La idea de nación en 1810\nInicio > Números > 15 > Propuestas y avances de investiga... > La idea de nación en 1810\nL’idée de nation en 1810\nThe idea of nation in 1810\nIdentificar el concepto de nación que tenían los hombres que decidieron la emancipación de la corona española implica un trabajo importante de interpretación, pues la evolución de dicha idea es un fenómeno bien conocido por los historiadores de los conceptos. En tal sentido, el presente análisis ayuda a comprender el contexto de una discusión nunca acabada, y como bien se señala en las palabras finales: “La Junta de Gobierno de 1810 debe ser una de las creaciones más originales de la historia institucional chilena. No obstante, si bien su formación marca uno de los quiebres más profundos de nuestro pasado, no es revolucionaria en sí”.\nIdentifier le concept de nation tel que les hommes qui décidèrent l’émancipation de la couronne espagnole la concevait implique un travail important d’interprétation, car l’évolution d’une telle idée est un phénomène bien connu par les historiens des concepts. Dans ce sens, la présente analyse aide à comprendre le contexte d’une discussion toujours ouverte, comme nous le soulignons en conclusion : « La Junte de Gouvernement de 1810 doit être une des créations les plus originales de l’histoire institutionnelle chilienne. Cependant, s’il est vrai que sa formation marque l’une des ruptures les plus profondes de notre passé, celle-ci n’est point en soi révolutionnaire. »\nTo identify the concept of nation which had the men that decided the emancipation of Chile from the spanish crown demands an important interpretative work, since the evolution of that idea is a well known phenomenon to the historians of concepts. In that sence, the present analysis helps understanding the context of a never ending discussion, in which, as it is said in the final statement: “The 1810 Government Junta must be one of the most original creations of the chilean institutional history. Nevertheless, even though its creation represents one of the deepest breakthrough’s in our past history, it is not in itself revolutionary”.\nnation, Chili, junte de gouvernement, indépendance\nnation, Chile, government junta, independence\nnación, Chile, junta de gobierno, independencia\nFormando la nación chilena\nChile y su gente en tiempos de la Junta\nLos días previos a la formación de la Junta\nFundamentos jurídicos de la Junta de Gobierno\nOponiéndose a la Junta\nLos últimos días de la Junta\nRecibido 12.12.2005 Aceptado 12.04.2006\n* La presente investigación fue presentada en el seminario Nacionalismo y universalismos en Chile: 1 (...)\n1Durante siglos*, una enorme cantidad de definiciones han pretendido dar respuesta a esta interrogante. Desde nociones simplistas y elementales, hasta elaboradas y complejas, pareciera ser imposible encontrar un significado estándar que calce a la realidad de cada sociedad. Como los espacios en que se desarrollan, el concepto de nación ha evolucionado de acuerdo a circunstancias históricas específicas y que han sido consideradas trascendentes por reformular sociedades o darles una configuración novedosa. A partir del desarrollo de los estados nacionales el último cuarto del siglo XIX, una nación era una unidad cultural homogénea, caracterizada por costumbres, prácticas sociales, valores morales, modos de relaciones interpersonales, lenguaje, rituales, mitos, rasgos de temperamento, un sistema común de significados, un conjunto de entendimientos tácitos y simpatías implícitas, etc. De ese modo, adquiría una identidad distintiva o individualidad que la distinguía claramente de las otras.\n2La exacerbación de los nacionalismos europeos transformaría a las naciones en entes formadores y moldeadores de sus miembros como tipos específicos de personas, dotándolos de una identidad específica, estructurando su personalidad y dándole significado a sus vidas. Aunque la nación existía en ellos y por ellos, era antológicamente anterior a ellos y los trascendía de modo que fuera posible que pertenecieran a “ella”. Para los autores nacionalistas, la identidad nacional era la última base de la identidad y más alta que otras identidades. El individuo era primordialmente un miembro de una nación específica y, a través de ella, de la especie humana.\n1 Para diversas definiciones del término nación, ver Eric Hobsbawn, Naciones y nacionalismo desde 17 (...)\n3La realidad latinoamericana ha estructurado un ideal de nación diferente acorde a su propio recorrido por la historia. La mayoría de las naciones de la región se entienden necesariamente ligadas a un territorio específico, relacionándose con él más o menos de la misma manera que la persona humana está relacionada con su cuerpo. La nación y su territorio estaban íntimamente ligados y pertenecían el uno al otro. Privarla de una pulgada de su territorio era, incluso, violar su integridad física y cultural. Además del territorio, la nación es un cuerpo constituido por personas ligadas por lazos de sangre, casamiento y descendencia común, básicamente como una familia extendida cuyos miembros pertenecían a la misma estirpe cultural y eran unidos por lazos profundos de mutua lealtad y solidaridad. Sus predecesores eran sus “antepasados” o “ancestros” a los cuales debían una profunda “piedad” y reverencia y cuya “herencia” o “patrimonio” tenían la obligación de preservar. En otras palabras, nación es la comunidad de los ciudadanos viviendo bajo el mismo régimen o gobierno y teniendo una comunión de intereses; la colectividad de los habitantes de un territorio con tradiciones, aspiraciones e intereses comunes, y subordinados a un poder central que se encarga de mantener la unidad del grupo.1\n2 Partha Chatterfee, Nationalist though and Colonial World, Minnesota, 1986, 9; Benedict Anderson, C (...)\n4Algunos investigadores, a diferencia de lo anteriormente señalado, afirman que no es más que un principio de unidad de la comunidad imaginada, y conformando una teoría o doctrina política. Otros, insistiendo en lo abstracto del término, si bien reconocen que todo discurso sobre la nación es histórico en la forma, es igualmente apologético en su esencia. Al constituirse en relato, la nación se presenta como una objetivación discursiva de la realidad que describe y, por ello, la creación de imágenes representativas de la nación se constituiría en el cuerpo de símbolos estructurales de un orden social, que muchas veces escapan a la realidad objetiva.2\n5Más allá de las diferencias definitorias, y de su existencia o no, el estudio de nación encierra una complejidad mayor: su origen. Su percepción no obedece a una serie de acontecimientos específicos y aislados, sino a un proceso continuo en el tiempo, en donde los problemas de legitimidad e identidad representan los primeros desafíos en el proceso de su formación. En este sentido, parecen ser fundamental la existencia de un conjunto de elementos institucionales que fomenten la identificación y estimulen el compromiso de los individuos con un ideal indeterminado, pero perceptible. Junto a ello, es necesario desarrollar medios y organizaciones para la proyección social y la cultura política, (como escuelas, ritos y símbolos), y garantizar la observación de los reglamentos y el cumplimiento de la responsabilidad gubernamental.\n6El orden o la valoración de los elementos que han de configurar una nación no necesariamente responden a patrones definidos. La nación es en sí una creación artificial, no porque sea una invención surgida de una mente iluminada, sino porque, en base a hechos e instituciones comprobables, es posible construir una sociedad ideal habitada por hombres ejemplares. La idea de nación no se levanta sobre la imitación exacta de ese pasado, sino sobre los valores que, idealizados en un ciclo determinado azarosamente por quien elabora la historia, permitieron sentar las bases del presente de la misma nación. El resultado de esta creación satisface la necesidad de toda comunidad de contar con un pasado que cimente su avance en el tiempo. El costo de esta idealización artificiosa ha de ser, necesariamente, la configuración de dogmas históricos que, muchas veces, lejos de consolidar las naciones que contribuyeron a crear, las destruyen o llenan de recelos.\n3 Alfredo Jocelyn Holt, La independencia de Chile. Tradición, modernización y mito, Santiago, 2001, (...)\n4 Manuel Antonio Tocornal, Historia general de la República de Chile, tomo I, Santiago, 1866, XIII.\n7El debate en torno al origen de la nación chilena es de larga data. El desarrollo de la historiografía del siglo XIX, bajo el influjo del positivismo, “novelizó” la historia poblándola del número suficiente de héroes y epopeyas que, con el correr del tiempo, darían origen a las efemérides y a los padres de la patria. Desde entonces hasta ahora, la historia de la nación chilena se ha desarrollado casi exclusivamente en los campos de batalla, en base a las decisiones siempre bien intencionadas de hombres virtuosos guiados por la gracia divina.3La historiografía tradicional, replicada sin contemplaciones en numerosos estudios contemporáneos, pretende exaltar, sin mayores fundamentos, virtudes cívicas innatas que sólo habrían de florecer en el naciente Chile republicano. En 1847 Manuel Antonio Tocornal, en su Memoria sobre el primer gobierno nacional, afirmaba que hasta el día en que renunció el brigadier Carrasco a la capitanía general, o si se quiere, hasta la instalación de la Junta gubernativa, los chilenos no estaban decididos aún a proclamar la independencia. Pero una vez constituido el nuevo gobierno, el pensamiento de libertad e independencia fue, por así decirlo, un hecho, y la república fue su consecuencia bien probada…”.4\n5 Simon Collier, Ideas y política de la independencia chilena, Santiago, 1977, 26-35; Jaime Eyzaguir (...)\n8La falta de argumentos no sólo asigna al período un romanticismo que no se condice con la realidad. En su necesidad de justificar el quiebre, se buscaron pruebas donde se evidenciasen esbozos de identidad nacional tomando, principalmente, crónicas y cartas de religiosos y viajeros ocasionales. Estos escritos se han usado para generalizar la existencia de la nación, sin considerar su contexto temporal ni los factores emocionales que en ello inciden. Cuando Manuel Lacunza afirmaba en 1794 que “sólo saben lo que es Chile los que lo han perdido”, lo hacía cargado de la nostalgia consecuente del exilio. Igual apreciación se aplicaba a Juan Ignacio Molina al escribir que Chile era uno de los mejores países de América, apoyándose en lo benigno de su clima y la fertilidad de sus tierras. Igualmente cuestionables resultan los argumentos que asignan una importancia fundamental en el proceso de configuración de nacionalidad, al desarrollo de un regionalismo unitario y a la influencia de doctrinas políticas extremas y opuestas a la monarquía.5\n9La evolución en las últimas décadas de los estudios históricos ha permitido conocer, más o menos en detalle, períodos descartados e integrantes del territorio antes marginados o subvalorados. El período hispano, por ejemplo, ha sido recientemente objeto de excelentes investigaciones orientadas a temas demográficos, sanitarios o culturales, áreas hasta hace pocos años marginadas en la especialidad. Los pueblos originarios, gracias al desarrollo de disciplinas auxiliares de la historia, pueden ser analizados sin los prejuicios a los que fueron sometidos inicialmente. El desarrollo de nuevas técnicas de investigación ha permitido reinterpretar fuentes e incorporar nuevas temáticas de estudio. El renacer de la historia como disciplina augura un aumento en la cantidad (y en menor medida calidad) de publicaciones como difícilmente se tenga precedente.\n6 Mario Góngora, Ensayo Histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX, Santiag (...)\n10Pese a ello, los dogmas permanecen, condicionando la discusión en torno al origen de la nación chilena. Mario Góngora, en su polémico Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX, deduce su existencia desde inicios de la conquista, en su intento por demostrar el papel del Estado como configurador de la nacionalidad. Sergio Villalobos, en una interesante crítica a la obra de Góngora, más allá de refutar con ejemplos certeros el análisis del historiador, avala la idea de nación preexistente al inicio del proceso independentista. Patricio Prieto Sánchez, en su ensayo El Estado, ¿formador de la nación chilena?, al negar la tesis de Góngora, cae en la clásica idealización decimonónica al afirmar que “fue el joven pueblo chileno, lleno de fuerza vital y dotado de una clase dirigente vigorosa, el que se supo dar una estructura estatal singularmente eficaz, que le permitió convertirse en una pequeña gran nación”. Prieto argumenta que la nación chilena (asimilada al término patria) antecede a septiembre de 1810, defendiendo su argumento con generalizaciones poco validables, como la existencia de un territorio delimitado por accidentes geográficos formidables, la carencia de regionalismos y por la idiosincrasia unitaria de sus componentes.6\n7 Hernán Ramírez Necochea, Antecedentes económicos de la independencia de Chile, Santiago, 1959, 86; (...)\n11¿Es posible presuponer la nación chilena en el período colonial? Hay factores que permiten dudarlo. Hasta menos de un año antes de la formación de la primera Junta de Gobierno, la estructura política, administrativa y social del país seguía rigiéndose por modelos españoles. La propia Junta de septiembre se formó siguiendo patrones hispanos. La prensa era inexistente, los ideales políticos eran comentados dentro de grupos herméticos y la obra intelectual era nula. Los avances en materia de infraestructura eran exiguos. La educación era restringida, y a pocos parecía importarle. En materias económicas, el fomento a la producción quedaba limitado a la iniciativa individual, mientras el comercio interior y exterior sufría las consecuencias de la falta de control y fiscalización, dejando al país sin capitales y con una industria siempre incipiente en ruinas. Hace algunos años un reconocido historiador afirmó que la emancipación chilena fue la consecuencia de la necesidad de romper el enclaustramiento económico, zafarse de las limitaciones que gravitaban sobre su comercio internacional y abrir posibilidades de expansión a su enorme potencialidad productora. Aparentemente, sin embargo, la apertura comercial no puede ser considerada como un factor determinante al momento de declarar la independencia.7\n12La discusión en torno a si había o no nación en septiembre de 1810 puede ser validada y refutada hasta la eternidad. Lo importante, a nuestro juicio, es ver cómo los criollos la entendieron y construyeron considerando una creciente conciencia de identidad con sentido de lealtad, ya no hacia la autoridad externa, sino a las propias. En este sentido, y sin desconocer la existencia de elementos que la anteceden, la nación chilena comienza su definitiva configuración una vez asumida la autonomía política y económica. A partir de ese momento, y sin proponérselo, se da inicio a una revolución original en la que todos los sectores de la población, desde aristócratas hasta esclavos, estuvieron involucrados. Por primera vez la ex gobernación como un todo se movilizó, forzosa o voluntariamente, por un objetivo común. El resultado final de la aventura, pese a ser nefasto, sienta las bases de la nacionalidad. En apenas cuatro años, y sin declarar oficialmente la independencia, se crearon instituciones, normas jurídicas y símbolos propios. ¿Qué factor más simbólico puede identificarse en nuestra historia que el 18 de septiembre de 1810? Surgen personajes que serán elevados, una vez que la nación se convierte en entidad histórica, en fundadores cuyos rasgos y virtudes, reales o imaginarios, van a ser incorporados a la tradición como modelos o paradigmas del ethos del pueblo.