Informe 309. BOE junio 2020 | Notarios y Registradores\nInforme 309. BOE junio 2020 »\nInforme 309. BOE junio 2020\n15º RDLey Covid: ingreso mínimo vital\nRDGSJFP 27 de mayo de 2020: modelos moratoria Registro Bienes Muebles\nSexta prórroga del estado de alarma\n16º RDLey Covid: Nueva Normalidad. Plazos.\nProcedimientos registrales: Instrucción DGSJFP 4 de junio de 2020\n17º RDLey Covid: Fondo Covid-19\nRDLEY 23/2020: energía y reactivación económica\nModelos Impuesto Sociedades y No Residentes\nRDLey 24/2020: Ertes. Autónomos\nResto de disposiciones Covid-19\nResultado Concurso Registros.\nINFORME Nº 309. (BOE JUNIO de 2020)\nIR A RESOLUCIONES DE JUNIO\nIR AL MINI INFORME DE JUNIO\nResumen: Crea y regula el ingreso mínimo vital como prestación dirigida a las personas que carezcan de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas.\nEl Capítulo IIregula el ámbito subjetivo de aplicación\nEl Capítulo IIItrata de la acción protectora\nEl Capítulo VIIIregula las Infracciones y sanciones.\nPDF (BOE-A-2020-5493 – 44 págs. – 699 KB)\nResumen: Se aprueban dos modelos, de uso voluntario, para solicitar ante el Registro de Bienes Muebles la constancia de haberse producido la moratoria Covid.\nSe publican, sin perjuicio de que cualquier otra novación pueda seguir presentándose en la forma y por los cauces ordinarios previstos por la legislación vigente.\nLos artículos citados por la RDGSJFP son los siguientes:\n– El artículos 16 RDley 11/2020, de 31 de marzo (definición de vulnerabilidad económica a los efectos de la moratoria hipotecaria y del crédito de financiación no hipotecaria)\n– Los artículos 21 al 24 RDley 11/2020, de 31 de marzo (suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria).\n– Y la D. Ad. 15ª, apartado 3, RDley 15/2020, de 21 de abril (será obligación unilateral de la entidad acreedora de promover la formalización de la póliza o escritura pública en la que se documente el reconocimiento de la suspensión de las obligaciones contractuales en los créditos o préstamos sin garantía hipotecaria) y la inscripción, en su caso, en el Registro de Bienes Muebles, siempre que el crédito o préstamo estuviera garantizado mediante algún derecho inscribible distinto de la hipoteca o hubiera accedido al Registro.\nSon dos los modelos que se incorporan en sendos anejos:\n– Modelo de solicitud, ante el Registro de Bienes Muebles de la constancia de moratoria para varios contratos.\n– Modelo de solicitud, ante el Registro de Bienes Muebles de la constancia de moratoria para un único contrato.\nPDF (BOE-A-2020-5734 – 3 págs. – 164 KB)\nResumen: El Congreso aprueba y un real decreto dispone una posiblemente última prórroga que alcanzará hasta el 21 de junio de 2020. Durante la Fase III, los Presidentes de las CCAA tendrán amplias facultades delegadas. Determina qué órdenes y resoluciones quedarán vigentes.\nDe conformidad con lo dispuesto en el artículo 116.2 de la Constitución, el Congreso de los Diputados acordó el 3 de junio autorizar la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en los siguientes términos:\n– Nueva prórroga hasta las 00:00 horas del día 21 de junio de 2020.\nLa prórroga -que acepta la solicitud derivada del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 2 de junio de 2020- se someterá a las condiciones establecidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, sin perjuicio de lo siguiente:\nA) Facultades del Ministro de Sanidad. En aplicación del Plan para la desescalada, aprobado por el Consejo de Ministros del 28 de abril de 2020, el Ministro de Sanidad, como autoridad competente delegada, a propuesta, en su caso, de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, y a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad, podrá acordar, en el ámbito de su competencia, la progresión de las medidas aplicables en un determinado ámbito territorial, sin perjuicio de lo previsto en el apartado séptimo del Acuerdo. La regresiónde las medidas hasta las previstas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se hará, en su caso, siguiendo el mismo procedimiento. Párrafo similar al de la anterior prórroga, salvo en cuanto a las autoridades delegadas competentes que veremos.\nB) Desplazamientos. En el marco de las decisiones que se adopten sobre la progresión de las medidas de desescalada, las personas podrán desplazarse por el territorio de la provincia, isla o unidad territorial que se determine a los efectos del proceso de desescalada, sin perjuicio de las excepciones que justifiquen el desplazamiento a otra parte del territorio nacional por motivos sanitarios, laborales, profesionales o empresariales, de retorno al lugar de residencia familiar, asistencia y cuidado de mayores, dependientes o personas con discapacidad, causa de fuerza mayor o situación de necesidad o cualquier otra de análoga naturaleza. En todo caso, en cualquier desplazamiento deberán respetarse las instrucciones dictadas por las autoridades sanitarias. Párrafo similar al de la anterior prórroga.\nC) Cogobernanza. El Gobierno podrá acordarconjuntamente con cadacomunidad autónoma la modificación, ampliación o restricción de las unidades de actuación y las limitaciones respecto a la libertad de circulación de las personas, de las medidas de contención y de las de aseguramiento de bienes, servicios, transportes y abastecimientos, con el fin de adaptarlas mejor a la evolución de la emergencia sanitaria en cada comunidad autónoma.\nComo novedad, en caso de acuerdo, estas medidas serán aplicadas por quien ostente la Presidencia de la comunidad autónoma, como representante ordinario del Estado en el territorio.\nD) Enclaves. Durante la emergencia sanitaria, y a sus efectos, aquellos municipios que constituyen enclaves recibirán el tratamiento propio de la provincia que les circunda, sin que sea obstáculo que esta pertenezca a Comunidad Autónoma distinta a la de aquellos. Redacción similar a la anterior.\nE) Consecuencias de superar todas las fases. La superación de todas las fases previstas en el Plan para la desescalada determinará que queden sin efecto las medidas derivadas de la declaración del estado de alarmaen las correspondientes provincias, islas o unidades territoriales. Redacción similar.\nF) Autoridades competentes delegadas.\nDurante el periodo de vigencia de esta prórroga, las autoridades competentes delegadas para el ejercicio de las funciones a que se hace referencia en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo serán el Ministro de Sanidad, bajo la superior dirección del Presidente del Gobierno, con arreglo al principio de cooperación con las comunidades autónomas, y quien ostente la Presidencia de la comunidad autónoma. Hasta ahora era sólo el Ministro de Sanidad.\nSerán las comunidades autónomas las que puedan decidir, a los efectos de determinar que queden sin efecto las medidas derivadas de la declaración del estado de alarma, y con arreglo a criterios sanitarios y epidemiológicos, la superación de la fase III en las diferentes provincias, islas o unidades territoriales de su comunidad y, por tanto, su entrada en la «nueva normalidad».\nCorresponderá durante ese periodo a las administraciones públicas competentes el ejercicio de las funciones contempladas en el artículo 5 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (fuerzas de seguridad, protección civil…).\nG) Educación. Durante esta prórroga, en los territorios enFase 2 o posterior, las administraciones educativas podrán disponer la flexibilización de las medidas de contención y la reanudación de las actividades presencialesen el ámbito educativo no universitario y de la formación, correspondiéndoles asimismo la ejecución de dichas medidas. Pueden mantenerse las actividades educativas a distancia y «on line», aunque no fuera esta la modalidad prestacional educativa establecida como forma específica de enseñanza en los centros. Texto cercano al anterior.\nH) Vigencia de las órdenes. Se mantendrá la vigencia de las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones dictadas por las autoridades competentes delegadas previstas en el artículo 4.2del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en cuanto no se opongan a lo dispuesto en otras posteriores, ni a lo establecido en el real decreto por el que se prorrogue el estado de alarma, o, en su caso, a lo que dispongan las autoridades competentes delegadas en ejercicio de sus competencias. Son las dictadas por el Ministro de Sanidad o por el Presidente de la comunidad autónoma.\nSegún la Exposición de Motivos, “durante la vigencia de esta nueva prórroga se pretende culminar esta progresiva desescalada, partiendo de un escenario abierto y flexible, tanto para el levantamiento y definitiva pérdida de eficacia de las medidas, como para el ámbito geográfico en el que van a proyectarse, por lo que se trataría de la última prórroga del estado de alarma. Se refuerza asimismo la cooperación con las comunidades autónomas, que no solo disponen de capacidad para modular la aplicación de las medidas en su territorio, sino que además pueden pasar a ser durante la vigencia de esta prórroga autoridades competentes delegadas para la adopción, supresión, modulación y ejecución de las medidas correspondientes a la fase III del Plan de desescalada, en ejercicio de sus competencias.”\nSu art. 1 prórroga el estado de alarma, extendiéndolo (art. 2) desde las 00:00 horas del día 7 de junio de 2020 hasta las 00:00 horas del día 21 de junio de 2020, y se someterá a las mismas condiciones establecidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y en las disposiciones que lo modifican, aplican y desarrollan, sin perjuicio de lo que se establece en los artículos siguientes (armoniosos con la Resolución del Congreso).\nLos artículos 3 y 4 recogen las facultades del Ministro de Sanidad -en los términos de la letra A) vista- y el procedimiento para la desescalada, que incluye la cogobernanza con las CCAA, para adaptarse a la situación de los diversos territorios en cuanto a las fases y medidas, con mayor o menor flexibilidad en los desplazamientos. Se sigue lo dicho en las letras B) y C) y lo referido a los enclaves en la letra D). Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo que dispone el art. 6.\nLa pérdida de efecto de las medidas, tras superar un territorio todas las fases, letra E) anterior, se encuentra en el art. 5.\nEl artículo 6 determina las autoridades competentes delegadas, en línea con la letra F): son el Ministro de Sanidad y quien ostente la Presidencia de la comunidad autónoma (especialmente a partir de la Fase III).\nLas medidas educativas están en el artículo 7, siguiendo lo dicho en la letra G).\nEl mantenimiento de la vigencia de las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones dictadas por las autoridades competentes delegadas está en el art. 8, en línea con lo dicho en la letra H).\nEl real decreto con la sexta prórroga (previsiblemente la última) entró en vigor el 6 de junio de 2020.\nPDF (BOE-A-2020-5763 – 3 págs. – 224 KB) Otros formatos\nPDF (BOE-A-2020-5767 – 10 págs. – 272 KB) Otros formatos\nResolución de 4 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.\nDe conformidad con lo establecido en el artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, se hacen públicas las comunicaciones relativas a Tratados Internacionales Multilaterales en los que España es parte, que se han recibido en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación desde la publicación anterior hasta el 1 de junio de 2020.\nPDF (BOE-A-2020-5834 – 75 págs. – 647 KB)\nResumen: Se adoptan medidas para la nueva normalidad, aplicables a todo el territorio nacional a partir del 21 de junio. Hasta entonces, la mayoría de medidas solo son aplicables a los territorios que vayan superando la Fase 3. Uso obligatorio de mascarillas en transporte público o si no se puede garantizar la distancia de metro y medio. Se produce el levantamiento de la suspensión de los plazos de caducidad de los asientos registrales.\nUso obligatorio de mascarillas. Art. 6.\nAfecta a los mayores de 6 años:\nCentros de trabajo. Art. 7.\nSe dictan medidas dirigidas al titular de la actividad económica (como el notario o el registrador) o, en su caso, el director de los centros y entidades, quienes deberán:\nReuniones y acuerdos no presenciales.\nAvales. En la D. Ad. 3ª se autoriza a la Administración General del Estado a otorgar avales por importe máximo de 2.817.500.000 euros en el año 2020 para cubrir los costes y las pérdidas en las operaciones de financiación que realice el Grupo Banco Europeo de Inversiones a través del Fondo Paneuropeo de Garantías en repuesta a la crisis del COVID-19. Los avales serán incondicionales, irrevocables y a primera demanda del Banco Europeo de Inversiones y con renuncia al beneficio de excusión establecido en el artículo 1.830 del Código Civil.\nResolución de contratos con consumidores. La D.F. 5ª modifica el artículo 36 RDLey 11/2020, de 31 de marzo, relativo al derecho de resolución de determinados contratos sin penalización por parte de los consumidores y usuarios, con el fin de extender la aplicación del artículo 36.1 a aquellos contratos que puedan resultar de imposible ejecución como consecuencia de las medidas impuestas por las diferentes administraciones incluidas las autonómicas- durante las fases de desescalada o nueva normalidad.\nPDF (BOE-A-2020-5895 – 30 págs. – 466 KB)\nResumen: Concreta el cómputo de plazos de caducidad de los asientos registrales. Suprime medidas especiales tomadas durante la crisis, como horarios o plazos de calificación y despacho. Mantenimiento de teletrabajo y medidas preventivas en las oficinas.\nEn su exposición, la DG parte de que las D. Ad. 2ª, 3ª y 4ª del RD 463/2020, de 14 de marzo, establecieron la suspensión de plazos procesales y administrativos y de los de prescripción y caducidad de acciones y derechos. Esta suspensión fue alzada por los artículos 8, 9 y 10 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo.\nLa Instrucción DGSJFP 28 de mayo de 2020 ya reguló las consecuencias que el alzamiento de los plazos administrativos pudiera tener respecto a la propia DG y a los Registros.\nPero, a la fecha de dictarse esta Instrucción -4 de junio- seguía vigente el artículo 42 RDLey 8/2020 que suspendió el plazo de caducidad de determinados asientos registrales.\nRecuerda que, poco antes de decretarse el estado de alarma, la Resolución DGSJFP de 13 de marzo de 2020, aclarada por la Resolución de 15 de marzo de 2020, estableció la prórroga de 15 días de los plazos de calificación y despacho de documentos, con asiento de presentación vigente el 13 de marzo. También se adoptaron medidas en relación a la atención al público, publicidad formal y horario de apertura, debiendo mantenerse los registros abiertos como servicio público de interés general.\nAhora, ante la mejoría de la situación sanitaria, la DG procede ya la derogación de la mayor parte de las medidas adoptadas en dichas instrucciones.\nEn consecuencia, la DG ACUERDA:\nPRIMERO. El cómputo de los plazos de caducidad de los asientos registrales que hubiesen quedado suspendidos en virtud de lo dispuesto en el artículo 42 RD ley 8/2020, es decir, asientos de presentación, anotaciones preventivas, menciones, notas marginales y de cualesquiera otros asientos registrales susceptibles de cancelación por el transcurso del tiempo, seguirá en suspenso hasta el levantamiento de la suspensión en este ámbito.\nNota: El cómputo de los plazos se reanuda con fecha 10 de junio de 2020, por disponerlo así la D. Ad. 4ª RDLey 21/2020, de 9 de junio. La D.F.4ª.dos del mismo RDLey deroga el art. 42, pero con efectos desde su entrada en vigor, el 11 de junio.\nSEGUNDO. En cuanto a las demás medidas acordadas para el mantenimiento del servicio público registral, deberán entenderse suprimidas todas, salvo las dispuestas en esta instrucción.\nTERCERO. Se deberá seguir remitiendo semanalmente a la DG estadística de la situación de los registros por la crisis Covid: cierres, contagiados…\nCUARTO. Permite el visado de libros con asientos ya firmados, si no ha sido posible visarlos durante la pandemia.\nQUINTO. El registrador podrá mantener el teletrabajo y los turnos presenciales si son compatibles con la prestación del servicio.\nDeberán mantenerse las medidas de higiene y de distancia de seguridad, incluso tras el estado de alarma.\nSEXTO. Se restablece el plazo ordinario de calificación y despacho (15 días hábiles) para los títulos que se presenten a partir del 11 de junio. Para los presentados antes, el plazo es de 30 días hábiles.\nSÉPTIMO. La atención personal del registrador volverá a ser la ordinaria de dos horas diarias en horario de oficina.\nOCTAVO. La solicitud de servicios registrales de modo presencial queda completamente normalizada. El horario de atención al público vuelve a ser de las 9 a las 17 horas.\nNOVENO. Se reanudan el 11 de junio los plazos para formular alegaciones en los expedientes del artículo 199 LH y demás procedimientos de coordinación Catastro-Registro. Se continuarán a partir de la última notificación practicada, o se reiniciarán si no se hubiera practicado diligencia alguna.\nDisposición derogatoria. En lo no previsto en esta norma quedan derogadas las RR de 13 y 15 de marzo de 2020 y la instrucción de 30 de marzo de 2020.\nEntrada de vigor. EL 11 de junio de 2020.\nPDF (BOE-A-2020-5952 – 3 págs. – 229 KB)\nResumen: Se crea un Fondo Covid de 16.000 millones de euros para ayudar a las CCAA, Ceuta y Melilla a equilibrar sus cuentas para que puedan mantener los servicios públicos que prestan. Se introduce la videoconferencia en los procedimientos tributarios.\nFoto de Raquel Laguillo\nLa pandemia ocasionada por el coronavirus COVID-19 está provocando una emergencia sanitaria, económica y social sin precedentes a nivel mundial.\nSu estabilización y posible erradicación va a implicar un largo y costoso proceso, lo que está exigiendo continuas medidas orientadas a reforzar el sistema sanitario y a contrarrestar los efectos que la paralización de la actividad económica está provocando en empresas y trabajadores.\nEn un Estado descentralizado como el español, las CCAA prestan servicios públicos fundamentales como la educación, los servicios sociales y la sanidad, que afronta un gran incremento en la demanda asistencial. A la vez que han visto incrementados sus gastos, el freno en la actividad económica va a suponer una significativa disminución de los recursos disponibles para dar cobertura a estos servicios públicos.\nPor ello, se han adoptado ya medidas -que enumera la Exposición de Motivos- para aliviar las finanzas públicas de las CCAA, siendo un paso más en esta línea, pero de gran importancia, la creación por parte del Gobierno, a través de este RDLey, del Fondo COVID-19, dotado con un crédito extraordinario de 16.000 millones de euros.\nEl Fondo COVID-19 se configura como un fondo excepcional de carácter presupuestario, cuyo objeto es dotar de mayor financiación mediante transferencias a las CCAA, Ceuta y Melilla, para hacer frente a la incidencia presupuestaria derivada de la crisis originada por el COVID-19.\nEstas transferencias se distribuirán sobre la base de, entre otros, criterios poblacionales y de incidencia del virus.\nSon recursos adicionales e independientes del Sistema de Financiación Autonómica y de los Fondos Extraordinarios de Liquidez, que no sufrirán merma.\nAdicionalmente, se regula una excepción a la regla por la que el superávit alcanzado por Estado, CCAA y corporaciones locales, debe ir destinado a la reducción del nivel de endeudamiento neto (ver art. 32 LO 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria). Con carácter excepcional en 2020, las CCAA con superávit pendiente de aplicación al cierre de 2019 cumplirán con el art. 32 referido si destinan ese superávit a atender las necesidades de financiación del déficit registrado en el ejercicio 2020 como consecuencia de la reducción de ingresos derivada de la crisis sanitaria por la COVID-19 sin incrementar su nivel de endeudamiento neto en el importe de dicho superávit.\nEste RDLey cuenta con tres artículos:\nEn el artículo 1 se recoge la autorización para dotar un crédito extraordinario que financie el Fondo COVID-19. Con cargo a este crédito se realizarán las correspondientes transferencias a las CCAA, Ceuta y Melilla.