Geopolítica de la Conmebol - Por Federico Larsen - NODAL\nGeopolítica de la Conmebol – Por Federico Larsen\nPor Federico Larsen*\nLa Copa América 2020, finalmente, se realizará en 2021 y en Brasil. La Confederación Sudamericana de Fútbol (de allí, Conmebol) lo anunció en medio de las polémicas suscitadas a nivel continental por la obstinación de las autoridades del fútbol sudamericano en querer realizar la competencia a pesar de la crisis sanitaria regional, que lejos está aún de ser superada. Tozudez demostrada también en otras circunstancias recientes, como cuando se obligó al primer equipo del Club River Plate a disputar su partido de Copa Libertadores, uno de los torneos continentales organizado por la Conmebol, a pesar de tener que designar a un mediocampista lesionado como arquero, y no tener suplentes por un brote de coronavirus en el plantel. O como cuando los gases invadían las canchas colombianas en medio de la represión policial al paro nacional en los alrededores de los estadios donde se siguió jugando. El apuro para la realización de la Copa América, o de los torneos continentales, responde evidentemente a una necesidad económica, aunque no es la única y no necesariamente la más importante.\nLa Conmebol tiene gastos, y en el año y medio que lleva el continente bajo las limitaciones debidas a la pandemia, se ha hecho más difícil enfrentarlos. Para el año 2021, por ejemplo, la Conmebol distribuirá 168 millones de dólares en premios entre los equipos que participan de la Copa Libertadores, y otros 157 millones entre aquellos que compiten por la Sudamericana. En 2017, la Conmebol selló un contrato con el grupo IMG-Perform y le adjudicó la licitación para la venta y postventa de los derechos televisivos de todas las competencias por el período 2019-2022, por un mínimo garantizado de 1.400 millones de dólares distribuidos en 350 millones anuales. A esto deben agregarse unos 35 millones provenientes de los patrocinadores, que invierten en un golpe solo en todos los torneos anuales de la confederación .\nPero un evento como la pandemia por Coronavirus no sólo pone en riesgo el cumplimiento de esos contratos, sino que aumenta los gastos de la Conmebol. Sus asociadas, es decir las 10 federaciones de fútbol sudamericanas, debieron incurrir en gastos extra para sostener a muchos de sus clubes, asfixiados por deudas, cuentas y salarios, y con ingresos reducidos por la suspensión de los torneos. La Conmebol desembolsó unos 95 millones de pesos para dar respiro al fútbol sudamericano. Además algunas empresas de comunicaciones, como O’Globo en Brasil, pidieron la aplicación de cláusulas de rescisión de contratos de televisación ante la suspensión de los partidos de Libertadores y Sudamericana en 2020. Una máquina aceitadísima, pero que parada no sirve. La necesidad de hacer cuadrar las cuentas, garantizar partidos para que sean televisados, y poner a rodar de vuelta el mecanismo del fútbol es, a todas luces, imperiosa.\nLa organización a los ponchazos de la Copa América en Brasil responde en parte a esta obligación. En la edición Centenario de la Copa América de 2016, que se disputó en EEUU, la Conmebol logró la recaudación récord de 500 millones de dólares. Para esta edición, que debía realizarse entre Argentina y Colombia en 2020, los derechos televisivos fueron adjudicados a Univisión, cadena televisiva estadounidense para el público hispanohablante propiedad de la mexicana Televisa, por alrededor de 180 millones de dólares. Contratos ya sellados para un torneo que debía jugarse hace un año, y que no tiene posibilidad alguna de reprogramación vista la cercanía de la Copa del Mundo de la FIFA de Qatar 2022.\nEl poder del fútbol sudamericano\nLa Conmebol nació, de hecho, a partir de la organización de una Copa América. Fue por iniciativa del gobierno argentino que para festejar el centenario de la independencia organizó un torneo de fútbol entre las federaciones de Uruguay, Brasil, Argentina y Chile en 1916. Fue el primer torneo internacional de fútbol del mundo, y llevó a las federaciones de los países que participaron a fundar una confederación que diera continuidad a la experiencia. De ese trabajo asociativo internacional surgió, entre otras cosas, la primera Copa del Mundo de fútbol, disputada en Uruguay en 1930.\nEran los tiempos del modelo de confederaciones deportivas guiadas por filántropos excéntricos y conservadores, maestros, profesores y ex deportistas dedicados ad honorem a la tarea de la difusión de los valores del deporte, que duró en realidad hasta los años ’70. En el caso de la FIFA, el quiebre se dio en 1974 con la elección del empresario brasileño João Havelange como presidente. Allí comenzó a consolidarse el modelo empresarial de expansión de los intereses del fútbol a partir de las actividades de sus dirigentes . Havelange incluyó tantas federaciones cuantas fuera posible, especialmente en las regiones más inestables y remotas del mundo. En América Latina contó con el apoyo de Teófilo Salinas, presidente peruano de la Conmebol de 1966 a 1986, que llevó a cabo incluso una gira por Asia y África para conseguir los votos que permitieron a Havelange llegar a la presidencia de la FIFA. En América del Sur ese cambio de visión se acompañó con el cambio del nombre del torneo de selecciones, que de Campeonato Sudamericano asumió su nombre actual, Copa América, en 1975.\nEs aquí que se comenzó a prefigurar esa forma de operar muy vinculada a la acción de los presidentes de las organizaciones deportivas internacionales, convertidos en agentes en el sistema internacional, depositarios de un poder derivado del naciente negocio pero especialmente de los vínculos que el deporte fue tejiendo con las élites de los países involucrados. Los movimientos de los decisores del fútbol internacional se convirtieron a partir de este momento en un elemento importante, aunque no del todo decisivo, en el desarrollo de la actividad deportiva, y es a partir de aquí que en Sudamérica se contempla la necesidad de reforzar su “agencia”, la Confederación.\nLa Conmebol se consolidó como institución y actor a nivel regional hacia finales de los ’90, bajo la presidencia del paraguayo Nicolás Leoz, quien fue reelegido por seis mandatos consecutivos hasta 2013. Leoz encarnó muy bien el nuevo rol de actor internacional sin estados detrás que había inaugurado Havelange y continuaría el suizo Blatter, presenciando giras y encuentros para hacer lucir al fútbol sudamericano en todo el mundo. En 2009 llegó a celebrar la habilitación del Museo del Fútbol de la Conmebol junto con la princesa Hisako Takamado, de Japón .\nUno de los temas fundamentales a resolver tenía que ver con la estructura legal societaria, que debía radicarse en algún estado sudamericano para someterse a su ley y pode ampliar la posibilidad de relaciones y contratos. La FIFA, el Coi y muchas otras organizaciones deportivas internacionales lo habían hecho en Suiza, aprovechando la permisividad de su derecho administrativo y la opacidad de su sistema bancario.\nBajo el liderazgo de Leoz la Conmebol eligió una sede, un territorio a partir del cual desplegar sus relaciones. En 1990 se eligió oficialmente Asunción, donde acababa de cerrarse la larga dictadura del general Alfredo Stroessner, se preparaba una nueva constitución, una nueva institucionalidad y los sectores de poder reconfiguraban sus relaciones sin perder el dominio de la tierra y la industria. Paraguay no era exactamente un país modelo en el mundo del fútbol. Cuando le tocó organizar la Copa América en 1924 y 1953, no pudo ejercer de anfitrión debido a la falta de infraestructura. Esos torneos finalmente fueron organizados por la Asociación Paraguaya de fútbol, pero se celebraron en Uruguay y Perú, y la primera Copa América jugada en Paraguay recién fue la de 1999. La definición de Asunción como sede permitía a la dirigencia del fútbol sudamericano, comandada por alguien que conocía muy bien los códigos, las élites y las formas de construcción de poder locales, afirmarse aprovechando la reestructuración general que la primavera democrática parecía dejar entrever.