Postura del Centro Mexicano de Derecho Ambiental respecto al Proyecto Tren Maya - CEMDA\nPostura del Centro Mexicano de Derecho Ambiental respecto al Proyecto Tren Maya\nEn el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. impulsamos como objetivo fundamental la promoción y defensa al Derecho a un Medio Ambiente sano en México, a través del fortalecimiento, consolidación, armonización, aplicación y cumplimiento efectivo del sistema jurídico-ambiental vigente.\nEn México existe una situación generalizada de violencia, impunidad y corrupción que genera y perpetúa una serie de violaciones a diversos derechos humanos de personas y comunidades en el país.\nDichas violaciones suelen circunscribirse en el marco del desarrollo de megaproyectos, en gran parte por la existencia de una política económica y social que carece de perspectiva de sustentabilidad y pertinencia biocultural, misma que se traduce en un consumo desmedido de los recursos naturales, lo que ocasiona la destrucción del capital natural, deforestación, erosión de suelos, desertificación, así como contaminación del agua y del aire. Es posible decir que los megaproyectos o «grandes proyectos de desarrollo» representan procesos de inversión de capital público y/o privado, nacional o internacional, para la creación o la mejora de la infraestructura física y que implica la transformación a largo plazo de las actividades productivas, cambios en el uso de la tierra y de los derechos de propiedad.\nEn México, muchos de estos megaproyectos se encuentran planeados, aprobados y ubicados en áreas rurales donde se encuentra parte significativa del patrimonio biocultural del país y en donde habitan comunidades indígenas y campesinas. A causa de la política económica y social que prevalece, se están generado diversas violaciones a los derechos humanos colectivos, puesto que no se respetan ni garantizan derechos humanos como la autonomía, el territorio, el acceso tradicional a los recursos naturales, el medio ambiente sano, así como el acceso a la información, a la consulta y demás derechos vinculados. Es importante resaltar que, muchas veces, los impactos socioambientales de un megaproyecto no son evaluados de manera integral y eficaz; la información sobre la cual el Estado evalúa los impactos es deficiente y parcial, se tolera la fragmentación de los proyectos y, en muchas ocasiones, dicha evaluación se realiza cuando el proyecto ya ha sido diseñado, concesionado y licitado.\nAunado a lo anterior, la falta de acciones efectivas por parte del Estado para asegurar la compatibilidad de los proyectos de desarrollo con las poblaciones afectadas, aumenta el nivel de conflictividad en relación con los megaproyectos, causando graves problemas sociales como son la violencia e inseguridad jurídica, propiciando ataques a las personas defensoras de los derechos humanos ambientales.\nPROBLEMÁTICA: EL PROYECTO DEL TREN MAYA\nDesde diciembre de 2018, se anunció el plan de desarrollo llamado “Tren Maya”, el cual plantea la construcción de infraestructura vial y ferroviaria como motor del desarrollo inmobiliario, comercial y turístico de la Península de Yucatán. El proyecto comprende, entre otros, 1,460 kilómetros de ferrocarril de velocidad media (su velocidad máxima será de 160 km/h para pasajeros y 120 km/h para carga), varias estaciones de ferrocarril, infraestructura vial, acueductos y nuevos centros de población y polos de desarrollo. El proyecto abarca más de 50 municipios y 5 estados del sureste la República mexicana (Chiapas, Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo), donde viven actualmente diversas poblaciones indígenas y campesinas, además de ser una de las zonas más biodiversas del mundo. El ferrocarril atravesará por la selva maya -segundo pulmón forestal de América Latina después de la Amazonia-, fragmentándola y causando impactos irreversibles a la vegetación, al suelo, al agua y a la biodiversidad.\nEl proyecto del Tren Maya no fue decidido por el pueblo maya, ni por otro pueblo indígena mexicano, sino que el nombre busca apropiarse de la denominación cultural indígena del pueblo maya, con el propósito de hacerlo más amigable. Está incluido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), donde se menciona que es un proyecto orientado a incrementar la derrama económica del turismo en la Península de Yucatán, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible, proteger el medio ambiente de la zona desalentando actividades como la tala ilegal y el tráfico de especies, y propiciar el ordenamiento territorial de la región. No obstante, hay poca información oficial existente hasta el momento (mayo 2020), y no se han hecho públicos ni el Proyecto Ejecutivo ni la Manifestación de Impacto Ambiental. En la página oficial del Tren Maya se señala que tendrá una longitud total de 1,460 km con 18 estaciones y se prevé que la ruta se divida en siete tramos, pero el trazo final del ferrocarril se desconoce, así como el exacto número de estaciones o de nuevas zonas de desarrollo que se quieren realizar. El proyecto pretende aprovechar la infraestructura ferroviaria ya existente en algunos de los estados, usando el derecho de vía del ferrocarril. Para el resto de la ruta -68% del proyecto-, se tiene que gestionar el derecho de vía. Asimismo, se plantea la urbanización de muchas regiones de la península de Yucatán, vinculada con el desarrollo que, se espera, creará el Tren Maya.