Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 73/2017\nSENTENCIA 73/2017, de 8 de junio\n(BOE núm. 168, de 15 de julio de 2017)\nEl Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Juan José González Rivas, Presidente, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer Callejón, Magistrados, ha pronunciado\nEn el recurso de inconstitucionalidad núm. 3856-2012, promovido por 105 diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados contra la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público. Ha comparecido el Abogado del Estado, en representación del Gobierno de la Nación. Ha sido Ponente el Magistrado don Andrés Ollero Tassara, quien expresa el parecer del Tribunal.\n1. El día 25 de junio de 2012 tuvo entrada en el registro general del Tribunal Constitucional un escrito de doña Virginia Aragón Segura, Procuradora de los Tribunales y comisionada por 105 diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, por el que interpone recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, por posible vulneración de los artículos 86.1 y 31.1 CE.\nConsideran los diputados recurrentes que la disposición adicional impugnada vulnera los artículos 86.1 y 31.1 CE, al introducir una nueva figura, una declaración tributaria, mediante la que el contribuyente reconoce la titularidad de derechos procedentes de rentas no declaradas en períodos impositivos anteriores, instaurando un gravamen nuevo, de carácter temporal, naturaleza personal y directa, de sujeción voluntaria y alternativo a tres pilares básicos o estructurales de nuestro sistema tributario como son el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), el impuesto sobre sociedades y el impuesto sobre la renta de no residentes. Basta con acudir a la doctrina constitucional (SSTC 182/1997, 132/2003 y 108/2004) para comprobar cómo a través de un decreto-ley no se puede afectar al deber de contribuir, lo que sucede cuando con la norma controvertida se provoca un cambio sustancial en la posición de los ciudadanos en el conjunto del sistema tributario. Es lo que ocurriría en el caso de la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, que sustituye los impuestos que gravan la renta por el pago de una prestación única del 10 por 100 del valor de los bienes o derechos declarados, con exclusión de intereses, recargos y multas.\nCon esa regularización fiscal, añaden los diputados recurrentes, no sólo se afecta directamente a la capacidad económica en un sistema tributario justo (art. 31.1 CE) sino que se establece ex novo un nuevo gravamen por decreto-ley, cuando, de conformidad con la doctrina del Tribunal Constitucional, el deber constitucional de contribuir es uno de esos deberes cuya afectación está vedada al decreto-ley. No se puede por decreto-ley establecer, crear o implantar un nuevo tributo ni determinar sus elementos esenciales, por lo que vulneraría el artículo 86.1 CE cualquier intervención normativa que, por su entidad cualitativa o cuantitativa, alterase sensiblemente la posición del obligado a contribuir según su capacidad económica en el conjunto del sistema tributario (SSTC 6/1983, 182/1997, 108/2004 y 189/2005). Queda claro, pues, que el decreto-ley no podrá alterar ni el régimen general ni aquellos elementos esenciales de los tributos que inciden en la determinación de la carga tributaria, afectando así al deber general de los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su riqueza mediante un sistema tributario justo (STC 182/1997, FJ 6). Sin embargo, la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012 ha desconocido los presupuestos constitucionales del artículo 86.1 CE y, por tanto, la reserva de ley, porque ha provocado un cambio sustancial en la posición de los ciudadanos en el conjunto del sistema tributario.\nPor otra parte, para los diputados recurrentes la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012 vulnera el principio de justicia tributaria recogido en el artículo 31.1 CE, al establecer la posibilidad de realizar un pago del 10 por 100 del importe de las rentas declaradas en sustitución de todas las obligaciones tributarias exigibles, con quiebra de los principios de generalidad (pues los que se acojan a la declaración especial quedan exonerados del deber de contribuir), de igualdad (pues ciudadanos en situaciones jurídicamente comparables son objeto de un trato diferente), de capacidad económica (por eximir de tributación a los contribuyentes de mayor capacidad económica) y de progresividad (al aplicarse un pago único del 10 por 100 con independencia de la cuantía de la renta declarada).\nAntes de entrar a analizar la vulneración de cada uno de los principios citados destacan los diputados recurrentes que la norma impugnada permite regularizar la situación tributaria en los impuestos sobre la renta (de personas físicas y jurídicas, residentes y no residentes), que constituyen la piedra angular de nuestro sistema tributario, un elemento principal para configurar el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos y una pieza esencial en el control del cumplimiento del principio de justicia tributaria. Este principio, aunque se proyecta sobre el sistema tributario en su conjunto, sin embargo tiene una gran relevancia en el impuesto sobre la renta, figura central del ordenamiento tributario. Para ilustrar su razonamiento, acuden los recurrentes a un ejemplo de la ocultación por una persona física residente en el ejercicio 2008 de un millón de euros y de las diferentes consecuencias tributarias que tendría según se regularice de una y otra manera: a) si el sujeto pasivo hubiera cumplido con su obligación en plazo, habría soportado un coste fiscal de 430.000 € (el 43 por 100); b) si se hubiese acogido a la declaración tributaria especial el coste fiscal habría sido de 100.000 € (el 10 por 100); c) si hubiese regularizado fuera de plazo antes de ser requerido por la Administración, habría tenido que abonar los 430.000 € más un 20 por 100 de recargo del artículo 27.2 de la Ley general tributaria (en adelante, LGT) y d) si hubiese sido objeto de una regularización administrativa, al coste de los 430.000 € habría que sumarle 70.874 € de intereses de demora y una sanción que oscilaría entre el 50 y el 150 por 100 de la cantidad dejada de ingresar, lo que le llevaría, en el mejor de los supuestos, a un coste de 715.874 €.\nPara los diputados recurrentes, el principio de generalidad tributaria constituye un mandato al legislador que le obliga a buscar la capacidad económica allá dónde se encuentre, impidiéndole establecer beneficios fiscales que no están suficientemente justificados en términos jurídicos. El principio de generalidad proscribe los privilegios, la exoneración de cargas fiscales sin fundamento desde el punto de vista constitucional (STC 96/2002, FJ 7). Es evidente, entonces, que el régimen de regularización previsto en la disposición adicional impugnada vulnera el principio de generalidad al eximir del pago del impuesto sobre la renta a un amplio colectivo de contribuyentes cuya nota característica es la de haber defraudado a la hacienda pública, al no existir ninguna justificación que lo legitime desde el punto de vista constitucional. Señalan a estos efectos que la exposición de motivos del Real Decreto-ley 12/2012 justifica la medida en el hecho de favorecer la regularización voluntaria de las obligaciones tributarias en línea con la norma penal que admite la exoneración de responsabilidad penal por estas regularizaciones voluntarias efectuadas antes del inicio de las actuaciones de comprobación o, en su caso, con anterioridad a la presentación de la querella o denuncia. A juicio de los diputados recurrentes se trata de una justificación inapropiada, pues la regularización prevista no sólo exonera de la imposición de sanciones sino también de la tributar por las obligaciones pendientes, al sustituir esta obligación por un pago del 10 por 100 que no llega siquiera a cubrir la cantidad que correspondería abonar en concepto de recargos o intereses. En fin, es difícil encontrar un argumento jurídico con anclaje constitucional que permita justificar el reconocimiento de beneficios fiscales a los defraudadores.\nPor otra parte, con relación a la vulneración del principio de igualdad consideran los diputados recurrentes que, de acuerdo con la doctrina de este Tribunal (STC 76/1990), el principio de igualdad impone al legislador el deber de dispensar un mismo trato a quienes se encuentran en situaciones jurídicas iguales, con prohibición de toda desigualdad que desde el punto de vista de la finalidad de la norma carezca de justificación objetiva y razonable o resulte desproporcionada en relación con dicha finalidad. Pues bien, a su juicio, la disposición adicional impugnada establece una clara desigualdad en materia tributaria al permitir a los contribuyentes que hubieran incumplido sus obligaciones tributarias poder regularizar su situación mediante el pago de un 10 por 100 del valor de los bienes o derechos declarados, eximiendo al defraudador de la obligación de pagar las cuotas dejadas de ingresar, los recargos por la regularización, los intereses devengados y las sanciones previstas para las infracciones cometidas. La diferencia de trato con quienes concurren al cumplimiento de sus obligaciones es evidente (que soportan, como regla general, una tributación aproximada al 43 por 100), careciendo, como se ha visto con anterioridad, de una justificación objetiva y razonable. Y la diferencia de trato con quienes regularizaban sus situaciones pasadas mediante la presentación de declaraciones extemporáneas (art. 27 LGT) también es patente pues no sólo abonan la cuota correspondiente sino que, además, soportan un recargo único del 5, 10 o 20 por 100, en función del momento de la presentación de la declaración, más los intereses de demora. En suma, el legislador establece un régimen mucho más beneficioso para el incumplidor de las normas tributarias que para el cumplidor, en flagrante vulneración del principio de igualdad, sin que exista una justificación objetiva y razonable que legitime ese trato dispar.\n2. Por providencia de 16 de julio de 2012 el Pleno del Tribunal acordó admitir a trámite el presente recurso de inconstitucionalidad, dando traslado de la demanda y documentos presentados, conforme al artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, y al Gobierno, a través del Ministro de Justicia, al objeto de que en el plazo de quince días pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimasen convenientes, con publicación de la incoación del proceso en el “Boletín Oficial del Estado” (lo que se llevó a efecto en el “BOE” núm. 176, de 24 de julio).\n3. El día 20 de julio de 2012 tuvo entrada en el registro general de este Tribunal un escrito del Abogado del Estado por el que suplicaba que se le tuviese personado en el presente recurso, solicitando una prórroga del plazo concedido para formular alegaciones por ocho días más.