no hay una exposición general de cómo los Estados examinan la licitud de las armas, únicamente se describen los aspectos procedimentales de los mecanismos de evaluación establecidos por algunos Estados. El artículo concluye resaltando la importancia de la aplicación del artículo 36 y de que se siga un proceder multidisciplinar para realizar los exámenes.\nPrincipales elementos del artículo 36 del Protocolo adicional I\nObligación de adoptar medidas nacionales de aplicación\nDe conformidad con el principio pacta sunt servanda , los Estados tienen el deber de cumplir de buena fe las obligaciones contraídas en virtud de un tratado. Para los Estados Partes en los Convenios de Ginebra y en sus Protocolos adicionales esto significa: la ad opción de una serie de medidas a nivel nacional. Éstas incluyen, entre otras, medidas legislativas para castigar a quienes cometen crímenes de guerra; medidas legislativas y administrativas para prevenir el uso abusivo de los emblemas de la cruz roja y de la media luna roja, así como de otros signos protegidos; y la asignación y formación de personal calificado en derecho internacional humanitario, en particular de asesores jurídicos en las fuerzas armadas  .\nLos Estados también tienen la obligación de observar las normas de derecho internacional humanitario en el desarrollo y el empleo de armas y tácticas militares. A este respecto, el Protocolo adicional I contiene diversas disposiciones referentes a los métodos y medios de hacer la guerra  . Por ejemplo, el artículo 35 dispone que el derecho de las partes en conflicto a elegir los métodos o medios de hacer la guerra no es ilimitado. En este mismo artículo se prohíbe también el empleo de armas, proyectiles, materias y métodos de hacer la guerra de tal índole que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios, así como de los que hayan sido concebidos para causar, o de los que quepa prever que causen, daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural  . El artículo 51 de este mismo Protocolo prohíbe el empleo de medios y métodos de combate de tal índole que alcancen indistintamente a objetivos militares y a personas civiles.\nEn el artículo 36 del Protocolo adicional I se estipula, en conexión con estas disposiciones, que los Estados Partes tienen la obligación de determinar si el empleo de nuevas armas o de nuevos medios o métodos de guerra se aviene con las normas del derecho internacional.\nSegún el contenido exacto de esta disposición se estipula que:\n«Cuando una Alta Parte contratante estud ie, desarrolle, adquiera o adopte una nueva arma, o nuevos medios o métodos de guerra, tendrá la obligación de determinar si su empleo, en ciertas condiciones o en todas las circunstancias, estaría prohibido por el presente Protocolo o por cualquier otra norma de derecho internacional aplicable a esa Alta Parte contratante».\nEl enunciado de la disposición indica claramente que la obligación de realizar esos exámenes se aplica a todos los Estados Partes en el Protocolo adicional I, tanto si desarrollan y fabrican ellos mismos esas armas como si las compran  . Cabe señalar que algunos Estados que aún no son Partes en el Protocolo adicional I han adoptado normas nacionales a fin de garantizar que sus armas se someten a este tipo de examen.\nAunque el artículo 36 no se especifica cómo debe determinarse la licitud, presupone la adopción de medidas nacionales coherentes para evaluar si el empleo de nuevas armas y de nuevos medios y métodos de hacer la guerra está prohibido  . Antes incluso de que se promulgara el Protocolo adicional I, algunos Estados ya habían aprobado, o estaban estudiando la aprobación de procedimientos nacionales de examen o el establecimiento de un comité encargado de dichos exámenes  .\nNormas que han de tenerse en cuenta al realizar los exámenes\nEl artículo 36 del Protocolo adicional I exige que se determine la eventual naturaleza ilícita, en ciertas o en todas las circunstancias, de las nuevas armas o de los nuevos medios o métodos de guerra, tanto por lo que respecta a las disposiciones del Protocolo como a cualquier otra norma de derecho internacional aplicable. El resultado de l examen debe proporcionar al Estado examinador los elementos necesarios para autorizar, regular o prohibir el empleo de un arma o de un método de guerra particular, en función de las circunstancias  . No obstante, si un Estado determina que ha de prohibirse el empleo de un arma particular, esa prohibición no es vinculante a nivel internacional  .\nEl artículo 36 indica que los Estados deben determinar si las nuevas armas y los nuevos medios o métodos de hacer la guerra que quieren estudiar, desarrollar, adquirir o adoptar son conformes con el derecho internacional aplicable a ellos. Esto presupone, como un primer paso del proceso de examen, el estudio de las prohibiciones específicas contenidas en los tratados de derecho internacional de los que es Parte el Estado examinador, a fin de determinar cuáles prohíben o restringen el empleo de un arma o de un método de hacer la guerra.\nEstos tratados incluyen, entre otros, la Declaración de San Petersburgo; las Declaraciones de La Haya de 1899; los Convenios de La Haya de 1907, incluido el Reglamento de La Haya sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre; el Protocolo de Ginebra de 1925 sobre la prohibición del empleo, en la guerra, de gases asfixiantes, tóxicos o similares; la Convención de 1972 sobre las Armas Biológicas; la Convención de 1976 sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles; la Convención de 1980 sobre Ciertas Armas Convencionales y sus Protocolos sobre fragmentos no localizables (Protocolo I), minas, armas trampas y otros artefactos (Protocolo II, original y enmendado), armas incendiarias (Protocolo III) y armas láser cegadoras (Protocolo IV); la Convención de 1993 sobre Armas Químicas; y la Convención de 1997 sobre la Prohibición de Minas Antiper sonal.\nAdemás del derecho internacional convencional aplicable, el Estado examinador ha de tener también en cuenta las normas del derecho internacional consuetudinario relativas a los medios y métodos de hacer la guerra sometidos a examen. Sin pretender analizar a fondo qué normas son de naturaleza consuetudinaria, cabe destacar que la Corte Internacional de Justicia, en su Opinión Consultiva sobre armas nucleares, catalogó algunos «principios cardinales» del derecho humanitario de consuetudinarios. Figuran entre ellos el principio de distinción y la prohibición de emplear armas que no permitan distinguir entre objetivos civiles y militares, así como la prohibición de causar sufrimientos innecesarios a los combatientes y de emplear armas que les causen daños superfluos o agraven inútilmente sus sufrimientos  . Estos principios están asimismo refrendados en el Protocolo adicional I.\nSi las armas, los medios o los métodos de hacer la guerra que son objeto de examen no están expresamente prohibidos por normas basadas en tratados o por el derecho consuetudinario, los Estados tienen entonces que determinar su conformidad con las normas del Protocolo adicional I. Particular importancia revisten los «principios cardinales» antes mencionados, concretamente los contenidos en los artículos 35(2), 48 y 51 del Protocolo adicional I. Por lo que atañe más específicamente a la prohibición estipulada en el artículo 35(2), la Corte Internacional de Justicia señaló que serían sufrimientos innecesarios los que causarán «mayores daños que los que son inevitables para alcanzar objetivos militares legítimos»  . Dicho de otro modo, es necesario encontrar un equilibrio entre la necesidad militar y el sufrimiento causado por el arma o método de hacer la guerra, a fin de que este último no resulte excesivo con respecto a dicha necesidad.\nAl realizar los exámenes, también han de tenerse en cuenta las disposiciones del Protocolo adicional I relativas a la protección del medio ambiente, tales como las estipuladas en los artículos 35(3) y 55. Estas disposiciones contienen la obligación de proteger el medio ambiente natural de daños extensos, duraderos y graves, y prohíben los medios y métodos de hacer la guerra concebidos para causar, o de los que quepa prever que causen, tales daños.