\n8 La Aurora de Chile, 9 y 16 de abril de 1812.\n13A nuestro parecer, la verdadera identidad nacional comienza a gestarse con el rompimiento tácito con España y la necesidad de integrarse en torno a un objetivo común. Así lo entendía Camilo Henríquez, uno de los más destacados propagandistas de la independencia, quien en abril de 1812 afirmaba que no era el número de hombres el que constituía el poder de la nación, sino sus fuerzas bien arregladas, que éstas provenían de la solidez y profundidad de sus entendimientos: “Cuando ellos saben calcular las relaciones que tienen las cosas entre sí, conocer la naturaleza de los entes, adquirir nuevas fuerzas con la mecánica, gobernar las familias y los pueblos como la política y la economía, saben también dirigir todas sus miras de un punto común y servirse de todos modos de la naturaleza. La felicidad y grandeza de los estados es también inseparable de las verdaderas virtudes, y estas son difíciles de conocerse y practicarse sin previos conocimientos de Dios, del mundo y de los hombres, los cuales con opiniones ridículas y preocupaciones vergonzosas han degradado a la naturaleza. Un pueblo de muchachos y mujercillas, por muchas que sean, siempre será despreciado y poco temido, y si una nación se compone de ignorantes, torpes, viciosos y holgazanes, aunque sea numerosísima, siempre será una nación de niños y mujeres.8\n14Chile, a inicios del siglo XIX, presentaba un conjunto de deficiencias económicas, sociales y culturales que limitaba su desarrollo, que definía un estado de pobreza general y constituía su distintivo respecto a las gobernaciones vecinas. A la dependencia económica del Virreynato peruano había que sumar la inexistencia de una industria básica, la subexplotación de los campos, excesiva concentración de las tierras y nulo control de la actividad comercial. La sociedad, por su parte, estaba claramente segregada, con una aristocracia pequeña y poderosa, secundada por un bajo pueblo dependiente y sin instrucción alguna. Desde mucho tiempo antes, la vida en Chile parecía transcurrir en medio de un marasmo apenas roto por eventos y situaciones excepcionales.\n9 Raúl Silva Castro, Prensa y periodismo en Chile (1812-1956), Santiago, 1958, 42-43.\n15Las consecuencias del letargo colonial se sentirían con fuerza los meses previos a la formación de la Junta. El entusiasmo demostrado en la ocasión fue inversamente proporcional al nivel de formación educacional y preparación política de buena parte de la población local. En 1816, Camilo Henríquez recordaba que, en tiempos de inicios del proceso de independencia, casi ninguno de los nobles tenía educación: “Exceptuando como seis de ellos, nadie entiende los libros franceses; ninguno los ingleses. Así pues, las obras filosóficas liberales les eran tan desconocidas como la geografía y las matemáticas. Ni sabían qué era libertad ni la deseaban. Mayor era aún la ignorancia de la plebe… la plebe adora al Rey, sin saber qué es. Ella juzga que debe pelearse por la ley de Dios, sin observarla y sin saber qué es ley y qué es Dios”.9\n10 José Miguel Barros, Situación de Chile en 1812. Informe de Bartholomew V. Richards, en Boletín de (...)\n11 Hernán Godoy Urzúa, El carácter chileno, Santiago, 1991, 191.\n16El parecer del fraile es ratificado por un visitante inglés, quien en abril de 1812 informaba al Secretario de Estado para Asuntos Exteriores británico que todo el reino estaba monopolizado por unos cuantos individuos acaudalados quienes, asegura, poseían sobre sus vasallos un dominio absoluto: “Los de mejor clase son ignorantes y orgullosos en grado sumo, y su ambición no conoce límites”.10Ese mismo año, el tipógrafo estadounidense, Samuel B. Johnston, hace ver en una carta los profundos recelos sociales existentes en la sociedad chilena: “El comerciante trata al tendero, al abogado o al médico, casi con el mismo desprecio que con él, a su vez es tratado por el noble; tal como los de la tercera clase miran con el más profundo desprecio al artesano; quienes, a su turno, están por muy bajo de su dignidad asociarse con sus primitivos progenitores de los indios; y hasta tan increíble exageración se lleva estos prejuicios, que un sastre o zapatero con un cuarto de sangre blanca sentiría sus mejillas amarillentas llenarse de rubor, como si le ocurriese una verdadera desgracia, si se le sorprendiese en un tête-a-tête con una muchacha cocinera de color cobrizo: que tales son las ideas de dignidad y natural distinción imbuidas en el ánimo de las gentes de todas las clases sociales, y que, en gran manera, han contribuido a robustecer el sistema de opresión con que han sido gobernados e influido mucho para retardar el avance de la revolución”.11\n12 Sergio Villalobos, Tradición y reforma en 1810, Santiago, 1961, 168-169.\n17La escasa preparación social y cultural de la élite criolla, reflejo del vacío formativo de las épocas precedentes, limitaban las esperanzas de quienes soñaban, si no con la independencia, con el autogobierno una vez informados de la detención del monarca. En 1809, a raíz de la aparición de una proclama titulada Advertencias precautorias a los habitantes de Chile, el escribano del Tribunal del Consulado, Ignacio de Torres, no dudaba en clasificar peyorativamente a los supuestos sediciosos: “Unos afectan cierta filosofía estoica y en el trato civil son libertinos con resabios de ateístas. Otros, excusan virtudes morales aparentando amor al bien común, pero nada hacen que no les produzca utilidad propia. Otros, se visten de la máscara de la virtud y son unos hipócritas que sólo promueven cosas perjudiciales al Estado y a sus individuos. ¿Qué hay que admirar de que unos miembros tan corrompidos procuren gangrenar el resto del cuerpo político?”.12\n13 Sergio Villalobos, El bajo pueblo en el pensamiento de los precursores de 1810, en Anales de la Un (...)\n18La revolución iniciada en 1810 poco afectó, inicialmente, al denominado bajo pueblo, para quien la ruptura no pasó de ser un cambio de administración. Analfabetos en su gran mayoría, y destinados a labores agrícolas o de servicios, no serían considerados como fuerza política y nadie se arrogaría su representación. La percepción general de estos sectores no era abiertamente discriminatoria. Manuel de Salas afirmaba en 1809 que el chileno común tenía la costumbre de “vagar sobre un terreno que ofreciese a cada punto atractivo para detenerlo: desnudo, donde sobraban materias para vestirse; hambriento, donde se arrojaban los alimentos; ociosos en presencia de las riquezas de todas las clases que les encubriese la falta del arte y del ejemplo”. En su Plan de Gobierno, de octubre de 1810, Juan Egaña sostenía sin tapujos que los chilenos conformaban un pueblo “sin mayor luces, y sin arbitrios de imponerse en las razones de orden”. El ya citado Richards afirmaba en 1812 que “las clases inferiores del pueblo son miserables más allá de cualquier descripción y muchos las estiman incapaces de ser libres”.13\n14 Alamiro de Ávila Martel, Influencia de la revolución de mayo en la revolución chilena de 1810, La (...)\n19En un entorno como este, los extranjeros jugarían un papel relevante en la consolidación del nuevo orden. El argentino Antonio Álvarez Jonte, primer delegado oficial de la Junta de Buenos Aires en Chile, jugaría un papel clave como promotor de políticas públicas orientadas a fortalecer el autogobierno. Su connacional Juan Pablo Fretes llegará a ser presidente del Congreso en 1811. No menos importante sería la participación de los activistas Bernardo Vera y Pintado y Manuel Dorrego. Juan Martínez de Rozas, trasandino de origen, de cuestionada participación en el último gobierno español, será una de las principales figuras del período. No menos trascendente fue el aporte del guatemalteco Antonio José Irisarri, quien desde un pequeño cargo en el Cabildo santiaguino alcanzaría a ostentar el título de Director Supremo, y del peruano Juan Egaña, de activa participación política y convertido en uno de los referentes intelectuales de su época. En una sociedad pequeña, cualquiera, aunque tuviese méritos inferiores, era considerado un aporte: Mateo Arnaldo Hoevel, de origen sueco y nacionalizado estadounidense, quien llegó a Chile como sobrecargo de un buque ballenero, es recordado por traer la primera imprenta al país. Esto le valió obtener la nacionalidad chilena y tener importantes cargos públicos. El propio cónsul norteamericano participó en política interna, con la venia de las autoridades del período.14\n20Además de esta influencia extranjera, la formación de la Junta de Gobierno fue también el resultado de una coyuntura de hechos decisivos. El primero, la invasión de las tropas de Napoleón Bonaparte a España y el posterior reemplazo del poder real a manos de su hermano José. La noticia llegaba a la gobernación en momentos en que ascendía al poder, en oscuras circunstancias, el brigadier Francisco Antonio García Carrasco. El desarrollo de la vida política chilena, entre 1809 y 1810, estaría marcado por las confusas noticias provenientes de la península, por un gobierno local corrupto, y por la transformación del virreinato del Río de la Plata a partir de la invasión británica, en 1806.\n15 Armando de Ramón, Historia de América, tomo II, Santiago, 1993, 197-199.\n16 Manuel Antonio Talavera, Revoluciones en Chile. Discurso histórico, diario imparcial, de los suces (...)\n21El acontecer político del Río de la Plata fue ampliamente difundido en Chile. Desde enero de 1810 circulaban, de modo clandestino, ejemplares de El Correo de Comercio de Buenos Aires, publicado por Manuel Belgrano. Partidario de la independencia, el pasquín tuvo un tiraje regular y contenía artículos de destacados intelectuales, como Manuel Alberti y Nicolás Rodríguez Peña, quienes mantenían entonces un activo intercambio epistolar con chilenos ilustrados, como Manuel de Salas y José Antonio de Rojas.15La formación de la Junta de Buenos Aires, en mayo de 1810, sería determinante para la posterior configuración de la administración chilena. La Gaceta de Buenos Aires, publicación oficial de la Junta vecina circulaba con tal profusión en Chile, que un realista pensaba que a través de ella entraba al país “todo el áspid y veneno en los papeles públicos, y tiene al vecindario lleno de sobresaltos, el comercio sin contracción y a las familias sin orden”.16\n17 Julio Alemparte, El Cabildo en Chile colonial. Orígenes municipales de las repúblicas hispanoameri (...)\n22Igualmente conocida era la declaración elaborada para la Junta bonaerense por Mariano Moreno, donde sienta principios similares a los indicados con posterioridad por el Cabildo de Santiago. El destacado intelectual señalaba que “separado Fernando VII de su reino, imposibilitado de ejercer el supremo imperio que le es inherente a la Corona; disuelta la Junta Central a quien el reino había constituido para llenar a falta de su monarca, suspenso el reconocimiento del Consejo de Regencia por no haber manifestado títulos legítimos de su inauguración, ¿quién es el jefe supremo de estas provincias, el que vela sobre los demás, el que concentra las relaciones del pacto social y el que ejecuta los altos derechos de la soberanía del pueblo? El Congreso debe nombrarlo. Si la elección recayese en el Consejo de Regencia, entraría éste en pleno goce de las facultades que la Junta ha ejercido; si recae en algunas personas de la familia real, sería un verdadero regente del reino; si se prefiere el ejemplo de que la España misma nos ha dado, no queriendo regentes, sino una asociación de hombres patriotas con la denominación de Junta Central, ella será el supremo jefe de las provincias, y ejercerá sobre ellas, durante la ausencia del Rey, los derechos de su persona, con las extensiones o limitaciones que los pueblos le prefijen en su institución.17\n18 Diego Barros Arana, Historia general de Chile, Santiago, (1887) 2002, tomo VIII, 183.\n23Luego de un largo viaje, hacia fines de octubre llegaba a la capital Antonio Álvarez Jonte, enviado por la Junta de Buenos Aires con la instrucción de influir en el Cabildo de Santiago para que activase el establecimiento de la Junta. Álvarez sería reconocido por la Junta como delegado de la Junta bonaerense en una aparatosa ceremonia de recepción. En su discurso de agradecimiento a su recepción, Álvarez señaló que, ante las pocas esperanzas de que la metrópoli fuera liberada, los pueblos americanos estaban en su deber de constituir gobiernos propios. Estos, agregaba, debían estrechar sus relaciones, mantenerse unidos y auxiliarse mutuamente para resistir los esfuerzos con que el virrey del Perú trataría de restablecer el régimen antiguo en Chile y Buenos Aires. Debían, por lo tanto, hacer de común acuerdo la paz y la guerra, celebrando con los extranjeros los pactos políticos y comerciales que más conviniesen a los respectivos países.18La proclama de Álvarez tuvo gran acogida. La pacífica transición en el virreinato de La Plata hacia la formación de una Junta de Gobierno, la aparente prosperidad económica vivida después de mayo, la aceptación general de los principios de dicha corporación y la alianza ofrecida por su representante en Chile, estimularon a la recién creada Junta de Santiago a profundizar sus reformas acentuando la autonomía.\n24El proceso de reformas políticas en Chile comienza con la destitución del gobernador García Carrasco y el ascenso provisional de Mateo de Toro Zambrano a dicho cargo, el 17 de julio de 1810. El gobierno saliente había postergado -y reprimido- la discusión de informaciones relevantes provenientes de la península y que afectaban las bases jurídicas de Chile. El 31 de enero de 1810, un oficio enviado desde Cádiz presentaba a las autoridades locales el Consejo de Regencia, organismo que se arrogaba la representación del poder en nombre del pueblo español, y que solicitaba el envío de diputados para integrar las cortes creadas con ese fin. La nueva institución, usando un estilo conciliador desconocido en las comunicaciones oficiales provenientes de la península, invitaba a los pueblos americanos a seguir su ejemplo.\n19 Citado en Villalobos, Tradición y reforma en 1810, 213-214.\n25Poco tiempo después, otra nota ratificaba la política de acercamiento del Consejo, al criticar al antiguo régimen, mostrándole a los americanos una nueva perspectiva de lo que venía: “Desde este momento, españoles americanos, os veis elevados a la dignidad de hombres libres; no sois ya los mismos que antes, encorvados bajo un yugo mucho más duro, mientras más distantes estabais del centro del poder, mirados con indiferencia, vejados por la codicia, destruidos por la ignorancia. Tened presente que, al pronunciar o al escribir el nombre de que ha de venir a representaros en el Congreso Nacional, vuestros destinos no dependen ya ni de los ministros, ni de los virreyes, ni de los gobernadores; está en vuestras manos”.19\n20 Ricardo Donoso, El Catecismo Político Cristiano, Santiago, 1943, especialmente 104-110.