\nUna Conmebol “paraguaya”\nLa Conmebol es técnicamente una Asociación Civil sin fines de lucro regulada por el Código Civil Paraguayo y la Ley del Deporte de Paraguay . No es regulada por el derecho internacional ni es una organización internacional, al estar compuesta por federaciones deportivas y no por estados. Su poder para negociar con las instituciones públicas no es de iure, sino más bien de facto. De hecho, la Conmebol debería someterse al imperio de las leyes locales de los lugares en los que lleva a cabo sus actividades, pero eso suele ser más bien fruto de una negociación.\nO a veces las leyes para la Conmebol son confeccionadas ad hoc. La Ley 1070 , del 19 de junio de 1997, del Poder Legislativo de la República del Paraguay, otorgó a la sede de la Conmebol -que en ese momento aún debía terminarse- la misma inmunidad que cualquier otra sede diplomática, así como se le reconocía funciones internacionales a sus funcionarios. En una entrevista al diario Olé , el mismo Leoz comentaba los entretelones de esa decisión: “Se jugaba la Copa América de Bolivia en 1997, yo me enfermé y quedé internado en Bolivia. Un día me vino a visitar al hospital el presidente de la república (Juan Carlos Wasmosy), y le pregunté qué le parecía lo de la inmunidad… Y él me dijo: “Conseguite la Cámara de Senadores y de Diputados, y yo te firmo el decreto”. Y después recuerdo que me decían que iba a tener el privilegio de traer autos liberados… Pero no hemos traído ni un tornillo”. Una anécdota que resume perfectamente las formas que asume el ejercicio del poder en ámbitos como el de la Conmebol.\nAdemás de la acción de presidente y funcionaros, es necesario mirar a las decisiones del fútbol sudamericano desde la óptica del Paraguay, un país que no puede competir con las capacidades industriales y diplomáticas de Argentina o Brasil, pero que es definitivamente el eje de la política deportiva sudamericana. Un ámbito cuyo aporte a la potencia “dura” de los estados es limitado, pero sobre el cual cualquier gobierno ambiciona a tener alguna forma de control. El fútbol a nivel global es un instrumento para la construcción de soft power, una forma de acrecentar la influencia o atracción internacional. Los escándalos de sobornos pagados durante las reuniones de designación de las sedes de los mundiales 2018 y 2022 son sólo un pálido reflejo de eso. Y es una carta que Paraguay ha sabido jugar. El Centro de Convenciones de la Conmebol en Luque, en el Gran Asunción, ha sido sede de cumbres internacionales y de reuniones diplomáticas -más y menos informales- importantes para la política paraguaya y latinoamericana.\nLa designación en tiempo suplementario de Brasil para esta Copa América tiene, además de una gran cuota de oportunismo por parte de las autoridades de la Federación de Fútbol de Brasil y del gobierno de Jair Bolsonaro, una relación evidente también con lo que significa mirar al continente desde Paraguay. Desde el desastre de la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) en que Argentina, Brasil y Uruguay -bajo el auspicio del Reino Unido- lograron aplastar el proyecto de desarrollo nacional del Doctor Francia y el mariscal Francisco Solano López, el destino de las relaciones exteriores de Asunción estuvo fuertemente legado al de estos tres países. La Triple Frontera es un espacio geopolítico clave para América Latina, y los principales acuerdos de cooperación del Paraguay giran alrededor de la producción energética y el aprovechamiento de las aguas que comparte con Argentina y Brasil. La creación del Mercosur, cuyo acto constitucional se firmó justamente en Asunción, profundizó ese rasgo de la inserción internacional de Paraguay. Una organización cuya dirigencia se encuentra tan marcadamente vinculada a los avatares de las clases dirigentes del Paraguay, y que tiene allí también su radicación legal, no puede no moverse en la misma esfera de relación geopolítica. Caída la candidatura de Argentina en un fin de semana de fuego para la dirigencia de la Conmebol, y a sabiendas de que Uruguay no aceptaría alojar la competencia, Brasil era el asociado más obvio al que acudir.\nUn actor internacional sudamericano\nSi bien Uruguay dejó bien claro desde un principio que no estaba en condiciones de hospedar a un torneo con 10 equipos y 28 partidos , y menos aún con tan poca antelación, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou fue muy importante para que la Conmebol lograra uno de los hitos que quedarán entre los más importantes de su proyección geopolítica: la entrega de 50.000 vacunas de la empresa Sinovac Biotech Ltd provenientes de China y fabricadas exclusivamente para la Confederación del Fútbol Sudamericano.\nAsí como las relaciones internacionales del Paraguay han consolidado la proyección de la Conmebol hacia el Cono Sur, también sus limitaciones pueden afectar las posibilidades de la máxima entidad del fútbol. A principios de año, cuando ya era claro que para el lanzamiento de los torneos en América del Sur serían necesarias medidas sanitarias contundentes, la Conmebol comenzó a sondear la posibilidad de adquirir vacunas para inmunizar a todos los planteles de la Copa América y garantizar así su celebración “segura”. Pero el mercado global de vacunas no existe. Empresas y actores privados no pueden adquirirlas sin la representación de un estado nacional, y las únicas vacunas accesibles en los tiempos y las formas que la Conmebol requería provenían de China. Paraguay sin embargo es el único país de la región que reconoce aún a la República China, o Taiwán, y la política de una sola China históricamente esgrimida por Pequín limita toda relación con aquellos países que reconozcan la soberanía de “la provincia rebelde”, como la considera el gobierno chino. Quien salió en ayuda de la Conmebol fue el presidente uruguayo. Fue Lacalle Pou el que medió para que finalmente la Copa América tuviese sus vacunas, que de hecho llegaron a Montevideo. “Esto representa un antes y un después en las relaciones entre China y la Conmebol en general, y entre China y la Copa América en particular”, proclamó entusiasta el embajador chino en Uruguay, Wang Gang  al entregar las dosis. La Conmebol se convirtió así en el primer actor no estatal en lograr la adquisición de vacunas contra el Covid19 en América Latina.\nLa relación entre la Conmebol y los estados sudamericanos puede leerse también a la luz de una problemática global, que es la tensión entre los sistemas jurídicos locales y los requerimientos de las federaciones deportivas internacionales para sus prácticas. Las organizaciones deportivas internacionales ya no son simplemente asociaciones que se dedican a la organización de eventos deportivos en los estados a los que pertenecen las federaciones asociadas. Tienen su propio marco normativo, sus propios tribunales de disciplina y reglas que en muchos casos se imponen en el territorio en el cual actúan por encima de aquellas que rigen el ordenamiento jurídico local. En líneas generales, las asociaciones deportivas internacionales están sujetas al derecho de los estados en los que desarrollan sus actividades. Es decir, por regla general es el estado, a través e sus leyes, la disponibilidad de infraestructura y sus decisiones, el que tiene injerencia sobre las actividades deportivas, y no al revés. En el caso de los Juegos Olímpicos, el COI pide inclusive la firma de un contrato con el estado organizador previa modificación de aquellas leyes que puedan entrar en conflicto con el ordenamiento deportivo. En la mayoría de los casos por un acuerdo tácito y obvio. Sería ya el colmo de lo absurdo que un juez federal argentino abriera una causa contra un árbitro por un gol mal anulado en un partido de Copa Libertadores jugado en su país. Pero en otros casos se trata de grises en los que el poder de los “agentes y agencias” del mundo del deporte se materializa en decisiones que tuercen o exceptúan lo que los estados imponen. La continuidad de partidos de torneos de la Conmebol en 2021 a pesar de las restricciones puede ser leído en ese sentido.