\nA este crédito no le serán aplicables las limitaciones a las transferencias de crédito del art. 52 Ley General Presupuestaria ni los límites a la emisión de deuda pública del art. 46 de la Ley de Presupuestos para 2018.\nDestaca el carácter no condicionado de las transferencias realizadas con cargo a esta dotación, por lo que será responsabilidad de las destinatarias destinar estos recursos a la finalidad para la que han sido concedidos. Aparte de ello, las propias CCAA puedan habilitar créditos presupuestarios para hacer frente a los gastos asumidos por la pandemia.\nEl artículo 2 determina la finalidad del Fondo: financiar las necesidades presupuestarias de las destinatarias derivadas de la crisis del COVID-19.\nEl Fondo tiene cuatro tramos:\n– los Tramos 1 y 2 (9.000 millones entre los dos) se repartirán atendiendo fundamentalmente al gasto sanitario,\n– para el Tramo 3 (2.000 millones) se seguirán criterios representativos del gasto en educación,\n– y el Tramo 4 (5.000 millones) se repartirá por criterios relacionados con la disminución de los ingresos por la caída de la actividad económica.\nConcluye el artículo indicando la consideración de estos gastos a efectos de lo previsto en el artículo 12.2 LO 2/2012, de 27 de abril (gasto computable para la regla de gasto). .En concreto, el importe del gasto en el que incurra cada Comunidad, Ceuta y Melilla equivalente a los recursos asignados de los Tramos 1, 2 y 3, tendrá la consideración de gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Administración General del Estado.\nEl artículo 3 detalla el procedimiento para la determinación de la distribución definitiva de los recursos de cada tramo entre las CCAA y, en su caso, ciudades con estatuto de autonomía y el procedimiento para el libramiento de dichos fondos. Serán cuatro órdenes del Ministerio de Hacienda que se dictarán entre julio y noviembre de este año.\nLa D. Ad. 1ª recoge las especialidades relativas al País Vasco y Navarra, disponiendo que la participación en los tramos del Fondo y cobertura de la disminución de los ingresos se realice a través de la Comisión Mixta del Concierto Económico y Comisión Coordinadora del Convenio Económico.\nLa D. Ad. 2ª es la que regula la excepción vista al destino del superávit.\nLa D. Ad. 3ª permite a las CCAA, Ceuta y Melilla incorporar al ejercicio presupuestario de 2021 los remanentes de los créditos procedentes de los recursos transferidos con cargo al Fondo COVID-19, de forma que puedan atender las obligaciones pendientes de imputar a presupuesto al cierre del ejercicio 2020.\nLa D. F. 1ªintroduce una pequeña reforma en los artículos 99 y 151 LGT al regular las actuaciones mediante videoconferencias en los procedimientos de aplicación de los tributos.\nEn concreto, el nuevo párrafo 9 del art. 99 LGT permite, si hay conformidad del obligado tributario, actuaciones en los procedimientos de aplicación de los tributos a través de sistemas digitales como videoconferencia, que deberán permitir:\n– la comunicación bidireccional y simultánea de imagen y sonido,\n– la interacción visual, auditiva y verbal, y\n– garantizar la transmisión y recepción seguras de documentos que, en su caso, recojan el resultado de las actuaciones realizadas, asegurando su autoría, autenticidad e integridad.\nLa reforma del art. 151 LGT implementa esta misma novedad en el procedimiento de inspección, reiterando que se precisa la conformidad del obligado tributario.\nPara el desarrollo reglamentario y ejecución, la D. F. 2ª habilita a la Ministra de Hacienda.\nEntró en vigor el día de su publicación: 17 de junio de 2020.\nÓrdenes de desarrollo:\n– Orden HAC/667/2020, de 17 de julio, por la que se determina la cuantía de la distribución definitiva entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla\n– Orden HAC/809/2020, de 1 de septiembre, por la que se determina la cuantía de la distribución definitiva entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla de los recursos previstos en la letra c) del apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento.\n– Orden HAC/1097/2020, de 24 de noviembre, por la que se determina la cuantía de la distribución definitiva entre las Comunidades Autónomas de régimen común de los recursos previstos en la letra d) del apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento.\n– Orden HAC/1098/2020, de 24 de noviembre, por la que se determina la cuantía de la distribución definitiva entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla de los recursos previstos en la letra b) del apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento.\nPDF (BOE-A-2020-6232 – 10 págs. – 227 KB)\nResumen: La nueva regulación trata de aunar dos impulsos, el de la Transición Energética hacia un modelo climáticamente neutro, basado en la energía renovable y potenciar la inversión para afrontar la recuperación económica post Covid. Se retrasa el segundo dividendo digital. Control en puertos y aeropuertos. Se amplían las habilitaciones para la ejecución de la Oferta de Empleo Público. Incentivos en el Impuesto de Sociedades.\nEn la Exposición de Motivos se expresa que los efectos del COVID-19 sobre la economía representan una oportunidad para acelerar la transición energética, de manera que las inversiones en renovables, eficiencia energética y nuevos procesos productivos, con la actividad económica y el empleo que éstas llevarán asociadas, actúen a modo de palanca verde para la recuperación de la economía española.\nLa necesidad de impulsar la agenda de descarbonización y sostenibilidad como respuesta a la crisis es compartida en el ámbito europeo. El Pacto Verde Europeo «Green Deal» se configura como la hoja de ruta climática en la Unión Europea para los próximos años, y comprenderá todos los sectores de la economía, especialmente los del transporte, la energía, la agricultura, los edificios y las industrias.\nEn este proceso de descarbonización ocupa un papel fundamental la electricidad por lo que se pretende garantizar el equilibrio y la liquidez del sistema eléctrico, que se han visto amenazados últimamente por la caída de demanda y precios, manteniendo su atractivo para los inversores. Se tiene como objetivo que el 74% de la electricidad en España sea renovable en 2030 y alcanzar el 100% antes de 2050.\nTres de sus cuatro títulos se dedican a la energía. Su estructura es muy heterodoxa, pues cinco de sus doce artículos modifican otros textos legales, cuando esto suele hacerse en las disposiciones finales. Una misma ley, la del Sector Eléctrico, se modifica en tres lugares diferentes: en dos artículos y una disposición final. El conjunto, es un verdadero rompecabezas.\nLas medidas energéticas se sintetizan en cuatro bloques:\n1º.- Energías renovables.\nEl artículo 1 regula los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica, dos autorizaciones que los promotores necesitan para poner en marcha sus plantas de renovables. El objetivo fundamental es asegurar que estos derechos estén asociados a proyectos reales y firmes, y evitar los movimientos de carácter especulativo que puedan darse ante la insuficiencia de la regulación vigente.\nPor ello, se ordenan los permisos atendiendo a su viabilidad y solidez. A tal fin, el RDLey establece una serie de hitos administrativos sucesivos, con plazos temporales en función del momento en el que fue otorgado.\nLos plazos máximos que se establecen para el cumplimiento de los distintos hitos tienen en cuenta, por un lado, la antigüedad del permiso y, por otro, la naturaleza del trámite administrativo de que se trate.\nAsí, se distinguen cuatro cohortes de permisos de acceso:\n– los concedidos antes de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico,\n– los concedidos entre esa fecha y el 31 de diciembre de 2017,\n– los concedidos desde el 1 de enero de 2018 y el 24 de junio de 2020\n– y los que se concedan tras la entrada en vigor de esta norma.\nLos titulares deben ir acreditando el cumplimiento de cada uno esos hitos –entre ellos, la obtención de la declaración de impacto ambiental favorable y la autorización administrativa de construcción– en los tiempos fijados. De lo contrario, los permisos caducarán de forma automática y, en su caso, se procederá a ejecutar los avales económicos que se exigen al solicitar la autorización. El último de los plazos concluye a los cinco años de iniciarse el cómputo para el primer hito.\nEn el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la norma, tanto los titulares como los solicitantes de estas autorizaciones podrán renunciar a ellas, procediéndose a la devolución de las garantías. Además, se establece una moratoria de nuevas solicitudes de acceso: no se podrán pedir hasta que se apruebe una nueva regulación sobre estos permisos, que deberá exigir a los solicitantes mayor maduración de los proyectos y estudios previos.\nEn este bloque también se aborda un nuevo mecanismo de concurrencia competitiva para proyectos de energía renovable, que permitirá dotar a estas tecnologías de un marco retributivo predecible y estable. Las futuras subastas cumplirán un triple objetivo, avanzar hacia la descarbonización de la economía, impulsando las inversiones y reduciendo el coste de la energía eléctrica.\nSe habilita al Gobierno a establecer otro marco retributivo, alternativo al régimen retributivo específico. El referido marco retributivo se otorgará mediante un mecanismo de concurrencia competitiva en el que la variable sobre la que se ofertará será el precio de retribución de la energía. Los procedimientos deberán estar orientados a la eficiencia de los costes y podrán distinguir entre distintas tecnologías de generación en función de sus características técnicas, tamaño, niveles de gestionabilidad, criterios de localización y madurez tecnológica, entre otros. También podrán tener en cuenta las particularidades de las comunidades de energías renovables. Para favorecer instalaciones de pequeña magnitud y proyectos piloto innovadores, la norma permite, que se les exima de acudir a la subasta para poder recibir la retribución.