\n26La indiferencia inicial a las invitaciones se transformaría en preocupación cuando se conoció de la designación del brigadier Francisco Javier Elío como gobernador y de Antonio Garfias como su asesor, ambos de oscura participación en gobiernos previos en Montevideo y Santiago, respectivamente. Pocos días después de recibida la noticia circuló en Santiago un pasquín anónimo titulado Catecismo Político Cristiano, el primero impreso en manifestarse públicamente contra el envío de diputados y el reconocimiento del Consejo de Regencia.* En un formato de fácil comprensión, en base a preguntas y respuestas, el Catecismo es un ácido llamado al autogobierno manteniendo la fidelidad al rey: “La Junta Central y la Regencia se burlan de nosotros, americanos; quieren vuestro dinero, quieren vuestros tesoros, y quieren, en fin, que alimentéis una serpiente que ha devorado vuestras entrañas y las devorará mientras exista: quieren manteneros dormidos para disponer de vosotros como les convenga al fin de la tragedia: temen vuestra separación y nos halagan como a los niños con palabras tan dulces como la miel; mas si fuera posible la reposición del gobierno monárquico, estos mismos que os llaman hermanos, os llamarían indianos y os tratarán como siempre, esto es, como los indios de encomienda”.20\n21 José Toribio Medina, Actas del Cabildo de Santiago durante el período llamado de la Patria Vieja ( (...)\n27Las dudas respecto a la autoridad del Consejo de Regencia se extenderían también al Cabildo de Santiago. Su procurador, José Miguel Infante, expuso en sesión de 14 de agosto su desconfianza ante la excesiva consideración del consejo peninsular, dudando de la verdadera fidelidad de sus miembros al monarca: “Si en los principios de la revolución en que la España estaba cuasi en toda su integridad, claudicó la lealtad de los españoles más bien reputados, ¿qué extraño sería que en el día que está su mayor parte conquistada, adoptasen otros este ejemplo, aunque inocuo y detestable?”21La Real Audiencia pretendía, en cambio, el pronto reconocimiento del Consejo, no tanto por ver en él la representación legítima de los derechos de la corona, como por evitar la posibilidad que los vecinos intentasen seguir el ejemplo de Buenos Aires.\n22 Oficios en que la Junta de Gobierno y la Real Audiencia de Chile dan cuenta al Rey de los sucesos (...)\n23 Francisco Antonio Encina, Historia de Chile, tomo XI, Santiago, (1949) 1983, 15-16.\n28Las discordantes relaciones entre dicha institución y el Cabildo se hallaban seriamente resentidas desde julio, cuando el órgano judicial rechazó la solicitud de no embarcar a Juan Antonio Ovalle, José Antonio Rojas y Bernardo Vera y Pintado rumbo al Perú, acusados de sedición. Igualmente había rechazado la solicitud de remoción de uno de sus asesores, de su escribano y del secretario.22El 20 de julio, el Cabildo solicitaba al presidente Toro Zambrano aumentar su número de regidores a dieciocho, creando seis nuevas plazas, designando tres españoles y tres criollos nombrados por la misma corporación. El argumento esgrimido por el Cabildo, dar una mayor eficacia a la administración comunal, fue visto por la Audiencia como una excusa para lograr una mayoría de representantes y así convocar una reunión abierta de la cual saldría una Junta. La oposición del presidente fue vista como una maniobra dirigida por la Audiencia para impedir su realización.23\n29Un nuevo roce se libraría pocos días después en torno al reconocimiento del Consejo de Regencia. Desde que se recibió la nota certificando su creación, el Cabildo eludió su debate, pese a la insistencia del presidente por conocer su parecer. Apremiado por la Audiencia, fue el procurador del Cabildo quien expuso los argumentos que aconsejaban su rechazo. Afirmaba su ilegalidad apoyándose en una serie de vicios legales en la conformación de la Junta Central, organismo antecesor del Consejo, y que le impedían, por un lado, ostentar el poder, y por otro, delegarlo. Ante tales circunstancias, Infante aconsejaba reconocer al Consejo, prestarle ayuda y cumplir sus encargos, pero no prestarle juramento, con lo cual su autoridad sobre Chile no pasaba de ser un hecho nominal.\n24 Barros Arana, VIII, 143.\n30Los fundamentos de Infante no hicieron variar la posición de Toro Zambrano, quien era partidario de reconocer al Consejo y pacificar, de una vez por todas, las disensiones entre realistas y patriotas. Contribuyó a su decisión las noticias que por esos días llegaban desde Lima que informaban desde México el reconocimiento al Rey y sus autoridades, y de la solicitud de autoridades de Charcas, La Paz, Potosí y Tucumán, pidiendo anexarse al virreinato del Perú, actitud interpretada como un rechazo a la autoridad de la Junta de Buenos Aires. Declararse en rebeldía podía significar también la pérdida del mercado peruano, pilar básico de la debilitada economía chilena del período.24\n25 Barros Arana, VIII, 144; Talavera, 34.\n31Acordado celebrar el juramento al Consejo el día 18 de agosto, el Cabildo aconsejó realizar la ceremonia privadamente en el palacio, para evitar desórdenes públicos. Temerosos los oidores y asesores de la Audiencia que se tratara de un ardid para aplazar el juramento, solicitaron al presidente verificar el acto a la brevedad. Estando en su casa, dos cabildantes informaron al conde de la Conquista del riesgo de la supuesta división que existía entre carlotinos y los partidarios de Fernando VII, y los graves desórdenes que podían producirse al intentar los primeros impedir la jura. Creyéndose amenazado, Toro Zambrano se negó a salir, siendo forzado por los oidores a acompañarlos a la plaza mayor, donde finalmente se efectuó la ceremonia, sin la solemnidad requerida. La alegría desbordada de los realistas, contrastada por la ausencia de juntistas, no puede reflejar mejor el polarizado ambiente político del momento.25\n26 Melchor Martínez, Memoria histórica sobre la revolución de Chile desde el cautiverio de Fernando V (...)\n32Así como las noticias llegadas desde Lima impulsaron el pronto reconocimiento del Consejo de Regencia, pronto otras, llegadas desde Buenos Aires, acelerarían el llamado a un Cabildo abierto para debatir el futuro político del reino. El 6 de septiembre se conocieron en la capital los graves reveses sufridos por la resistencia en España, con lo que se intuía una derrota definitiva. Las informaciones señalaban también los éxitos militares de la Junta de Buenos Aires en las provincias del norte que habían pedido integrarse al virreinato peruano, y sus preparativos para invadir el Alto Perú. Las noticias excitaron los ánimos en ambos bandos. Los realistas, temiendo un levantamiento popular, apoyado por oficiales partidarios de la Junta, organizaron una fuerza de trescientos hombres, a la vez que hacían correr por la ciudad una nota de adhesión al Rey y al Consejo de Regencia. La tensión aumentó al conocerse un intento de sublevación general de los presos de la cárcel, a quienes necesariamente se les ligó, indistintamente, a alguno de los bandos.26 Apremiado por las circunstancias exteriores, además de la presión ejercida por realistas y juntistas, el 11 de septiembre el presidente Toro Zambrano decidió convocar una asamblea de corporaciones y de vecinos para restablecer, en forma definitiva, la tranquilidad pública. Dos días después, cuatrocientas treinta y siete invitaciones habían sido cursadas a través de las autoridades del Cabildo, de las cuales dos tercios habían sido dirigidas a partidarios de la conformación de la Junta.\n27 Barros Arana, VIII, 151-152.\n33La Audiencia protestaría al presidente el llamado. En nota enviada el 13 de septiembre, le reprochaban que “no cumpliría [la Real Audiencia] con los más importantes y sagrados deberes correspondientes a su instituto si cuando ve cercana la más notoria vulneración de las leyes, y a todo el reino en el mayor riesgo de abismarse en desórdenes y males los más lamentables a causa de las providencias expedidas por VS, no representara los inconvenientes y fatalísimas resultas que ya se divisan”. Un día antes de la reunión pediría, por última vez y sin éxito, que se opusiera a todo cambio de gobierno.27La noche del 17 de septiembre se reunieron en la casa de Domingo Toro ciento veinticinco patriotas, quienes acordaron que la Junta estaría compuesta por cinco miembros, a insinuación del sacerdote Vicente Larraín.\n34La mañana del 18 de septiembre los invitados al Cabildo fueron congregados en uno de los patios del recientemente inaugurado Tribunal del Consulado. Tras la entrega simbólica del poder por parte de Toro Zambrano, el procurador de la corporación, José Miguel Infante, procedió a justificar la convocatoria señalando la necesidad de consultar al vecindario la mejor defensa del reino, a raíz de la incertidumbre creada por las noticias provenientes de la metrópoli. Su propuesta para crear una Junta de Gobierno es una notable pieza de erudición en legislación castellana. Al estar el rey en cautiverio sin nombrar previamente un regente, señalaba, la Ley Tercera, título quince de la Partida Segunda, ordenaba establecer Juntas de gobierno interinas, nombrándose los vocales que deban componerla por los mayorales del reino así como los prelados y hombres ricos, honrados y buenos de las respectivas villas. Son dichos principios, afirmaba Infante, los que justificaban la creación de las Juntas locales en España y sus posteriores transformaciones. La dependencia de los territorios de América en torno a la figura del soberano y no del pueblo español, reconocida desde siempre, había sido ratificada, además, en un decreto del Consejo de Regencia de 30 de abril de 1810, donde niega toda provisión sobre América en materias de gracia y justicia, quedando sólo a cargo de asuntos de guerra.\n28 Tocornal, 204-206. Citado en Jaime Eyzaguirre, Ideario y ruta de la emancipación chilena, Santiago (...)\n35Al concluir su exposición, Infante insistió en la legalidad de la Junta a conformarse, insistiendo en los principios de igualdad entre súbditos peninsulares y americanos: “Si se ha declarado que los pueblos de América forman una parte integrante de la monarquía, si se ha reconocido que tienen los mismos derechos y privilegios que los de la península y en ellos se han establecido Juntas provinciales, ¿no debemos establecerlas también nosotros? No puede haber igualdad cuando a algunos se les niega la facultad de hacer lo que se ha permitido a otros y que efectivamente lo han hecho.28La Junta fue aprobada incluso por quienes en un momento se opusieron a ella. Contribuyó a este cambio de parecer su carácter transitorio y la futura ampliación de su representatividad, al convocar la formación de una corte de diputados enviados desde todas las provincias. Más importante pudo ser, aún, la ausencia en la Junta de exaltados y de miembros del Cabildo, la designación del conciliador Toro Zambrano como su presidente, además de la designación de vecinos respetables y de reconocida fidelidad al monarca.\n29 Barros Arana, VIII, 162.\n30 Talavera, 143-144.\n36A partir de la aparente conservación del orden preestablecido, como señala Diego Barros Arana, desde ese día la colonia daba el primer paso al desobedecimiento de las viejas instituciones: “al retirarse del Consulado, todos los actores de aquel drama parecían presentir que ese día comenzaba una vida nueva para esta oscura y abatida colonia”.29La Junta fue reconocida en los principales poblados del país, registrándose sólo una protesta, en Coquimbo, cuyo Cabildo había aceptado firmar la circular enviada por el vicario capitular de Santiago, días antes de reconocer a la Junta. El subdelegado del partido de Copiapó manifestaba en octubre su alegría por “esta sabia i acertadísima decisión dictada por Dios”, mientras el vecindario de Huasco, junto con aceptar la corporación, nombraba anticipadamente a Francisco Antonio Pinto como diputado para el futuro Congreso. La Junta sería jurada por los Cabildos de La Serena, Illapel, San Felipe, Los Andes, Quillota y Valparaíso. Los vecinos de Rancagua, reacios inicialmente a la idea, mostraron esta vez cautela y decidieron apoyar la Junta. Lo mismo ocurriría en Linares, Quirihue y Rere.30\n31 Documentos concernientes a la instalación de la Excelentísima Junta Gubernativa y a su reconocimie (...)\n32 Oficio del Gobernador de Valdivia al Virrey del Perú en que trata de la situación política de Chile(...)\n37En Concepción el entusiasmo fue mayor. Tras la renuncia del intendente Agustín de Álava, su reemplazante, Ignacio de Godoy, afirmaba el 13 de octubre, al momento de jurar el nuevo status administrativo del reino, un encendido discurso en el que señalaba que “desapareciendo de entre nosotros la opresión y el despotismo, no tendremos que temer los golpes del poder arbitrario i, discurriendo todos con libertad con sus verdaderos intereses, la discusión hará conocer una verdad que se ha pretendido ocultar y que es para las Américas un hecho de la más alta importancia, mantenerse eternamente fieles al rey Fernando, que su ruina total, su abatimiento y degradación depende del paso infame, traidor y criminoso de reconocer al usurpador José, o de someterse a alguna autoridad extranjera”. La Junta sería respaldada por el vecindario de esa ciudad y de los poblados aledaños.31La excepción pudo ser Valdivia, muy aislada del resto de Chile, y convertida entonces en un presidio. Directamente ligada a Lima gracias al envío de un situado para la subsistencia del pequeño destacamento, su comandante Alejandro Eagar solicitaba, el 7 de septiembre, instrucciones al virrey respecto a los pasos a seguir ante las noticias provenientes de Santiago, advirtiéndole a priori su rechazo al movimiento. La fidelidad del comandante sería compensada por Lima, incrementando el aporte en dinero y las plazas militares.32\n33 Oficio en que la Audiencia expone las razones que le asisten para negarse a reconocer la Junta Gube (...)\n38La fidelidad mostrada por los Cabildos locales contrasta con la reacción de la Audiencia de Santiago, institución que la misma tarde del 18 de septiembre envió una nota al presidente, impugnando su decisión de hacer participativo a los criollos en el poder: ¿Cómo podrá VS departir su poder y dividirlo, consistiendo muchos colegas y con jueces para la administración y ejercicio del que ha depositado el soberano en un solo individuo? ¿Será conforme a las ordenanzas de este tribunal que muchos lo manden y presidan?... nos oprimen las angustias y aflicciones que a nuestros hermanos compatriotas de la península, o luchamos con el poderoso enemigo que ellos tienen dentro de su casa, ¿debemos añadirle mayor aflicción a la que padecen con la noticia de estas alteraciones y novedades?33\n34 Ibid, 205.