Revista Izquierda N°42, Marzo de 2014 | Democracia | Colombia\nRevista colombiana de crítica política, económica y social\nguardarGuardar Revista Izquierda N°42, Marzo de 2014 para más tarde\nRgimen poltico y discurso La reproduccin de la democracia gobernable. Notas sobre las elecciones parlamentarias Proceso constituyente Horizontes polticos para la construccin de la democracia popular en Colombia Construccin de paz y restriccin scal en Colombia Nuestra Amrica Venezuela: Sedicin, estetizacin poltica y unidad popular En Ecuador: Vacila una hegemona en ciernes Capitalismo en crisis Ucrania, la desestabilizacin y el factor econmico Mujeres rebeldes Indignacin colectiva como medida ante los abusos contra el gnero femenino Editorial La otra poltica: Cumbre de las clases subalternas del campo\nJairo Estrada lvarez Director Jess Gualdrn Sandoval Jefe de redaccin lvaro Vsquez del Real, Daniel Libreros Caicedo, Csar Giraldo Giraldo, Frank Molano Camargo, Jorge Gantiva Silva, Mara Teresa Cifuentes Traslavia, Nelson Fajardo Marulanda, Patricia Ariza, Ricardo Snchez ngel, Sergio De Zubira Samper, Vctor Manuel Moncayo Cruz Consejo editorial Beatriz Stolowicz (Mxico), Julio Gambina (Argentina), Ricardo Antunes (Brasil), Antonio Elas (Uruguay) Consejo asesor internacional Las opiniones emitidas por los autores no comprometen al Consejo Editorial de la Revista. Tatianna Castillo Reyes Diseo y diagramacin Espacio Crtico Ediciones Publicacin auspiciada por Espacio Crtico Centro de Estudios www.espaciocritico.com ISSN-2215-8332 N 42, Marzo de 2014. Bogot, Colombia\nRgimen poltico y discurso 4\nLa reproduccin de la democracia gobernable. Notas sobre las elecciones parlamentarias\nHorizontes polticos para la construccin de la democracia popular en Colombia. A 14 propsito de los lmites institucionales de la Carta Poltica de 1991\n20 Colombia: Hacia una nueva constituyente\nAndrs Felipe Mora Corts\nConstruccin de paz y restriccin fiscal en\nNuestra Amrica 26 poltica y unidad popular\nVenezuela: Sedicin, estetizacin En Ecuador: Vacila una\n32 hegemona en ciernes Capitalismo en crisis 36 y el factor econmico\nUcrania, la desestabilizacin\nIndignacin colectiva como medida ante 40 los abusos contra el gnero femenino\nAna Milena Gmez Mrquez Paula Andrea Tarquino Ospina\nLa otra poltica: Cumbre de las 44 clases subalternas del campo\nLa reproduccin de la democracia gobernable\nNotas sobre las elecciones parlamentarias\nUna introduccin necesaria\nos resultados de las elecciones parlamentarias han puesto una vez ms en evidencia la estrechez del sistema poltico y de representacin existente en el pas, as como el fracaso de los diseos de la Constitucin de 1991 y de sus desarrollos legales en lo referido a la pretensin de la construccin de un rgimen poltico democrtico (liberal) e incluyente. Aunque numerosos anlisis manifiestan sorpresa y hasta desencanto frente a los resultados, la realidad es que stos siendo rigurosos no estn nada distantes de lo esperado. Lo que ha ocurrido es una nueva escenificacin del rgimen de democracia gobernable que se ha impuesto en el pas durante las ltimas dcadas tras el fin del Frente Nacional y la salida poltica a la crisis de representacin de fines de la dcada de 1980 con el proceso constituyente y la expedicin de la Carta de 1991. Dicho rgimen ha devenido en una democracia de la simulacin, a la que se encuentran adheridos el clientelismo histrico y los grandes poderes econmicos y mafiosos (incluido el paramilitarismo), y en el que las opciones alternativas han sido sometidas al disciplinamiento hasta reducirlas a la condicin de\nuna (necesaria) oposicin poltica y, en el mejor de los casos, para que se autodefinan como alternativas en el sistema1. La experiencia de los ltimos lustros de Nuestra Amrica demuestra que si bien la democracia gobernable se erigi en el proyecto poltico para garantizar la reproduccin del rgimen de dominacin de clase, su capacidad choca con los lmites impuestos por las propias condiciones de su reproduccin. No se trata solamente de la organizacin del sistema poltico y de representacin de acuerdo con las leyes del mercado capitalista, que de por s ya conlleva restricciones inherentes a empresas electorales en competencia por electores y recursos pblicos; se trata de la imposibilidad pese a ingentes esfuerzos de reducir el mbito de la poltica a la democracia electoral, cuando sta, la poltica, se escenifica en la totalidad de la conflictividad social y de clase. Aunque a primera vista, los cambios polticos ms significativos que ha vivido la Regin se expresaron como resultado de victorias electorales, en realidad stas estuvieron precedidas por importantes procesos de acumulacin de fuerzas y de magnficas movilizaciones sociales y populares, por el trnsito de movimientos destituyentes hacia movimientos constituyentes2. Una de las principales enseanzas de estos movimientos consiste precisamente en comprender que la poltica no se agota en el sistema poltico y de representacin, sin que ello signifique que ste sea un escenario a desconocer. El despliegue de la potencia constituyente tambin se fundament en la descomposicin y el derrumbe del sistema poltico y de representacin imperante, cuando pareca exhibir fortaleza y solidez. All oper lo que Harvey afirma\n1\tVer por ejemplo, Jorge Enrique Robledo, Qu modelo econmico promover en Colombia, Bogot, febrero 28 de 2014. 2\tVer, Maristella Svampa, Cambio de poca. Movimientos sociales y poder poltico, Siglo XXI Editores, CLACSO, Buenos Aires, 2008.\nN 42, Marzo de 2014 Bogot, Colombia\nEl rgimen de democracia gobernable ha devenido en una democracia de la simulacin, a la que se encuentran adheridos el clientelismo histrico y los grandes poderes econmicos y mafiosos (incluido el paramilitarismo), y en el que las opciones alternativas han sido sometidas al disciplinamiento hasta reducirlas a la condicin de una (necesaria) oposicin poltica y, en el mejor de los casos, para que se autodefinan como alternativas en el sistema.\nque se podra denominar como la teora termitera del cambio revolucionario: roer los apoyos materiales e institucionales del capital hasta que se derrumbe3. No es una teora del derrumbe capitalista; es ms bien una teora de la accin poltica, de la reivindicacin de toda lucha, en todo lugar, por modesta que sta parezca. En nuestro pas, el aparente afianzamiento del rgimen de dominacin de clase por la va electoral, transcurre en un contexto de maduracin (imperceptible en algunos casos) de la crisis en diversos mbitos de la vida econmica, poltica, social y cultural; al tiempo que existen mltiples dinmicas, desiguales, diferenciadas, dispersas, del movimiento social y popular, con un inmenso potencial desestabilizador del poder de clase, si logran articularse y coordinarse. La Cumbre nacional agraria, tnica y popular, a realizarse del 15 al 17 de marzo, representa un paso del mayor significado en esa direccin. La maduracin de la crisis, acompaada de la existencia de movimiento, incluidos sus actuales lmites y dificultades, explica la agresividad actual de las clases dominantes y, especialmente de algunas de sus facciones. Para ellas se trata de la reconstruccin de la gobernabilidad neoliberal por medio de la continuidad y profundizacin de esquemas de disciplinamiento (criminalizacin de las luchas, doctrina de seguridad ciudadana), as como la introduccin de nuevas lgicas de dominacin (imposicin de un rgimen extractivo-exportador y avances en la constitucin de marcos legales supranacionales que apuntan a la militarizacin del continente)4. Los dilogos de La Habana con la guerrilla de las FARC-EP, el posible inicio de conversaciones con el\n3\tLas termitas, insectos roedores, infligen daos irreparables sobre las construcciones de madera, imperceptibles a primera vista. Ver, David Harvey, Ciudades rebeldes. Del derecho de la ciudad a la revolucin urbana, Akal Pensamiento crtico, Madrid, 2013, cap. 5. 4\tMaristella Svampa, ob.cit., p.84.\nELN, es decir, la perspectiva de avanzar hacia la solucin poltica del conflicto social y armado, son interpretados en trminos de una potenciacin del campo popular. La perspectiva de un proceso constituyente y de una Asamblea Nacional Constituyente inquieta por las fuerzas que ella pueda desatar. No es casual que los sectores ms recalcitrantes de la derecha neofalangista se autodefinan como avanzada contra una presunta amenaza castro-chavista. Los resultados electorales reafirman, en ese sentido, la necesidad de consolidar y potenciar las mltiples dinmicas constituyentes. Su lugar de encuentro puede (y debera) ser la Asamblea Nacional Constituyente. El destino del campo popular no se encuentra signado por las clases dominantes, sino por lo que l mismo pueda labrar. La resistencia contra el neoliberalismo armado, devenida en constituyente, tendr que seguirse construyendo en medio de la lucha y la movilizacin social. Los proyectos en curso de las clases dominantes indican que se acercan mayores escenarios de confrontacin y polarizacin social, relegados transitoriamente a un segundo plano por el proceso electoral. Con base en esta introduccin necesaria, quiero proponer algunos aspectos que a mi juicio deberan ser considerados al intentar un anlisis de los resultados de las elecciones parlamentarias.\nIlegitimidad del sistema poltico y electoral y crisis de representacin poltica\nLa configuracin de una abstencin estructural de largo plazo que en esta ocasin alcanz un nivel del 56.42% del total nacional de los electores y en Bogot se acerc al 65% es un dato del mayor significado. Con independencia de los debates acerca de si la abstencin es pasiva o activa, es evidente la incapacidad (estructural) de los partidos polticos para incorporar nuevos electores. Cerca de 18.5 millones de colombianos no concurrieron a las urnas. Tal cifra marca al rgimen poltico y al sistema poltico y electoral con la impronta de la ilegitimidad. A lo que se adiciona la consolidacin de un rgimen del fraude estructural. El voto en blanco, ms all de las valoraciones sobre sus alcances, da cuenta de un descreimiento informado frente las ofertas electorales. En esta ocasin mostr un aumento significativo al alcanzar el 6.17% de los votantes (incluida la circunscripcin especial indgena). Los votos no marcados, el 5.88% podran identificarse en los mismos trminos que el voto en blanco. A ellos se le agregan los votos nulos, 10.38% del total, que en lo bsico pueden ser explicados por desconocimiento del sistema de votacin. Lo cierto es que sumados todos, se est frente a la no despreciable cifra del 22.43% del electorado, es decir, cerca de 3.210.000; cifra superior a la del partido que alcanz la mayor votacin. En suma, estos datos, son indicadores de tendencias a la crisis de representacin poltica y de la ingeniera electoral. sta ltima se ve acentuada por el voto preferente que adems de hacer ms confuso el sistema, estimula el surgimiento de microempresas electorales y del mercado de compra y venta de votos.\nRepresentacin poltica oligrquica, plutocrtica, corrupta, clientelista y mafiosa\nLa composicin del Senado y de la Cmara de Representantes expresa una representacin que en su mayora puede caracterizarse como oligrquica, plutocrtica, corrupta, clientelista y mafiosa. En ese sentido, el nuevo Congreso no da cuenta de cambio significativo alguno. Sin que estn presentes los verdaderos dueos del pas, el sistema poltico y de representacin mantiene un cierre hermtico, que se sustenta en ncleos familiares perfectamente identificables. Nuevas entradas son posibles gracias a la movilizacin de recursos econmicos exorbitantes para la compra de clientelas, o a la reproduccin de poderes territoriales construidos forzadamente con base en la violencia narcotraficante y paramilitar. Es sintomtico que se hayan identificado 33 senadores y 36 representantes con herencias de la llamada parapoltica. Solamente en algunas honrosas excepciones se manifiesta el llamado voto de opinin en centros urbanos, que generalmente se orienta hacia sectores democrticos y progresistas; aunque no puede desconocerse la importancia de un sector de opinin de derecha, especialmente de capas medias, que en esta ocasin explica parte de la votacin del Centro Democrtico.