\nPor último, otra disposición importante que debe considerarse es el artículo 1(2) del Protocolo adicional I, conocido también como la Cláusula de Martens. Esta disposición, incluida originalmente en el II Convenio de La Haya de 1899 relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre, establece que, cuando no se aplique ningún tratado ni ninguna norma de derecho consuetudinario, las personas civiles y los combatientes quedan «bajo la salvaguardia y el imperio de los principios del derecho de gentes, tales como resultan de los usos establecidos entre las naciones civilizadas, de las leyes de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública». Así pues, según esto, también pueden prohibirse las armas consideradas abominables por la conciencia pública  . A este respecto, es significativo que la Corte Internacional de Justicia haya resaltado la importancia de la Cláusula de Martens, «cuya existencia y aplicabilidad continuadas no pueden ponerse en duda», asegurando que «ha demostrado ser un medio eficaz de hacer frente a la rápida evolución de la tecnología militar»  . La Corte afirmó asimismo que el derecho internacional humanitario era aplicable a todos los tipos de armas y que su «novedad» no impedía la aplicación de este cuerpo del derecho  .\nArmas, medios y métodos de guerra sujetos a examen\nTodas las nuevas armas o los nuevos medios o métodos de guerra –ya sean de tipo antipersonal como antimaterial– en proceso de estudio, desarrollo, adopción o adquisición, deben ser sometidos a una evaluación. Cabe interpretar el enunciado del artículo 36 del Protocolo adicional I en el sentido de que dicha determinación de la licitud debe realizarse en cada una de esas fases sucesivas18. De cualquier manera, parece lógico realizarla durante una fase temprana, es decir, durante la fase de estudio y de desarrollo, pero en todo caso antes de adoptar, adquirir o emplear los medios o métodos de hacer la guerra sometidos a examen.\nEl artículo 36 del Protocolo adicional I hace referencia tanto a las «armas» como a los «medios y métodos de guerra», lo que le da un amplio alcance a la disposición19. La expresión «métodos de guerra» suele significar la manera en que se emplean las armas. Como ejemplos de métodos de hacer la guerra prohibidos por el Protocolo adicional I cabe citar los ataques indiscriminados y los ataques contra las instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, si esos ataques pueden causar pérdidas importantes entre la población civil y hacer padecer hambre a las personas civiles.\nPese a que el artículo 36 habla de «nuevas» armas y «nuevos» medios y métodos de guerra, el alcance de esta disposición no se limita a los nuevos tipos de armas o a las armas del futuro  . La disposición puede cubrir también las armas existentes, como las que han sido modificadas posteriormente a la evaluación inicial. En consecuencia, el término «nueva(o)» no debe entenderse en el sentido estrictamente técnico, ya que cualquier arma puede ser «nueva» para un Estado que tiene la intención de adquirirla  .\nAunque el artículo 36 no lo exija específicamente, convendría que los Estados de terminaran también la licitud de las armas que van a exportar  . Esto estaría en consonancia con la obligación que tienen los Estados, en virtud del artículo 1 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y al Protocolo adicional I, de «respetar y hacer respetar» esos tratados.\nLa necesidad de un enfoque multidisciplinar\nAdemás de las normas que acabamos de mencionar, hay que alentar a los Estados a que, al efectuar los exámenes, aborden una amplia gama de cuestiones, incluidas varias de índole militar y técnica, así como relacionadas con la salud. Convendría, por ejemplo, evaluar qué uso pretende dársele a una nueva arma en contextos diferentes; los factores que favorecen su desarrollo, adopción o adquisición, y si es posible lograr los mismos propósitos militares valiéndose de otros medios o métodos de guerra. También deberían tenerse en cuenta las repercusiones que pueda tener la proliferación de esa arma.\nOtras cuestiones importantes que deben considerarse son los efectos de los medios y métodos de guerra sobre la salud y el bienestar de los individuos y la población, así como sobre el medio ambiente. Por lo que atañe a los primeros, se han de tener en cuenta los mecanismos para lesionar: si es mediante proyectiles, la fuerza explosiva o por cualquier otro medio. Si se concibe una nueva arma o un nuevo método de guerra para atacar a las personas, hay que efectuar una evaluación de la mortalidad y de los tipos de heridas y discapacidades que pueden resultar de su empleo en combate. Otro aspecto que se debe examinar es si la ventaja militar que brindan las armas o los métodos en cuestión prevalecen sobre la magnitud de las heridas y los sufrimientos que causen a los combatientes o civiles.\nMediante su proyecto SIrUS23, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) trató de objetivar algunas de estas cuestiones relacionadas con la salud. Los resultados de este proyecto demostraron que los efectos mensurables que producen sobre la salud ciertas armas, como fusiles, morteros, bombas y obuses, comúnmente utilizadas durante los últimos cincuenta años, son uniformes en muchos sentidos. El proyecto proponía reconocer el hecho de que los efectos de otras armas, tales como las armas incendiarias y las armas láser antipersonal, cuyo efecto se logra por otros medios distintos que la transferencia de energía cinética, son fundamentalmente diferentes. Por consiguiente, en el proyecto SIrUS se hacía la distinción entre los efectos de las armas que causan lesiones por proyectiles explosivos y las que las lesionan por otros medios. Se puso asimismo de relieve que, al determinar la licitud de las armas  , deben tenerse en cuenta los efectos de las armas atribuibles a su finalidad (los «efectos en función de la finalidad»).\nEvidentemente, los órganos de evaluación tendrán que disponer de las competencias necesarias para analizar detenidamente estas cuestiones. Hay que destacar que una de las principales conclusiones a las que se llegó durante una reunión de expertos organizada por el CICR en enero de 2001  , fue la necesidad de realizar exámenes particularmente rigurosos y multidisciplinares, en especial cuando las armas causan lesiones por medios diferentes de la explosión, los proyectiles o las quemaduras, y tienen efectos desconocidos  .\nLa experiencia de algunos Estados\nEn relación con el artículo 36 del Protocolo adicional I, pocos Estados tienen experiencia en su aplicación. Los procedimientos que se analizan a continuación se seleccionar on basándose en las informaciones facilitadas por Australia, Noruega, Suecia y los Estados Unidos. Según la información disponible, Bélgica, Canadá, Dinamarca y los Países Bajos están asimismo entre los países que poseen mecanismos o procedimientos nacionales para evaluar la licitud de las armas.\nSuecia fue el primer país que instituyó un cuerpo decisorio independiente, encargado de examinar la licitud de las armas. En 1974, tres años antes de la aprobación del Protocolo adicional I  , se creó la Delegación para la Supervisión de los Proyectos de Armas a la luz del DIH (la «Delegación»). La decisión de constituir esta Delegación se tomó después de que Suecia hiciera una evaluación crítica del empleo de ciertas armas por las partes implicadas en la guerra de Vietnam, y para garantizar que los medios y métodos de guerra utilizados por las Fuerzas Armadas suecas cumpliesen sus obligaciones internacionales.\nEl Gobierno sueco escoge a los miembros de la Delegación, compuesta de expertos jurídicos, militares y médicos, así como de expertos en armas  . La Delegación se reúne por lo menos tres o cuatro veces al año y toma sus decisiones por consenso.\nLa Delegación evalúa toda nueva arma que vaya a ser empleada en Suecia por las Fuerzas Armadas suecas, la Policía y el Servicio de Guardacostas. Puede también evaluar armas compradas por las fuerzas armadas sin contar con la participación de la Dirección de Intendencia de las Fuerzas Armadas, es decir, armas adquiridas fuera de Suecia. Por otra parte, la Delegación no evalúa armas exclusivamente destinadas a la exportación y que no se emplean en Suecia, que deben ser aprobadas por otro cuerpo, a saber, la Inspección Nacional de Productos Estratégicos.\nLas Fuerzas Arm adas, la Administración de Material de Defensa y el Instituto de Investigación de las Fuerzas Armadas deben notificar a la Delegación cualquier nueva arma, «especialmente antipersonal», que esté en proceso de desarrollo o de producción  . Para realizar sus exámenes, la Delegación puede solicitar mayor información a esas instituciones o recurrir a otras fuentes, e incluso a expertos independientes. La Delegación goza asimismo de un derecho de iniciativa y puede evaluar cualquier arma de la que tenga conocimiento.