\nEntre las medidas incluidas en el primer bloque también se encuentran varias disposiciones que tienen como finalidad la mejora y simplificación en la tramitación de los procedimientos de autorización de la construcción, ampliación, modificación y explotación de las instalaciones eléctricas de producción, transporte y distribución.\nTambién se incluye el concepto de modificación no sustancial de instalaciones de generación que hayan obtenido autorización administrativa, debiendo únicamente obtener la autorización de explotación.\n2º.- Nuevos modelos de negocio.\nEl segundo bloque contiene una serie de medidas para el impulso de nuevos modelos de negocio que van a ser muy relevantes en la transición energética. Destacamos:\n– la figura del almacenamiento, cuya regulación permitirá gestionar y optimizar la energía generada en las nuevas plantas renovables;\n– la hibridación, que posibilita combinar diversas tecnologías –fotovoltaica y eólica, por ejemplo–, en una misma instalación. Esta figura y la anterior aprovechan la red ya construida;\n– se incorpora la figura del agregador independiente, que se basa en combinar la demanda de varios consumidores de electricidad o la de varios generadores para su participación en distintos segmentos del mercado;\n– se regulan las comunidades de energía renovables, que permitirán a los ciudadanos y a las autoridades locales ser socios de proyectos de energías renovables en sus localidades.\nSe habilita al Gobierno para que regule un procedimiento especial de autorización de instalaciones cuyo objeto principal sea la I+D+i, que representen una oportunidad tecnológica, energética e industrial en ámbitos estratégicos para el impulso económico.\nAdemás, será posible establecer bancos de pruebas regulatorios (“sandboxes”) para introducir novedades, excepciones o salvaguardias regulatorias.\nEn el artículo 4 también se simplifica el procedimiento de autorización de las instalaciones móviles (como transformadores) que se conectan a la red de transporte y distribución que, por su naturaleza y singularidad, no se justifica que deban someterse al procedimiento general de autorización.\nSe potencian las estaciones de recarga en las vías interurbanas, especialmente en los puntos de las vías de alta capacidad que están alejados de los núcleos urbanos que dará mayor autonomía a los vehículos eléctricos lo que facilitará su adquisición. Se otorga la declaración de utilidad pública a las infraestructuras de recarga de alta capacidad (con potencia superior a 250 kW).\n3º.- Fomento de la eficiencia energética.\nEl tercer bloque adapta nuestro Derecho interno a la Directiva 2012/27/UE, revisada mediante la Directiva (UE) 2018/2002, ampliando el alcance del sistema de obligaciones de eficiencia energética a un nuevo período de obligación, del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2030,\nLa Ley 18/2014, de 15 de octubre, estableció un sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética en virtud del cual se asigna a las empresas comercializadoras de gas y electricidad, a los operadores de productos petrolíferos al por mayor, y a los operadores de gases licuados de petróleo al por mayor, en adelante sujetos obligados del sistema de obligaciones, una cuota anual de ahorro energético denominada obligación de ahorro. El periodo de duración del sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética estaba previsto que finalizara el 31 de diciembre de 2020, prorrogándose ahora hasta el 31 de diciembre de 2030.\nAdemás, se adapta el procedimiento de cálculo de las obligaciones de ahorro de cada sujeto obligado para dotar al sistema de una mayor flexibilidad, transparencia y previsibilidad para los sujetos obligados. Ver art. 5.\n4º.- Medidas sectoriales.\nEn este cuarto bloque destacan las medidas que mitigan los efectos de la crisis COVID-19 sobre los sujetos que operan en los mercados energéticos y las destinadas a asegurar el equilibrio y la liquidez en el sistema eléctrico.\nPara paliar los efectos del cierre de las centrales térmicas de carbón, se trata de regular procedimientos y establecer requisitos para la concesión de la capacidad de acceso de evacuación de los nudos de la red afectados por dichos cierres. Ver. D. Ad. 1ª. El RDLey incorpora un anexo que incluye el listado de nudos de transición justa.\nSe aumentan excepcionalmente los límites máximos de inversión en las redes eléctricas expresados como porcentaje del PIB. Ver D. Ad. 2ª. Tampoco se computará durante el periodo 2021-2026 el volumen de inversión motivado por interconexiones internacionales.\nPara aquellas zonas (como las mineras) donde la transición energética y ecológica pueda poner en dificultades a las empresas y actividades económicas de dichas áreas, se establecerán Convenios de Transición Justa (empleo, fijación de población en los territorios, diversificación y especialización…).\nSe adapta el objeto del antiguo Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón, tras el cambio de denominación a Instituto para la Transición Justa, O.A. Ver D. F. 2ª.\nSe habilita a la Ministra para la Transición Ecológica para usar el superávit de ingresos del sistema eléctrico para cubrir los costes del sistema de 2019 y 2020. D. Ad. 3ª\nSe adoptan medidas de acompañamiento para las instalaciones acogidas al régimen retributivo específico cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio del combustible (instalaciones de cogeneración, purines, lodos de aceite, biomasas…). D. Ad. 4ª.\nEn cuanto a las disposiciones transitorias, la primera se refiere a las nuevas solicitudes de permisos de acceso, que introduce una moratoria de nuevos permisos de acceso, con excepciones, en tanto no se desarrolla el marco reglamentario del acceso y conexión. En consecuencia, no se admitirán nuevas solicitudes sobre la capacidad de acceso que pueda existir a la entrada en vigor de este real decreto-ley o la que pueda liberarse posteriormente como consecuencia de caducidades, renuncias o cualquier otra circunstancia sobrevenida. El desarrollo reglamentario ha de estar listo en tres meses. Ver D. F. 8ª.\nSe establece una moratoria de las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2020. D. Tr. 2ª.\nOtras medidas para la reactivación de la actividad económica y el empleo:\nSe encuentran en el Título IV, que es el último de este RDLey.\nRespecto a los procesos de selección de empleados públicos, ya que la publicación de muchas convocatorias se ha visto impedida y suspendidos los plazos administrativos, el artículo 11, amplía a 2021 las habilitaciones para la ejecución de la Oferta de Empleo Público.\nEsta prórroga se aplica también a los procesos de estabilización de empleo temporal comprendidos en la Leyes de Presupuestos Generales del Estado para los años 2017 y 2018. Se aplica a todas las administraciones públicas.\nSe incrementa, para los períodos impositivos que se inicien en 2020 y 2021, el porcentaje de la deducción en innovación en procesos en el Impuesto de Sociedades, del 12 % actual hasta el 25 %. Art. 7.\nSe incorpora una D. Ad. 16ª a la Ley del Impuesto de Sociedades, que posibilita la libertad de amortización de las inversiones realizadas en el año 2020 en elementos nuevos del inmovilizado material que impliquen la sensorización y monitorización de la cadena productiva, así como la implantación de sistemas de fabricación basados en plataformas modulares o que reduzcan el impacto ambiental, afectos al sector industrial del automoción.\nLas entidades locales podrán destinar en 2020, como máximo, el 7 por ciento del saldo positivo correspondiente al año 2019 para financiar gastos de inversión en vehículos eléctricos puros o con etiqueta ambiental CERO y en infraestructuras de recarga.\nSe modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, para agilizar el procedimiento de evaluación ambiental. También se regula la prórroga de vigencia de las declaraciones de impacto.\nEn el sector ferroviario destaca la necesidad de adaptar la liquidación del canon por utilización de las líneas ferroviarias integrantes de la Red Ferroviaria de Interés General. Respecto a los locales arrendados sitos en las estaciones de ferrocarril, se posibilita una moratoria o reducción de la renta, previa solicitud del arrendatario.\nSe retrasa el segundo dividendo digital, es decir, el proceso de liberación de la banda de frecuencias 694-790 MHz de sus usos actuales para el servicio de televisión digital terrestre, a efecto de posibilitar su disponibilidad efectiva para los sistemas terrestres de comunicaciones electrónicas de banda ancha inalámbrica, permitiendo así el despliegue de las futuras redes 5G. Se fija como nueva fecha la del 31 de octubre de 2020, momento en que deberán estar ya resintonizados todos los televisores. Hasta entonces se dará el simulcast (doble sintonía en la frecuencia original y en la nueva). La licitación de la banda de frecuencias de 700Mhz para servicios 5G se producirá en el primer trimestre de 2021.\nEn los puertos y aeropuertos, se implantan controles sanitarios que pueden incluir la toma de la temperatura, un control documental (formulario de salud pública) y un control visual sobre el estado del pasajero. Ver. D. Ad. 6ª. Estará vigente hasta que lo decida motivadamente el Gobierno. También se amplía el plazo de adaptación de las Sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (SAGEP).\nEn materia de investigación científica, se establece la posibilidad de conceder de forma directa subvenciones para la realización de proyectos de investigación científica, técnica e innovación que son consecuencia de convocatorias públicas de I+D+i efectuadas por las estructuras creadas por varios Estados miembros en ejecución del programa marco plurianual de la Unión Europea.\nEntró en vigor el 25 de junio de 2020. (JFME)\nPDF (BOE-A-2020-6621 – 49 págs. – 861 KB)\nResumen: Se aprueban los modelos 200, 206 y 220, correspondientes al Impuesto de Sociedades y al Impuesto sobre la Renta de no Residentes para los periodos impositivos iniciados durante 2019.\nSe aprueban -e incorporan en anexos- los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español) y sus documentos de ingreso o devolución, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, consistentes en:\na) Declaraciones del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español). Modelos 200 y 220.