\nIdentidades programticas en aspectos esenciales del proyecto de dominacin de clase\nEn sentido estricto, no puede hablarse de la existencia de una oposicin poltica, si sta se comprende en trminos del cuestionamiento del rgimen de dominacin de clase y de posturas antisistmicas. En los asuntos fundamentales del proyecto poltico econmico neoliberal, no hay diferencias notables entre el Partido Social de la Unidad Nacional, el Centro Democrtico, el Partido Conservador, el Partido Liberal y Opcin Ciudadana. Durante el siguiente cuatrienio, debe esperarse la continuidad\nhttp://en.wikipedia.org/wiki/Raytheon http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/ quien-detiene-vladimir-putin-articulo-478266\ny profundizacin de la poltica neoliberal de las ltimas dcadas, tal y como ha ocurrido en el actual gobierno. No hay nada que indique que desde el nuevo Congreso se impulsar un giro en el modelo de acumulacin de extraccin minero-energtica y de financiarizacin o en la organizacin institucional del poder. Seguramente se expresarn matices en aspectos ms puntuales de la poltica, en especial en relacin con polticas sectoriales. En lo esencial, el Congreso representa en su inmensa mayora diversos matices y acentos de la derecha. La ultraderecha neofalangista presionar para reforzar las polticas de seguridad y militarizacin.\nCambios menores en la representacin de las facciones del bloque dominante en el poder\nSi se privilegia la sindresis, no puede afirmarse que el proceso electoral haya producido el surgimiento de una nueva fuerza poltica, el Centro Democrtico, ni que estemos en presencia de un cambio sustancial del mapa poltico. No puede considerarse como nueva expresin de la poltica una fuerza surgida desde hace varios lustros en medio del podero narcotraficante y paramilitar de las ltimas dcadas y que logr construir un consenso de clase que le permiti gobernar durante dos cuatrienios presidenciales. Si se mira desde ese punto de vista, se trata ms bien de un intento de cohesionar una concepcin de la poltica en declive, debilitada por la recomposicin en el bloque en el poder impuesta por el gobierno de Santos. Desde luego que su irrupcin organizada, ahora con el remoquete del Centro Democrtico, ampla el espectro ideolgico del debate poltico; le resulta, adems, de suma utilidad a Santos para mostrarse como reserva democrtica de la sociedad y agitar el coco de la ultraderecha. Se fabrica de esa forma una nueva oposicin: la oposicin de (ultra)derecha. Y, si se presume que existe una oposicin de izquierda, Santos y su Unidad Nacional aparecen en el centro,\nLos resultados electorales reafirman las condiciones de cierre estructural del sistema poltico y de representacin para intentar cambios polticos sustanciales por la va electoral y refuerzan la necesidad urgente de propiciar las condiciones para una reestructuracin democrtica del Estado, incluida una reforma poltica y electoral democrtica.\nreforzando la idea de la tercera va. Por lo pronto, no hay nada que indique que el Centro Democrtico lograr construir un bloque parlamentario con capacidad de redefinir la orientacin actual del proyecto poltico de la dominacin de clase. Ello solo sera posible si se diera un triunfo electoral de su candidato presidencial, hecho muy improbable. Su presencia en el Senado, aunque de importancia, es minoritaria; y en la Cmara es definitivamente secundaria. Si bien es cierto que se debe prestar atencin y mantener la alerta, no es conveniente sobrevalorar la fuerza del militarismo y la ultraderecha.\nDebilidad de los sectores nacionalistas, progresistas y de izquierda institucional\nLos resultados electorales reafirman las condiciones de cierre estructural del sistema poltico y de representacin para intentar cambios polticos sustanciales por la va electoral y refuerzan la necesidad urgente de propiciar las condiciones para una reestructuracin democrtica del Estado, incluida una reforma poltica y electoral democrtica. El mencionado bloqueo estructural conduce a que fuerzas que se consideran alternativas, apenas alcancen el estatus de oposicin minoritaria y sean disciplinadas para autocomprenderse como tal. La democracia gobernable ha producido una tendencia a la institucionalizacin de la oposicin, que se ha acompaado de un abandono gradual de las concepciones de izquierda hacia el nacionalismo y el progresismo, con la excepcin de algunas individualidades. La heterogeneidad en la representacin del Polo Democrtico Alternativo, la tendencia\nde su sector predominante a definirlo como expresin poltica a favor de un (buen) capitalismo nacional, as como las notorias ambivalencias y contradicciones de la Alianza Verde, que incluye un abanico de grupos que oscilan en el progresismo socialdemcrata y la derecha tecnocrtica, son expresin de ello. A esta situacin ha contribuido la propia ingeniera electoral, que presiona a privilegiar el pragmatismo por encima de los acuerdos programticos, promueve alianzas y clculos a la larga ilusorios y fantasiosos. Precisamente por los rasgos del sistema poltico y de representacin, la presencia de sectores nacionalistas, progresistas y de izquierda institucional en el Congreso merece en todo caso reconocimiento, pese a su evidente condicin de minora. Se trata sin duda de un (potencial) aliado importante de la movilizacin y la lucha popular, al que se le debe sumar la Unin Patritica. Su fallido intento de posicionarse como fuerza parlamentaria, tras un ciclo largo de\npersecucin y exterminio, adems de mostrar un error de apreciacin en su conduccin poltica, confirma la inexistencia de condiciones para un ejercicio de la poltica en los estrechos espacios institucionales.\nPresidencialismo, poderes fcticos y levedad del Congreso\nDiversos anlisis posteriores a las elecciones parten de una premisa equivocada. Adems de reducir la poltica a los espacios institucionales, le conceden al Congreso un lugar que en sentido estricto no corresponde con las realidades de la organizacin institucional del poder de clase. Aunque es indiscutible que el Congreso posee la funcin de validacin de las relaciones de poder pues las legitima a travs de la democracia de la representacin y las dota con el don de la legalidad, debe sealarse que los verdaderos centros de decisin se encuentran, por una parte, en los poderes fcticos, esto es, en los grupos econmicos (especialmente\nfinancieros) y el latifundio organizado, incluidas sus organizaciones gremiales, en las corporaciones transnacionales con presencia en el pas, en los organismos multilaterales, en las agencias calificadores de riesgo y en la omnipresencia no siempre perceptibledel imperialismo estadounidense. A ellos se suma, por otra parte, el excesivo poder presidencial que, adems de condensar los intereses de las clases dominantes en su conjunto, posee el monopolio de normatizacin de la iniciativa poltica, sea sta de alcance constitucional o comprometa ella desarrollos legales. Las mayoras del Congreso, expresadas en coaliciones, como ha sido el caso de la Unidad Nacional, devienen en simples agentes del Ejecutivo, desvelando su carcter esencialmente subsidiario. En las condiciones actuales no hay nada que indique, por lo pronto, la configuracin de una nueva mayora opuesta a los designios presidenciales. Ni siquiera el Centro Democrtico que ha logrado despertar temores en algunos sectores de la opinin pblica.\nEl destino de los dilogos con la insurgencia no depende del Congreso\nEl Congreso elegido es una institucin de la continuidad de las polticas del rgimen de dominacin de clase. Su funcin se perfila en trminos de profundizacin del proyecto poltico-econmico de la faccin que actualmente predomina en el bloque oligrquico de poder, as como en la contencin de las demandas sociales y populares que vendrn como resultado de la esperada continuidad de la movilizacin y lucha de las clases subalternas. Por los rasgos ya sealados de la organizacin institucional\nAunque es indiscutible que el Congreso posee la funcin de validacin de las relaciones de poder pues las legitima a travs de la democracia de la representacin y las dota con el don de la legalidad, debe sealarse que los verdaderos centros de decisin se encuentran, por una parte, en los poderes fcticos, esto es, en los grupos econmicos (especialmente financieros) y el latifundio organizado, incluidas sus organizaciones gremiales, en las corporaciones transnacionales con presencia en el pas, en los organismos multilaterales, en las agencias calificadores de riesgo y en la omnipresencia no siempre perceptible del imperialismo estadounidense.\ndel poder de clase, no debe esperarse que juegue por iniciativa propia un papel determinante en el curso de los dilogos de La Habana. ste depender ms bien de los poderes fcticos y de las definiciones del Ejecutivo, as como de las decisiones de la insurgencia, y de la capacidad que logre desplegar el movimiento social y popular para contribuir a consolidar la perspectiva de una solucin poltica. Y desde luego de la misma tendencia de la guerra. Aunque Santos y su coalicin de Unidad Nacional han hecho del proceso de paz una bandera electoral, no han dejado atrs la perspectiva de una salida militar, como lo demuestra la persistencia en el aumento del gasto en seguridad y defensa y el diseo conjunto de la estrategia de guerra con el Departamento de Estado, la CIA y la inteligencia britnica e israel. Lo anterior, no implica menospreciar el papel del Congreso electo en lo referente al proceso de paz, sino valorarlo es sus reales dimensiones. Es obvio que habr una marcada oposicin militarista y de ultraderecha que har escuchar su voz. Pero no ser sta la que determine el discurrir de la Agenda pendiente. Tambin es claro que el Congreso es una institucin por la se tendrn que tramitar asuntos que comprometen la perspectiva de una solucin poltica. No obstante, en el contexto del proceso poltico general, el lugar del Congreso se encontrar en funcin de cmo se site en el debate nacional que se ve venir por la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, no slo como mecanismo de refrendacin de eventuales acuerdos con la insurgencia, sino como parte de la bsqueda de alternativas a la crisis en diversos campos de la vida nacional.\nMovimiento constituyente y bloque de poder contrahegemnico\nLo hasta aqu expuesto reafirma, por una parte, la necesidad de producir un quiebre del sistema poltico y de representacin, si se pretende avanzar hacia una transicin poltica que abra los caminos de la verdadera democratizacin poltica, econmica, social y cultural. Tal quiebre no puede provenir desde adentro de un rgimen con blindajes institucionales y armados. Su desmoronamiento slo ser posible mediante la escenificacin de la poltica en la calle, en la lucha y la movilizacin, en la guerra de posiciones. En el movimiento, devenido en constituyente, se encuentra la posibilidad real de producir un cambio en la correlacin social de fuerzas. La articulacin y coordinacin de la dispersin creativa del campo popular hacia un bloque de poder contrahegemnico es una necesidad del momento actual de la lucha de clases.