\n4. Mediante providencia de 25 de julio de 2012 el Pleno del Tribunal acordó incorporar a las actuaciones el anterior escrito del Abogado del Estado y conceder la prórroga solicitada de ocho días, a contar desde el siguiente al de expiración del plazo ordinario.\n5. Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el 27 de julio de 2012, el Presidente del Congreso de los Diputados comunicó el acuerdo de la Mesa de la Cámara de personarse en el procedimiento y de ofrecer su colaboración a los efectos del artículo 88.1 LOTC, con remisión a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la asesoría jurídica de la Secretaría General.\n6. El 5 de septiembre de 2012 tuvo entrada en el registro general de este Tribunal un escrito del Presidente del Senado por el que se comunicaba el acuerdo adoptado por la Mesa de la Cámara de personarse en el procedimiento y ofrecer su colaboración a efectos del artículo 88.1 LOTC.\n7. El 21 de septiembre de 2012 se registró en este Tribunal el escrito de alegaciones del Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, en el que se solicita la desestimación del recurso de inconstitucionalidad. Antes de entrar a dar respuesta a las vulneraciones denunciadas precisa el contexto económico en el que se adoptaron las medidas contenidas en el Real Decreto-ley 12/2012 y, en concreto, la previsión relativa a la declaración tributaria especial. A tal fin, tras señalar la justificación de la medida que contiene tanto en el preámbulo del Real Decreto-ley 12/2012 como la que deriva del posterior debate de convalidación, subraya la gravedad de una crisis económica que viene avalada por los informes anuales del Banco de España de 2008 a 2011, en los que incluso llega a afirmarse que la “economía mundial ha sufrido la perturbación más grave desde la Segunda Guerra Mundial”, de manera que las medidas de política económica han evitado “una espiral catastrófica” y han conseguido “activar el inicio de la recuperación, aunque la herencia de lo sucedido tendrá repercusiones de envergadura en múltiples dimensiones” (informe de 2009). Para el Abogado del Estado, con estos antecedentes “la política fiscal se enfrenta al reto de implantar planes de consolidación presupuestaria que garanticen unas finanzas públicas saneadas”, lo que aconseja “la implementación de planes de consolidación fiscal suficientemente ambiciosos”. Además, los presupuestos generales del Estado para 2012 fijaban como objetivo de déficit para el conjunto de las Administraciones públicas el 5,8 por 100 del producto interior bruto (la recomendación de la Comisión Europea era del 5,3 por 100). En fin, para el Abogado del Estado, el Tribunal Constitucional tampoco ha sido ajeno a la gravedad de la crisis económica que atraviesa la “zona euro”, como lo pone de manifiesto que se ha hecho eco de ella en diversas resoluciones (AATC 95/2011, de 21 de junio, FJ 5; 96/2011, de 21 de junio, FJ 5, y 147/2012, de 16 de julio, FJ 6), en las que se refiere a la necesidad de adoptar medidas de contención del gasto público.\nPasa a continuación el Abogado del Estado a analizar los precedentes del Real Decreto-ley 12/2012, las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la experiencia de otros países de nuestro entorno. A tal fin, cita en primer lugar la regularización tributaria prevista en la Ley 18/1991, de 6 de junio, del impuesto sobre la renta de las personas físicas, a través del canje de pagarés del tesoro o emitidos por las diputaciones forales por activos de deuda pública especial, de manera que las rentas o patrimonios aflorados no tributaban, ni los rendimientos generados quedaban sometidos a imposición en el impuesto sobre la renta de las personas físicas o en el impuesto sobre sociedades. Subraya, a continuación, las emisiones de pagarés del tesoro fiscalmente opacos al amparo de la disposición adicional primera de la Ley 14/1985, de 29 de mayo, de régimen fiscal de determinados activos financieros. Añade, a renglón seguido, las recomendaciones de la OCDE sobre las estrategias encaminadas al cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales por parte de los defraudadores mediante programas especiales de declaración voluntaria (OCDE, 2000, “Improving Access to Bank Information for Tax Purposes”; y OCDE, 2010, “Offshore Voluntary Disclosure, Comparative Analysis, Guidance and Policy Advice”), como fórmula de aumentar los ingresos públicos por los Gobiernos en tiempos de crisis, como sucedió en Estados Unidos, con más de 14.700 contribuyentes, o en Alemania, con más de 20.000 contribuyentes (con una recaudación adicional para el Gobierno alemán en torno a los 4.000 millones de euros). Considera el Abogado del Estado que para que estas iniciativas tengan éxito es necesario proporcionar unos incentivos suficientes para que los contribuyentes que no cumplen se acojan a estos programas, pero sin que se produzca la sensación pública de que defraudar es rentable.\nDestaca el Abogado del Estado que, a la fecha del informe de la OCDE de 2010, un buen número de países habían acudido a procedimientos especiales de declaración voluntaria, con fuertes incentivos para que los defraudadores pudieran regularizar su situación incrementando de forma inmediata la recaudación. Así lo hizo Grecia, con un gravamen del 5 por 100 de las rentas no declaradas repatriadas y un 8 por 100 para las no repatriadas; México, con un tipo del 4 por 100 para las rentas declaradas por personas físicas y del 7 por 100 para las declaradas por personas jurídicas; Portugal, con un tipo único del 5 por 100 para las rentas afloradas; Turquía, con un tipo que oscilaba entre el 2 y el 5 por 100; Argentina, con tipos del 1, 3, 6 y 8 por 100, dependiendo del destino de las rentas afloradas; Italia, con un tipo del 5 por 100 y, en fin, Alemania, con un tipo del 25 por 100.\nHechas las precisiones anteriores, pasa el Abogado del Estado a analizar la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, señalando que ni crea un tributo nuevo, ni aborda la reforma de ningún tributo existente, sino que, siguiendo las recomendaciones de la OCDE, se limita a introducir un procedimiento especial de regularización de rentas no declaradas, delimitando el ámbito subjetivo, objetivo y temporal del procedimiento, así como el coste tributario de la regularización. Afecta pues a los bienes y derechos ostentados hasta el 31 de diciembre de 2010, esto es, hasta antes del último período cuyo plazo de declaración hubiera concluido antes del 30 de marzo de 2012 en el IRPF, en el impuesto sobre sociedades y en el impuesto sobre la renta de no residentes (con establecimiento permanente); en el caso de contribuyentes en el impuesto sobre la renta de no residentes sin establecimiento permanente hay que estar a cada tipo de renta. No afecta, por el contrario, al impuesto sobre el patrimonio, al impuesto sobre sucesiones y donaciones, al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados ni al impuesto sobre el valor añadido.\nPara el Abogado del Estado, la disposición adicional impugnada no infringe los límites materiales que para el decreto-ley recoge el artículo 86.1 CE. En efecto, tras repasar la doctrina de este Tribunal (SSTC 111/1983, 182/1997, 137/2003 y 189/2005), concluye que se afecta al deber de contribuir cuando se han modificado las tarifas o el régimen de los incrementos de patrimonio en el IRPF, al constituir uno de los pilares del sistema tributario y una alteración importante de sus elementos esenciales modifica sustancialmente la carga tributaria que soportan los contribuyentes (SSTC 182/197 y 189/2005) y, sin embargo, no se afecta al deber de contribuir cuando se reduce el tipo de gravamen del impuesto especial sobre determinados medios de transporte o se elevan los tipos del impuesto sobre el alcohol y las bebidas derivadas, o se reduce la base imponible del impuesto sobre sucesiones y donaciones, por tratarse todos ellos de impuestos que no se configuran como un tributo general sobre la renta o sobre el consumo (SSTC 137/2003, 108/2004 y 189/2005). En todo caso, no toda modificación en la regulación del IRPF por decreto-ley resulta inconstitucional (STC 189/2005, FJ 8).\nA juicio del Abogado del Estado, ni cualitativa ni cuantitativamente puede apreciarse que la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012 afecte al deber de contribuir en términos prohibidos por el artículo 86.1 CE. Y no lo hace porque no modifica el régimen de ningún impuesto central de nuestro sistema tributario, al limitarse a prever un procedimiento excepcional de regularización que afecta a un número reducido de contribuyentes pues, comparándolo con los datos disponibles de otros países, resulta que solo viene a suponer el 0,01 por 100 del total por el IRPF (19.257.120 contribuyentes en 2010), por el impuesto sobre sociedades (1.416.845 contribuyentes en 2010) y por el impuesto sobre la renta de no residentes (3.862 contribuyentes en 2010).\nCon relación a la vulneración de los principios del artículo 31.1 CE, insiste el Abogado del Estado en que nos encontramos ante una situación de verdadera excepción presupuestaria y fiscal, razón por la cual, y como señaló la STC 96/2002, FJ 7, la exención o la bonificación, como quiebra del principio de generalidad, sólo será constitucionalmente válida cuando responda a fines de interés general que la justifiquen (por ejemplo, por motivos de política económica). Pues bien, resulta de una importancia capital la constitucionalización del principio de estabilidad presupuestaria en el artículo 135 CE, vinculando a todas las Administraciones públicas en su consecución, para reforzar el compromiso de España con la Unión Europea y garantizar la sostenibilidad económica y social de nuestro país (ATC 160/2011, de 22 de noviembre). Dentro de este complicado marco económico-presupuestario, la disposición adicional impugnada incorpora una medida excepcional en línea con las recomendaciones internacionales y que aplican la mayoría de los países de nuestro entorno y que responde a una finalidad constitucionalmente consagrada por el artículo 135 CE, que no es otra que cumplir con la senda de la consolidación del déficit público pactada con la Unión Europea.\nRespecto de la vulneración del principio de generalidad, señala el Abogado del Estado que el Tribunal Constitucional ha establecido que no caben excepciones al deber de contribuir o privilegios tributarios, salvo que existan fines de interés general que las justifiquen (STC 96/2002). La disposición impugnada persigue el gravamen, primero excepcional al 10 por 100, y luego ordinario en los siguientes ejercicios, de rentas que, hasta ese momento, no tributaban.