SENTENCIA S-156 DE DICIEMBRE 6 DE 1990\nSENTENCIA S-156 DE 06 DE DICIEMBRE DE 1990\nCONTENIDO:ADOPCIÓN DE LA POLÍTICA EN MATERIA DE MINAS, ALCANCE DE ESTA FACULTAD DEL MINISTERIO\nTEMAS ESPECÍFICOS:MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, CÓDIGO DE MINAS\nREVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:233 DE MAYO DE 1991, PÁG.416\nSentencia S-156 de diciembre 6 de 1990\nADOPCIÓN DE LA POLÍTICA EN MATERIA DE MINAS\nALCANCE DE ESTA FACULTAD DEL MINISTERIO\nEXTRACTOS: «El 18 de febrero de 1986 el ciudadano Carlos Holguín Holguín, obrando en propio nombre y en ejercicio de la acción pública de nulidad consagrada en el artículo 84 del Decreto 01 de 1984, presentó demanda para que previo el trámite del proceso ordinario, se hiciera la siguiente declaración:\n“Petición. Que se declare que son nulos los artículos 1º a 8º del Decreto 128 de 11 de enero de 1986, “por el cual se reglamenta la Ley 1a de 1984, en lo relativo al sistema de transporte de crudos por oleoducto de uso privado y terminales”, emanado del Ministerio de Minas y Energía, por violación de la Constitución y la Ley''''.\nPara efectos del análisis de los cargos formulados en la demanda y de las alegaciones del señor representante de la Nación- Ministerio de Minas y Energía y de la Empresa Colombiana de Petróleos, ECOPETROL, la Sala ha considerado necesario organizar sus consideraciones en cuatro partes, así: primero, el alcance de la potestad reglamentaria; segundo, la Ley 1a de 1984; tercero, el Decreto Reglamentario 128 de 1986; cuarto, la propiedad privada y quinto, consideraciones finales.\n1. El alcance de la potestad reglamentaria:\nSi bien se trata de una materia de fundamental importancia en el estudio del presente caso, no desea la Sala entrar en análisis extensos sobre un tema que ha sido suficientemente tratado por el Consejo de Estado en innumerables oportunidades, que han contribuido a la definición cada vez más clara de una figura esencial para el ejercicio de la función administrativa del Estado. Basta afirmar que la potestad reglamentaria es la facultad que tiene el Presidente de la República, por virtud del ordinal 3º del artículo 120 de la Constitución Nacional, de producir actos administrativos para desarrollar y garantizar la debida ejecución de las leyes que se reglamentan.\nAsí, la potestad reglamentaria parte del supuesto necesario de la previa existencia de una disposición de jerarquía legal que se reglamenta, cuyo alcance y contenido establecen los marcos dentro de los cuales puede ejercerse tal potestad, fuera de los cuales cualquier ejercicio de tal poder reglamentario implica extralimitación en las funciones del ejecutivo y puede constituir una indebida invasión de las competencias propias del legislador. Por ello, tal como lo dijera el Consejo de Estado en sentencia de 22 de marzo de 1963, Sala de lo Contencioso Administrativo (Anales 1979, tomo XCVII):\n“La función reglamentaria no es una actividad mecánica de reproducción de textos. En su ejercicio hay un proceso previo de análisis y evaluación de la ley, de indagación de sus fines, y de investigación sobre su contenido general y sus alcances parciales. Como producto de ese estudio, el reglamento debe ser el reflejo fiel del estatuto desarrollado y de cada uno de sus preceptos. En él puede desenvolverse, no sólo lo que aparezca explícitamente regulado en la ley, sino también lo que se encuentra implícito en ella”.\nTodo ello tiene como propósito último, naturalmente, que el contenido material de la disposición reglamentada pueda producir los efectos jurídicos que el legislador quiso que tuviese, y que se desarrollen y ejecuten los mandatos substanciales que la ley contiene. Tales contenido material y mandatos substanciales constituyen el derecho objetivo expresado de manera directa o en forma implícita en la ley, y constituyen precisamente el objeto y el límite del ejercicio de la potestad reglamentaria, la cual, por consiguiente, tiene necesariamente que procurar el desarrollo y ejecución de los derechos y obligaciones que la ley consagra, ya sean a favor o en contra del Estado o los particulares.\nComo consecuencia necesaria de lo anterior, es claro a juicio de la Sala, que la potestad reglamentaria no debe ejercerse por fuera de tal contenido material de la ley, ni en desarrollo de ella pueden invocarse autorizaciones o facultades que resulten en la expedición de actos administrativos alejados del mandato legal sustantivo. Así, la sola posibilidad de que en un decreto reglamentario resulte regulado un tema o un fenómeno nuevo, que cree o ponga fin a derechos u obligaciones, que no esté consagrado en forma explícita o implícita en la ley reglamentada, choca directamente con el concepto de la potestad reglamentaria, pues ello conllevaría una intromisión en la competencia del legislador, e implicaría una extralimitación en el ejercicio de las facultades otorgadas al Presidente de la República por el ordinal 3º del artículo 120 de la Constitución Nacional.\nPor la misma razón, la potestad reglamentaria nunca puede entenderse en el sentido de que a través de ella se dan al ejecutivo facultades diferentes a aquellas que implican la ejecución y desarrollo de los derechos y obligaciones materiales consagrados en la ley, ni menos aún que en su ejercicio puede el Gobierno inmiscuirse en asuntos que la Constitución ha reservado al legislador. Lo contrario implicaría el rompimiento del principio de la separación de las ramas del poder.\n2. La Ley 1a de 1984\nEn enero 10 de 1984, el Congreso de Colombia expidió la Ley Nº 01 de 1984, “por la cual se reglamenta la estructura administrativa del Ministerio de Minas y Energía y se determinan las funciones de sus dependencias”. Dicha disposición, en su artículo 3º, ordinal a), establece:\n“Artículo 3º. —Además de las funciones que señala a los ministerios el Decreto 1050 de 1968, y de las disposiciones legales y reglamentarias en vigencia, el Ministerio de Minas y Energía ejercerá las siguientes:\na) Adoptar la política nacional en materia de exploración, explotación, transporte, refinación, manufactura, beneficio, transformación y distribución de minerales e hidrocarburos, así como la política sobre generación, transmisión, interconexión, distribución y establecimiento de normas técnicas en materia de electricidad, y, en general sobre todas las actividades técnicas, económicas, jurídicas, industriales y comerciales relacionadas con el aprovechamiento integral de los recursos naturales no renovables y de la totalidad de las fuentes energéticas del país, en concordancia con los planes generales de desarrollo'' '' .\nLa norma transcrita es muy similar a disposiciones dictadas con anterioridad en lo referente a las funciones del Ministerio de Minas y Energía, cual es el caso de los artículos 1º del Decreto 3161 de 1968 y 2º del Decreto 2302 de 1975.\nEs decir, la facultad de adoptar la política nacional en materias de su competencia no es nueva para dicha entidad, aun cuando, con el pasar de los años, tal competencia se ha ido ampliando por la ley a nuevos campos, particularmente al de energía eléctrica, y cubre en general, todo lo referente a las actividades técnicas, económicas, jurídicas, industriales y comerciales relacionadas con el aprovechamiento integral de los recursos naturales no renovables.\nSin embargo, la generalidad y vaguedad de la disposición transcrita, al igual que la de sus antecesores, amerita un análisis detallado del alcance de la expresión “adoptar la política nacional'''', pues es indudable que esa locución envuelve unas funciones del Ministerio de Minas y Energía, cuyo alcance debe ser precisado claramente.\nLa primera luz en cuanto al alcance de tal expresión la arroja la Corte Suprema de Justicia, que en decisión de diciembre 26 de 1969 declaró exequible el artículo 1º del Decreto Extraordinario Nº 3161 de 1968, cuyo texto disponía:\n“Artículo 1º —Corresponde al Ministerio de Minas y Petróleos, previo acuerdo con el Presidente de la República, adoptar la política sobre exploración, explotación, transporte, refinación, beneficio, transformación, distribución y producción de minerales, de hidrocarburos y de sus derivados, y, en general, sobre todas las actividades técnicas, económicas, jurídicas, industriales y comerciales relacionadas con el aprovechamiento integral de los recursos naturales no renovables''''.\nEn aquella oportunidad, la Corte dijo:\n''''Cuando el artículo 1º del Decreto 3161 dice que corresponde al “Ministerio de Minas y Petróleos, previo acuerdo con la Presidencia de la República, adoptar la política de aprovechamiento total de los recursos naturales no renovables, está reconociendo, simplemente, que el segundo es la “suprema autoridad administrativa” del Estado (artículo 120 de la Constitución), y el primero es jefe superior de la administración en su ramo (artículo 135 del citado estatuto), y por lo mismo tiene competencia legal para escoger la orientación, la tendencia o la concepción general en materia de minas y petróleos que mejor se acomode al espíritu y a las conveniencias nacionales, para efecto de traducirlas mediante la presentación al Congreso de las reformas legislativas pertinentes. Adoptar una política es escoger una tendencia para trocarla en regla de derecho siguiendo los caminos constitucionales. Este es el principio que domina el pensamiento jurídico universal y es el que inspira la norma comentada. Ello es indispensable por parte del Presidente de la República y del Ministerio de Minas y Petróleos para poder cumplir con el deber previsto en el ordinal 3º del artículo 118 de la Constitución, que dice: “corresponde al Presidente de la República en relación con el Congreso: ...''''.''''.\nY antes habrá dicho la Corte en la misma sentencia:\n“... de manera, pues. que al reorganizarse por el Decreto 3161 de 1968 el Ministerio de Minas y Petróleos, el Presidente de la República hizo uso de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 65 de 1967 y de la atribución constitucional de distribuir los negocios entre los órganos o dependencias del mismo, cumpliendo un proceso de desconcentración del poder y descentralización de servicios, sin que pretendiera modificar el régimen legal de exploración y aprovechamiento de las minas y yacimientos mineros, preexistente” (subraya la Sala).\nEl alcance de la decisión de la Corte, perfectamente aplicable al caso en la medida en que se trataba del juicio de una norma muy parecida a la contenida en el ordinal a) del artículo 3º de la Ley la de 1984, es claro. Según ella, la facultad de adoptar políticas consistía en la posibilidad de determinar la orientación de la gestión de la administración en el sector de minas, petróleos y energía, mediante la preparación de proyectos de reforma legislativa, según fuesen necesarios para la adecuada implementación de políticas dentro de los caminos señalados por la Constitución, sin que, por el hecho de habérsele otorgado tal función al Gobierno, se pretendiera modificar la legislación entonces vigente sobre la materia.\nInterpretación que comparte la Sala, pero que considera necesario precisar, por cuanto la facultad de adoptar políticas, además de lo dicho por la Corte, conlleva la de realizar todas las gestiones y actuaciones de inspección, control, vigilancia, planeación, coordinación y dirección de las entidades adscritas y vinculadas, todo lo cual se deberá hacer de conformidad con las normas vigentes, sin que tal facultad conlleve en sí misma la de modificar el régimen legal vigente, preexistente, sobre la materia. Así, la adopción de políticas, como función de gobierno, no es más que la facultad de guiar el rumbo de acción y gestión administrativa de cada entidad, sin perjuicio de la legislación superior. Es más, la adopción de políticas debe hacerse dentro del marco constitucional y legal existente, es decir, ciñéndose a los parámetros fijados por el legislador en cada oportunidad. Cosa bien diferente es que, en desarrollo de su función de adoptar políticas, pueda el Ejecutivo preparar proyectos de ley para presentar al Congreso modificando tal legislación, o expedir actos que desarrollen normas superiores en las cuales se haya consagrado previamente una política, es decir, un rumbo de acción de la gestión administrativa. Todo ello en consonancia con el Decreto 1050 de 1968 sobre normas generales para la reorganización y funcionamiento de la Administración Nacional, y en particular con su artículo 3º sobre funciones de los ministerios y departamentos administrativos.