\nb) Documentos de ingreso o devolución. Modelos 200, 206 (No residentes) y 220.\nEl modelo 200, que figura como anexo I de la presente orden, es aplicable, con carácter general, a todos los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y a todos los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes obligados a presentar y suscribir la declaración por cualquiera de estos impuestos.\nEl modelo 220, que figura como anexo II, es aplicable a los grupos fiscales, incluidos los de cooperativas, que tributen por el régimen fiscal especial establecido en el capítulo VI del título VII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y en el RD 1345/1992, de 6 de noviembre.\nLa presentación se realizará de acuerdo con lo previsto en el apartado a) del artículo 2 de la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, con las especialidades del art. 2.\nEl pago se realizará conforme al art. 3, permitiendo la domiciliación bancaria.\nLa presentación electrónica se regula en los arts. 4 y 5.\nEl plazo de presentación se concreta en el art. 6.\n– De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 124.1 Ley 27/2014, el modelo 200 de declaración del Impuesto sobre Sociedades, se presentará en el plazo de los 25 días naturales siguientes a los seis meses posteriores a la conclusión del período impositivo.\n– De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 21 y 38 del TR Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, el modelo 206 se presentará en el plazo de los 25 días naturales siguientes a los seis meses posteriores a la conclusión del período impositivo.\nEntró en vigor el día 1 de julio de 2020.\nPDF (BOE-A-2020-6743 – 191 págs. – 6.321 KB)\nResumen. En ejecución de un segundo Acuerdo Social en Defensa del Empleo se prorrogan y adaptan medidas tomadas durante la pandemia sobre ERTEs, cotizaciones a la Seguridad Social, desempleo, compromiso de mantener el empleo o límites en la distribución de dividendos. Medidas para autónomos sobre cotizaciones y sobre compatibilidad entre prestación de cese de actividad con el trabajo por cuenta propia. Se crea el FERGEI para garantizar a los consumidores electrointensivos los contratos de suministro a medio y largo plazo.\nEl Acuerdo Social en Defensa del Empleo (I ASDE), alcanzado entre los agentes sociales y el Gobierno el día 8 de mayo de 2020, se convirtió en el RDLey 18/2020, de 12 de mayo. Buscaba facilitar el restablecimiento gradual de la actividad diferenciado por sectores, colectivos y zonas geográficas, tras las medidas de sostenimiento del empleo adoptadas, entre otros por el RDLey 8/2020, 17 marzo. Tenía un ámbito temporal limitado, hasta el 30 de junio de 2020.\nEl II Acuerdo en Defensa del Empleo (II ASDE) prorroga y adapta el anterior al momento actual en el que persisten los efectos de la crisis sanitaria en el funcionamiento regular de las empresas de modo no homogéneo. Fruto de este Acuerdo es buena parte del contenido de este nuevo RDLey.\nERTEs. Art. 1\nA) Fuerza mayor. Respecto a los expedientes de regulación temporal de empleo basados en las causas recogidas en el 22 RDLey 8/2020, de 17 de marzo (fuerza mayor), solo se aplicará la normativa especial a los ERTEs solicitados antes del 27 de junio de 2020 y con efectos hasta el 30 de septiembre de 2020.\nLas empresas y entidades afectadas por estos expedientes deberán reincorporar a los trabajadores en ERTE en la medida necesaria para el desarrollo de su actividad, primando los ajustes de reducción de jornada.\nSi renuncian totalmente a un ERTE autorizado, han de comunicarlo a la autoridad laboral en el plazo de 15 días desde la fecha de efectos de aquella. También han de comunicar variaciones.\nNo podrán realizarse horas extraordinarias, establecerse nuevas externalizaciones de la actividad ni concertarse nuevas contrataciones durante la aplicación de estos ERTEs. Se recogen excepciones.\nB) ERTEs posteriores al 27 de junio. 2.\nLos expedientes tramitados conforme al art. 23 RDLey 8/2020, de 17 de marzo (por causa económica, técnica, organizativa y de producción), se mantienen en los términos de la comunicación final y por el plazo establecido en la misma.\nA los nuevos procedimientos de regulación temporal de empleo basados en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción vinculadas con el COVID-19 les será de aplicación el mencionado artículo 23, con las especialidades recogidas en este art. 2:\n– La tramitación de estos expedientes podrá iniciarse mientras esté vigente un ERTE del art. 1 (fuerzo mayor).\n– Cuando el expediente se inicie tras la finalización de un ERTE del art. 22 (fuerza mayor), la fecha de efectos de aquel se retrotraerá a la fecha de finalización de este.\n– Los ERTEs vigentes a fecha 27 de junio de 2020 seguirán siendo aplicables en los términos previstos en la comunicación final de la empresa y hasta el término referido en la misma.\n– No podrán realizarse horas extraordinarias, establecerse nuevas externalizaciones de la actividad ni concertarse nuevas contrataciones durante la vigencia del ERTE, salvo excepciones.\nEl artículo 3 prorroga hasta el 30 de septiembre, las medidas de protección asociadas a los ERTEs derivados del COVID-19 y que fueron inicialmente reguladas en el art. 25 (apartados 1 al 5) RDLey 8/2020, de 17 de marzo.\nSe extienden además las especiales medidas de protección por desempleo a las personas que sean afectadas por los nuevos expedientes que se tramiten en caso de rebrote, a los que se refiere la D. Ad. 1ª.\nRespecto a los trabajadores fijos-discontinuos y a los que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas, las medidas extraordinarias del art. 25 (apartado 6) RDLey 8/2020, de 17 de marzo, se extienden hasta el 31 de diciembre de 2020.\nCotizaciones a la Seguridad Social durante los ERTEs. Art. 4 y D. Ad. 1ª y 2ª\nSiguiendo la estela de los RDLeyes 8/2020, de 17 de marzo, y 18/2020, de 12 de mayo, en el artículo 4 se contempla, como medida extraordinaria en materia de cotización vinculada a los ERTEs por causa de fuerza mayor (los del art. 22 RDLey 8/2020), la exención parcial del pago de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta distinguiendo, a los efectos del porcentaje de exención aplicable, entre las personas trabajadoras que hayan reiniciado su actividad y aquellas otras que continúen con sus actividades suspendidas y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión.\nLa misma exención se aplicará, a partir del 27 de junio de 2020, a los expedientes de regulación temporal de empleo por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (los del art. 23 RDLey 8/2020), tanto a los anteriores a dicha entrada en vigor como a aquellos iniciados tras la finalización de expedientes basados en la causa prevista en el artículo 22 RDLey 8/2020.\nEn resumen los porcentajes de reducción son los siguientes:\na) Respecto de las personas trabajadoras que reinicien su actividad a partir del 1 de julio de 2020: el 60 % (40% para empresas de 50 o más trabajadores).\nb) Respecto de las personas trabajadoras de estas empresas que continúen con sus actividades suspendidas a partir del 1 de julio de 2020: el 35 % (25% para empresas de 50 o más trabajadores).\nLas exenciones en la cotización a que se refiere este artículo no tendrán efectos para las personas trabajadoras, manteniéndose la consideración del período en que se apliquen como efectivamente cotizado a todos los efectos.\nAdemás, derivadas del II ASDE se incluyen varias disposiciones adicionales entre las que destacamos:\nLa D. Ad. 1ª incrementa el beneficio de cotización para las empresas y entidades que, a 30 de junio de 2020, continúan en situación de fuerza mayor total, así como para las empresas y entidades que soliciten un ERTE ante la imposibilidad de desarrollar su actividad con motivo de la adopción de nuevas restricciones o medidas de contención como consecuencia de un eventual agravamiento de la pandemia provocada por la COVID-19.\nLa D. Ad. 2ª extiende el beneficio relativo a considerar como cotizado el tiempo de duración del ERTE por las causas de los arts 22 y 23 RDLey 8/2020, de 17 de marzo, a los trabajadores incluidos en los ERTEs cuando no tengan derecho a la prestación por desempleo, tales como, por ejemplo, los asimilados a trabajadores por cuenta ajena, considerándoles a estos efectos en situación asimilada a la de alta.\nLas disposiciones adicionales 3ª, 4ª y 5ª, establecen el marco del diálogo social (Comisión de seguimiento, diálogo sobre desempleo y Pacto por el Empleo).\nEl artículo 5 recoge medidas que ya aparecían en el RDLey 18/2020:\nLas empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en paraísos fiscales no podrán acogerse a los ERTEs regulados en el artículo 1 de este RDLey.\nLas sociedades mercantiles u otras personas jurídicas, con 50 o más trabajadores, que se acojan a los ERTEs regulados en los arts. 1 y 2 de este RDLey y que utilicen los recursos públicos destinados a los mismos no podrán repartir dividendos correspondientes al ejercicio fiscal en que se apliquen estos expedientes, excepto si abonan previamente el importe correspondiente a la exoneración aplicada a las cuotas de la seguridad social.\nNo se tendrá en cuenta el ejercicio en el que la sociedad no distribuya dividendos por tal causa, a los efectos del ejercicio del derecho de separación de los socios previsto en el apartado 1 del artículo 348 bis TRLSC.\nMantenimiento del empleo. Arts 6 y 7\nEl compromiso de mantenimiento del empleo regulado en la D. Ad. 5ª (realmente la 6ª) RDLey 8/2020, de 17 de marzo, se extenderá, en los términos previstos en la misma, a las empresas y entidades que apliquen un ERTE basado en la causa del artículo 23 de dicha norma y se beneficien de las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el artículo 4 (cotizaciones a la Seguridad Social)..\nPara las empresas que se beneficien por primera vez de las medidas extraordinarias previstas en materia de cotizaciones a partir del 27 de junio de 2020, el plazo de 6 meses del compromiso empezará a computarse desde el 27 de junio de 2020.