Lugar encantador - Opiniones del hotel Hotel Kimal, San Pedro de Atacama - Opiniones en TripAdvisor\nLugar encantador - Hotel Kimal\nEstuvimos 5 noches en hotel Kimal. Fue excelente la estadia. El hotel es encantador y ambientado a la zona con mucha piedra madera y adobe. Tiene un restaurant excelente los desayunos miy buenos y para los almuerzos o cenas precios totalmente normales. Ubicado a metros de la calle principal de San Pedro y muy amable todo el personal.\nPregunta a marielafuhrer sobre Hotel Kimal\n12 - 17 de 395 opiniones\nHabitación oscura y muy calurosa, no tiene aire acondicionado.\nLa atención es cordial y servicial.\nEl desayuno es bueno, aunque sí pides leche sin lactosa llega cuando ya terminaste el desayuno! Me pasó 2 veces.\nComida está bien, es suficiente!\nPregunta a Expedition633700 sobre Hotel Kimal\npobkim, Director Comercial en Hotel Kimal, respondió a esta opiniónRespondido el 27 de marzo de 2018\nGracias por los comentarios. Pondremos atención a la demora en la entrega de leche sin lactosa.\nPregunta a LAO07 sobre Hotel Kimal\nMuy buena ubicación para este sencillo hotel.\nPersonal amable aunque el día de llegada no nos dieron las habitaciones reservadas con varios meses de antelación, y tuvieron que reubicarnos en el vecino hotel de su cadena Poblado Kimal, y volver a trasladarnos al primer hotel al día siguiente. El problema que le encuentro es que en la época veraniega, al ser las paredes de adobe, la temperatura se conserva alta durante todo el día, y las ventanas no se pueden abrir cuando uno está dentro porque dan a un patio-jardín común carente de intimidad. El desayuno correcto. La piscina tiene un pequeño jacuzzi al aire libre, aunque todo está encajado en un espacio un poco reducido.\nConsejo sobre las habitaciones: Son mas espaciosas las habitaciones que tienen camas matrimoniales.\nPregunta a FMBLamayor sobre Hotel Kimal\n2 Gracias, FMBLamayor\npobkim, Director Comercial en Hotel Kimal, respondió a esta opiniónRespondido el 15 de enero de 2018\nEstimados, lamentamos mucho que tuvieron este cambio de habitación y sabemos que los gestos compensatorios ofrecidos no cambian el hecho. Cabe indicar que los huespedes de ambos hoteles tienen acceso tanto a la piscina del Hotel Kimal como del más amplio contorno de la piscina de Poblado Kimal. Con respecto a las cualidades térmicas del adobe, lo importante es tener cerradas las cortinas durante el día para que no entre el sol directo y así no se calienta tanto el interior. Sin duda frente al calor del Atacama en verano esta medida mitiga solo parcialmente el impacto del sol en el desierto!\nEs un hotel muy confortable, con buena sombra en los lugares comunes, las habitaciones amplias, la mayoria con un pequeno patio/balcon la frente, muy frescas durante el dia y agradables en las frescas noches. El restaurant del hotel esta muy bien decorado, muy acogedor, atencion excelente y platos muy ricos.\nEl restaurant esta abierto todo el dia, se puede almorzar o tomar algun jugo cerca de la pileta (no muy grande) bajo la sombra de los arboles\nel desayuno es riquisimo, muy variado. La atencion del personal excelente, ademas los dias de excursiones muy tempranas, le preparan para llevar un pack con de todo, juguitos, sandwiches, barritas, fruta.\nPregunta a Pat-BsAs sobre Hotel Kimal\nEl hotel se encuentra en una muy buena ubicación, en el centro del pueblo, personal muy amable e instalaciones de excelente nivel. Recomendado para familias y parejas.\nEl restaurant ofrece una sofisticada carta con productos de la zona, pero no llegan a balancear bien los sabores.\nDesayunos ricos y con buena variedad de productos.\nPregunta a N8573HFjorgec sobre Hotel Kimal\npobkim, Director Comercial en Hotel Kimal, respondió a esta opiniónRespondido el 14 de noviembre de 2017\nMuchas gracias por sus comentarios don Jorge.


Star Wars narrada en 86 segundos por Jennifer Lawrence y más\nLa emoción por la saga de Star Wars va creciendo de manera paulatina mientras más nos acercamos al 17 de diciembre, pues estamos solamente a dos días del estreno de la séptima parte de la saga ‘Star Wars: The Force Awakens’.\nLa importancia de la saga creada por George Lucas no solo recae en los fans, sino también en la industria del cine, ya que marcó un parteaguas en los efectos especiales, en la creación de cintas con cortes galácticos y los temas que se tocan a lo largo de las seis películas anteriores, como la religión, la amistad, el poder de la mujer entre muchas cosas más.\nEn esta ocasión en un video realizado por la cadena televisiva MTV , quienes en múltiples entrevistas se encargaron de preguntarles a estos actores algo acerca sobre la saga y respondían de una manera muy chistosa. En el video podemos observar a Natalie Dormer ‘Game Of Thrones’ (2011), Jennifer Lawrence ‘Hunger Games’ (2012), Tom Hiddleston ‘La Cumbre Escarlata’ (2015), Daniel Radcliffe ‘Viktor Frankenstein’ (2015), James McAvoy ‘X-Men: Apocalipsis’ (2016), Elijah Wood ‘The Lord Of The Rings’ (2001) y muchos más actores que estuvieron este año en algunas de las mejores producciones cinematográficas.\nSin duda alguna Star Wars es parte de nosotros y entre más se acerca el estreno del ‘Despertar de la Fuerza’ crece más la euforia por verla.\nAquí te dejamos el divertido video:


Incrementan precios de Gasolina y Diesel en México\nIncrementa precio de gasolina en México\nIn Economía , México\nLos precios de gasolina en México estuvieron “congelados”, gracias a que el gobierno decidiera mantenerlos así ante la crisis económica que el país sostuvo en este pasado año, producto de la crisis económica global.\nEsta estrategia principalmente fue para amortiguar los efectos causados ante la crisis. Es por eso que, el fin de semana pasado los precios de combustibles subieron un poco más a lo común, ya que el gobierno descongeló dichos precios dando así el incremento de la gasolina magna y diesel.\nEn cambio, la gasolina magna (actualmente la más vendida) subió cinco centavos de su precio anterior, quedando en 7.77 pesos por litro, a su vez el diesel incrementó tres centavos, como resultado el precio ha quedado a 8.16 pesos por litro.\nLa gasolina Premium no se vio afectada con ningún cambio, así que mantuvo su precio a 9.57 pesos por litro, según una fuente de Amegas por medio de un comunicado.\nAnteriormente, el presidente Felipe Calderón anunció en enero (pasado) sobre el congelamiento de los precios de la gasolina durante el año y la reducción en los precios del gas domestico junto con la electricidad, todo esto para evitar una recaída fuerte sobre la recesión en la economía mexicana.\nCrisis Económica, Diesel, Economía en México, Felipe Calderón, Finanzas, Gasolina, Política en México, Recesión\niPhone y iPod Touch puede convertirse en un Mando Universal\nImplantan lentes de contacto a pequeña leona ciega


Ferrer#2177 - Comunidad - Diablo III\nYelmo de los páramos 2,551 de daño de Espinas (0) Engarce(s) 700 de Fuerza 718 de Vitalidad Reduce la recuperación de todas las habilidades un 12.5%. Probabilidad de golpe crítico incrementada en 6%.\nCoraza de los páramos (0) Engarce(s) 482 de Fuerza +234 de resistencia a todos los elementos 454 de Vitalidad Incrementa la recolección de oro y Vida en 1 yardas.\nEscarpes de los páramos 3,311 de daño de Espinas 499 de Armadura 634 de Fuerza 590 de Vitalidad\nGuanteletes de los páramos 723 de Fuerza 33% de oro extra de monstruos. El daño por golpe crítico se incrementa un 47% Reduce la recuperación de todas las habilidades un 5%. Probabilidad de golpe crítico incrementada en 9.5%.\nHombreras de los páramos 592 de Fuerza 35% de oro extra de monstruos. +129 de resistencia a todos los elementos 616 de Vitalidad Reduce la recuperación de todas las habilidades un 8%. Incrementa la recolección de oro y Vida en 2 yardas.\nImpulso del Capitán Escarlata Matar a un monstruo otorga 179 de Experiencia. (0) Engarce(s) 423 de Fuerza +253 de resistencia a todos los elementos 497 de Vitalidad Incrementa la recolección de oro y Vida en 1 yardas.\nBrazal de Mortick 438 de Fuerza Las habilidades Físicas infligen 20% más de daño. 444 de Vitalidad Probabilidad de golpe crítico incrementada en 5%.\nVoto solemne de Bul-Kathos 2,477.1 DPS 11,032 de Vida luego de cada muerte (0) Engarce(s) 855 de Fuerza +1,401-1,700 de daño Sacro 931 de Vitalidad El daño por golpe crítico se incrementa un 130% Reduce la recuperación de todas las habilidades un 9%.\nSangre de guerrero de Bul-Kathos 2,421.9 DPS Reduce todos los costos de recursos un 10%. 11,378 de Vida luego de cada muerte (0) Engarce(s) 833 de Fuerza +1,329-1,687 de daño Sacro 943 de Vitalidad El daño por golpe crítico se incrementa un 130%\nFaja de seda del Capitán Escarlata Matar a un monstruo otorga 150 de Experiencia. 388 de Armadura 470 de Fuerza +100 de resistencia a todos los elementos 454 de Vitalidad Incrementa la recolección de oro y Vida en 1 yardas.\nAnillo zodiacal de obsidiana Reduce todos los costos de recursos un 7%. Ignora la pérdida de durabilidad. (0) Engarce(s) Los globos de vida y las pociones otorgan 35,154 de Vida. Reduce la recuperación de todas las habilidades un 7%. Probabilidad de golpe crítico incrementada en 5.5%.\nConvención de los elementos 3,160 de daño de Espinas (0) Engarce(s) El daño por golpe crítico se incrementa un 47% Probabilidad de golpe crítico incrementada en 5%.\nEl sabor del tiempo 6,413 de daño de Espinas (0) Engarce(s) 10% de velocidad de movimiento. Reduce la recuperación de todas las habilidades un 5%. Probabilidad de golpe crítico incrementada en 10%. Probabilidad de infligir 0.2% de daño de área al golpear.\nActualizado el 13 dic 2020 07:30 AM CST


Aviso legal - Escalera Europea\nResponsable del tratamiento Escaleras Alhama, SL\nFinalidad El tratamiento se realiza para la gestión de su solicitud y/o consulta a través de este sitio web. La base legitimadora es su consentimiento al rellenar y enviar el formulario y marcar la casilla de aceptación de la política de privacidad.\nTransferencias internacionales No se realizan transferencias internacionales\nInformación adicional Puede consultar aquí *todos los detalles\n1. RESPONSABLES DE TRATAMIENTO.\nEl responsable de tratamiento es Escaleras Alhama, SL con domicilio en Ctra. Valencia, Km 6, Nave 13. 50410 Cuarte de Huerva.\nEn AMPA tratamos los datos recabados por este formulario para la gestión de las consultas realizadas y atender sus posibles solicitudes.\n¿Cederemos sus datos a otras empresas o entidades?\nCualquier interesado tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Escaleras Alhama, SL estamos tratando datos personales que les conciernen, o no.\nPara el ejercicio de los derechos reconocidos, el interesado podrá ponerse en contacto a través de la siguiente dirección de correo electrónico: alhama@escalera-europea.com dirigiendo un escrito a Escalera Europea, SL a la dirección indicada en el apartado primero sobre responsables de tratamiento.