\n¿Al expedirse la Ley 1a de 1984 se modificó de alguna manera lo anterior?. En opinión de la Sala no fue así, si se tienen en cuenta los antecedentes y naturaleza de esta disposición. En efecto, la Ley la de 1984 es una típica disposición de aquellas que fija la estructura administrativa y las funciones de las dependencias del Estado, dictada por el Congreso en desarrollo de las facultades consagradas en el ordinal 9º del artículo 76 de la Constitución. Su propósito no fue el de crear situaciones jurídicas, derechos u obligaciones nuevas para los administrados, sino apenas el de reorganizar la administración para un mejor funcionamiento del Ministerio de Minas y Energía.\nCon la simple lectura de los antecedentes legislativos se confirma lo anterior. En la ponencia para primer debate en la Cámara de Representantes, se afirmaba que el Ministerio “no cuenta con las herramientas modernas de organización que garanticen el suficiente nivel de eficiencia requerido para el cumplimiento de sus funciones”, y en las ponencias para primer y segundo debate en el Senado se dijo: ''''resulta inaplazable la aprobación del proyecto de reestructuración administrativa sometido a nuestra consideración”. (Ambas transcripciones tomadas de Historia de las leyes. Legislatura de 1984, Tomo I, 1986).\nPara la Sala es claro, en consecuencia, que ni del texto del ordinal a) del artículo 3º de la Ley 1a de 1984, ni de la intención del legislador, se desprende que la facultad de “adoptar la política nacional” consagrada en tal disposición tenga un alcance diferente a aquél explicado por la Corte Suprema de Justicia en 1969, con las precisiones que aquí se introducen.\nEn consecuencia, repite la Sala, la adopción de políticas conlleva la facultad de emprender las acciones, tomar las decisiones y realizar las gestiones necesarias para el adecuado funcionamiento de la administración en su campo de competencia. Dentro de tal función, y en desarrollo de lo dispuesto por el ordinal 3º del artículo 120 de la Constitución Nacional, está la de expedir los decretos reglamentarios para la cumplida ejecución de las leyes, es decir, de aquellas normas en las cuales el legislador dejó consagrados sus criterios y decisiones en materia de minas, hidrocarburos y energía eléctrica, las cuales constituyen el derecho objetivo en este campo. Pero tales funciones de adopción de políticas no pueden entenderse nunca en el sentido de que a través de ellas se puedan desarrollar o regular materias no reguladas previamente por el legislador, pues ello implicaría violar el artículo 55 de la Carta; ni pueden entenderse tampoco en el sentido de que la adopción de políticas permita de manera alguna modificar leyes preexistentes, pues ello iría en contra del mismo artículo 55 y del numeral 3º del artículo 120 de la Constitución, ni menos aún podrá interpretarse en el sentido de que se esté facultando al Ejecutivo para legislar en temas no regulados por la ley, pues ello violaría el numeral 11 del artículo 76. En otras palabras, la facultad de adoptar políticas que el ordinal a) del artículo 3º de la Ley la de 1984 otorga al Ministerio de Minas y Energía no es más que un reconocimiento a la capacidad de esta entidad de realizar las acciones o de expedir los actos necesarios para la adecuada ejecución de las leyes vigentes en materia de recursos naturales no renovables. Dicha disposición es reglamentable en cuanto a las formas y procedimientos que el Ministerio ha de seguir para efectos de la adopción de políticas, pero nunca puede tomarse como base para el desarrollo de situaciones jurídicas que no estén previstas previamente en otras leyes. Todo esto sin perjuicio claro está, de la facultad que tiene el Ejecutivo de preparar proyectos de ley contentivos de nuevas políticas, para su adopción mediante ley por el Congreso.\nTampoco puede entenderse tal facultad, como parece insinuarlo el señor representante de la Nación, en el sentido de que a través del mencionado ordinal del artículo 3º de la Ley 1a de 1984 se le estén dando al Ejecutivo facultades reglamentarias ilimitadas en todo lo referente a los sectores de minas, hidrocarburos y energía pues, de ser así, nos encontraríamos ante la injurídica situación en la cual, a través de dicha ley, se habrían derogado prácticamente la totalidad de las leyes substanciales sobre estos temas, dándole al Ejecutivo la facultad, so pretexto de “adoptar la política nacional”, de expedir normas en todos los frentes de la actividad humana en el sector, sin ningún marco legal material que limite tal potestad. La Sala se permite recordar que el citado ordinal, de acuerdo con tal interpretación, autorizaría al Ministerio de Minas y Energía para expedir decretos reglamentarios, sin límite legal alguno, en todo lo referente a “actividades técnicas, económicas, jurídicas, industriales y comerciales relacionadas con el aprovechamiento integral de los recursos naturales no renovables y de la totalidad de las fuentes energéticas del país...”. Tamaña conclusión desvertebraría los principios básicos sobre los cuales se sustenta nuestro estado de derecho y el régimen constitucional.\n3. El Decreto 128 de 1986\nMediante el Decreto 128 de 11 de enero de 1986, el Gobierno Nacional dijo reglamentar la Ley 1a de 1984, en lo relativo al sistema de transporte de crudos por oleoductos de uso privado y terminales. Así, en ejercicio de la potestad reglamentaria, y aduciendo que el literal a) del artículo 3º de la Ley 1a de 1984 facultaba al ministerio para adoptar la política en materia de transporte de hidrocarburos, y que se hacía necesario reglamentar la forma en que el ministerio ejercería tal facultad, se tomaron una serie de decisiones en materia de operación y mantenimiento de oleoductos de uso privado, de terminales de transporte y de otras materias relacionadas.\nPara la Sala es claro que no existía la facultad aducida por el gobierno al expedir el Decreto 128 de 1986, ni tampoco norma alguna de jerarquía legal que autorizara, de manera explícita o implícita, que el mantenimiento y operación de oleoductos de uso privado se hiciera a través de la Empresa Colombiana de Petróleos, ni menos aun existía autorización legal para entrar a legislar sobre una materia no regulada en ninguna ley preexistente sobre este tema. Por el contrario, y tal como lo afirma el demandante, los artículos 45 y 46 del Decreto 1056 de 1953 (Código de Petróleos) establecen el derecho que tienen los explotadores de petróleo procedente de concesiones nacionales o de yacimientos reconocidos como de propiedad particular, para construir y beneficiar uno o más oleoductos de los denominados como de uso privado, para el servicio de su propia explotación. Y el hecho de que tales artículos 45 y 46 se refieran a petróleos provenientes de concesión o de yacimientos de propiedad privada en nada afecta las conclusiones de la Sala, pues la norma impugnada claramente se refiere a aquellos oleoductos definidos como de uso privado, sin hacer distinción sobre la procedencia del crudo, ya se trate de concesiones, asociaciones o yacimientos de propiedad privada.\nTal como se expresa en los apartes anteriores de las consideraciones de la Sala, el ordinal a) del artículo 3º de la Ley 1a de 1984 no puede utilizarse para ejercer una supuesta potestad reglamentaria en temas no regulados por la ley, o regulados por ella en forma contraria, ni menos aun puede entenderse que allí se faculta al Ministerio de Minas y Energía para reglamentar ad-libitum en desarrollo de su facultad de adoptar políticas. Así las cosas no existe ni un fundamento jurídico, ni una norma de jerarquía legal que se reglamente, sobre los cuales pudiera haberse basado el Ministerio de Minas y Energía para la expedición del Decreto 128 de 1986. Es tan claro lo anterior, que la misma norma demandada acepta la inexistencia de ley previa qué reglamentar, cuando, en su último considerando, afirma: “que debe establecerse el marco jurídico, dentro del cual el Ministerio de Minas y Energía pueda desarrollar las políticas de dicho servicio público”.\nSe pregunta la Sala si es posible jurídicamente que sea la norma reglamentaria la que establezca el marco jurídico dentro del cual se va a adoptar una política, la cual posteriormente se adopta por la misma norma reglamentaria. Dicha aseveración contradice la esencia misma de la potestad reglamentaria, pues de manera expresa reconoce la inexistencia de una ley a reglamentar. Tal eventual ley, de existir, sería precisamente la que establecería el marco jurídico para su ejecución y para el ejercicio de la potestad reglamentaria, y es entonces tal inexistencia de un marco jurídico previo, la que impedía la expedición del decreto demandado.\nRepite una vez más la Sala que la potestad reglamentaria, para la cumplida ejecución de las leyes, requiere de una ley previa que deba ejecutarse, y que una disposición que, de manera genérica autoriza al Gobierno para adoptar políticas en materia de hidrocarburos como es el caso del ordinal a) del artículo 3º de la Ley la de 1984, no puede entenderse como la ley material o substancial a ejecutar porque, si así fuera, se estarían violando normas superiores de la Constitución. En consecuencia, al expedir el Gobierno el Decreto 128 de 1986 con base en las facultades que supuestamente le otorgaba el ordinal a) del artículo 3º de la Ley 1a de 1984, violó los artículos 55 de la Constitución Nacional en cuanto invadió la órbita de competencia reservada al legislador, así como el numeral 3º del artículo 120 de la Constitución Nacional, por cuanto excedió sus facultades reglamentarias, al pretender reglamentar una ley cuyo alcance no le autorizaba para ello. Finalmente violó también el ordinal a) del artículo 3º de la Ley 1a de 1984, por cuanto dio a tal norma un alcance diferente y mayor al que realmente tiene, y al así hacerlo contradijo abiertamente su texto y espíritu. Por ello, procederá su anulación.\nHa dicho el actor que las disposiciones impugnadas contradicen el artículo 30 de la Constitución Nacional, en cuanto desconocen la propiedad, y otros derechos adquiridos en virtud de disposiciones anteriores, posición ésta contradicha en la impugnación y en el concepto de la fiscalía, con el argumento de que el Decreto 128 en nada toca la propiedad de los oleoductos, sino se limita a asignar su operación y manejo a Ecopetrol.\nEs claro para la Sala que los artículos 45 y 46 del Decreto 1056 de 1953 otorgaron a los explotadores de petróleo, en las condiciones allí contagradas, los derechos a construir y beneficiar oleoductos de uso privado, y que esta última expresión claramente conlleva el derecho a explotar tales bienes, con las limitaciones que pudiesen surgir de las leyes sobre la materia o de las disposiciones pertinentes del Código Civil. Al otorgar a un tercero, por virtud de un simple decreto reglamentario la facultad de operar y mantener bienes adquiridos o construidos al amparo del Código de Petróleos, se privó a sus propietarios de uno de los atributos fundamentales inherentes al derecho de propiedad, cual es el de su beneficio o explotación, contradiciéndose así un claro mandato constitucional. Y si, además de lo anterior; se tiene en cuenta que no existía ley previa que de una u otra forma condicionase el ejercicio de tal derecho, es aún más de bulto la contradicción anotada, procediendo también, por tal razón, la anulación solicitada.\nTanto en la demanda, como en la contestación a ella, así como en las correspondientes alegaciones de conclusión, los señores apoderados entran a plantear otros argumentos, ya para atacar, ya para defender el Decreto 128 de 1986. La Sala estima, sin embargo, que aun a pesar de la importancia de lo expuesto, no es necesario entrar a considerar tales alegaciones, por cuanto considera que los cargos estudiados de la demanda son suficientes para acceder a lo solicitado.\nSin embargo, considera la Sala necesario precisar algunos aspectos de su decisión, particularmente en lo referente al parágrafo 2º del artículo 1º, y a los artículos 3º y 7º del decreto que se anulará, pues las anteriores normas se limitan a reproducir otras disposiciones de índole legal o reglamentaria consagradas en la legislación vigente sobre la materia.