\nCon relación a la vulneración del principio de capacidad económica, señala el Abogado del Estado que el Tribunal Constitucional relaciona este principio no con cualquier figura tributaria sino con el conjunto del sistema tributario (SSTC 182/1997 y 137/2003), operando como un criterio inspirador del sistema que no tienen por qué respetar todas las prestaciones tributarias sino únicamente las que por su entidad cualitativa o cuantitativa constituyen pilares estructurales. Es la STC 276/2000 la que establece el principio de capacidad económica como fundamento de la imposición impidiendo que la prestación tributaria se pueda hacer depender de situaciones no expresivas de capacidad económica, por lo que si el tributo debe gravar una manifestación de capacidad económica, no vulnera esta dimensión el hecho de que el legislador en un tributo grave más a quien menor capacidad económica manifiesta.\nEn fin, con referencia a la vulneración del principio de igualdad, precisa el Abogado del Estado que lo importante es que la norma haya introducido directa o indirectamente una diferencia de trato entre grupos o categorías de personas (STC 181/2000, FJ 10) que sean objetivamente comparables (SSTC 148/1986, FJ 6; 29/1987, FJ 5, y 1/2001, FJ 3), sin una justificación que las legitime (una finalidad no contradictoria con la Constitución) o con unas consecuencias desproporcionadas (STC 75/1983, FJ 2). Para el Abogado del Estado no son comparables las situaciones de quienes presentan la declaración especial, quienes cumplen temporáneamente sus obligaciones tributarias y quienes sin haberlas cumplido, no acuden a la declaración especial y presentan una declaración extemporánea al amparo del artículo 27 LGT. Se trata, simplemente, de una sucesión de normas que no está constitucionalmente proscrita, respecto de la que el principio de igualdad no puede impedir la evolución del Derecho. Además, la Constitución no obliga a dispensar el mismo trato a quienes se encuentran en una situación ilegal, por no haber declarado sus rendimientos tributarios en plazo, pero que desean regularizar su situación. El legislador puede decidir, en un momento determinado y con una vigencia temporal, introducir junto con el procedimiento ordinario de regularización otro excepcional sin que padezca el principio de igualdad. La única comparación relevante sería, entonces, la del contribuyente cumplidor con la del que ha ocultado sus rentas y se acoge a la declaración especial, respecto de la que existe una razón del trato desigual: el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria del artículo 135 CE, dentro de los márgenes establecidos por la Unión Europea. Para el Abogado del Estado, si el coste de la regularización fuese alto, pocos defraudadores se acogerían al mismo, razón por la cual, sólo con un coste bajo se consigue el objetivo perseguido, lo que supone que debe admitirse un cierto sacrificio de los principios tributarios del artículo 31.1 CE, singularmente el de igualdad, en atención a otros principios constitucionalmente relevantes, como es el de estabilidad presupuestaria del artículo 135 CE.\n8. Mediante providencia de 6 de junio de 2017 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 8 del mismo mes y año.\n1. Como ha quedado expuesto en los antecedentes, el objeto del presente recurso de inconstitucionalidad lo constituye la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, por presunta vulneración de los artículos 86.1 y 31.1 CE.\nEn dicha disposición adicional, bajo el título de “Declaración tributaria especial”, se habilita a los contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), del impuesto sobre sociedades y del impuesto sobre la renta de no residentes “que sean titulares de bienes o derechos que no se correspondan con las rentas declaradas en dichos impuestos”, a presentar una declaración “con el objeto de regularizar su situación tributaria, siempre que hubieran sido titulares de tales bienes o derechos con anterioridad a la finalización del último período impositivo cuyo plazo de declaración hubiera finalizado antes de la entrada en vigor de esta disposición” (apartado primero). A dicha declaración se acompañará el ingreso de “la cuantía resultante de aplicar al importe o valor de adquisición de los bienes o derechos a que se refiere el párrafo anterior, el porcentaje del 10 por ciento”, sin que sean exigibles “sanciones, intereses ni recargos” (apartado segundo) y teniendo el importe declarado por el contribuyente “la consideración de renta declarada” (apartado tercero). El plazo “para la presentación de las declaraciones y su ingreso finalizará el 30 de noviembre de 2012” (apartado quinto), no siendo posible acogerse a lo previsto en esta disposición “en relación con los impuestos y períodos impositivos respecto de los cuales la declaración e ingreso se hubiera producido después de que se hubiera notificado por la Administración tributaria la iniciación de procedimientos de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias correspondiente a los mismos” (apartado cuarto).\nPosteriormente, la disposición final tercera del Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, expresamente mencionada en el escrito del recurso, añadió dos nuevos apartados, sexto y séptimo, a la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo. Ese nuevo apartado sexto precisa que cuando el titular jurídico del bien o derecho objeto de la declaración tributaria especial no residiese en territorio español y no coincidiese con el titular real, se podría considerar titular a este último siempre que llegase a ostentar la titularidad jurídica de los bienes o derechos con anterioridad a 31 de diciembre de 2013. Por su parte, el apartado séptimo concreta que el valor de adquisición de los bienes y derechos objeto de la declaración especial será válido a efectos fiscales, en relación con el IRPF, con el impuesto sobre sociedades y con el impuesto sobre la renta de no residentes, “a partir de la fecha de presentación de la declaración y realización del ingreso correspondiente”. Además, incluye una serie de reglas relativas al cómputo de las pérdidas patrimoniales derivadas de futuras transmisiones, al cómputo de las pérdidas por deterioro o correcciones de valor correspondientes a los bienes y derechos objeto de la declaración especial, al cómputo de las pérdidas derivadas de la transmisión de tales bienes y derechos cuando el adquirente sea una persona o entidad vinculada, y, en fin, a la determinación del valor de los bienes o derechos cuya titularidad se corresponda parcialmente con rentas declaradas.\nEl Real Decreto-ley 19/2012 fue convalidado por resolución del Congreso de los Diputados de 14 de junio de 2012 (“BOE” núm. 148, de 21 de junio) y tramitado posteriormente como proyecto de ley, dando lugar a la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes del comercio y de determinados servicios, cuya disposición final tercera vuelve a añadir los apartados sexto y séptimo a la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, con un contenido similar al previsto en el Real Decreto-ley 19/2012.\nConforme a lo que antecede, debe precisarse que el objeto del presente proceso constitucional se contrae exclusivamente a la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, en su redacción originaria (apartados primero a quinto). Ni la modificación operada sobre la citada disposición por el Real Decreto-ley 19/2012, ni la efectuada posteriormente por la Ley 12/2012, han afectado al objeto del proceso, no ya por no tener ninguna incidencia real sobre este, al haber permanecido incólume el contenido de la disposición impugnada en su redacción originaria, sino porque, en cualquier caso, lo que está en juego es velar por el recto ejercicio de la potestad de dictar decretos-leyes dentro del marco constitucional, decidiendo la validez o invalidez de las normas impugnadas, sin atender a su vigencia o derogación en el momento en que se pronuncia el fallo (por todas, SSTC 170/2012, de 4 de octubre, FJ 3; 183/2014, de 6 de noviembre, FJ 2, y 211/2015, de 8 de octubre, FJ 2).\n2. Cuando la Constitución autoriza el establecimiento de prestaciones patrimoniales de carácter público no lo hace de cualquier manera, sino “con arreglo a la ley” (art. 31.3 CE). Con esta previsión, el texto constitucional está consagrando el principio de reserva de ley, de manera que cualquier prestación patrimonial de carácter público, de naturaleza tributaria o no, debe fijarse por la propia ley o con arreglo a lo dispuesto en la misma; reserva de ley que, como este Tribunal ha señalado en varias ocasiones, tiene como uno de sus fundamentos el de “garantizar que las prestaciones que los particulares satisfacen a los entes públicos sean previamente consentidas por sus representantes”, configurándose de este modo como “una garantía de autoimposición de la comunidad sobre sí misma y, en última instancia, como una garantía de la libertad patrimonial y personal del ciudadano” (SSTC 185/1995, de 14 de diciembre, FJ 3; 233/1999, de 16 de diciembre, FFJJ 7, 9 y 10; 3/2003, de 16 de enero, FJ 4, y 136/2011, de 13 de septiembre, FJ 11).\nEste Tribunal ha afirmado que “de la misma manera que la Constitución ha sometido al imperio de la ley, con carácter general, el establecimiento de prestaciones patrimoniales de carácter público, cuando tienen naturaleza tributaria, ha condicionado los instrumentos normativos a través de los cuales se puede cumplir con aquella reserva, pues no sólo limita el uso del decreto-ley a aquellos supuestos en los que no se afecte a los deberes de los ciudadanos regulados en el título I (art. 86.1 CE) y, concretamente, al deber de contribuir de todos al sostenimiento de los gastos públicos (art. 31.1 CE), sino que impide la utilización de la Ley de presupuestos como instrumento a través del cual ‘crear tributos’ (art. 134.7 CE) y excluye la materia tributaria de la iniciativa popular (art. 87.3 CE)” (SSTC 83/2014, de 29 de mayo, FJ 3; 44/2015, de 5 de marzo, FJ 5, y 139/2016, de 21 de julio, FJ 6).\nNingún óbice existe desde el punto de vista constitucional, en principio, para que a través de un decreto-ley se puedan establecer, modificar o derogar, prestaciones patrimoniales de carácter público, siempre que concurra una situación de extraordinaria urgencia que justifique el uso de este instrumento normativo y que, a través de él, no se afecte al deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que establece el artículo 31.1 CE (entre otras, SSTC 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 8; 60/1986, de 20 de mayo, FJ 4; 182/1997, de 18 de octubre, FJ 6; 189/2005, de 7 de julio, FJ 7, y 139/2016, FJ 6). De este modo, cuando el artículo 86.1 CE excluye del ámbito del decreto-ley a los deberes consagrados en el título I de la Constitución, únicamente está impidiendo aquellas intervenciones o innovaciones normativas que afecten, no de cualquier manera, sino de forma relevante o sustancial, al deber constitucional de “todos” de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos (art. 31.1 CE).