Las interacciones luz-materia en los estudios del patrimonio centrarán la séptima edición del curso internacional Science and Past organizado por IUCA, que dará comienzo el próximo lunes 30 de noviembre\nEl Instituto de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA) de la Universidad de Zaragoza organiza por séptimo año consecutivo el curso internacional Science and Past.\nLa edición de este año “Science and Past: light-matter interactions in heritage studies”, que tendrá lugar desde el 30 de noviembre al 2 de diciembre en la Facultad de Ciencias, se centra en todas aquellas metodologías basadas en la interacción luz-materia así como el papel que éstas desempeñan en el estudio del patrimonio cultural.\nDe este modo, el IUCA se une a las actividades que a lo largo de 2015 se han realizado en conmemoración del Año Internacional de la Luz y las Tecnologías basadas en Luz, contribuyendo de este modo a uno de los objetivos marcados en su proclamación como año internacional: “Dar a conocer la profunda relación que existe entre la luz, el arte y la cultura, así como fortalecer el papel de las tecnologías ópticas en la preservación del patrimonio cultural”.\nLos principales temas que se abordarán en la séptima edición del curso son:\nComo en ediciones anteriores, el curso será impartido en inglés por profesionales de prestigio internacional procedentes de universidades y centros de investigación españoles y extranjeros.\nEs un curso de carácter interdisciplinar dirigido a profesionales, investigadores y estudiantes de química, geología, paleontología, física, arqueología, conservación etc.


“EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR FRANCÉS: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PRINCIPIO DE SEPARACIÓN DE PODERES Y PERPECTIVA ACTUAL” D. Carlos Mª Rodríguez Sánchez………242\n“NUEVOS PERFILES DE LA\nRESPONSABILIDAD DEL ESTADO Y DE\nLOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN EL\nD. Cristian Ricardo A. Piris\nAbogado – Magister en Derecho Privado – Doctor en Derecho\nProfesor por concurso Universidad Nacional de Nordeste (Argentina)\nFecha de finalización del trabajo: 25 de mayo de 2017\nArgentina cuenta con una nueva legislación que produjo un cambio sustancial en materia de Responsabilidad del Estado. El Código Civil y Comercial y la Ley de Responsabilidad del Estado son los pilares sobre los que se asienta el nuevo paradigma.\nEn el nuevo sistema, la Responsabilidad del Estado ya no se rige por el Derecho Privado, sino por el Derecho Administrativo.\naplicable y se incrementa la vulnerabilidad del sujeto dañado.\nEl nuevo sistema es de dudosa constitucionalidad y significa un retroceso con relación al sistema anterior que era básicamente de construcción jurisprudencial. La inconstitucionalidad es aún más manifiesta en cuando se trata de daños al consumidor.\nArgentina has new legislation that produced a substantial change in the area of State Responsibility. The Civil and Commercial Code and the Law of State Responsibility are the pillars on which the new paradigm is based.\nIn the new system, State Responsibility is no longer governed by Private Law, but by Administrative Law. Since Argentina is a federal country and the administrative powers are part of the power not delegated to the National State, there is a mismatch in the regulation generating uncertainty about the applicable law and increases the vulnerability of the damaged subject.\nThe new system is of dubious constitutionality and means a setback in relation to the previous system that was basically of jurisprudential construction. The unconstitutionality is even more evident when it comes to consumer damages.\nArgentina - Responsabilidad Civil – Estado – Funcionario público – Consumidor.\nArgentina - Tort liability – State – Civil servant - Consumer.\nII. Planteo de situación III. Antecedentes\nIV. Tipos de responsabilidad del Estado\nV. La responsabilidad en el Anteproyecto de Código Civil y Comercial\nVI. La responsabilidad en el Código Civil y Comercial VII. La responsabilidad en la ley 26.944\n2. Responsabilidad por actuación ilegítima 3. Responsabilidad por actuación legítima 4. Eximentes de responsabilidad\n5. Extensión de la reparación\n6. Daños ocasionados por concesionarios o contratistas\n7. Prescripción 8. Acción de daños\n9. Responsabilidad contractual del estado\n10. Responsabilidad de los funcionarios y agentes públicos\nVIII. Fundamentos de la responsabilidad del Estado IX. La responsabilidad del Estado y el Derecho del Consumidor\nX. Conclusiones XI. Bibliografía\nAntes de la ley de responsabilidad del Estado 26.944 (en adelante LRE) y el nuevo Código Civil y Comercial (en adelante CCyC), la situación era la siguiente:\n La responsabilidad patrimonial del estado era regida por el Derecho Civil, y su base era basicamente jurisprudencial.\n Se reconocía ampliamente la responsabilidad del estado tanto por su actividad lícita, como ilícita.\n Se acudía a la noción de falta de servicio, y se desplazó la noción de culpa como factor de atribución de responsabilidad.\n Se podía responsabilizar al Estado aun cuando no fuera posible individualizar al autor del hecho dañoso.\n Había responsabilidad contractual y extracontractual, y eso impactaba principalmente en la prescripción.\n Se reconocía responsabilidad del Estado por omisión.\n En materia de responsabilidad por actos legislativos se recurría a la noción de confianza legítima.\n En materia de extensión de la reparación, si se trataba de actividad ilegitima era integral (daño emergente y lucro cesante), y si era legítima, solo daño emergente.\nI. Planteo de situación\nPara el Derecho Administrativo es una cuestión que concierne a su parte general. Para Dromi “en principio no son aplicables en materia de responsabilidad del Estado los principios del Derecho Civil”1. Sostiene el\nautor que la responsabilidad “civil” del estado es solo un eufemismo. Para Cassagne es válida la aplicación analógica de las prescripciones del Código Civil2, y\ntambién considera este autor que cuando la Administración actúa en el Derecho Privado (p.ej: gestión de bienes de dominio del privado del estado) es plenamente aplicable el Código Civil, aunque aclara que ello no significa que todo daño ocasionado a particulares deba regirse por el Derecho Privado.\nAlgunos civilistas son coincidentes con esas posturas, por ejemplo Rivera3 explica que los daños causados por\nel Estado deben quedar en el ámbito del Derecho Constitucional y Administrativo y no trascender a las relaciones de Derecho Privado. Pero la mayoría de los civilistas se han ocupado del tema como un capítulo más de la responsabilidad civil dentro del contexto de las denominadas responsabilidades especiales. En ese sentido se manifiesta Mosset Iturraspe, quien logra inferir del silencio constitucional al respecto una “conformidad con la regulación civilística”4.\n1 Dromi, Roberto. Manual de Derecho Administrativo T. II. Pág.\n183. Astrea. Bs. As., 1987.\n2 Cassagne, Juan Carlos. Derecho Administrativo T. I. Pág.\n460. Lexis Nexis Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 2002.\n3 Rivera, Julio Cesar. Instituciones de Derecho Civil T.II. Pág.\n274. Lexis Nexis Abeledo-Perrot. Bs. As., 1994.\n4 Mosset Iturraspe, Jorge. Responsabilidad por daños T. X.\nHaciendo un poco de historia podemos ver que en primer lugar se desarrolló la idea publicista de la irresponsabilidad del Estado que reinó durante siglos y recién empezó a retroceder bien avanzado el siglo XIX. La idea matriz de esa concepción estaba asentada sobre la base del concepto de soberanía, primero del monarca como representante divino y luego del Estado como reflejo de la voluntad general. En ese contexto se consideraba que el Estado no podía causar perjuicios, atento a su finalidad intrínseca de bien común. Pero esa era una de las tantas ficciones jurídicas. En el mundo real el Estado dañaba a los particulares a través de su actividad, incluso legítima.\nPor otra parte, la propia idea de Estado de Derecho supone la imposibilidad de concebir que los poderes públicos no se hallen sometidos al imperio de la ley.\nEn Francia, los particulares que resultaban victimas de daños causados por la Administración reclamaban reparación pecuniaria primero ante las autoridades administrativas y ante su negativa recurrían a los tribunales comunes, quienes empezaron a hacerles lugar a la luz del art. 1.382 del Codigo Civil francés. Ese artículo asimilaba la posición jurídica del Estado a la de un comitente que debía responsabilizarse por los actos de las personas que de él dependen. Ante esto reaccionó el Consejo de Estado, declarando la inaplicabilidad del Código Civil para regir la responsabilidad pública.\nfuncionarios debía construirse sobre la concepción de “falta de servicio” y no sobre la de “responsabilidad extracontractual”.\nLa idea de falta de servicio era más bien objetiva, de hecho no requería culpa, y se fundaba en la reparación patrimonial debida a los particulares por los daños causados por el funcionamiento irregular o la prestación defectuosa de un servicio público. Por otra parte, la idea de servicio público era tomada en sentido amplio como función administrativa, por tanto se trataba del funcionamiento irregular o defectuoso de la función administrativa.\nSi bien no era necesario identificar al agente causante del daño, a la par también se construyó la idea de “falta personal” para responsabilizar a funcionarios públicos frente a los administrados por acciones u omisiones que excedieran el margen del irregular funcionamiento del servicio. En este caso se tenía en cuenta la culpa o dolo del agente.\nLa teoría francesa tuvo mucha influencia en la doctrina y jurisprudencia argentina.\nComo expresa Mosset Iturraspe, en nuestro país “la historia de la responsabilidad del Estado es la historia de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”5.\nLa jurisprudencia ha marcado una tendencia a aplicar esquemas y soluciones del Derecho Civil a la responsabilidad del Estado. De hecho, se trata de una responsabilidad que ha nacido por vía pretoriana, han sido los jueces quienes empezaron a asignar responsabilidad por daños al Estado. Con relación a los funcionarios públicos se aplicaba el art. 1.112 del Código Civil. La jurisprudencia ha obrado de este modo en atención a que el Estado es una persona jurídica.\nSegún el texto original del art. 33 del Código Civil de Vélez Sarsfield, ese cuerpo normativo legisla las personas jurídicas de existencia necesaria, creadas con un objeto conveniente al pueblo, y son las siguientes: 1) el Estado; 2) cada una de las provincias federadas; 3) cada uno de sus municipios. De ello, podemos decir que lo previsto en el Código Civil, abarca tanto al Estado nacional, provincial y municipal.\nRecordemos que el originario art. 43 del Cód. Civil establecía la imposibilidad de dirigir contra las personas jurídicas acciones criminales o civil por daños, se trataba de la consagración del principio racionalista que las personas jurídicas eran ficciones creadas por el hombre para realizar el bien, por ende no podían ocasionar mal alguno.\nEn el sistema de Velez Sarsfield, el art. 1.112 que consagraba la responsabilidad de los funcionarios era perfectamente compatible con el original art. 43 que estipulaba la ausencia de responsabilidad de las\npersonas jurídicas. Detrás del juego de estas dos normas subyacía la idea de que el Estado no era quien causaba el daño, sino el funcionario en cuestión.\nEso generó diversas discusiones doctrinarias que fueron zanjadas con la reforma de 1968, que dió lugar a la responsabilidad por daños establecida en el reformado art. 43, que hoy se proyecta sobre el actual 1.763 del Código Civil y Comercial.\nSi bien hoy se admite que el Estado, en el cumplimiento de sus funciones, puede ocasionar lesiones en la persona o en los bienes de los ciudadanos, el tránsito hacia este punto de llegada no estuvo exento de inconvenientes.