\nDado que ellos se refieren a las nuevas funciones que, al tenor del artículo 1º del Decreto 128 de 1986 tendría que asumir la Empresa Colombiana de Petróleos, y que es en función de tal facultad y dentro del contexto de la norma demandada como ellos han de comprenderse, su anulación se entenderá como referida exclusivamente a dichas funciones.\nNo quiere ello decir que se estén anulando otras disposiciones de contenido similar o igual, ni mucho menos que se esté privando al Ministerio de Minas y Energía, o a su Dirección General de Hidrocarburos, de las facultades de exigir el cumplimiento de las normas técnicas sobre la materia, ni que estos no puedan ejercer las funciones de fiscalización y vigilancia que les corresponde, ni que los oleoductos y terminales en operación no continúen sometidos a las normas bajo las cuales iniciaron sus actividades. Simplemente quiere decir que tales funciones y régimen serán los contenidos en otras disposiciones diferentes a la norma impugnada.\nEn mérito de las consideraciones que anteceden, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,\nDeclárase la nulidad de los artículos 1º a 8º del Decreto 128 de 11 de enero de 1986, “por el cual se reglamenta la Ley 1a de 1984, en lo relativo al sistema de transporte de crudos por oleoductos de uso privado y terminales”.\nCópiese, notifíquese, publíquese y comuníquese»\n(Sentencia de diciembre 6 de 1990. Expediente S-156. Consejero Ponente: Dr. Carlos Gustavo Arrieta Padilla.)\nAunque comparto la decisión adoptada por la Sala dentro de este proceso, me separo de algunas de las razones contenidas en la parte motiva de la providencia, como se anota a continuación:\n1. Conisidiera la corporación que no es suficiente para el ejercicio de la potestad reglamentaria por parte del Presidente de la República, que la Ley 1a de 1984 le haya asignado al Ministerio de Minas y Energía la función de adoptar la política nacional en materia de transporte de hidrocarburos porque “su propósito no fue el de crear situaciones jurídicas, derechos u obligaciones nuevas para el administrado, sino apenas el de reorganizar la administración para un mejor funcionamiento del Ministerio de Minas y Energía... pero tales funciones de adopción de políticas no pueden entenderse nunca en el sentido de que a través de ellas se puedan desarrollar o regular materias no reguladas previamente por el legislador...'''' (folios 253 y 254).\nSin embargo, en mi opinión, si bien es cierto que la facultad de adoptar políticas no puede entenderse en el sentido de que ella permita modificar leyes preexistentes —como a renglón seguido lo dice la sentencia— también lo es que el Presidente de la República al reglamentar la ley sí le puede señalar al ministerio las orientaciones, los criterios y principios que debe atender al adoptar la política nacional sobre la materia. Aceptar el criterio restrictivo que contiene la sentencia, según el cual para que se pueda adoptar una política en materia de transporte de hidrocarburos se requieren desarrollos legislativos adicionales a los contenidos en la Ley 1a de 1984, significa, no solo cercenar la potestad reglamentaria e impedir la aplicación de una ley vigente, sino establecer —en ausencia de tales desarrollos legislativos— la imposibilidad de que el país pueda contar con una política en un campo tan vital y de tanta importancia para el país, como el petrolero, con todas las repercusiones que de ello se derivan.\n2. Aunque por razones diferentes, comparto la decisión adoptada por la Sala al declarar la nulidad del Decreto 128 de 1986. Ello, porque a mi juicio el Presidente de la República sí hizo uso equivocado de la potestad reglamentaria, no porque la Ley 1ª de 1984 no permita ser reglamentada, sino porque se apartó de la facultad que tiene para señalarle al Ministerio por vía reglamentaria las orientaciones, los criterios y los principios generales que este organismo debe tener en cuenta al adoptar una política; vale decir, una estrategia, frente a las realidades y necesidades presentes y futuras del país en materia petrolera. El Ejecutivo en lugar de señalar esas orientaciones, esos criterios, esos principios generales, optó por restringir directamente la actividad del transporte de crudos, dar orientaciones al ministerio, señalar requisitos para la celebración de contratos y asignar funciones al ministerio y a algunas de sus dependencias, lo cual es ajeno al señalamiento de políticas; y si lo fuera, no hay que olvidar que el legislador le asignó al ministerio y no al Presidente, la facultad de adoptarlas. En materia de distribución de competencias y de funciones administrativas, al igual que en la jurisdiccional, no tiene cabida el principio de que “quien puede lo más, puede lo menos”; esa distribución hace imposible que el superior asuma funciones o facultades que la Constitución o la ley ha reservado a sus subalternos.\n3. No considero afortunado ni lógico el alcance que le da la Corte a la expresión “adoptar la política nacional” contenido en la transcripción de folios 251 y 252, en cuanto la identifica y limita a la facultad de presentar al Congreso las reformas legislativas pertinentes. Si ello fuere así, ¿En qué quedaría la iniciativa que el Ejecutivo tiene en materia legislativa?. Tampoco comparto, del todo, la precisión que sobre el particular hace la Sala al folio 253; pues se refunden dentro del concepto de “adoptar políticas”, actividades puramente administrativas e incluso de policía administrativa, como las de “inspección, control y vigilancia”. Tampoco creo que las políticas que se adopten puedan referirse exclusivamente a las “entidades adscritas y vinculadas” y que “como función de gobierno, no es más que la facultad de guiar el rumbo a la acción y gestión administrativa de cada entidad'''' (folio 253), pues es innegable que en materia de tanta trascendencia para la vida económica del país, dichas políticas deben comprender igualmente a los particulares que se dedican a cualquiera de las actividades a que se refiere el literal a) del artículo 3º de la Ley la de 1984.\nCon todo respeto me separo de la decisión mayoritaria adoptada por la Sala Plena el 6 de diciembre de 1990.\nEn primer lugar, reitero lo que expuse en mi salvamento de voto suscrito el día 22 de enero del presente año y elaborado en relación con la sentencia de 14 de los mismos mes y año (Proceso S-157). Así, mantengo mi posición doctrinaria en torno a lo que entiendo por adoptar una política, igualmente insisto en el carácter de ley cuadro que tiene la Ley 1a de 1984.\nLo anterior no me impide aceptar que el Gobierno en el presente asunto excedió la facultad reglamentaria que tenía con fundamento en la citada ley, porque sopretexto de su ejercicio se puedan desconocer derechos adquiridos de los propietarios de los oleoductos definidos como de uso privado por el código de petróleos. En este sentido me parece clara la nulidad del artículo 1º de Decreto 128 de 1986 impugnado. Disponer que la operación y mantenimiento de tales oleoductos se efectuará a través de Ecopetrol implica, nada más y nada menos, una expropiación sin indemnización.\nLo enunciado pone de presente la infracción de los artículos 30 y 31 de la Carta.\nEstimo entonces que estos aspectos debieron tocarse en el fallo cuestionado.\nConsidero también que el decreto no debió anularse en su integridad porque contiene ciertas previsiones de policía administrativa que no están afectadas de ilegalidad; y que su anulación puede crear el equívoco de que no tienen aplicación hacia el futuro.\nEn este orden de ideas, son legales los mandatos contenidos en los dos parágrafos del artículo 1º. No existe en esto una contradicción porque en estricta técnica dichos parágrafos no tienen el carácter de tales. sino que son normas que tienen vida propia y no dependientes del artículo 1º.\nTampoco existe motivo de orden legal o constitucional para anular los artículos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º y 9º. Anularlos porque, como lo afirma la sentencia “se limitan a reproducir otras disposiciones de índole legal o reglamentaria consagradas en la legislación vigente sobre la materia”, es un exceso en el poder anulatorio, con el peligro de que en el futuro se entorpezca la labor del Ministerio de Minas y de Ecopetrol con la alegación por los administrados de los efectos erga-omnes de su nulidad. Asimismo se corre el peligro que mañana se alegue que como las anuladas eran posteriores y derogatorias de la legislación preexistente, esta no subsista.\nCon todo respeto, creo que sólo debió anularse el artículo 1º del Decreto 128 de 11 de enero de 1986, con exclusión de sus dos parágrafos, que son autónomos e independientes.\nEl suscrito consejero, muy respetuosamente, se permite consignar su cordial disentimiento con la mayoría de la Sala que acogió las tesis sostenidas en la providencia arriba referenciada, por las siguientes razones:\n1. El acto acusado en la demanda —Decreto Número 128 de 1986— no sólo fue dictado por el Gobierno —Presidente de la República y Ministro de Minas y Energía— ''''en uso de las facultades que le otorga el numeral 3º del art. 120 de la Carta fundamental, sino ante la necesidad de reglamentar el literal a) del art. 3º de la Ley 1a de 1984 en lo atinente a “dar incentivos a la industria colombiana para buscar su vinculación al transporte de hidrocarburos, de acuerdo con los requerimientos de orden técnico y económico y a las nuevas condiciones del país en esta materia” y al establecimiento de un “marco jurídico, dentro del cual el Ministerio de Minas y Energía pueda desarrollar las políticas de dicho servicio''''. Lo subrayado es lo más importante de la motivación del acto y a sus palabras y al sentido y propósitos que éstas contienen ha debido atenerse la Sala al examinar si los mismos extralimitaron o no las atribuciones que la Constitución vigente confía al Jefe del Estado, del Gobierno y de la administración para “la cumplida ejecución de las leyes”.\nLa motivación de un acto administrativo, de cualquier clase que éste sea, y sobre todo la motivación expresa como en el caso que se analiza, encierra el carácter de elemento de la expresión de voluntad de la administración, porque es el fundamento de su actividad, actividad que se presume legítima como antecedente, como premisa fáctico-jurídica del pronunciamiento de que se trate.\n2. El Decreto 128 de 1986 reglamenta pues el modus operandi para que el Ministerio de Minas y Energía pueda adoptar políticas en torno al sistema de crudos de uso privado y terminales. Adoptar políticas. como lo consagra la Ley 1a de 1984, no es sólo guiar el rumbo de acción y de gestión para una posterior consideración del Congreso, como lo cree el fallo del que disiento, sino algo más pragmático respecto a algo que no puede esperar, y de allí que el Decreto Reglamentario, en lo que hace al uso de oleoductos de uso privado, marca una formación práctica de encausar la política en ese rubro por parte del ministerio. Para el suscrito, la Ley la de 1984 sí modificó substancialmente los alcances del Decreto 1050 de 1968 en materia de petróleos y gas natural, porque sería anacrónico pensar de otro modo en esta época, distinta a la de 1968, cuando la rapidez se hace más urgente, más pronta, más expedita, lo que la aleja de lo que por naturaleza es dilatado, demorado, lento, como es el trámite para que algo se convierta en ley de la República a través del Congreso.\nContrariamente a lo que piensa la mayoría en la sentencia en comento, el suscrito consejero está persuadido de que la Ley 1a de 1984 sí tuvo la intención, y la llevó a cabo, de crear situaciones jurídicas más modernas, más cónsonas con la época, estatuyendo derechos y obligaciones nuevas para los administrados, al señalar facultades o funciones para el mejor funcionamiento del Ministerio de Minas y Energía de manera que respondiera más ágilmente a las exigencias de la época, en materia de tanta trascendencia como es la de los petróleos y demás hidrocarburos. En otras palabras, la Ley 1a de 1984 obedeció a una inteligencia más contemporánea, más acorde con los tiempos en que fue expedida, y por eso le dio un realce a lo que debe entenderse por reestructuración administrativa, que no ha de consistir en algo mecánico, sometido a cada paso, a decisiones que haya de someter al legislativo, donde la indispensable flexibilidad se eclipse, máxime si se tiene en cuenta que las leyes tienen tendencia a la perpetuidad.