\nHorizontes polticos para la construccin de la democracia popular en Colombia\nA propsito de los lmites institucionales de la Carta Poltica de 1991\nDocente Departamento de Ciencia Poltica Universidad Nacional de Colombia\nNuevo momento de la movilizacin social\na vitalidad de las luchas y las dinmicas de la movilizacin social que estn liderando en aos recientes las clases y los sectores sociales populares en Colombia, y que se expresan tanto en la diversidad de movimientos indgenas, campesinos, de mujeres, de afrodescendientes, de estudiantes, de jvenes, de mineros artesanales, de trabajadores sindicalizados, de pescadores, para mencionar algunos casos, como en los procesos de articulacin que han emergido y que han permitido definir unos elementos comunes de la resistencia social y que se pueden apreciar con claridad en las apuestas polticas de la Marcha Patritica, el Congreso de los Pueblos, la Asociacin Nacional de Zonas de Reserva Campesina ANZORC, COMOSOC, MIA, CNA, Cumbre Agraria Campesina tnica y Popular, entre otros, expresan un nuevo momento del proceso social y plantean unos novedosos horizontes polticos para la reconstruccin democrtica. Este nuevo momento poltico de la lucha social visibiliza de manera clara y frontal un rechazo al monopolio del poder delegado ejercido por las clases dominantes y plantea la necesitad vital de avanzar en el fortalecimiento y reconocimiento del poder popular como el sujeto protagnico del proceso poltico. As las cosas, la posibilidad de la re-construccin democrtica o, mejor an, de la constitucin de un proyecto poltico\ncontrahegemnico pasa necesariamente, al decir de los actores sociales populares, por la existencia y materializacin de las garantas plenas para el ejercicio soberano del poder popular. La configuracin elitista, excluyente y autoritaria del campo de lo poltico, as como la esquizofrnica negacin por parte de las clases gobernantes de la sujecin de lo constituido a lo constituyente, viene siendo recientemente problematizada y puesta en cuestin por un amplio movimiento social popular. Este proceso de resistencia social expresa tanto un rechazo a las formas autoritarias de ordenar y dinamizar la accin poltica, como una apuesta por avanzar en la construccin de un proyecto contrahegemnico que realmente permita sentar las bases para la construccin de la democracia popular en Colombia. De ah el lugar protagnico que ha cobrado en el movimiento social la discusin sobre el poder popular y la arquitectura jurdica que se requiere para avanzar en este proceso. Y precisamente en este contexto se pone de presente la necesidad de reflexionar sobre qu tanto el ordenamiento poltico existente genera las condiciones para la democratizacin y la participacin social y popular que requiere el campo poltico en Colombia, en especial en un eventual contexto de fin de la confrontacin armada entre las insurgencias y las fuerzas armadas del Estado colombiano. Este texto busca justamente proporcionar algunos elementos de trabajo que contribuyan a esta discusin.\nConstitucionalizacin del neoliberalismo\nLa Carta Poltica de 1991 nace bajo las convocantes narrativas de la democracia participativa y la bsqueda de la paz. Sin embargo, el articulado en que se soporta se constituye en el andamiaje jurdico fundamental para garantizar la entronizacin de un modelo neoliberal que hoy se encuentra en crisis a nivel mundial. A fin de proporcionar algunos elementos que permitan soportar esta afirmacin, a\nN 42, Marzo de 2014 Bogot, Colombia Proceso constituyente\nLa propuesta de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente se entiende como un escenario de posibilidad para que las diversas formas comunitarias de organizacin poltica y econmica de los territorios, propias de los sectores sociales populares, de las comunidades campesinas, indgenas y afrodescendientes, entre otras, sean reconocidas y validadas jurdicamente en una nueva Carta Poltica.\ncontinuacin presentamos de manera general algunos componentes del articulado que recrean el espritu neoliberal de la Carta1.\nEl Pacto Poltico del 91 consagra en el artculo 40 una serie de derechos polticos de carcter fundamental, los cuales han sido considerados como los principales dinamizadores del proceso democrtico en Colombia. No obstante, es posible afirmar que estos mecanismos adolecen, entre otras, de dos dificultades para materializar el ideal democrtico que persiguen. Por una parte, encontramos que la expresin del poder constituyente en algunos escenarios estratgicos para la reproduccin del modelo econmico queda eclipsada en las disposiciones del poder constituido, lo ocurrido con el municipio de Piedras en el Tolima y Tauramena en Casanare es ilustrativo al respecto. Esto en razn de que pese a que la comunidad rechaz por medio de una consulta popular dos proyectos de explotacin minero-energtica, su determinacin fue desconocida por parte del Ejecutivo al considerar que las decisiones sobre la direccin general de la economa, la explotacin de recursos naturales y el uso del subsuelo es de su responsabilidad exclusiva, tal como lo consagran los artculo 332 y 334 de la Carta Poltica 2. Por otra parte, encontramos que el reconocimiento de estas formas de participacin poltica expresan una lectura restrictiva y exclusivamente institucionalizada de la accin poltica, negando de\n1\tExisten mltiples frentes para abordar esta discusin; aqu por razones de espacio nos limitaremos a dos dimensiones del anlisis. 2\tRecordemos que la Corte Constitucional dej en firme la semana pasada esta posicin al declarar exequible el artculo 37 de la ley 685 del 2001 (Cdigo de Minas) que reglamenta dichos artculos. Este artculo seala que ninguna autoridad regional, seccional o local podr establecer zonas del territorio que queden permanente o transitoriamente excluidas de la minera.\nDemocracias restrictivas y no garantas para el ejercicio de la oposicin poltica\nesta manera que el campo de lo poltico desborda la dimensin de lo poltico-electoral, o lo poltico-institucional. En relacin con reglamentaciones que no dan garantas a la oposicin poltica encontramos la ley 1453 de 2011 (la reforma al cdigo penal), la cual reglamenta el artculo 37 de la Carta y establece un marco punitivo a ciertas expresiones de la protesta social. De igual manera, la disposicin del umbral en el artculo 108, que consagra que aquellos partidos o movimientos polticos que en las elecciones no alcancen el 3% de los votos emitidos vlidamente en el territorio nacional perdern su personera jurdica, se constituye en una grave amenaza para agrupaciones de la oposicin que no comparten la estrategia clientelar de las grandes maquinarias electorales3. Tenemos, entonces, un rgimen poltico que desautoriza y criminaliza la poltica no estatal y que, en consecuencia, como lo problematiza Lucio Oliver (2013), no permite una contraposicin de proyectos polticos en lucha por la hegemona, sino que en tanto reconoce exclusivamente la poltica formal termina siendo un ejercicio legitimador de la imposicin de polticos y de polticas que expresan la voluntad del bloque de poder dominante y estatal.\nRgimen econmico disciplinador y un patrn de acumulacin primarizador y extractivista\nLa feria minero energtica que hoy vive de manera descarnada el pas se soporta\n3\tAl cierre de este artculo no se contaba con informacin consolidada de las elecciones para el Congreso del 9 de Marzo para poder valorar el fenmeno.\nde manera especial en los artculos 58, 80, 332, 334, 360 de la Constitucin poltica de Colombia en los que se declara, entre otras cosas, que la industria minera en todas sus ramas y fases es de utilidad pblica e inters social. Estos artculos son reglamentados en la ley 685 de 2001 que sirve de soporte a las resoluciones que discriminan el porcentaje del territorio nacional que sern entregados en concesin: valga recordar la resolucin 045 de 2012, en la cual se declaran 22.262.646 hectreas del territorio nacional como reas estratgicas para la minera (esta cifra no incluye, por supuesto, las 5.324.493 de hectreas ya concesionadas). Menciono aqu, solamente para alertar, que 17 millones de hectreas se concentran en los departamentos de Amazonas, Guaina, Guaviare, Vaups, Vichada y Choc. Frente al tema del ordenamiento territorial tenemos el ttulo XI y su ley reglamentaria, la 1454 de 2011, que tiene por objeto dictar las normas orgnicas para la organizacin poltico- administrativa del territorio colombiano. En ella se establece de manera muy precisa que uno de los principios que debe orientar el desarrollo territorial es que sea econmicamente competitivo y fiscalmente sostenible. En lo que se refiere a un rgimen econmico disciplinador es fundamental destacar, entre otros aspectos, las modificaciones a los artculos 347, 356 y 357 a travs de las cuales se establecen restricciones al monto del crecimiento del sistema general de participaciones destinado para gastos generales en las entidades territoriales. Esta reforma constitucional no tena otro propsito que cumplir los acuerdos establecidos con el FMI en 1999 sobre ahorro fiscal y\nLa coyuntura de las negociaciones entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP abre un escenario de posibilidad para impulsar un proceso de transformaciones sociales que conduzcan a la apertura del sistema poltico, al reconocimiento de otras formas de organizacin y gestin territorial y, en consecuencia, a sentar las bases para avanzar en la construccin un modelo de desarrollo econmico realmente democrtico.\nsaneamiento de las finanzas pblicas, sacrificando el gasto social y reduciendo los recursos disponibles para ejecucin por parte de los entes territoriales. Y el establecimiento del principio de sostenibilidad fiscal y del sistema general de regalas mediante la modificacin de los artculos 334, 339, 346, 360 y 361. Estos y otros elementos denotan las cerrojos jurdicos que plantea el ordenamiento existente para avanzar en eso que se ha denominado la construccin de una democracia popular en Colombia y ponen en evidencia, tal como a inicio del siglo XX lo problematizar Rosa Luxemburgo, que es imposible esclarecer alguna relacin absoluta y general entre el desarrollo capitalista y la democracia. Siguiendo a esta autora podramos considerar que all donde tengamos algo de democracia, esto no se debe al impulso democrtico de las clases dominantes sino que es una conquista lograda precisamente luchando contra ellas. Y es justamente este reconocimiento el que nos pone en el escenario de una discusin sobre los alcances de una Asamblea Nacional Constituyente.\nLos caminos de la paz: hacia una Asamblea Nacional Constituyente\nLas discusiones y problematizaciones recreadas ponen de presente la complejidad a la que se enfrenta el movimiento social popular para avanzar en la materializacin de un proyecto poltico que tenga como horizonte de sentido la construccin de una democracia de carcter popular. En este sentido, la coyuntura de las negociaciones entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP abre un escenario de posibilidad para impulsar un proceso de transformaciones sociales que conduzcan a la apertura del sistema poltico, al reconocimiento de otras formas de organizacin y gestin territorial y, en consecuencia, a sentar las bases para avanzar en la construccin un modelo de desarrollo econmico realmente democrtico. En este sentido, la propuesta de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente se entiende como un escenario de posibilidad para que las diversas formas comunitarias de organizacin poltica y econmica de los territorios, propias de los sectores sociales\npopulares, de las comunidades campesinas, indgenas y afrodescendientes, entre otras, sean reconocidas y validadas jurdicamente en una nueva Carta Poltica. La apuesta entonces es por generar unas bases normativas que garanticen que expresiones y experiencias de participacin poltica comunitaria dejen de ser ignoradas, negadas y, en el peor de los casos, criminalizadas bajo el derecho vigente. Por lo tanto, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente puede constituirse en una plataforma poltica estratgica para avanzar hacia el impostergable camino de la democratizacin de la sociedad desde las bases populares. Con este escenario no se estara planteando que un nuevo pacto poltico va transformar per se las relaciones fundamentales que sustentan la dominacin de clase capitalista, tan solo consideramos que puede generar unas condiciones ms favorables para la construccin de una correlacin de fuerzas ms positiva para el movimiento social colombiano. As y siguiendo de nuevo a Rosa Luxemburgo, bajo la lectura que de ella hace Atilio Born4 (2010), podemos decir que si las reformas afianzan la capacidad de organizacin y lucha de las clases populares, si elevan el nivel de su conciencia poltica, si promueven polticas que debilitan los dispositivos de dominio de la burguesa, y si todo esto se cristaliza en nuevas correlaciones de fuerza cada vez ms favorables al campo de lo popular y en arreglos constitucionales y legales que ratifiquen con todo el peso de la institucionalidad estatal los avances de las clases populares, stas cobran un lugar estratgico en el camino hacia la emancipacin social.\n4\tRosa Luxemburgo. Reforma social o revolucin? Estudio introductorio de Atilio Born (2010). Buenos Aires, Ediciones Luxemburg.\nConstruccin de paz y restriccin fiscal en Colombia:\nPolitlogo Profesor de Ciencia Poltica Universidad Nacional de Colombia\nQu implica presupuestalmente la construccin de una paz estable y duradera?