\n39El desafiante oficio tuvo una firme respuesta de Toro Zambrano quien, además de aconsejar a la Real Audiencia reconocer a la brevedad a la Junta Provisional, reconviene la actitud de sus oidores ante su insistencia por sembrar el germen de las desavenencias, “conducta por cierto muy ajena de un tribunal del rey y que en fuerza de sus obligaciones debe aspirar a la unión y a la concordia”.34El oficio sería un golpe de gracia a las aspiraciones de la Real Audiencia. Luego de anunciar el envío de la nota del presidente al Consejo de Regencia, el 19 de septiembre sus miembros prestaron juramento de obediencia a la Junta, en medio de los sones de La marcha de la guillotina, interpretada por la banda de la ciudad.\n35 Oficio de la Junta Gubernativa a la Audiencia, preguntándole cuáles son las causales de la protest (...)\n40Ante la hostilidad expresada los días siguientes por algunos oidores, el 24 de septiembre, mediante oficio, la Junta en pleno la conminó a demostrar una actitud más proclive a las nuevas autoridades: “si se niega a tan necesaria demostración, corra al momento la cortina y signifique VS individualmente cual es la protesta para que esta pueda surtir efecto”. Tres días después, en un golpe de autoridad, la Junta le solicitaba ratificar su lealtad, enviando una circular demostrativa a todos los subdelegados de los partidos del reino, “de este modo no quede una chispa que en la distancia fomente un incendio”.35La orden fue cumplida a la brevedad. Según Barros Arana, el rápido cambio de actitud de la Audiencia pudo ser influido por noticias provenientes desde Córdoba, que informaban de la muerte de un grupo de españoles que organizaban la resistencia contra Buenos Aires. Es posible que sus oidores temiesen que los revolucionarios locales quisiesen seguir el ejemplo.\n36 Oficios en que la Junta de Gobierno y la Real Audiencia de Chile dan cuenta al Rey de los sucesos (...)\n41Enviada la circular de reconocimiento, y recogidas las noticias de provincia, el 3 de octubre la Junta oficiaría de su formación al rey, al virrey y al embajador español en Brasil, marqués de Casa Irujo. La nota al monarca, firmada por todos los miembros de la Junta el 1º de octubre, es una larga exposición que resume el acontecer político del país desde la llegada al poder de García Carrasco hasta el 18 de septiembre, reemplazando los tecnicismos que justificaban su legalidad con frases que garantizaban su adhesión absoluta: “si en la presencia de Vuestra Majestad hablando de otro modo la razón, los papeles, la opinión pública y la experiencia sincerarán nuestros procederes y manifestarán… que estamos muy distantes de cegarnos por nuestra ambición que no ceda a la ambición del público y la nación, cuya legítima soberanía respetaremos siempre; en este concepto rendidamente suplicaremos a Vuestra Majestad se sirva aprobar todo lo obrado o disponer de lo que sea su real agrado”.36\n37 Barros Arana, VIII, 167; Providencia del Virrey, en CDHI, VIII, 364.\n38 Oficio a la Junta de Buenos Aires, 1 de octubre de 1810, CDHI, XXV, 314-315.\n42El 2 de octubre, el secretario de la Junta, José Gaspar Marín, enviaba a nombre de ella un oficio al embajador español en Brasil informándole de su formación. Con un lenguaje cuidadoso y por momentos confuso, Marín justificaba la existencia de la nueva asamblea por la necesidad de “preparar un asilo a nuestros hermanos, promover la pública felicidad y conservar, por decirlo así, una de las más preciosas joyas que esmaltan la diadema del adorable Fernando”. Menos conceptuosa sería la carta enviada al virrey el 3 de octubre, donde la Junta le hacía ver que todas las corporaciones y partidos, incluida la Audiencia de Santiago, habían recibido, con el mayor gusto, “tan útil establecimiento”.37De un tenor absolutamente distinto sería el oficio enviado a la Junta de Buenos Aires. “En estos dominios, señalaba, es tanto más necesario que en España el establecimiento de Juntas cuanto es mayor la necesidad de tomar medidas muy anticipadas para defendernos del tirano usurpador, asegurar un asilo a nuestros amados y conservar eternamente estos pequeños restos de la monarquía para el más desgraciado de los reyes”.38\n39 Barros Arana, VIII, 129; Martínez, I, 125.\n43El 6 de octubre, con motivo de la elección de Mateo de Toro Zambrano, la Junta bonaerense escribe para felicitar al nuevo presidente, y advertirle que los “mandones de España”, a través de su virrey en Lima, no dudarían en atentar contra su persona. Ante tal eventualidad, señalan, “si no bastasen los recursos del reino, podrá Buenos Aires partir con él los abundantes auxilios que la poderosa nación inglesa franquea con mano pródiga a los pueblos fieles del Rey Fernando que sostienen sus derechos con energía y se oponen a los viles agentes del usurpador de la Europa”.39Las relaciones con Buenos Aires se consolidaron a partir de la creación de la Junta local, momento en el cual se inicia la gestión directa de esa Junta para unificar el sistema chileno a sus propios objetivos. Lejos de estar motivada por un afán libertario, la necesidad de plegar la causa chilena a la suya obedecía a la urgencia por cerrar un eventual frente de ataque tras conocerse el desconocimiento por parte del virrey del Perú y el apoyo conseguido por éste de las restantes provincias del Virreinato.\n40 Martínez, I, 78-79.\n41 Talavera, 43.\n44Como es de suponer, la Junta tuvo detractores. El 3 de agosto de 1810 un grupo de vecinos de Rancagua escribía al Conde de la Conquista declarando su fidelidad absoluta al Rey Fernando VII, “no admitiendo ni consintiendo las peligrosas innovaciones y novedades que se han intentado en otros puntos de esta América, sin otro fruto ni provecho, que la desolación y la muerte que han padecido los culpados e inocentes”.40 La tensión fue en aumento en la medida que se acercaba la fecha de celebración del Cabildo. Cada día se contaban las noticias de altercados y disputas entre patriotas y españoles en casas, o en las calles, y algunas de ellas dieron origen a acusaciones entabladas ante los alcaldes. En septiembre, un español llamado Francisco de la Carrera, quien al parecer habría dicho en broma que podía reunir dos mil hombres para reponer a García Carrasco, fue apresado, siéndoles confiscados parte de sus bienes. Otro vecino hispano, Fernando de Cañol, sufriría las mismas penas al decir, en una posada de calle Ahumada que “sería bueno llevarse a Lima a todos los juntistas”. En ambos casos la sentencia fue inapelable.41\n42 Martínez, I, 88; Diario de José Gregorio Argomedo, en CDHI, tomo XIX, Santiago, 1911, 11-12; Carta (...)\n45Los temores acerca de rebeliones armadas se hicieron también cotidianos. El 11 de septiembre se hizo correr el rumor de que esa noche el capitán del batallón de los Pardos asaltaría la ciudad. “Esta es noche de matanza”, decían. Al día siguiente, el comerciante español Nicolás de Chopitea, liderando un grupo de sesenta y cuatro españoles, intentó sin éxito tomar el cuartel de artillería, arrogándose la responsabilidad de su cuidado hasta dos días antes de la reunión del Cabildo. El día 16 una conocida vecina, en medio de una trifulca, señaló que su marido, coronel de ejército, encabezaría un movimiento opositor a la Junta, con el apoyo de de un regimiento entero. Igualmente sospechoso resultó el traslado a la casa del depuesto García Carrasco de sesenta corderos abiertos y tres terneras, temiéndose que se tratara de una reserva de comida ante una sublevación española.42\n43 Carlos Silva Cotapos, El clero chileno durante la independencia, Santiago, 1911, 13.\n44 Barros Arana, VIII, 145; Silva, 11.\n46El clero no se mantuvo al margen de las protestas contra la creación de una Junta gubernativa. En junio de 1810 el Obispo de Concepción, Diego Antonio Navarro Martín de Villodrés, publicaba una pastoral donde exhortaba a sus fieles a obedecer a las autoridades constituidas en la metrópoli, condenando con energía las ideas contrarias al orden político vigente. Tiempo después, al recordar su llegada a la zona diría que “apenas tomamos posesión de esta iglesia percibimos el germen de la revolución”.43El 12 de agosto, en su prédica en la iglesia de Santo Domingo, fray Fernando Guerrero llamó traidores, ambiciosos e inspirados por móviles mezquinos y de interés personal a quienes pretendían el establecimiento de una Junta gubernativa. A fines del mismo mes, el sacerdote José María Romo llamaría al público a rechazar “ese espíritu revolucionario y altanero que reina en muchos de nuestros amados chilenos”, advirtiendo que sólo el reconocimiento de las autoridades peninsulares podía acercar al Reino a Dios, “que tan irritado le tenemos”. Pocos días antes de conocerse del Cabildo de septiembre, el vicario capitular de Santiago, José Santiago Rodríguez Zorrilla, distribuyó en toda la diócesis una protesta contra el proyecto de Junta, la cual debía ser firmada por los principales vecinos de cada parroquia. El documento había sido redactado por el propio vicario, con la aprobación de la Real Audiencia.44\n45 Augusto Orrego Luco, La Patria Vieja, Santiago, 1933, tomo I, 429-430.\n47Los temores de conspiración, el control militar de los barrios, la polarización política y los continuos rumores mantuvieron a Santiago en un estado de inquietud y alarma pocas veces visto. Muchos vecinos, en busca de la tranquilidad perdida, abandonaron la ciudad buscando refugio en sus haciendas. El gobierno provisional, intentando permanecer neutral ante los bandos en disputa, permanecería impávido ante la intranquilidad colectiva, tomando recaudos sólo para resguardar el desarrollo del Cabildo. El 16 de septiembre, un bando acordó crear una diputación compuesta de un Alcalde y un Regidor a fin de tomar todas las providencias que fuesen necesarias para resguardar la seguridad ciudadana, obligando a las tropas de la capital a permanecer sobre las armas. El 17 de septiembre ordenó el traslado de esas fuerzas a las plazuelas de San Agustín, Consulado, Merced, San Pablo y Moneda, además de la Plaza Mayor y calles inmediatas. Encomendó también que un regimiento entero, o más si era necesario, rondase todo el día la ciudad, repartiéndose en compañías pequeñas por todas las calles.45\n46 Argomedo, 36.\n48Instalada la Junta y aplacada la intervención de la Audiencia, la oposición a la Junta sólo se manifestaría en rumores aislados y sin fundamento alguno. Hacia fines de septiembre se difundió la noticia que el reconocido monárquico Tomás de Azúa, Marqués de Cañada Hermosa, estaba acampando en el camino de Valparaíso junto a mil hombres, y se preparaba ingresar a Santiago para derrocar a la Junta. El mismo día de la sublevación militar de Tomás de Figueroa, se corrió la voz en la capital que trescientos soldados reclutados en Concepción, y que habían arribado a Valparaíso, se habían rebelado junto a su capitán, el también realista Andrés de Alcázar. En medio de la conmoción general, se comentaba que los soldados, en su mayoría delincuentes reclutados en la cárcel penquista, ya habían sido vistos bajando la cuesta del Prado. Movilizadas las milicias hacia la zona, no encontraron a nadie, al tiempo que se les informaba que las fuerzas aún se encontraban en el puerto. Para prevenir riesgos, el gobierno ordenó al batallón, que se disponía a viajar en auxilio de la Junta de Buenos Aires, pasar directamente a Aconcagua, sin pasar por la capital.46\n49El rechazo a la nueva corporación no se limitaría a rumores. Manuel Antonio Talavera, en Revoluciones de Chile, expone trece reflexiones críticas sobre el acta del Cabildo abierto que estableció la Junta de Gobierno. Del interesante análisis se infiere que el reino de Chile violaba los principios elementales del derecho al resistirse al cumplimiento de leyes emanadas de la suprema potestad de los reyes y, en este caso, de sus representantes en la península. Según Talavera, el rechazo a las autoridades enviadas por el Consejo de Regencia no era sino el resultado de la ambición de un grupo de sediciosos ávidos de poder, desconociendo la validez del poder real. La oposición del escribano a la Junta se hace explícito, con cierto fundamento, al cuestionarse quiénes, efectivamente, eran los enemigos que reconocía el reino de Chile. El invasor francés carecía de armada, y la resistencia en la península hacía muy difícil extender la conquista hacia territorios ultramarinos. Inglaterra era la gran aliada de España en el conflicto, por lo que el riesgo era todavía menor. Entonces, a juicio del cronista, los temores militares no podían ser excusa. Sin afirmarlo directamente, sospecha que los preparativos propuestos para la defensa del reino podrían estar orientados hacia otros objetivos. En último caso, señala, por afectar los intereses de la corona, el resguardo del reino no debía ser de competencia de las autoridades locales.\n47 Talavera, 89-101.\n50Más adelante, Talavera critica la relativa representatividad de la Junta, cuestionando el hecho de haberse constituido a nombre de todo el reino sin consultar al resto de ciudades, villas y pueblos. La Junta sería ilegítima sólo considerando este detalle, aseguraba. Por ello, y apuntando una indicación que más adelante sería reiterada por José Miguel Infante, se preguntaba cómo era posible que el pueblo aceptase su instalación sin esperar primero el envío de diputados de las respectivas provincias. Por último, el funcionario plantea sus temores de lo que vendría, una vez controlado el país por los criollos: “Un pueblo que por sí y por los medios de tumultos e insubordinaciones ha conseguido sus repetidos designios, ¿no tendrá en su mano obedecer o no obedecer a ese Supremo Consejo de Regencia? ¿No será de su arbitrio instalar ahora esta clase de gobierno, y después otro, valiéndose del mismo método? ¿No tendrá en su facultad el sacudir el yugo de la subordinación con un sistema de independencia, o reducirle, como ahora, a las reglas de su deliberación? Yo entiendo que el haber roto las riendas de la obediencia al plan de Gobierno nacional reconocido, y cultivado en estas Américas por tantos años, ha de ser la causa y origen de que aquellas que han incidido en este crimen, con el tiempo se sacudan el yugo de la metrópoli por medio de una absoluta independencia; y este es el mayor mal, el cáncer más ejecutivo que amenaza a este reino, y por su ejemplo a las demás posesiones ubicadas a estas distancias de la metrópoli, principalmente en el tiempo en que ésta está afligida y por sus atenciones embargadas con la defensa del tirano que le quiere dominar. El remedio debe ser activo y pronto, si no se quiere llorar para siempre esta pérdida.47\n48 Oficios en que la Junta de Gobierno y la Real Audiencia de Chile dan cuenta al Rey de los sucesos (...)