\nLos exámenes de las armas se llevan a cabo en una fase temprana. Aunque la Delegación no tiene la facultad de detener la producción de un arma, puede notificar al Gobierno cualquier problema detectado a raíz de un examen. Las decisiones de la Delegación pueden ser apeladas ante el Gobierno.\nHabida cuenta de que la Delegación es una autoridad gubernamental, está sujeta al principio de acceso público a los documentos oficiales  . Todos los documentos de la Delegación son registrados y ese registro está abierto al público. Las solicitudes de divulgación de información se evalúan según los criterios establecidos en la Ley sueca sobre materias secretas.\nSin ser aún Parte en el Protocolo adicional I, los Estados Unidos han adoptado procedimientos para garantizar que se sometan las armas a examen a fin de determinar su licitud. El Programa de Examen de Armas se estableció en 1974 como consecuencia de la guerra de Vietnam, que indujo al Departamento (Ministerio) de Defensa a evaluar el cumplimiento por los Estados Unidos de sus obligaciones respecto del derecho de la guerra  . En aquella época, el Departamento de Defensa promulgó una directriz sobre el examen de la licitud de las arm as, que se aplicó simultáneamente mediante instrucciones que publicaron, por separado, cada uno de los tres Departamentos (Ministerios) militares (es decir, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea). En 1966, se incorporaron al Reglamento de Adquisiciones del Departamento de Defensa los requisitos para estos exámenes  .\nEn los Estados Unidos, los exámenes de licitud de las armas son corren a cargo del poder ejecutivo. Si más de un Departamento militar está interesado en la adquisición de un arma, el Departamento que tiene la responsabilidad directa realiza el examen en coordinación con los otros Departamentos concernidos.\nEl auditor general de guerra del Departamento que tiene la responsabilidad primaria de la adquisición de un arma es el encargado de determinar su licitud. Si durante la realización de los exámenes surgen problemas jurídicos importantes, se efectúan consultas de coordinación entre las Auditorías Generales de Guerra, el Consejo General del Departamento de Defensa y, si procede, la Asesoría Jurídica del Departamento de Estado  .\nInformaciones sobre cuestiones de índole jurídica o técnica se obtienen de expertos en medicina, medio ambiente o ingeniería. Si se requiere información adicional sobre el propósito del arma y sus características, puede solicitarse al fabricante. En ciertos casos, el Departamento militar competente puede realizar pruebas adicionales para aclarar cuestiones específicas.\nEl Departamento de Defensa y las Auditorías Generales de Guerra han hecho hincapié en que los exámenes de licitud de las armas deben ser proactivos y realizarse de «arriba-abajo», para que sean eficaces. A todos los niveles es necesario conocer el derecho de la guerra y los procedimientos de evaluación. En los procedimientos de adquisiciones se han incluido referencias al derecho de la guerra, y lo s productores y concesionarios de armas deben recibir información sobre los procedimientos de evaluación.\nTodas las armas, municiones y sistemas de armas destinadas a ser empleadas en conflictos armados han de someterse a examen. El sistema de adquisiciones del Departamento de Defensa contiene al respecto varios jalones a lo largo de todo el proceso de adquisición, desde la fase de investigación y desarrollo, hasta la de pruebas y evaluación, antes de que se firme un contrato de adquisición. Por consiguiente, el examen se realiza en la fase más temprana posible y, si se introducen cambios sustanciales en las armas existentes, se pueden realizar nuevos exámenes. Se recomienda asimismo la evaluación de tecnologías nuevas, avanzadas o emergentes que puedan dar lugar al desarrollo de armas o sistemas de armas.\nNo pueden adquirirse nuevas armas sin un examen satisfactorio de su licitud. Estos exámenes pueden evitar la adquisición de un arma o determinar si hay que retirarla del arsenal. Además, se puede postergar la adquisición de un arma si se considera inadecuada la información sobre ella.\nAunque no exista un proceso formal de apelación, el encargado de un proyecto puede solicitar un nuevo examen de licitud basándose en datos nuevos o adicionales.\nTodos los expedientes relativos a los exámenes se guardan en archivos. La mayoría de los informes sobre estos exámenes no son secretos y, de conformidad con la Ley de los Estados Unidos sobre la Libertad de Información, son accesibles al público.\nEn Noruega, mediante una directriz promulgada por el Departamento de Defensa  , se creó en 1994 un comité para la evaluar la licitud de las nuevas armas y los nuevos medios y métodos de guerra (el «Comité»). Al inicio, el Comité dependía directamente del Departamento de Defensa, pero una nueva directriz promulgada en octubre de 1998 permitió realizar el proceso de evaluación en el seno de las Fuerzas Armadas noruegas. Esta decisión iba acompañada de la exigencia de que las Fuerzas Armadas presenten un informe anual al jefe de la Defensa, quien a su vez debe dar cuenta al Departamento de Defensa. El Comité es operativo desde el 1 de enero de 1999  .\nEl Comité está presidido por la Oficina de Servicios Jurídicos del Mando de la Defensa. Entre sus miembros hay representantes del Centro de Investigaciones de la Defensa, de la Dirección de Intendencia del Ejército, de la División de Gestión de Recursos Logísticos y de la Escuela de Estado Mayor de la Defensa  . Estos diversos organismos deciden quién los representará en el Comité. El Departamento de Defensa no tiene representación en él.\nLos exámenes se realizan en la fase más temprana posible, según se trate de evaluar un arma, un método de empleo o de una doctrina militar. Todas las armas utilizadas por las Fuerzas Armadas noruegas, sean éstas antipersonal o antimaterial, deben ser evaluadas. En caso de necesidad, también se examinan armas, medios y métodos ya empleados, lo que sería preciso si Noruega contrae, por ejemplo, nuevas obligaciones internacionales. Hay que aclarar y evaluar cualquier problema de interoperatividad que pueda surgir en cooperación con las fuerzas armadas de otros Estados, especialmente si los compromisos de estos últimos en materia de derecho internacional difieren de los contraídos por Noruega.\nEl Departamento de Defensa aprueba las adquisiciones de armas a la vista de la descripción del proyecto que deben remitirle los encargados de su elaboración en las fuerzas de defensa, la cual ha de incluir información detallada sobre los exámenes de licitud  . El Comité ha compilado una serie de directrices generales y específicas sobre los aspectos jurídicos de los exámenes de licitud, destinadas a los responsables de la adquisición de nuevo armamento y del desarrollo de doctrinas militares. Por otra parte, el Departamento de Defensa puede solicitar, en cualquier momento, al jefe de la Defensa la realización de un examen de licitud.\nEl Comité no tiene potestad de detener la producción de un arma si no cumple sus requisitos o si no se ha sometido a examen. Las recomendaciones del Comité no son decisiones y, por ende, no pueden ser apeladas.\nDado que el Comité da cuenta al jefe de la Defensa, los informes de los exámenes no están sometidos per se a la Ley noruega sobre la Información y por lo general, no están disponibles para el público. Sin embargo, esta ley cubre el informe del jefe de la Defensa al Departamento de Defensa, que está sujeto a las normas referentes a la exclusión de la información confidencial.\nEn Australia, toda arma en proceso de desarrollo o de adquisición debe ser evaluada antes de introducirla en el inventario de las Fuerzas de Defensa  . Los exámenes de licitud de las armas son competencia exclusiva del Departamento de Defensa. Representantes designados de las Fuerzas de Defensa y de la Oficina Jurídica deben reunirse periódicamente, al menos una vez al año, para estudiar toda propuesta de modificación o incremento de la capacidad de combate disponible.