\nAlterini marca los hitos de esa evolución6:\n– Antes de 1921 la Corte Suprema de Justicia de la\nNación había sostenido la irresponsabilidad plena de la persona jurídica por hechos ilícitos. Por actos lícitos se aplicaba el 1.071 del Código Civil, es decir la irresponsabilidad estatal por su actividad lícita.\n– Desde 1921, a partir del caso Mihanovich, la Corte\nSuprema de Justicia de la Nación admite la responsabilidad de una persona jurídica por hechos ilícitos de sus dependientes. Un buque de dicha compañía embiste el puerto de Corrientes y es demandada la compañía. Hasta el año 1933 el Estado era irresponsable.\n– En el año 1933, a partir del caso Devoto, la Corte\nSuprema de Justicia de la Nación admite la responsabilidad del Estado por “actos de gestión”, es decir, no por un acto en el cual actúa como poder público. En este caso, empleados de la empresa estatal de telégrafos ocasionan un\n6 Alterini, Atilio et al. Derecho de las Obligaciones Civiles y\nincendio en un campo por descuidar un brasero mientras efectuaban una reparación. La jurisprudencia construye una responsabilidad indirecta aplicando los artículos 1.109 y 1.113 del Código Civil vigente en ese momento logrando sortear la imposibilidad que se consagraba en el art. 43.\nLa solución era cuestionable, utiliza el 1.109 exigiendo culpa, cuando se hallaba vigente el 1.112 que hablaba de “falta de servicio”; luego aplicaba el 1.113 sosteniendo que el Estado era el “patrón” y de allí su responsabilidad indirecta. Desde aquí imputación indirecta, con factor de atribución subjetiva -culpa o negligencia-.\nHasta ese momento todavía era sostenible la concepción alemana de la doble personalidad del estado quien actuaba por actos de gestión, o por actos de autoridad o de imperio. O la teoría francesa de la personalidad única de doble faz (pública y privada). Desde este punto de vista, el Estado seguía siendo irresponsable en lo que se refería a su actuación pública.\n– En el año 1938, a partir del caso Ferrocarril Oeste,\n1.112 y 1.113, y se fundó en la doctrina del “servicio público irregular”.\n– En el año 1941, se produce el caso Etchegaray,\ndonde la Corte Suprema de Justicia de la Nación admite la responsabilidad del Estado en la reparación civil de un hecho criminal (no solo un ilícito civil). Se trataba de un policía que, por imprudencia, mató a un sospechoso fugitivo.\n– En el año 1984, en el caso Vadell, la Corte\nSuprema de Justicia de la Nación afirma que la responsabilidad extracontractual del Estado no requiere recurrir al art. 1.113 porque la idea objetiva de su responsabilidad por falta de servicio halla su fundamento en la aplicación subsidiaria del 1.112. Desde aquí, imputación directa porque los funcionarios, actuando en ejercicio de su función, son órganos del Estado; por lo tanto, lo que ellos hacen lo hace el Estado mismo.\nMosset Iturraspe7 sistematiza esta información y afirma\nque es posible distinguir tres épocas en el recorrido de la Jurisprudencia de la Corte.\nLa primera época va desde la sanción del Código Civil hasta 1933 cuando se emite el fallo Devoto. Lo característico de esta época era la irresponsabilidad del Estado por los actos de sus agentes; el Estado respondía contractualmente, se concebía al estado en una doble personalidad, como poder público y como persona jurídica, y en este último carácter se le hacía aplicable el art. 43 del Código Civil que consagraba la irresponsabilidad civil y penal de este tipo de personas; pero si los arts. 1.112 y 1.113, que obligaban a responder a los funcionarios y dependientes.\nEn la segunda época, de 1933 a 1980, a partir del caso Devoto se evidencia un aumento de la responsabilidad del Estado, ampliándose a los actos lícitos. En este período se produce la reforma al Código Civil, de 1968, y la modificación del art. 43 consagrando la responsabilidad civil de las personas jurídicas.\nA la tercera época, de 1980 en adelante, lo ve como un tiempo de pujas entre concepciones contrapuestas; por un lado, una visión única de responsabilidad civil para todas las personas jurídicas, incluido el estado, y otra visión, que pretende independizar la responsabilidad estatal del ámbito civil.\nSi bien Mosset Iturraspe cierra su descripción con la tercera época, creo que ahora es posible hablar de una cuarta época donde se resuelve la disputa anterior, a partir de la Ley de Responsabilidad del Estado y el Código Civil y Comercial, y se sientan las bases de un nuevo formato de responsabilidad patrimonial del Estado y los funcionarios.\nIII. Tipos de responsabilidad del Estado\nEn lo que respecta a la responsabilidad contractual, se refiere tanto al accionar previo a la celebración de un contrato administrativo o durante su ejecución y extinción. Lo relativo a este punto, en referencia a los contratos administrativos se halla regulado por el Derecho Administrativo y es conveniente que así sea dado que se rige por principios diferentes a los contratos del Derecho Privado; no hay parangón entre un contrato de obra pública, de suministro, de concesión de obra o servicio público, etc. con contratos privados. No así cuando se trata de contratos comunes en los cuales el Estado puede concurrir como un particular más; por ejemplo, locación de inmuebles.\nEn lo que respecta a la responsabilidad extracontractual puede originarse en un acto o hecho de los poderes del estado.\nEn estos casos puede aplicarse un enfoque subjetivo, exigiendo para que nazca la responsabilidad estatal que exista culpa o dolo, o se acude al concepto de falta de servicio, reclamando que éste no haya funcionado, haya funcionado tarde o haya funcionado defectuosamente.\nPor el contrario, desde una perspectiva objetiva, se proclama que la responsabilidad del Estado no se centra en un hecho ilícito culpable o doloso sino en el daño causado, de modo que, comprobado que un particular ha sufrido un daño derivado de la acción u omisión estatal, procede su reparación, sin que sea necesario analizar cómo fue la conducta que ocasionó ese daño.\nSistematizando, hay tres posibles situaciones que no deben ser confundidas:\nQueda claro que la situación 3 corresponde exclusivamente el Derecho Administrativo.\nEn los casos 1 y 2, pueden darse diversas situaciones.\nEn el caso 1, haciendo una tipología básica se puede dañar a un particular de los siguientes modos, afectando:\na) Igualdad ante las cargas públicas (art. 4 y 16 Constitución Nacional), si se exige a un particular un “sacrificio especial” violando el principio que las contribuciones de los habitantes deben ser equitativas y proporcionales.\nb) Derecho de propiedad (art. 17 Constitución Nacional), si se viola este derecho afectando la propiedad privada sin la consecuente indemnización.\nc) Derechos adquiridos, si se afectan derechos adquiridos, que como lo expresó la jurisprudencia de la Corte forman parte de patrimonio del particular.\nMuchas veces el daño proviene de un irregular ejercicio del poder de policía. Controles que no se hacen o que se hacen mal, del cual resultan daños a los particulares. En cualquiera de los casos es indiferente que el acto sea legítimo o ilegitimo, la antijuricidad viene dada por el daño o afectación a un bien jurídico de un particular y no por el defecto del acto.\nEn el caso 2 suele afirmarse doctrinariamente que los “funcionarios” por representar la voluntad de Estado son órganos suyos, en cambio los “empleados” por realizar actividades materiales de ejecución son dependientes. En el primer caso, la responsabilidad de Estado es directa y en el segundo, indirecta. Ahora bien, en nuestra legislación no existe dicha separación entre funcionarios y empleados, todos los “agentes” del Estado cuando actúan en su calidad de tales exteriorizan una voluntad del Estado y actúan en su nombre, y por ende su responsabilidad es siempre directa.\nTampoco ha tomado cuerpo en la doctrina y la jurisprudencia la distinción entre actuación legitima o ilegitima del “agente” estatal. Según esta pretensión, el Estado sería responsable sólo cuando el agente haya obrado dentro de sus atribuciones o limites legales. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha manifestado que el Estado es responsable siempre que el agente haya ejecutado el acto dentro de sus funciones o tareas, sin importar sus atribuciones o límites.\nEn la práctica, lo usual es demandar civilmente al Estado de manera directa y exclusiva, lo cual es razonable porque el Estado es un responsable que está libre de peligros tales como insolvencia, fuga, desaparición, etc. Luego, el Estado tiene la potestad de reclamar a sus agentes por los daños cometidos a particulares, lo cual rara vez sucede.\npolítico) y patrimoniales (Ley de Responsabilidad del Estado).\nIV. La responsabilidad en el Anteproyecto de Código Civil y Comercial\nEl Anteproyecto elaborado por la comisión redactora designada por el Poder Ejecutivo Nacional contenía los siguientes artículos, en materia de responsabilidades especiales (Libro III. Título V. De otras fuentes de las obligaciones. Capítulo 1. Responsabilidad Civil. Sección 10. Supuestos de responsabilidades especiales):\nparticulares con desigual reparto de las cargas públicas.\nEn resumen, se establecían parámetros muy claros, a saber:\n– Responsabilidad del Estado objetiva y directa, por\ndaños causados por el ejercicio irregular de sus funciones. Esta responsabilidad es independiente de que pueda determinarse el autor.\n– Responsabilidad de funcionarios y empleados\npúblicos por daños a particulares por acciones u omisiones por el ejercicio irregular de su cargo. El Estado y el autor tienen responsabilidad concurrente.\n– Responsabilidad del Estado por actividad lícita,\ncuando suponga desigual reparto de cargas públicas. En este supuesto la reparación comprende el daño emergente y el lucro cesante, en la medida de la compensación del valor de las inversiones no amortizadas.\nEn la exposición de fundamentos del anteproyecto del Código se expresa que en esta Sección se tratan supuestos de responsabilidad que han sido ampliamente desarrollados en la jurisprudencia argentina, y se sigue conforme con esos criterios.\npor la Corte Suprema, que consideró que el ejercicio irregular es una violación o anormalidad frente a las obligaciones del servicio regular, entraña una apreciación en concreto que toma en cuenta la naturaleza de la actividad, los medios de los que dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño (Fallos: 321:1124). Dicho con otras palabras, no se trata de un juicio sobre la conducta de los agentes sino sobre la prestación del servicio y, por ello, la responsabilidad involucrada no es subjetiva, sino objetiva. El funcionario o empleado público es responsable por los daños causados a los particulares por acciones u omisiones que impliquen el ejercicio irregular de su cargo".\nEl Estado responde, objetivamente, por los daños causados por el ejercicio irregular de sus funciones, sin que sea necesario identificar a su autor. Se ha utilizado el criterio definido por la Corte Suprema, que consideró que el ejercicio irregular es una violación o anormalidad frente a las obligaciones del servicio regular, entraña una apreciación en concreto que toma en cuenta la naturaleza de la actividad, los medios de los que dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño (Fallos: 321:1124). Dicho con otras palabras, no se trata de un juicio sobre la conducta de los agentes sino sobre la prestación del servicio y, por ello, la responsabilidad involucrada no es subjetiva, sino objetiva.\nactos lícitos que sacrifican intereses de los particulares con desigual reparto de las cargas públicas. La responsabilidad sólo comprende el resarcimiento del daño emergente; pero, si es afectada la continuación de una actividad, incluye la compensación del valor de las inversiones no amortizadas, en cuanto hayan sido razonables para su giro. Esta norma sigue criterios de varios fallos de la Corte Suprema.