\na construccin de paz en Colombia incluye objetivos en materia de justicia correctiva y justicia distributiva. Es decir, objetivos y medidas de poltica pblica que eliminen las injusticias que causan la guerra (desigualdad, pobreza y profundizacin de modelos de desarrollo que agravan dichas situaciones) y las injusticias provocadas por la guerra (desplazamiento, vctimas, vulnerabilidad socioeconmica extrema). Para algunos, estos conceptos de justicia pueden ser contradictorios o sustitutos, pues la justicia correctiva (o transicional) al concentrarse en las injusticias causadas por la guerra, mira hacia el pasado, puede tener una clara tendencia individualista y puede llevar a la reconstruccin de rdenes sociales injustos (porque se puede reparar a ricos y pobres de manera similar). Al contrario, la justicia distributiva (o social) que se concentra en las injusticias que causaron la guerra mira hacia el futuro, planteando la necesidad de establecer un orden socioeconmico ms justo sustentado en arreglos institucionales que involucren colectivamente a la sociedad. El dilema se presenta cuando los recursos de los que dispone una sociedad son escasos y debe elegirse entre reparar o reconstruir el orden\ndestruido por la guerra, o edificar un nuevo orden sustentado en principios de justicia redistributiva. Hay quienes consideran que ambos tipos de justicia son esenciales para conseguir una paz estable y duradera. Otros insisten en la necesidad de establecer formas de complementariedad en las que, no obstante, la justicia correctiva est sometida a principios de justicia distributiva. En ambos casos, sin embargo, las posibilidades de avanzar en uno u otro camino dependern del relajamiento de la restriccin impuesta por los recursos escasos, definidos en gran medida por la poltica del presupuesto pblico del pas. Aparece, pues, la poltica fiscal como un aspecto fundamental para garantizar el trnsito hacia una sociedad ms justa en materia transicional y social. De otro lado, es preciso insistir en que, ms que la ausencia de conflictos, el escenario pos-negociacin en Colombia puede implicar la visibilizacin de mltiples conflictos, hasta hoy eclipsados por la persistencia del conflicto armado. Bajo este punto de vista, se requerira trasladar el acento desde los objetivos de estabilidad y fin de la violencia que muchas veces dominan los conceptos y discursos sobre construccin de paz hacia el imperativo de la visibilizacin y cualificacin de los conflictos. Es decir: si bien es claro que el fin de la guerra no significa construccin de paz, tambin se requiere aclarar que la construccin de paz no debe significar el fin de los conflictos. Es en este punto en que reaparece nuevamente la poltica fiscal, no nicamente como factor esencial en los avances de justicia correctiva y distributiva sino como instrumento clave para la regulacin de los conflictos. En efecto, el volumen y la composicin del gasto, as como la distribucin de las cargas fiscales, estn determinados por conflictos y compromisos sociales y econmicos entre grupos y clases sociales. El balance fiscal constituye la materializacin de compromisos institucionales tendientes a regular los conflictos sociales emergentes, en un contexto de relativa armona social y prcticas redistributivas.\nLa construccin de paz implica, por lo tanto, exigentes esfuerzos presupuestales. El incremento del gasto pblico constituir un factor clave para alcanzar una sociedad ms justa y capaz de regular sus conflictos. En otras palabras, la construccin de paz y la profundizacin democrtica que ella implica sern el correlato de la capacidad de la sociedad colombiana para visibilizar sus conflictos y regularlos con grados mnimos o inexistentes de violencia y desigualdad. En este contexto resulta fundamental, entonces, el manejo fiscal progresista y equitativo. Sin embargo, Est preparada la estructura fiscal colombiana para atender los retos de la construccin de paz en materia de justicia correctiva y distributiva? O, al contrario, se requieren cambios institucionales que preparen fiscalmente al pas para atender los conflictos sociales que se visibilizarn y dinamizarn en el escenario posnegociacin?\nRegla fiscal para Colombia: dispositivos constitucionales y legales\nDesde el Consenso de Washington de 1990 la poltica fiscal en Colombia fue concebida como la piedra angular del ajuste macroeconmico. Un presupuesto pblico en equilibrio garantizara un manejo fiscal consecuente con el fortalecimiento de la inversin privada, el mantenimiento de la inflacin baja, el control del endeudamiento pblico y la garanta de la estabilidad cambiaria y externa. La centralidad otorgada a la poltica fiscal como eje del ajuste neoliberal fue tan radical que, cuando Juan Manuel Santos funga como Ministro de Hacienda en el gobierno de Andrs Pastrana (1998-2002), no existi la ms mnima duda en proponer presupuestos pblicos de sangre, sudor y lgrimas. Esta tendencia se ha profundizado con la formulacin de una Regla Fiscal para Colombia. En efecto, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de la deuda del Gobierno Nacional Central, el Gobierno de Juan Manuel Santos ha sometido al pas a las exigencias fiscales impuestas por el capital financiero para alcanzar el grado de confianza funcional a los intereses de los prestamistas nacionales e internacionales. La regla fiscal se ha incorporado en el orden constitucional y jurdico del pas a travs del Acto Legislativo que estableci el derecho a la sostenibilidad fiscal para alcanzar los fines del Estado Social de Derecho, y con la promulgacin de la Ley de Incidente Fiscal, segn la cual El Procurador General de la Nacin o uno de los Ministros del Gobierno, una vez proferida la sentencia por cualquiera de las mximas corporaciones judiciales, podrn solicitar la apertura de un Incidente de Impacto Fiscal, cuyo trmite ser obligatorio. Se oirn las explicaciones de los\nLa contradiccin entre las fuertes presiones del gasto pblico y la frrea ley de hierro que se impone bajo el criterio de sostenibilidad fiscal es evidente. Se requiere, entonces, una nueva constituyente para ajustar la institucionalidad fiscal a los imperativos de justicia y regulacin equitativa de los conflictos que exige una paz estable y duradera? Definitivamente, s.\nproponentes sobre las consecuencias de la sentencia en las finanzas pblicas, as como el plan concreto para su cumplimiento y se decidir si procede modular, modificar o diferir los efectos de la misma, con el objeto de evitar alteraciones serias de la sostenibilidad fiscal. Es claro entonces que, con base en dichos entramados institucionales y en contrava de las exigencias presupuestales de la construccin de paz, el gobierno ha afianzado (a nivel constitucional!) un modelo de poltica fiscal que impone frreas restricciones a las posibilidades de regulacin de los conflictos, y a la minimizacin de los factores que causan la guerra y de las consecuencias provocadas por la guerra. Las preguntas que surgen son claras: Cmo atender, por ejemplo, las reivindicaciones campesinas, estudiantiles y de las vctimas sin una poltica presupuestal dispuesta para la construccin de paz? Son la Regla Fiscal y la Ley de Incidente Fiscal dispositivos jurdicos y fiscales que ponen en entredicho la voluntad real del gobierno para avanzar en la construccin de paz? Cmo conciliar las presiones de gasto concernientes a la construccin de paz con aquellas relativas a la agenda interna de competitividad (por ejemplo, en materia de infraestructura) sobre las cuales tiene tanto inters el gobierno? Se advierte en el horizonte una nueva reforma tributaria? O se avanzar, ms bien, en procesos de reasignacin de gasto, por ejemplo, desde el rubro de seguridad y defensa hacia el sector social? La dinmica de los conflictos sociales que se visibilicen en el escenario posnegociacin tendr la ltima palabra. Sin embargo, la restriccin impuesta desde el punto de vista de la consagracin constitucional de la Regla Fiscal implica que un primer escenario de disputa puede ser la estructura constitucional misma del pas; en particular, el entramado fiscal que fija restricciones para la regulacin justa de los conflictos emergentes.\nPerspectivas: Una nueva constituyente?\nHasta hoy no es clara la manera como el Gobierno ajustar su presupuesto a las exigencias de la construccin de paz. Desde el punto de vista de los gastos, sera ingenuo pensar que los conflictos emergentes no demandarn grandes esfuerzos fiscales. Por ejemplo, de acuerdo con estudios realizados por Asociacin Nacional de Instituciones Financieras, el costo econmico de las protestas sociales en el ao 2013 ascendi a 1.8 billones de pesos, lo cual oblig al gobierno a asignar cerca de 1.5 billones de pesos del Presupuesto General de la Nacin para atender las demandas del sector cafetero y transportador y a postergar para 2015 el inicio del desmonte del Impuesto a las Transacciones Financieras (4x1000). A esta cifra faltara sumarle el costo presupuestal de las protestas y conflictos que se presentaron en el sector de la Justicia, el sector agrcola de la papa y por parte de los trabajadores de la Universidad Nacional de Colombia. Para el futuro se esperan, adems, demandas provenientes de los sectores educativo y de la salud, de las vctimas del conflicto armado y de los procesos de reinsercin. A ello habra que sumarle los costos fiscales del cambio en el Rgimen de Transferencias a departamentos y municipios que perder vigencia en 2016. Sin embargo, desde el punto de vista de los ingresos, las perspectivas de reformas gubernamentales insisten en la necesidad de reducir an ms el recaudo tributario (que asciende actualmente al 14.5% del PIB; es decir, menos de la mitad que en Brasil y Chile). Adems, la reforma tributaria aprobada recientemente es ms bondadosa en trminos del impuesto a la renta de las empresas, y el impuesto al patrimonio perder vigencia este ao. A ello se suma que en el documento de Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Gobierno hace la proyeccin de que el gasto del gobierno central reduce su participacin en la riqueza nacional en ms de 2 puntos del PIB, es decir, 16 billones de pesos, para 2017. La contradiccin entre las fuertes presiones del gasto pblico y la frrea ley de hierro que se impone bajo el criterio de sostenibilidad fiscal es evidente. Se requiere, entonces, una nueva constituyente para ajustar la institucionalidad fiscal a los imperativos de justicia y regulacin equitativa de los conflictos que exige una paz estable y duradera? Definitivamente, s.\nSedicin, estetizacin poltica y unidad popular\nn el presente artculo se hace un breve anlisis de los recientes acontecimientos de sedicin desplegados en Venezuela por parte de un sector de la derecha de ese pas. En lneas generales, se denota el regreso de la oposicin a los cauces conspirativos asumidos y fracasados hace ms de una dcada, el notable esfuerzo de los grandes medios de comunicacin por acentuar la estetizacin de la poltica1 y, particularmente, por construir y agenciar un imaginario de crisis total en Venezuela, que reclama una contundente intervencin extranjera, por una parte, y, por otra, la prudencia y sensatez con la que el pueblo bolivariano ha sorteado la situacin, manteniendo su conviccin de llevar adelante el proceso de transformaciones democrticas y populares emprendidas hace 15 aos.\n1\tEl fascismo ve su salvacin en que las masas lleguen a expresarse (pero que ni por asomo hagan valer sus derechos). Las masas tienen derecho a exigir que se modifiquen las condiciones de la propiedad; el fascismo procura que se expresen precisamente en la conservacin de dichas condiciones. En consecuencia, desemboca en un esteticismo de la vida poltica. A la violacin de las masas, que el fascismo impone por la fuerza en el culto a un caudillo, corresponde la violacin de todo un mecanismo puesto al servicio de la fabricacin de valores culturales. Todos los esfuerzos por un esteticismo poltico culminan en un solo punto. Dicho punto es la Guerra. (). Walter Benjamin, La obra de arte en la poca de su reproductibilidad tcnica (Eplogo).