\nSe mantiene la vigencia hasta el 30 de septiembre del 2020 del artículo 2 RDLey 9/2020, de 27 de marzo, según el cual, “la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los arts 22 y 23 RDLey, de 17 de marzo, no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido“.\nTambién se mantiene la vigencia hasta el 30 de septiembre del 2020 del artículo 5 RDLey 9/2020, de 27 de marzo, según el cual, “La suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, por las causas previstas en los artículos 22 y 23 RDLey 8/2020, de 17 de marzo, supondrá la interrupción del cómputo, tanto de la duración de estos contratos, como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido, en cada una de estas modalidades contractuales, respecto de las personas trabajadoras afectadas por estas.”\nTrabajadores autónomos. Arts. 8 al 10\nEl título II establece medidas para la protección de los trabajadores autónomos que tienen por objeto aliviar, en el ámbito de la Seguridad Social, de forma progresiva, la carga que deben asumir al inicio o continuación de la actividad, una vez levantado el estado de alarma.\nA) Cotización a la Seguridad Social. El 8 prevé una exención progresivamente descendente en la obligación de cotizar durante los tres primeros meses siguientes al levantamiento del estado de alarma para aquellos trabajadores que estuvieran percibiendo a 30 de junio la prestación por cese de actividad recogida en el art. 17 RDLey 8/2020, de 17 de marzo, que alcanza el 100 % en el mes de julio, el 50 % en agosto y el 25 % en el mes de septiembre. La exención de cotización será incompatible con la percepción de la prestación por cese de actividad.\nB) Compatibilidad. Se prevé la posibilidad de compatibilizar la prestación de cese de actividad con el trabajo por cuenta propia siempre que el solicitante cumpla con los requisitos que determina el 9.\nC) Trabajadores de temporada. Se contempla una prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores de temporada que se hayan visto imposibilitados para el inicio o el desarrollo ordinario de su actividad. 10.\nLa D.Ad. 6ª crea una comisión de seguimiento de las medidas de apoyo para la recuperación de la actividad de los trabajadores autónomos en el ámbito de la Seguridad Social.\nConsumidor electrointensivo. Título III.\nEsta figura fue introducida por el RDLey 20/2018, de 7 de diciembre, referida a compañías cuyos costes incluyen un elevado uso de la electricidad.\nEstas compañías precisan firmar acuerdos de suministro de electricidad a medio y largo plazo que les doten de seguridad, previsión y estabilidad, para lo cual es necesario obtener garantías y coberturas que acompañen a los mismos y se mantengan a lo largo de su vigencia.\nAl no haber respondido el mercado hasta el presente a esta necesidad, en el título III de este RDLey, se articula la cobertura de estos riesgos por cuenta del Estado, creándose el Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas (FERGEI), para la cobertura por cuenta del Estado de los riesgos derivados de operaciones de compraventa a medio y largo plazo del suministro de energía eléctrica entre consumidores de energía eléctrica que tengan la condición de consumidores electrointensivos, y los distintos oferentes de energía eléctrica en el mercado de producción, promoviendo el desarrollo de fuentes de energía renovables.\nSu creación debe de efectuarse mediante una norma con rango de ley, al carecer de personalidad jurídica, conforme al art. 137 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público\nLa gestión y administración del FERGEI se atribuye al Consorcio de Compensación de Seguros (en adelante Consorcio). Se designa como Agente Gestor a la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros, SME, (CESCE).\nLas disposiciones adicionales séptima a décima regulan la puesta en marcha del citado fondo.\nPequeña reforma del Estatuto de los Trabajadores.\nAfecta al apartado 2 del artículo 8, dedicado a la forma de los contratos, en concreto, cuándo debe de constar por escrito. Lo reproducimos con la advertencia de que, aunque cambia el orden, sólo es novedad la necesidad de que consten por escrito los contratos de trabajo de los pescadores.\nEntró en vigor el 27 de junio de 2020.\nPDF (BOE-A-2020-6838 – 30 págs. – 504 KB)\nFase 3 en la Administración de Justicia. Orden JUS/504/2020, de 5 de junio, por la que se activa la Fase 3 del Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19. (6-VI)\nPDF (BOE-A-2020-5764 – 3 págs. – 229 KB) Otros formatos\nFases 2 y 3: medidas complementarias. Orden SND/507/2020, de 6 de junio, por la que se modifican diversas órdenes con el fin de flexibilizar determinadas restricciones de ámbito nacional y establecer las unidades territoriales que progresan a las fases 2 y 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. (6-VI)\nPDF (BOE-A-2020-5795 – 7 págs. – 255 KB) Otros formatos\nFases 2 y 3: Servicios aéreos y marítimos. Orden SND/487/2020, de 1 de junio, por la que se establecen las condiciones a aplicar en las fases 2 y 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad en materia de servicios aéreos y marítimos. (2-VI)\nPDF (BOE-A-2020-5567 – 8 págs. – 263 KB) Otros formatos\nFase 3. Orden SND/520/2020, de 12 de junio, por la que se modifican diversas órdenes para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma y se establecen las unidades territoriales que progresan a la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. (13-VI)\nPDF (BOE-A-2020-6088 – 6 págs. – 252 KB) Otros formatos\nFase 3. Orden SND/535/2020, de 17 de junio, por la que se modifica la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, y la Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. (18-VI)\nPDF (BOE-A-2020-6310 – 4 págs. – 233 KB)\nFronteras. Orden SND/521/2020, de 13 de junio, por la que se prorrogan los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.\nPDF (BOE-A-2020-6107 – 4 págs. – 236 KB) Otros formatos\nTransporte de animales. Orden SND/493/2020, de 3 de junio, por la que se modifica la Orden TMA/279/2020, de 24 de marzo, por la que se establecen medidas en materia de transporte de animales. (4-VI)\nPDF (BOE-A-2020-5647 – 2 págs. – 222 KB) Otros formatos\nTurismo internacional. Orden SND/518/2020, de 11 de junio, por la que se regula la autorización de un programa piloto de apertura de corredores turísticos seguros en la Comunidad Autónoma de Illes Balears mediante el levantamiento parcial de los controles temporales en las fronteras interiores establecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (12-VI)\nPDF (BOE-A-2020-6024 – 6 págs. – 299 KB) Otros formatos\nTurismo internacional. Orden ICT/534/2020, de 16 de junio, por la que se amplía el anexo de la Orden SND/518/2020, de 11 de junio, por la que se regula la autorización de un programa piloto de apertura de corredores turísticos seguros en la Comunidad Autónoma de Illes Balears mediante el levantamiento parcial de los controles temporales en las fronteras interiores establecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (18-VI)\nPDF (BOE-A-2020-6307 – 2 págs. – 235 KB) Otros formatos\nTransporte internacional. Orden TMA/505/2020, de 5 de junio, por la que se amplía la relación de puntos de entrada designados con capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia internacional. (6-VI)\nPDF (BOE-A-2020-5766 – 2 págs. – 221 KB) Otros formatos\nResumen: Se incluyen cuatro disposiciones catalanas.\nCataluña. Ley 4/2020, de 29 de abril, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2020.\nDestacar que las normas tributarias, establecidas por el título V, hacen referencia al canon del agua y a la actualización de las tasas con tipo de cuantía fija.\nPDF (BOE-A-2020-5568 – 69 págs.– 975 KB) Otros formatos\nCataluña. Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente.\nLa presente ley tiene regula un conjunto de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público para el ejercicio de 2020.\n1.- Medidas fiscales\nI.1 Tributos propios\nEn el ámbito de los tributos propios, el título I se divide en nueve capítulos. En el capítulo I, relativo a los tributos gestionados por la Agencia de Residuos de Cataluña, se establece el incremento progresivo en cuatro años de los tipos de gravamen de los cánones sobre la deposición controlada y la incineración de residuos municipales.\nEl capítulo II contiene las modificaciones de la regulación del canon del agua –impuesto propio gestionado por la Agencia Catalana del Agua– orientadas a hacer efectivo el principio de recuperación de los costes de los servicios vinculados al ciclo del agua.\nEl capítulo III, relativo al impuesto sobre las viviendas vacías, modifica los porcentajes de bonificación establecidos en atención al volumen de viviendas que los sujetos pasivos destinan a alquiler asequible.\nEl capítulo IV recoge dos modificaciones referidas al impuesto sobre grandes establecimientos comerciales. La primera, de carácter técnico, concreta los supuestos de sujeción al impuesto; la segunda, relativa a la determinación de la base imponible, introduce una ratio de vehículos por día y metros cuadrados de superficie específica para los establecimientos de ferretería.\nEl capítulo V, relativo al impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, incorpora a la tributación los cruceros que no entran en el puerto pero permanecen fondeados en sus aguas.\nEn el capítulo VI, relativo al impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial, se introduce una modificación técnica en relación con los instrumentos de información que deben utilizarse para determinar las emisiones objeto de gravamen.\nEl capítulo VII se dedica al impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas.\nEl capítulo VIII crea el impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente. Este tributo grava la incidencia, la alteración o el riesgo de deterioro que ocasiona sobre el medio ambiente la realización de las actividades sujetas al mismo, mediante las instalaciones y otros elementos patrimoniales afectos a las mismas, con el fin de contribuir a compensar a la sociedad del coste que soporta y frenar el deterioro del entorno natural. Estas actividades son, por un lado, las de producción, almacenamiento o transformación de energía eléctrica y, por otro, las de transporte de energía eléctrica, de telefonía o de comunicaciones telemáticas mediante los elementos fijos del suministro de energía eléctrica o de las redes de comunicaciones.