\nV. La responsabilidad en el Código Civil y Comercial\nEl proyecto que el Poder Ejecutivo Nacional giró al Parlamento sustituyó esos artículos, dando un giro de 180 grados, para ubicarse en las antípodas del anteproyecto. Fue el único tema del anteproyecto que recibió un cambio tan drástico.\nLos artículos del anteproyecto fueron sustituidos por el Poder Ejecutivo Nacional por los siguientes:\nArtículo 1.764.- Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado ni de manera directa, ni subsidiaria.\nArtículo 1.765.- Responsabilidad del Estado. La responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda.\nderecho administrativo nacional o local según corresponda.\nEn rigor, la norma verdaderamente relevante es la contenida en el art. 1.764, que declara inaplicable de manera absoluta las disposiciones del título.\nLos artículos 1.765 y 1.766 vienen a cerrar toda duda; al Derecho Administrativo le corresponde regular los casos de responsabilidad por daños causados por el Estado y los funcionarios públicos. Entonces, si hacemos jugar en consonancia los tres artículos, se dispone la inaplicabilidad del Derecho Civil (no solo el título de referencia) a la responsabilidad del Estado y los funcionarios públicos.\nAhora bien, de un análisis pormenorizado se pueden advertir algunas paradojas de lógica jurídica:\n1) Si el art. 1.764 declara inaplicable las disposiciones del título, entonces los arts. 1.765 y 1.766 por ser parte del título también son inaplicables.\n2) Los arts. 1.765 y 1.766 declaran “incompetente” al Derecho Civil para regir la materia responsabilidad por daños causados por el Estado y sus funcionarios, pero al parecer resulta competente para establecer qué Derecho es competente, lo cual es un contrasentido. Sería competente al solo efecto de establecer la competencia, pero no para regular la materia.\nResponsabilidad del Estado que dispone “las disposiciones del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria”. Esa disputa podría ser resuelta por vía de aplicación del principio de lex especialis, si no fuera que colisiona con otro principio, el de lex posterior, dado que la Ley de Responsabilidad del Estado fue aprobada antes que el Código Civil y Comercial.\nPor otra parte, atento al juego de competencias, si la responsabilidad del Estado es una facultad no delegada, lo dispuesto en el Código Civil y Comercial y en la Ley de Responsabilidad del Estado solo se aplica al Estado nacional: por ende, nada obsta a una aplicación analógica o subsidiaria del derecho común en las provincias que guardan silencio al respecto, porque la prohibición de ese tipo de aplicación no proviene del Derecho Público Provincial.\nMás allá de esos enredos normativos, se puede colegir que se han querido consagrar, con pésima técnica legislativa, los siguientes principios:\n– Inaplicabilidad absoluta de las normas del\nDerecho Privado a la responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos.\n– Aplicación de normas del Derecho Administrativo\nnacional o local para estos casos.\nvolver, por vía de omisiones, a la irresponsabilidad del Estado y los funcionarios públicos.\nEn un supuesto dañoso ligado a una actividad de servicio público local, según el encuadre que se le dé, podría plantearse en distintos fueros, someterse a diversas normas, cargas probatorias, y obtener distintas indemnizaciones o ninguna. Por un hecho similar un “agente” estatal que sea docente universitario (nacional) y también docente en un instituto terciario (provincial), sería responsable patrimonialmente en uno y no en otro.\nNo pueden soslayarse las dificultes de demandar simultáneamente al Estado nacional, una provincia y un municipio, que pueden estar vinculados en una misma actividad dañosa, pero sujetos a regímenes de responsabilidad diferentes.\nEn este contexto, también el Estado va a contar con una suerte de privilegio frente a los daños al consumidor; porque que éste deberá recurrir al Derecho Administrativo para reclamar reparación, a menos que prevalezca una interpretación que aquí expondremos sobre la inaplicabilidad de la Ley de Responsabilidad del Estado en materia de consumo.\nPor otra parte, puede observarse con claridad que los artículos comentados, especialmente el 1.764, no responden a la misma lógica del Código Civil y Comercial. El cuerpo normativo se edifica bajo el paradigma del dialogo de fuentes, la integración normativa y compatibilización de valores, en cambio el art. 1.764 se cierra a todo ello y, más aún, cuando se pone en consonancia con la Ley de Responsabilidad del Estado. Pero aun así, declamar la inaplicabilidad del Código Civil de manera subsidiaria es muy difícil de hacerlo realidad; ello supone que desde el Derecho Administrativo deberían construirse conceptos tales como daño, culpa, dolo, nexo causal, etc., puesto que no sería dable abrevar en el derecho común para obtenerlos. Si eso fuera así, podríamos estar frente el absurdo que cada jurisdicción sostuviera conceptos diferentes de esos términos a los efectos de la aplicación a la responsabilidad del estado y los funcionarios.\nVI. La responsabilidad en la ley 26.944\nMientras se tramitaba la aprobación del actual Código se aprobó la ley 26.944 sobre responsabilidad del estado, que fue sancionada el 2 de julio de 2014 y se halla en la misma línea de política legislativa que las disposiciones del nuevo Código.\nEs una ley federal, no de derecho común, por lo que solamente es aplicable al Estado Nacional y a aquellas Provincias que voluntariamente adhieran a ella en sus respectivos ámbitos.\n329: 759). Pero es un tema controvertido que aún genera disputas.\nComo pudimos ver, la jurisprudencia de la Corte Suprema ha establecido requisitos de admisibilidad de la responsabilidad del Estado similares a los del derecho común, tales como:\n Daño cierto;\n Imputabilidad a un órgano estatal;\n Relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño.\nA esos elementos comunes, les añadió requisitos propios tales como la existencia de una falta en el cumplimiento del servicio y la ausencia de deber jurídico de soportar el daño, en caso de actividad lícita.\nVeremos ahora como es tratado el tema por la Ley de Responsabilidad del Estado.\nLa norma vigente establece:\nla cuestión constitucional se invita a las provincias a adherir.\nLa responsabilidad prevista es amplia, y comprende tanto hecho como actos y omisiones.\nEl tipo de responsabilidad es objetiva y directa, lo cual se halla en consonancia con lo que disponía el anteproyecto del Código Civil y Comercial, y ya es una cuestión pacíficamente admitida en nuestra doctrina y jurisprudencia desde el caso Vadell. Ello hace innecesario distinguir si el daño ha sido cometido por funcionarios o por empleados, y permite circunvalar la disputa en torno a que los funcionarios representan la voluntad del Estado por ser órganos suyos, en cambio, los empleados son dependientes y realizan solo actividades materiales de ejecución, es decir, cumplen órdenes y, por lo tanto, estaríamos en presencia de una responsabilidad indirecta del Estado.\nLa responsabilidad directa es consecuencia de la teoría del órgano, que es predominante; en tal sentido, los “agentes” estatales no son dependientes que generan una responsabilidad refleja, sino órganos del estado a través de los cuales se despliega la actividad estatal.\nEl Estado es una persona jurídica, y por tanto despliega su accionar a través de órganos capaces de desarrollar conductas, tanto legítimas como ilegítimas. Esas conductas son emanaciones de su personalidad y deben considerarse con independencia de las personas físicas que las han generado materialmente.\nEl legislador adopta la terminología utilizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero al no conceptualizar responsabilidad directa y objetiva y fijar sus alcances, puede dar lugar a equívocos porque tanto la doctrina administrativista como la jurisprudencia de la Corte la utilizan con un determinado contenido mientras que en otras disciplinas estas palabras pueden tener significados y alcances diferentes8.\nSe aclara que la legislación civil no es aplicable de manera directa ni subsidiaria. Los artículos 1.764 a 1.766 del Código y la Ley de Responsabilidad del Estado pretenden actuar de consuno y crear un sistema cerrado, omnicomprensivo de la responsabilidad patrimonial del Estado. Pero el objetivo trazado se ve desvirtuado por la técnica legislativa usada, dado que el Código Civil y Comercial declara inaplicable el título de responsabilidad civil a la responsabilidad del Estado, y luego la Ley lo amplía a todo el Código. La diferencia radica, nada\n8 Aberastury, Pedro. “La nueva ley de Responsabilidad del\nmenos, que en la posibilidad de utilizar los principios generales del cuerpo normativo o la necesidad de crear reglas propias.\nTambién, la Ley de Responsabilidad del Estado prohíbe la aplicación de la sanción pecuniaria disuasiva al Estado y los funcionarios, pero por el momento carece de valor práctico, dado que la modificación del Poder Ejecutivo Nacional al anteproyecto de Código Civil y Comercial que lo preveía lo eliminó de la actual normativa; pero, por las dudas, inmuniza al Estado frente a cualquier incorporación posterior en el derecho común.\nallá de la supresión mencionada, pues en su ámbito quedan comprendidas otras sanciones civiles, como las conminatorias reguladas en el artículo 804 y la especial en materia de daño punitivo contemplada en el artículo 52 bis en la Ley N° 24.240 y su modificatoria. Asimismo, se adecua la denominación de la Sección 2ª a la que pertenece el artículo suprimido con la finalidad de comprender a la función preventiva y al supuesto de punición excesiva. También, se suprime el inciso h) del artículo 930 relativo a las obligaciones no compensables entre las que se encuentra, en la versión de origen, la obligación de pagar una sanción pecuniaria no disuasiva. Con la misma finalidad se modifica la redacción del artículo 1708, relativo a las funciones de la responsabilidad, suprimiendo la referencia a la sanción pecuniaria disuasiva".\nEn lo que respecta a la sanción pecuniaria disuasiva prevista en artículo 52 bis en la Ley de Defensa del Consumidor, entiendo que le resulta plenamente aplicable al Estado en su rol de proveedor, a pesar de la prohibición del art. 1, por los argumentos que expongo en el punto correspondiente del presente trabajo.\nFinalmente, la norma no lo aclara de manera expresa pero va de suyo que toda demanda contra el Estado, incluidos ahora los reclamos por daños y perjuicios, deben dirimirse en el fuero contencioso administrativo. Es decir, se amplía la materia contencioso administrativa para abarcar los supuestos de daños. El Estado tiene ahora un fuero propio para dirimir su responsabilidad patrimonial.\nLuego de establecer los eximentes, la Ley de Responsabilidad del Estado se explaya en referencia a la responsabilidad que deriva de la actuación legítima e ilegítima del estado. En ese sentido establece lo siguiente:\nArtículo 3.- Son requisitos de la responsabilidad del Estado por actividad e inactividad ilegítima: a) Daño cierto debidamente acreditado por quien lo invoca y mensurable en dinero;\nEn lo que respecta al daño en sí mismo, debe ser cierto y mensurable en dinero. Debe ser un daño real, que haya causado un detrimento personal o patrimonial al particular, que será el que deberá probar el daño. El daño puede ser actual o futuro, así lo admitió la jurisprudencia de la CSJN (Fallos: 317-1225).\nEl requisito de la mensurabilidad dineraria abre la discusión sobre el daño moral, y atento a no poder tomar como supletorias las normas del Derecho Privado y no contener la Ley de Responsabilidad del Estado una aclaración al respecto, habrá que estar a lo que se disponga jurisprudencialmente.