\n51La Junta de Gobierno provisional quedó estructurada de la siguiente forma: Mateo de Toro y Zambrano fue designado Presidente Perpetuo. Su mandato se extendería aún por sobre la voluntad del Congreso a convocarse. El Conde de la Conquista sería secundado por seis vocales provisorios, quienes durarían en sus funciones mientras llegaban a la capital los diputados de todas las provincias del país. El 5 de octubre la Junta dio a conocer las instrucciones que servirían de norma para el despacho y ceremonial que debía guardarse en los actos públicos. En él se acordaba que el presidente y los vocales se reunirían diariamente en el palacio de la plaza mayor desde las nueve hasta las doce del día, y en casos excepcional, de seis a ocho de la noche. La norma creaba los departamentos de Gobierno, Guerra y Secretaría, a cargo de Gaspar Marín, y el de Real Hacienda, a cargo de José Gregorio Argomedo. La Junta se reservaría los negocios vinculados al patronato real. Las medidas tomadas por ambas oficinas podían ser aprobadas sólo por el Presidente. En los asuntos de gravedad no se requería, en ningún caso, la aprobación de la totalidad de los vocales. Los miembros de la Junta gubernativa recibirían los mismos honores militares de virreyes y presidentes.48\n52El último ítem del instructivo invitaba a todos los vecinos a dirigirse por escrito o de palabra a cualquiera de los vocales o a toda la Junta, comunicándole todo lo que estimase conveniente a la necesidad, seguridad pública y felicidad del Estado. Atendiendo al llamado, a mediados de octubre, Juan Egaña presentaría su Plan de Gobierno confeccionado y propuesto al Presidente de la Excelentísima Junta de Gobierno, extensa obra preparada con seguridad desde antes de la formación de la Junta, en que expone lo que a su juicio podía llevar al país a un desarrollo social y económico. Egaña era partidario de un gobierno simplificado en sus procedimientos y con una burocracia mínima. Para evitar las engorrosas y eternas disputas judiciales, aconsejaba formar un Tribunal de Arbitrios, que costearían los propios litigantes. No sería admitido pleito civil en los tribunales sin que primero el caso hubiese sido analizado por éste. Para desestimular los reclamos sin fundamento, quien perdiese un juicio o no aceptase un avenimiento, sería condenado a pagar la totalidad de las costas de él. Para hacer efectiva la práctica de las leyes, el jurista proponía que un Alcalde ordinario, junto con otro de Corte bastaría para acelerar las causas de los reos. Para aprovechar la mano de obra ociosa, estimaba conveniente instalar en las cárceles del país algún ramo de industria bajo el control de alguaciles de corte y ciudad.\n49 Ibid, 105-107.\n53Respecto a la política interior del gobierno, Egaña estimaba que, considerando las características de la población chilena, debían fomentarse diversiones honestas que “disipasen el prurito de hablar todos, y a todas horas de materias públicas”. Para evitar conflictos, aseguraba, el gobierno tenía por misión conservar una noble popularidad, cuidando de dar una imagen de ecuanimidad y respeto por los derechos religiosos, de los individuos -chilenos o peninsulares- y del Estado. En política exterior, Egaña era partidario de escribir a cada una de las Juntas formadas en el continente, invitándolos a nombrar diputados que conformasen un Congreso americano, institución que, en caso de consolidarse el dominio francés en España, velaría por los asuntos de la región. De este modo, pensaba, el continente se arriesgaba a disolverse en mil disensiones civiles y vienen a parar en ser presa de los extranjeros. Para profundizar y hacer aplicables sus ideas, Egaña sugería a la Junta formar una comisión de tres o cinco hombres sabios, quienes a la brevedad debían dar cuenta de sus observaciones.49\n54El Plan de Gobierno, en muchos de sus puntos, contravenía las ideas generales de los miembros de la Junta, especialmente en materias económicas. En ámbitos políticos, judiciales y de relaciones exteriores su planteamiento, claramente influenciado por doctrinas en boga, implicaba una revolución administrativa que no estaba acorde a los requerimientos de su tiempo. Más allá de esas deficiencias, sin embargo, la iniciativa de Egaña es destacable en un momento en que las prioridades de gobierno no pasaban por la necesidad de adquirir ideas para llevarlas a cabo, sino por la urgencia de darse una organización interna coherente a partir de la cual poder impulsar políticas públicas. La obra de Egaña, por último, se alzó como el primer y último intento sistemático conocido de planificar una nación desde un modelo organizacional novedoso, más allá de las influencias doctrinarias claramente identificables en su contenido.\n55Poco tiempo después de presentado el Plan de Gobierno salió a la luz el Reglamento Provisional de la Junta Gubernativa, promulgado el 5 de diciembre de 1810, con el objetivo de “arreglar y poner al corriente el despacho de los negocios”. Creaba el cargo de Asesor de Junta, quien auxiliaría a su Presidente en asuntos políticos y financieros, remitiendo a los juzgados ordinarios las causas civiles en caso de existir disputas contenciosas. De las sentencias, acuerdos, providencias y resoluciones de la Junta se podía suplicar sólo ante ella misma, no permitiéndose apelación alguna en otro tribunal que no fuera el Supremo Consejo de la Nación. Asertivo y con un lenguaje claro, el Reglamento, en ninguno de sus puntos incita a deducir una rebelión contra el Consejo de Regencia, pese al desconocimiento de su autoridad en Chile. No obstante, si bien las atribuciones concedidas al Presidente de la corporación se asemejan a las ejercidas por los Gobernadores en años previos, es notoria la voluntad de monopolizar el poder en desmedro de las instituciones hispanas aún en funcionamiento. En ese sentido, y más allá de los comprensibles vacíos que pueda presentar, la importancia del código radica en que, sin tomar un lenguaje rupturista, logra imponer una autoridad avalada por una amplia mayoría de la sociedad de su época.\n50 Luís Valencia Avaría, Anales de la República de Chile, Santiago, 1951, primera parte, 39-40.\n56Dicha autoridad sería avalada al conocerse un nuevo intento de intervenir en temas internos por parte del Consejo de Regencia, quien designó a fines de 1810 a Antonio Valcárcel, marqués de Medina, como gobernador y capitán general de Chile. En una amable, pero escueta carta enviada al designado, la Junta de gobierno le informa que, reconocida la igualdad entre los pueblos de España y América, considerase mantenerse en la península “o al menos no pasar a estas regiones con el título de presidente ínterin, porque será sin efecto su venida”.Valcárcel no pisaría suelo chileno.50\n51 Villalobos, El bajo pueblo, 37.\n57La idea de generalizar la educación, si bien tiene raíces coloniales, comienza a desplegarse con fuerza los años precedentes al fin del dominio español. En enero de 1808, Anselmo de la Cruz, en memoria leída ante el Consulado, afirmaba que el medio más apropiado de detener los desórdenes en ciudades y campos, y de que se pudiese dar fomento a la agricultura, industria, arte y comercio del reino, era proporcionar la educación popular a la porción ignorante. A su juicio, de este modo el individuo se conocía a sí mismo, reconocía la existencia de un Dios, de una Providencia, la inmortalidad del alma, la de una vida futura, los fundamentos de una verdadera creencia, las relaciones sociales y familiares con que se forma al útil soberano.51\n52 Sesiones, 317\n58En septiembre de 1810, los estudios en Santiago estaban concentrados en cuatro instituciones, además de las aulas especiales que funcionaban en los conventos. La Universidad de San Felipe, el Colegio Carolino, la Academia de San Luis (también conocida como la Academia de matemáticas y dibujo) y el Seminario Conciliar. En provincia, las instituciones educacionales dependían de las órdenes religiosas, concentrándose en Chillán y Concepción. En general, estos centros carecían de recursos, de infraestructura adecuada, de profesores capacitados y, lo que era peor, de alumnos. El decadente estado de la educación pública era, para muchos, el origen de la postración del reino. En febrero de 1811, Manuel de Salas, en oficio enviado a la Junta gubernativa señalaba que “en Chile se ha descuidado esta materia hasta un punto en que faltan expresiones para denotarlo, y que se haría increíble a quienes no lo toquen; así, el extenderse sobre esto no hará sino avergonzarnos, cuando felizmente estamos en la época de remediar el más grave de los males, y de poner en uso las proporciones que nos presenta la salubridad del clima; la baratez de los artículos para la subsistencia; la aptitud de nuestros jóvenes, no sólo para recibir la instrucción que los haga útiles a la patria en todas las carreras, sino para que logren de ella los que vengan de otras partes.”52\n53 Sesiones, 318.\n59La ausencia de una política impulsó a la Junta gubernativa a implementar un sistema eficiente, constituyéndose como un elemento prioritario de las políticas de Estado. Las iniciativas no tardaron en aparecer. En su Plan de Gobierno de octubre de 1810, Egaña propone desarrollar en el país la educación industrial y científica. A su juicio, “la obra de Chile debe ser un gran colegio de artes y ciencias; y sobre todo, de una educación civil y moral capaz de darnos costumbres y carácter. Ahí debe haber talleres y maestros de todas las artes principales, incluso la agricultura, catedráticos, máquinas y libros de todas la ciencias y facultades desde las primeras letras; magistrados y superiores que dirijan las costumbres”. En febrero de 1811, el ya citado Manuel de Salas, director de la Academia de San Luis, sugería a la Junta la creación de un colegio en que se enseñasen todos los principios de la buena educación: primeras letras, idiomas, moral, dibujo, aritmética, filosofía y educación física. A partir de esa instrucción básica los alumnos podían distribuirse, según sus inclinaciones, a las aulas de filosofía, matemáticas y ciencias, recibiendo una preparación paralela, “por entretenimiento”, en uso de armas y ejercicios militares. La institución sería estatal y nacería de la fusión de los colegios de la ciudad, ofreciendo plazas gratuitas, de media paga y paga completa, concedidas según las facultades y abolengo de sus aspirantes. Salas proponía implementar el nuevo instituto en las instalaciones del espacioso Colegio San Carlos, que entonces sólo albergaba catorce alumnos, trasladando al lugar los implementos de su Academia de matemática y dibujo, con su pequeña biblioteca y gabinete de historia natural.53\n54 Mario Góngora, El pensamiento de Juan Egaña sobre la reforma eclesiástica: avance y repliegue de u (...)\n60Apremiados por eventualidades políticas, la Junta no lo alcanzaría a considerar. Es posible, no obstante, que ejerciera alguna influencia la objeción al proyecto del rector del Colegio Carolino, Pedro Tomás de la Torre, quien defendería la autonomía de su seminario debido a su carácter religioso y a diferencias en sus planes de estudio. Una vez instalado el Congreso Nacional, los proyectos que reflotan iniciativas educacionales estarán claramente influidos por el mensaje del rector de la Academia San Luis. El Plan de organización del Instituto Nacional de Chile, Escuela Central y Normal para la difusión y adelantamiento de los conocimientos útiles, presentado por Camilo Henríquez el 7 de noviembre de 1811, es una excelente readaptación de esos principios. Estos a su vez, serían replicados en el documento titulado Ordenanzas del Instituto Nacional, Literario, Económico, Civil y Eclesiástico del Estado, preparado por el senador Juan Egaña, el Director General de Estudios Juan José Aldunate y al Rector del Convictorio Carolino, Francisco Javier Echaurren, y que daría origen a esa institución en agosto de 1813.54\n55 Barros Arana, Historia de la Independencia de Chile, Santiago, 1849, tomo I, 423-425.\n56 Barros Arana, VIII, 184.\n57 Barros Arana, I, 179.\n61Al momento de inaugurarse las sesiones de la Junta, había en el país 1.730 soldados de línea y 3.138 milicianos. Los primeros se concentraban en las zonas extremas. El costo anual de mantención de estos efectivos, sólo en sueldos, era de 210.252 pesos.55La represión ejercida por el virrey del Perú contra los levantamientos de Quito y Alto Perú hizo suponer en Chile una posible represalia. Ante tal eventualidad, el 23 de octubre la Junta solicitaba al Cabildo “poner al reino en el mejor estado de defensa”, considerando la escasez de fondos, al tiempo que ordenaba la creación de un batallón de infantería veterana de seiscientas treinta plazas.56La necesidad de reforzar la defensa obligó a la Junta a efectuar recortes salariales y a aumentar los impuestos. En noviembre, ordenó bajar el sueldo a los funcionarios públicos un diez por ciento (los que recibían entre seiscientos y mil pesos) y un quince por ciento a quienes recibían hasta tres mil. Sobre ese monto el descuento sería del veinticinco por ciento. También desde inicios de ese mes el valor de cada libra de tabaco en polvo fue recargado con un real cada mazo de tabaco en rama y con tres cuartillos cada baraja. El 8 de enero de 1811 la Junta mandó suspender la construcción de la catedral de Santiago, y echó mano de los fondos de las vacantes eclesiásticas. La Junta además tomó algunas cantidades legadas por los españoles residentes en Chile para hacer en la metrópolis fundaciones piadosas, bajo el compromiso de establecerlas más tarde en el país. Del mismo modo, se apropió un fondo considerable que había en las cajas del Consulado, producto de un impuesto extraordinario con que se había gravado la exportación de frutos chilenos para socorrer al gobierno español. Desde entonces no hubo fondo público que no fuera considerado propiedad del Estado.57\n58 Documentos de la Primera Junta de Gobierno de 1810, publicados por Fernando Márquez de la Plata, e (...)\n59 Oficio al ministro inglés Sir Richard Wellesley, solicitando la aprobación de n contrato celebrado (...)\n60 Barros Arana, I, 174-175.\n62Las necesidades de erario afectarían también a los indígenas tributarios del país. El 13 de febrero de 1810 la Junta acordó liberarlos del pago de tributos, aduciendo el estado de miseria en que muchos de ellos se encontraban. La medida los homologaba al resto de los habitantes del reino, lo que en la práctica significaba que pagarían los mismos derechos establecidos para todos.58El 9 de noviembre de 1810 la Junta concluyó un contrato de compra de armas con el inglés Diego Wintiquer, quien se comprometió traer a Chile diez mil fusiles y su bayonetas y fornituras, tres mil pares de pistolas, seis mil sables, dos mil vestuarios, entre otros implementos. El contrato estaba sujeto a la aprobación del gobierno inglés, por lo que la Junta debió remitir un oficio al ministro inglés, sir Richard Wellesley, haciéndole valer la alianza entre España e Inglaterra, advirtiéndole las ventajas económicas de la transacción y la enorme urgencia de su demanda.59Pero el armamento no podía llegar con la celeridad que esperaba la Junta… en esos momentos de animación llegó a creer que era posible plantear en Chile por cuenta del Estado una maestranza de armas, una fábrica de cañones, y se pensó en José Antonio Rojas, quien, además de haber viajado a Europa, tenía conocimientos de física y mecánica. El 17 de noviembre la Junta le comisionó esta labor, si buen no llegó a realizarse por la escasez de elementos y recursos y por la falta de personas competentes en la materia.60\n63El Cabildo, en tanto, trabajaba con un grupo de vecinos para cumplir la solicitud encomendada por la Junta. El 27 de noviembre, una comisión compuesta por Juan Egaña, José Samaniego y el Capitán de Ingenieros Juan Mackenna, presentó su plan general de defensa del reino y de organización militar. El proyecto fue el resultado de las observaciones hechas por Mackenna quien, en un período de quince años transcurridos desde su llegada al país, pudo recorrer la costa y elaborar estudios de defensa. El producto final es un riguroso estudio de la geografía del país, y un claro ejemplo de las virtudes militares del irlandés. La participación de Egaña y Samaniego pudo limitarse a estudios de costo y estilo del proyecto. Los objetivos del Plan de Defensa no son tan claros. Si bien estaba destinado a resistir una posible invasión y conquista francesa, que se encontraba en pleno proceso de reconstrucción de su marina, buscaba también proteger el comercio interior del contrabando que tan gravemente había afectado la economía los años previos. Según el proyecto, la América Española se constituiría “en el país más interesante del mundo para las potencias mercantiles, no sólo por sus ricas producciones naturales, sino [por] que, estando enteramente destituido de fábricas y artes, es indecible su consumo de géneros europeos”. Por ello, aconsejaba concentrar las fuerzas militares en los territorios poblados y productivos del reino, reduciendo al mínimo la guarnición de Valdivia y abandonando las guarniciones a orillas del Biobío.