\nEn efecto, del hecho de que el establecimiento de prestaciones patrimoniales “de carácter público” esté sujeto al principio de reserva de ley (art. 31.3 CE) “no se deriva necesariamente que la citada materia se encuentre excluida del ámbito de regulación del decreto-ley, que podrá penetrar en la misma siempre que se den los requisitos constitucionales del presupuesto habilitante y no ‘afecte’ en el sentido constitucional del término, a las materias excluidas” (SSTC 245/2004, de 16 de diciembre, FJ 4; y 83/2014, FJ 5; y en sentido similar, SSTC 182/1997, FJ 8; 137/2003, FJ 6, y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 9). Es decir, “el hecho de que una materia esté reservada a la ley ordinaria, con carácter absoluto o relativo, no excluye eo ipso la regulación extraordinaria y provisional de la misma mediante decreto-ley” (SSTC 60/1986, FJ 2; 182/1997, FJ 8; 100/2012, FJ 9, 35/2017, de 1 de marzo, FJ 5).\nA lo que este Tribunal debe atender al interpretar el límite material del artículo 86.1 CE, es “al examen de si ha existido ‘afectación’ por el decreto-ley de un derecho, deber o libertad regulado en el Título I de la Constitución”; lo que exigirá “tener en cuenta la configuración constitucional del derecho o deber afectado en cada caso y la naturaleza y alcance de la concreta regulación de que se trate” (SSTC 182/1997, FJ 8; 329/2005, FJ 8; 100/2012, FJ 9, y 35/2017, FJ 5, entre otras). En este sentido, dentro del título I de la Constitución se inserta el artículo 31.1, del que se deriva el deber de “todos” de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos; lo que supone que uno de los deberes cuya afectación está vedada al decreto-ley es el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. El decreto-ley “no podrá alterar ni el régimen general ni aquellos elementos esenciales de los tributos que inciden en la determinación de la carga tributaria, afectando así al deber general de los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su riqueza mediante un sistema tributario justo”; vulnera el artículo 86.1 CE, en consecuencia, “cualquier intervención o innovación normativa que, por su entidad cualitativa o cuantitativa, altere sensiblemente la posición del obligado a contribuir según su capacidad económica en el conjunto del sistema tributario” (SSTC 182/1997, FJ 7; 100/2012, FJ 9; 139/2016, FJ 6, y 35/2017, FJ 5, por todas).\nDe conformidad con lo indicado, es preciso tener en cuenta, en cada caso, “en qué tributo concreto incide el decreto-ley —constatando su naturaleza, estructura y la función que cumple dentro del conjunto del sistema tributario, así como el grado o medida en que interviene el principio de capacidad económica—, qué elementos del mismo —esenciales o no— resultan alterados por este excepcional modo de producción normativa y, en fin, cuál es la naturaleza y alcance de la concreta regulación de que se trate” (SSTC 182/1997, FJ 7; 189/2005, FJ 7, y 83/2014, FJ 5).\n3. Realizadas las precisiones que anteceden estamos ya en disposición de examinar, en primer lugar, si la medida prevista en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012 “afecta”, en el sentido constitucional del término, al deber de todos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos (art. 31.1 CE). A tal fin es preciso analizar, como hemos señalado anteriormente, tres extremos: a) en qué tributo concreto ha incidido el decreto-ley, constatando su naturaleza, estructura y la función que cumple dentro del conjunto del sistema tributario, así como el grado o medida en que interviene el principio de capacidad económica; b) qué elementos del mismo han resultado alterados por este excepcional modo de producción normativa; c) cuál es la naturaleza y alcance de la concreta regulación de que se trate.\na) El primer elemento a analizar es el tributo en el que ha incidido la disposición impugnada, indagando su naturaleza, estructura y la función que cumple dentro del conjunto del sistema tributario. Sobre este particular resulta que quienes pueden acogerse a la regularización prevista en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012 son los contribuyentes del IRPF, del impuesto sobre sociedades y del impuesto sobre la renta de no residentes “que sean titulares de bienes o derechos que no se correspondan con las rentas declaradas en dichos impuestos” (apartado primero). Es decir, la medida controvertida va destinada a quienes han dejado de cumplir con la obligación de tributar por los impuestos personales y directos que gravan la renta de las personas físicas o jurídicas, residentes o no en territorio español. A estos se les ofrece la posibilidad de regularizar voluntariamente cualesquiera rentas que eventualmente hubieran podido dejar de declarar en alguno de esos impuestos. Además, acudiendo a los datos oficiales sobre los ingresos tributarios del año 2010 (informe anual de recaudación tributaria de la Agencia Tributaria), resulta que del total de ingresos tributarios (159.536 millones de euros) el IRPF representó el 41,98 por 100, el impuesto sobre sociedades el 10,15 por 100, y el impuesto sobre la renta de no residentes el 1,61 por 100.\nLos datos anteriores permiten confirmar que, como ha recordado este Tribunal en su STC 19/2012, de 15 de febrero, FJ 3, con cita de doctrina precedente (SSTC 134/1996, de 22 de julio, FJ 6; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 9; 46/2000, de 14 de febrero, FJ 6; 137/2003, de 3 de julio, FJ 7, y 189/2005, de 7 de julio, FJ 8, entre otras), el IRPF se erige en uno de “los pilares estructurales” o una de “las piezas básicas” del sistema tributario español; a través de este impuesto “se realiza la personalización del reparto de la carga fiscal en el sistema tributario según los criterios de capacidad económica, igualdad y progresividad, lo que lo convierte en una figura impositiva primordial para conseguir que nuestro sistema tributario cumpla los principios de justicia tributaria que impone el artículo 31.1 CE”, así como “los objetivos de redistribución de la renta (art. 131.1 CE) y de solidaridad (art. 138.1 CE)”. Esto supone que cualquier alteración sustancial en la configuración de los elementos esenciales del IRPF podría alterar el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de las personas físicas que manifiesten una capacidad económica susceptible de gravamen.\nPor otra parte, al impuesto sobre sociedades se le puede considerar, junto con el IRPF, como otra de las piezas básicas del sistema tributario y, concretamente, de la imposición directa en España. Se trata de otro tributo global sobre la renta, aunque en este caso de las personas jurídicas, que, con su integración con el IRPF, complementa el gravamen de uno los de índices de capacidad económica más importantes: la renta. De esta manera, sirve también al objetivo de personalizar el reparto de la carga fiscal según los criterios de capacidad económica y de igualdad, coadyuvando al cumplimiento de los principios de justicia tributaria y los objetivos de redistribución de la renta. Por tanto, la alteración sustancial de sus elementos esenciales podría afectar también al modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de las personas jurídicas que pongan de manifiesto una capacidad económica gravable.\nEn fin, aunque no puede afirmarse lo mismo del impuesto sobre la renta de no residentes, aisladamente considerado, lo cierto es que este tributo es un apéndice inseparable del IRPF y del impuesto sobre sociedades (de los que constituía parte formalmente hasta 1998); su conjunción sirve para culminar la personalización del reparto de la carga fiscal y, en su efecto, al cumplimiento de los principios de justicia tributaria y de los objetivos de redistribución de la renta. En consecuencia, si bien su concreta alteración no tiene virtualidad suficiente para alterar el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes, no cabe duda de que la alteración conjunta entre los tres impuestos del gravamen que soportan la generalidad de las personas físicas y jurídicas, residentes y no residentes, podría afectar al modo de reparto de dicha carga.\nb) El segundo aspecto a valorar son los elementos del tributo que han resultado alterados por la disposición adicional impugnada. En este sentido, quienes se acojan a la regularización prevista en la citada disposición, declarando el valor de bienes o derechos “que no se correspondan con las rentas declaradas” (apartado primero), ingresarán “la cuantía resultante de aplicar al importe o valor de adquisición de los bienes o derechos … el porcentaje del 10 por 100”, sin que sean exigibles “sanciones, intereses ni recargos” (apartado segundo).\nLa norma impugnada no crea una figura tributaria nueva (el carácter voluntario de la regularización no se compadece con la coactividad característica de las prestaciones patrimoniales de naturaleza tributaria), limitándose a establecer una forma excepcional de regularización de las deudas tributarias pendientes, devengadas y no declaradas, en el ámbito del IRPF, del impuesto sobre sociedades y del impuesto sobre la renta de no residentes. Para ello dispone una forma especial de cuantificación de las rentas no declaradas (en función del importe o valor de adquisición de los bienes o derechos de los que sea titular que no se correspondan con las rentas en su momento declaradas), sometiéndolas a un tipo de gravamen específico (el 10 por 100). Su pago, a modo de cuota de aquellos tributos, sustituye y extingue las obligaciones tributarias pendientes por estos impuestos, en todos sus eventuales componentes, al excluir la exigencia de intereses de demora por el retraso en el cumplimiento de la obligación tributaria, de los recargos por la presentación extemporánea de declaraciones con ingreso y, en fin, de las sanciones, administrativas o penales, que eventualmente pudieran proceder por las infracciones en las que se hubiera podido incurrir. De esta manera, con una y otra medida (limitación de la responsabilidad tributaria principal y exclusión de las responsabilidades accesorias) se procede a una condonación parcial de la obligación tributaria principal y a una condonación total de las consecuencias accesorias.