\nEl retorno de la estrategia conspirativa\nConvocada por Leopoldo Lpez, quien encabeza la siniestra tendencia de la opositora Mesa de Unidad Democrtica (MUD) denominada Voluntad Popular, la derecha venezolana puso en marcha desde el 12 de febrero de 2014 una estrategia tendiente a la desestabilizacin social, econmica y poltica de Venezuela que lleve al derrocamiento del gobierno de Nicols Maduro. Hacen parte de dicha estrategia el acaparamiento de alimentos2 y la especulacin con los precios de los mismos realizada por los grandes comerciantes y distribuidores, las acciones sediciosas de calle como los disturbios, atentados y guarimbas, las operaciones mediticas locales y globales de manipulacin y desinformacin y las gestiones diplomticas de altos funcionarios y agentes de gobiernos extranjeros que, con simulada neutralidad, convocan al cese de la violencia gubernamental y la paz. Cabe decir que hace 25 aos, cuando el pobrero de Caracas estall en rabia contra el neoliberalismo, y el gobierno de Carlos Andrs Prez en una cruenta represin de dos das caus ms de 300 muertos, esas mismas clases sociales, medios de comunicacin y gobiernos extranjeros que hoy se rasgan las vestiduras con base en montajes, guardaron cmplice silencio sobre la masacre, expresando y reiterando una y otra vez su respaldo al gobierno genocida. La puesta en marcha de dicha estrategia marca un retorno de la oposicin a posiciones similares a las adoptadas hace poco ms de una dcada, cuando se desenvolvieron el golpe de Estado de abril de 2002 y el paro empresarial y petrolero de enero/febrero de 2003. En aquel entonces, las contundentes derrotas recibidas por el bloque de la oposicin en el que\n2\tSe calcula que una tercera parte de los alimentos que se producen en Venezuela, ms los que se importan de varios pases, salen de contrabando a Colombia. Ver: Eleazar Daz Rangel, El desabastecimiento, ltimas Noticias, febrero 9 de 2014.\nN 42, Marzo de 2014 Bogot, Colombia Nuestra Amrica\nEs evidente el regreso de la oposicin a los cauces conspirativos asumidos y fracasados hace ms de una dcada, el notable esfuerzo de los grandes medios de comunicacin por acentuar la estetizacin de la poltica y, particularmente, por construir y agenciar un imaginario de crisis total en Venezuela, que reclama una contundente intervencin extranjera, por una parte, y, por otra, la prudencia y sensatez con la que el pueblo bolivariano ha sorteado la situacin, manteniendo su conviccin de llevar adelante el proceso de transformaciones democrticas y populares emprendidas hace 15 aos.\nconfluan la ex gerencia de Petroleros de Venezuela (PDVSA), la dirigencia de la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV), un sector del alto mando militar y los partidos del puntofijismo bajo nuevas siglas condujeron a la derecha en su conjunto a aceptar el ordenamiento constitucional establecido en 1999 contra el cual decan estar y al empleo del referendo revocatorio como ltima tctica de su deslegitimado y disperso accionar. Despus de los fracasos de 2002 y 2003, de los reveses sufridos en el referendo revocatorio de agosto de 2004 y la aplastante derrota consumada en las presidenciales de diciembre de 2006, la derecha no tuvo ms opcin que el repliegue y la aceptacin, a regaadientes, del curso de transformaciones nacional-populares que tomaba el proceso poltico en Venezuela. Ante el fracaso de la estrategia conspirativa, la derecha trmino plegada a las vas legales de accin poltica, de modo que mantuvo un moderado respeto por los mecanismos institucionales y electorales como los medios privilegiados para la canalizacin de su hostilidad hacia el gobierno. Esta pauta de conducta ha venido modificndose drsticamente desde marzo de 2013 luego de la muerte del presidente Hugo Chvez. La ausencia de Chvez llev a la derecha a hacer clculos errados sobre el futuro poltico del pas. Para esta, el proceso poltico quedaba hurfano de conduccin y sin horizonte; as, sus expectativas de retomar el control del Estado se agigantaron. Sin embargo, bastaron dos procesos electorales en el ao 2013 (presidenciales de abril y municipales de diciembre) para constatar que sus posibilidades de gobernar el pas siguen siendo nulas. La muerte de Chvez acrecent la expectativa del imperialismo norteamericano y la derecha venezolana de echar abajo los cambios sociales alcanzados, de truncar el proceso de reformas polticas y econmicas en curso y de enterrar las iniciativas integradoras y\nemancipadoras de la regin, manifiestas en procesos como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeos (CELAC). Puesta ante un escenario de marginalidad en el debate poltico durante los prximos seis aos, la derecha, en cabeza de Leopoldo Lpez y Mara Corina Machado, azuzada y respaldada por el imperialismo, ha retornado a la estrategia de la conspiracin. El sector que estos representan, si bien es poco significativo numricamente dentro del conjunto de la derecha, goza de un importante respaldo meditico local y global, el cual es su nica fortaleza. La apuesta de este sector, que sobresale por la ausencia de banderas programticas, por su inmadurez y torpeza poltica y su escualidez propositiva, es la desestabilizacin del pas para propiciar la inmediata intervencin norteamericana. A casi un mes del comienzo de la ofensiva desplegada por la derecha puede decirse que sta no prosper porque en torno a la defensa del proceso poltico existe una colosal muralla constituida por la unidad de las Fuerzas Armadas y el pueblo venezolano en torno al proyecto nacional y popular.\nLa puesta en escena guarimbera\nLa coyuntura propiciada a partir del 12 de febrero tuvo un ingrediente de contexto adicional, constituido por las medidas que en materia econmica aplic el gobierno a fin de controlar la tnica especulativa desatada por parte de las grandes cadenas comerciales a fines del ao 2013. En Venezuela, la burguesa comercial beneficiada con una tasa de cambio privilegiada, ha aprovechado enormemente tal ventaja para acrecentar sus dividendos y a la vez\ndesangrar la economa mediante la fuga de divisas3. Para atenuar tales prcticas, el gobierno expidi en diciembre de 2013 la Ley de Precios Justos que fija un tope de 30% al beneficio comercial; la reaccin frente a tal medida no se ha hecho esperar y es una de las causas inmediatas del malestar de la burguesa y la clase media. El 11 de febrero de 2014, el peridico El Universal de Caracas, uno de los que ms se queja de ausencia de libertad de expresin, public en su pgina editorial el llamado de Leopoldo Lpez a movilizarse en contra del gobierno ineficiente, corrupto y antidemocrtico, que constituye una amenaza nacional, representada por una cpula podrida y corrupta que ha secuestrado al Estado venezolano, convirtindolo en delincuente4. Simultneamente en las redes sociales se convoc a marchar para ponerle fin a la dictadura con la consigna: Saquemos a Maduro. La marcha finaliz convertida en un ataque al edificio de la Fiscala y en un enfrentamiento armado entre sediciosos y agentes estatales. Durante las dos semanas siguientes en el contexto de la movilizacin opositora en diversos lugares del pas y en confusas circunstancias hubo 14 muertos5. Las grandes cadenas globales y los monopolios mediticos regionales manipularon en un frente comn contra el gobierno bolivariano cada acontecimiento a fin de posicionar el imaginario de la escasez alimentaria, la hambruna, el silenciamiento, la represin, la dictadura, el totalitarismo y la guerra civil en Venezuela. Altos funcionarios y agentes de gobiernos enemigos se sumaron al coro meditico e incluso el secretario general de la obsoleta Organizacin de Estados Americanos (OEA), Jos Miguel Insulsa, propuso la intervencin directa de actores externos en Venezuela. Si se tiene en cuenta la intensa actividad intervencionista desplegada por las agencias norteamericanas en Venezuela6, no es dable pensar que las acciones de la oposicin, comenzando por la escasez de ciertos alimentos, sean espontneas y aisladas, y que sus resultados sean accidentales. Los manuales norteamericanos sobre operaciones encubiertas aplicados en Chile para derrocar el gobierno de Salvador Allende y empleados hasta el presente en contra de la revolucin cubana tienen mucho que decir respecto a lo que viene aconteciendo en Venezuela.\n3\tLa burguesa teniendo el grueso del poder econmico, impulsa un feroz vaciamiento de capitales: Venezuela ha sufrido una fuga de capitales (en el perodo de control de cambio) de alrededor de 150 mil millones de dlares, un equivalente aproximado de 43% del PIB del ao 2010. (En el pas) 400 mil capitalistas apropian 60% del PIB, en detrimento de ms de 13 millones de trabajadores que slo captan un 40%. Manuel Sutherland, Siete apuntes sobre las protestas en Venezuela, Aporrea, febrero 17 de 2014. 4\tLeopoldo Lpez, 12 de febrero, El Universal, Caracas, febrero 11 de 2014. http://www.eluniversal.com/ opinion/140211/12-de-febrero 5\tTelesurtv, As ocurrieron las 14 muertes por violencia de la derecha en Venezuela, febrero 26 de 2014. 6\tSegn Golinger desde 2002 hasta el presente los Estados Unidos han transferido mediante sus agencias e instituciones promotoras de la democracia y la sociedad civil ms de 100 millones de dlares para apoyar las actividades de la oposicin al gobierno bolivariano.\nEl desesperado retorno de la derecha por los cauces conspirativos y su apuesta por la estrategia de la desestabilizacin interna, para favorecer una intervencin externa, da cuenta de una derrota estratgica de su tenebroso y proestadounidense proyecto poltico. Las violentas acciones desplegadas por la derecha no le permiten sumar, en cambio son bastante tiles a los planes norteamericanos de intervencin en Venezuela. A pesar de todas la especulaciones tejidas en torno a la futura autosuficiencia energtica de Estados Unidos, el petrleo latinoamericano contina estando en primer lugar en el orden del da de los planes imperiales, as qued demostrado con la reciente reforma energtica mexicana que sell la entrega de los hidrocarburos a las compaas norteamericanas. Y el despojo del petrleo a Venezuela pasa por el derrocamiento del gobierno de Nicols Maduro y el descarrilamiento del proceso de independencia y soberana emprendido por el comandante Hugo Chvez en 1999. La derecha no ha quemado todos sus cartuchos y es muy probable que vengan, como hace una dcada, das de intensas confrontaciones sociales. Esta vez la revolucin bolivariana tiene en su haber numerosas conquistas, ha sedimentado valiosos logros que le permitirn enfrentar con tenacidad los lances de la derecha. Por ahora, la derrota de la ofensiva derechista es propicia para profundizar el proceso de transformaciones sociales acentuando polticas que lleven a alcanzar la soberana alimentaria y la diversificacin productiva, a establecer el control nacional sobre la banca y el comercio exterior, a la distribucin igualitaria de la renta y el ingreso y a avanzar en la consolidacin de los procesos de unidad continental bolivariana y latinoamericana.