\n61 Plan de defensa estudiado por una comisión compuesta por don Juan Egaña, don José Samaniego y el C (...)\n64Para preservar la tranquilidad en esta zona de conflicto, el plan aconseja crear una alianza con los mapuches, proponiendo al Cabildo invitar a tres o cuatro diputados que tratasen directamente con el gobierno los medios de estrechar enlaces de paz y comercio, y si era posible, lograr la devolución de la arruinada ciudad de La Imperial. Los enviados mapuches, que debían tener algún rango de autoridad comprobado, serían mantenidos por el gobierno y recibirían un salario. Para garantizar el éxito de los acuerdos, serían considerados rehenes del estado. Respecto a la población indígena, estimaban que no era conveniente reducirlos a pueblos, “porque en ellos podían adquirir luces y conocimientos militares que nos serían perjudiciales”. Considerando además la antipatía demostrada hacia la civilización, los autores creían que solo con haciendas y pueblos españoles establecidos entre ellos, se podía lograr la unión que permitiría, con el transcurso del tiempo, formar con el resto del país una sola nación. Pacificado el sur, aseguraban, debían fortificarse los puertos de Coquimbo, Valparaíso y Talcahuano, creando además un ejército de mil hombres bien armados y disciplinados. Se organizarían también milicias provinciales, movilizando a veinticinco mil hombres divididos en tres circunscripciones, quienes también contarían con la adecuada instrucción. Para la formación de oficiales, el proyecto proponía la creación de una escuela militar y la compra de gran cantidad de armamento. El plan, que iba acompañado de una completa evaluación de los costos de su implementación, significaba un desembolso de 163.788 pesos.61\n62 CDHI, XXV, 334-350.\n63 Barros Arana, VIII, 187. Para una visión de las tropas, León, Leonardo, Reclutas forzados y desert (...)\n65El Cabildo aprobó la iniciativa y la traspasó a la Junta, donde sería desechada. En cambio, la corporación crearía diversos cuerpos militares concentrados en Santiago: el 16 de diciembre formaba el Real Cuerpo de Artillería, el 22 el Batallón de Infantería Veterana de Granaderos de Chile y el 24 el Batallón de Caballería Veterana de los Húsares. El total de nuevas fuerzas superó los mil quinientos efectivos.62Los cupos de tropa fueron llenados mediante suscripción voluntaria y enrolamiento forzoso. Los de oficiales, en cambio, fueron llenados por vecinos con escasa o nula experiencia en el área. Barros Arana cita en su Historia General de Chile un ejemplo que ilustra de forma notable el nuevo ejército: una caricatura fijada en esos días en las puertas del palacio representaba a un grupo de oficiales vestidos con trajes llenos de bordados y galones, y seguido por un soldado en harapos.63\n64 Boletín de leyes y decretos de gobierno, 1810-1814 [en adelante BLD], 114-115; Talavera, 223-225; B (...)\n66Los temores de las autoridades pronto comenzarían a verificarse: el 6 de febrero, se supo en Santiago de la llegada a Montevideo de Francisco Javier de Elío, designado un año gobernador de Chile por el Consejo de Regencia. Nombrado esta vez virrey, gobernador y capitán general del Río de la Plata, supuestamente se hacía acompañar por seis mil soldados para la subyugación de Buenos Aires y de sus provincias aliadas. Pese a que la noticia fue rápidamente desmentida, el Cabildo pudo cerciorarse de la indefensión de reino. Suponiendo que un ataque necesariamente debía provenir desde el Atlántico, aconsejó estudiar los medios para auxiliar a Buenos Aires. Acogida la insinuación, el 7 marzo de 1811, la Junta ordenó el envío de cuatrocientos soldados a dicha ciudad, trescientos de los cuales debían ser reclutados en Concepción. Parte de esos soldados fueron enganchados en los alrededores de Concepción, constituyendo, en su mayoría, presos en la cárcel local, perseguidos por la justicia y con causas pendientes. Sólo se exceptuaron parricidas o quienes hayan cometidos muerte con alevosía.64\n65 Talavera, 243.\n67Los argumentos expuestos en el decreto que justifica el envío de soldados por parte de la Junta encierra el doble discurso de las autoridades nacionales frente al tema de la soberanía. La necesidad de defensa de Chile fue motivada por las noticias falsas del arribo del representante del Consejo de Regencia a Montevideo; sin embargo, el mismo documento señalaba que el despacho de tropas se justificaba por “las actuales peligrosas circunstancias en que se haya la España de ser subyugada por las fuerzas superiores del usurpador José Bonaparte”, sin indicar en ninguno de sus términos el origen real de la hipotética amenaza. La decisión de auxiliar a Buenos Aires creó aguda controversia entre la Junta gubernativa y los Cabildos de Santiago y Concepción. El primero, porque el alejamiento de cuatrocientos soldados de la zona los haría más vulnerables a posibles ataques extranjeros y a las correrías mapuches. El segundo, representado por su procurador, hizo ver el 19 de febrero la inconveniencia del traslado de fuerzas tanto por el alto costo de la expedición como por dudar de la veracidad de las informaciones provenientes desde Buenos Aires. Con el correr de los días se agregaría una nuevo peligro para la seguridad interna, al conocerse detalles de un supuesto plan de ataque de virrey peruano, quien estaría preparando en Arica un ejército de dos mil quinientos soldados.65\n66 Egaña, 52-53.\n67 Oficios en que la Junta de Gobierno y la Real Audiencia de Chile dan cuenta al Rey de los sucesos (...)\n68Cabe indicar que la política de asistencia militar de la Junta no correspondía a una ocurrencia del momento. El 26 de noviembre el quinto vocal de la Junta, Francisco Javier de Reina, escribía a su par de Buenos Aires informándole que uno de los objetivos de la corporación era velar por la seguridad interior y exterior del reino, proponiendo para ello la organización de un plan general conjunto de defensa.66Las tergiversaciones producidas por las dificultades de comunicación, afectaban de igual manera a ambos bandos. Del mismo modo que las noticias de preparativos militares desde el Perú o las amenazas provenientes de Montevideo provocaban alarma en la población, en el sector realista cundían temores similares. En carta enviada por el frustrado virrey del Río de la Plata, Francisco Javier de Elío al Rey, el 20 de septiembre de 1810, refiere a la formación de regimientos de milicias de caballería en Quillota, Aconcagua, Valparaíso, Melipilla, Rancagua, Colchagua, Curicó, Maule y Concepción, además de la futura creación en San Fernando y Talca. Elío notifica al monarca que, en total, las fuerzas organizadas en Chile superaban las doce mil plazas, las que serían armadas a la brevedad por Mateo Arnaldo Hoevel, quien se habría comprometido con la Junta para llevar diez mil fusiles, tres mil pistolas y un número indeterminado de sables.67\n68 Barros Arana, VIII, 195.\n69 Actas del Cabildo, 87.\n69Una de las medidas más recordadas de la Junta de Gobierno fue la promulgación, el 21 de febrero de 1811, del decreto de libre comercio, que abría los cuatro principales puertos chilenos al intercambio comercial con las potencias aliadas y amigas de España, además de las neutrales. Los antecedentes del decreto se remontan a la península, donde tras el cautiverio del rey y la formación del Consejo de Regencia, comenzó plantearse la idea como una forma de aumentar los ingresos fiscales para financiar la resistencia e incentivar el reconocimiento de la nueva autoridad por parte de los americanos. La promulgación de un decreto apócrifo sancionando la libertad de comercio en las colonias –rápidamente derogado-, no hace sino confirmar al menos las intenciones de ampliar los beneficios del intercambio.68En Chile la idea de establecer el libre comercio comenzó a ser debatida en el Cabildo al poco tiempo de formada la Junta, como un medio para subsanar la necesidad de recursos para financiar los gastos derivados de la defensa sin tener que recurrir a los odiosos impuestos extraordinarios. La medida había sido apoyada por parte importante del comercio capitalino, quienes veían en la eliminación de restricciones los estímulos básicos para fomentar la industria nacional.69\n70El 1 de diciembre de 1810, el síndico procurador del Tribunal del Consulado, Anselmo de la Cruz, enviaba a la Junta un informe señalando la conveniencia de instaurar el libre comercio. “He aquí propuesta de un golpe toda nuestra felicidad”, afirmaba, al comenzar su alocución. A juicio del procurador, a excepción de algunos productos específicos, debía permitirse la importación de cualquier tipo de manufacturas, incluidas las que podían competir con las regionales. De acuerdo a la lógica de Cruz, los grandes beneficiados serían los consumidores, quienes tendrían acceso a especies de mejor precio y mayor calidad, lo que obligaría a los productores locales a perfeccionarse y competir. El intercambio implicaba no entrabar la salida de oro y plata, suponiendo que una industria local preparada para exportar podría revertir la salida de metales precisos. Las restricciones propuestas por el procurador del Consulado refieren a la introducción de toda clase de licores y azúcar, así como la introducción de tabaco, en rama y polvo, de naipes y pólvora. La medida pretendía proteger los cultivos de vides en el país, y de azúcar en el Perú. En el caso de los tres últimos productos, no afectar las entradas derivadas del estanco. Las prohibiciones alcanzaban también a los barcos extranjeros del comercio, quienes no podían recalar por más de cincuenta o sesenta días. Superar el plazo podía despertar sospechas de negocios ilícitos.\n70 Barros Arana, I, 197-199.\n71El proyecto de Anselmo de la Cruz sería rebatido por un importante grupo de comerciantes españoles, quienes adujeron motivos más políticos y emocionales que económicos para fundamentar su rechazo. A su entender, la apertura de nuestros puertos al comercio extranjero importaría manos que la propagación de enfermedades terribles, de pestes contagiosas y endémicas, traídas por esas embarcaciones extranjeras a quienes se quería favorecer en perjuicio del reino. Otros dijeron que la falsificación de las especies era segura e inevitable, que las sederías francesas y los paños ingleses iban a ser vendidos en nuestros mercados como legítimos productos de Valencia y Barcelona; y, por ultimo, otros alegaron a falta de otras razones, que se iba a defraudar a la Madre Patria y a su soberanos en un derecho que legítimamente le pertenecía.70\n72La Junta, al considerar la aprobación del libre comercio, no consideraría tanto la opinión del Tribunal. Aparentemente la decisión pasó más bien por las noticias provenientes de Buenos Aires, donde algún tiempo antes se había establecido la apertura comercial. De acuerdo a lo informado, los ingresos se incrementaron de tal manera que alcanzó para abonar deudas atrasadas y generar un importante excedente fiscal. Por ello es de suponer que en la redacción final del decreto el criterio de los comerciantes, los verdaderos interesados en imponer o rechazar la medida, fueron obviados. El decreto del 21 de febrero establecía un derecho del treinta por ciento a las mercaderías ingresadas por puertos nacionales, rebajando un diez por ciento sobre los derechos a los comerciantes que introdujesen productos en embarcaciones de su propiedad y un veinte por ciento si las naves hubiesen sido construidas en Chile. El Reglamento eximía del pago de derechos a libros, planos, cartas geográficas, sables, espadas, pistolas, fusiles, cañones, pólvora, balas y demás pertrechos de guerra, imprentas, instrumentos de física y matemática, utensilios y máquinas para manufacturas o tejer cáñamo, lino, algodón y lana, sin limitación alguna y por el término de ocho años. Protegiendo la industria local, prohibía el ingreso de productos que se elaboraran en el país, tales como alhajas de plata, cáñamo, cobre, cueros, cordobanes, latas, muebles, ningún tipo de madera, camisas y vestidos. También prohibía el ingreso de alcoholes y de especies estancadas, al igual que la extracción de oro y plata, permitiendo las transacciones en doblones y pesos fuertes, con su respectiva contribución diferencial a la plata y el oro.\n71 BLD, 29-41.\n72 Villalobos, Comercio y crisis colonial, 268.\n73El reglamento dispuesto para la apertura y fomento del comercio y navegación, promulgado pocos días después, presentaba estímulos adicionales. Todo capitán o maestre de buque que trajese a Chile científicos, especialmente matemáticos, químicos, botánicos y artesanos, serían tratados como beneméritos de la Patria, por contribuir a propagar en esta población los conocimientos útiles que proceden a la Industria y hacen florecer el comercio. Del mismo modo, el cosechero o fabricante nacional que de su cuenta exportase al extranjero frutos o manufacturas, obtendría una rebaja de la mitad de los derechos que adeudare. Si los frutos y efectos se volviesen a introducir al país por falta de expendio en el extranjero, se devolverían los derechos que pagaron a su salida y no adeudarían ninguno de entrada.71Pese a las expectativas puestas en el decreto, sus beneficios inmediatos fueron relativos. Como ha sido demostrado por Sergio Villalobos, la norma fue impuesta por la Junta de Gobierno como una necesidad de enfrentar los gastos del programa gubernativo, sin escuchar las demandas de los afectados por la decisión. Por otro lado, la libertad de comercio debe estar apoyada en el estímulo estatal a la industria local, la que a la fecha era inexistente, en una protección portuaria efectiva contra el contrabando, un desarrollo en su infraestructura y, fundamentalmente, promoviendo acercamientos comerciales. Nada de eso se haría.72\n74El Congreso de Diputados que reemplazaría a la Junta gubernativa de 1810 es una creación absolutamente nacional, no encontrándose proyecto de institución similar en ninguna de las nacientes repúblicas. Pese a que, en apariencia, constituía una imitación de la estructura adoptada por el Consejo de Regencia, es posible que la idea haya surgido de José Miguel Infante, procurador del Cabildo y admirador de los Estados Unidos, única nación que disponía entonces de un consejo representativo. El 13 de octubre el Cabildo de Santiago presentaría a la Junta un proyecto de reglamento al que debían someterse las provincias en la elección de diputados. La norma dispuso que, para ser electo, los aspirantes a diputados debían ser sujetos de buen juicio, acreditada probidad y patriotismo. No podían ser electos curas, oficiales veteranos ni los empleados de la real hacienda.