\nPara facilitar los exámenes, se recaba información detallada acerca del arma en evaluación. Estos datos se obtienen, en general, del fabricante y de otras fuerzas armadas, o valiéndose de la bibliografía especializada, la opinión de expertos u otras fuentes fidedignas.\nLa Oficina Jurídica del Departamento de Defensa elabora, además, un listado de preguntas a fin de evaluar la licitud de las nuevas armas. He aquí algunas de ellas:\n¿Cuál es el propósito de la nueva arma?\n¿Qué factores respaldan la introducción de la nueva arma?\n¿De qué tipo de mecanismo dispone la nueva arma para causar daño (explosión, fragmentación, etc.)?\n¿Se ha concebido específicamente la nueva arma para lesionar a las personas?\n¿Qué tipo de lesiones puede la nueva arma ocasionar a las personas?\n¿Qué otras armas, si existen, permitirían alcanzar el mismo objetivo que la nueva arma?\n¿Han adoptado la nueva arma las fuerzas armadas de otros Estados u otros organismos en Australia o en el extranjero? En caso afirmativo, ¿cuáles?\n¿Hay datos disponibles sobre la evaluación de la nueva arma por las fuerzas armadas de otros Estados o por otros organismos australianos o extranjeros?\nAdemás de estas preguntas, las personas que participan en la realización del examen reciben directrices con indicaciones sobre cómo evaluar la información recopilada, así como con un resumen de criterios jurídicos pertinentes. También se incluyen algunos ejemplos de evaluaciones ya realizadas.\nAunque la decisión final no es jurídicamente vinculante, un resultado negativo impediría la adquisición del arma, siempre que la opinión jurídica no comporte contradicción alguna. Pese a que no existe un proceso formal de apelación, antes de proceder a la adquisición se puede solicitar un asesoramiento adicional.\nPor último, en la Oficina Jurídica de la Defensa se encuentra un registro completo de todos los exámenes de armas practicados. Dada la potencial uti lidad de esta información, se considera grave el hecho de retenerla.\nRasgos comunes a estos procedimientos\nComo evidencian los procedimientos de evaluación que acabamos de describir, las medidas adoptadas por cada Estado varían de un país a otro, pero tienen algunas características comunes.\nEn primer lugar, cabe señalar que los exámenes de las armas los realiza, en general, el Ministerio de Defensa y/o las fuerzas armadas y que, para este proceso, se recurre también a la competencia de otros Ministerios interesados, en particular a expertos médicos, técnicos y medioambientales. Como se ha indicado, una de las conclusiones más importantes de la reunión de expertos convocada por el CICR  en enero de 2001, fue la importancia de un enfoque multidisciplinar de los exámenes.\nEn segundo lugar, es de vital importancia realizar estos exámenes a su debido tiempo. Es fundamental llevarlos a cabo en la fase más temprana posible, bien sea durante el estudio y desarrollo de las armas, o bien en el momento de adquirirlas o adoptarlas, pero en todo caso, antes de desplegarlas. Este proceder es también lógico desde el punto de vista costo-beneficio, pues se puede disuadir así a los fabricantes de desarrollar y producir armas que las fuerzas armadas no pueden o no quieren usar.\nEn tercer lugar, también es conveniente que los exámenes de armas sean transparentes. Varios países han comprobado que es posible garantizar cierto grado de transparencia sin comprometer intereses legítimos en materia de seguridad. Tal es el caso de Suecia, por ejemplo, donde se evalúa una solicitud de divulgación de información en contra de los criterios establecidos en la Ley sueca sobre secretos. Análogamente, en los Estados Unidos, gra n parte de los exámenes de armas no son materia reservada y pueden ser divulgados al amparo de la Ley sobre la libertad de información.\nVeinticinco años después de la aprobación del Protocolo adicional I, sólo algunos Estados han tomado medidas para examinar la licitud de las armas, lo que puede tener diferentes explicaciones. Por ejemplo, los Estados que no desarrollan ni fabrican armas, sino que las compran a otros, pueden confiar en los exámenes que realizan éstos. Así pues, pueden considerar innecesario tomar medidas de aplicación del artículo 36 del Protocolo adicional I. Por otra parte, es posible que los Estados evalúen de facto la licitud de las armas sin que hayan aprobado procedimientos formales para ello a nivel nacional, por lo cual no es quizá fácil obtener información al respecto.\nEsta falta de información, sumada al hecho de que el conocimiento del artículo 36 del Protocolo adicional I no está muy divulgado entre los Estados, puede ser la causa del actual nivel de cumplimiento de esta disposición. Sin embargo, en respuesta a las propuestas presentadas por Suecia y el CICR, los Estados reiteraron recientemente la importancia que tiene la realización de exámenes de licitud de las armas con ocasión de la Segunda Conferencia de Examen de los Estados Partes en la Convención de 1980 sobre Ciertas Armas Convencionales, celebrada en Ginebra del 11 al 21 de diciembre de 2001. En su Declaración Final, la Conferencia instó a los Estados que aún no lo hacen a examinar, como dispone el 36 del Protocolo adicional I, la licitud de las nuevas armas y los nuevos medios o métodos de guerra, a fin de verificar su conformidad con las normas del DIH o con otras normas aplicables del derecho internacional  .\nHabida cuenta de los rápidos avances tecnológicos en el ámbito de los armamentos, el cumplimiento del artículo 36 del Protocolo adicional I cobra hoy particular importancia. Se esperan mayores esfuerzos para recabar y compartir información sobre los procedimientos nacionales de evaluación vigentes. Esto permitiría entender mejor cómo se realizan y cómo se podrían mejorar los exámenes, y facilitaría la cooperación entre los Estados. Estos esfuerzos deben incluir también la difusión del artículo 36 del Protocolo adicional I, a fin de alentar a los Estados que aún no lo hayan hecho a adoptar mecanismos nacionales de evaluación. Por otra parte, el enfoque multidisciplinar, con participación, en particular, de jurisconsultos, militares, profesionales de la salud, expertos en el medio ambiente e ingenieros, debe considerarse como un elemento esencial de todos los exámenes que se realicen.\nIsabelle Daoust es jurista y trabaja en la actualidad como asesora jurídica en la Unidad de Minas-Armas del CICR. Robin Coupland, cirujano y ex coordinador de las actividades quirúrgicas del CICR, ocupa actualmente el cargo de asesor del CICR en cuestiones relacionadas con la violencia armada y los efectos de las armas. Rikke Ishoey es asesor jurídico de la Cruz Roja Danesa. Las opiniones expresadas en este artículo son las de los autores y no reflejan necesariamente las del CICR, las de la Cruz Roja Danesa ni las de los Estados que se citan en él. Los autores agradecen a los diversos funcionarios gubernamentales consultados la ayuda recibida para redactar el presente artículo.\n1. V. H. Dunant, Recuerdo de Solferino , CICR Ginebra, diciembre de 1982, p. 130. La 1ª ed. francesa data de 1863.\n2. Declaración por la cual se renunció al empleo, en caso de guerra, de proyectiles explosivos de un peso inferior a 400 gramos; San Petersburgo, 1868 (en adelante, «Declaración de San Petersburgo»).\n3. V. por ejemplo H. Durham y T. McCormack (reds.), The Changing Face of Conflict and the Efficacy of International Humanitarian Law , Kluwer, La Haya, 1999, pp. 66-73 .\n4. Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, 8 de junio de 1977 (en adelante «Protocolo adicional I»).\n5. V. por ejemplo A. Segall, Punishing Violations of International Humanitarian Law at the National Level: A Guide for Common Law States , CICR, Ginebra, 2001, pp. 21-22.\n6. El Protocolo adicional I no contiene, sin embargo, prohibiciones de armas específicas.\n7. V. art. 35(2) y (3).\n8. V. Y. Sandoz, C. Swinarski y B. Zimmermann (revis. y coord .), Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 (Protocolo I), CICR y Plaza y Janés Editores Colombia, S, A. Santa Fe de Bogotá, 2001, p. 589.\n9. Ibíd ., p. 428. Las medidas tomadas por los Estados pueden variar y pueden ser de carácter formal o informal. Más adelante se examinan con mayor detalle los procedimientos adoptados por algunos Estados.\n10. Ibíd ., pp. 426-427.\n11. Ibíd ., pp. 423-424.\n12. H. Leive, Protection of War Victims: Protocol I to the 1949 Geneva Conventions , Oceana Publications, Nueva York, 1980, p. 287.\n13. La licitud de la amenaza o del empleo de armas nucleares, Opinión Consultiva del 8 de julio de 1996, Informes de la Corte Internacional de Justicia, párr. 78.