\nVacila una hegemona en ciernes\nSocilogo ecuatoriano Colaborador de la International Gramsci Society (IGS) Director de la Revista Espacios\nace apenas un ao, en febrero de 2013, con un triunfo electoral, el noveno en seguidilla, que garantizaba a Rafael Correa no solo su reeleccin hasta el 2017 sino el control de los 2/3 del poder legislativo, pareca inevitable calificar la situacin de hegemnica, no solo por el dato de la estabilidad poltica, no poca cosa en un pas, como el Ecuador, caracterizado por una constante inestabilidad poltica, sino por una adhesin popular que pareca absorta ante el nuevo liderazgo. En enero de 2014, al iniciar el sptimo ao consecutivo de mandato, Correa se ubicaba en el selectsimo grupo de presidentes de la Repblica con una secuencia similar en el cargo: apenas son cuatro los primeros mandatarios en la historia republicana del Ecuador que tienen ese rcord, incluido el actual en funciones. Adicionalmente, este indiscutible respaldo popular se le conceda en nombre de una revolucin, la revolucin ciudadana, y bajo la legitimidad de un proceso constituyente y una Constitucin de vanguardia (derechos de la naturaleza y buen vivir, entre lo destacado), que, sin embargo, hacia 2014 va siendo intercambiada por un desarrollismo de cambio de la matriz productiva. Teniendo en cuenta lo anterior, los resultados electorales del 23 de febrero de 2014 llaman a ser bastante cautos sobre la solidez de la hegemona en ciernes, si nos atenemos a los preceptos de construir poder popular, y nos presentan una fase de vacilacin, de prdida de su capacidad de convocatoria y liderazgo, especialmente en tratndose\nde los sectores populares. Ms an si a los resultados electorales se les concede el atributo de otorgar o quitar la legitimidad poltica. Qu nos dicen las elecciones de febrero de 2014 en el Ecuador, cuyo propsito fue renovar los gobiernos locales a nivel municipal y provincial? En primer lugar, indican una prdida sustancial del electorado directamente adherente al partido poltico del presidente Rafael Correa, el movimiento Alianza Pas, listas 35, que en febrero de 2013 haba obtenido el 62% de la votacin para las elecciones de parlamentarios provinciales y ahora solo logra el 37% a nivel nacional. En segundo lugar, una prdida en los bastiones electorales que fueron la cuna del ascenso poltico del presidente Rafael Correa, como son las ciudades de Quito y Cuenca: en ambas se pierde la alcalda que estaba en manos de Alianza Pas. Cuando Correa se present por primera vez a elecciones, a finales de 2006, fueron cruciales los respaldos electorales obtenidos en Quito y Cuenca, caracterizados por una fuerte politizacin, una numerosa clase media y la incorporacin de poblacin migrante a los permetros productivos. En tercer lugar, y lo que es trascendente para la hiptesis de que la hegemona en ciernes ha entrado en una fase vacilante, se evidencia una prdida de la capacidad de liderazgo de Rafael Correa para revertir una tendencia adversa de disputa poltica. Por lo tanto vale la pena detenerse un momento en este punto. El diagnstico que realizan la direccin de Alianza Pas y el propio Correa un mes antes del 23 de febrero sobre la disputa electoral en torno a la alcalda de Quito es el correcto: la derecha se ha unido en torno al candidato Mauricio Rodas, est en movimiento una campaa orquestada junto con los grandes medios de comunicacin, y ellos estn captando la votacin indecisa. La situacin es apremiante.\nTeniendo en cuenta lo anterior, los resultados electorales del 23 de febrero de 2014 llaman a ser bastante cautos sobre la solidez de la hegemona en ciernes, si nos atenemos a los preceptos de construir poder popular, y nos presentan una fase de vacilacin, de prdida de su capacidad de convocatoria y liderazgo, especialmente en tratndose de los sectores populares. Ms an si a los resultados electorales se les concede el atributo de otorgar o quitar la legitimidad poltica.\nLa respuesta que dan a la situacin de apremio es muy similar a la que haban dado antes frente a momentos similares: Rafael Correa se apersona de la campaa en Quito bajo el supuesto de que su capacidad de liderazgo es capaz de revertir la tendencia; de lo que se trata es de poner al presidente y sus logros de gobierno (carreteras, aeropuertos, modernizacin) como el criterio dirimente de un futuro promisorio. Mas en este caso el remedio fue peor que la enfermedad. No solo no se reverti la tendencia, a la final en la alcalda de Quito el candidato de Pas obtiene el 39% de la votacin frente al candidato de la derecha que obtiene el 59%, sino que esto repercute a nivel nacional, pues pierde en 18 de las 22 alcaldas capitales de provincia. En cuarto lugar, es importante decir que no solo la derecha se uni en Quito, sino que hubo una campaa orquestada y bien planificada para golpear a los candidatos de Alianza Pas y al gobierno de Rafael Correa a nivel nacional. Sera una ingenuidad creer que estamos ante un hecho que tiene como protagonistas a actores polticos locales; la emergencia de Mauricio Rodas, por ejemplo, formado en las escuelas de gobernabilidad de la derecha mexicana y con auspicios de fundaciones gringas, responde a intereses econmicos y polticos de carcter transnacional. En quinto lugar, para completar el panorama, dos partidos aliados al presidente Rafael Correa lograron mejorar sus resultados electorales, como son el Movimiento Avanza, que lidera su ministro Gonzlez, y el Partido Socialista-Frente Amplio. En sexto lugar, nos permiten constatar que en el partido de gobierno, Alianza Pas, son evidentes las consecuencias de un liderazgo personalista y vertical de Rafael Correa, que impide no solo que otras figuras puedan afirmarse, sino que mella cualquier consolidacin ideolgica. En sptimo lugar, cabe mencionar que la izquierda a la izquierda de Correa logro pervivir a los afanes del\ngobierno por su eliminacin: el movimiento Pachakutick alcanzo alcaldas y prefecturas precisamente en las regiones de disputa respecto del extractivismo, como son las provincias amaznicas de Orellana, Morona y Zamora, mientras que el Movimiento Popular Democrtico logro la prefectura en la provincia de Esmeraldas y varias alcaldas del interior. En el Ecuador actual la situacin de correlaciones de fuerza se torna compleja, con un revs electoral de Alianza Pas y una derecha fortalecida, lo que, empero, no necesariamente implica un escenario de prxima derrota en las elecciones de 2017; tampoco eso era lo esencialmente en disputa en este febrero. Lo verdaderamente en disputa, lo que uni a la derecha, es la pugna por participacin y reparto alrededor del eje fundamental de la estrategia econmica del gobierno, lo que se ha denominado el cambio de la matriz productiva, y eso mismo es lo que ha debilitado duramente la perspectiva de un proyecto hegemnico con participacin popular.\nEn nombre del cambio de la matriz productiva estn en juego grandes proyectos extractivistas, modernizacin vial e inmobiliaria, alianzas con transnacionales para la conformacin de ciudades del conocimiento y la negociacin con la Unin Europea. No fue casual que en meses precedentes el gobierno de Correa renunciara al proyecto emblemtico del Yasuni-ITT y abriera la exploracin petrolera sobre zonas de biodiversidad en la Amazona. Y la estrategia de cambio de la matriz productiva no considera como ejes de la transformacin productiva a las economas populares; ellas quedan relegadas para ser tratadas en el marco de las polticas sociales de combate a la pobreza, merecedoras de programas de subsidios, pero no de transformaciones productivas en la estructura del sistema. El modelo poltico de caudillismo con extractivismo est mostrando sus enormes debilidades, y con eso no se puede construir una hegemona con bases y perspectivas populares.\nUcrania, la desestabilizacin y el factor econmico\nEx Ministro de Economa de Cuba Asesor del Centro de Investigaciones de la Economa Mundial (CIEM)\ncraniase ha convertido en polgono de lucha entre grupos de poder que defienden intereses que poco o nada tienen que ver con las aspiraciones ms legtimas del pueblo ucraniano. Ms all de lo aparente, si se examina con detenimiento la confrontacin entre los grupos que representan los intereses econmicos de Europa occidental y aquellos asociados ms estrechamente con la economa rusa, esta pugna ha derivado en un golpe de estado a favor de los primeros, que lograron movilizar el descontento de una parte de la poblacin del pas con fuerzas encabezadas por partidos de ultraderecha y la activa participacin de bandas mercenarias de ideologa fascista. Todo esto ocurre en un contexto de histricas tensiones nacionalistas subyacentes que no pueden ignorarse, pero donde la verdadera raz de los conflictos actuales se remonta a las consecuencias econmicas del derrumbe de la URSS y a la transicin a un capitalismo neoliberal, que est en la base de los problemas que enfrenta Ucrania actualmente. Efectivamente, en ese doloroso proceso Ucrania fue uno de los pases ms golpeados, registrando una cada del 65% de su PIB entre 1989 y 1999, con un crecimiento sistemtico de la inflacin, que alcanz un 36,5% anual entre 1995 y el 2004. Luego de una efmera recuperacin, la economa fue impactada por la crisis actual registrando una cada del 14,8% del PIB en el ao 2009, la mayor contraccin de toda la Comunidad de Estados Independientes que agrupa a 11 antiguos miembros de la URSS.\nMs recientemente la economa solo ha alcanzado crecer un 10,2% entre 2010 y 2013, no logrando recuperarse an del impacto de la crisis, adems de permanecer a niveles que todava no recuperan los de 1989. Este deterioro ha conllevado un fuerte desbalance financiero externo, con saldos negativos de cuenta corriente en torno al 8% del PIB, a lo que se suman dficits presupuestarios superiores al 4% desde 2012. De tal modo, el pas ha sufrido un fuerte proceso de endeudamiento, y solamente en los ltimos cuatro aos la deuda externa creci ms de 36.000 millones de dlares, alcanzando en 2013 140.000 millones, lo que representa alrededor del 80% de su PIB. Con la aplicacin de medidas de ajuste que a criterio delFMIy laUnin Europea (UE)resultaban insuficientes y habida cuenta de su elevada vulnerabilidad externa, los sucesivos gobiernos del pas han recibido fuertes presiones para acelerar este proceso, las cuales encontraron eco en dirigentes ms dciles a los dictados de Occidente. Esto llev a la llamada Revolucin Naranja, que en 2004 impugn la victoria electoral de Viktor Yanukvich y logr imponer a la favorita neoliberal Yulia Timoshenko, que gobern como primera ministra entre 2007 y 2010. Precisamente durante ese perodo el FMI otorg al pas un crdito por 16.500 millones de dlares. Sin embargo, con la eleccin de Yanukvich como presidente en febrero de 2010 un nuevo prstamo de 15.000 millones del propio organismo fue congelado. De otra parte, Ucrania ha sido tambin muy dependiente energticamente, ya que produce solamente un 25% del gas que consume, siendo suministrado un 35% por Rusia y un 40% por pases de Asia Central. Rusia ha presionado igualmente al pas durante aos mediante las tarifas energticas, generndose una importante deuda por este concepto. Del mismo modo, en fechas ms recientes han existido intensas gestiones para incorporar a Ucrania a la Unin\nMs all de lo aparente, si se examina con detenimiento la confrontacin entre los grupos que representan los intereses econmicos de Europa occidental y aquellos asociados ms estrechamente con la economa rusa, esta pugna ha derivado en un golpe de estado a favor de los primeros, que lograron movilizar el descontento de una parte de la poblacin del pas con fuerzas encabezadas por partidos de ultraderecha y la activa participacin de bandas mercenarias de ideologa fascista.\nAduanera, que integran Rusia, Kazajstn y Bielorrusia, con el posible ingreso de Armenia este ao. En un clculo que trat de lograr la variante ms redituable para salvar la crisis, durante 2013 la administracin de Yanukvich gestion el posible ingreso de Ucrania a un Acuerdo de Asociacin con la UE, para lo cual los socios comunitarios estaban dispuestos a compensar solamente con 1.000 millones de dlares las posibles prdidas del pas por su alejamiento del mercado ruso, adonde iba a parar el 25% de las exportaciones del pas. Sin embargo, ese acuerdo supona el libre comercio con la UE, lo que se traducira en el desplazamiento de los productos de Ucrania dada su baja competitividad, con las enormes prdidas que consecuentemente se registraran. La decisin adoptada por el gobierno ucraniano el 21 de noviembre pasado rechazando ese acuerdo fue el factor que desat las protestas de los interesados en el acercamiento a Europa, lo que unido al estallido de otras tensiones internas subyacentes condujo a la compleja situacin actual. Frente a esta coyuntura, el 17 de diciembre, el gobierno ruso otorg un crdito de 15.000 millones de dlares y la rebaja del 33% en las tarifas del gas, decisiones que fueron suspendidas con el golpe de estado y que colocan a Ucrania en una situacin cercana al default financiero actualmente. Los nuevos gobernantes que tomaron el poder tras el golpe de estado, han referido que el pas requiere as una inyeccin de 35.000 millones de dlares entre 2014 y 2015 para hacer frente a sus obligaciones financieras. No obstante, la respuesta de la UE y el FMI ha sido muy cautelosa no avalando de momento esa cifra y poniendo como condicin que cualquier financiamiento tendra que cumplir con los programas de ajuste propugnados durante aos. De este modo, la actual coyuntura econmica se describe por algunos economistas de derecha como Anders Aslund como la supuesta oportunidad para poner en orden la economa del pas, reduciendo\nUn observador imparcial tendra que reconocer que fueron los impactos de la aplicacin de polticas neoliberales en Ucrania por ms de 20 aos los que han creado las condiciones de enorme vulnerabilidad externa que hoy sufre el pas y que se encuentran en los orgenes de los acontecimientos actuales, por ms que la propaganda se empee en no reconocerlo as.