\n73 Actas del Cabildo, 64; Sesiones, 4-6; Barros Arana, VIII, 190.\n74 Sesiones, 7.\n75Las villas cabeceras y ciudades del reino elegirían sólo un diputado, a excepción de Concepción, que por ser obispado elegiría dos, y Santiago, seis.El Cabildo se apresuró en enviar a provincias el instructivo, sin que éste fuese analizado y aprobado por la Junta. Cuando el tema volvió a tratarse, en diciembre de ese año, La Serena, Petorca y Concepción ya habían designado sus representantes. A juicio del procurador del Cabildo, José Miguel Infante, el aparente entusiasmo encerraba una secreta ambición que se manifestaba en algunos vecinos desde el mismo día en que se instaló la Junta: “en una época en que todo debe respirar desinterés y patriotismo, señala, no faltan quienes tratan de sólo hacer su negocio y de sacar ventajas, sin atender al detrimento que a la causa pública infieren”.73Ante la demora, el 14 de diciembre Infante instaría al Cabildo para apurar la oficialización del reglamento de elección de diputados. El procurador afirmaba su opinión señalando que, ante la muerte civil del rey, era urgente la formación de un Congreso de representantes: si quisiera contraerme a individualizar las calamidades de los pueblos a que ha de poner término el Congreso de diputados y los bienes que debe promover y sancionar, no me sería posible enumerarlos. Ésta ha de ser obra propia del estudio y la meditación de los más profundos y mejores sabios; pero lo cierto es que todos comprenden que la verdadera felicidad del reino ha de empezar desde que quede sancionada la nueva constitución”. Influido por su entusiasmo, Infante agregaba que, de haberse seguido la lógica del caso, el Congreso debió haberse constituido antes de la Junta, pues “primero es dictar las leyes, lo que es privativo del alto poder de los pueblos, y después constituir la autoridad en quien resida el poder ejecutivo”.74\n75 BLD, 14.\n76Al día siguiente la Junta oficializó el llamado a elecciones y las funciones del futuro Congreso. La propuesta, levemente diferente a la cursada el 13 de octubre, señalaba que treinta y seis representantes de todas las provincias y partidos debían reunirse en la capital para acordar el sistema que más conviniese a la seguridad y prosperidad de la nación. Sus objetivos no dejaban de ser ambiciosos: el nuevo Congreso debía asegurar la observancia de las leyes fundamentales, evitando la creación de gobiernos despóticos; reformar la instrucción pública que, modificando las costumbres, formasen desde la primera edad ciudadanos útiles y benéficos a la religión y a la patria., el arreglo de los tribunales de justicia, para lo que la solicitasen se les administrara sin retardo. Por último, el Congreso debía estimular el fomento de las artes y la agricultura, desterrando el ocio y la mendicidad. La distribución de diputados varió en relación a la propuesta inicial. Concepción elevó su número de representantes a tres, al igual que Chillán, Talca, San Fernando y Coquimbo, con dos. Santiago mantendría sus seis diputados, casi un cuarto del total.75\n76 Sesiones, 8-11.\n77 Barros Arana, VIII, 190.\n77El reglamento tiene indicaciones llamativas. Quedaban excluidos de participar en el proceso quienes hayan ofrecido o admitido cohecho para que la elección recayese en determinada persona. Para votar, era necesario gozar de alguna consideración pública, beneficio que se conseguía teniendo fortuna, talentos o calidad, además de ser mayor de veinticinco años. Pese a que no se requería renta o posesión de bienes para ser candidato, se recomendaba a los electores elegir personas con los bienes suficientes para costearse el servicio a la patria. No podrían votar los extranjeros, los fallidos, los que no fueran vecinos, los procesados por delitos, quienes hubiesen sufrido penas infamatorias y los deudores de la real hacienda. Finalmente, en las ciudades donde se eligiese más de un diputado, la elección sería sucesiva, nombrándose de a uno hasta cumplir el cupo asignado.76El período comprendido entre la dictación del acuerdo y el día de las elecciones no estuvo exento de problemas. A principios de 1811 el Cabildo de Santiago solicitó a la Junta elevar el número de representantes a doce, sugiriendo mantener el número de treinta y seis, descontando la diferencia a los distritos con más de un diputado. La negativa de la Junta a la reforma provocó la molestia del Cabildo, en lo que fue interpretada como una maniobra de Juan Martínez de Rozas por mantener una representación proclive a su bando.77\n78 O’Higgins y Mackenna, íntimos, en RCHHyG, nº 20, 1915, 14-17.\n79 Sesiones, 13.\n80 Memorial de don Agustín de Urrejola sobre su participación en los sucesos de la revolución de Chil (...)\n78A las críticas a su conformación se unirían las referidas a la utilidad misma del Congreso. En enero de 1811, Bernardo O’Higgins escribía a Juan Mackenna que, considerando la falta de experiencia y conocimientos de la clase dirigente, el Congreso daría muestras de pueril ignorancia y se haría reo de toda clase de insensateces. La respuesta de Mackenna es igualmente dura: “esperar discernimiento y práctica legislativa de los chilenos, es como pedir al ciego que distinga la diversidad de colores… cuando el Congreso chileno inicie sus sesiones, yo no diviso al hombre que pueda dirigirlas o quisiera hacerse escuchar por sus colegas”.78Conscientes de la falta de preparación de los pocos que podían votar, el 28 de febrero el Cabildo remitiría un oficio al Obispado de Santiago pidiéndole interponer su autoridad con los curas de la capital y con los prelados de las órdenes religiosas para que expliquen al pueblo los deberes inherentes al cargo de diputado y la obligación que tenían los ciudadanos de elegir a los individuos más idóneos.79A pesar de que el gobernador del obispado, Domingo Errázuriz, comprometió su apoyo, notificando al clero de Santiago el encargo, es probable que la solicitud no tuviera mayor éxito, considerando la resistencia de parte del clero a las nuevas autoridades. Ello, sin embargo, no impediría la elección de eclesiásticos como diputados. Agustín Urrejola, párroco de Concepción, aceptó ser designado por su interés en conocer la forma de cobrar los derechos del subsidio real y porque, desde el poder, podía exigir a la Real Hacienda el pago atrasado de mil pesos correspondientes a la anualidad eclesiástica. Urrejola, al igual que Juan Cerdán, Joaquín Larraín y Juan Pablo Fretes, alcanzarían altos cargos en la nueva corporación.80\n81 Talavera, 167 y ss.\n79El proceso de reordenamiento impulsado por la Junta gubernativa, en conjunto con el Cabildo contó con el reconocimiento y respaldo de gran parte de la población, que advirtió que los temores creados los días previos a su creación no tenían mayor asidero. El respeto logrado por la Junta se obtuvo a pesar de las cargas impositivas aplicadas a pocos días de asumir y del intereses por del poder desplegado por alguno de sus miembros. La concordia comenzaría a disiparse con la proximidad de la conformación del Congreso. Como durante los días previos al 18 de septiembre, cuando circularon el Catecismo Político Cristiano y Agonías últimas de la nación, los habitantes de Santiago comenzaron a ver como, día a día, eran publicadas proclamas anónimas que incitaban a despreciar la monarquía y al soberano, o al menos a cuestionar su autoridad en el país. A diferencia de los pasquines citados, que incitaban a la formación de una Junta, los nuevos anónimos llamaban a legitimarla. Entre estos folletos destacan El Diálogo entre el Portero del Cabildo y Portero de la Junta, Diálogo entre el Español Americano ilustrado y el Español europeo pata rajada, ambos escritos, al parecer, por Manuel de Salas. El primero de ellos es un cuidadoso relato que presenta a un Fernando VII comprensivo y atento, que recibía a una delegación chilena, la que expondría amargamente la carga de sufrir tres siglos de dominio abusivo.81\n82 Talavera, 172-179. El autor asigna la autoría de la proclama al sacerdote Joaquín Larraín.\n80Menos elaborado y mucho más pasional fue la proclama firmada por Quirino Lemachez y que circuló el 6 de enero de 1811. A diferencia de los anteriores pasquines, el escrito de Camilo Henríquez refiere, por primera vez de forma implícita, la formación de un gobierno independiente, sin usar esa palabra: “Está, pues, escrito ¡oh pueblo! En los libros de los eternos destinos, que fueseis libres y venturosos por la influencia de una constitución vigorosa y un código de leyes sabias; que tuvieseis un tiempo de esplendor y de grandeza; que ocupaseis un lugar ilustre en la historia del mundo, y que se dijese, algún día, ‘la república, la potencia de Chile, la majestad del pueblo chileno’ ”. Henríquez confiaba en que la libertad de Chile dependía de la sabiduría de los representantes en el Congreso Nacional.82La revolucionaria proclama de Quirino Lemachez estimularía la creación de otras más pasionales y menos razonadas, como Sobre la necesidad, justicia y conveniencia de cortar todas las relaciones mercantiles y políticas con Lima y sus dependencias, sugerente invitación a interrumpir el suministro de bienes de primera necesidad hacia el virreinato, buscando generar un caos social que acabaría en rebelión contra el virrey.\n83 Talavera, 164-165.\n81Los folletos no iban destinados sólo a monarquistas. La noche del 18 de diciembre fue lanzado un pasquín contra el español Prudencio Lazcano, quien había sido víctima de un intento de agresión el día previo. La proclama señalaba que “Prudencio Lazcano ha sufrido una paliza porque fue preciso que la sufriera. Si hoy está la soberanía del pueblo, los palizantes hemos usado la dosis de la majestad de que nos toca como miembros del soberano. No lo haríamos si la Junta que hicimos hiciera lo que debe, mas si no lo hace, la acción está en nosotros: y lo hemos dicho que no queremos aquí Oidores, Carrascos, Lazcanos ni Talaveras: sin embargo, no quiere echarlos. Los palos mostrarán que nosotros podemos, y no lo hacemos porque ella lo haga; si ni ellos se van, ni ella los hace irse, con unos y con otros haremos lo que podamos. Si los porteños nos avergüenzan, todos los pueblos que han hecho Junta nos llenan de ignorancia cuando vemos expulsados de todos a los que no sólo venera. Esta infamia es insufrible, y si no la borramos, nos borraremos el nombre de chilenos”.83Lazcano -como otros vecinos vinculados al bando realista- renunciaría a la posibilidad de formar parte del Congreso.\n84 Barros Arana, VIII, 204.\n82Ya fuese por una mayor concientización del cambio iniciado en diciembre, por la confianza que generó la Junta, que desde su instalación demostró mesura en sus decisiones y una estricta fidelidad al rey, o bien porque su principal ente detractor, la Real Audiencia, perdería toda influencia política, la actividad política en Chile sufrió una perceptible distensión que rompería la armonía inicial. Barros Arana apunta, con la certeza que le es propia, que la convocatoria al Congreso del 15 de diciembre anunciaba que ese cuerpo daría las leyes por las que se regiría el país “durante la ausencia del Rey”, y no “durante su cautiverio”, como se decía inicialmente.84Tras la muerte de Mateo de Toro Zambrano, el 27 de febrero de 1811, las remesas de dinero para financiar la guerra en la península se detuvieron. Ese mismo mes, ó el ofrecimiento de la Junta de Santiago a la de Buenos Aires de cuatrocientos soldados tras la llegada de Francisco Javier de Elío, como hemos visto, motivó el airado reclamo del Cabildo, rompiendo una relación hasta entonces caracterizada por la concordia.\n85 Martínez, I, 222; Sesiones, 16; BLD, 14.\n83El debilitamiento del gobierno los días previos a la elección de diputados inspiró a los monarquistas, laicos y clérigos, quienes en reuniones públicas hablaban con decisión de restablecer el antiguo régimen. El 30 de abril un sacerdote español predicó en la catedral contra la formación de un Congreso, señalando que era deber de todo cristiano tributar obediencia y sumisión al monarca. La marginación del proceso eleccionario de treinta y cuatro realistas por parte del secretario del Cabildo es una señal clara de la discordia. Como un signo nefasto de los nuevos tiempos que se aproximaban, la tarde del 31 de octubre los soldados del cuartel de San Pablo se enfrentaron a ciento treinta reclutas destinados a auxiliar la Junta de Buenos Aires. Hubo dos heridos y doce heridos graves.85La mañana siguiente, el teniente coronel Tomás de Figueroa se ponía a la cabeza de un levantamiento militar contra la Junta de Gobierno.\n84La Junta de Gobierno de 1810 debe ser una de las creaciones más originales de la historia institucional chilena. No obstante, si bien su formación marca uno de los quiebres más profundos de nuestro pasado, no es revolucionaria en sí. Su legitimidad puede encontrarse en el derecho español y, de hecho, su creación fue estimulada desde la propia península. Su composición, lejos de despertar suspicacias, disipó cualquier temor de emancipación o ruptura con el poder real. Como entidad representativa del pueblo, respetó los tiempos asignados a su mandato, allanando el camino para constituir un Congreso nacional, en teoría mucho más participativo y necesario para las necesidades del país. La importancia de la Junta no radica, pues, en sus hechos y obras aisladas. Su trascendencia está en que, en un plazo ínfimo de tiempo, logró crear un sistema de gobierno orientado a resolver las necesidades intrínsecas de reino, manteniendo una lealtad a la Corona que pocos podían rebatir.\n85Que un gobierno local destine su atención al ámbito interno no es novedad. Es, por lo demás, su función. Sin embargo, analizados el conjunto de iniciativas impulsadas entre septiembre de 1810 y abril de 1811, vemos una diversidad de temáticas que no sólo sorprenden. En ese breve espacio de tiempo, y sin que existiese una planificación determinada, creó instituciones novedosas, mantuvo una relación cordial con la iglesia, formó una legislación compleja y meticulosa, impulsó la educación estatal, reestructuró la defensa, estimuló el contacto exterior a través de la diplomacia y el fomento al comercio, dispuso el respeto a las libertades públicas y defendió la representatividad popular. En otras palabras, sentó las bases del constitucionalismo, del reconocimiento a los derechos elementales y del equilibrio de poderes. Configuró, además, la noción de ciudadano, de soberanía popular y de nación.