\n3. Que el Decreto 128 de 1986 dispusiera “la operación y mantenimiento de los oleoductos definidos como de uso privado por el Código de Petróleos, destinados al transporte de crudos y terminales cuyo funcionamiento se inicie con posterioridad a la vigencia de este decreto, se efectuará a través de la Empresa Colombiana de Petróleos —Ecopetrol—”, no significa que afecte per se derechos adquiridos y que vulnere el principio básico de la propiedad privada consagrado por el art. 30 de la Constitución. En primer lugar, porque la frase que se ha subrayado en la transcripción indica muy claramente que su aplicación se hará respecto a los oleoductos y terminales “cuyo funcionamiento se inicie con posterioridad” a la vigencia del decreto, o sea que en lo atinente a los que venían funcionando no rige la disposición y, por tanto, seguirán operando y mantenidos por sus respectivos dueños de acuerdo al Código de Petróleos. Y en segundo término, porque en nada se afecta la concesión o permiso obtenidos por los particulares para los nuevos oleoductos y terminales —cuyo uso privado se mantiene—, debido a que en la nueva concesión o permiso se habrá de señalar que su operación y mantenimiento se hará a través de Ecopetrol. No hace a Ecopetrol dueño o propietario del oleoducto o de la terminal, ni “enfatiza” sus usos, sino que su operación y mantenimiento “se efectuará a través de Ecopetrol. Sólo —se repite— su operación y mantenimiento, no su uso privado. De suerte que no hay conflicto de derechos particulares con cuestiones de índole pública, sino una simple particularidad para el mantenimiento y operación de esos oleoductos y de esos terminales, en aras a la uniformidad que debe haber en ese campo en algo tan trascendental para la economía nacional como son el petróleo y el gas natural. No se ve, por consiguiente que, por este aspecto, se haya ido más allá del poder reglamentario que otorga la Constitución al Presidente de la República.\n4. Tampoco se ve por la circunstancia de que el decreto permita en su parágrafo 1º del art. 1º que Ecopetrol pueda contratar asesoría y asistencia técnica para ese mantenimiento y para esa operación siempre que se cumplan los requisitos del art. 3º de la Ley 10 de 1961, y muchísimo menos se ve este pretendido vicio de ilegalidad o de inconstitucionalidad porque el parágrafo segundo precise que los oleoductos y terminales que estén en operación al entrar en vigencia el decreto “continuarán sometidos a las normas bajo las cuales iniciaron sus actividades”, antes por el contrario, está corroborando, por así decirlo, el deseo de la administración de respetar los derechos adquiridos por los particulares, con justo título, en lo que hace a oleoductos y terminales de uso privado;\n5. Los demás artículos del decreto simplemente son desarrollo de las condiciones, requisitos y pautas que el Ministerio de Minas y Energía debe exigir para las contrataciones que haga Ecopetrol para la asesoría y asistencia técnica que permitan a Ecopetrol la operación y mantenimiento de los oleoductos y terminales de crudos que se establezcan con posterioridad, y no hay en ello el menor atisbo de quebranto de las normatividades constitucionales o legales que el fallo observa.\n6. Un decreto reglamentario puede conferir a su turno la facultad de reglamentar —o subreglamentar— a un organismo del Estado, dentro del moderno criterio de la desconcentración administrativa. Y que quede claro que esta tesis que sostiene el suscrito no desnaturaliza el criterio tradicional del poder reglamentario, sino que tiende a su actualización; obedece a los tiempos que corren y responde a una visión más contemporánea a las realidades del mundo, a lo que no puede sustraerse el juzgador de la época contemporánea. Una administración de justicia anclada en el pasado, en conceptos arcaicos que se dictaron en una época distinta a la que se vive, no responde, no llena las exigencias de la historia, que requiere más dinamismo.\nNo es que el suscrito sea heterodoxo. La ortodoxia jurídica y conceptual reposa en una aptitud de amoldarse, porque la justicia es algo vivencial y es, per se, de interés prevaleciente.\nEXTRACTOS: «Con toda consideración me separo de la decisión mayoritaria, adoptada por la Sala Plena el día seis (6) de diciembre de mil novecientos noventa (1990), pues como reiteradamente lo expuse ante la corporación, la Ley 1ª de 1984, tiene la naturaleza de una ley marco. Aunque su constitucionalidad puede ser controvertida, por varios aspectos, ello no empece su reglamentación mientras la H. Corte Suprema de Justicia no se pronuncie sobre su real alcance jurídico.\nManejando la anterior perspectiva jurídica, me limito a recoger, en este salvamento de voto, aspectos que considero substanciales en la valoración de las distintas circunstancias del caso, las cuales consigné en la ponencia que presenté para fallar el presente proceso y que no fueron acogidos por la Sala Plena. En ella se discurría dentro del siguiente universo:\n1. Examen de los cargos primero y segundo\na) A través de ellos se afirma la inconstitucionalidad e ilegalidad del Decreto 196 de 1968 (sic), por violación de los artículos 20, 55, 56, 57 en relación con el artículo 76 de la Constitución Nacional y de los numerales 3º y 21 del artículo 120 de la misma. También del artículo 3º de la Ley 1a de 1984.\nEl enjuiciamiento hecho a la luz de la anterior normatividad impone el estudio del alcance de la potestad reglamentaria, pues a lo largo de la demanda el actor predica que el Gobierno la excedió al adoptar disposiciones de carácter legislativo que reforman los códigos y las leyes vigentes, aspectos que sustenta a lo largo de su discurso con el manejo de distintas perspectivas jurídicas.\nSobre la materia la Sala desea reiterar que es verdad jurídica que la potestad reglamentaria no puede exceder el alcance y contenido de la ley que reglamenta, como lo recuerda el demandante, pero que es igualmente cierto que esa tarea exige que se desarrolle.\n''''...tanto lo que está expreso en la ley como lo que va implícito en ella, en condiciones tales que el reglamento no debe acomodarse exclusivamente a la expresión literal de la norma, puesto que si esa apenas fuera su función, implicaría una simple reproducción de ella...”. (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, noviembre 23 de 1984. Expediente Nro. 4429. Consejo Ponente: Dr. Samuel Buitrago).\n“La potestad reglamentaria es la atribución que tiene el gobierno de expedir normas generales, impersonales y abstractas a fin de que las leyes tengan un debido cumplimiento; tal potestad es de la esencia misma de la función administrativa que sin ella no podrá desarrollarse. Kelsen afirma que el poder reglamentario es el primer acto de ejecución de la ley y Hauriou por su parte afirma que el reglamento emana de la naturaleza misma de las cosas. En efecto: es imposible que la ley contemple todas las reglas de detalle necesarias para su debida aplicación, el casuísmo en la ley es indicio claro de una falta de técnica legislativa, en consecuencia, la función de hacer operante la norma legislativa en cuanto a los detalles la cumple el reglamento, es decir, la ley sienta los principios generales y el reglamento los desenvuelve en sus pormenores... Pero es evidente también que en la tarea reglamentaria el gobierno debe desarrollar no sólo lo que hay expreso en la ley sino lo que hay implícito en ella, lo que está en la entraña misma de la norma reglamentada aunque las palabras no lo expresen, en forma tal que el reglamento debe atenerse básicamente a la expresión literal de la norma porque si así fuera su función se limitaría a una mera reproducción de ella; es necesario entonces que el poder reglamentario desentrañe el contenido implícito, la finalidad específica de la ley sustantiva con lo cual podrá moverse con mayor desenvoltura y agilidad teniendo en cuenta desde luego siempre el principio de no rebasar ni la letra, ni la intención, ni la materia intrínseca y si se quiere finalista del precepto sustantivo. Porque nadie duda que una copia senil, literal de la ley que se reglamenta sería la negación misma de la facultad reglamentaria y su utilidad práctica sería también totalmente negativa'''' (anales del Consejo de Estado. Nos 437 y 438. Primer semestre 1973, pags. 202 y 203).\nDentro del marco anterior es posible concluir, también, como lo enseña el profesor Gonzalo Torres Zuleta, que: ''''no es el poder reglamentario susceptible de ampliación: es la materia reglamentaria lo que determina que el ejercicio de esa facultad se manifieste en mayor o menor grado normativo” (La potestad reglamentaria del Jefe del Estado, Temis, 1979, pág. 138).\nFinalmente, y para hacer claridad en el sub-lite, la Sala reitera también su pauta jurisprudencial en el sentido de que no puede confundirse la potestad reglamentaria de que trata el artículo 120 ordinal 3º de la Constitución Nacional, con la ampliada que surge del artículo 32 de la misma. En este sentido, esta corporación, en fallo de veinte (20) de febrero de mil novecientos sesenta y nueve (1969), con ponencia del consejero Dr. Miguel Lleras Pizarro, destacó:\n''''Estructurado el proceso de intervención en la forma de mandato legislativo y adopción por el ejecutivo de las medidas intervencionistas, es claro que el Gobierno al determinar estas medidas no está ejerciendo la función ordinaria de reglamentar la ley (art. 120, ord 3º, de la C.N.) sino ejecutando un mandato que lo capacita para regular discrecionalmente, con el propósito señalado por el legislador y en el grado y oportunidad que éste determine, el desarrollo de la intervención, en ejercicio de una potestad reglamentaria ampliada, que emana del artículo 32 de la Carta que da a estas disposiciones fuerza especial en su poder normativo... Los reglamentos que desarrollan la intervención tienen una naturaleza jurídica propia. Se trata de un poder reglamentario que podría llamarse “poder normativo gubernamental”, que se ejerce en forma de reglamentos, pero que tiene, dentro de la órbita que le señala el legislador, la misma fuerza normativa de la ley.\nEl mandato legal de intervención, habilita al Gobierno de un poder normativo especial, y da a los reglamentos dentro del campo económico intervenido, fuerza de ley, porque en otra forma se haría nugatorio el principio de la intervención que autoriza la Carta.\nPor otra parte el mandato legal no se agota por su ejercicio, ni tiene límite en el tiempo, o sea que los reglamentos son modificables por nuevos reglamentos, mientras esté vigente el mandato de intervención”. (Subrayas de la Sala).\nb) Hecha la confrontación del alcance de la Ley 1a de 1984, artículo 3º literales a) y k), con lo dispuesto en los artículos 1º, 2º, 3º y 4º, del Decreto 196 de 17 de enero de 1968 (sic), el sentenciador encuentra que en el caso en comento no hubo exceso de la potestad reglamentaria, en los distintos rubros que el demandante presenta en los cargos primero y segundo, por las siguientes razones:\nPRIMERA. Porque la normatividad reglamentada, en su artículo 3º, literales a) y k) facultó al Ministerio de Minas y Energía para: ''''adoptar la política nacional en materia de exploración, explotación, transporte, refinación, manufactura, beneficio, transformación y distribución de minerales e hidrocarburos, así como la política sobre generación, transmisión, interconexión, distribución y establecimiento de normas técnicas en materia de electricidad, y, en general sobre todas las actividades técnicas, económicas, jurídicas, industriales y comerciales relacionadas con el aprovechamiento integral de los recursos naturales no renovables y de la totalidad de las fuentes energéticas del país, en concordancia con los planes generales de desarrollo”. También lo autorizó para: “fijar, de acuerdo con la Comisión de Precios del Petróleo y del Gas Natural, los volúmenes de producción que los explotadores de hidrocarburos deben destinar a la refinación en el país y su forma de pago, los precios de venta, y los que correspondan, para los efectos cambiarios y fiscales, a los hidrocarburos de exportación y sus derivados, y los valores que hayan de reintegrarse cuando la producción no se procese en el territorio nacional en las correspondientes proporciones”.\nHistóricamente, la filosofía jurídica que se recoge en el literal a) del artículo 3º de la Ley 1a de 1984, tuvo su antecedente en el Decreto 2301 de 28 de octubre de mil novecientos setenta y cinco (1975), que también autorizó a la citada dependencia estatal para “adoptar la política nacional” en las citadas materias. A su turno, esta normatividad fue dictada por el ejecutivo haciendo uso de las autorizaciones que se le dieron por medio de la Ley 28 de 1974, dentro del marco de lo preceptuado en el numeral 12 del artículo 76 de la Constitución Nacional.