\nresponsabilidad debe ser causada por “agentes” estatales o personal al servicio de la Administración, con la criticable excepción del art. 6, que veremos más adelante.\nNo se ha previsto el caso de la concurrencia de diversas Administraciones en la producción de un daño, es decir, cuando Nación y Provincia y hasta Municipalidades realicen la gestión conjunta de un mismo servicio; si en este supuesto responderán solidariamente, o cuáles reglas le son aplicables.\nLa falta de servicios viene a cumplir las veces de factor de atribución. Según la LRE debe ser entendida como la “actuación u omisión irregular de parte del Estado”. Obsérvese que no se exige ilegalidad, por tanto la falta de servicio debe entenderse en un estadio anterior pero que claramente también comprende los casos de ilegalidad.\nEn lo que respecta a la omisión del Estado, se aclara que ésta “… sólo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un deber normativo de actuación expreso y determinado”. Ello quiere decir que, por ejemplo; los daños derivados de una inundación, producida por la ausencia de la construcción de una obra hídrica, solo generaría responsabilidad de existir una ley que lo prevea o una medida judicial que la mande a implementar.\nLa falta es impersonal, por tanto no se valora subjetivamente la actuación del agente sino la prestación del servicio.\nEn lo que respecta a la falta de servicio dañosa, la Corte se expresó en los siguientes términos "...quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, y es responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o ejecución irregular" (Fallos: 330-2748).\nEl concepto de falta de servicio fue originado en el derecho francés. Allí se distinguía claramente entre falta personal del funcionario, que generaba responsabilidad, o de la administración misma, conocida como falta de servicio. La primera era juzgada por el poder judicial y la segunda por los tribunales administrativos9.\nEn el caso de la omisión, dado que resulta más complejo juzgar esa anormalidad, se exige la existencia de un deber normativo de actuación expreso y determinado; es decir, una omisión se entenderá como falta de servicio toda vez que exista una obligación de actuar que se ha incumplido.\nEsta regulación de la omisión que genera responsabilidad patrimonial excluye a los daños que son consecuencia del ejercicio de facultades discrecionales.\nUna situación distinta son los daños derivados de violaciones del Estado a deberes genéricos. La Corte había rechazado daños presuntamente derivados del incumplimiento deberes genéricos como bienestar\n9 Aberastury, Pedro. “Principios de la responsabilidad del\nEstado”, en Responsabilidad del Estado, Director:\ngeneral y seguridad. En el caso Cohen se explicitó que “el deber genérico de bienestar y seguridad no se traduce automáticamente en la existencia de una obligación positiva de obrar de un modo tal que evite cualquier resultado dañoso ni la circunstancia de que este haya tenido lugar autoriza per se a presumir que ha mediado una omisión culposa (…). Sostener lo contrario significaría tanto como instituir al Estado en un asegurador anónimo de indemnidad frente a cualquier perjuicio ocasionado por la conducta ilícita de terceros, por quienes no está obligado a responder” (Fallos: 239:2088).\nPero había admitido la posibilidad de imputar responsabilidad por omisión a deberes genéricos, siempre y cuando ello fuera realizado con carácter restrictivo, siempre sujeto a un juicio estricto y basado en la ponderación de los bienes jurídicos protegidos y las consecuencias generalizables de la decisión a tomar10\n10 O'Donnell, Agustina. “Ley 26.944: nueva normativa sobre\nEn lo que respecta al nexo de causalidad es, sin dudas, lo más difícil de probar y debe ser ponderado según el criterio de causalidad adecuada, lo cual resulta concordante con el artículo 1.726 del Código Civil y Comercial. Ello supone que la relación no tiene que ser necesariamente directa, ni exclusiva cuando se trate del obrar u omitir ilegitimo del Estado, pero impide en buena medida deslindar correctamente las cuestiones de causalidad fáctica e imputación objetiva.\nSi bien no lo dice expresamente la norma, como en el caso del daño, la prueba de este nexo corresponderá al demandante, pero si el Estado alega la existencia de fuerza mayor, la prueba de tal suceso debe ser aportada por quien la invoque.\nLa Ley de Responsabilidad del Estado establece que la actuación ilegitima del estado puede provenir de actividad o inactividad, y esta generará responsabilidad cuando se cumplan 4 requisitos:\n Daño cierto y mensurable en dinero.\n Nexo de causalidad.\n Falta de servicio.\n Imputabilidad material de la actividad o inactividad a un órgano estatal.\ncondenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido".\nEn nuestro país ha habido un caso paradigmático, en el que se resolvió la responsabilidad del Estado por actividad judicial ilegitima. El caso tuvo mucha resonancia mediática por los actores involucrados. El entonces juez federal Hernán Bernasconi, en una causa seguida contra Guillermo Coppola y otros, había emitido una orden de detención ilegítima en contra de uno de los acusados, a quien privó de su libertad por varios meses; luego se demostró que el magistrado integraba una organización dedicada a fraguar pruebas para iniciar procesos judiciales sin sustento. Dado que sin la intervención del juez no hubiera sido posible ocasionar el daño, se condenó al Estado por la actividad judicial ilegitima (Cám. Nac. Fed. Cont. Adm., Sala IV, 6-12-2005, "Cozza C/ Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación", L.L. 2006-C-386).\nUna cuestión más compleja, pero posible de ser considerada como actuación judicial ilegitima, sería la responsabilidad del Estado por omisiones en la actividad judicial cuando exista un deber de conducta “expreso y determinado”, la cual puede derivar de circunstancias tales como no ordenar a tiempo la libertad de un detenido.\n3. RESPONSABILIDAD POR ACTUACIÓN LEGÍTIMA\nEn lo que respecta a los daños que derivan de la actividad legítima los parámetros son diferentes, y es así que se establece lo siguiente:\na) Daño cierto y actual, debidamente acreditado por quien lo invoca y mensurable en dinero; b) Imputabilidad material de la actividad a un órgano estatal;\nc) Relación de causalidad directa, inmediata y exclusiva entre la actividad estatal y el daño; d) Ausencia de deber jurídico de soportar el daño; e) Sacrificio especial en la persona dañada, diferenciado del que sufre el resto de la comunidad, configurado por la afectación de un derecho adquirido.\nLuego aclara el art. 5 que “la responsabilidad del Estado por actividad legítima es de carácter excepcional”, lo cual es razonable, atento que no vamos a hallar antijuridicidad o ilicitud, o sea un obrar contrario a derecho, que es uno de los presupuestos generales de la responsabilidad.\nexcepcional y sujeta al cumplimiento de requisitos muy estrictos.\nEn el Derecho comparado por lo general se establece una diferenciación entre el daño ocasionado por el obrar legitimo e ilegitimo del Estado, quizás con la notable excepción de España donde el principio de responsabilidad patrimonial de la Administración está contemplado en el art. 106.2 de la Constitución de modo amplio y con alto nivel de generalidad: “Los particulares, en los términos establecidos en la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por cualquier lesión que sufran en cualquiera de sus derechos y bienes, excepto en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”, y luego, el art. 139 de la Ley 30/92, precisa que “los particulares tienen derecho a una indemnización por parte de las Administraciones Públicas correspondientes por cualquier lesión en cualquiera de sus bienes o derechos, excepto en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos”.\nEn Argentina, la Corte Suprema de la Nación ha seguido un camino sinuoso al respecto de esta responsabilidad. En principio, la negó totalmente; a partir del caso “Laplacette”, de 1943, la admitió, pero esa doctrina coexistió con otros precedentes de signo opuesto y, también, con algunas soluciones intermedias donde se buscó conciliar posturas.\nperjuicio para algunas personas, cuyos derechos se sacrifican por la prevalencia de aquel interés general, los daños deben ser reparados. Se trata de proteger la propiedad en algunos casos, pero en su mayoría la igualdad ante la ley, de modo que no se admite que unos vean lesionados sus derechos para que otros (aunque sea una mayoría) logren con ello un beneficio.\nEn este caso el daño, además de cierto y mensurable en dinero, debe ser actual; no se admite daño futuro, aun cuando la Corte no exigía el recaudo de la actualidad del daño (Fallos: 323-1897) para estos supuestos.\nEn lo que respecta al nexo de causalidad, ya no se responde por una causalidad adecuada sino “directa, inmediata y exclusiva”, por lo que cualquier interferencia rompería con la causalidad y liberaría de responsabilidad al Estado.\nEn lo que respecta al requisito de ausencia de deber jurídico de soportar el daño, lo más significativo es que esta responsabilidad no responde al principio genérico de alterum non laedere, sino a otro más específico de igualdad frente a las cargas públicas y su violación vía la exigencia de sacrificios especiales que el particular no está obligado a soportar. Como puede verse, en relación a la responsabilidad por actividad ilegitima se cambia la “falta de servicio” por “sacrificio especial de la persona dañada” y “ausencia de deber jurídico de soportar el daño”.\nLa concepción del sacrificio especial supone que el administrado ha sido objeto de un agravio desigual y excepcional, en comparación con la de otros individuos, sobrepasando el límite de lo que el poder público puede razonablemente imponer al individuo. Pero no puede soslayarse que en la responsabilidad por actos lícitos pone en tensión el ejercicio de sus atribuciones propias y los derechos de la eventual víctima, que sufre un daño por el accionar estatal.\nLo expuesto se halla en consonancia con el pensamiento del jurista español Pantaleón Prieto, quien criticando la solución del derecho de su país al equiparar los efectos de responsabilidad de la Administración por el funcionamiento normal y anormal de los servicios públicos, proponía que “la responsabilidad por «funcionamiento normal de los servicios públicos» debe conectarse estrictamente con el principio de igualdad ante las cargas públicas (deducible del art. 31.1 CE) y restringirse a los que propongo llamar «daños cuasiexpropiatorios o de sacrificio», entendiendo por tales aquellos que son (producto indeseado, pero) consecuencia inmediata o directa de actuaciones administrativas lícitas de las que los daños aparecen como secuela connatural, como realización de un potencial dañoso intrínseco a la actuación administrativa en cuestión ; siendo también necesario, obvio es, que los daños de que se trate representen para quien los padece un sacrificio individualizado que no le sea exigible soportar”11.\n11 Pantaleón Prieto, Fernando. “Los anteojos del civilista: hacia\nEn lo que respecta a la actividad judicial, si ella es legítima no genera derecho a indemnización alguna (art. 5). Ello es la obligación de soportar los “costos” de someterse a un proceso judicial.\nEn lo que respecta a la responsabilidad del Estado por actos legislativos, estamos en presencia de responsabilidad por los actos legislativos de naturaleza no expropiatoria, dado que se rige por sus criterios particulares. Por principio general la legislación no genera el derecho a una indemnización cuando provoque un perjuicio general a los destinatarios de la norma; sólo se indemnizará cuando suponga una carga especial con la que se rompa el principio de igualdad de los ciudadanos.\n4. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD\nLuego, la Ley de Responsabilidad del Estado dispone que:\nComo puede apreciarse no es una norma de excepción irrazonable; toda vez que se rompa el nexo causal, el Estado no está obligado a responder; pero obsérvese que solo refiere al Estado, no a sus funcionarios.\nhecho dañoso no puede imputarse al agente, por no existir una relación de causalidad adecuada.\nLos eximentes tratados caracterizan la causa ajena, que es aquella que rompe el nexo causal entre el hecho del Estado y el daño sufrido por la víctima.\nEn primer término se encuentra la eximición de responsabilidad por caso fortuito o fuerza mayor, salvo que sea asumido expresamente por el Estado a través de una ley especial. Se trata de daños que derivan de hechos o circunstancias que no se hubieren podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de su acaecimiento.\nSi seguimos las enseñanzas del Derecho Privado, el caso fortuito o fuerza mayor configuran daños que no son previsibles para el causante, o siéndolo le resultan inevitables; por ende no le son imputables. El tema de la previsibilidad es complejo en este caso, porque se trata de una cuestión de estándares de conducta y no resulta fácil establecer cuál es el que le corresponde al Estado.\nCoincido con Pantaleón Prieto cuando afirma que “una responsabilidad general de las Administraciones públicas por los casos fortuitos provenientes de cualquier parcela de la gestión administrativa no sería verdadera «responsabilidad civil» (mecanismo de indemnización configurado con criterios de justicia conmutativa y eficiencia económica), sino «seguridad social»: mecanismo de protección regido por principios de justicia social, que sólo debe asistir a quienes se encuentran en situaciones de necesidad económica y en la medida indispensable para cubrirlas”12. Pero dado que el Estado\nes siempre un profesional, especialmente cuando ejecuta actos de autoridad, tiene el deber de prever lo que un particular no está obligado a considerar, y debe ser juzgado con criterios mucho más estrictos.\nLa pretensión de autonomía de la Ley de Responsabilidad del Estado se pone a prueba también en esta norma, porque será menester definir concepto y determinar alcance de los términos de caso fortuito y fuerza mayor, sin recurrir al Código Civil y Comercial, lo cual será una tarea complicada y absurda.\nEn segundo término se hallan aquellos casos en los cuales la propia víctima o un tercero hubieren concurrido a la producción del daño. Para que pueda aplicarse lo que en dogmática privatista se denominan "hecho de la víctima" y "hecho de un tercero", se requerirá la culpa exclusiva de la víctima, y en el caso del tercero, que se trate de uno por el cual el Estado no deba responder; solo en esos casos podríamos considerar la causa ajena. Pero la Ley de Responsabilidad del Estado omite esa referencia, lo cual abre un interrogante para los casos de responsabilidad por actividad ilegitima, porque para la actividad legitima se exige que la relación de causalidad sea directa, inmediata y exclusiva entre la actividad estatal y el daño, por lo que cualquier intervención coadyuvante de la víctima o del tercero eliminaría cualquier responsabilidad del Estado.\nEn el derecho privado, el nexo causal se interrumpe en la medida que el daño sea consecuencia de una actividad dolosa o negligente de la víctima. Pero cuando el reproche no sea imputable totalmente a la víctima se acepta la culpa concurrente, que aquí parece no tener lugar.\nLa Ley de Responsabilidad del Estado dispone:\nEntonces es dable interpretar a contrario sensu, que la reparación en caso de actividad ilegitima es plena, y por tanto comprende el daño emergente -entendido como las pérdidas objetivas sufridas en el patrimonio del afectado-, y el lucro cesante, que se integra con las expectativas económicas objetivamente esperadas y dejadas de percibir.\nEn el caso de la reparación por actividad legítima solo comprende el daño emergente. Coincido con Gelli, que “si la justificación en cuanto a la responsabilidad en el obrar lícito del Estado reposa, en primer lugar, en la igualdad de las cargas y, en segundo término, en la inviolabilidad de la propiedad, el principio legal debe de ser el de la indemnización plena -es decir, incluyendo el lucro cesante- y la excepción el límite indemnizatorio dependiendo, ambos, en la aplicación judicial, de los hechos del caso. Todo lo contrario de lo que dispuso la ley de Responsabilidad del Estado…”13.\n13 Gelli, María Angélica. “Lectura constitucional de la Ley de\nVa de suyo que tampoco comprende el daño moral, dado que claramente se circunscribe al “… valor objetivo del bien y los daños que sean consecuencia directa e inmediata de la actividad desplegada por la autoridad pública, sin que se tomen en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos ni ganancias hipotéticas” (art. 5).\nLa LRE no dispone si la reparación puede consistir en la prestación omitida o deficientemente prestada, vale decir una reparación en especie, o reclamar la reparación de los perjuicios derivados de la conducta no realizada o realizada deficientemente. Esto no es una cuestión menor, dado que se pueden indemnizar los daños producidos por el servicio deficiente, pero si cesa el mismo, los daños pueden seguir produciéndose.\nUna disposición muy cuestionable de la LRE es la siguiente:\nSostengo que el criterio es cuestionable porque desvincula al Estado de su deber de contralor, sobre el cumplimiento de una función encomendada por el Estado a un sujeto también elegido por él mismo. El estado elige un tercero (concesionario), le asigna una función estatal que le es propia, y luego se desvincula de las consecuencias dañosas de su obrar. Es, simplemente, injustificable.\nSegún lo dispone la norma citada, el Estado no debe responder, ni aún en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos. Aparentemente se busca plasmar la línea jurisprudencial expresada en el caso Colavita (Fallos: 323:318), aunque luego fue morigerada en el caso Bea (Fallos: 333:1623), pero en rigor de verdad se adoptó la posición más extrema, en aparente consonancia jurisprudencial, para consagrar un verdadero privilegio de indemnidad para el Estado.\nLa aplicación plena de la norma no permitirá que se indemnicen a los perjudicados por los hechos derivados de los daños que se ocasionan por el mal estado de los servicios públicos concesionados y producidos por el negligente control del Estado concedente.\nCatalano14 encuentra una ventana por donde deslizar\nresponsabilidad estatal, sosteniendo que cuando la norma exime de responsabilidad al Estado, lo hace toda vez que “la acción u omisión sea imputable a la función\n14 Catalano, Mariana. “Nueva Ley de Responsabilidad del\nencomendada”, de modo tal que cualquier desvío en su accionar de lo dispuesto en contrato o norma que confiere la función, hace nacer responsabilidad. La lógica sería la siguiente, la función encomendada no supone dañar; ergo, si se daña hay responsabilidad del Estado. Pero la responsabilidad que le puede caber no sería directa, sino a título de “in vigilando” o “in eligendo” cuyo fundamento es legal y proveniente del derecho común, que ha sido expresamente vedado en este ámbito.\nQuizás lo más preocupante se halle en el hecho que, aun siguiendo la lógica administrativista, no se ha previsto la insolvencia del concesionario o contratista, lo cual condena al damnificado a soportar el daño injusto sin poder trasladarlo, dado que el Estado ni siquiera cumple una función de garantía como deudor subsidiario.\nEn lo que respecta a la prescripción, se ha establecido lo siguiente:\nDescargar (PDF - 73 página - 1.31MB)\nRelated subjects : Responsabilidad del Estado Estado de la cuestión DERECHO ARGENTINO Responsabilidad de la víctima RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS La memoria del Estado y el estado de la memoria Nuevos perfiles del derecho al olvido en Europa y España La responsabilidad del Estado RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS La responsabilidad de las concesionarias de servicios públicos, en el derecho argentino\nejemplo, la ley hace referencia a los daños por “pérdidas humanas” y “lesiones corporales”, pero no se refiere a los daños morales. 75 Artículo 2 de la Ley 25/1964\nLa declaración de intereses se presenta en 3 ejemplares en el propio organismo, debiendo ser autentificada por el Ministro de Fe del órgano o por Notario. Uno de los ejemplares es\ncircunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un daño, o disminuir su magnitud; si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño de cual un tercero\nLa multiplicidad de supuestos que pueden dar origen a la responsabilidad civil, penal y administrativa de los funcionarios públicos romanos, así como la gran diversidad\nLa vulneración empresarial del derecho de huelga y responsabilidad por daños y p...\nDe una parte, el artículo 7.10 TRLISOS tipifica como infracción grave en materia de relaciones laborales “los actos u omisiones que fueren contrarios a los derechos de los trabajadores\nDerecho europeo y responsabilidad por daños derivados de los productos\nY en- tre las personas responsables (enumeradas en el artículo 2), la figura del mon- tador no aparece. Se habla, sí, del «productor del artículo acabado» que de algún m o d o podría\nLa Carrera de Enfermería del Departamento de Salud Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús (se encuentra en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada, en el\nregulado en esta ley, serán aplicables a las personas jurídicas las disposiciones relativas al imputado, al acusado y al condenado, establecidas en el Código Procesal Penal y en las\nLA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS Y LA LEY ORGANICA 1\nBásicamente se basa esta distinción en tres criterios: a) en la naturaleza de la sanción, reflejada en sus efectos; b ) en el órgano que la impone, muy\nLA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DE LAS ENTIDADES LO...\n← Volver a los detalles del artículo El derecho de...\nLa responsabilidad patrimonial de la administración por inactividad\nNuevos perfiles de la responsabilidad del estado y de los funcionarios públicos...\nLA NUEVA REGULACION DE LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A LOS BIENES EN LA SUPERFICI...


Estado padrino – Carlos Rodríguez Braun\nEn\tPublicado en julio 23, 2014 por\tCarlos Rodríguez Braun a\tLa Razón\nHace un tiempo este titular de El País atrajo mi atención: “Derechos educativos a golpe de caridad”; el subtítulo era: “la propuesta de apadrinar alumnos sin recursos divide a la Universidad”. Está la consigna progresista de enfrentar “derechos” como cosa buena, contra “caridad” como cosa mala. Es decir, enfrentar la coacción sobre la comunidad, como cosa buena, contra la libertad de cooperación social, como cosa mala.\nY después está la clásica colectivización: “la Universidad” está dividida; ¿cómo lo sabe? Y ¿por cuánto está dividida? Estos trucos suelen servir para disfrazar consignas políticas. En este caso, y a propósito de la propuesta de creación de una bolsa de donantes para financiar a estudiantes con pocos recursos, los que estaban divididos eran los rectores, “por la confusión que puede crearse entre solidaridad y derecho a la educación”. Por supuesto, no les afectaba la confusión que pudiera crearse entre derecho y libertad de disponer de los bienes.\nY, otra vez la colectivización, el artículo concluía: “Los estudiantes lo tienen caro: ‘Que apadrine el Estado’”. Son “los estudiantes”. Vamos, todos. Pero el Estado no puede apadrinar a nadie, el Estado no puede ayudar, porque todo lo que gasta se lo ha quitado antes por la fuerza a alguna persona. Es decir, lo que “los estudiantes” tienen claro es que no desean que la gente entregue voluntariamente su dinero para ayudar a las personas desfavorecidas. Quieren que el Estado se lo quite.\nAnteriorEntrada anterior:«Obélix y compañía» (y II)\nSiguienteEntrada siguiente:Presentación de «Más economía para andar por casa»