\n14. Ibíd .\n15. M. Dando (red.), «Non-Lethal Weapons: Technological and Operational Prospects», Jane's Special Report , Londres, 2000, pp. 60-65.\n16. Op. cit . (nota 13), párrs. 78 y 87.\n17. Ibíd ., párr. 86.\n18. Este fue el argumento sueco: op. cit . (nota 12), p. 285.\n19. No está muy clara la diferencia entre los términos «armas» y «medios de guerra».\n20. Las armas futuras agrupadas bajo la expresión general de «armas no letales» han de examinarse, de conformidad con el art. 36 del Protocolo adicional I.\n21. Op. cit . (nota 18), p. 525.\n22. Ibíd ., p. 426.\n23. El nombre del proyecto viene de «Superfluous Injury or Unnecessary Suffering». V. también R. Coupland (red.), Proyecto SIrUS para determinar qué armas causan «males superfluous o sufrimientos innecesarios», CICR, Ginebra, 1998.\n24. Es interesante seña lar que algunas armas que no producen lesiones por transferencia de energía cinética han sido estigmatizadas o prohibidas o se ha intentado prohibirlas.\n25. Para un breve resumen de esta reunión, v. I. Daoust, «ICRC Expert Meeting on Legal Reviews of Weapons and the SIrUS Project», IRRC , n° 83, 2001, pp. 539-542.\n26. V. el resumen analítico del CICR de la reunión de expertos sobre los exámenes de la licitud de las armas y el proyecto SIrUS, celebrada del 29 al 31 de enero de 2001 en Jongny sur Vevey, Suiza. Si bien las propuestas específicas contenidas en el Proyecto SIrUS no tuvieron amplia aceptación durante esta reunión, todos los expertos reconocieron la importancia que tiene el cumplimiento del art. 36 del Protocolo adicional I. V. además las propuestas contenidas en el documento publicado por el CICR en enero de 2000, tras la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, bajo el título «The SIrUS Project and reviewing the legality of new weapons».\n27. La información contenida en esta sección fue publicada con anterioridad por la Cruz Roja Danesa y el Comité de la Cruz Roja Danesa para el Derecho Internacional Humanitario, en un informe titulado «Reviewing the Legality of New Weapons», Copenhague, enero de 2001. Se está preparando una versión revisada de este informe, que incluirá información sobre los mecanismos nacionales de examen adoptados por otros Estados, así como un estudio sobre eventuales iniciativas internacionales para promover el cumplimiento del art. 36 del Protocolo adicional I.\n28. V. Ley sobre la Evaluación Jurídica de los Proyectos de Armas. El presidente y el secretario de la Delegación suministraron información adicional.\n29. La Delegación está integrada por el director de los Servicios de Salud Pública, el ingeniero jefe y representantes de las fuerzas armadas y de los Ministerios de Defensa y de Relacione s Exteriores. Representantes del Ministerio de Defensa presiden la Delegación y ejercen las funciones de Secretaría.\n30. Según el presidente de la Delegación, el término «especialmente» debe interpretarse en sentido lato y tiene que examinarse cualquier arma que plantee problemas de licitud.\n31. La Ley sobre la Libertad de Prensa y sus disposiciones acerca de la naturaleza pública de los documentos permite presentar solicitudes anónimas y generales de acceso a la información.\n32. En esta sección, se prefiere la expresión «derecho de la guerra» a la de «derecho internacional humanitario» por ser la que suelen usar, en los Estados Unidos, el Departamento (Ministerio) del Ejército y la Auditoría General de Guerra.\n33. V. la Instrucción 5500.15 (16 de octubre de 1974) del Departamento de Defensa, la Directiva 5000.1 (15 de marzo de 1996) del Departamento de Defensa, la Ordenanza n° 2753 (1 febrero de 1979) del Departamento del Ejército y la Instrucción 5000.2 (23 de octubre de 2000) del Departamento de Defensa. La Auditoría General de Guerra del Departamento del Ejército proporcionó información adicional.\n34. El jefe de la Auditoría General de Guerra debe velar por que las actividades que planteen fundados problemas de cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos de control de armas de los que son Parte los Estados Unidos, cuenten con la autorización del subsecretario de Defensa para Adquisiciones y Tecnología, en coordinación con el Consejo General de la Secretaría de Defensa y el subsecretario de Defensa (Directrices).\n35. Directriz del 6 de octubre de 1994 relativa al Comité del Departamento de Defensa para la evaluación de los aspectos jurídicos de las nuevas armas, los medios y los métodos de guerra. El presidente del Comité suministró información adicional.\n36. El Comité cambió su nombre por el de «Comité del Jefe de la Defensa para la evaluación d e los aspectos jurídicos de las nuevas armas, medios y métodos de guerra». V. la Directriz del Departamento de Defensa del 2 de noviembre de 1998 sobre la evaluación de los medios y métodos de guerra a la luz del derecho internacional y la Directriz del jefe de la Defensa del 28 de junio de 1999 relativa a la evaluación de los medios y métodos de guerra a la luz del derecho internacional. Esta información fue suministrada por el Mando Noruego de la Defensa.\n37. Se espera que, en el futuro, se incluya un miembro de los Servicios Médicos del Ejército. Para realizar los exámenes, puede también recurrirse, si es necesario, a expertos independientes.\n38. V. Directriz del 2 de noviembre de 1998 sobre la evaluación de los medios y métodos de guerra a la luz del derecho internacional, op. cit . (nota 36).\n39. La información relativa a los exámenes de licitud de las armas en Australia se basa principalmente en un documento de información básica del profesor Tim McCormack, titular de la cátedra de derecho internacional humanitario de la Cruz Roja Australiana en la Facultad de Derecho de la Universidad de Melbourne, titulado « Integrating the SIrUS Project into national review processes: The Australian approach » y presentado durante un taller celebrado en el marco de la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. El profesor McCormack y el teniente coronel Michael Kelly tuvieron la amabilidad de proporcionar información adicional.\n40. Los exámenes se llevan a cabo antes de la adquisición. La determinación de la licitud de un arma puede requerir un largo período de pruebas de campo y de otros ensayos.\n41. V. Informe del CICR sobre la Reunión de Expertos, op. cit ., (nota 26).\n42. V. CCW/CONF.II/2, p. 11


Un esqueleto, segunda evidencia física de la crucifixión romana\nUn antiguo esqueleto encontrado en Inglaterra, segunda evidencia física de la crucifixión romana\nEl antiguo esqueleto tenía un clavo atravesado en el talón\nImagen: Albion Archaeology & Adam Williams\nEl hallazgo tuvo lugar durante una excavación de un antiguo asentamiento romano encontrado en Fenstanton, Cambridgeshire, que se remonta a finales del siglo I o principios del II d.C. Allí, un antiguo esqueleto revelaba algo extraño en el talón del pie.\nEl esqueleto se cree que pertenecía a un hombre de entre 25 y 35 años en el momento de su muerte. La sorpresa: tenía un clavo atravesado en el talón, un clavo que los arqueólogos no pudieron verificar hasta que regresaron al laboratorio lavando los huesos.\nSegún ha explicado David Ingham, gerente de proyectos de Albion Archaeology, que dirigió la excavación:\nNos sorprendió. Lo más probable es que los pies de la víctima estuvieran colocados a ambos lados del poste vertical de la cruz, los pies sujetos con clavos horizontales a través de los talones.\nTras varias investigaciones y consultas a especialistas en huesos humanos, el equipo concluyó que el clavo que atravesó el pie de la víctima tuvo lugar durante una antigua crucifixión romana, lo que la convierte en la cuarta ejecución conocida en todo el mundo y la mejor conservada.\nPor tanto, el hallazgo es histórico, ya que encontrar evidencia arqueológica de una crucifixión es extremadamente raro (y es la segunda vez que se documenta evidencia física).\nEstudiando casos anteriores, el equipo dio con un esqueleto encontrado en Jerusalén en 1968 que tenía un clavo colocado de manera similar en el talón, lo que lleva a creer que ambos estaban colocados de manera similar en el momento de la crucifixión. En el descubrimiento en Cambridgeshire, el clavo se mantuvo en el pie del esqueleto porque se había doblado y se había fijado en el hueso.\nTodo el mundo sabe sobre la crucifixión a través del cristianismo. Lo que la gente no necesariamente se da cuenta es que hubo muchas formas diferentes en las que los romanos crucificaron a la gente. Así que no es solo la imagen clásica, en la cruz, con los brazos extendidos, los pies juntos. En cambio, es posible que las personas hayan estado atadas a la cruz en lugar de haber sido clavadas.\nCuentan los historiadores que cuando se usaban clavos, generalmente se retiraban del cuerpo para poder reutilizarlos. Clavar los pies a la cruz no se hacía obligatoriamente para sujetar el cuerpo a la estructura. En cambio, puede haber inmovilizado a las personas que estaban siendo crucificadas y evitar que usaran sus pies para aliviar la posición en la que se encontraban. Para Ingham:\nEra relativamente común, pero todavía estaba reservado para los delitos más graves. Los delitos que amenazan al estado, en particular la sedición, la brujería, ese tipo de cosas. Estas eran personas que habían caído en desgracia con el estado, en la medida en que habían sido crucificados.\nSea como fuere, el esqueleto de Cambridgeshire se suma a la evidencia de los textos históricos sobre la crucifixión romana y también insinúa la situación política (la ley romana) en ese momento de la ejecución de la víctima. [Business Insider]