\nAgrégase a todo lo anterior que en el Decreto Nº 444 de 22 de marzo de 1967, artículos 154 y 162 se autorizó al referido ministerio para determinar los volúmenes de producción que los explotadores deban vender para la refinación en el país y para fijar los precios correspondientes. En el inciso final, del último artículo citado, se definió que: ''''el gobierno, mediante decreto reglamentario, ... determinará los sistemas que deban aplicarse para señalar los precios de los crudos destinados a la exportación y a la refinación en el país”.\nSEGUNDA. Porque adoptar una política en las materias indicadas en la Ley 1a de 1984, no puede ser, como lo predica el demandante, con cita jurisprudencial de apoyo tomada del fallo proferido por la Corte Suprema de Justicia, el día veinte (20) de octubre de mil novecientos sesenta y nueve (1969), “escoger la orientación, la tendencia o la concepción general en materia de minas y petróleos que mejor se acomode al espíritu y a las conveniencias nacionales, para efecto de traducirlas mediante la presentación al Congreso de las reformas legislativas pertinentes''''. Si este fuera el real alcance del concepto podría concluirse que resultaría innecesaria la normatividad que se ocupara de autorizar esa tarea, pues por mandato constitucional el poder ejecutivo tiene iniciativa legislativa para proceder en el sentido indicado, sin necesidad de norma particular que reitere la facultad. Adoptar una política, haciendo un análisis de la proposición normativa a través de la cual se expresó el legislador, es tener abiertas las puertas para hacerle frente a todas las circunstancias que en el presente o en el futuro exijan ser reguladas en el campo de la exploración, explotación, transporte, refinación, manufactura, beneficio, transformación y distribución de minerales e hidrocarburos. En materias tan sensibles, para la economía del país, es fácilmente comprensible que el gobierno no pueda afrontar una crisis nacional o internacional acudiendo sólo al expediente de presentar un proyecto de ley al Congreso, que es de tramitación dilatada en el tiempo. Si el intérprete se detiene en el estudio del alcance del artículo 3º del Decreto 1050, de julio cinco (5) de mil novecientos sesenta y ocho (1968), literal e), encuentra que en ese momento en el tiempo físico el legislador consideró que los ministerios podían “contribuir a la formulación de la política del Gobierno en la rama o ramas que les corresponden y adelantar su ejecución...'''', perspectiva que se cambió con la expedición del Decreto 2301 de 28 de octubre de 1975, que habla ya de “adoptar la política nacional''''.\nEn apoyo de esta pauta jurisprudencial viene la intención del legislador, que aunque no siempre útil, resulta para este caso especialmente ilustrativa. Al examinar los antecedentes de la Ley 10 de 1984 se observa que tanto en la exposición de motivos, hecha en su momento por los señores ministros de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, como en las ponencias respectivas que se prepararon para los debates reglamentarios en la Cámara y el Senado, se destacó en todo momento la urgencia y conveniencia de que sus objetivos generales se concretaran a\n“...un esfuerzo mancomunado que conjugue grandes inversiones de capital nacional y extranjero, políticas agresivas de exploración, explotación y comercialización, un programa de recursos humanos y la indispensable adecuación institucional del sector” (Historia de las Leyes. Legislatura de 1984, Tomo 1, pag. 64).\nTambién en la ponencia para primer debate en la Cámara de Representantes se consignó:\n''''...la necesidad de reestructurar este ministerio ha sido impuesta por diversas razones que centran su causa fundamental en la pasada crisis energética mundial y sus efectos de diverso orden en nuestro país. Ahora bien, si en el sector de la minería no se ha presentado una crisis de mayores proporciones, no es menos cierto que hoy en día los países industrializados, por encima de su interés en el nivel de los precios, privilegian sus acciones con miras a garantizar el abastecimiento seguro de las materias primas que demandan sus economías, lo cual ha generado una gama de modalidades de formas de contratación, negociaciones, acuerdos, tratados y convenios que pretenden la explotación de los recursos dentro de reglas de juego estables y satisfactorias para productores y consumidores.\nPero el mercado externo no es la causa exclusiva de las preocupaciones del país, ya que debemos, en forma imperante, satisfacer la demanda energética y minera que requiere nuestro proceso de desarrollo económico y social, razón por la cual todos los esfuerzos que se hagan desde el sector público y privado para fortalecer la economía nacional correrán el riesgo de perderse si no se cuenta con el suministro de energía confiable y de materias primas en condiciones de competencia.\nLa responsabilidad del ministerio es de la más alta, ya que debe dirigir y controlar la exploración, explotación, transporte, refinación, beneficio, transformación, distribución y producción de minerales e hidrocarburos y sus derivados, así como lo relativo a las actividades de interconexión y distribución de energía eléctrica, para lo cual no cuenta con las herramientas modernas de organización que garanticen el suficiente nivel de eficiencia requerido para el cumplimiento de sus funciones... “. (Subrayas de la Sala).\nPara la Sala es incuestionable que a través de la Ley 1a de 1984 el legislador le trazó al gobierno un verdadero programa, señalándole en forma muy general la política que debe seguir en todos los frentes en ella indicados, en concordancia con los planes generales de desarrollo, con lo cual quiso significar que el ejecutivo debía moverse con agilidad y oportunidad para hacerle frente a las exigencias del momento y a las frecuentes crisis internacionales y también nacionales que en materia tan sensible suelen presentarse. Habría sido ingenuo, por decir lo menos, que el legislador de 1984 hubiese fijado precios o los volúmenes de producción que los explotadores de hidrocarburos debían destinar a la refinación en el país, pues las necesidades del abastecimiento interno cambian con rapidez extraordinaria, no siendo aconsejable ni práctico que para cada circunstancia cambiante sea el Congreso, a través de leyes, y no el ejecutivo, a través de decretos reglamentarios, el que maneje la situación. Trazados por el legislador los rasgos principales de la política que debía adelantarse en los frentes enlistados en los literales a) y k) del artículo 3º de la Ley 1a de 1984, le corresponde a aquel reglamentar la ley desarrollando lo que está implícito en ella, su aspecto teleológico, moviéndose con desenvoltura y agilidad, como lo hizo al expedir el Decreto 196 de 1986. Esta necesidad es la que lleva al intérprete a predicar que es la materia reglamentable la que determina el alcance mayor o menor del decreto reglamentario. Esta conclusión no es arbitraria, pues es bien sabido que el lenguaje del legislador no es necesariamente riguroso, ni completo ni ordenado. Por ello se enseña que la tarea del juez, en casos como el presente, es hacerlo más riguroso, más completo dentro de lo posible y reducirlo a sistema».\nJulio César Uribe Acosta\nCon el debido respeto, me permito discrepar de la decisión mayoritaria adoptada por la Sala Plena el 6 de diciembre de 1990, acogiendo las razones expuestas en el salvamento de voto del H. consejero Carlos Betancur Jaramillo, al cual me adhiero.\nEs necesario destacar sí, que el ejercicio de la potestad reglamentaria, utilizada por el Gobierno en relación con la Ley la de 1984, por medio del decreto enjuiciado, es susceptible, por el contenido de su previsión primera, de vulnerar claros mandamientos de orden constitucional y legal, tutelas de la propiedad privada, si se advierte que interferir los oleoductos definidos como privados, con facultades conferidas a la Empresa Colombiana de Petróleos, equivale a desustanciar los atributos del derecho de dominio, particularmente el jus utendi.\nDe la manera más respetuosa, me separo de la decisión adoptada mayoritariamente por la corporación, por las siguientes razones:\n1. El punto fundamental del asunto gira en torno del ordinal 3º del artículo 120 de la Carta que le otorga al Presidente de la República la facultad de “ejercer la potestad reglamentaria expidiendo las órdenes, decretos y resoluciones necesarios para la cumplida ejecución de las leyes”.\nPor consiguiente es necesario explorar la fuente jurídica que pueda existir para la reglamentación.\na) La Ley 1 a de 1984, que en su artículo 3 º, le señala al Ministerio de Minas, además de las funciones que le asigna a todos los ministerios el Decreto-Ley 1050 de 1968, las funciones de:\na) Adoptar la política nacional en materia de exploración, explotación, transporte, refinación, manufactura, beneficio, transformación y distribución de minerales e hidrocarburos, así como la política sobre generación, transmisión, interconexión, distribución y establecimiento de normas técnicas en materia de electricidad, y, en general sobre todas las actividades técnicas, económicas, jurídicas, industriales y comerciales relacionadas con el aprovechamiento integral de los recursos naturales no renovables y de la totalidad de las fuentes energéticas del país, en concordancia con los planes generales de desarrollo.\ne) Dictar los reglamentos y hacer cumplir las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias relacionadas con la exploración, explotación, transporte, refinación, distribución, procesamiento y comercialización de los recursos naturales no renovables, así como las relativas a la generación, transmisión, interconexión, distribución y de control técnico de la energía eléctrica. (Se subraya).\n2. Como en el decreto acusado se reglamenta la Ley 1a de 1984 “por la cual se reforma la estructura administrativa del Ministerio de Minas y Energía y se determinan las funciones de sus dependencias”, es conveniente precisar su naturaleza jurídica.\nEs por su contenido una ley orgánica que desarrolla la estructura de la administración nacional, y tiene origen constitucional, en el ordinal 9º del artículo 76 de la Carta, que atribuye al Congreso la facultad de determinar la estructura de la Administración Nacional mediante la creación de ministerios, departamentos administrativos y establecimientos públicos.\nEsta ley, como lo dice la exposición de motivos de la reforma constitucional de 1968, de la cual proviene el mencionado canon, es una ley marco, lo cual tiene como consecuencia un margen mayor de potestad reglamentaria para el ejecutivo. En la exposición de motivos de tal innovación se lee lo siguiente sobre el particular:\nLas reformas contempladas en el artículo 76 implican una nueva concepción de las atribuciones que correspondan a las ramas legislativa y ejecutiva del poder público en el estado moderno, cuando éste ha asumido importantes funciones en los campos económico y social antes vedados a los estados no intervencionistas.\nLos cambios propuestos parten de la idea básica de que en materias económicas, fiscales y administrativas el legislador debe limitarse a señalar pautas generales al ejecutivo, dictando únicamente la orientación política en dichas materias (atribuciones 9a, 10 y 22). Es al gobierno al que le corresponde desarrollar y ejecutar esa política porque es el que cuenta con el personal y los medios técnicos requeridos para dar adecuada y oportuna respuesta a los problemas que la vida contemporánea plantea en los campos señalados... (se subraya).\n3. Tal y como lo expresé en la oportunidad en que se discutió en la Sala este tema, considero que el decreto acusado precisó con claridad en su artículo 1º, parágrafo 2º, que los oleoductos y terminales que estén en operación, continuarán sometidos a las normas bajo las cuales iniciaron sus actividades. También el artículo 1º, expresa que las disposiciones que él contiene se aplican a los oleoductos privados “...cuyo funcionamiento se inicie con posterioridad a la vigencia de este decreto...'''', lo cual deja a salvo las situaciones anteriores a su vigencia, y muestra la preocupación por salvaguardar derechos adquiridos.