\nLa exclusión es la principal herramienta a través de la cual las federaciones deportivas intentan empatar esta asimetría: excluir a un estado de la organización de un torneo, o amenazar con hacerlo, puede servir a la organización deportiva (en este caso la Conmebol, pero la presión se vuelve mucho más fuerte cuando se trata de la Fifa o el COI) para invertir posiciones .\nTransparencia y obscenidad\n“La Conmebol actual luce más trasparente, pero acaso más obscena”, escribió hace poco en una columna para La Nación Ezequiel Fernández Moores , un excelente resumen de lo que la confederación logró mostrar tras el escándalo del FifaGate de 2015. Ese acontecimiento marcó un antes y un después para el fútbol sudamericano. Entre los principales acusados por la justicia de EEUU de construir un gran entramado de corrupción internacional, se encontraban el mismo Nicolás Leoz, el uruguayo Eugenio Figueredo, presidente de la Conmebol entre 2013 y 2015, el paraguayo Juan Ángel Napout, que le sucedió al frente de la Conmebol por unos pocos meses en 2015, el expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, José María Marín, y el jefe de la Federación de Venezuela, Rafael Esquivel. En abril de este año llegó también la noticia del procesamiento de Ricardo Teixeira, ex-yerno de Joao Havelange y expulsado de la Conmebol en 2012. Para permitir allanamientos policiales y el secuestro de documentos que prueben el entramado corrupto, en 2015 el parlamento del Paraguay derogó la ley que otorgaba inmunidad diplomática a la sede y funcionarios de la Confederación.\nEn 2016 fue elegido como nuevo presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez, empresario paraguayo, miembro del directorio del Club Olimpia y dueño de varios medios de comunicación en su país. La presencia del debate público histórico del Paraguay en el seno de la Conmebol se puede ver también en este aspecto. El diario local La Nación, propiedad de Domínguez, montó una verdadera guerra mediática en contra de su principal competidor ABC Color, propiedad de la familia Zuculillo, cuyos bancos fueron usados por Leoz y sus cómplices para transferir el dinero sustraído a la Confederación. Alejandro es hijo de Osvaldo “el tigre” Domínguez Dibb, acaudalado dirigente del fútbol paraguayo dueño de un importante grupo empresarial construido con la ayuda del gobierno de Stroessner, amo y señor del fútbol paraguayo y que jamás ocultó su ferviente apoyo al dictador.\nDomínguez lleva hasta aquí una gestión ordenada en lo económico, y ha hecho todo lo posible para lavar la cara de la Conmebol a nivel internacional. Desde su llegada ha logrado recuperar 50 de los más de 200 millones de dólares sustraídos de las arcas de la Confederación y que habían terminado en las cuentas de ex funcionarios de las federaciones futbolísticas locales y, especialmente, sus herederos. En el mundo del periodismo deportivo hay varios dispuestos a asegurar que el objetivo de Domínguez es llegar a ser el segundo latinoamericano en dirigir la Fifa. La imagen y las relaciones construidas en los últimos años le permiten tener un buen respaldo para aspirar al puesto, pero la suspensión de la Copa América 2020 desataría una cadena de problemas que podría perjudicar su carrera.\nDomínguez, a comienzos de junio de este año, no era el único con serios problemas. Rogério Caboclo, presidente de la Federación Brasileña de Fútbol hasta hace pocos días, sufría una fuerte presión ante dos acusaciones de acoso sexual por parte una empleada. Jair Bolsonaro, bajo investigación por su negligencia ante la pandemia de Coronavirus por parte de una Comisión Parlamentaria, y repudiado con cacerolazos, escraches y multitudinarias manifestaciones, también necesitaba dar un golpe de mano en la actualidad brasileña.\nLos nexos entre la Conmebol y las autoridades estatales locales son generalmente manejados por los dirigentes de las federaciones. Tras la confirmación de que Argentina no iba a ser sede de esta Copa América, Caboclo sondeó a Bolsonaro en la noche del 30 de mayo para ver si había posibilidad de llevar adelante el torneo en territorio brasileño. Y hubo acuerdo. Al día siguiente el pleno del Consejo de la Conmebol, compuesto por los presidentes de las 10 federaciones miembro, votó por unanimidad en primer lugar llevar adelante la Copa América a pesar de la pandemia, y en la misma sesión la propuesta de realizarla en Brasil. De inmediato se activaron también las alarmas en ese país, el segundo más afectado del mundo por la pandemia de Covid19, con casi medio millón de víctimas y un promedio de casos diarios superior a los 60.000. Tras el anuncio hubo exclusiones de dos tipos: de aquellos gobernadores que no quisieron que se realizaran partidos en su territorio, quitando así del fixture algunos de los modernos estadios construidos para la Copa del Mundo de 2016, y otros, considerados rivales políticos de Bolsonaro, como el gobernador de San Pablo Joao Doria, a quienes se les quitó directamente la posibilidad de organizar algún partido para evitar que pudieran lucirse a expensas del presidente. Así, a días del comienzo del torneo, las selecciones siquiera sabían a qué ciudad debían viajar.\nLa Conmebol logra así su cometido que va mucho más allá de la realización de un torneo que le permita ordenar las cuentas. Se trata de un proyecto de consolidación de un actor con evidentes aspiraciones geopolíticas, con capacidades y nexos establecidos a nivel internacional y que en algunos casos llega más lejos que los mismos gobiernos. Más que el dinero de los derechos televisivos, se juega en este tipo de eventos la continuidad y expansión de un modelo de organización deportiva internacional, y también de acumulación de poder en América Latina.\nPeriodista y docente*\nalejandro domínguezConmebolcopa américadeportefutbolFútbol y Pandemiageopolítica\nElecciones en Chile | Quiénes son los candidatos y sus programas de gobierno\nMás allá de la grieta: dejar de mirar la superficie para mirar al Fondo – Por Paula Giménez\nLa culpa ¿la tiene el algoritmo? – Por Aram Aharonian


La Judicialización de La Ejecución Penal-Kunsemuller | Pena capital | Derecho penal\nLa Judicialización de La Ejecución Penal-Kunsemuller\nTexto de Carlos Künsemüller que analiza la situación y naturaleza de la ejecución de las penas en Chile.\nspeichernLa Judicialización de La Ejecución Penal-Kunsemull... für später speichern\nB., W. A. s/recurso de casación\nManual de Ejecución Penitenciaria: Capítulo 3 Observación, Clasificación y Tratamiento\n1_ Las Sanciones Disciplinarias Penitenciarias\nLa prisión y sus penas prisión abierta\nTrabajo de D Penal (CIRPUS-12)\nResumen Alternativo Penal.\n88611141 Libro Reforma Procesal Penal\n1trabajo de Reinsercion Social\nHomicidio Por Precio o Promesa Remuneratoria\nExtracto Fallo Causa 13\nprincipios funfdamentales del derecho penal.doc\nLA JUDICIALIZACIN DE LA EJECUCIN PENAL\nde la Pontificia Universidad Catlica de Valparaso\nXXVI (Valparaso, Chile, 2005, Semestre I)\n[pp. 113 - 123]\nLA JUDICIALIZACIN DE LA EJECUCIN PENAL*\nCARLOS KNSEMLLER LOEBENFELDER**\nEl trabajo aborda, desde una perspectiva crtica, el tema de la ejecucin de las penas con base en el ordenamiento jurdico\nchileno. Explica la necesidad de centrar la\natencin en este aspecto del ejercicio de la\npotestad penal del Estado tanto en el plano dogmtico, como en el normativo, fundamentalmente a raz del detrimento que\npueden sufrir los derechos del individuo con\nmotivo de la ejecucin de la condena; expone las razones que justifican la\njudicializacin de la ejecucin penitenciaria y se refiere al tipo de rgano que debera\nquedar a cargo de este cometido. Sobre la\nbase de esas reflexiones examina la situacin\nde la etapa ejecutiva desde la entrada en vigencia del Cdigo Procesal Penal y llama la\natencin sobre la necesidad de acometer una\nFrom a critical perspective, this paper\naddresses the enforcement of penalties in\nlight of the Chilean legal system. It explains\nwhy it is necessary to focus the attention\non this aspect of the practice of the States\npenal authority, both on a dogmatic level\nas well as on the regulatory level, mainly\nbecause of the potential violation of the\nrights of the convicted upon carrying out\ntheir sentences. It presents the reasons that\njustify the judicialization of the\npenitential enforcement, and it also refers\nto the kinds of entity to which this role\nshould be assigned. Based on these considerations, it explores the situation of the enforcement stage from the entry in force of\nthe Criminal Law and advises about the\nneed for addressing a thorough review of\n* Trabajo presentado en las Primeras Jornadas de Derecho Penal y Ciencias Penales\ncelebradas en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Catlica de Valparaso, los\ndas 18 a 20 de noviembre de 2004, en conmemoracin del centsimo dcimo aniversario de\nla fundacin del Curso de Leyes de los Sagrados Corazones de Valparaso, actual Escuela de\nDerecho de la mencionada Universidad.