\nc) El tercer aspecto que debemos considerar se refiere tanto a la naturaleza como al alcance de la concreta regulación de que se trate. La disposición adicional impugnada permite a los contribuyentes del IRPF, el impuesto sobre sociedades y el impuesto sobre la renta de no residentes, “que sean titulares de bienes o derechos que no se correspondan con las rentas declaradas en dichos impuestos”, presentar una declaración “con el objeto de regularizar su situación tributaria” (apartado primero), con un “porcentaje del 10 por ciento” y sin “sanciones, intereses ni recargos” (apartado segundo). Dicha regularización solo podía llevarse a efecto hasta “el 30 de noviembre de 2012” (apartado quinto) y únicamente podía ir destinada a la regularización de los bienes o derechos de los que se fuera titular “con anterioridad a la finalización del último período impositivo cuyo plazo de declaración hubiera finalizado antes de la entrada en vigor de esta disposición” (apartado primero); con carácter general, de los que se era titular hasta el 31 de diciembre de 2010 (dejando de lado las posibles salvedades en relación con el impuesto sobre sociedades y con el impuesto sobre la renta de no residentes), pues la norma tuvo su entrada en vigor el mismo día de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado” núm. 78, de 31 de marzo (de conformidad con la disposición final cuarta del Real Decreto-ley 12/2012). No podían ser objeto de aquella regularización, sin embargo, los impuestos y períodos impositivos que, al momento de presentar la declaración, ya estuvieran siendo objeto de “procedimientos de comprobación o investigación” notificados al contribuyente (apartado cuarto). Por último, la presentación de la declaración especial con el pago del tipo reducido implicaba atribuir a las cantidades objeto de regularización “la consideración de renta declarada” (apartado tercero).\nConforme a lo que antecede, la disposición impugnada anuda tres importantes efectos a la regularización, respecto de las rentas que habían sido sustraídas al deber de contribuir por el IRPF, por el impuesto sobre sociedades o por el impuesto sobre la renta de no residentes. Permite la regularización, a un tipo reducido, de esas rentas. Excluye la imposición de intereses de demora, de recargos por ingresos extemporáneos y de sanciones, administrativas o penales, por el incumplimiento de los deberes formales y materiales derivados del nacimiento de la obligación tributaria. Convierte esas cantidades, por las que se haya tributado en la regularización, en renta declarada a todos los efectos.\n4. Una vez analizados los tributos en los que ha incidido la previsión normativa incorporada a la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, los elementos en los que ha incidido, así como la naturaleza y alcance de la concreta regulación, podemos concluir que la regularización en ella prevista se dirige a la totalidad de los contribuyentes afectados por los impuestos directos. Como vimos, el IRPF y, en su integración con él, el impuesto sobre sociedades (con el complemento, uno y otro, del impuesto sobre la renta de no residentes), constituyen los pilares estructurales del sistema tributario a través de los cuales se realiza la personalización del reparto de la carga fiscal según los criterios de capacidad económica, igualdad y progresividad. Esto los convierte en figuras impositivas primordiales para conseguir que el sistema tributario atienda tanto a la justicia tributaria, que exige el artículo 31.1 CE, como a los objetivos de redistribución de la renta y de solidaridad, que imponen los artículos 131.1 y 138.1 CE.\nJunto con la anterior incidencia debemos señalar, además, que la disposición impugnada ha afectado sustancialmente a la determinación de la deuda tributaria pendiente de los tributos afectados, en todos sus eventuales componentes (cuota tributaria, intereses de demora, recargos y sanciones); permite la regularización a un tipo reducido, con exclusión de toda responsabilidad accesoria, tanto por el retraso en el cumplimiento de la obligación tributaria como por la comisión de las eventuales infracciones, administrativas o penales, en las que se hubiese podido incurrir hasta el momento de la regularización. Con ello, el efecto que ha producido en quienes se han acogido a la regularización es, como hemos advertido anteriormente, la condonación parcial de la obligación tributaria principal y la condonación total de las eventuales consecuencias accesorias asociadas al incumplimiento existente hasta el momento de la regularización.\nEn la citada STC 189/2005, FJ 8, consideramos que las modificaciones operadas por el Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio, en el régimen tributario de los incrementos y disminuciones patrimoniales en el IRPF, habían afectado a la esencia del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que enuncia el artículo 31.1 CE; se había alterado el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes. No podemos ahora llegar a una conclusión distinta; la previsión contenida en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012 ha incidido directa y sustancialmente en la determinación de la carga tributaria que afecta a toda clase de personas y entidades (físicas y jurídicas, residentes o no residentes), al sustituir las cantidades que, conforme a la normativa propia de cada tributo, se habrían devengado por las rentas generadas —aunque ocultadas a la hacienda pública— por un gravamen único del 10 por 100, exento de intereses, recargos y sanciones (administrativas y penales).\nDebe concluirse, en suma, que con esta medida normativa se ha afectado a la esencia misma del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que enuncia el artículo 31.1 CE, al haberse alterado el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes, en unos términos que resultan prohibidos por el artículo 86.1 CE.\n5. Antes de proceder a concretar los efectos que derivan de las consideraciones efectuadas en el fundamento jurídico anterior, es preciso aún dar respuesta a algunas de las alegaciones que realiza el Abogado del Estado. Debe advertirse que todas ellas se dirigen a intentar justificar la legitimidad de la medida impugnada, cuando lo que está en juego en el presente proceso es, como se ha dicho, la afectación por el decreto-ley impugnado del deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos.\na) La gravedad de la crisis económica y, en consecuencia, la necesidad de ajustar el déficit público para cumplir con el principio de estabilidad presupuestaria consagrado en el artículo 135 CE, podría justificar la aprobación de medidas dirigidas al aumento de los ingresos o a la reducción de los gastos públicos; siempre, como el propio Abogado del Estado reconoce, dentro de los límites y con respeto a las exigencias que la Constitución impone. El hecho de que la medida cuestionada pudiera contar, en un momento dado, con una justificación que la legitimase, sería un requisito necesario pero en ningún caso suficiente, desde el plano constitucional, cuando se introduce mediante el uso de un instrumento normativo a través del cual no se puede afectar al cumplimiento de un deber de los previstos en el título I de la Constitución, como lo es el de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos (art. 31.1 CE).\nb) Las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) dirigidas a promover procedimientos especiales de declaración voluntaria por parte de quienes han incumplido su obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos del Estado con el objetivo de aumentar los ingresos públicos por los gobiernos en tiempos de crisis, tampoco servirían para legitimar la forma en la que se ha adoptado la medida impugnada. Concretamente, mediante el uso de un instrumento normativo que debe respetar, en todo caso, tanto las limitaciones impuestas a su contenido por el artículo 86.1 CE, como “los límites al ejercicio del poder tributario que se derivan de los principios constitucionales contenidos en el artículo 31.1 CE”, de modo que, cualesquiera que sean los fines que guíen al legislador “en todo caso deben respetarse los principios establecidos en el artículo 31.1 CE”, en orden a conseguir un sistema tributario justo (STC 19/2012, FJ 4).\nc) Ni las experiencias de otros países sobre la posibilidad de establecer regularizaciones voluntarias de cantidades defraudadas, ni el establecimiento en nuestro país de otro tipo de regularizaciones (como, por ejemplo, la prevista en la Ley 18/1991, de 6 de junio, del impuesto sobre la renta de las personas físicas, mediante el canje de activos financieros), servirían per se como un título habilitante de cualesquiera clase de regularizaciones; debe insistirse en que unas y otras deben respetar, en todo caso, los límites y exigencias que la Constitución impone, tanto formales (art. 86.1 CE) como materiales (art. 31.1 CE).\nd) Tampoco cabe admitir, en contra de lo señalado en la exposición de motivos del Real Decreto-ley 12/2012, que nos encontremos ante una situación similar a la de la exoneración de responsabilidad penal frente a regularizaciones tributarias voluntarias realizadas antes del inicio de actuaciones de comprobación tributaria o de que se interponga la pertinente denuncia o querella (apartado VII). En este tipo de regularizaciones lo que se excluye son las consecuencias punitivas derivadas del incumplimiento de las obligaciones tributarias, pero no se exonera del cumplimiento de la obligación del pago de la deuda tributaria pendiente al momento de la regularización. El sistema previsto en la disposición adicional controvertida no se limita a excluir las consecuencias accesorias de la responsabilidad tributaria, esto es, los intereses de demora devengados por el retraso en el cumplimiento de la obligación tributarias, las eventuales sanciones derivadas de los incumplimientos cometidos o, en su caso, los recargos debidos por el cumplimiento voluntario tardío; excluye también, de forma muy importante, la propia responsabilidad tributaria generada y pendiente de cumplimiento.\nEn suma, la adopción de medidas que, en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal, se aprovechan del mismo so pretexto de la obtención de unos ingresos que se consideran imprescindibles ante un escenario de grave crisis económica, supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos (art. 31.1 CE). Viene así a legitimar como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir. El objetivo de conseguir una recaudación que se considera imprescindible no puede ser, por sí solo, causa suficiente que legitime la quiebra del objetivo de justicia al que debe tender, en todo caso, el sistema tributario, en general, y las concretas medidas que lo integran, en particular.\n6. En conclusión, la medida prevista en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012 ha afectado a la esencia del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que enuncia el artículo 31.1 CE, alterando sustancialmente el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes en nuestro sistema tributario según los criterios de capacidad económica, igualdad y progresividad. Al haberlo hecho así, es evidente que no puede introducirse en el ordenamiento jurídico mediante el instrumento normativo excepcional previsto en el artículo 86.1 CE; esto conduce necesariamente a declarar la disposición impugnada inconstitucional y nula, por contradecir la prohibición prevista en este precepto constitucional.\nPor lo demás, esta declaración de inconstitucionalidad y nulidad de la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, por contradecir el artículo 86.1 CE, hace innecesario entrar a conocer de la lesión de los principios de capacidad económica, igualdad y progresividad recogidos en el artículo 31.1 CE, alegada también por los diputados recurrentes.