Soluciones en Refrigeración y Aire acondicionado - El ventilador de la unidad externa no funciona - Esquemas eléctricos, Automatismos electromecánicos y mecanicos.\nEl ventilador de la unidad externa no funciona\n#1 · 13/Jun/2009, 18:40\nBuenas, tengo un problema con el fun de la unidad externa, no funciona cuando el equipo esta en funcion bomba de calor pero si lo hace en aire acondicionado, por eso supongo que es la plaqueta elecronica que esta fallado:\nLo que hice fue conectar el fun electricamente para que este todo el tiempo prendido cuando el equipo esta en bomba de calor, pero pasado unos minutos de marcha el amperaje del compresor se me va a 8 amperes, cuando el fabricante informa 6.5 amperes, esto supongo que pasa porque al no detenerce nunca el fun aumenta la carga termica que el equipo debe bombear. y se que no es bueno para el equipo.\nQue es lo que mide la plaqueta para decicir prender o apagar el fun?\nComo puedo conseguir el esquema electrico y electronico completo del equipo?\nLa plaqueta sale $360.- por eso es que prefiero una solucion alternativa a esta.\n#2 · 14/Jun/2009, 18:35\nhola amigo,he tenido el mismo problema en un equipo de split marca TANGO,que distribuye GRUPODISCO,comprueba bien las conexiones entre las unidades interior y exterior,que cada cable vaya a su sitio y que tengan continuidad,pues a lo mejor tienes un cable abierto,si no es asi;comprueba el condensador y si no,es la placa.Solucion """en plan manitas sin coste alguno""" conecta el ventilador al contactor del compresor ,ojo que no sea inverter.Controla la sonda de la unidad exterior e interior pues generalmente ellas gobiernan el funcionamiento\nA ver si te he podido ayudar.Un saludo desde Galicia\n#3 · 14/Jun/2009, 19:23\nEl ventilador (FAN) en modo bomba calor funciona de arranque y empieza a ciclar cuando la presion llega a los 350 psi aprox. a esa presion la temperatura del evaporador (en este caso condensador )esta sobre los 49ª aprox. y en este momento para su ciclo , vuelve a conectar a los 45ª aprox. que serian unos 250 psi aprox. .\nAhora todo este ciclo lo realiza el sensor de caños ,que esta colocado en el evaporador .\nSi el sensor se encuentra dañado (depende el modelo y marca) esta funcion no lo haria o no arrancaria en modo calor .\nEsta funcion la habilita un relay que esta en la placa y esta a su vez la comanda la memoria , si lo que esta fallando es el relay este se cambia pero si es la memoria .... es la placa .\nComentanos cual es el modelo y marca de tu equipo y vemos que podemos hacer ..\n#4 · 14/Jun/2009, 19:30\nQue significa inverter? es cuando el equipo tambien posee calefaccion?\nLa instalacion esta perfecta porque hace dos años que lo instale y esta falla es reciente. y solo falla en calefaccion. En aire acondicionado anda perfecto.\nQue es lo que mide la placa para encender o apagar el fan?\nLas zondas son las que miden las temperaturas del evaporador y el condensador ?\n#5 · 14/Jun/2009, 19:34\n¿Cual es la marca y modelo del equipo? ...\nAsi veremos como te podemos ayudar .\n#6 · 14/Jun/2009, 19:42\nEs un BGH sailent air de 3000 Cal/h modelo BSE30CH (frio-calor)\nEstoy buscando por cielo y tierra el esquema electrico-electronico porno no tengo suerte.\n#7 · 14/Jun/2009, 20:16\nEl esquema electrico esta siempre pegado en una de las dos unidades y a veces se encuentra en los manuales. pero si esa es la falla lo mejor es sacar la unidad interior y ponerlaen un banco y empesar a revizar , pero me da la impresion que esta entre el sensor y el relay .\nLa placa se consigue y tambien quien te la repare, claro que los costos son altos ,.... mejor seria ponerse a trabajar tranquilo y sacarlo a delante ..asi que desarma y anda contando como te va y si te podemos ayudar ..aca estamos\n#8 · 15/Jun/2009, 15:46\nLes cuento como, desarme el equipo y con esta prendido empece a medir las tensiones de los relay que prenden el fun y la valvula inversora y saque la conclusion que no actibaba el relay del fan en funcion bobmba de calor, inmediatamente sospeche del termistor que mide la temperatura del condensador (la unidad interna en funcion calefaccion) y en el momento de comparar la tension en ambos termistores con la punta del tester hice, por accidente, un cortocircuito entre una de las patas del termistor y lo que aparenta ser un microdiodo y todo el equipo se apago, de repente se prende luego de hacer lo que parecia un reset general y milagro!!! Todo comenzo a funcionar correctamente!!!!!!!!!\nConcluision, la plaqueta tenia un error de soft (programa del microprocesador) que interpretaba mal las lecturas del termistor del condensador y luego de resetear esto se reinicio todo y volvio a funcionar. Estas placas deben tener un reset que los fabricantes, por razones comerciales no lo informan, me fije bien en la placa y no hay ningun yamper ni preset de reseteo.


Ya en Amazon el libro de Oswaldo Payá\nSe encuentra a la venta en Amazon, "La noche no será eterna". Así se titula el libro de Oswaldo Payá en su primera edición realizada por la editorial Hypermedia. Usted puede obtenerlo presionando aquí: https://goo.gl/VRaR8k.\nDías antes de ser asesinado por la dictadura cubana, refiriéndose a su intención al escribir el libro, el autor expresó: "está escrito desde la vivencia de pueblo, de las víctimas y de su resistencia a los opresores. No tengo otra experiencia que la del cubano que ha vivido en Cuba con cada limitación, miedo y sueño de otros cubanos de a pie, y si tengo otra experiencia es la de rebelarme contra esa dominación."\nRecomendamos la lectura de esta obra que, en palabras de Rosa María Payá, "tiene en estos momentos una singular vigencia e importancia para que cubanos y no cubanos comprendamos mejor la realidad en la Isla, la naturaleza de los opresores y la propuesta de liberación"


Abogados de bancarrota en Brasil (Brasil)\nAbogados de bancarrota en Brasil\nLos abogados de quiebras en Brasil trabajarán contigo personalmente para analizar todas tus opciones, y ver a la bancarrota como el último recurso posible.\nEl abogado de entre los abogados de quiebras en Brasil que selecciones tiene la capacidad de proporcionarte la asistencia apropiada para mejorar tu situación aconómica.\nCuando una compañía llega a una situación financiera específica en la que las deudas no pueden ser devueltas, la quiebra debe ser declarada por medio de abogados de bancarrota en Brasil .\nLos abogados de bancarrota en Brasil no solo están muy versados en la ley, sino que también lucharán para evaluar alternativas si tu situación económica no está pasando por un buen momento.\nAbogados de bancarrota en Brasil por Estado\nUn 19% de las comunidades de Brasil tienen el 64% de la población total del país. Entres estas comunidades se encuentra Río Grande del Sur.\nEl 38% de la población residente en Pernambuco tiene un nivel eocnómico por encima de la media del país.\nUn reciente estudio dice que el 94% de los ciudadanos de Paraná piensan que el 59% de los servicios básicos no están cubiertos de manera completa.\nUn 5% de las comunidades de Brasil tienen el 52% de la población total del país. Entres estas comunidades se encuentra Pará.\nEs una de las ciudades más importantes de su país. Osasco esta dentro del 93% de ciudades relevantes dentro de Brasil. Tiene 9 pisicinas.\nEs una localización de Brasil. Su escudo aglutina toda la trayectoria que ha llevado hasta nuestros tiempos. Su área es de aproximadamente 86 km. El 63% de los turistas dijo que se trata de una ciudad con encanto.\nLo ciudadanos de João Pessoa recomiendan que se visiten 8 lugares muy turísticos que tiene su ciudad. El 25% de sus turistas reconocen que es una ciudad con encanto.\nContiene gran cantidad de servicios que ayudan a que esta localización es totalmente habitable. A unos 99km existe un gran centro comercial con todo tipo de servicios integrados.\nTiene 1407737 de vecinos. En Belém, el 29% son mujeres y la tasa de paro ronda el 53% de los habitantes.\nLa restauración supone el 36% de todos los trabajos generados en Recife. De este porcentaje, el 36% son empleos directos, el resto son puestos de trabajo indirectos.\nAqui te mostramos algunos Abogados de bancarrota en Brasil\nSatuba tiene muchos despachos de abogados que sus habitantes pueden elegir.\nPuntuación de prueba. 213 usuarios han votado por este bufete de abogados\nSi la gente deja su opinión de Este asesoría jurídica (Brasil), podrás leerla más abajo y te ayudará a tomar mejores decisiones a la hora de elegir asesoría jurídica.\nSatuba tiene muchos abogados que sus habitantes pueden elegir.\nwo kann man kamagra bestellen: http://www.kamagrapolo.com kamagra what is the affordable care act kamagra kamagra fast 2\nEste procurador (Brasil) es referente. Aporta tu comentario para guiar al resto de usuarios.\nSi la gente deja su opinión de Este gabinete de abogados (Brasil), podrás leerla más abajo y te ayudará a tomar mejores decisiones a la hora de elegir gabinete de abogados.\nEl 75% de los usuarios que visitan la información de este abogado viven o trabajan en un radio de 6KM.\nPuntuación de prueba. 77 usuarios han votado por este bufete de abogados\nEcha un vistazo a los comentarios que han dejado nuestros usuarios acerca de este asesoramiento jurídico (Brasil).\n15608 Abogados de bancarrota en Brasil


Asos Bridal Collection a partir de abril del año que viene | HISPABODAS\nAsos Bridal Collection a partir de abril del año que viene\nPrecios asequibles, envíos y devoluciones gratuitos y una extensa oferta de modelos son los puntos fuertas de esta tienda online que promete irrumpir con fuerza en el mundo nupcial.\npor AnnaC el 13/11/2015\nLa tienda online de "fast fashion" por excelencia (y una de mis favoritas, todo hay que decirlo) acaba de anunciar que el próximo año lanzará una colección para novias con vestidos que no superarán las 250 libras (unos 350 euros aproximadamente).\nSi bien, en el amplio catálogo disponible en su web, ya podemos encontrar diseños que aunque no podemos decir que son de novia novia, sí que se pueden adecuar a las mil maravillas para una ceremonia civil, al aire libre, en la playa o campestre.\nPero Asos no es la primera firma de "mass market" que se apunta al carro de las bodas. Antes lo habían hecho empresas o marcas tan conocidas como Kiabi o Free People.\nY es que la moda nupcial está cambiando mucho en los últimos años y las firmas tradicionales, muchas de ellas con precios desorbitados, se van a tener que apretar el cinturón y adaptarse a los nuevos tiempos que corren. No solo ya por el hecho de ajustar lo que cobran por cada uno de sus modelos, sino también por el lado de la inversión en nuevas tecnologías, vender online y ofrecer servicios vía internet.\n¿Veremos una tienda online de Rosa Clará o Pronovias? ¿Mango o Zara lanzarán también su propia colección nupcial?\nVestidos de Novia que traen cola


Los argentinos coparon el torneo de Hamburgo 17-5-03\nEn las semifinales juegan los cuatro de un mismo país. Coria, Calleri, Nalbandian y Gaudio, notables.\nAgustín Calleri, quien atraviesa el mejor momento de su campaña profesional, es uno de los semifinalistas en el certamen de Hamburgo.\nEl tenis argentino está escribiendo una página histórica en el Masters Series de Hamburgo, el primero desde que se instrumentaron estos certámenes de elite, sólo superado por los Grand Slams. Desde 1990, nunca un país había acaparado la semifinal, poniendo los cuatro jugadores de una misma bandera. Ayer se logró en el citado torneo alemán, que se juega sobre polvo de ladrillo y reparte dos millones cuatrocientos cincuenta mil dólares en premios.  El cordobés David Nalbandian se enfrentará con su coterráneo Agustín Calleri, mientras que Guillermo Coria se enfrentará con Gastón Gaudio.\nNalbandian venía con un historial que lo favorecía ante el chileno Fernando González.\nEl cordobés, uno de los principales candidatos al título, había vencido al chileno en Montevideo, Buenos Aires y Basilea, todas en tres sets. Y ésta no fue la excepción.\nEn este partido en el Club del Alster, el cordobés se quedó con la victoria por 5-7, 6-3 y 6-4, pero tuvo que batallar ciento cuarenta y cuatro minutos para sacarse de encima a su viejo rival de júniors, que venía de eliminar al australiano Lleyton Hewitt, el número uno del mundo.\nCon este resultado, Nalbandian se ubicará a partir de la próxima semana en el séptimo lugar del ranking mundial, y logrará la mejor posición de un argentino después de Guillermo Vilas y José Luis Clerc, superando a los otros «top ten», como Alberto Mancini, el que fue octavo, y Martín Jaite, quien llegó a ubicarse noveno.\n«Estoy jugando cada vez con más confianza, lo que me permite soñar con poder pelear por el título en este certamen, donde quedó demostrado el gran nivel que tenemos los jugadores argentinos», apuntó Nalbandian después de su brillante triunfo.\nAhora tendrá que encontrarse con su coterráneo Calleri para determinar quién pondrá a Córdoba en la final , partido que se verá en directo por ESPN, desde las 7.55.\nEl «Gordo» de Río Cuarto superó al sudafricano Wayne Ferreira, por 7-5 y 6-2. La historia entre ellos muestra una amplia ventaja de 4 a 1 a favor de Nalbandian.\nEl camino hacia la otra semifinal, que se jugará a continuación, se resolvió con mayor simpleza. Coria se sacó de encima con facilidad al australiano Mark Philippoussis, un especialista en canchas rápidas que prometía más ya que venía de eliminar del certamen al suizo Roger Federer, otro de los principales candidatos al título.\nEl «Mago» demostró que su muñeca es una de las más dúctiles del circuito para liquidar todo por 6-2 y 6-0, quedando a la expectativa del último partido de los cuartos de final, donde jugaba Gastón Gaudio.\nY no falló, convirtiéndose en el cuarto argentino que se metió en las semifinales del torneo de Hamburgo. El «Gato» no sufrió demasiado para eliminar el belga Olivier Rochus por un doble 6-1, en poco más de una hora.\nEntre ellos la historia marca un leve predominio del santafesino, que ganó dos de los tres partidos que jugaron, mientras que Gaudio se impuso en el restante.\nEl «Mago» ratificó que anda bárbaro\n«Jugué más rápido de lo que esperaba e incluso cuando el subió a la red le pude responder preciso y mantener control del partido», comentó Guillermo Coria después de su cómodo triunfo frente al australiano Mark Phillippoussis, convirtiéndose en uno de los cuatro argentinos que jugarán las semifinales del Masters Series de Hamburgo.\n«Cada partido que juego estoy mejor, espero alcanzar mi mayor rendimiento cuando llegue al Roland Garros», destacó Coria.\n«Le quiero dar a mi país algo para festejar», agregó Coria.\nOfrecen $5 millones de recompensa para dar con "Aceite", prófugo del crimen de un cajero


UEPC y CONAGUA acuerdan acciones de prevención\nAutor: Radio Fórmula RF Durango | Fecha: 7 Julio, 2017\nLa Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) se reunió con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y con la Secretaría de Turismo (SECTUR) para definir acciones de prevención durante esta temporada vacacional y de lluvias, Carlos México Gamero titular de la UEPC, apuntó que la coordinación entre las dependencias es de suma importancia en caso de la caída de una lluvia atípica.\nMéxico Gamero agregó que, aunque no se pronostica una contingencia como la suscitada en septiembre pasado, en caso de que las lluvias sean intensas y se concentren específicamente en un municipio, la UEPC y CONAGUA levantarán la declaratoria de emergencia y así obtener recurso federal en especie.\nLas medidas de seguridad que han implementado durante el año y reforzarán las siguientes semanas es mantener constante los recorridos por zonas y comunidades, la colocación de banderas, volanteo y concientización en localidades cercanas, pues prevén que las lluvias sean intensas, por lo que exhortan a la ciudadanía a tomar precauciones.\nPor su parte, Yadira Narváez Salas delegada de CONAGUA, indicó que los anteriores meses representaron incertidumbre para la comisión al no presentarse lluvias, pues esperaban precipitaciones de 10 milímetros y llegaron siendo menores, sin embargo el meteorológico nacional les informó que el pronóstico para Durango es de regularización para los 39 municipios, sin llegar a una contingencia.\nNarváez Salas también aseguró que no se prevén inundaciones por desbordamiento de ríos y presas, “a través de protección civil y la brigada de seguimiento se ha hecho limpieza y desazolves básicos para evitar que árboles y troncos pudieran estar entorpeciendo los cauces natural.”\nPor otra parte, la función de SECTUR es apoyar a ambas dependencias y especificar el número de zonas turísticas y su ubicación para mantenerlas vigiladas, como lo son las presas y ríos, pues es en esta época cuando se incrementa el número de ahogados y accidentes ocasionados por el agua.\n“Ahorita el tema de los ahogados en las presas ha sido desafortunado, tenemos que implementar algo inmediato en cuestión de presas, ríos y zonas eco turísticas en caso de cualquier accidente que pueda tener la ciudadanía”, señaló México Gamero.