\n** Profesor de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.\nDireccin postal: Bandera 341. Oficina 358. Santiago de Chile. Correo electrnico:\nREVISTA DE DERECHO XXVI (2005, SEM. I)\ncompleta revisin del tema, tal como ocurri durante los ltimos aos con los aspectos procesales y como actualmente sucede\ncon el derecho penal sustantivo.\nPALABRAS CLAVE: Ejecucin penitenciaria Ejecucin de las penas Derecho penitenciario Control de la ejecucin penal\nJudicializacin de la ejecucin penal.\nCARLOS KNSEMLLER LOEBENFELDER\nthe issue, just as it happened with the\nprocedural aspects in the last few years and\nwith the substantive criminal law nowadays.\nKEY WORDS: Penitential enforcement\nEnforcement of the penalties Penitential\nlaw Control over the penal enforcement\nJudicialization of the penal enforcement.\n1. La judicializacin penitenciaria, un proceso inconcluso, titula Borja Mapelli\nCaffarena su artculo publicado en la Revista de la Asociacin de Ciencias Penales\nde Costa Rica, con lo que se evidencia una cierta comunin con nuestras inquietudes dogmticas y poltico-criminales en torno al tema en cuestin1 , que ya\nhemos planteado anteriormente y que motivan la presente contribucin.\nEl ordenamiento penal, en cuanto sub-sistema del sistema global del control\nsocial estatal se compone de tres mbitos o sectores especficos: el derecho penal\nsustantivo o material, el derecho penal adjetivo (derecho procesal penal) y el\nderecho penal ejecutivo (derecho de ejecucin de sanciones penales).\nSi bien es el derecho penal adjetivo el que a travs del proceso y como culminacin del mismo emite las sentencias, una vez dictadas stas, se produce, como\nprincipio general, el desasimiento del juez sentenciador, el cual ya no tendr\nintervencin directa en la etapa relativa al cumplimiento de la pena impuesta.\nHistricamente, la fase ejecutiva fue quedando hurfana de toda atencin\npor parte de los juristas. Agotada la fase declarativa del procedimiento penal,\nprcticamente no interesaba a nadie, salvo honrosas excepciones, saber qu suceda despus de la firmeza de la sentencia condenatoria. Daba la impresin de\nque con dicha resolucin se terminaba el asunto, que ya no haba nada pendiente para el mundo jurdico-penal.\nDesde hace algn tiempo ha surgido una marcada tendencia por modificar\nese estado de cosas, que, a la larga, significa encasillar a los reclusos que cumplen\ncondena en una suerte de mundo ajeno al derecho, en una categora o grupo de\nindividuos que por su condicin de penados se diferencian notoriamente en\ncuanto titulares de derechos fundamentales del resto de los miembros de la\nPara algunos autores, como don Luis Cousio Mac Iver, este tercer mbito\ndel Derecho Penal, el Derecho Penal Ejecutivo, es ms bien una rama del Derecho Administrativo, en cuya operacin interviene la administracin estatal a\ntravs de un servicio pblico (Gendarmera de Chile)2 .\nSin embargo, la doctrina mayoritaria le otorga al derecho de ejecucin de\nLa judicializacin penitenciaria, un proceso inconcluso, en Ciencias Penales. Revista de la\nAsociacin de Ciencias Penales de Costa Rica, ao 11 (mayo de 1999), N 16.\nDerecho penal chileno, I, pp. 23 ss.\npenas el carcter de una tercera rea del Derecho Penal, junto al Derecho Penal\nmaterial y al Derecho Penal formal. Conforme a esta visin la ciencia del Derecho Penal debe preocuparse de no estudiar exclusivamente el hecho punible como\nfenmeno jurdico, descuidando el estudio de sus consecuencias para el sujeto\ncondenado y la comunidad; las tendencias de la moderna dogmtica penal tienden precisamente a valorizar al Derecho Penal por las consecuencias que provoca en la vida social la ejecucin de las decisiones jurisdiccionales adoptadas en su\naplicacin. La otra cara del Derecho Penal debe ser abordada y estudiada, con\nel mismo nfasis que se ha hecho tradicionalmente con la teora del delito y la\nteora de la participacin criminal.\nComo indica el profesor Sergio Politoff, la consideracin de la ejecucin de\nla pena como una simple actividad administrativa significa renunciar a las preguntas sobre la legitimidad y funciones del Derecho Penal, ininteligibles si se\nprescinde de lo que pueda suceder en la prctica por obra del legislador y de las\ndecisiones judiciales. Las decisiones jurdico-penales provocan consecuencias que\nhabitualmente inciden muy ntimamente , muy profundamente en los derechos\nms esenciales de los individuos, por lo que los efectos que producen en la realidad social la legislacin penal, el proceso penal y la pena son realmente conocidos y valorados como deseados o no deseados3 .\nEl derecho penitenciario, que se ocupa de organizar la forma de ejecucin de\nla pena, los mtodos y tratamientos aplicables a los reclusos, sus derechos y obligaciones, y las garantas que se les deben otorgar, es, en opinin del profesor\nEnrique Cury, una parte muy importante del Derecho Penal4 . Michel Foucault\nha dicho que el sistema penitenciario es la regin ms sombra del aparato de\njusticia5 . En esto tiene toda la razn, ya que varios de los principios fundamentales, limitativos del ius puniendi, como asimismo, garantas esenciales del procedimiento penal, encuentran su piedra de tope en la fase de la ejecucin de las\nsanciones criminales, normalmente exenta de un control judicial especializado.\nMuchas veces se ha proclamado que de nada sirve el mejor Cdigo Penal que\nsea posible de elaborar, ni el Cdigo Procesal Penal ms garantista imaginable, si\nen la fase ejecutiva, del cumplimiento de las penas, nos encontramos con una\nrealidad dramtica, en que la pena es un fin en s misma y el que la sufre es\nconsiderado una suerte de desecho social, resultando una utopa su rehabilitacin, lo que desvirta violentamente todo progreso que haya sido posible alcanzar en las fases anteriores.\nLa ejecucin penal es la ltima fase, la etapa final del sistema punitivo, el\nescenario en el cual se ponen a prueba los segmentos precedentes y el sistema\npenal se somete a un escrutinio pblico, frente a la comunidad a la que debe\nbrindar proteccin a travs de la ley y la ejecucin de las sentencias que, conforme a ella, se dictan.\nDerecho penal chileno, I, pp. 8 y 9.\nDerecho penal. Parte general, I, p. 86.\nSurveiller et punir. Naissance de la prison (Paris, 1975).\n2. Como seala la doctrina, el Derecho Penal sustantivo no le toca al delincuente ni un solo pelo, pero en la ejecucin penal, representada fundamentalmente, por la privacin de libertad, los hombres pierden su personalidad y su\nsociabilidad. Entre ambos segmentos, inicial y final, acta el Derecho penal adjetivo, el proceso penal, cuyo eje ha sido tradicionalmente la prisin preventiva\nal menos en el proceso inquisitivo que, ms all de abstractas y auto-suficientes declaraciones de principios, constituye en la realidad una pre-pena, una pena\nanticipada, una suerte de adelanto de la sancin probable y genera al sistema\ncarcelario chileno ms del sesenta por ciento de sus habitantes: los presos sin\nLa tendencia moderna es proclamar la unidad del sistema penal, los tres\nsegmentos deben ser partes de un todo, ya que de otra manera se rompe la\nnecesaria unidad del Derecho Penal y, lo que es ms grave, existe el peligro de\nque desaparezcan o se aminoren los derechos y garantas que la Carta Fundamental consagra para todos los individuos de modo general, sean probos o no\nprobos, sean respetuosos del derecho o infractores del mismo.