Inalámbricos 100%: los smartphones del futuro no tendrán puertos\nApple ha considerado eliminar el cable USB de sus iPhone\niPhone X cargando con AirPower, un accesorio que Apple prepara para dentro de unos meses\n27/06/2018 06:00 Actualizado a 27/06/2018 08:52\nEl puerto de auriculares no va a volver a los móviles donde ha sido retirado. Una vez que un fabricante lo elimina de sus dispositivos, la decisión está tomada. No es tanto por un motivo de orgullo o de mantearse firmes, es simplemente una tendencia tecnológica clara y uniforme del sector: los teléfonos móviles serán inalámbricos en su totalidad en breve.\nEl siguiente en irse es pues, el puerto de carga. Desde hace casi cinco años, múltiples smartphones de diferentes marcas han añadido un sistema que permite recargar las baterías sin cables. Esta carga inalámbrica funciona gracias a la inducción: un proceso por el cual “el campo magnético creado por un conductor eléctrico provoca una fuerza eléctrica en otro conductor próximo”.\nApple estuvo considerando eliminar el puerto Lightning de su iPhone X, aunque a última hora decidió por mantenerlo”\nAunque los comienzos fueron complejos con diferentes métodos y sistemas, la industria ha aceptado el estándar Qi (pronunciado “Chi”) como el estándar bajo el que consolidarse. Una serie de bobinas magnéticas que se coordinan para poder transmitir esta energía hasta a 4 centímetros de distancia. Hoy encontramos cargadores por apenas 20 euros en el mercado, un precio que se va reduciendo de forma constante gracias a la fabricación masiva en las plantas del sureste asiático.\nEste avance de tiempos de carga y abaratamiento de los cargadores, que no están lejos del valor de un cable de calidad, hace que el primer móvil con cero enchufes sea cuestión de tiempo. Quizá no llegue en 2018, pero seguramente lo veramos en 2019. Bloomberg reportó hace unos días que Apple estuvo considerando eliminar el puerto Lightning de su iPhone X, aunque a última hora decidió por mantenerlo.\nSin puertos, los móviles son más resistentes al agua, los golpes y no tenemos que gastar dinero en cables que se rompen y doblan constantemente”\nLas ventajas de un teléfono móvil —e incluso tabletas— son claras: eliminar un hueco hace que sea mucho más difícil que entre el agua, pudiendo hacerlo mucho más hermético. También añade resistencia extra al marco externo del teléfono, eliminando puntos débiles y reduciendo el peso del terminal de forma ligera (asumiendo que el móvil fuera a tener carga inalámbrica igualmente).\nPero para muchos la mayor consecuencia no será la desaparición del puerto sino la del cable. Bien el vetusto microUSB, bien el estándar USB-C o el propietario Lightning de Apple, los cables se doblan, se rompen, se pierden. Una fuente de trastornos de cabeza menor —quizá— pero constante que en el futuro veremos como hoy miramos usar la yesca para prender fuego.\nLos cargadores inalámbricos estarán en todas partes: en nuestras casas, incorporados en los muebles, en las bases de las teles y las lámparas, la mesilla del dormitorio, en el salpicadero del coche y en el escritorio del trabajo. Dejar el móvil reposando será, en muchos casos, recargar su batería sin pensarlo.


Caracas 19, de mayo de 2022 - 08:20\nCaracas, 24 de febrero de 2022 VTV especie de árbol, forma de limpiar, Planeta\nUn equipo de científicos alemanes ha encontrado una forma de limpiar la tierra de microplásticos con la ayuda de betula, una especie de árboles de la familia betulaceae, que comúnmente es llamado abedul.\nLa investigación llevada a cabo por científicos del Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries ha concluido que los abedules pueden ayudar a combatir los microplásticos que contaminan la tierra.\nPara comprobarlo, los investigadores realizaron un experimento que consistía en humedecer con colorante fluorescente partículas de microplástico de un tamaño de entre 5 y 50 micrómetros que luego fueron añadidos a recipientes con tierra. En el mismo lugar, se colocaron brotes de abedules.\nDespués de cinco meses, se examinaron las plantas al microscopio y descubrieron que su sistema radicular había absorbido entre el 5 y el 17% de las micropartículas.\nLa autora del estudio, Kat Austen, considera que esta investigación puede profundizarse para determinar con precisión la efectividad de esta especie de árboles en la absorción de microplásticos y el efecto de este en la salud de las plantas.\n«Este estudio piloto sugiere que el abedul tiene un potencial real para las soluciones de remediación de la tierra a largo plazo, incluida la reducción de la cantidad de microplásticos en el suelo y posiblemente en el agua», precisó la autora principal del estudio Kat Austen.\nSegún los datos del Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries, cada año se producen más de 400 millones de toneladas de plástico en todo el mundo y se estima que un tercio de todos estos terminan en la tierra o en aguas dulces. CC/CP


Los productos de ADS Tech, acordes con los nuevos tiempos - ITespresso.es\nLos productos de ADS Tech, acordes con los nuevos tiempos\nLa compañía ha presentado recientemente una serie de productos enfocados al entretenimiento digital.\nDesde sintonizadoras internas a dispositivos de distribución inalámbrica de archivos multimedia, los productos lanzados últimamente por ADS Tech encajan perfectamente con los nuevos conceptos de Casa Digital.\nInstant TV PCI es un sintonizador de TV interno multifuncional. Este dispositivo permite recibir la señal de TV directamente en el ordenador, grabar las emisiones favoritas en formato MPEG2 y almacenar los datos en un DVD. Una vez instalado, Instant TV PCI de ADS Tech recibe y graba más de de 125 canales de televisión, permitiendo al usuario trabajar en su PC mientras disfruta de sus emisiones favoritas. El dispositivo está equipado con un control remoto que simplifica su uso. Disponible a un precio de 39,90 euros, este sintonizador de TV aporta un amplio abanico de avanzadas prestaciones, tales como: grabación de programas; función “Time Shifting”; captura de imágenes fijas durante su emisión; compatibilidad con todos los estándares de TV, incluyendo SECAM K; exposición en mosaico de las cadenas; dominio total con el control remoto por infrarrojos; y detección de retransmisiones de TV en estéreo.\nPor su parte, Instant Video MPX es un dispositivo USB 2.0 que permite comprimir los videos en tiempo real para editar, intercambiar y almacenar videos en calidad DivX, el formato de video mas usado en el mundo.\nInstant Video MPX de ADS Tech se conecta al puerto USB 2.0 del PC y a cualquier fuente externa de vídeo, ya sea videocámara, grabadora, cámara DV o lector DVD. Comprimidos en DivX, los vídeos ofrecen una elevada calidad de imagen y ocupan menos espacio que otros formatos audiovisuales, lo que facilita la creación de una auténtica videoteca digital en el PC. El material de vídeo creado con Instant Video MPX puede verse en cualquier lector DivX, ordenador compatible o en los nuevos video-walkman, ya que un solo CD puede contener una película por completo.