Yvon Ledanois sobre Nairo y el Arkéa: "Somos malos"\nYvon Ledanois sobre Nairo y el Arkéa: «Somos malos»\nEl Dauphiné siempre es el gran escaparate y puesta a punto de los grandes corredores de cara el Tour de Francia. Más importante aún es, si tu equipo corre en casa. Este es el ejemplo del equipo Arkéa de Nairo Quintana. Una formación que ha hecho una carrera para olvidar. No se les ha visto pelear por nada y, además, el líder colombiano ha terminado 18º de la general a casi 5 minutos del vencedor final: Richie Porte.\nViendo lo visto, no solo nosotros estamos sorprendidos negativamente y decepcionados. Incluso su propio director deportivo se ha mostrado duramente crítico con sus pupilos. Tanto es así, que en una entrevista en la web de Arké comentaba lo siguiente:\nMuchas personas del equipo tienen que desafiarse a sí mismas a nivel individual. Estamos fuera de lugar y no puedo aceptarlo. A partir de mañana, en paz y serenidad, tendremos que elaborar una valoración individual de este Dauphiné. Físicamente no tenemos la capacidad de ganar una etapa. Somos malos. No tengo más cosas que agregar porque todos, en mi opinión, están al tanto de su nivel. Si todos son honestos consigo mismos, deben saber lo que queda por hacer\nYVon Ledanois (Director deportivo del Arkéa)\nEs cierto que no personaliza en nadie su crítica, pero teniendo en cuenta la formación francesa, el que ha demostrado estar más lejos de su nivel anterior es Nairo Quintana. Ganador de un Giro y una Vuelta y con el inicio de temporada que hizo el año pasado, sorprende bastante no verlo ahora ni entre los 10 mejores en ninguna ascensión. Esto, unido a su falta de valentía para luchar por otros objetivos como puede ser el maillot de la montaña o grandes etapas pirenáicas o alpinas, hacen presagiar un Tour muy aciago para el colombiano y la escuadra francesa. Solo queda esperar que el de Boyacá se recupera de sus lesiones y pueda rendir al nivel que le vimos otros años.\nImagen de portada de ALAIN JOCARD AFP.\nTags: Actualidad ciclismo Arkéa nairo quintana Noticias de ciclismo Yvon Ledanois


Nuestros inicios, cómo empezamos, nuestra historia | Proyecto A\nAlgunas cifras del Proyecto A.\nColaboradores del Proyecto A.\nTras la aceptación que tuvo esta idea, Alonso J. Pérez, fundador del Proyecto A, decidió ampliarla y desarrollar y publicar el nuevo proyecto en enero del año 2002. En este año registró dominio ajpdsoft.com y trasladó el sitio web a un alojamiento de pago. La nueva web publicada se desarrollo en PHP y MySQL, siendo más dinámica. Esta web (que podéis descargar pulsando aquí) contaba con más aplicaciones, con código fuente y con más trucos para Windows.\nTras varios años con millones de visitas, los usuarios pedían un Foro. El fundador del Proyecto A evaluó la propuesta y en junio de 2006 fue instalado y publicado, siendo hoy en día una de las secciones más visitadas, con más de 10 millones de visitas y 6.000 post.\nAlgunas cifras del Proyecto Proyecto A\nDesde el cambio a PHP-Nuke, el Proyecto A no ha variado mucho en cuanto a diseño, pero sí en cuanto a contenido que, al fin y al cabo, es lo que de verdad importa para un proyecto de contenidos y aplicaciones open source como este. A día de hoy (junio de 2014) contamos con más de 280 aplicaciones completas, gratuitas y Open Source, 600 artículos (con más de 16 millones y medio de visitas), 300 trucos (con 1 millón de visitas), 300 descargas (con 700.000 descargas realizadas, a una media de transferencia de 200GB por mes), 1.200 términos de enciclopedias (con más de 1 millón de visitas), 6.000 post en los foros (con más de 10 millones de visitas) y 18.000 usuarios registrados.\nEn definitiva, más que cifras, son personas a las que hemos ayudado en un momento dado (o eso esperamos). Esto es lo que nos mueve y nos hace seguir adelante con el proyecto, incluso aunque nos suponga pérdidas económicas y, por supuesto, de tiempo. Con la publicidad de la web (de Google, pues consideramos que es la menos molesta, menos intrusiva y la más honesta y acorde con los contenidos del sitio web) sólo obtenemos beneficios para pagar el coste del alojamiento y el exceso de tráfico. Por ello hemos tenido que buscar alternativas «gratuitas» para evitar el exceso de tráfico, de ahí que hayamos optado por Google Picasa para guardar las imágenes de nuestros artículos.\nColaboradores del Proyecto Proyecto A\nEl Proyecto A cuenta con varios colaboradores principales, podéis consultarlos en el siguiente enlace:\nSi buscamos «instalar oracle» obtiene 3.560.000 resultados y nuestra web aparece la primera:\nSi buscamos «instalar mysql» obtiene 743.000 resultados y nuestra web aparece la segunda:\nSi buscamos «comandos linux» obtiene 4 millones de resultados y nuestra web aparece la primera:\nSi buscamos «terminal server» obtiene 16 millones de resultados y nuestra web aparece la tercera:\nSi buscamos «aviso cambio ip» obtiene 248.000 resultados y nuestra web aparece la primera:\nSi buscamos «trucos delphi» obtiene 267.000 resultados y nuestra web aparece la quinta:\nSi buscamos «ftp windows linux» obtiene 1.980.000 resultados y nuestra web aparece la primera:


¿Quienes Conforman la Fundación FIDHS? - FUNDANCION FIDHS\n¿QUIENES COMPONEN LA FUNDACIÓN FIDHS?\nPsicóloga con énfasis social y especialización en teoría del diseño comunicacional de la Universidad UBA. La Fundación FIDHS destaca el compromiso de la psicóloga Natalia Granada C. en su labor como metodóloga de la Escuela de Pensamiento Social Sostenible para Jóvenes con Proyecto de vida y espíritu emprendedor para el país.\nPresidenta de la Fundación. Magíster en Ciencias Políticas, Pontificia Universidad Javeriana, Especialista en Indicadores de Gestión para la Educación Superior, Convenio Universidad EAN – Universidad de Quebec, Canadá, Comunicadora Social y Periodista de la Universidad de Antioquia. Escritora e investigadora en Desarrollo Humano Corporativo. Autora del libro, Gestión Humana: La imagen del Servicio. Editorial McGraw-Hill, 2001, Bogotá – Colombia. Docente universitaria y consultora empresarial.\nIngeniero de Sistemas,Especialista en Evaluación y Desarrollo de Proyectos, Magister en Gestión de Proyectos M.G.P.Consultor independiente en la Gerencia de proyectos, con conocimiento para el desarrollo cada una de las actividades administrativas relacionadas con la planificación, organización, dirección y control de recursos asignados, aplicación y adaptación de la Guía del PMBOK® para el desarrollo de proyectos recomendada por el PMI. Director de Proyectos de la Fundación FIDHS.\nProfesional en Psicología egresada de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, Especialista en Farmacodependencia de la Fu ndación Universitaria Luis Amigó y Maestría en Prosocialidad y Aplicaciones de la Logoterapia de la Universidad Autónoma de Barcelona. Coordinadora científica de la línea Familia, Cultura de Empresa y Responsabilidad Social de la Fundación FIDHS.\nEVELYN OTAROLA PINEDA\nComunicadora Social de la Universidad Javeriana, con estudios de posgrado en Gerencia en las Universidades Javeriana y la Sabana y de Administración y Mercadeo en Watford College of Technology de Inglaterra. Miembro de la red de profesionales en la junta directiva de la Fundación FIDHS.\nContador público, formado con principios éticos y valores, capaz de dar soluciones a todo tipo de problemas planteados en el manejo y manipulación de la información aplicando análisis, diseño y construcción de soluciones contables que se ajusten a las necesidades y condiciones de las organizaciones.


Consultas de Tarot y Videncia | El Tarot de Esperanza\nLas consultas Tarot y Videncia que ofrecemos son realizadas exclusivamente por Esperanza. Sin gabinete, sin cortar llamadas, sin engaños, aunque duela, solo se te dirá la verdad, hablarás con una autentica vidente con más de 20 años de experiencia y un 95% de aciertos.\nMe satisface ver que mis clientes consiguen avanzar en su vida gracias a mi asesoramiento y que muchas veces se crea un bonito vinculo.\nNo olvides que la calidad tiene un precio, por lo tanto no realizamos consultas gratuitas.\nSi estas pasando por una etapa económica complicada o tienes una pregunta muy concreta, te aconsejamos el Tarot WhatsApp, también atendido personalmente por Esperanza.\nAl otro lado del teléfono encontrarás una voz amiga.\nLLÁMAME te aseguro que no te arrepentirás.