\n3. En el ao 1999 se efectuaron en el Instituto de Estudios Judiciales de\nChile varios talleres relativos al tema de la jurisdiccin y la ejecucin penal,\npostulndose como una meta fundamental a alcanzar en nuestro pas, la\njurisdiccionalizacin de la fase de ejecucin.\nDe acuerdo a la Constitucin Poltica de la Repblica y al Cdigo Orgnico\nde Tribunales, corresponde a los tribunales de justicia la misin de conocer de\nlos conflictos, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.\nEn cuanto se refiere especficamente al nuevo proceso penal, el art. 14, letra\nf ) del Cdigo Orgnico de Tribunales dispone que corresponder a los jueces de\ngaranta, hacer ejecutar las condenas criminales y las medidas de seguridad y\nresolver las solicitudes y reclamos relativos a dicha ejecucin, de conformidad a\nla ley procesal penal (de acuerdo a modificacin introducida por la ley No 19.708).\nEl art. 113, modificado por la Ley 19.708, establece que la ejecucin de las\nresoluciones corresponde a los tribunales que las hubieren pronunciado en primera o nica instancia. No obstante, la ejecucin de las sentencias penales y de\nlas medidas de seguridad previstas en la ley procesal penal ser de competencia\ndel juzgado de garanta que hubiere intervenido en el respectivo procedimiento\nDe acuerdo al artculo 466 del Cdigo Procesal Penal, durante la ejecucin\nde la pena o de la medida de seguridad slo podrn intervenir ante el competente juez de garanta el Ministerio Pblico, el imputado y su defensor.\nEl condenado o el curador, en su caso, podrn ejercer durante la ejecucin\nde la pena o medida de seguridad todos los derechos y facultades que la normativa penal y penitenciaria le otorgare.\nA su turno, el art. 467 prescribe que la ejecucin de las sentencias penales se\nefectuar de acuerdo con las normas del prrafo 2 del Ttulo VIII y con las\nestablecidas por el Cdigo Penal y dems leyes especiales.\nLas reglas citadas son muy claras, la ejecucin de las penas y medidas de\nseguridad corresponde al juez de garanta que haya intervenido en el procedimiento penal respectivo. A falta de un juez de ejecucin penitenciaria , la ley\natribuye a los jueces de garanta el deber de hacer ejecutar todas las condenas\ncriminales y las medidas de seguridad aplicadas en las sentencias, incluidas las\ndictadas por los tribunales del juicio oral en lo penal. Asimismo, se les da competencia para resolver las solicitudes y reclamos de los penados y de las personas\na quienes se haya aplicado una medida de seguridad, que se promuevan durante\nel tiempo de ejecucin de la condena o de la medida.\nLa historia fidedigna de estas normas es interesante, puesto que se legisl en\nla forma indicada, por no existir en Chile los jueces especiales de ejecucin penal, reconocindose su necesidad. Mientras no se establezcan tribunales especializados, la ejecucin de las condenas criminales ser supervisada por los tribunales que hubieren dictado la condena respectiva; a ellos corresponder conocer de\nlas solicitudes y presentaciones que se pudieran plantear respecto de la forma en\nque dicha ejecucin se realizare (en texto propuesto por el Ejecutivo). En la\nCmara de Diputados se observ la diferencia entre el tribunal que aplica la\npena, que debe cumplir el mandato de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y el\njuez de pena, distinto e independiente del anterior. El que proces y conden\nllega hasta la sentencia ejecutoriada, la jurisdiccin termina all y empieza el\nimperio de otro tribunal, que es el que supervisa y vela por los intereses del\nprocesado y lo ampara. Respecto de la ejecucin de la sentencia criminal no se\npostul ningn cambio, sino en el control de esa ejecucin, que debera encomendarse a un juez especial, pero se decidi no innovar mientras no se crearan\nlos jueces especiales de ejecucin, sealndose, a mayor abundamiento, que la\nautoridad administrativa es ms humana en el tratamiento de las penas que un\njuez, que es una persona totalmente lejana, argumento que resulta por de pronto\nmuy apresurado y carente en nuestro medio de la imprescindible base fctica\nque lo respalde.\nComo se aprecia, el legislador estuvo consciente de la falta de una judicatura\nespecial de vigilancia o control de la ejecucin de las penas y reconoci la clara\ndiferencia entre esta judicatura y la que sentenci.\n4. El tema de la judicializacin de la ejecucin est ligado directamente a la\nfigura del juez de ejecucin de las penas o juez de vigilancia penitenciaria.\nSe ha dicho que es a travs de esta judicializacin que se puede completar, en\nel nivel de cumplimiento de las condenas penales, el principio de legalidad, pilar\nfundamental del Derecho Punitivo y tambin asegurar el principio de respeto\npor las garantas individuales de los condenados. Ellos son titulares, en cuanto\nsujetos de derecho, de todos los atributos y todas las prerrogativas que no estn\nexcluidas por ley o por la sentencia misma, segn la clase de pena que se impone.\nEl Reglamento Penitenciario vigente en Chile dispone en su artculo 2, como\nun principio rector de la actividad penitenciaria, que el interno se encuentra en\nuna relacin de Derecho Pblico con el Estado, de manera que fuera de los\nderechos perdidos o limitados por su detencin, prisin preventiva o condena,\nsu condicin jurdica es idntica a la de los ciudadanos libres. En esta declaracin se contiene un compromiso muy trascendental, asegurador de la garanta\nsuperior de igualdad ante el orden jurdico, lo que no debe ser una mera retrica, sino una realidad tangible y acreditable. Por ello, resulta indispensable contar\ncon los instrumentos jurdicos necesarios para que el compromiso transite desde\nla esfera declarativa o programtica, a la esfera de la realidad material, de la\ntransformacin de los principios en acciones concretas, que den efectivo cumplimiento al fin propuesto.\nNo ha sido tarea fcil la de definir el perfil de este juez de ejecucin penal y\nprecisar sus atribuciones, como lo evidencia la nutrida bibliografa existente al\nrespecto, en su mayor parte extranjera.\nEs interesante indicar que en 1924 empieza a operar en Brasil la justicia de\nejecucin de penas, siendo, por tanto, un pas precursor en esta materia, no slo\nen el mbito latinoamericano, sino en el Derecho Comparado en general. En\n1930 aparece en Italia el juez de supervisin o vigilancia de la pena, institucin\nque posteriormente se crea tambin en Espaa, Francia y Portugal, entre otras\nnaciones europeas. La funcin principal de esta jurisdiccin especializada es la\nde garantizar los derechos de los condenados a travs de una va exclusivamente\njudicial, mediante la supervigilancia que ejerce sobre los rganos de ejecucin de\nlas penas y medidas alternativas. En Argentina, se crea por el Poder Ejecutivo\nNacional, en el ao 1993, la institucin del procurador penitenciario, en un\nintento por generar un mecanismo de control, no en el mbito del poder judicial, sino del Ejecutivo, sobre las tareas de la administracin en su funcin de\ncustodia de los detenidos sometidos a proceso y de los internos condenados. El\nobjetivo fundamental de la institucin a mi cargo seala el Procurador Penitenciario de la Repblica Argentina es la proteccin de los derechos humanos\nde las personas sometidas a medidas de encierro en el mbito del Servicio Penitenciario Federal6 .\nLa Ley Orgnica Penitenciaria espaola le atribuye al Juez de Vigilancia Penitenciaria la tarea de salvaguardar los derechos de los internos y corregir los\nabusos y desviaciones que en el cumplimiento de los preceptos del rgimen penitenciario puedan producirse.