\nCierra el bloque de los tributos propios el capítulo IX, que recoge las modificaciones en materia de tasas: se actualizan cuotas, se añaden nuevos hechos imponibles en tasas existentes y se crean nuevas tasas; cabe destacar que se suprimen varias tasas por su escasa o nula aplicabilidad práctica.\nI.2 Tributos cedidos\nEl capítulo I se dedica al impuesto sobre la renta de las personas físicas. Las medidas consisten, por un lado, en incrementar un 10 % el mínimo exento de los contribuyentes con nivel de renta más bajo, con el fin de adaptarlo al coste de la vida en Cataluña, más elevado que la media estatal, y por otro lado se reequilibran los tramos superiores de la escala impositiva: se les otorga a todos una amplitud similar y se divide el actual cuarto tramo de base liquidable general en dos tramos –un tramo de 53.407,20 a 90.000 euros y un tramo de 90.000 a 120.000 euros–, a los que se aplican unos tipos marginales del 21,50 % y del 23,50 %, respectivamente.\nEl capítulo II recoge las medidas referidas al impuesto sobre sucesiones y donaciones. Se modifica, por un lado, la regla de mantenimiento establecida para el disfrute de la reducción del 95 % aplicable a la adquisición mortis causa de bienes del patrimonio cultural, a fin de otorgarle el mismo tratamiento que ya tiene en el supuesto de donación de este tipo de bienes. Por otra parte, se modifica el ámbito de aplicación de la tarifa reducida establecida por el artículo 57.2 de la Ley 19/2010, de regulación del impuesto sobre sucesiones y donaciones, con la exclusión de los contratos de seguros sobre la vida que tienen la consideración de negocios jurídicos equiparables de acuerdo con la normativa reguladora del impuesto. Las modificaciones de mayor impacto, sin embargo, son las siguientes: la reintroducción de los coeficientes multiplicadores en función del patrimonio preexistente para los contribuyentes de los grupos I y II, con el objetivo de dotar al impuesto de un impacto redistributivo mayor y reducir las disparidades económicas, y la modificación del régimen de bonificaciones en la cuota.\nEl capítulo III, relativo al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, contiene, con respecto al ámbito de las transmisiones patrimoniales onerosas, las siguientes medidas:\nse establece una bonificación en las transmisiones de viviendas adquiridas por la Agencia de la Vivienda de Cataluña en ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y una bonificación en las adquisiciones que realizan los promotores sociales, para destinarlas a vivienda de protección oficial de alquiler o cesión de uso;\nse aprueba un tipo reducido del cinco por ciento para las adquisiciones de viviendas por parte de miembros de familias monoparentales, y\nse modifica la regulación de la bonificación de la cuota por la transmisión de viviendas a empresas inmobiliarias, en la que se reduce a tres años el plazo del que disponen para revender la vivienda.\nEn el ámbito de los actos jurídicos documentados, para incentivar la formalización de las distintas operaciones, se crea una bonificación en la cuota del gravamen que recae sobre las escrituras públicas de constitución en régimen de propiedad horizontal por parcelas y sobre los documentos notariales que formalizan actos relacionados con las llamadas arras penitenciales\nEl capítulo IV, por último, regula obligaciones formales de los sujetos pasivos en relación con la presentación de documentos y en relación con los plazos de presentación de autoliquidaciones complementarias en caso de pérdida del derecho a aplicar un beneficio fiscal.\nII- Medidas financieras\nLa parte segunda de la ley, que agrupa las medidas financieras, se ordena en dos títulos: el título III, relativo al régimen jurídico de las finanzas públicas, y el título IV, relativo a las modificaciones legislativas en materia de patrimonio.\nIII. Medidas en el ámbito del sector público\nLa parte tercera reúne las medidas en el ámbito del sector público, y se estructura en tres títulos: el título V, relativo a las medidas en materia de personal de la Administración de la Generalidad y su sector público; el título VI, relativo a las modificaciones legislativas en materia de órganos reguladores, y el título VII, relativo a las medidas de reestructuración y racionalización del sector público.\n1V.- Medidas administrativas\nEl capítulo I del título VIII reúne las modificaciones legislativas en materia de vivienda y urbanismo, que afectan a la Ley 18/2007, del derecho a la vivienda, así como a la Ley 4/2016, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial; al texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2010; a la Ley 12/2017, de la arquitectura, y a la Ley 9/2005, del Jurado de Expropiación de Cataluña.\nEn cuanto a las modificaciones de la Ley del derecho a la vivienda, el sistema de reconocimiento del cumplimiento de la obligación de conservación y mantenimiento de los edificios de viviendas se simplifica con la eliminación del «certificado de aptitud» de la Administración, y se sustituye por un distintivo identificador de la realización y entrega del informe técnico sobre el estado del edificio (ITE).\nEn cuanto a la Ley de protección del derecho de acceso a la vivienda de las personas o unidades familiares en riesgo de exclusión residencial, se amplía la regulación de los supuestos en que los adquirentes de las viviendas y los instantes de los procesos judiciales de ejecución hipotecaria o de otro tipo derivada de la reclamación de una deuda hipotecaria o de desahucio por impago de rentas de alquiler están obligados a ofrecer el realojo a los ocupantes de las viviendas.\nEn cuanto a al texto refundido de la Ley de urbanismo, las modificaciones que se introducen concretan distintos aspectos relativos a la Comisión de Territorio de Cataluña. También tienen por objetivo explicitar en el objeto de la reparcelación la adjudicación de los sistemas urbanísticos de cesión obligatoria y gratuita a favor de la administración titular de la infraestructura, ya que puede no tratarse de la municipal. Además, se establece que cuando la infraestructura no deba ejecutarse inmediatamente, los suelos pueden transferirse al municipio a título de fiduciario con la obligación de deferirlos a la titular de la infraestructura antes de la ejecución.\nEn cuanto a la Ley de la arquitectura, se modifican determinados aspectos relativos a la contratación de los proyectos del proceso arquitectónico.\nEn cuanto a la Ley del Jurado de Expropiación de Cataluña, se amplía el plazo del Jurado para acordar el precio justo, que pasa a ser de tres meses, prorrogables excepcionalmente hasta seis.\nEl capítulo II del título VIII, relativo a las modificaciones legislativas en materia de medio ambiente y sostenibilidad, articula una serie de modificaciones del texto refundido de la Ley de protección de los animales, aprobado por el Decreto legislativo 2/2008; de la Ley 10/1999, sobre la tenencia de perros considerados potencialmente peligrosos; de la Ley 20/2009, de prevención y control ambiental de actividades; de la Ley 16/2017, del cambio climático; de la Ley 4/1998, de protección de Cap de Creus; de la Ley 16/2002, de protección contra la contaminación acústica, y del texto refundido de la Ley reguladora de los residuos, aprobado por el Decreto legislativo 1/2009.\nEl capítulo III del título VIII articula una serie de modificaciones del texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2003.\nEl capítulo IV del título VIII, relativo a las medidas administrativas en materia de infraestructuras y movilidad, modifica la Ley 12/1987, de regulación del transporte de viajeros por carretera mediante vehículos de motor; el texto refundido de la Ley de carreteras, aprobado por el Decreto legislativo 2/2009; la Ley 4/2006, ferroviaria, y la Ley 14/2009, de aeropuertos, helipuertos y otras infraestructuras aeroportuarias.\nEl título IX agrupa medidas administrativas en materia de medio natural, agricultura, desarrollo rural y alimentación, y contiene modificaciones de la Ley 6/1998, forestal de Cataluña; de la Ley 14/2003, de calidad agroalimentaria; de la Ley 2/2010, de pesca y acción marítimas, y de la Ley 4/2017, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el 2017, específicamente de la disposición adicional décima, relativa al Fondo del patrimonio natural, así como en relación con el plazo de los procedimientos sancionadores.\nEl título X, relativo a las medidas en materia de política sanitaria, contiene una serie de modificaciones de la Ley 9/2017, de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos a través del Servicio Catalán de la Salud; del Decreto ley 4/2010, de medidas de racionalización y simplificación del sector público de la Generalidad de Cataluña, en relación con la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña, y de la Ley 7/2006, del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales, en relación con los profesionales que ejercen profesiones sanitarias.\nEl título XI, relativo a las medidas en materia de política social, contiene una serie de modificaciones de la Ley 38/1991, de instalaciones destinadas a actividades con niños y jóvenes; de la Ley 18/2003, de apoyo a las familias; de la Ley 2/2014, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público, en relación con el acceso a datos de carácter personal por parte de las administraciones competentes en materia de servicios sociales; de la Ley 13/2006, de prestaciones sociales de carácter económico; de la Ley 5/2008, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, en cuanto a la percepción de indemnizaciones y ayudas; de la Ley 12/2007, de servicios sociales, en que destacan la regulación de las condiciones de los equipamientos destinados a la atención de personas con pluridiscapacidad derivada de parálisis cerebral y, por otro lado, el compromiso de equiparación laboral de los profesionales de la red concertada de servicios sociales de atención a la dependencia; de la Ley 14/2010, de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia, con el mandato al Gobierno de crear el Comisionado para la Infancia, y de la Ley 13/2014, de accesibilidad, con el objetivo de fijar el uso legal del término personas con discapacidad.