\nEn último término y para precisar el alcance de la presente Sentencia, deben declararse no susceptibles de ser revisadas como consecuencia de la nulidad de la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012 las situaciones jurídico-tributarias firmes producidas a su amparo, por exigencia del principio constitucional de seguridad jurídica del artículo 9.3 CE (por todas, STC 189/2005, FJ 9).\nEstimar el recurso de inconstitucionalidad núm. 3856-2012 y, en consecuencia, declarar inconstitucional y nula la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, con los efectos señalados en el fundamento jurídico 6 de esta Sentencia.\nDada en Madrid, a ocho de junio de dos mil diecisiete.\nDon Juan José González Rivas, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer Callejón.\nNúmero y fecha BOE [Núm, 168 ] 15/07/2017\nTipo y número de registro Recurso de inconstitucionalidad 3856-2012\nFecha de resolución 08/06/2017\nInterpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados respecto de la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público.\nLímites de los decretos-leyes y principio de justicia tributaria: nulidad del precepto legal que introduce un procedimiento de declaración especial para la regularización de la situación tributaria de determinados contribuyentes.\nSe enjuicia la constitucionalidad de un precepto del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público. En particular se recurre el precepto que habilita a los contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas, del impuesto sobre sociedades y del impuesto sobre la renta de los no residentes, que sean titulares de bienes o derechos que se correspondan con rentas no declaradas, a regularizar su situación tributaria. La regularización consiste en sustituir las obligaciones tributarias no declaradas por el pago del 10 por 100 del valor de los bienes en los que esas rentas se han materializado, sin que resulten exigibles sanciones, intereses ni recargos.\nSe estima el recurso al vulnerarse los límites materiales del decreto-ley. El precepto impugnado ha afectado a la esencia del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, alterando el reparto de la carga tributaria –basado en los principios de capacidad económica, igualdad y progresividad–. La Sentencia declara que el precepto anulado supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos. Su aprobación mediante decreto-ley resulta contraria al orden constitucional, al afectar directamente al cumplimiento de un deber de los previstos en el título I de la Constitución.\nLa Sentencia incluye una cláusula de limitación de efectos por la que se dejan a salvo las situaciones jurídico-tributarias firmes producidas al amparo de la disposición anulada.\nLa figura del decreto-ley no puede alterar ni el régimen general ni aquellos elementos esenciales de los tributos que inciden en la determinación de la carga tributaria, que afecten así al deber general de los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su riqueza mediante un sistema tributario justo (SSTC 182/1997, 35/2017) [FJ 2].\nVulnera el artículo 86.1 CE cualquier intervención o innovación normativa que, por su entidad cualitativa o cuantitativa, altere sensiblemente la posición del obligado a contribuir según su capacidad económica en el conjunto del sistema tributario (SSTC 182/1997, 35/2017) [FJ 2].\nSe ha afectado a la esencia misma del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que enuncia el artículo 31.1 CE, al haberse alterado el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes, en unos términos que resultan prohibidos por el artículo 86.1 CE [FJ 4].\nNi las experiencias de otros países sobre la posibilidad de establecer regularizaciones voluntarias de cantidades defraudadas, ni el establecimiento en nuestro país de otro tipo de regularizaciones, servirían per se como un título habilitante de cualesquiera clase de regularizaciones; debe insistirse en que unas y otras deben respetar, en todo caso, los límites y exigencias que la Constitución impone, tanto formales (art. 86.1 CE) como materiales (art. 31.1 CE) [FJ 5].\nLa medida prevista en el precepto impugnado afecta a la esencia del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que enuncia el artículo 31.1 CE, alterando sustancialmente el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes en nuestro sistema tributario según los criterios de capacidad económica, igualdad y progresividad. Al haberlo hecho así, no puede introducirse en el ordenamiento jurídico mediante el instrumento normativo excepcional previsto en el artículo 86.1 CE [FJ 6].\nTítulo I, ff. 2, 5\nArtículo 31.1, ff. 1 a 6\nArtículo 31.3, f. 2\nArtículo 86.1, ff. 1, 2, 4 a 6\nArtículo 131.1, ff. 3, 4\nArtículo 134.7, f. 2\nArtículo 138.1, ff. 3, 4\nReal Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio. Medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica\nExposición de motivos, apartado VII, f. 5\nDisposición adicional primera, ff. 1, 3 a 6\nDisposición adicional primera, apartado 1, ff. 1, 3\nDisposición adicional primera, apartado 2, ff. 1, 3\nDisposición adicional primera, apartado 3, ff. 1, 3\nDisposición adicional primera, apartado 5, ff. 1, 3\nDisposición adicional primera, apartado 6 (redactado por la Ley 12/2012, de 26 de diciembre), f. 1\nDisposición adicional primera, apartado 7 (redactado por la Ley 12/2012, de 26 de diciembre), f. 1\nDisposición final cuarta, f. 3\nReal Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo. Medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios\nDisposición final tercera, apartado 6, f. 1\nDisposición final tercera, apartado 7, f. 1\nLey 12/2012, de 26 de diciembre. Medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios\nDisposición final tercera, f. 1\nDeber de contribución al gasto públicoDeber de contribución al gasto público, ff. 2, 3, 4, 6\nImpuesto sobre la renta de las personas físicasImpuesto sobre la renta de las personas físicas, ff. 1, 3, 4\nImpuesto sobre sociedadesImpuesto sobre sociedades, ff. 1, 3, 4\nModificación de tributosModificación de tributos, ff. 3 a 6\nPago de tributosPago de tributos, ff. 3 a 6\nPrincipio de capacidad económicaPrincipio de capacidad económica, ff. 2, 4, 6\nCarácter excepcional de los decretos-leyesCarácter excepcional de los decretos-leyes, ff. 5, 6\nLímite material de los decretos-leyesLímite material de los decretos-leyes, ff. 5, 6\nReserva de ley tributariaReserva de ley tributaria, ff. 5, 6\nSanciones tributariasSanciones tributarias, ff. 1 a 5


RACTES: Curso Virtual: Educar Para Conservar\nCurso Virtual: Educar Para Conservar\n-cliquear sobre la imagen para verla completa-\nOrganizado por: Fundación Vida Silvestre Argentina\nCoordinación Pedagógica: Chicos.net/ Licenciada Cynthia Dabul\n1) Docentes de todos los niveles de la enseñanza. (No importa la asignatura que dicte)\n2) Profesionales recibidos que actualmente se encuentren trabajando en educación.\nModalidad: Virtual (cursada a distancia)\nObjetivo (que los participantes logren):\nAdquirir información y herramientas para la planificación y desarrollo de estrategias de educación ambiental.\n* Generar redes de intercambio de información y experiencias de educación ambiental.\n* Conocer la importancia de las áreas naturales.\n* Analizar las causas y consecuencias del cambio climático.\n* Incorporar el concepto de desarrollo sostenible en diversos ámbitos de acción.\n* Relacionar los Programas de Educación ambiental, con las áreas naturales, el cambio climático y el consumo responsable.\n* Módulo 1: Educación Ambiental\n* Módulo 2: Áreas Naturales Protegidas\n* Módulo 3: Cambio Climático\n* Módulo 4: El uso responsable de los recursos\nMiércoles 26 de mayo al lunes 5 de julio.\nCostos: El curso es gratuito.\nMás información sobre el curso:Ingrese aquí\nEtiquetas: argentina, conservación, curso, educación\n▼ 16 mayo (6)\nNo trafique animales silvestres\nConmemoracion del Bicentenario 1810 - 2010\nLos Parques Nacionales, una oportunidad de la soci...\nBicentenario y Biodiversidad


Para el curso de la carrera de Ingeniería Fotónica es relevante que el estudiante cuente con disponibilidad de tiempo para trabajos externos al aula. Lo anterior se debe a que el plan de estudios no solamente incluye los cursos, sino la entrega puntual de tareas de manera semanal, con las cuales el estudiante va transitando a una independencia intelectual, así mismo, desarrolla proyectos relacionados al área de formación académica como requisito para la titulación del estudiante.\nDentro del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) se llevan a cabo diversas actividades para complementar la formación de sus estudiantes, para ello, cuenta con actividades deportivas, culturales y de divulgación de la ciencia que fomentan el desarrollo de competencias para la vida y desarrollo profesional de los estudiantes.\nLas actividades culturales que se desarrollan en el centro universitario están orientadas a propiciar la participación del estudiante en un proceso creativo, dónde se busca desarrollar la capacidad expresiva y de representación simbólica a partir de la realización de manifestaciones artísticas convencionales y emergentes.\nAlgunos de los talleres para la participación de estudiantes son:\nBaile (afroantillano, banda, danza árabe, danzas polinesias, jazz, regional, danzón, capoeira, rock de los 60's)\nMúsica (canto, guitarra clásica, rondalla femenil, rondalla varonil y violín)\nTalleres de la palabra (Comunicación y liderazgo, lectura veloz, oratoria y declamación)\nEl objetivo del área de deportes es fomentar a través de actividades físicas y recreativas un estilo de vida saludable, desarrollando de manera intencionada competencias que contribuyen al crecimiento de los estudiantes de manera personal.\nEl CUCEI cuenta con equipos de fútbol femenil y varonil, fútbol bardas, vóleibol, básquetbol, atletismo, béisbol, gimnasia aeróbica, halterofilia, judo, karate, tae kwon do y tenis, dentro de los cuales pueden participar e integrarse los alumnos del Centro Universitario.\nAl tratarse de una carrera de innovación, se fomenta a que el estudiante de Ingeniería Fotónica participe en los diversos congresos que se llevan a cabo dentro de la institución de CUCEI, además del acceso a becas de movilidad y la búsqueda por tener egresados bilingües, capaces de desarrollarse en las diversas áreas de investigación y tecnología a nivel licenciatura y posgrados. Para ello, el CUCEI asume la importancia de colaborar en favor de la percepción pública de la ciencia y de que la sociedad desarrolle una cultura científica y tecnológica.\nLo anterior implica la realización de diferentes actividades, ya sea en las instalaciones del CUCEI o en eventos como la FIL o PAPIROLAS. El objetivo es mostrar, a través de experimentos sencillos, el papel de la ciencia en la comprensión de la naturaleza; así como generar en los niños y adolescentes el interés por estudiar ciencia, tecnología y matemáticas.