\nEn el mundo de la ejecucin penal, tan distinto del que se vive extramuros\nde las crceles, resulta indispensable salvaguardar al mismo tiempo manteniendo un armnico equilibrio el adecuado cumplimiento de las sanciones penales\ny los derechos humanos de quienes deben purgar esas condenas. Esta salvaguardia debe quedar, segn una marcada tendencia, en manos de una judicatura\nespecial, diversa de la que solucion el conflicto mediante la sentencia.\nAlgunos plantean la inquietud de que este juez especial, de vigilancia penitenciaria, sea en verdad un ente ms bien administrativo, un agente de la administracin penitenciaria y no un rgano jurisdiccional, con lo que, en vez de\njudicializar la ejecucin penal, se producira su mera administrativizacion, lo\nque sera un producto funesto.\nFREIXAS, Eugenio, La procuracin penitenciaria. Balance y perspectivas, en Jornadas sobre\nsistema penitenciario y derechos humanos (Buenos Aires, 1997), pp. 47 ss.\nSe insiste por connotados autores que el juez de ejecucin debe ser un representante del Poder Judicial, siendo indispensable trazar una ntida diferencia\nentre el mbito administrativo-penitenciario y el mbito propiamente jurisdiccional. Estos jueces deberan ser rganos jurisdiccionales y no agentes administrativos. Una figura hbrida, juez y agente penitenciario al mismo tiempo, es, en\ngeneral, rechazada, sin perjuicio que en la prctica debera existir una estrecha\ncolaboracin entre el sector administrativo o burocrtico y el sector jurisdiccional, ya que la fase ejecutiva penal necesita de la colaboracin de un sector de la\nadministracin del Estado, esto es, la administracin penitenciaria, para que el\njuez pueda hacerla efectiva. Ambos sujetos, el agente administrativo y el jurisdiccional son las dos partes que integran un sistema mayor, que tiene a su cargo\nla ejecucin de las penas, conforme a los dictados de la Constitucin, las leyes y\nlos tratados internacionales. Como apunta Ruiz Vadillo, penalista y magistrado\nespaol, el problema est en coordinar bien la potestad disciplinaria penitenciaria a cargo de la administracin, con lmites cuantitativos y cualitativos bien\nprecisados y el correspondiente e imprescindible control jurisdiccional7 .\nA partir de la idea de que el juez de ejecucin de penas deba ser un rgano\njurisdiccional, se proyectan sus atribuciones y competencias frente a la rbita de\nactuacin de la autoridad penitenciaria, cuyo desempeo ha de supervisar y corregir, en su caso8 .\nExiste el convencimiento de que la sentencia penal no es algo esttico y quieto, sino que representa un principio de actividad que dinmicamente puede\nagravarse o atenuarse; la pena es un instrumento delicadsimo en manos del\nEstado, representado por el Poder Judicial, quien la impone; es un todo\ninfraccionable en mltiples aspectos, por lo que las alteraciones que sufra en su\nejecucin deben estar sometidas a controles precisos en funcin de la proteccin\nde garantas fundamentales insertadas en el Estado de Derecho9 . Las agravaciones\no atenuaciones en la ejecucin de las penas se grafican claramente con instituciones como la libertad condicional, los beneficios intrapenitenciarios, los castigos disciplinarios, etc., percibindose un compromiso con derechos humanos\nfundamentales, que no dejan de existir y ser reconocibles y respetables por virtud de una condena penal. La dignidad del hombre no debe verse confiscada por\nla imposicin de una condena penal.\n5. La introduccin de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria ha sido una solucin no exenta de grandes dificultades en algunos ordenamientos. A propsito\nde la reformas espaolas, Mapelli Caffarena seala que Cuando en el ao 1979\nlos arts. 76 a 78 LOGP introducen en nuestro pas la figura del Juez de Vigilancia\nAlgunas consideraciones sobre la figura del juez de vigilancia penitenciaria, la misin del\nfiscal sobre determinadas competencias y sobre el futuro de la institucin (Cursos del Centro de\nEstudios Judiciales, Ministerio de Justicia, Centro de Publicaciones (Espaa, 1988), pp. 81 ss.\nMANZANARES SAMANIEGO, Jos Luis, Relaciones entre la Administracin Penitenciaria y los\njueces de vigilancia, en ADPCP. 37 (Enero - Abril 1984) 1, pp. 81 ss.\nIbdem, p. 93.\nPenitenciaria por medio de un paquete de competencias en el mbito de la ejecucin de la pena privativa de libertad, los analistas vieron colmada una exigencia que vena reclamndose por lo menos desde la segunda mitad del siglo XVIII.\nLo que aconsej entonces que la actividad jurisdiccional trascendiera al fallo\ncondenatorio firme fue, primero, una preocupacin por los excesos punitivos en\nlos que con frecuencia caan los responsables de las prisiones y, posteriormente,\nun inters por asegurar que la flexibilidad introducida en la ejecucin de la pena\npudiera traducirse en una discriminacin arbitraria de unos condenados frente a\notros. El control jurisdiccional de la actividad penitenciaria expresa el autor\ncitado es una exigencia de una concepcin resocializadora de la ejecucin de la\npena privativa de libertad. Cuando aquella tena un carcter unidimensional,\nexclusivamente orientada a la custodia, bastaba el control exterior de la misma\ncomo suceda con otras penas como la pena capital o la de multa, pero, segn\nfueron consolidndose las expectativas preventivo especiales comenzaron a surgir modelos de ejecucin alternativos que significaron un cambio sustancial en\nel contenido de la pena. Este carcter polidrico exige un incremento de un\ncontrol imparcial e independiente. En opinin del especialista hispano, La ilusin por creer concluido un proceso, que hoy nos parece irreversible, habra de\ndurar poco tiempo. Son varios los problemas graves con que se enfrenta la jurisdiccin penitenciaria, ya destacados en la primera reunin de Jueces de Vigilancia Penitenciaria, en el ao 1982: La imposibilidad material de asumir todas las\nfunciones encomendadas por la falta de medios, la reclamacin de plenas competencias en relacin con la libertad condicional y la refundicin de condena, la\nnecesidad de que se regule un procedimiento y se indiquen qu recursos existen\nfrente a las resoluciones judiciales y de que intervenga el Ministerio Fiscal. A\nmayor abundamiento, y citando al mismo autor: Pero lo que hoy parece fuera\nde dudas es la lectura poltica que debe darse al hecho histrico de que transcurridos ms de quince aos, toda la legislacin relativa a los Jueces de Vigilancia\nPenitenciaria se reduzca a un artculo en la LOGP, el 76, otros dos en la LOPJ, el\n94 y 95, y a una Disposicin Final, la 5, y que todava no se disponga de una\nnorma que recoja el procedimiento penitenciario, sin necesidad de que los responsables de esta jurisdiccin vayan perfilando sus competencias, su procedimiento y sus contornos a golpe de cursos, seminarios, reuniones, analogas o\nsimple llamadas de telfono de los compaeros. Este silencio tan prolongado\ndemuestra hasta qu punto la administracin penitenciaria y tras ella el gobierno no tiene el menor inters en consolidar una jurisdiccin que entraa unos\nniveles de exigencia difciles de asumir y encuentra, en consecuencia, cmoda la\nnebulosa generada en torno a este rgano judicial10.\n6. En nuestro medio, las nicas vas jurisdiccionales disponibles en la prctica para que un penado reclame en contra de la administracin carcelaria por\nalgn abuso, restriccin o desconocimiento de sus derechos, son los recursos\nMAPELLI CAFFARENA, Borja, cit., (n 1).\nextraordinarios de amparo y proteccin, que se interponen ante un tribunal colegiado, con competencia comn y no especializado en los problemas relativos a\nla ejecucin de las penas criminales.\nLos tribunales de alzada han conocido y fallado en muchas oportunidades\nconflictos propios de un juez de ejecucin de penas, so pretexto de afectaciones\nilegales o arbitrarias de derechos individuales fundamentales del penado atribuidas a la administracin penitenciaria, sobre cuya eventual agresin no puede\nresolver el juez que dict la sentencia condenatoria que se halla en ejecucin11.