\nEste dispositivo también permite comprimir vídeo en formato VideoCD o Windows Media. Asimismo, incluye el software para edición VideoStudio 8 para que aficionados y profesionales del vídeo puedan personalizar sus películas. De esta manera, permite realizar el montaje de las escenas añadiendo elementos interactivos tales como menús o títulos así como efectos visuales, bandas sonoras o textos para crear películas caseras y video-clips.\nInstant Video MPX es compatible con SECAM y cuenta con dos entradas de vídeo digital (Composite RCA y S-Vídeo) y con entradas de audio estéreo RCA. Esta solución está disponible en España a un precio aproximado de 99 euros (IVA incluido).\nOtra de las soluciones lanzadas al mercado por ADS Tech ha sido la la versión 11G de Media-Link, que transforma el PC en un completo servidor multimedia compatible desde ahora con el protocolo WiFi 802.11g. para transferencia inalámbrica de datos a una velocidad de hasta 54MB por segundo.\nDentro del nuevo diseño de Media-Link, la caja ha sido concebida de manera más ergonómica, de forma que su situación en las habitaciones de la casa sea lo más discreta y similar posible al resto de equipos audiovisuales del usuario. El mando a distancia aporta nuevas funcionalidades de escritura además de nuevos botones para acciones como puesta en marcha de videos o música.\nMedia-Link se conecta al TV o al sistema audiovisual doméstico y permite aprovechar los archivos multimedia que se almacenan en el ordenador, de forma que se puede disfrutar de las películas favoritas en cualquier habitación del hogar. Los usuarios pueden visualizar todo tipo de ficheros de vídeo (DVDs, formato MPEG1, 2 y 4, ficheros DivX, AVI comprimido y ficheros en formato MOV) que hayan sido almacenados en el disco duro o grabados en DVDs.\nMedia-Link permite consultar las galerías de imágenes o los álbumes digitales de fotos directamente en el TV. Esta solución soporta los formatos JPEG, BMP o GIF y permite acoplar una banda sonora a la exposición de imágenes. Conectado a una cadena de alta fidelidad o al propio TV, Media-Link accede directamente a los archivos de audio contenidos en el ordenador que estén en formatos MP3, AC3 o incluso WMA. Asimismo, permite sintonizar decenas de cadenas de radio, genéricas o temáticas, a través de Internet o realizar consultas en la web. Ya disponible en España, Media-Link tiene un precio de venta al publico de 249 euros (IVA incluido) y, como el resto de los productos de ADS Tech, incluye 2 años de garantía.\nFinalmente destacar que ADS Tech ha definido la compatibilidad multimedia con el distintivo me² (Media Enterteinment Evolution), un nuevo logotipo específicamente diseñado para identificar con facilidad aquellos dispositivos de entretenimiento doméstico que funcionan juntos.\nDe esta forma, con los productos me², usuarios y empresas pueden saber con seguridad que los dispositivos que utilizan para capturar programas de TV, fotos, música o películas en sus PCs funcionan con otros productos que también presenten dicho logotipo, y que los ficheros digitales creados pueden visualizarse en cualquier televisor o equipo de música conectado al Receptor para Entretenimiento Digital Media-Link de la compañía.


HOY 22ºCMÍNIMA 31ºCMÁXIMA\n27 de julio de 2021 a las 05:04\nEl sistema de financiamiento para el desarrollo agropecuario de Uruguay ha evolucionado en forma parcialmente exitosa, a través de adaptaciones del mercado e intervenciones de política. En lo fundamental, estas innovaciones estuvieron orientadas a resolver problemas específicos que surgieron en el transcurso del tiempo, pero no pueden considerarse como un rediseño integral de los instrumentos financieros que permita resolver las múltiples fallas de mercado que persisten en materia de financiamiento de las actividades agropecuarias.\nEl financiamiento de largo plazo es requerido para atender las necesidades de inversión y las transformaciones tecnológicas que deberían contribuir a la expansión sostenida de la productividad en la producción agropecuaria, en particular, en las que presentan perspectivas más sólidas para continuar la senda de expansión de las exportaciones. Este financiamiento se ha ido materializando en base a una combinación de fondos propios de los productores, crédito tradicional, y diversos esquemas de estructuración financiera. Entre estos últimos, se destacan distintas variantes de los fideicomisos financieros (1), pero que aún no han logrado el nivel de desarrollo que se requiere para apuntalar el proceso de desarrollo del sector.\nEn un trabajo realizado recientemente por cinve, que próximamente será publicado por IFPRI (2), se han analizado las claves principales sobre las que debería asentarse el desarrollo del financiamiento para el sector agropecuario.\nEn términos generales, el mercado de crédito tradicional de Uruguay se caracteriza por un perfil de préstamos de muy corto plazo, independientemente del sector de actividad que se trate. Si bien el sector agropecuario en su conjunto presenta la mediana de plazos más alta (3), éstos son demasiado cortos, teniendo en cuenta las características productivas de algunos de los principales rubros.\nDel trabajo realizado por Cinve surgen algunas interrogantes que dejan planteadas cuestiones relevantes, notablemente, si las dificultades de expansión del financiamiento bancario de largo plazo se originan en la oferta de fondos prestables, en la demanda (acceso al crédito), o en ambas. También corresponde cuestionarse acerca de cuál es la naturaleza de las dificultades o limitaciones para que la tierra opere como colateral eficiente de los préstamos a largo plazo.\nAlgunos de los problemas detectados han podido atenuarse con la ayuda de los vínculos de las actividades agropecuarias con la industrial a la que provee la producción. Los eslabones industriales participan de forma directa o apoyan a las empresas agropecuarias a desarrollar estructuras de financiamiento. En la forestación, por ejemplo, las propias características de la actividad requieren de financiamiento de largo plazo, y la fase industrial juega un papel explícito en el desarrollo del financiamiento, ya sea siendo propietaria de importantes extensiones de tierra forestada, o aportando apoyos para facilitar el desarrollo de soluciones financieras para la instalación de montes en tierras de terceros. En rubros como lechería y arroz, donde la fase industrial se encuentra integrada con la producción primaria y desempeña un papel clave en la inserción en los mercados externos, se han desarrollado soluciones financieras específicas para que las empresas agropecuarias puedan acceder al financiamiento en condiciones adecuadas.\nSin embargo, en algunos rubros en los que no existe, o es más débil, la relación con la fase industrial, quedan al descubierto los variados problemas que existen para el financiamiento de largo plazo. En cultivos extensivos, como la soja, por ejemplo, donde no hay una fase industrial doméstica tan notoriamente marcada, el financiamiento típicamente se resuelve con instrumentos de crédito tradicional de corto plazo. Los desafíos mayores se ubican en la ganadería, rubro agropecuario dominante en el Uruguay. En estas actividades, donde existe un alto potencial para el crecimiento de la productividad, la relación con la industria frigorífica dista mucho de ser sinérgica.\nDado que las potenciales mejoras de productividad, por lo menos en algunos rubros, tienden a estar concentradas en la fase primaria, es importante poder generar condiciones para una demanda de financiamiento para mejorar, o continuar mejorando, la productividad. Dado el perfil de corto plazo que en promedio tiene el crédito tradicional, la financiación de largo plazo parece requerir del desarrollo de mecanismos de estructuración financiera, que permitan un adecuado uso de la situación patrimonial que exhiben las empresas del sector.\nEl fideicomiso financiero es un vehículo que ha contribuido significativamente al desarrollo del financiamiento en varios sectores de la economía, y el sector agropecuario no es la excepción. Precisamente, este tipo de instrumento encuentra condiciones propicias para su desarrollo en proyectos que apuntan a generar altos niveles de productividad. En Uruguay, el grado de desarrollo y el nivel de penetración que han logrado los fideicomisos agropecuarios, han sido considerablemente más importantes que para las obligaciones negociables y los fondos de inversión (4).