\n86Buena parte del mérito de la Junta radica en que supo crear una estrecha alianza con el Cabildo de Santiago. Limitado desde sus orígenes a cumplir labores edilicias sin facultad de intervención en materias políticas, su papel fue decisivo primero, para relativizar la autoridad de las autoridades provisorias peninsulares, y luego para convocar a la asamblea de septiembre. En base a una relación informal, el Cabildo no sólo actuó como el canalizador de las políticas impulsadas por la Junta, sino también como órgano consultivo e incluso deliberante. La política de aumento de contribuciones sugerida por la Junta en noviembre de 1810 encontró un abierto rechazo del Cabildo, forzando a reducirlos y buscar otros medios de incrementar el erario. En marzo de 1811, tomada la decisión por parte de la Junta de enviar tropas de auxilio a Buenos Aires, el procurador Infante reclamó por aprobar decisiones sin consultar la opinión de los cabildantes. Las elecciones de diputados serían efectuadas por presión del Cabildo.\n87El precario equilibrio establecido entre ambas instituciones resultó beneficioso en la medida que no se perfilaran ambiciones personales, como efectivamente ocurrió. En ese sentido, lo notable del período es que las decisiones, en la gran mayoría de los casos, fueron tomadas colegidamente y no de forma individual. Es un prejuicio sin fundamento suponer que, como la totalidad de los miembros de ambas corporaciones pertenecían a la elite, sus resoluciones necesariamente debían ser concensuadas. Parecería más razonable pensar que, por sobre los intereses de grupo, primaron las ideas, incluso las más utópicas y soñadoras. El decreto de libre comercio es un ejemplo de ello.\n88La idea de nación creada a partir de 1810 es mucho más integradora de lo que se podría suponer. Pese a los errores propios de la inexperiencia en política, es posible vislumbrar un proyecto de país. Nadie habla de independencia, pero se sugiere. Lo hace Juan Egaña en su plan de gobierno e Infante en su llamado a elecciones. Mackenna proyecta su bosquejo de defensa pensando en un enemigo que, más que Napoleón, parece ser el virrey del Perú. Manuel de Salas propugna un sistema educacional público, estatal y de libre acceso a quienes posean talento, más allá de su origen. La protección a la industria local solicitada por Anselmo de la Cruz no tiene, al parecer, otro objetivo que impulsarla de una vez. ¿No es el preludio del nacionalismo económico?\n89La “primavera” vivida durante siete meses entraría rápidamente en un ocaso, promovido precisamente por sus mayores virtudes. La primera pasa por los componentes del Cabildo. Al optar por hombres sabios, se optó también por ancianos, venerados pero agotados. El propio presidente abandonó sus funciones en la Junta a fines de enero de 1811, motivado por enfermedades y por el dolor provocado por la muerte de su esposa. La Junta, de hecho, nunca sesionó con la totalidad de sus miembros. El vocal y obispo electo de Santiago, José Antonio Martínez de Aldunate, muy enfermo al momento de arribar al país, no tomaría posesión del cargo, falleciendo el 8 de abril de 1811. El 22 de septiembre, Juan Martínez de Rozas partía nuevamente a Concepción con la misión de obtener el reconocimiento de la Junta en esa ciudad y en los poblados intermedios. Sólo volvería a principios de noviembre. En febrero, Fernando Márquez de la Plata enfermó gravemente. Considerando que Francisco Javier Reina privilegió labores militares, el funcionamiento de la Junta se redujo a la participación de dos o tres vocales, dándose el caso que muchos documentos fueron firmados sólo por uno de ellos.\n90Por otro lado, la Junta asumió el poder en carácter de provisional y cumpliría lo establecido. Esto significaba no sólo traspasar el poder de un cuerpo de siete personas nominales (tres en los hechos) a otro de treinta y seis. Implicaba también la pérdida de influencia del Cabildo, comprobadamente más representativo del Congreso. Esta situación se constituiría en el quiebre de la estabilidad impuesta el 18 de septiembre: las ambiciones, aplacadas los meses previos, se rebelan. Los intereses de grupo, mesurados el período previo, afloran en torno a la creación de alianzas sin trasfondo alguno. El respeto por la legalidad llevaría a la creación de un Congreso que, visto con la perspectiva de los años, en nada contribuyó al desarrollo institucional chileno. No está demás señalar que los conflictos internos y la confusión general perceptible en el país nacen a partir de los trastornos gestados en su seno. El fracaso de la representatividad popular en 1811 no hace sino elevar las cualidades del régimen inmediatamente anterior.\n91 En el desarrollo de una nación parecen ser fundamental la existencia de un conjunto de elementos institucionales que estimulen el compromiso de los individuos con un ideal determinado. Ello implica el desarrollo de organizaciones para la socialización y la cultura política, así como esfuerzos por garantizar la observación de los reglamentos y el cumplimiento de la responsabilidad gubernamental. Si aceptamos estas premisas, parece evidente que desde 1810 una nación se está gestando. Los matices que depuran y adornan esta idea son aportados por historiadores y teóricos políticos, con todos los defectos que ello implica.\nAguilar, Enrique (1972) Nación y estado en el pensamiento de Ortega y Gasset, Buenos Aires.\nAlemparte, Julio (1966) El Cabildo en Chile colonial. Orígenes municipales de las repúblicas hispanoamericanas, Santiago.\nAugusto Orrego Luco, La Patria Vieja, Santiago, 1933.\nAvaría, Luís Valencia (1951) Anales de la República de Chile, Santiago.\nBarros Arana, Diego (2002) Historia general de Chile, Santiago.\nBarros, José Miguel (1969) “Situación de Chile en 1812. Informe de Bartholomew V. Richards”, en Boletín de la Academia Chilena de la Historia, nº 81.\nCastell, Manuel (1998) La era de la información, Madrid.\nCollier, Miller y Feliú Cruz, Guillermo (1926) La primera misión de los Estados Unidos de América en Chile, Santiago.\nCollier, Simon (1977) Ideas y política de la independencia chilena, Santiago.\nChatterfee, Partha (1991) Nationalist though and Colonial World, Minnesota, 1986, 9;\nDe Ávila Martel, Alamiro (1960) Influencia de la revolución de mayo en la revolución chilena de 1810, La Plata.\nDe Ramón, Armando (1993) Historia de América, tomo II, Santiago.\nDonoso, Ricardo (1943) El Catecismo Político Cristiano, Santiago.\nEncina, Francisco Antonio (1983) Historia de Chile, tomo XI, Santiago.\nEyzaguirre, Jaime (1957) Ideario y ruta de la emancipación chilena, Santiago.\nEyzaguirre, Jaime (1980) Ideario y ruta de la emancipación chilena, Santiago.\nFernández Bravo, Álvaro (2000) La invención de la Nación. Lecturas de la identidad de Herder a Homi Bhabha, Buenos Aires.\nGodoy Urzúa, Hernán (1991) El carácter chileno, Santiago.\nGóngora, Mario (1980) El pensamiento de Juan Egaña sobre la reforma eclesiástica: avance y repliegue de una ideología de la época de la Independencia, en Estudios de Historia de las Ideas y de Historia Social, Valparaíso.\nGóngora, Mario (1981) Ensayo Histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX, Santiago.\nHobsbawn, Eric (2000) Naciones y nacionalismo desde 1780, Barcelona.\nJocelyn Holt, Alfredo (2001) La independencia de Chile. Tradición, modernización y mito, Santiago.\nKönig, Hans Joachim (1984) Símbolos nacionales y retórica política, en Inge Buisson, Problemas de la formación del Estado y la Nación en Hispanoamérica, Bonn.\nLevene, Ricardo (1956) El mundo de las ideas y la revolución hispanoamericana, Santiago.\nRamírez Necochea, Hernán (1959) Antecedentes económicos de la independencia de Chile, Santiago.\nSilva Castro, Raúl (1958) Prensa y periodismo en Chile (1812-1956), Santiago.\nSilva Cotapos, Carlos (1911) El clero chileno durante la independencia, Santiago.\nSubercaseaux, Bernardo (1999) “Caminos interferidos. De lo político a lo cultural”, en Revista de Estudios Públicos, nº 73.\nTocornal, Manuel Antonio (1866) Historia general de la República de Chile, tomo I, Santiago, XIII\nVillalobos, Sergio (1960) El bajo pueblo en el pensamiento de los precursores de 1810, en Anales de la Universidad de Chile, nº 120.\nVillalobos, Sergio (1961) Tradición y reforma en 1810, Santiago.\nWolf, Eric (1972) Pueblos y culturas de Mesoamérica, México.\n* La presente investigación fue presentada en el seminario Nacionalismo y universalismos en Chile: 1810-1861, dirigido por el profesor Sergio Villalobos Rivera.\n1 Para diversas definiciones del término nación, ver Eric Hobsbawn, Naciones y nacionalismo desde 1780, Barcelona, 2000, 23-53; Hans Joachim König, Símbolos nacionales y retórica política, en Inge Buisson, Problemas de la formación del Estado y la Nación en Hispanoamérica, Bonn, 1984, 392; Enrique Aguilar, Nación y estado en el pensamiento de Ortega y Gasset, Buenos Aires, 1998, 90-91; Eric Wolf, Pueblos y culturas de Mesoamérica, México, 1972, 214-215; Álvaro Fernández Bravo, La invención de la Nación. Lecturas de la identidad de Herder a Homi Bhabha, Buenos Aires, 2000, 56-57 y 186-187; Bernardo Subercaseaux, Caminos interferidos. De lo político a lo cultural, en Revista de Estudios Públicos, nº 73, 1999.\n2 Partha Chatterfee, Nationalist though and Colonial World, Minnesota, 1986, 9; Benedict Anderson, Comunidades imaginadas, Buenos Aires, 1991; Manuel Castell, La era de la información, Madrid, 1998.\n3 Alfredo Jocelyn Holt, La independencia de Chile. Tradición, modernización y mito, Santiago, 2001, 333-334.\n5 Simon Collier, Ideas y política de la independencia chilena, Santiago, 1977, 26-35; Jaime Eyzaguirre, Ideario y ruta de la emancipación chilena, Santiago, (1957) 1980, 51-92. Para una crítica a esos argumentos, véase también Ricardo Levene, El mundo de las ideas y la revolución hispanoamericana, Santiago, 1956, 117-119.\n6 Mario Góngora, Ensayo Histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX, Santiago, (1981) 2003, 63-73. Crítica de Villalobos y Prieto en el mismo texto, 364-376 y 379, respectivamente.\n7 Hernán Ramírez Necochea, Antecedentes económicos de la independencia de Chile, Santiago, 1959, 86; Véase Sergio Villalobos, Comercio y crisis colonial, Santiago, 1968, especialmente 134-159 y 264.\n10 José Miguel Barros, Situación de Chile en 1812. Informe de Bartholomew V. Richards, en Boletín de la Academia Chilena de la Historia, nº 81, 1969, 75-76.\n13 Sergio Villalobos, El bajo pueblo en el pensamiento de los precursores de 1810, en Anales de la Universidad de Chile, nº 120, 1960, 38.\n14 Alamiro de Ávila Martel, Influencia de la revolución de mayo en la revolución chilena de 1810, La Plata, 1960, 11; Fernando Castillo (et.al.), Diccionario histórico y biográfico de Chile, Santiago, 1996; William Miller Collier y Guillermo Feliú Cruz, La primera misión de los Estados Unidos de América en Chile, Santiago, 1926, 26 y ss.\n16 Manuel Antonio Talavera, Revoluciones en Chile. Discurso histórico, diario imparcial, de los sucesos memorables acaecidos en Santiago de Chile por un vecino testigo ocular. En defensa de la verdad, del honor y conducta de los muchos fieles ciudadanos, en Colección de Historiadores y documentos relativos a la independencia de Chile [en adelante CDHI], tomo XXIX, 89.\n17 Julio Alemparte, El Cabildo en Chile colonial. Orígenes municipales de las repúblicas hispanoamericanas, Santiago, 1966, 351-352.\n21 José Toribio Medina, Actas del Cabildo de Santiago durante el período llamado de la Patria Vieja (1810-1814) publicadas con ocasión de la celebración del primer centenario de la Independencia de Chile [en adelante Actas del Cabildo] Santiago, 1960, 39.\n22 Oficios en que la Junta de Gobierno y la Real Audiencia de Chile dan cuenta al Rey de los sucesos ocurridos en Santiago en septiembre de 1810, en CDHI, IX, 80-82.\n26 Melchor Martínez, Memoria histórica sobre la revolución de Chile desde el cautiverio de Fernando VII hasta 1814, en CDHI, tomo XLI, I, 56-57; Encina, XI, 18.\n28 Tocornal, 204-206. Citado en Jaime Eyzaguirre, Ideario y ruta de la emancipación chilena, Santiago, 1957, 114. Véase también Sesiones de los Cuerpos Legislativos de la República de Chile. 1811-1848 (Tomo Primero, Congreso Nacional de 1811 - Senados de 1812 y 1814) [en adelante Sesiones], Santiago, 1887, 3.\n31 Documentos concernientes a la instalación de la Excelentísima Junta Gubernativa y a su reconocimiento por las autoridades subalternas del país, en CDHI, XVIII, 226-335.\n32 Oficio del Gobernador de Valdivia al Virrey del Perú en que trata de la situación política de Chile, en CDHI, VIII, 352-357.\n33 Oficio en que la Audiencia expone las razones que le asisten para negarse a reconocer la Junta Gubernativa, en CDHI, XVIII, 202-203.\n35 Oficio de la Junta Gubernativa a la Audiencia, preguntándole cuáles son las causales de la protesta con que prestó juramento, en CDHI, XVIII, 212-213.\n36 Oficios en que la Junta de Gobierno y la Real Audiencia de Chile dan cuenta al Rey de los sucesos ocurridos en Santiago en septiembre de 1810, en CDHI, IX, 67-68.\n42 Martínez, I, 88; Diario de José Gregorio Argomedo, en CDHI, tomo XIX, Santiago, 1911, 11-12; Carta de Santiago Leal a Patricio Español, en Anales de la Universidad de Chile, nº 118, segundo semestre de 1960, 74. También en CDHI, VIII, 213-214.\n48 Oficios en que la Junta de Gobierno y la Real Audiencia de Chile dan cuenta al Rey de los sucesos ocurridos en Santiago en septiembre de 1810, en CDHI, IX, 95-97.\n54 Mario Góngora, El pensamiento de Juan Egaña sobre la reforma eclesiástica: avance y repliegue de una ideología de la época de la Independencia, en Estudios de Historia de las Ideas y de Historia Social, Valparaíso, 1980, 186. Véase también Juan Egaña, Escritos inéditos y dispersos, Santiago, 1949, 69 y Sesiones, 157 y 174-176.\n58 Documentos de la Primera Junta de Gobierno de 1810, publicados por Fernando Márquez de la Plata, en Boletín de la Academia Chilena de la Historia, nº 11, 1938, 181.\n59 Oficio al ministro inglés Sir Richard Wellesley, solicitando la aprobación de n contrato celebrado con don Diego Wittaker para la compra de armas, 10 de noviembre de 1810, en CHDI, XXV, 323-324.\n61 Plan de defensa estudiado por una comisión compuesta por don Juan Egaña, don José Samaniego y el Capitán de Ingenieros don Juan Mackenna y propuesto a la Excelentísima Junta Gubernativa por el Cabildo de Santiago el 27 de noviembre de 1810, en CDHI, XIX, 114-166. Talavera, 144-166; Martínez, I, 87-118.\n63 Barros Arana, VIII, 187. Para una visión de las tropas, León, Leonardo, Reclutas forzados y desertores de la patria: El bajo pueblo chileno en la guerra de la independencia, 1810-1814, en Historia (Pontificia Universidad Católica de Chile) nº 35, 2002.\n64 Boletín de leyes y decretos de gobierno, 1810-1814 [en adelante BLD], 114-115; Talavera, 223-225; Barros Arana, I, 204.\n67 Oficios en que la Junta de Gobierno y la Real Audiencia de Chile dan cuenta al Rey de los sucesos ocurridos en Santiago en septiembre de 1810, en CDHI, IX, 110. Elío no sabía si Hoevel era capitán o sobrecargo del barco que traería las armas.\n80 Memorial de don Agustín de Urrejola sobre su participación en los sucesos de la revolución de Chile, en CDHI, IX, 174; Valencia, 4.\nCarlos Donoso Rojas, « La idea de nación en 1810 », Polis [En línea], 15 | 2006, Publicado el 07 agosto 2012, consultado el 21 noviembre 2017. URL : http://polis.revues.org/4999\nLicenciado en Historia, Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile. Candidato a Doctor en Historia de Chile, Universidad de Chile mailto: cdonosor@uchile.cl