\nParece dominante el criterio segn el cual los jueces de vigilancia penitenciaria deberan significar la continuacin de la funcin juzgadora que finaliz con\nla sentencia penal firme, deberan corporizarse en un rgano que suceda al tribunal sentenciador una vez a firme el fallo condenatorio, para hacerse cargo de\nla ejecucin de la pena impuesta y resolver los recursos y acciones referentes a las\nmodificaciones que pueda experimentar la pena y las lesiones de derechos individuales que de ello puedan surgir, con arreglo a la ley y los reglamentos. No ha\nde ser ni un simple delegado del juez sentenciador, ni un vrtice de los establecimientos penitenciarios; no ha de ser el superior de los respectivos agentes encargados de las prisiones12.\nDe acuerdo a las normas precedentemente citadas, est dentro de la competencia del juez de garanta, el hacer ejecutar las condenas criminales y las medidas de seguridad y resolver las solicitudes y reclamos relativos a dicha ejecucin.\nEste juez tiene entonces, aunque sea parcialmente, el carcter de un juez de\nejecucin penitenciaria, a pesar de ser en algunos procedimientos y aqu se\ncontradice el principio bsico inspirador el mismo juez que intervino en ellos,\ncon lo que tenemos una figura hbrida, una mixtura de funciones jurisdiccionales y ejecutivas que deberan estar a cargo de rganos claramente diferenciados, titulares de competencias perfectamente delimitadas, vinculadas a distintos\nmomentos de imperio. A este respecto, se ha dicho que desde el momento en\nque el Juez de Garanta debe hacer ejecutar las condenas criminales y las medidas de seguridad y resolver las solicitudes y reclamos relativos a dicha ejecucin,\nadopta una competencia que naturalmente no le corresponde, pues es de toda\nlgica que tales cuestiones queden entregadas a un Juez o Tribunal distinto de\nlos sealados, esto es, a un Juez de Ejecucin en lo Penal o Juez de Cumplimiento Penitenciario, como se denomina tambin en otros lugares. La labor propia\ndel Juez de Garanta se agota con la emisin de la correspondiente sentencia y no\nresulta beneficioso que en una etapa posterior dicte otro tipo de resoluciones\nque tienen que ver ms bien con la etapa final del procedimiento, en donde es\nevidente que se utilizarn criterios distintos a los usados en la etapa de\nEn la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel estn ingresando, en promedio, cerca\nde seis de estos recursos semanalmente, distribuidos en las siete Salas del Tribunal.\nGARCA VALDS, Carlos, La Nueva Penologa (Madrid, 1977), p. 29.\nARANCIBIA PINTO, Jaime, El juez de ejecucin en lo penal; en torno al nuevo sistema\nprocesal penal, en Revista de la Asociacin de Abogados de Chile, Ao 21, N 31, pp. 19 ss.\nEn la praxis del proceso inquisitivo, hemos conocido situaciones conflictivas\nque se han planteado en el mbito de las medidas alternativas a las penas de\nencierro, cuando personas que estn cumpliendo materialmente sus condenas a\nprisin, elevan peticiones de otorgamiento de una tal medida al juez sentenciador, que anteriormente la haba denegado, para que revise su primera decisin y\ntomando en cuenta los nuevos antecedentes que se hayan producido por ejemplo, un nuevo informe de Libertad Vigilada, que propone la medida acceda a la\npeticin. Ha sido un tema muy debatido el de la competencia que tendra o no\nese juez, cuya tarea finaliz con la sentencia afinada, para conocer de esa clase de\nsolicitudes y resolver sobre ellas, por vincularse a la etapa posterior a la sentencia, a la fase ejecutiva, de competencia de la autoridad administrativa. No ha\nexistido unanimidad de pareceres al respecto por parte de los tribunales y se trata\nclaramente de una materia que, de acuerdo a las tendencias dominantes, debera\nestar bajo la tuicin de un juez especializado, distinto del fallador.\n7. Como ha quedado establecido, en el nuevo proceso criminal es a los jueces de garanta a quienes incumbe conocer de esa clase de solicitudes y reclamos,\nen su calidad de reemplazantes transitorios, segn la ratio legis de los jueces de\nejecucin de penas, que habran de crearse en el futuro.\nLa diversidad de respuesta penal frente a los conflictos jurdicos es una caracterstica positiva del nuevo procedimiento penal, que no se agota en la pena\nprivativa de libertad como solucin nica. Se contemplan mecanismos alternativos que permiten solucionar la disputa evitando el juicio oral y la imposicin\nde una pena o que a travs de un juzgamiento especial menos formalizado y\ncomplejo permiten la imposicin de una sancin menos rigurosa, velando al\nmismo tiempo por los intereses de la vctima.\nLas Salidas Alternativas son, de acuerdo al Cdigo Procesal Penal, la suspensin condicional del procedimiento y los acuerdos reparatorios. En esta clase de\nsoluciones, distintas de la sentencia punitiva, tambin existe una fase de cumplimiento, de ejecucin, acorde a la naturaleza de la respectiva medida. En el caso de\nla Suspensin Condicional del Procedimiento, el Juez de Garanta debe disponer\nconforme al artculo 238 el cumplimiento de una o ms condiciones por parte\ndel imputado. Durante la ejecucin de la medida el juez podr modificar una o\nms de las condiciones impuestas, oyendo en una audiencia a todos los intervinientes\nque concurrieren a ella, lo que implica, obviamente, la subsistencia de la\njudicializacin y su extensin a las contingencias ejecutivas. Esto se ve ratificado\npor la circunstancia de que el mismo juez est facultado para revocar la suspensin\ny ordenar que el procedimiento contine segn las reglas generales. En caso de\ncumplimiento del trmino fijado y no revocacin de la medida, debe dictar\nsobreseimiento definitivo, por ende, la ejecucin est bajo supervisin judicial.\nEn el caso de los acuerdos reparatorios, una vez ejecutoriada la resolucin\naprobatoria, podr solicitarse su cumplimiento ante el Juez de Garanta, con arreglo a lo establecido en los artculos 233 y siguientes del Cdigo de Procedimiento\nCivil (art. 243 CPP). Como puede advertirse, se le entrega al Juez citado una\ncompetencia civil, equiparndose la decisin que aprueba el acuerdo reparatorio a\nuna sentencia. La expresin podr da a entender que el interesado podra acudir\nante el juez civil competente para conseguir el cumplimiento forzado del acuerdo.\nEs importante destacar que el inciso segundo del artculo 243 citado dispone\nque el acuerdo reparatorio no podr ser dejado sin efecto por ninguna accin\ncivil, de manera que aprobado por el juez, no podr verse afectado merced a un\nincumplimiento de determinadas obligaciones pecuniarias que hubiere asumido\nel imputado al suscribir el convenio; ello origina nicamente una accin civil, los\nefectos penales del acuerdo no pueden variar por contingencias como las mencionadas. Hay aqu una ntida diferencia con la Suspensin Condicional del Procedimiento, ya que en esta salida alternativa, si el imputado se oblig a pagar una\ndeterminada suma de dinero, a ttulo indemnizatorio y no cumple con esta condicin, sin justificacin, grave o reiteradamente, el juez, a peticin del fiscal o de\nla vctima, revocar la suspensin y continuar el procedimiento; en este caso, el\nincumplimiento produce plenos efectos penales, lo que se explica por cuanto la\ndetencin del proceso y la ausencia de la probable pena que pudiera imponerse\nquedan condicionados al cabal cumplimiento de todas las condiciones impuestas.\n8. En el taller del Instituto de Estudios Judiciales, mencionado al inicio de\neste comentario, se concord en que la jurisdiccionalizacin de la etapa de ejecucin penal no requiere slo de la introduccin de un juez de control, sino que\ndebe comprender una reforma integral de toda la fase de ejecucin penal, que,\ncomo tantas veces se ha dicho, pone a prueba todos los segmentos precedentes.\nLa coherencia interna del sistema penal exige una revisin profunda de todos sus mbitos y componentes. Ya se ha completado la reforma del procedimiento criminal y est en curso la preparacin de un nuevo Cdigo Penal, a\ncargo del Foro Penal, que labora a un ritmo muy acelerado para completar la\ndifcil tarea encomendada.