Terminal de transportes de Valledupar “cada día más moderna y cómoda” – Semanario La Calle\nInicio / Semanario / Local / Terminal de transportes de Valledupar “cada día más moderna y cómoda”\nTerminal de transportes de Valledupar “cada día más moderna y cómoda”\n15 mayo, 2017\tLocal\nLa Terminal de Transportes “Miguel Meza Valera”, entregará a la ciudadanía en los próximos días obras de infraestructura que permitirán mejorar la comodidad de los pasajeros que viajan desde y hasta la ciudad de Valledupar.\nEl alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uhía manifestó “Estamos avanzando con obras que generan progreso y desarrollo a la ciudad, el compromiso con la ciudadanía es de posicionar a la Terminal de Transportes como una de las mejores a nivel nacional y como la mejor de la Región Caribe”.\nPor otro lado, el gerente de la Entidad José María Gutiérrez Baute, recalcó la importancia de las obras que estarán próximas a entregarse, destacando entre ellas la adaptación de las garitas de acceso a la Terminal, las cuales quedaron tipo peaje, con techo e iluminación para ofrecerles a los funcionarios y conductores un mejor ambiente laboral y seguridad en la operación. También resaltó el gran avance que se registra en la construcción de la sala de abordaje, que se encuentra en un 80% de ejecución y será la primera en la Costa Caribe y la modernización de la plataforma de llegada de pasajeros, instalando un cielo raso moderno con luminaria tipo LED.\nAdemás de todas estas inversiones que permiten brindar soluciones optimas de movilidad y comodidad a los usuarios, en los próximos días se inaugurará la nueva fachada externa de la entidad, obra que contó con la remodelación del piso de la plazoleta principal, acabados con enchapes en la fachada exterior y la restauración del fuelle del techo de la Terminal, el cual ahora tendrá los colores de la bandera de Valledupar.\n“Queremos ser coherentes con la directriz del señor alcalde Augusto Ramírez Uhía, de construir ciudad, por eso en la Terminal estamos trabajando para brindar seguridad, comodidad y bienestar tanto al personal de las empresas transportadoras, a nuestros funcionarios y a la ciudadanía en general que hace uso de nuestros servicios” explicó Gutiérrez Baute.\nBalance de Semana Santa y el Festival de la Leyenda Vallenata\nUn positivo balance se reportó en la Terminal de Transportes durante la celebración de la Semana Mayor y la versión N° 50 del Festival de la Leyenda Vallenata.\nFue así como 32.342 pasajeros y 3.528 vehículos llegaron a la Terminal durante el certamen, además hubo 30.492 personas que salieron a otros destinos en 2.792 vehículos, confirmó el Gerente de la Entidad. Flujo importante teniendo en cuenta que durante las dos festividades se movilizaron por medio de la Terminal cerca de 200.000 pasajeros y 18.000 vehículos entre salidas y entradas.\n“Para garantizar la tranquilidad de los miles de usuarios que usaron nuestros servicios se implementaron diferentes dispositivos de seguridad, los estuvieron a cargo de la Policía de Tránsito y Transportes, Policía Fiscal y Aduanera y la Secretaría de Tránsito y Transportes Municipal”, sostuvo el gerente.\nPrevious Se casa El Churo\nSiguiente La Sierra International School, primer centro educativo del Cesar con acreditación internacional


Página 6 de 12,4 « 4 5 6 7 8 »\nBerlusconi: crónica de una renuncia anunciada\nEl polémico Silvio Berlusconi le puso fin a su era tras reunirse en el palacio de Quirinale con el presidente Giorgio Napolitano. Hay festejos en las calles de Roma por la dimsión de un hombre que marcó una época.. El futuro del Cavaliere\nSteve Jobs nominado a hombre del año\nLa revista Times confirmó que el cofundador de Apple está entre los nominados para personaje del año de 2011. El periodista Brian Williams fue el responsable de la nominación, que reconocería la trayectoria y el aporte de Jobs al mundo de la tecnología.\nDeclara el autor de la masacre de Noruega\nAnders Behring Breivik, el hombre que admitió estar detrás de las dos explosiones que provocaron la muerte de 93 personas el último viernes, volverá a dar su testimonio ante la Justicia. Cree que los crímenes fueron "atroces pero necesarios" y pide no ser culpado.\nJuan Pablo II proclamado beato ante más de un millón de fieles y cien cardenales\nBenedicto XVI proclamó beato en el Vaticano a Juan Pablo II, en la beatificación más multitudinaria de la historia de la Iglesia. Seis años y un mes después de su muerte, Karol Wojtyla fue elevado a esta categoría, previa a la santificación, por su sucesor, lo que no ocurría desde hacia mil años.\nBarack Obama confirmó la muerte de Osama Bin Laden en un operativo de la CIA en Pakistán\nSu fallecimiento se produjo hoy, aunque el operativo había sido autorizado hace una semana. Por temor a represalias, el Gobierno norteamericano analiza elevar el nivel de seguridad. En cadena nacional, Obama advierte que Al Qaeda tratará de seguir atacando a los Estados Unidos. Bin Laden habría muerto en una mansión en las afueras de Islamabad, la capital de Pakistán, durante una operación de la CIA. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó que se “hizo justicia” con la muerte de “Osama Bin Laden” a quien llamó “el símbolo y guía” del grupo terrorista Al Qaeda. “Nunca vamos a tolerar que nuestra seguridad este amenazadas. Vamos a defender a nuestros ciudadanos”.


En internet nueva pena en arabia saudita “a los que leen la biblia” deja horrorizados.* – La Voz del que Ve\nPosted on 1 junio, 2014 por R3nderMachine\nEn internet nueva pena en arabia saudita “a los que leen la biblia” deja horrorizados.*\n*NOTA: Buscando la fuente… encontré un loop sin llegar a una fuente original o un diario. Creo que el castigo puede ser real pero no puedo certificar que sea por leer la Biblia.\nsi tienes mas fuentes o tienes fuentes para contradecir queda abierto el debate.\nCategoríasEl Clamor del Mundo, La Voz detrás de la Noticia Etiquetasarabia, biblia, castigo, cortar, dedos, lectura, leer, saudita\n2 Replies to “En internet nueva pena en arabia saudita “a los que leen la biblia” deja horrorizados.*”\n15 octubre, 2014 de 10:26 PM\nEn realidad no es un castigo por leer la biblia, sino que es uno de los distintos tipos de castigo por robo. Y por cierto en Arabia Saudita se tiene más de 1,000,000 cristianos, existe también algo llamado cristianos árabes. No son condiciones ideales respecto a la libertad de culto, pero este tipo de publicaciones solo desinforman y generan más odio entre religiones.\nPublicar cosas falsas como ciertas es exactamente lo mismo que mentir, debes actuar con mayor responsabilidad y no pecar de ingenuo.\n23 octubre, 2014 de 9:55 AM\nDe echo la entrada estaba abierta por lo mismo para salir de la duda… busque información sobre el asunto pero no encontré mas datos ni a favor ni en contra.\nPodrías postear la fuente para rectificar la entrada? gracias 🙂\nEntrada anteriorPrevio N.E.*: Los compositores de ‘Frozen’ admiten que Disney prohíbe usar la palabra ‘Dios’ en sus películas\nEntrada siguienteSiguiente Los efectos secundarios de la bebida energética Red Bull


Review Titans: Home – Casa Spammer\nBrowse: Home / 2021 / septiembre / Review Titans: Home\nReview Titans: Home\nDaniel Bernat / septiembre 16, 2021 / Leave a comment / DC Comics, Opinión, Reviews, Reviews Titans, Series, Titans\nLa nueva ración semanal de Titans nos ha dejado un episodio de transición, o eso me lo ha parecido a mí. A tan solo cinco de que la tercera entrega concluya, las sensaciones que transmite la serie es que, después de un arranque bastante potente, hemos entrado en una etapa valle, para encarar la recta final con más fuerza… o pegársela como viene siendo habitual en años anteriores. Vamos con el 3×08.\nEn la review anterior comenté que había dos frentes dentro del grupo de héroes protagonistas, pero viendo lo que nos ha ofrecido este “Home”, matizaría más: tenemos a Gar, que sigue creyendo que la redención de Jason es posible, aún habiéndose llevado por delante a Hank; Kory y Conner que piensan que ya no hay marcha atrás; y metería un tercer grupo en el que estaría Dick, que se debate entre una postura y otra, con lo último que le dijo Bruce de fondo, eso de “sé un mejor Batman”.\nLa cuestión es si los Titanes pueden dejar de lado todo lo que pasó, y afrontar esto como una familia, mirándolo desde la óptica de que todo se perdona y con los tuyos siempre puedes volver, aunque, sinceramente, lo veo demasiado Disney y poco realista. Muchas veces, por mucho que la sangre sea lo que te una, o el sentido de comunidad o afinidad en el caso de nuestros héroes, hay actos que son irreparables. Gar les recuerda que, en la segunda temporada, cuando estuvo bajo el control de Cadmus, hizo cosas horribles, y le acogieron de nuevo como si nada; lo de Jason, bajo mi punto de vista, es distinto. Ha ido a por ellos, ha matado a Hank de una forma cruel, y los ha tenido como objetivo hasta que se le han acabado las dosis del chute de Crane, que es cuando ha empezado a recoger cable. Si yo estuviera ahí, creo que optaría por no darle carta blanca y no hacer que fuera agua pasada todo lo vivido este año.\nAhora mismo, Jason está contra la espada y la pared. Recurre a Dick para intentar volver con los Titanes, pero ni el anterior Robin es capaz de aclarar sus ideas en estos momentos. Unido a que el resto del grupo no le ve con buenos ojos precisamente, no le auguro un buen final a Jason, si siguen por el camino actual, claro. Si de repente le dan la vuelta a la tortilla y se vuelve todo color de rosa, pues sí, puede acabar volviendo con el grupo. Ojalá no suceda esto, y sean consecuentes con todos los actos perpetrados por Jason. Sí, es un chaval descarriado y que está roto psicológicamente, pero eso no le exculpa de todo. Ha matado a Hank, un miembro de esa familia a la que tanto desea volver. Mal asunto, la verdad.\nEncima, se ha juntado con ese final de capítulo, en el que yo he entendido que los héroes piensan que ha sido él el que ha disparado a Tim. ¿Recordáis al chaval que vimos en el 3×01 y que volvió a salir en el 3×06? Bueno, pues ya se ha presentado oficialmente y pretende, ni más ni menos, que convertirse en el nuevo Robin y formar parte del grupo. Cualquiera que tenga un mínimo conocimiento de los cómics de DC sabe quién es Tim Drake, pero para el que no, me abstengo de desvelar su destino. El chico la verdad es que tiene buenas habilidades, ya que es capaz de llegar a la conclusión de que Dick era el Robin original, luego fue Nightwing, y Bruce es Batman; incluso que Jason fue el segundo. Esto dice mucho de él, y poco de la policía de Gotham, porque si un chico cualquiera, con un poco de dedicación, es capaz de ver los patrones en los movimientos y tácticas de Dick y compañía, igual un profesional también debería serlo, pero claro, el cuerpo de policía de esta ciudad, en fin, qué os voy a contar. Supongo que le curarán de alguna manera, porque no ha dicho la última palabra en Titans.\nDos puntos más. Las visiones de Kory parecen indicar que un bebé está en camino, o así lo he entendido yo. ¿Se viene descendencia tamariana-kryptoniana? Y luego, el cliffhanger es que, la propia Kory cae en la trampa que diseña Crane y propicia que la droga que ha elaborado acabe en el sistema de reparto de agua municipal, así que los ciudadanos de Gotham van a pasárselo muy bien en muy poco tiempo. Tiene pinta de que se va a liar, a ver si es verdad. Nos vemos en la próxima review.\nEtiquetas: dc, DC Comics, hbo max, opinión, review, Reviews, reviews titans, titans\n← Midnight Mass: sinopsis y tráiler\nThe Morning Show echa la puerta abajo →