INTERPROX PLUS CONICO 6 CEPILLOS\nCon su cabezal en ángulo, Interprox Plus cónico facilita el acceso a los espacios interdentales en la zona de los premolares o molares. Este diseño específico permite una entrada perpendicular, lo que evita causar heridas en las encías. Las dimensiones del cabezal y su forma cónica garantizan una limpieza profunda en espacios interdentales de como mínimo 1,3 mm.\nLa innovadora fabricación de Interprox Plus cónico con filamentos de Tynex de alta calidad ofrece un mayor cuidado de las encías, ya que su diseño a doble color permite que los filamentos blancos detecten los puntos de sangrado y que los negros revelen la presencia de biofilm oral. El alambre, de acero inoxidable, está recubierto de Poliuretano (material plástico), para proteger mejor las estructuras mucosas, dentarias e implantes. El cepillo, además, posee un capuchón protector que permite transportarlo cómodamente.\nForma de la cabeza: Cónica.\nCaracterísticas particulares: Cepillo interdental para la limpieza de espacios muy pequeños. Parte superior del mango en ángulo. Mango corto.Limpian entre espacios y permiten detectar puntos de sangrado (filamentos blancos) y zonas con placa bacteriana (filamentos negros).\nWATERJET IRRIGADOR DENTAL ORAL-B\nORAL-B CEPILLO RECARGABLE PRO 3 CUIDADO DE ENCIAS\nORAL-B CINTA DENTAL SATIN TAPE MENTA 25 M\nCEPILLO ESPACIO INTERDENTAL NORMODENT ULTRA FINO\nCepillos especialmente diseñados para una óptima limpieza del espacio interdental o de cavidades dentales de difícil acceso.\nINTERPROX PLUS NANO 10 CEPILLOS\nInterprox Plus Nano ha sido diseñado para eliminar el biofilm bucal (placa bacteriana) acumulado en los espacios interproximales de 0,6 mm, concretamente de la zona premolar o molar. Envase ahorro con 10 cepillos.\nLACER CEPILLO INTERDENTAL EXTRAFINO 6 UNIDADES\nLacer Cepillo Interdental Extrafino Recto ayuda a mantener la higiene de espacios interdentales muy estrechos. Ø 0,5mm\nINTERPROX MICRO 6 CEPILLOS\nInterprox Micro ha sido diseñado para eliminar el biofilm bucal (placa bacteriana) acumulado en los espacios interproximales de 0,9 mm y está especialmente indicado para los dientes anteriores.\nINTERPROX PLUS SUPER MICRO 10 CEPILLOS\nInterprox® Plus super micro ha sido diseñado para eliminar el biofilm bucal (placa bacteriana) que se acumula en los espacios interproximales de 0,7 mm, concretamente de la zona premolar o molar. Envase ahorro con 10...\nLACER CEPILLO INTERDENTAL EXTRAFINO RECTO 10 UNIDADES\nLacer Cepillo Interdental Extrafino Recto para la higiene de espacios interdentales muy estrechos. Ø 0,5mm\nLACER CEPILLO INTERDENTAL FINO 6 UNIDADES\nLacer Cepillo Interdental Fino para la higiene de espacios interdentales estrechos. Ø 0,7mm\nLACER CEPILLO INTERDENTAL FINO ANGULAR 6 UNIDADES\nLacer Cepillo Interdental Fino Angular para la higiene de espacios interdentales estrechos. Ø 0,7mm\nINTERPROX PLUS MINI CONICAL 6 CEPILLOS\nInterprox Plus Mini Cónico ha sido diseñado para eliminar el biofilm bucal (placa bacteriana) acumulado en los espacios interproximales de 1,0 mm, concretamente de la zona premolar o molar.\nLACER CEPILLO INTERDENTAL EXTRAFINO SUAVE RECTO 10 UNIDADES\nLacer Cepillo Interdental Extrafino Suave Recto para la higiene de espacios interdentales estrechos y muy sensibles. Indicado también en caso de sensibilidad gingival, encías con tendencia al sangrado, zonas...\nINTERPROX ACCESS MINI 4 CEPILLOS\nInterprox Access mini ha sido diseñado para eliminar el biofilm bucal (placa bacteriana) acumulado en los espacios interproximales de 1,1 mm, concretamente de la zona de los molares.\nLacer Cepillo interdental Extrafino Suave Angular para la higiene de espacios interdentales estrechos y muy sensibles. Indicado también en caso de sensibilidad gingival, encías con tendencia al sangrado, zonas...\nCEPILLO ESPACIO INTERDENTAL NORMODENT CONICO FINO\nCepillos diseñados para una óptima limpieza del espacio interdental o de cavidades dentales de difícil acceso.\nLACER CEPILLO INTERDENTAL EXTRAFINO ANGULAR 6 UNIDADES\nLacer Cepillo Interdental Extrafino Angular para la higiene de espacios interdentales muy estrechos. Ø 0,5mm\nINTERPROX PLUS XX-MAXI 4 CEPILLOS\nInterprox Plus xx-Maxi ha sido diseñado para eliminar el biofilm bucal (placa bacteriana) acumulado en los espacios interproximales de 2,7 mm, concretamente de la zona premolar o molar.\nINTERPROX PLUS X-MAXI SOFT 4 CEPILLOS\nInterprox Plus x-maxi soft ha sido diseñado para eliminar el biofilm bucal (placa bacteriana) acumulado en los espacios interproximales de 2,4 mm, concretamente de la zona premolar o molar.\nINTERPROX SUPER MICRO 6 CEPILLOS\nInterprox Super Micro ha sido diseñado para eliminar el biofilm bucal (placa bacteriana) acumulado en los espacios interproximales de 0,7 mm y es especialmente recomendable para los dientes anteriores.\nLacer Cepillo Interdental Angular Extrafino para la higiene de espacios interdentales estrechos y muy sensibles. Indicado también en caso de sensibilidad gingival, encías con tendencia al sangrado, zonas intervenidas...\nINTERPROX PLUS MICRO 10 CEPILLOS\nInterprox Plus Micro ha sido diseñado para eliminar el biofilm bucal (placa bacteriana) acumulado en los espacios interproximales de 0,9 mm, concretamente de la zona premolar o molar.\nINTERPROX PLUS NANO 6 CEPILLOS\nInterprox Plus Nano ha sido diseñado para eliminar el biofilm bucal (placa bacteriana) acumulado en los espacios interproximales de 0,6 mm, concretamente de la zona premolar o molar. Envase con 6 cepillos.\nINTERPROX CONICAL 6 CEPILLOS\nInterprox Conical ha sido diseñado para eliminar el biofilm bucal oral (placa bacteriana) acumulado en los espacios interproximales de 1,3 mm y es especialmente recomendable para los dientes anteriores o posteriores...\nINTERPROX PLUS MICRO 6 CEPILLOS\nLACER CEPILLO INTERDEN ULTRAFINO ANGULAR 10 UNIDADES\nLacer Cepillo Interdental Ultrafino Angular es adecuado para la higiene de espacios interdentales extremadamente estrechos. Ø 0,45mm\nINTERPROX MINI CONICAL 6 CEPILLOS\nInterprox Mini Conical ha sido diseñado para eliminar el biofilm bucal (placa bacteriana) acumulado en los espacios interproximales de 1,0 mm y es especialmente recomendable para los dientes anteriores o posteriores...\nCEPILLO INTERDENTAL LACER ACTIVE ANGULAR 6 UNIDADES\nLacer Cepillo Interdental Lacer Active Angular permite eliminar la placa bacteriana en los espacios interdentales y zonas de díficil acceso ayudando a prevenir la aparición de caries y problemas periodontales en las...\nInterprox Nano ha sido diseñado para eliminar el biofilm bucal (placa bacteriana) acumulado en los espacios interproximales de 0,6 mm y es especialmente recomendable para los dientes anteriores.\nLACER CEPILLO INTERDENTAL ULTRAFINO ANGULAR 10 UNIDADES\nLacer Cepillo Interdental Ultrafino Angular para la higiene de espacios interdentales extremadamente estrechos. Ø 0,45mm\nLacer Picks Interdental proporciona gran capacidad de limpieza de restos de alimentos y placa interdental.\nLACER CEPILLO INTERDENTAL ACTIVE RECTO 6 UNIDADES\nLacer Cepillo Interdental Active Recto permite eliminar la placa bacteriana en los espacios interdentales y zonas de díficil acceso ayudando a prevenir la aparición de caries y problemas periodontales en las encías. Ø...\nINTERPROX MINI 6 CEPILLOS\nINTERPROX MAXI 6 CEPILLOS\nInterprox Maxi ha sido diseñado para eliminar el biofilm bucal (placa bacteriana) acumulado en los espacios interproximales de 2,2 mm y es especialmente recomendable para los dientes anteriores.\nLACER CEPILLO INTERDENTAL ULTRAFINO 6 UNIDADES\nLos Cepillos Lacer interdentales facilitan el acceso a cualquier ángulo de la boca asegurando una limpieza eficaz de los espacios interdentales y zonas especiales. Lacer interdental recto se caracteriza porque su...\nINTERPROX CILINDRICO 6 CEPILLOS\nInterprox cilíndrico ha sido diseñado para eliminar el biofilm bucal (placa bacteriana) acumulado en los espacios interproximales de 1,3 mm y está especialmente recomendado para los dientes anteriores.\nINTERPROX PLUS MINI 10 CEPILLOS\nLACER CEPILLO INTERDENTAL CONICO 6 UNIDADES\nLacer Cepillo Interdental Cónico para la higiene de espacios interdentales medianos y grandes. Idóneo para prótesis fijas, implantes y portadores de ortodoncia. Ø 0,8mm\nCepillo recto para la higiene de espacios interdentales estrechos y muy sensibles. Indicado también en caso de sensibilidad gingival, encías con tendencia al sangrado, zonas intervenidas quirúrgicamente, zonas...\nLacer Cepillo Interdental Cónico es la solución idónea para la higiene de espacios interdentales medianos y grandes. También puede usarse para prótesis fijas, implantes y portadores de ortodoncia. Ø 0,8mm\nLACER CEPILLO INTERDENTAL ULTRAFINO 10 UNIDADES\nLacer Cepillo Interdental Ultrafino para la higiene de espacios interdentales extremadamente estrechos. Ø 0,45mm\nINTERPROX PLUS MINI 6 CEPILLOS\nLACER CEPILLO INTERDENTAL ANGULAR EXTRAFINO SUAVE 10 UNIDADES\nLacer Cepillo interdental angular para la higiene de espacios interdentales estrechos y muy sensibles. Indicado también en caso de sensibilidad gingival, encías con tendencia al sangrado, zonas intervenidas...\nINTERPROX PLUS SUPER MICRO 6 CEPILLOS\nInterprox® Plus super micro ha sido diseñado para eliminar el biofilm bucal (placa bacteriana) que se acumula en los espacios interproximales de 0,7 mm, concretamente de la zona premolar o molar. Envase con 6 cepillos.\nINTERPROX PLUS MAXI 6 CEPILLOS


María Asquerino, adiós a una actriz libre\nMadrid, 27 feb.- María Asquerino ha muerto a los 85 años tras una vida que ella definía como "inconstante", pero que fue más bien insobornable. Ganadora de un Goya, de la Medalla del Mérito de las Bellas Artes o el Mayte de Teatro, ha sido reconocida por José María Pou como "la actriz más libre de España y pagó por ello".\nCon el "pagó por ello", José María Pou se refería a lo insobornable de su carácter, a lo intenso de su mirada, a lo ardiente de su vida sentimental -se casó a los 17 y se separó a los 19- y a, como ella decía, "ser la primera española que llevó pantalones".\n"María es el más claro ejemplo de una mujer libre que pagó con la soledad y el olvido no haber querido estar atada a determinadas cosas. Era una fuerza de la naturaleza en el escenario. Una auténtica reina", continuaba Pou.\nLibre en el trabajo y en el amor, acabó sin dinero y sin familia. Ella misma se lamentaba de haber acabado "sola, como un pobre perro en la carretera".\nLa Casa del Actor, de hecho, denunciaba que había sido una de las víctimas de la paralización de su proyecto de jubilación para los actores, pues Asquerino, quien estuvo en brazos de tantos hombres y que sedujo hasta a Orson Welles -al que dio largas en el Festival de Cannes de 1952-, acabó sus días en una residencia.\nSu casa, según confesaba Mario Gas, era el teatro, y había pedido que su capilla ardiente se instalara en el Teatro Español. "A mí, que me traigan aquí", le dijo Asquerino a Mario Gas.\n"En los últimos tres o cuatro años, María venía cada tarde a merendar a la cafetería del teatro. Se tomaba su café y su magdalena y hablaba con unos y con otros, encantada con el ambiente que había allí", recordaba el director de cine y teatro.\nSe había subido a un escenario a los 11 años en San Sebastián, como botones en "Eloísa está debajo de un almendro" y se despidió con "Tío Vania", de Chejov, en el María Guerrero en 2009. Entre medias, protagonizó la atípica aproximación neorrealista de "Surcos", de Nieves Conde, arrasó como musa de Antonio Gala en "Anillos para una dama" y ganó un Goya por "La mar y el tiempo", de Fernando Fernán Gómez.\nY con esa voracidad por la vida, escribió sus memorias en 1987, en la que recordaba sus relaciones familiares -sus padres, también actores, Mariano Asquerino y Eloísa Muro- y algunos de sus idilios más destacados.