\nEntre los fideicomisos públicos se destacan los relacionados con el sector forestal, que surgieron en 2011 con el objetivo de financiar el desarrollo de proyectos de inversión para la instalación de montes y para la producción de madera sólida y madera para pulpa de celulosa. En todos los casos, los fondos se obtuvieron mediante emisión pública de certificados de participación, través de la Bolsa de Valores de Montevideo. En total se constituyeron 4 fideicomisos forestales, el último en 2019, todos ellos en similares condiciones, y por un monto suscrito total de 640 millones de dólares (5).\nOtro ejemplo son los fideicomisos públicos de arrendamiento de tierras, constituidos con el objetivo de adquirir predios para la realización de actividades agropecuarias. Un primer caso consistió en la emisión de certificados de participación y títulos de deuda de oferta pública, por un monto máximo de 50 millones de dólares, cuyo destino principal fue la adquisición de tierras para llevar adelante cultivos agrícolas complementados con ganadería y forestación. Un caso similar, establecido en 2016, tuvo como objetivo obtener fondos para la compra de tierras agrícolas y para la adquisición de los equipos para el desarrollo de riego suplementario en cultivos. En concreto, se constituyeron dos fideicomisos por un máximo total de 200 millones de dólares.\nEn términos generales, los proyectos de estructuración financiera, que apuntan a generar mejoras en la productividad, se han caracterizado por tener un horizonte temporal de largo plazo por recurrir a emisiones de oferta pública, facilitando la participación de inversores institucionales como las AFAPs. De hecho, éstas han sido los principales inversores en la mayoría de las emisiones realizadas.\nPor otro lado, existen interesantes ejemplos de fideicomisos privados en ganadería. En forma resumida, este tipo de experiencias consiste en que el productor concreta una operación de crédito con un banco comercial para la compra de ganado, y traspasa a un fideicomiso la propiedad de los semovientes, firmando una guía de propiedad y tránsito a nombre del fideicomiso. El manejo productivo del ganado sigue estando a cargo del productor ganadero, no estando previsto el involucramiento del fideicomiso (o del banco) en la gestión productiva de los activos transferidos. Es al momento de la venta del ganado que el productor debe contar con la autorización del fideicomiso para liberar la guía de propiedad y tránsito. La prenda sobre el bien era una forma alternativa de financiar la compra de ganado, pero el fideicomiso se ha impuesto como un vehículo más eficiente para la institución financiera, ya que en la prenda persiste el riesgo de que el productor venda el activo (semovientes) prendado (lo que configura un delito). La trazabilidad individual del ganado juega un papel central, pues sólo el titular de cada cabeza de ganado (el fideicomiso) puede autorizar el movimiento de ganado cualquier sea su destino.\nUna alternativa de inversión, que se ha ido extendiendo en el sector agropecuario (principalmente en rubros ganaderos), consiste en la captación de ahorro por parte de inversores, que no necesariamente pertenecen al sector, pero que pueden hacer un seguimiento del proyecto a partir de informes periódicos que reciben del promotor del negocio. En estas experiencias no está previsto que los inversores se involucren en la gestión del ganado. En definitiva, se trata de esquemas financieros basados en distintas variaciones de lo que se conoce en el sector ganadero como sistemas de capitalización (5), pero a diferencia de estos sistemas, se involucran varios inversores que aportan capital, permiten diferentes opciones de salida y, en general, se constituyen como fideicomisos financieros.\nLa eficiencia demostrada por estos instrumentos para el financiamiento de largo plazo no se ha extendido, sin embargo, a otros rubros y no ha logrado alcanzar a un elevado número de productores, en particular, a los de menor tamaño relativo. Precisamente, algunas de las características intrínsecas de estos instrumentos financieros, como por ejemplo el tiempo de estructuración, la necesidad de contratar profesionales especializados y con conocimientos específicos en la materia, han llevado a que estas iniciativas se hayan limitado a inversiones puntuales y de montos significativos.\nSi, como parece ser el caso, en el mercado uruguayo de financiamiento a largo plazo de las actividades agropecuarias se detectan fallas de mercado, se abren posibilidades para intervenciones públicas que pongan foco en la remoción de obstáculos al acceso fluido al financiamiento de actividades competitivas y con condiciones reales para mejorar la productividad, como son las agropecuarias. Las innovaciones financieras son costosas, pero una vez introducidas en el mercado son fácilmente replicables. En este tipo de situaciones, la intervención pública encuentra un terreno propicio, apoyando el desarrollo de modalidades estándar de estructuración financiera a las que pudieran acceder las empresas agropecuarias, sin importar su tamaño. La experiencia indica que el uso eficiente de los colaterales (tierra) de las empresas del sector ofrece oportunidades efectivas para mejorar las condiciones de acceso al financiamiento de largo plazo, lo que establece una posible hoja de ruta para transformar la estructura financiera del agro nacional y facilitar incrementos de productividad que fortalezcan aún más la capacidad exportadora del país.\n(1) En los fideicomisos financieros se constituye la propiedad fiduciaria de un conjunto de activos, que son transmitidos por los fideicomitentes al fiduciario para que los maneje y administre de acuerdo a un conjunto de instrucciones y plazo, en beneficio de uno o más beneficiarios. Si el fideicomiso es de emisión pública, debe inscribirse en el Registro de Mercado de Valores del Banco Central del Uruguay, y los títulos emitidos deben transarse en la bolsa de valores.\n(2) International Food Policy Research Institute (IFPRI).\n(3) Mello, M. 2018. “An Empirical Analysis of the Maturity of Debt Supply in Uruguay” Documento de Trabajo Nro. 6-2018. Banco Central del Uruguay. Disponible en: https://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Documentos%20de%20Trabajo/5.2018.pdf\n(4) Las obligaciones negociables son títulos de deuda emitidos por las empresas, y los fondos de inversión reúnen los fondos de varios inversores para aplicarlos en forma conjunta en un proyecto.\n(5) Bolsa de Valores de Montevideo. 2021. Fideicomisos Financieros. Disponible en: https://www.bvm.com.uy/operadores/fideicomisos-financieros\n(6) La esencia del negocio de capitalización es que el inversor aporta el capital para la compra del ganado que queda a su nombre, el dueño de la tierra aporta el campo donde se mantiene el ganado por un ciclo productivo y también se encarga de la gestión directa; el negocio culmina al momento de la venta dividiendo entre ambos el valor monetario de la ganancia de kilos.\nFrancisco Rosas es investigador en economía de la Universidad ORT Uruguay y del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve). Es Doctor en Economía por Iowa State University y Licenciado en Economía de la Universidad de la República de Uruguay. Twitter: @jfranciscorosas, Email: frosas@cinve.org.uy\nCRILU: diez años de vida\nINDICADOR DE MERCADO LIBRE\nTendencia alcista en demanda e intención de compra de maquinaria agrícola


Tours y boletos para Finca Agostino (Maipu) | Tripadvisor\nFinca Agostino (Maipu): tours y boletos\nFinca Agostino: visitas guiadas y billetes o entradas\nFinca Agostino: tours y boletos\nObtendrá una capacitación práctica de un chef local profesional. Aprenderá nuevas técnicas de cocina que se pueden repetir fácilmente en casa. Descubrirá nuestras tradiciones y aprenderá consejos históricos sobre...leer más\na partir de 246,42 US$\nEn la cuna del vino donde todo comenzo podra disfrutar de un servicio unico el cual nos caracteriza, asi mismo su imaginacion volara para guardar momentos inolvidables. Este tour exclusivo se caracteriza por...leer más\nPreguntas frecuentes sobre Visitas guiadas y entradas a Finca Agostino\n¿Cuáles son los tours y las entradas en Finca Agostino que se ofrecen en varios idiomas?\nEstos tours y entradas en Finca Agostino se ofrecen en varios idiomas:\nClase de cocina todo el día en bodega con almuerzo gourmet y vino fino (desde 246,42 US$)\nDonde todo comenzo (desde 194,88 US$)\nVer todas las experiencias de Finca Agostino en Tripadvisor