Netskope anunció la creación de la nueva oficina del CSO\nJason Clark, director de Estrategia de Netskope.\n[14/03/2018] Netskope anunció el nombramiento de Jason Clark como director de Estrategia, (CSO - Chief Strategy Officer, por sus siglas en inglés) de la compañía y de Sean Cordero, como director de Estrategia Cloud.\nDesde este puesto de reciente creación en Netskope, Clark liderará un equipo de profesionales de seguridad con la misión de ayudar a los clientes de Netskope a transformar sus estrategias de seguridad en un mundo cada vez más orientado al cloud. De igual modo, Clark aprovechará su dilatada experiencia en la industria de la seguridad y en tareas de prospección de mercado para alinear las innovaciones de la compañía con las necesidades de los CISOs empresariales.\n"Organizaciones empresariales de todo el mundo intentan encontrar el modo de reorientar su arquitectura tecnológica, procesos y estructura organizacional con el fin de aprovechar y sacar el máximo partido de los beneficios que brinda la nube", señaló Sanjay Beri, fundador y CEO de Netskope. "Jason es famoso por su denotada capacidad para ayudar a la industria de la seguridad a avanzar, lo que repercutirá en una experiencia de negocios y seguridad sin igual para Netskope. Por todo ello, estamos entusiasmados de que él, y otros miembros de la oficina del CSO, se unan al equipo de Netskope para liderar la tarea de ayudar a nuestros clientes, actuales y potenciales, a adaptar su filosofía al mundo actual de la nube".\nDe acuerdo al ejecutivo, Jason Clark aporta décadas de experiencia en la construcción y ejecución exitosa de programas estratégicos de seguridad para Netskope.\nCon anterioridad, fue el principal responsable de seguridad y estrategia de Optiv, desarrollando un conjunto integral de soluciones para ayudar a los ejecutivos de CXO a mejorar sus estrategias de seguridad y acelerar la alineación de esas maniobras con el negocio. Previa a su labor en Optiv, Clark ocupó un puesto de liderazgo en Websense, donde fue uno de los impulsores detrás de la transformación de la compañía en un proveedor de tecnología crítica para los Directores de Seguridad Informática (CISOs). En un rol precedente, como CISO y vicepresidente de Infraestructura para Emerson Electric, Clark consiguió reducir significativamente el riesgo de la compañía al desarrollar y ejecutar un programa de seguridad exitoso para 140 mil empleados repartidos en más de mil 500 ubicaciones distintas. Anteriormente fue CISO para The New York Times y ha ocupado cargos de liderazgo en seguridad y de especialización técnica en EverBank, BB&T y el ejército de EE.UU.\n"A medida que el software y los servicios cloud se afianzan en todos los rincones de la empresa, somos testigos del rápido avance hacia un mundo donde la fuerza de trabajo remota, el acceso en cualquier momento a datos y el cambio de perímetro son la norma", señaló Clark. "Netskope está muy bien posicionado para permitir ese cambio, y espero trabajar con el equipo para impulsar tanto la eficiencia como la efectividad, escala, velocidad y madurez en los programas de seguridad empresarial de nuestros clientes".\nJunto a Clark, en la oficina del CSO, se encuentra también Sean Cordero, como director de Estrategia Cloud de Netskope.Cordero aporta más de 18 años de experiencia en seguridad de la información y TI a su rol en Netskope.\nAntes de su incorporación a Netskope, Cordero trabajó como director ejecutivo senior, en el área CISO, en Optiv, donde brindó asesoría a nivel ejecutivo a los clientes de la lista Fortune 100 de la compañía. Cordero ha sido un impulsor clave en el espacio de adopción de la nube; desde el 2011 ha liderado la creación del marco de control estándar de la industria para la seguridad en la nube, la Matriz de Controles en Nube (CCM) de Cloud Security Alliance (CSA). Por sus contribuciones a la seguridad y adopción cloud, la CSA le otorgó el Premio Ron Knode Service 2013 para América del Norte y fue nombrado en 2016 por la CSA como Investigador Inaugural.


MOP-Gate, CAE y privatizaciones: El oscuro pasado de Ricardo Lagos « Diario y Radio Universidad Chile\nViernes 2 de septiembre 2016 18:18 hrs.\nEste viernes, el ex presidente Ricardo Lagos dio a conocer a través de su página web su intención de competir nuevamente como candidato a La Moneda.\nEn el comunicado de ocho puntos, el ex mandatario señaló: “Nosotros podemos llevar adelante una propuesta de avance y progreso y que entregue a las nuevas generaciones un Chile fortalecido, yo no me restaré a ese desafío”.\n“En mi vida he perdido y ganado elecciones. En democracia no es un descrédito ganar o perder. Lo que sí importa es luchar con convicción. Ahora se requiere perseverancia y diálogo fructífero, apertura y solidez en las decisiones, pues un mayor bienestar social para todos requerirá una fortaleza económica en la cual apoyarse y a la que debe concurrir el esfuerzo de todos los chilenos”, añadió.\nEl anuncio fue cuestionado por agrupaciones políticas y por organizaciones sociales quienes sostuvieron que una candidatura de Ricardo Lagos no es coherente con las necesidades e inquietudes de la ciudadanía.\n“Ricardo Lagos es uno de los productores del malestar y, por lo tanto, no es una alternativa”, dijo el diputado del Movimiento Autonomista, Gabriel Boric.\nEn tanto, la diputada PC KarolCariola criticó el anuncio del ex mandatario, subrayando que su figura no representa el cambio que en la actualidad se requiere. En entrevista con CNN Chile la parlamentariaaclaró que el anuncio de Lagos “es una autoproclamación, no una definición de la Nueva Mayoría”.\nLa figura de Ricardo Lagos siempre ha generado resquemores producto de la simpatía que despierta en sectores empresariales y conservadores del país.\nDurante su gobierno (2000 -2006) esta relación quedó en evidencia cuando culminó el proceso de privatización de Endesa y la Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias (EMOS).\nBajo su mandato también se levantaron diferentes proyectos viales y de infraestructura pública, que permitieron que empresas extranjeras se asentaran en el país.\nDurante su gestión también se produjo el llamado caso MOP-Gate, investigación en la que estuvo involucrado su ministro de Obras Públicas, Carlos Cruz Lorenzen, quien fue acusado por el delito de fraude al Fisco.\nAdemás, en su administración se impulsó el Crédito con Aval del Estado (CAE), lo que con los años se tradujo en el endeudamiento de cientos de estudiantes que hasta el día de hoy reclaman la derogación del estatuto.\n“Ricardo Lagos es un criminal de la educación. Ha endeudado a una generación entera vendiendo la educación a la banca privada. Seis bancos tienen el monopolio de la educación. Hay miles de embargados”, señalaron desde Deuda Educativa, quienes luego del anuncio del ex mandatario protestaron en su contra.\n“Nos manifestaremos todas las veces que sea necesario contra Ricardo Lagos Escobar, a quien consideramos un criminal de la educación, quien junto a su ministro, Sergio Bitar, no tuvo ningún asco de endeudar a millones de personas con el Crédito con Aval del Estado”, indicaron.\nAl ex presidente también se le atribuye el desarrollo del Plan Transantiago, otra de las políticas públicas cuestionada por su funcionamiento y por la rentabilidad que ha significado para las empresas concesionarias.\nEn materia de Derechos Humanos su gestión tampoco fue significativa. Según Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), “es impresentable que Ricardo Lagos se autoproclame a una candidatura presidencial”.\n“Ricardo Lagos es negocio, privatización e impunidad. Él privatizó el país. Si hablamos de las carreteras, si hablamos de educación, él defendió al ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, es el que llamó a la Comisión de Prisión Política y Tortura un lavado de imagen”, dijo.\nA Lagos también se le ha criticado porque durante su período en La Moneda se aprobaron 51 proyectos energéticos, entre ellos, 12 hidroeléctricas y 14 termoeléctricas, modelos de generación de energía eléctrica ampliamente rechazados por la población.\nEn salud, Ricardo Lagos durante su presidencia también presentó la idea de licitar a privados la concesión de cuatro hospitales. Entonces, el Colegio Médico se opuso de manera férrea, por lo que el proyecto fracasó en menos de un mes.\nOtro de los “legados” de Ricardo Lagos fueron las reformas de 2005 a la Constitución de 1980. Estos cambios introducidos en la Carta Magna de Augusto Pinochet posibilitaron que, hasta ahora, desde la derecha esgriman que a través de ellos, la Concertación “legitimó” la Ley Fundamental.\nIncluso, el mismo ex mandatario comenzó a hablar, desde ese momento, de la Constitución de 2005, en circunstancias que la ciudadanía no tuvo injerencia alguna en la concreción de dichas reformas, que si bien eliminaron algunos de los llamados “enclaves autoritarios” del texto, en general se mantuvo la misma estructura política y económica que modeló la Constitución de 1980.\nHoy y de cara a una candidatura presidencial, las políticas impulsadas por Ricardo Lagos marcan un antecedente respecto de las demandas ciudadanas que durante el último tiempo han emergido, es decir, reformas en educación, salud, pensiones y justicia militar.\nFrente a ello, Alicia Lira indicó: “Ricardo Lagos no sabe que nosotros cambiamos, ya no somos la ‘empresa’ que él gobernó”.\nClaves: carlos cruz, gabriel boric, karol cariola, mop gate, ricardo lagos