Documenta Monitor Civil 353 abusos policiales en La Montaña en este año | filemonnavarro\nDocumenta Monitor Civil 353 abusos policiales en La Montaña en este año\nLa policía ministerial, la que más violó los derechos humanos\n“Documenta Monitor Civil 353 abusos policiales en La Montaña en este año”\nPor LUCIANO TAPIA (Corresponsal). Tomado de La Jornada Guerrero.\nCiudad de México, 7 de diciembre. Entre noviembre de 2007 a mayo de este año el Monitor Civil de la Policía y de los Cuerpos de Seguridad Pública en La Montaña de Guerrero documentó 353 casos de abuso policial; la policía ministerial fue la autoridad que más violó los derechos fundamentales de la población, las detenciones arbitrarias, extorsión y los tratos crueles inhumanos y degradantes fueron otros, declaró Matilde Pérez Romero, coordinadora de Monitor Civil, al presentar el documento Desde la Mirada Ciudadana.\nLa doctora Elena Azaola Garrido del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social; Ernesto López Portillo Vargas, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde); y Santiago Aguirre, miembro de Fundar, coincidieron en señalar que por desgracia siguen siendo los más pobres y olvidados los que enfrentan los abusos, además de que muchos de los casos no son denunciados por temor a la represión.\nPortillo Vargas dijo que el informe, la voz de las víctimas de estos abusos pone en relieve sus graves secuelas, a través de la inclusión de casos paradigmáticos; destacó que 10 por ciento de las quejas recibidas fueron planteadas por los policías.\nEl informe pone en evidencia que la política de seguridad impulsada en el plano federal ocasiona que en las entidades se reproduzcan los rasgos principales de estas, tales como la concepción belicista y la progresiva militarización de la seguridad pública, dijo López Portillo Vargas, en la sede del Centro Nacional de Comunicación Social, donde fue presentado el informe.\n*Filemón Navarro Aguilar y Socorro Mondragón Sosa/*Dos cartas para el Congreso, uno del PRD y la otra del PRI PRI-mero lee


En 2006, el Congreso sancionó la Ley 26.083, de “Régimen de Regulación, Producción, Promoción y Uso de Biocombustibles”, estableciendo un corte de 5 puntos porcentuales en los fluidos de origen fósil, por un periodo de 15 años. El Gobierno de Néstor Kirchner, buscaba por entonces, mecanismos que le permitieran agregar valor a los productos agrícolas; desarrollando una vigorosa industria energética, limpia y sustentable. La norma – que debe renovarse en éstos días – exime, además, del pago de algunos impuestos a los productores, lo que ha motivado fuertes debates entre los especialistas.\nVarios actores, están involucrados: las empresas biotecnológicas de ésta rama de actividad, las petroleras, los gobernadores de provincias agropecuarias – como Córdoba, Santa Fe y Tucumán – y naturalmente, las autoridades nacionales; específicamente, la Secretaría de Energía. En una palabra, un conjunto de intereses en pugna, en torno a un área que podría ser estratégica, en cualquier proyecto de desarrollo.\nA fines del año pasado, la Cámara de Senadores dio media sanción, por unanimidad, a la prórroga; pero en Diputados nunca pudo ser tratada; mientras el Gobierno, no presentaba – en aquella ocasión – ningún proyecto de reforma de la Ley de 2006; una actitud que denotaba – a priori – una voluntad manifiesta de dejar en manos del Legislativo, la resolución del tema.\nSe sabe, que las empresas productoras, han manifestado su voluntad de que el Régimen siga vigente – de ser posible – con un porcentaje aumentado del componente de mezcla. Reunidas en la Liga Bioenergética, reclaman un piso del 27,5%, porcentaje similar al que hoy rige en Brasil, pionero en los años 70, de éste tipo de energías. Sin embargo, prefieren – off de record – mantener las condiciones actuales, sí se propusieran cambios no promovidos y respaldados formalmente por ellas.\nAl mismo tiempo, las petroleras y las automotrices se inclinan por la caducidad de la norma, y su no tratamiento en el Congreso, por considerar que ha otorgado cuantiosos beneficios fiscales para la construcción de plantas, asegurando a los dueños de las mismas, un mercado cautivo; y la adicional eximición impuestos. Reprochan al Estado, la falta de controles de calidad adecuados, con la consecuente generación de problemas en los motores de los vehículos. Según algunos cálculos, la promoción impositiva benefició a los productores en 6000 millones de dólares, y entrañó pérdidas en divisas, por 1400 millones más.\nEl Secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, explicó recientemente en la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados, que la renovación no debería ser automática, y que el Congreso debería adaptar la Ley al nuevo contexto local e internacional. Adujo, que se mantendría, en ese caso, la obligatoriedad de las mezclas, pero con variaciones en los beneficios fiscales, diferenciando los diversos mercados: maíz, soja y fundamentalmente azúcar; éste último cultivo sin marcados fuera de la Argentina. Expresó el funcionario: “Ahora la transición energética asiste a la aparición de otras variables, que no estaban presentes en 2006”; y agregó: ” La intención es mantener los beneficios, pero sólo para los pequeños productores”; lo que implicaría una baja en el subsidio a las empresas multinacionales.\nCabe agregar, por último, que, según datos oficiales de la misma Secretaría de Energía, las ventas de bioetanol mensuales, estuvieron en valores que oscilaron entre los 73.000 y los 38.000 m3, con picos de 100.000; unas 38.700 toneladas de techo y unas 22.000 de piso, entre 2016 y 2021. Un enorme negocio, que explica las presiones que, en un sentido y en otro, operan hoy sobre el Poder Legislativo.


Malestar por la falta de acuerdo en EE.UU. - LA NACION\nEl default, más cerca. Malestar por la falta de acuerdo en EE.UU.\nLa indignación aflora en las redes sociales\nWASHINGTON.– No será el cacerolazo porteño, pero se le parece.\nA punto de que el país caiga en default, muchos miles de norteamericanos hicieron colapsar ayer los teléfonos y las páginas web del Congreso y de oficinas gubernamentales con mensajes en los que reclamaron que el gobierno y los legisladores "dejen de jugar con fuego" y trabajen seriamente en una solución de la crisis que, ahora saben, hará mella en sus bolsillos.\n"¡Ah! Pero qué buena idea: van a crear una comisión parlamentaria", exclamaba uno de los mensajes, repetido a lo largo de la tarde como emblema de un creciente malhumor social, que se dispara tanto contra republicanos como contra demócratas.\n"¿Hay alguien allí que trabaje en serio?", decía otro de los mensajes más repetidos en las redes sociales. Algunos, con su contundencia, daban cuenta de que, a la hora de reflejar indignación popular contra la ineficacia tanto del gobierno como de la oposición, los idiomas no implican diferencia. Por lo menos, eso es lo que puede deducirse del también repetido: "Ustedes sí que se ganan la plata fácil".\nPero ni esa ola de indignación popular fue capaz de penetrar "el circo de tres pistas" en que -en palabras del propio presidente Barack Obama - se ha convertido el agotador espectáculo de legisladores y funcionarios de uno y otro bando incapaces de alcanzar un acuerdo que evite la "catástrofe" financiera.\nDe hecho, los demócratas de Obama y sus rivales republicanos se encaminaban anoche a un nuevo choque por sus planes rivales para abordar la crisis de deuda, que se originó al agotarse el techo de 14,29 billones de dólares para que el gobierno pueda, legalmente, emitir deuda pública.\nHasta ahora, nada -ni tampoco el "cacerolazo cibernético" que montaron los norteamericanos- ha sido capaz de aventar la amenaza de una moratoria en este país que, según coinciden expertos, sería "catastrófica" dentro y fuera de su territorio.\nCon ambos partidos más alejados que nunca y la amenaza de una inminente rebaja de la calificación de la deuda norteamericana por primera vez en siete décadas, la nueva titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, llamó a una solución urgente de la crisis.\n"El reloj está corriendo y es evidente que hay que encontrar cuanto antes una solución a esto. No voy a comentar sobre un plan u otro, no me corresponde a mí hablar de esto", dijo, con evidente preocupación por lo que una caída en default implicaría no sólo en Estados Unidos sino "para la economía global en general".\n"Honestamente, una declaración de moratoria o una rebaja significativa en la calificación asignada a Estados Unidos sería algo muy, muy, muy grave", insistió.\nUna vez más, y al igual que anteayer, las principales bolsas del mundo reflejaron la tensión y la incertidumbre, pero sin llegar a las ventas masivas que reflejan pánico. Tanto el dólar como las acciones en Wall Street reflejaron retrocesos, mientras que el oro -considerado el refugio por excelencia en momentos de nerviosismo financiero- alcanzaba un nuevo récord.\nAun así, los operadores coinciden en que, por debajo de la corriente de tensión, hay un magma de confianza en que la crisis se superará, aunque lo cierto es que el plazo se agota y el entendimiento no está a la vista.\nMenos certeza había para la posibilidad de que Estados Unidos pueda retener la máxima calificación -AAA- para sus títulos de deuda. Anoche, de hecho, se generalizaba la impresión de que el castigo de una disminución estaba ya "muy cerca".\nSin embargo, el acuerdo no parece sencillo. Por ley, el gobierno necesita del Congreso para poder emitir más deuda a partir del martes próximo. Pero el acercamiento para votar esa autorización no parece fácil, ya que el Capitolio está dividido, con la Cámara de Representantes en manos republicanas y el Senado, en demócratas.\nHasta ahora lo único que ha ocurrido es que un brazo parlamentario bloquea lo que hace el otro en la materia. "No es por falta de ideas, es por puro cálculo político", sintetizó ayer el "independiente" Joe Lieberman.\nLo mismo entendieron los miles de norteamericanos que se lanzaron a protestar por las redes sociales, en un fenómeno que por primera vez se produce en este país donde, hasta ahora, había sido considerado como una exteriorización más propia de frustraciones políticas extremas.\n"Estamos hartos de que jueguen con nosotros", dijo uno de los participantes en un programa de la Radio Pública dedicado a dar cuenta de la rabia.\nMuchos explicaban ayer el fenómeno como una respuesta directa a la convocatoria que hizo el propio Obama quien, en un recurso desesperado, pidió anteanoche a los norteamericanos que "hagan oír su voz" ante el Congreso para superar la parálisis.\n"Hemos votado por un Congreso con diferencias, pero no por un Congreso disfuncional", dijo el presidente en uno de los párrafos de la alocución que más repitieron sus colaboradores.\nPero si bien es cierto que la reacción tiene mucho de respuesta al convite presidencial, también empujó el hecho de que, a partir de ayer, numerosos programas se volcaron a analizar el impacto que tendría "en el bolsillo del ciudadano" un castigo a la nota crediticia del país.\n"No jueguen con mis deudas ni con mi tarjeta de crédito" fue, palabras más, palabras menos, la respuesta de una sociedad que vive sobre la base de gastar el dinero que no tiene. Con eso, la ira se hizo imparable.\nHoy habrá un nuevo round en el Congreso, seguramente alimentado al calor de este cacerolazo cibernético de verano.


Emprende - 18/10/18 - RTVE.es\nEsta semana Emprende analizará cómo afecta al empleo la inteligencia artificial. Y contará cómo puede ayudar a detectar enfermedades a través del móvil como el parkinson, por el tono de la voz o por la fuerza con la que se teclea.\nContará las carencias tecnológicas de las empresas españolas que vuelven a suspender por un desarrollo digital básico que les impide conocer bien las preferencias de sus clientes.\nAnalizará la situación de las mujeres directivas. Según un estudio su presencia en los órganos de decisión aumenta el beneficio empresarial.\nExplicará lo que deben hacer las pymes para hacer frente a los ciberataques teniendo en cuenta que cada día se producen más de 20.000.\nEmprende conocerá a dos hermanos que se unieron para poner en marcha un proyecto audiovisual profesional que ha sido premiado en La Rioja. Y mostrará cómo con ilusión, ganas y crowfunding se ha puesto en marcha un musical sobre la vida de Jesús, que se estrenará el próximo 22 de noviembre.\nver más sobre "Emprende - 18/10/18" ver menos sobre "Emprende - 18/10/18"


Autorizan inicio de nueva temporada de pesca de anchoveta | Crónica Viva\nAutorizan el inicio de nueva temporada de pesca de anchoveta\nEl Ministerio de la Producción, autorizó el inicio de la segunda temporada de pesca de la anchoveta (Engraulis ringens) y anchoveta blanca (Anchoa nasus), a través de una resolución del sector publicada hoy en el diario oficial El Peruano.\nLa norma precisa que esta actividad extractiva se realizará en el área marítima comprendida entre los 16º00′ LS y el extremo sur del dominio marítimo peruano, para el periodo julio-diciembre 2016.\n“El inicio de la segunda temporada de pesca regirá a partir de la 00:00 horas del cuarto día hábil contado desde el día siguiente de publicada la resolución ministerial”, indica el documento.\nAsimismo, se establece que la fecha de conclusión, será “una vez alcanzado el Límite Máximo Total de Captura Permisible de la Zona Sur (LMTCP-Sur) autorizado”, o en su defecto, ésta no podrá exceder del 31 de diciembre del 2016.\nTambién se señala que la fecha de conclusión de la referida temporada podrá ampliarse o reducirse en función a las condiciones biológicas ambientales, previo informe del Instituto del Mar de Perú (Imarpe), a través de una resolución ministerial.\nEl Límite Máximo Total de Captura Permisible de la Zona Sur – LMTCP-Sur del recurso anchoveta (Engraulis ringens) y anchoveta blanca (Anchoa nasus) para consumo humano indirecto correspondiente a la Segunda Temporada de Pesca 2016 de la Zona Sur, es de trescientos ochenta y dos mil (382,000) toneladas.\nSe especifica que sólo podrán realizar faenas de pesca en el marco de la presente resolución ministerial, las embarcaciones pesqueras registradas y autorizadas, cuya lista será publicada mediante resolución directoral.\nLa resolución que también contiene otros detalles y precisiones, lleva la firma del ministro de la Producción, Piero Ghezzi Solís.\nFuente: Andina/Foto: fimar.com.pe\ndominio marítimo peruano\nProduce: Temporada de pesca de anchoveta respeta talla mínima