\nEl contenido del título XII reúne otras medidas administrativas de carácter sectorial, y se ordena en ocho capítulos: el capítulo I, relativo al turismo; el capítulo II, relativo a la cooperación al desarrollo; el capítulo III, relativo a la Agencia para la Competitividad de la Empresa; el capítulo IV, relativo a la educación; el capítulo V, relativo a los espectáculos públicos y las actividades recreativas; el capítulo VI, relativo al Código tributario; el capítulo VII, relativo a los servicios jurídicos de la Administración de la Generalidad; el capítulo VIII, relativo al deporte, y el capítulo IX, relativo a la cultura.\nEl título XIII de la parte cuarta contiene otras medidas administrativas, de carácter general. Modifica la Ley 26/2010, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, con la adición de un artículo nuevo, el 66 bis, que establece la participación ciudadana en la elaboración de disposiciones reglamentarias mediante una consulta pública en el Portal de la Transparencia de la Generalidad. Modifica también la Ley 19/2014, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en el ámbito de los sistemas de gestión de la calidad de los servicios públicos y de las cartas de servicio, estableciendo el régimen de suspensión temporal de los estándares mínimos de calidad declarados en las cartas de servicio y del régimen de aseguramiento de la calidad de los servicios prestados por gestión indirecta. Por último, este capítulo modifica la Ley 5/2006, del libro quinto del Código civil de Cataluña, relativo a los derechos reales, con respecto a la regulación de las prendas.\nV.- Parte final\nLa parte final de la ley contiene cuatro disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, dos disposiciones derogatorias y tres disposiciones finales.\nEntró en vigor el 1 de mayo de 2020. (GGB)\nPDF (BOE-A-2020-5569 – 166 págs.– 4.614 KB) Otros formatos\nCataluña. Decreto-ley 16/2020, de 5 de mayo, de medidas urgentes complementarias en materia de transparencia, ayudas de carácter social, contratación y movilidad para hacer frente a la COVID-19.\nEl Decreto-ley se estructura en ocho capítulos, treinta y ocho artículos, dos disposiciones adicionales y dos disposiciones finales.\nEn el capítulo I, se refiere a medidas complementarias de transparencia del abono de suministros y otras para hacer frente al contexto generado por la COVID-19.\nAsí, el capítulo II prevé ayudas destinadas a la financiación para la elaboración y la ejecución de los planes reactivación socio-económica COVID-19 de las entidades locales.\nEl capítulo III aprueba una línea extraordinaria y urgente del Programa de trabajo y formación para paliar situaciones derivadas de la COVID-19, que consiste en proyectos de mejora de la empleabilidad de los trabajadores, especialmente de aquellos que se han quedado sin trabajo a causa de la crisis de la COVID-19 y de los que tienen más dificultades de acceso al mercado laboral, por medio de acciones de experiencia laboral y acciones de formación y, si procede, acciones de formación transversal.\nEl capítulo IV prevé una medida de ayudas para el mantenimiento del empleo en microempresas y por parte de autónomos con personas a su cargo, que se han visto afectadas por la crisis de la COVID-19, y con el objeto de evitar el desempleo de las personas que tienen contratadas.\nEl capítulo V prevé medidas de apoyo a las microempresas, autónomos, las empresas cooperativas y de la economía social\nEl capítulo VI prevé medidas en los programas en materia de trabajo autónomo, con una previsión de flexibilización en la convocatoria de apoyo la consolidación, fortalecimiento y reinvención del trabajo autónomo en Cataluña, previendo medidas como el aumento de las sesiones de asesoramiento, o la adaptación de las sesiones de información a las nuevas necesidades derivadas de la crisis de la COVID-19.\nEn relación con el capítulo VII, el Decreto-ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica, modificado parcialmente por el Decreto-ley 8/2020, de 24 de marzo, establece varias medidas relacionadas con la suspensión de los contratos administrativos afectados por la situación del estado de alarma declarada por el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo.\nRespecto al capítulo VIII, referido a medidas en materia de movilidad y con respecto al ámbito específico de los trabajadores del sector agrario, procede adoptar medidas que coadyuven al impulso de la reactivación económica en los sectores de proximidad y al reequilibrio territorial.\nEn cuanto a las disposiciones adicionales, la primera prevé la posibilidad, si procede, de ampliar los importes máximos que se destinen y la segunda prevé la posibilidad de efectuar un anticipo a los centros especiales de trabajo por vencidos, para atender la situación excepcional derivada de la COVID-19.\nEntró en vigor el 7 de mayo de 2020.\nPDF (BOE-A-2020-6426 – 22 págs.– 517 KB) Otros formatos\nCataluña. Decreto-ley 19/2020, de 19 de mayo, de medidas complementarias en materia social y sanitaria para paliar los efectos de la pandemia generada por COVID-19.\nEste decreto-ley se estructura en tres capítulos, 7 artículos y una disposición final.\nEl capítulo I, con el artículo 1, complementa la Resolución TSF/778/2020, de 25 de marzo, estableciendo la forma y condiciones en que el pago de estos servicios se efectuará a sus prestadores por lo que es necesario definirlo y establecer los términos necesarios y adecuados.\nPor otra parte, en el capítulo II, artículo 2, en relación con las rotaciones externas del personal en formación por el sistema de residencia como especialistas en ciencias de la salud en Cataluña, hace referencia al establecimiento de una suspensión temporal de la limitación actual a la realización de rotaciones externas durante los tres últimos meses de formación de los profesionales residentes.\nFinalmente, el capítulo III dota a las sociedades cooperativas de mecanismos e instrumentos que les permita superar las restricciones derivadas de las medidas de emergencia sanitaria y puedan continuar una vez se haya levantado el estado de alarma.\nEntró en vigor el 21 de mayo de 2020.\nPDF (BOE-A-2020-6428 – 6 págs.– 253 KB) Otros formatos\nCataluña. Conflicto positivo de competencia n.º 6116-2019, en relación con el Acuerdo Gov/90/2019, de 25 de junio, del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, por el que se aprueba el Plan estratégico de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea 2019-2022.\nEl Pleno del Tribunal Constitucional, en el conflicto positivo de competencia promovido por el Abogado del Estado, en representación del Gobierno de la Nación, ha acordado mantener la suspensión del Acuerdo Gov/90/2019, de 25 de junio, por el que se aprueba el Plan estratégico de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea 2019-2022 y se acuerda el envío al Parlamento de Cataluña.\nPDF (BOE-A-2020-6696 – 1 pág. – 211 KB) Otros formatos\nResumen: Resultado del Concurso de Registros. Convocatoria del Concurso Notarial. Jubilaciones de 10 notarios (4 de ellas voluntarias) y de 3 registradores.\nTras la Instrucción DGSJFP 28 de mayo de 2020, se reanudó el plazo para el concurso de traslados terminando el mismo el pasado jueves, día 11.\nYa se ha publicado en la web del Ministerio de Justicia el resultado provisional del que se desprende que se han cubierto 41 plazas y quedado desiertas, para aspirantes, otras seis.\nPor tanto, el número actual de plazas reservadas para las presentes Oposiciones, salvo error, se eleva ya a 56 Plazas (48 DGRN y 8 Cataluña)\nIr a la convocatoria realizada por Resolución DGSJFP de 2 de marzo de 2020.\nDGSJFP. Resolución de 11 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se convoca concurso para la provisión de notarías vacantes.\nSe ofrecen 141 plazas (74 estaban cubiertas y 67 quedaron desiertas en el concurso anterior.\nEl plazo termina, salvo error, el 1 de julio de 2020.\nPDF (BOE-A-2020-6257 – 11 págs. – 529 KB) Otros formatos\nCATALUÑA. Resolución de 11 de junio de 2020, de la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas del Departamento de Justicia, por la que se convoca concurso para la provisión de notarías vacantes.\nSe ofrecen 58 plazas (19 estaban cubiertas y 39 quedaron desiertas en el concurso anterior.\nEntre los dos concursos se ofrecen 199 plazas (93 estaban cubiertas y 106. desiertas previamente).\nEl plazo termina, salvo error, el 2 de julio de 2020.\nPDF (BOE-A-2020-6265 – 8 págs. – 963 KB) Otros formatos Publicación en el DOGC\nSe jubila a la notaria de Ciudad Real doña María Paz Canales Bedoya.\nSe jubila al notario de Martorell don Francisco de Paula Polo Ortí.\nSe jubila al notario de Córdoba don José María Montero Pérez Barquero.\nSe jubila al notario de Gijón don José Luis Rodríguez García-Robes.\nSe jubila al notario de Madrid don José Fernando Usera Cano.\nSe jubila al notario de Málaga don Federico Pérez-Padilla García.\nSe jubila a don Josep María Quintana Petrus, registrador mercantil y de bienes muebles de Palma de Mallorca I.\nSe jubila a don Octavio Linares-Rivas Lalaguna, registrador de la propiedad de Adeje.\nSe jubila a don José Luis Aragón Aparicio, registrador de la propiedad de Madrid n.º 28.\nSe dispone la jubilación voluntaria del notario de Torrejón de Ardoz don José María Piñar Gutiérrez.\nSe dispone la jubilación voluntaria del notario de Getafe don Eduardo Torralba Arranz.\nSe dispone la jubilación voluntaria del notario de Madrid don Rafael Vallejo Zapatero.\nSe dispone la jubilación voluntaria del notario de Zaragoza don Mariano Jesús Pemán Melero.\nEn JUNIO, se ha publicado OCHENTA Y OCHO. Se ofrecen en ARCHIVO APARTE. Las primeras 59 son todavía de la DGRN.\nCaballo bebiendo. Por Sofía Díaz Hernández, registradora de Vitoria.\ncaballo bebiendo, raquel laguillo, sofia diaz hernandez


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