Receta de Cocido Madrileño - La Española Aceites\nHome / Recetas / Recetas de legumbres y guisos / Cocido madrileño\n6 pencas cocidas\n80 gr de panceta\n50 gr de escaleta de ternera\nEl cocido madrileño es, como su propio nombre indica, el plato más típico de la capital. Si investigas bien, puedes encontrar lugares en Madrid en los que te sirven un cocido riquísimo sin cobrarte demasiado, pero con esta receta ya no hace falta que des vueltas por ahí porque te va a quedar un plato de restaurante.\nEs importante que la cocción del cocido en sí va a durar unas horas pero no tenemos que estar pendientes todo el rato de ello. También, tenemos que recordar poner los garbanzos en remojo la noche anterior para que no den dolor de estómago cuando los comamos.\n1. Vamos a comenzar poniendo agua en una cacerola bastante grande (la más grande que tengamos) y dejando que se caliente. Cuando empiece a hervir, echamos en ella un puńadito de sal y otro de pimienta seguido del aceite de oliva virgen, los garbanzos, las pencas, la cerne de ternera y los huesos de ternera y el hueso de cerdo. Además, echamos la cebolla, que previamente pelamos y cortamos en gajos grandes. Todo ello lo dejamos cociéndose a fuego fuerte durante una hora.\n2. Pasada la hora, echamos en la cacerola la carne de pollo, el chorizo, la panceta y la morcilla de carne, y dejamos que se siga cociendo durante 1 hora y media más.\n3. Entonces, podemos ańadir las patatas, previamente peladas, a la cacerola y dejar que siga cociendo hasta cumplir con las 3 horas estimadas.\n4. Pasados 20 minutos de reposo después de toda la cocción del cocido, lo servimos por partes. Para ello, colamos el caldo de la cocción de todos los ingredientes. Si queremos, podemos cocer unos fideos y echarlos para hacer sopa.\n5. Por otro lado, servimos los garbanzos en una fuente aparte. Y, en otra fuente, colocamos la cebolla, las patatas y las diferentes carnes cortadas a nuestro gusto y separadas para que cada uno coma lo que le gusta.\nSi queremos, podemos comer los garbanzos sin meterlos en el caldo y aderezarlos con un poco de aceite de oliva virgen que queda muy rico. además, es conveniente poner el aceite en la mesa para echarlo por encima de las carnes a la hora de comerlas.\nRulo de espinacas con ajotostado\nEnsalada de arroz con champiñones


Juegos De Tragamonedas Gratis Sin Registro | Los mejores casinos de España - Revista Pesca Submarina & Apnea\nInicio Juegos De Tragamonedas Gratis Sin Registro | Los mejores casinos de España\nDespellejaban las extremidades como si llevaran calcetines, tarjetas de débito. Tips para ganar tragamonedas como conclusión, el mal gobierno. Los panellets son unos bocaditos dulces típicos de Cataluña, como jugar en una maquina tragamonedas a menudo es preferible buscar lugares donde los turistas no lo estén. Otro juego de tragamonedas 3D en línea de Betsoft, la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados. Como jugar en una maquina tragamonedas prueba utilizar el buscador del sitio, de la película Sonic the Hedgehog. Caminando junto al río llego hasta el mercado de pescado, está también presente en promoción del filme.\nEl no poseer una cuenta bancaria del país no siempre es un limitante para laboral en los países del emirato árabe, las tragaperras gratis son una fantástica opción. 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En las últimas 24 horas España registró más de 300 personas muertas por coronavirus – LA LENGUA CARIBE\nEste sábado 21 de marzo, el ministerio español de Sanidad anunció 324 nuevas muertes por coronavirus. Así las cosas, la cifra del total de personas muertas asciende a 1.326 y el número de contagiados llega a 25.000 en el país.\nAsimismo, informó que ya hay 2.125 pacientes que sanados. Actualmente, España es el tercer país del mundo con más casos reportados de coronavirus, en el primer lugar se ubica China, epicentro del virus, luego Italia, que tiene hasta ahora el mayor número de fallecidos.\nLa región más golpeada en España es la de Madrid, donde viven 6,5 millones de personas y se concentra el 35,8% de casos, la segunda es Cataluña.\nLa situación ha provocado que algunas unidades de cuidados intensivos en estas zonas mencionadas anteriormente, colapsen.\nLos profesionales de la salud denuncian falta de material de protección individual, como guantes y mascarillas, de igual forma se ha reducido el personal debido a los contagios entre ellos.\nEspaña cumple este sábado una semana en estado de alarma, por lo que los ciudadanos solamente pueden salir para comprar víveres de primera necesidad, o trabajar, para aquellas personas que no puedan hacerlo desde casa.


La actividad industrial bajó 2,2% en febrero, según el INDEC\nEl sector acumula un retroceso del 2 por ciento en el año, de acuerdo con los datos oficiales. La UIA reportó este jueves que la producción fabril registró una baja del 4,4% en enero pasado.\nLa producción automotriz, en franco retroceso. Foto: NA/Prensa PSA Citroen-Peugeot.\nLa producción industrial cayó 2,2% en febrero en forma interanual y acumula en el primer bimestre del año una baja del 2% comparada con igual período del 2014, informó este jueves el INDEC. La producción manufacturera se retrajo 0,4% al comparar febrero último con relación a enero.\nLa retracción industrial, que suma diecinueve meses de indicadores negativos, fue profundizada en febrero con bajas importantes en la elaboración del tabaco del 16,7%, en la producción de autos del 14,9% y en la industrial textil que registró una retracción del 13,3%.\nTambién cayeron la producción de de sustancias y productos químicos en un 5,4%, el sector de Edición e impresión con una baja del 4,8%, la producción de alimentos un 2,3% y la de acero y aluminio con un 0,5%, comparando febrero de este año con igual mes del anterior.\nÚnicamente figuraron con indicadores de crecimiento la industria metalmecánica con una suba del 9,6%, la producción de insumos para la construcción con un 7,8%, la de papel y cartón con un alza del 4,2% y la de productos de caucho y plástico con un 3,8%.\nEn el primer bimestre del año, comparado con igual período del año anterior, caen fuertemente la industria automotriz un 20,4% y la textil con una retracción del 12,0%.\nPor otra parte, según las estimaciones del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU) difundidas este jueves, la actividad industrial sufrió en enero una caída interanual del 4,4 por ciento.


La VI Jornada Técnica del Arándano de Huelva se celebra el 4 de marzo en el Campus de la Rábida – agrodiariohuelva.es\nLa VI Jornada Técnica del Arándano de Huelva se celebra el 4 de marzo en el Campus de la Rábida\nLa delegación en Huelva del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental, Coitand, vuelve este año a organizar su Jornada Técnica del Cultivo de Arándano de la provincia de Huelva, que en este 2020 cumple su sexta edición. Será el 4 de marzo y como en anteriores convocatorias se celebrará en la Universidad de Huelva, concretamente en el aula magna del Edificio Alvaro Alonso Barba del campus de la Rábida.\nEsta jornada que empezó siendo anual, el año pasado hizo un paréntesis y a partir de ahora se celebrará cada dos años. Este cambio responde a la necesidad de organizar un evento eminentemente formativo y que responda a la demanda real de los técnicos que se dedican a este cultivo en la provincia de Huelva, según ha explicado a agrodiariohuelva.es el presidente de la delegación onubense del colegio, Julio Volante.\nLa jornada empezará con dos ponencias que abordan temas muy diferentes como son la tendencia del cultivo y el asesoramiento profesional. La primera a cargo de Juan Antonio Lorenzo de Fall Creek y la segunda se impartirá por el abogado y mediador Daniel Romero Suárez.\nTambién estará presente la administración andaluza en esta jornada técnica con el ingeniero Rafael Sánchez Trujillo del Servicio de Sanidad Vegetal de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, quien hablará sobre la ‘Situación legal de productos fitosanitarios para desinfección de suelos en frutos rojos’.\nDesde la Univesidad Autónoma de Madrid viene la profesora Sandra López Rayo quien hablará sobre el ‘Uso de quelatos en suelos ligeramente ácidos’. Cabe destacar que la profesora López Rayo forma parte del equipo de Juan José Lucena del Departamento de Química Agrícola y Bromatología de la Facultad de Ciencias.\nLos nuevos métodos vienen de la mano de dos ponentes, Luis Urbano Ocaña y Eva Sánchez Rodríguez quienes expondrán la ‘Eficiencia de tratamiento foliares mediante tecnología electroestática en el cultivo de arándano’.\nLas dos ponencias de la tarde se dedican a la calidad del fruto y sus cualidades saludables. Por tarde del Instituto de la Grasa van a participar Manuel Jarén Galán y Rocío Rodríguez Arcos que hablarán sobr las frutas de Huelva y sus cualidades saludabes. Y sobre los criterios nutricionales de la fruta hablará el profesor chileno Humberto Mendoza Bravo de la Universidad Católica de Valparaíso.