\nEn tal virtud, la reforma de la ejecucin la fase ms sombra es una\nasignatura pendiente en nuestro pas, que deberamos tratar de aprobar en el\nms breve plazo, a fin de estar en plena consonancia no slo con las tendencias\njurdicas imperantes sino que tambin con las exigencias de una renovacin global y coherente de nuestro sistema penal. La reforma del orden jurdico-penal es\npresentada por Schne como un mosaico, configurado por un conjunto de\npiedras individuales, las cuales deben ser pulidas de acuerdo a un cierto marco y esbozo. Una de estas piedras es la ejecucin de penas y medidas, cuyo\npulimento debe hacerse de acuerdo con los dems cambios necesarios para llegar\na un orden jurdico-penal en armona con los Derechos Humanos y, en especial,\nde la dignidad inviolable de la persona1 4.\n[Recibido el 30 de diciembre de 2004 y aceptado el 30 de abril de 2005].\nSCHNE, Wolfgang, Derechos humanos y procedimiento penal: pautas del procedimiento\npenal alemn, en Proceso Penal y Derechos Fundamentales (Corporacin Nacional de Reparacin y Reconciliacin, Coleccin Estudios No 1), pp. 600 ss.\nDokumente ähnlich wie La Judicialización de La Ejecución Penal-Kunsemuller\nLuis Lui Lui\nJuan David Perez Camacho\nMedia Sanción Senadores\nLibro 10 Anos de La Reforma Procesal\nCODIGO PENAL MILIATR COLOMBIANO.docx\nSISTEMA INFORMATICO FINAL.docx\nPenal - Marat\nLey 8465 - Codigo de Ejecución de La Pena Privativa de La Libertad de La Provincia de Mendoza\nLey_3_2003 Orden Detencion Europea\n1998 Acuerdo Sobre Arbitraje Comercial Internacional MERCOSUR\nTp Nº 3 Derecho Internacional Privado\nAnálisis Crítico de La Sentencia Vinculante No. 001-16-Pjo-cc\nJURISDICCIÓN Y COMPETENCIA\nTeoria de frenos y contrapesos.docx\nTrabajo Terminado de Procesal-civil\nJayro carrillo infante\nCASACIÓN SOBRE PROHIBICIÓN DE REGISTRABILIDAD DE MARCAS Y OTROS\nSemana 4 - Expediente Judicial y Su Utilizacion\nTema10 Tram Libre\nCaso Gangaram Panday vs. Surinam.\nTrabajo Procesal Penal Revisado\nRes 01901 2017 Servir Tsc Primera Sala\nLA REFORMA LIBERAL.pptx\nFAQ NOJ v.1c\nCuadro de Valor de Aranceles Judiciales 2014\nGrabiela Serra Romain\nParaguay-Ley de Arbitraje y Mediación\nJessica Ivone Vizuete Guadalupe\nApelacion de Resolucion que aprueba Liquidacion


Crónica de los detenidos durante la jornada del 29 de noviembre en Burgos | Diario De Vurgos (Burgos)\nPublicado miércoles, 24 diciembre 2014 por DV & archivado en Antifascismo, Burgos, crónica, Represión, Textos.\nEl Sábado 29-N, nos encontrábamos en una contra-manifestación para tratar que nazis de todo el estado no paseasen por Burgos con su propagando xenófoba ya fascista, encubriéndose en “Respuesta Estudiantil”.\nEstábamos en la Avd/Cid hablando con lxs compañerxs de lo que estaba sucediendo, rodeados por un desproporcionado cordón policial.\nCerraron cada vez más el cordón y se echaron encima de mi y de la compañera por gritar “¡Qué hacéis, si no ha hecho nada!”\nNos registraron, y dije que la podía registrar un poli porque era una mujer la detenida, y me dijo: ” Como no te calles te voy a dar donde más te gusta”.\nNos llevaron en un Zeta hasta comisaría, ahí nos dijeron (por separado desde que llegamos) que podían tenernos hasta 3 días presos por romper las lunas de los bancos y alterar el orden público.\nDespués de quitarnos nuestros objetos personales, nos dijeron si queríamos declarar en comisaría, a lo cual, SIEMPRE, hay que decir que no, a que pueden cambiar la declaración a su antojo.\nDespués de esto al calabozo donde permanecimos incomunicadas, más de 20 horas.\nNos ofrecieron cena y al decir que era vegetariano se rieron de mi ofreciéndome a cambio de lo que había (todo con carne) un suculento manjar.\nPregunte a uno de estxs perrxs si podía ir al servicio y me dijo, que sí que le avisáramos, mentira, ya que estuve llamando y golpeando a la celda y paso de nosotrxs con lo que acabe orinando en el calabozo.\nA parte a ella la pusieron una ventilación muy ruidosa para que pasará frío por la noche.\nA la mañana siguiente, nos hicieron fotos con la bragas y las capuchas puestas de la manera que ellos querían, lo cual, también es ilegal.\nDespués declaración ante la jueza la cual nos dijo que me había pasado un martillo y piedras en la mani para romper el cristal.\nNos acusan de destruir la luna y cajero del “Bankinter”, cuando fue la policía a tomárle declaración este dijo “que llevaba rota desde el 9-N en los disturbios contra la plz.toros y que el cajero nunca a estado roto.”\nSalimos juntxs de los juzgados el apoyo, la solidaridad de compañerxs y desconocidxs es mucho más fuerte que su represión.\nSOLIDARIDAD CON LAS QUE LUCHAN.\nEstando mi compañero y yo en la contra-manifestación a la altura de la Avd del Cid, la U.I.P. empezó a alterar a la gente haciendo más intenso el cordón policial. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca como para agarrar ala gente cogieron a mi compañero, de manera brutal e injustificada, a lo que yo respondí al grito de ;”¡Qué hacéis, si no ha hecho nada!”\nPocos segundos después me agarrarón de la misma manera, por el cuello, diciéndome; “Venga pues tu también” tras dejarme a la espera, estampada en un cartel publicitario, sin la opción de girarme, con el único pensamiento de mirarles las caras o ver si llevaban el nº de placa ( cosa que me fue imposible, cada vez que lo intentaba me forzaban más ) llegó otro UIP con las esposas diciendo; ” ¿no decías que tenías ganas de usar hoy esposas? jaja”\nDe ahí a comisaría, donde nos registraron, leyeron derechos, etc. Todo esto con un majísimo UIP que decía que no quería fastidiarme pero que lo mejor que podía hacer era decir, que de lo que se nos acusaba era cierto y que debía colaborar, para no dar más disgustos a nadie.\nDe ahí al calabozo, cena, luces apagas y aire a condicionado a tope, para una mejor estancia.\nPor la mañana toma de huellas y fotos con las capuchas puestas.\nYa a los juzgados donde tomamos declaración ante la jueza y nos dejaron libres a la espera de juicio.\nGracias a la gente que vino a dar su apoyo.


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Atentados Bombay: Todas las hipótesis abiertas\nHome > Noticias > Noticias internacionales > Atentados Bombay: Todas las hipótesis abiertas\nAtentados Bombay: Todas las hipótesis abiertas Noticias del día\nTodas las hipótesis están abiertas tras el triple atentado de Bombay, que sigue sin ser reivindicado. Las primeras pesquisas apuntan a que los ataques, en los que murieron 18 personas y resultaron heridas 131, fueron cometidos por “un grupo pequeño”. Los terroristas usaron teléfonos móviles como detonadores y bombas rudimentarias. Su objetivo era provocar el mayor número de víctimas posible, según ha explicado el ministro indio del Interior. “El objetivo era la unidad de la India, su integridad y su prosperidad. Hay elementos hostiles a la India que no quieren que crezca y prospere. Cuando se produce un incidente como este, permítanme asegurarles que no está dirigido contra ningún extranjero. No va contra cualquier turista que esté visitando la India”, ha declarado el ministro indio del Interior, Palaniappan Chidambaram. Los atentados en Bombay han resucitado los de 2008, que dejaron 166 muertos. Fueron atribuidos a Laskhar-e-Toiba, con base en Pakistán. Un grupo islamista que vuelve a estar en el punto de mira, junto a Indian Muyahidin, según fuentes policiales anónimas. Comparte esta noticia\nSecurity alert in India after triple bomb blasts\nAucune piste n'est écartée en Inde après le triple attentat meurtrier à Bombay\nAllerta in India dopo attentati, non esclusa azione suicida\nPolícia procura autores do atentado de Bombaim\nHindistan: "Saldırıların hedefi birlik ve bütünlüğümüz"\nИндия: меры безопасности усилены\nوزير الداخلية الهندي يتهم المجموعات "المعادية للهند"بتنفيذ اعتداءات بومباي\nهند:عامل فرامرزی انفجارهای بمبئی معلوم نیست\nOnce millones de personas hacen frente a la hambruna en el cuerno de África