\ngastos sociales, eliminando subsidios, congelando salarios, liberalizando precios y abriendo el pas a la inversin extranjera, entre otras medidas del recetario neoliberal. Ciertamente, ni el gobierno de Viktor Yanukvich ni el de su predecesora Yulia Timoshenko tuvieron xito en desarrollar los cambios estructurales requeridos para que la economa ucraniana pudiera crecer de manera estable y recuperar siquiera el nivel del PIB que tuvo en 1989. Adicionalmente las sucesivas administraciones que han gobernado el pas han sido impugnadas por acusaciones de corrupcin. En ese sentido la propia Yulia Timoshenko result procesada y encarcelada por manejo inapropiado de los fondos pblicos y tambin se ha acusado a Vktor Yanukvich por la malversacin de unos 12.000 millones de dlares. Es as que Ucrania ocupa el 29. lugar entre los pases ms corruptos del mundo, segn el ndice de Percepcin de la Corrupcin que calcula la ONG Transparency International. Desde otra perspectiva, la direccin adoptada por el actual gobierno ucraniano est enfilada claramente contra Rusia, no\nsolamente por lo que puede significar su declarada voluntad de acercamiento a la UE y a Estados Unidos, sino tambin por el efecto que tiene sobre los empresarios rusos. Al respecto, vale la pena recordar que el grueso del gas que Rusia exporta a Europa pasa por gasoductos ucranianos y ya la incertidumbre que comienza a abrirse paso se refleja en las cadas en la bolsa de las acciones de compaas como GAZPROM. Realmente los acontecimientos por venir pueden llevar a una confrontacin que conduzca a lo que algunos analistas han llamado como la II Guerra Fra, o incluso al desmembramiento del pas en medio de una guerra civil. Si estos escenarios terribles llegaran a materializarse, un observador imparcial tendra que reconocer que fueron los impactos de la aplicacin de polticas neoliberales en Ucrania por ms de 20 aos los que han creado las condiciones de enorme vulnerabilidad externa que hoy sufre el pas y que se encuentran en los orgenes de los acontecimientos actuales, por ms que la propaganda se empee en no reconocerlo as.\nIndignacin colectiva como medida ante los abusos contra el gnero femenino\nEstudiantes de noveno semestre de Economa Miembros de la Red Socialista de Colombia Mujeres indignadas ante los abusos del machismo y ante la indiferencia\no es la primera vez que en los medios de comunicacin se ocupan de la violencia contra la mujer. Diariamente nos enfrentamos a noticias de hombres que golpean a sus novias, esposas y madres, de hombres que violan y matan mujeres en las calles. Pero el tema actual se refiere a los mltiples abusos que sufrimos (muchas veces en silencio) las mujeres en los medios de transporte. Del que se tiene mayor informacin es del que ocurre en Transmilenio, donde segn cifras oficiales, en 2013 se recibieron 109 denuncias de abusos y en lo que lleva este ao se han manifestado 9. En este punto, es necesario aclarar que muchos de estos casos no son denunciados, ya sea por miedo al agresor o por vergenza a que las personas se enteren de que hemos sido abusadas, entre otras, porque la denuncia es vista como un acto que somete a la mujer y a su dignidad a la humillacin y la burla pblica. Las mujeres tenemos que aguantar desde una palabra obscena que algn hombre nos susurre en la calle hasta presenciar que un hombre se toque sus partes ntimas en un bus de Transmilenio. Es evidente que a pesar de los avances que tanto hombres como mujeres hemos tenido para superar el machismo, an falta un recorrido importante para que nosotras entendamos integralmente que somos dueas de nuestro cuerpo y que los hombres entiendan que no pueden decidir por nosotras, independientemente de cmo nos vistamos, actuemos o pensemos; finalmente cada uno es un ser humano dueo de su propia vida, de su cuerpo y de sus actos.\nLa opresin sufrida por las mujeres permea todos los mbitos de la vida social. La cultura machista, de la cual hacen parte tanto hombres como mujeres1, lleva a que en la conciencia social se considere como una especie de orden natural la supremaca del hombre sobre la mujer. De ah que ellos tengan el derecho de acceder a la corporalidad de la mujer, que, entre otras, es vista como un instrumento de satisfaccin sexual2. Darle continuidad a este principio de subordinacin de las mujeres frente a los hombres logra, por un lado, perpetuar los abusos hacia la dignidad de las mujeres y, por otro, contribuye a que los esfuerzos por la emancipacin de las mujeres sean invisibilizados, satanizados y, en ltimas, desconocidos. Sin embargo, es claro que bajo un enfoque dialctico esa dominacin patriarcal genera a su vez un potencial revolucionario en las mujeres. Claramente los casos de violencia intrafamiliar y los abusos sexuales merecen toda la atencin de la sociedad capitalina y colombiana; sin embargo, estos hechos que para algunos son pequeos en comparacin con los otros tambin merecen que se les dedique un momento en la agenda pblica. Ser que la sociedad colombiana terminar viendo estos casos de manoseo y obscenidades como algo comn, as como una parte de la poblacin ya no se escandaliza con los constantes casos de robos? En realidad, las mujeres esperamos que no, ya que al aceptar estas pequeeces se permite avanzar an ms en el maltrato. Ahora, frente al abuso, funcionarios pblicos han decidido implementar en el transporte pblico un espacio destinado slo a las mujeres. Se trata de un tipo de discriminacin positiva para evitar que las mujeres sigan siendo abusadas por los hombres (como\n1\tY de la que no se salvan muchos socialistas y militantes de izquierda. 2\tSin entrar a definir el papel que dentro del patriarcado cumple la mujer en la familia, lo cual es tema de otra discusin, que por dems debe darse en todos los espacios (partidos polticos, movimientos sociales, la Iglesia, el Estado, etc.).\nEn la medida en que la sancin social sea ms profusa, menor ser el miedo que la gente tenga de intervenir; estos mecanismos de condena social deben ir acompaados de otros de carcter normativo y legal que castiguen este clase de actos. Es importante que las mujeres tengamos ese apoyo social frente a este tipo de acontecimientos, que simplemente no se deben callar.\nen los casos de Mxico, Japn y Brasil). En relacin con la medida, se encuentran diferentes perspectivas no solo de parte de la ciudadana sino tambin de la opinin pblica: por un lado, la Secretaria Distrital de la Mujer, Martha Luca Snchez 3, no la considera como una forma de segregacin, sino como una medida amparada por la Constitucin que servir para proteger a las mujeres de los abusos en el transporte pblico; de otro lado, la recin elegida representante a la Cmara, Anglica Lozano4, plantea que no es una solucin definitiva y que, por el contrario, no es ms que una derrota para la sociedad, por lo que se debera pensar en otras medidas, como los mecanismos de denuncia y la cultura ciudadana. Sumado a esto, es comn escuchar entre las ciudadanas inconformismo por la medida, porque la ven como una forma de discriminacin, mientras muchos ciudadanos que afirman que no todos pueden ser catalogados como agresores y abusadores. En consecuencia, cabe preguntarse si es esta realmente una solucin trascendental que revierta la situacin. Creemos que no: aislar a las mujeres no significa que los hombres abusadores (que no son todos) dejen de creer que por el hecho de ser hombres tienen el derecho de tocar una mujer sin su consentimiento. Aislarnos no significa atacar el problema de frente; por el contrario, podra generar mayor segregacin y la perpetuacin de los abusos5. La solucin debe ser un poco ms comunitaria o de colaboracin si se quiere, en el sentido de que tanto hombres como mujeres que presencien este tipo de\n3\tVer entrevista de Blu Radio en: http://www.bluradio. com/58476/vagones-de-transmilenio-para-mujeres-niexcluyen-ni-segregan-segun-distrito 4\tVer artculo de Semana : http://www.semana.com/nacion/ articulo/polemica-por-vagones-para-mujeres-en-transmilenio/379586-3 5\tEl hecho de que en pases un poco ms avanzados que el nuestro esta medida est funcionando, no significa que sea la solucin.\nactos se solidaricen con la vctima y ayuden a generar una especie de escarnio pblico (sin violencia), que por lo menos genere un sentimiento de vergenza en el agresor, y no en la agredida; comportamiento que debe ser liderado inicialmente por nosotras las mujeres. En la medida en que la sancin social sea ms profusa, menor ser el miedo que la gente tenga de intervenir; estos mecanismos de condena social deben ir acompaados de otros de carcter normativo y legal que castiguen este clase de actos. Es importante que las mujeres tengamos ese apoyo social frente a este tipo de acontecimientos, que simplemente no se deben callar. Este es un llamamiento tanto a las mujeres como a los hombres que de verdad consideran que los actos de machismo son repudiables; a que acompaen a sus compaeras (de Transmilenio, de bus, de acera de vida) en el momento que sientan que son abusadas en su integridad. No podemos seguir dejando avanzar la violencia contra la mujer hasta el punto que lo consideremos algo normal y cotidiano. Debemos aprender a respetarnos mutuamente, con el fin de crear una conciencia colectiva de no agresin ni abuso de la integridad del otro, una conciencia que en ltimas busque superar el machismo y la dominacin patriarcal. No se pretende con esto un simple gesto de compasin en cuanto a este caso especfico que hemos tratado, sino que en realidad nos apropiemos del dolor de la otra o del otro para poder generar cambios estructurales y permanentes en la forma de pensar y actuar de todos los que componemos esta sociedad. Consideramos que modificando el patrn de conducta frente a estos casos catalogados de no tan graves, se puede lograr un freno ante las actitudes machistas, lo cual puede llegar a instancias mucho ms altas como la reduccin de los casos de violencia intrafamiliar.\nDarle continuidad al principio de subordinacin de las mujeres frente a los hombres logra, por un lado, perpetuar los abusos hacia la dignidad de las mujeres y, por otro, contribuye a que los esfuerzos por la emancipacin de las mujeres sean invisibilizados, satanizados y, en ltimas, desconocidos.\nLa otra poltica: Cumbre de las clases subalternas del campo\nunto con el inicio de los dilogos de La Habana tendientes a solucin poltica del conflicto social y armado y la realizacin del Paro Nacional Agrario del ao pasado, la Cumbre Nacional Agraria Campesina, tnica y Popular, del 15 al 17 de marzo, representa uno de los hechos polticos ms significativos de las clases subalternas en su historia presente. La Cumbre se ha constituido en lugar de encuentro de mltiples dinmicas constituyentes que, en medio de la movilizacin y la lucha, han sido gestadas por diversas expresiones organizadas del campo popular. Para el destino de las luchas del pueblo colombiano tiene un profundo significado que campesinos, indgenas, afrodescendientes y otros trabajadores de campo hayan tomado la decisin de avanzar en un proceso de unidad, el cual ha de conducir en primera instancia a la construccin de un pliego nico, que unifique en los propsitos de confrontar el modelo econmico neoliberal y de condensar las principales aspiraciones de los explotados y dominados del campo para su buen vivir. El pliego nico ser el instrumento que dotar al movimiento con las herramientas polticas necesarias para llevar a cabo el Paro Nacional, que las organizaciones convocantes de la Cumbre han anunciado para finales del mes de abril. El proceso de unidad en curso se est construyendo con solidez. No es el resultado de acuerdos pragmticos entre direcciones de aparatos polticos con fines cortoplacistas, como se ha expresado en numerosas experiencias vividas y presentes del campo popular. En esta ocasin, se ha tratado de un proceso construido desde abajo, involucrando de manera directa a los campesinos, indgenas y afrodescendientes y a sus organizaciones. La Cumbre ha estado precedida por una Precumbre preparatoria, celebrada en diciembre de 2013, que, adems de reafirmar a voluntad poltica de las diferentes organizaciones a favor de la unidad, permiti avanzar en la identificacin\nde aspectos programticos comunes. A la Precumbre le sigui la realizacin de 21 cumbres regionales, con las que se ha avanzado en el proceso de unidad desde lo regional y, sobre todo, en la definicin y construccin de los componentes del pliego nico. En ese sentido, la Cumbre ser un punto de llegada y no un encuentro ms. Adems de expresar un proceso colectivo de construccin social, la Cumbre da cuenta de cambios en la calidad del movimiento popular colombiano. En efecto, es evidente que se viene consolidando la perspectiva de su carcter constituyente. Aunque la resistencia y la reivindicacin representan indiscutibles ejes articuladores, debe advertirse que se est en presencia de un proceso de politizacin en ascenso que se traduce no slo en la crtica y la accin poltica contra lo existente, sino que va ms all al situarse en la formulacin de alternativas concebidas desde el propio campo popular, que son pensadas adems en trminos de la construccin de poder popular. En ese sentido, la identificacin y la definicin de las luchas como acciones en defensa del territorio, entendido ste como relacin social, ocupan un lugar central. En la disputa por el territorio se sintetiza en la actualidad la tendencia histrica de la acumulacin capitalista y de la conflictividad social y de clase inherente a ella. Si se logra consolidar la autocompresin del carcter constituyente del movimiento, se avanzar en la posibilidad de desatar fuerzas hacia un proceso constituyente, uno de cuyos momentos estelares debe ser la convocatoria y realizacin de un Asamblea Nacional Constituyente. Para las perspectivas del campo popular, la definicin de un nuevo marco jurdico institucional para la accin poltica resulta del mayor significado. Desde luego que sus aspiraciones no se agotan all. La Cumbre demuestra otra posibilidad del devenir de la poltica, ms all de las instituciones. El gran salto hacia la unidad que se est dando tiene la tarea pendiente de estimular y contribuir a fortalecer la lucha y la movilizacin urbanas y, desde luego, el proceso de unidad con los procesos populares urbanos. En la ms amplia unidad del campo popular, en medio de la movilizacin y la lucha, se encuentran la posibilidad para producir un cambio en la correlacin de fuerzas y quebrar la dominacin de clase.\nAndrs Monroy http://seryozem. blogspot.com/2013/07/desfile-militardel-20-de-julio-2013.html\nDocumentos similares a Revista Izquierda N°42, Marzo de 2014\nFoda Basic Opc\nPobre Negro y Cumboto


abuela follada - videosdeincesto.net\nVideos de incesto con la etiqueta abuela follada.\n6 julio, 2016 - 23.497 visitas\nMi abuela quería una buena follada\n10 abril, 2016 - 32.214 visitas\nMi abuela me invitó a pasar la tarde con ella y no sé cómo se lo montó que terminamos follando. La verdad es que gocé como un cerdo entre las preciosas lorzas de mi abuela, aunque lo que más me gustó fue sentir mi polla dentro de su maduro coñazo. Fue la mejor experiencia de toda mi vida!\nVamos nieto, sácate de una vez la polla!\n29 marzo, 2016 - 26.406 visitas\nEstaba masturbándome bien tranquila cuando de repente uno de mis nietos picó al timbre, así que cuando subió le dije que se desnudase y me follara, por haberme jodido el momento. Él reaccionó súper bien, me dejó disfrutar de su polla y me folló como si fuese una veinteañera. Fue una tarde perfecta!\nQue buena que estás, abuela!\n23 marzo, 2016 - 52.391 visitas\nMi preciosa abuela siempre me ha parecido muy sexy, así que el otro día hice de todo por calentarla. La cosa me salió bastante bien, así que pude disfrutar de su lengua juguetona y de su coño maduro. Fue una de las mejores experiencias de mi vida, así que espero poder repetir!\nQue cachonda es mi abuela!\n21 marzo, 2016 - 33.402 visitas\nMi abuela es una cachonda de mucho cuidado y el otro día me lo demostró. La muy cerda agarró mi polla con fuerza y se la metió en la boca sin ni siquiera preguntarme, me hizo una mamada brutal y dejó que le follará todo el coño. Lo mejor de todo fue el poder correrme en su coño!\nMe voy a correr dentro, abuela!\n18 marzo, 2016 - 142.244 visitas\nCuando mi abuela y yo nos liamos terminamos follando encima de el sofá. Lo mejor de todo es que tuvimos toda la tarde para nosotros, así que follamos y disfrutamos de nuestros cuerpos todo lo que quisimos. Fue genial el poder hacerle una de mis comidas de coños, pero lo mejor fue el poder correrme dentro de su maduro coño.


Level 3 amplia la infraestructura de su Data Center en Colombia para satisfacer la demanda de sus\nBOGOTÁ, Colombia, 18 de marzo de 2013 /PRNewswire/ -- Level 3 Communications, Inc. (NYSE: LVLT) anunció hoy la construcción de su nuevo Data Center en la ciudad de Bogotá, Colombia, como resultado de la gran demanda de los clientes que requieren cada vez mayores servicios de Tecnologías de la Información (TI).\nEste nuevo Data Center Premier Elite de 500 mts2 está diseñado para dar soporte a servicios gerenciados, proveerá personal técnico en sitio, altos niveles de disponibilidad, mejor seguridad y gabinetes y suites de alta densidad de carga eléctrica. Se espera que la nueva localidad empiece a operar durante el segundo trimestre del 2013.\n"El mercado colombiano muestra una demanda creciente por servicios de colocation, housing, hosting y de valor agregado", comentó Luis Carlos Guerrero, vicepresidente senior de Level 3 para la región Andina. "La tendencia de tercerizar estos servicios con un socio de confianza que dé soporte al cliente en su estrategia de expansión, resulta crucial para que las compañías de hoy puedan focalizarse en su negocio".\nEste nuevo data center forma parte de la estrategia de Level 3 de cumplir con la demanda global de servicios de datos al ofrecer capacidad adicional a sus 14 data centers existentes en América Latina y a sus más de 350 data centers a nivel mundial. Todos los data centers de Level 3 se encuentran ubicados directamente sobre el backbone global de Level 3, reduciendo la latencia y el costoso acceso metropolitano, con acceso on-net a más de 55 países y brindando la libertad de conectarse con proveedores de servicios alternativos.\nEl nuevo data center de Colombia ofrece una solución integral para que los negocios de nuestros clientes sigan creciendo con la cantidad de espacio, de energía y de servicios adecuados para satisfacer sus necesidades. El nuevo data center posibilita el hosteo y la administración de las plataformas de TI y la información empresarial criticas para el negocio, lo que ayuda a los clientes a reducir sus gastos operativos, de administración y de mantenimiento.\nPara mayor información acerca de los servicios de data center de Level 3, por favor visite: http://www.level3.com/en/products-and-services/cloud-and-it/data-center-services/data-center-management/\nPreview: Level 3 Expands Its Data Center Infrastructure in Colombia to Satisfy Customer Demand\nPreview: Level 3 Amplia Infraestrutura de seu Data Center na Colômbia para Atender Demanda dos Clientes


ELECTRÓNICA OLFER presenta su serie LDC-55 LED driver\nELECTRÓNICA OLFER presenta su serie LDC-55 LED driver en formato balastro con PFC y potencia constante\nDesde el lanzamiento de los drivers LED para interiores de bajo coste, MEAN WELL ha ganado una gran aceptación y actualmente es marca de referencia\nDesde el lanzamiento de los drivers LED para interiores de bajo coste, MEAN WELL ha ganado una gran aceptación y actualmente es marca de referencia. Para satisfacer las necesidades de aplicaciones del mercado de iluminación LED, el fabricante ha lanzado recientemente su primera serie de drivers en formato tipo balastro con modo de potencia constante: la serie LDC-55.\nDesde ELECTRÓNICA OLFER explican que “esta nueva serie nos permite ajustar la corriente de salida poniendo una resistencia en los conectores Iadj entre 500 y 1600Ma, para sacar la potencia máxima (55W) entre 980 y 1600mA (resistencias no suministradas con el equipo)”.\nOfrece una eficiencia de hasta un 90% y tiene entrada de sensor de temperatura NTC para proteger a los LEDs y reducir la corriente de salida, para evitar que éstos lleguen a calentarse demasiado (sensor no suministrado con el equipo).\nSegún indican desde ELECTRÓNICA OLFER, “como es habitual en este fabricante, tenemos disponibles tres versiones del producto: versión sin letra permite el ajuste de la corriente de salida y entrada NTC, pero no tiene regulación; versión B con dimming 3 en 1, además admite ajuste de la corriente de salida mediante el Iadj y entrada NTC; y versión DALI, todavía en desarrollo. Admite también ajuste de la corriente de salida con Iadj y entrada NTC, regulación DALI o pulsador”.\nEl producto se presenta en formato lineal con un tamaño de tan sólo 320x30x21 mm. Además, cumple con las normativas de seguridad internacionales: UL8750, EN61347-1.61347-2-13 y con la certificación de seguridad GB19510.1. Entre sus aplicaciones más comunes están tiras de iluminación LED, sistema de iluminación LED de interior, etc.\nMás información en MATELEC LIGHTING y en www.olfer.com


La lucha contra la malaria se estanca en el mundo | Noticias de Internacional en Heraldo.es\nLa Organización Mundial de la Salud asegura que los datos son "una primera llamada de atención" sobre el estado de la enfermedad.\nLa Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido este miércoles de que los progresos contra la malaria se han estancado, con casi el mismo número de casos y fallecimientos en 2016 que en el año previo.\n"La historia de la malaria es muy clara, cuando se deja de pedalear, no solo no se avanza sino que uno va para atrás y, por lo tanto, lo vemos con preocupación", ha reconocido el director del Programa de Malaria de la OMS, Pedro Alonso, que ha encabezado en la capital india la presentación del informe.\n"Este año supone un punto de inflexión, ya no es un mensaje claro, inequívoco de progreso, estamos hablando de estancamiento y en algunos países, no pocos, retrocesos", ha alertado. Las cifras relativas a 2016, ha explicado, son "muy similares" a las de 2015.\nEl pasado año se registraron 216 millones de casos de malaria, alrededor de un 2 % más que el año previo, cuando se estima que hubo 211 millones de enfermos de malaria. La gran mayoría de los casos, el 90 %, están concentrados en la región africana.\nTampoco varió apenas el número de muertos a causa de la enfermedad: unos 445.000, en comparación con los 446.000 estimados en 2015, una reducción que se extendió por todas las regiones con excepción del Mediterráneo Oriental, donde la tasa de mortalidad se mantuvo igual. El 80 % de los decesos se concentraron en catorce países de África subsahariana y la India, según el informe.\n"El progreso ha parado, no quiere decir todavía que estemos yendo para atrás pero ciertamente que después de una década o casi quince años de progreso continuado y realmente histórico, en términos de casos de malaria, en términos de muertes por malaria, ya no estamos viendo más progreso", ha advertido Alonso. Para el experto, esta falta de avances constituye "una primera llamada de atención".\nSin embargo, el informe también destaca algunos puntos positivos. En 2016, año en que dos países, Kirguizistán y Sri Lanka, fueron certificados por la OMS como libres de malaria, también aumentó el número de naciones que avanzan hacia la eliminación del mal, al registrarse menos de 10.000 casos de la enfermedad en 44 países. El año previo sólo 37 países habían reportado una cifra por debajo de esa marca.\n"Las luces es que hay algunos países que han continuando mejorando de forma intensa, el número de países que se están acercando a la eliminación sigue creciendo, los sistemas de vigilancia epidemiológica continúan mejorando", ha enumerado.\nSi bien la cuantía destinada a controlar la malaria se ha mantenido estable, paralelamente se ha producido un crecimiento demográfico, por lo que "la inversión per cápita ha disminuido en una parte importante de los países", ha dicho Alonso.