\nEl 15 de noviembre de 2019 inició un proceso de consulta indígena que se realizó de forma simultánea en diversos municipios del sureste mexicano, con una sesión informativa y otra deliberativa, donde participaron autoridades y personas de comunidades indígenas. Sin embargo, la “consulta indígena” sobre el Tren Maya no fue convocada con el propósito de obtener el consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas, como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, no fue previa, culturalmente adecuada, informada, ni de buena fe. Al respecto, la Oficina en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha calificado como negativo el proceso de consulta indígena del Tren Maya al considerar que no cumplía con todos los estándares internacionales ratificados por México en la materia.\nDada esta situación, varios integrantes del pueblo maya peninsular y ch´ol interpusieron una demanda de amparo ante el Poder Judicial, logrando la suspensión del proyecto en el territorio del municipio de Calakmul, Campeche. En respuesta, el Estado mexicano ha estigmatizado y criticado a los defensores y se ha rehusado a acatar la suspensión judicial.\nEn la primavera de 2020, en el marco de la pandemia de SARS-CoV2, las obras relacionadas con el Tren Maya fueron incluidas entre las actividades esenciales que podrán continuar a pesar de las medidas adoptadas por la Secretaría de Salud.\nRiesgos e impactos ambientales\nEl proyecto del Tren Maya y las obras conexas implican numerosos riesgos e impactos ambientales a todo el sureste mexicano, zona de alta riqueza biológica e importancia para la conservación y protección de la selva maya, del acuífero y de la biodiversidad. Aunque la falta de certeza sobre el trazo final del proyecto impide identificar los impactos puntuales que se pudieran ocasionar al hábitat y a los ecosistemas terrestres y costeros, es posible identificar que el Tren Maya y las obras conexas causarán diversos riesgos e impactos ambientales. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ha advertido que el proyecto impactará en diversos municipios de Chiapas y Tabasco, las selvas altas, los pantanos y sabanas; en la Península de Yucatán impactará los macizos de selva más grandes y en mejor estado de conservación de México y Mesoamérica, áreas con manglar y otros humedales. Estos ecosistemas sufrirán alteraciones (degradación, fragmentación y deforestación) asociadas con la construcción, circulación y desarrollo propuesto por el proyecto del Tren Maya. En opinión del CEMDA, éstos son los principales riesgos e impactos ambientales asociados al proyecto del Tren Maya y obras conexas:\nFragmentación del territorio: se romperán y dividirán los ecosistemas terrestres de la Península de Yucatán. El proyecto Tren Maya afectará 23 Áreas Naturales Protegidas (incluidas las Reservas de la Biosfera de Sian Kaan y Calakmul), 7 Regiones Terrestres Prioritarias, 11 Regiones Hidrológicas Prioritarias y 10 Áreas de Importancia para la Conservación de los Aves. Las obras propuestas acrecentarán la fragmentación y la pérdida de conectividad ecológica entre las áreas de conservación, favoreciendo la reducción de la cobertura boscosa, el aislamiento de las poblaciones de flora y fauna, la interrupción de los corredores biológicos, el cambio de microclimas, la transformación del hábitat y la extinción de especies. La fragmentación de los ecosistemas se puede presentar a tal grado, que podría convertirlos en áreas biológicamente degradadas e inhóspitas.\nAgotamiento y contaminación del acuífero de la Península de Yucatán: la única fuente de abastecimiento de agua para todos los usos en la Península de Yucatán es el agua subterránea del acuífero. Por ejemplo, las zonas cercanas a la ciudad de Campeche y el poblado de Champotón, ubicado también en dicha entidad, ya se encuentran sin disponibilidad de agua. Con el proyecto se afectarán diversos cuerpos de agua superficiales, entre los que destacan lagunas perennes e intermitentes, zonas de inundación, aguadas, jaguey, escurrimientos temporales y humedales, sobre todo en los municipios de Benito Juárez, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Pedro Antonio Santos, Bacalar y Othón P. Blanco del estado de Quintana Roo; Calakmul del estado de Campeche. El Conacyt ha determinado que el Tren Maya tendrá un impacto negativo en los servicios ambientales que brindan los ecosistemas que serán afectados, en particular en el anillo de cenotes denominado en 2013 como Reserva Geohidrogeológica y en las selvas de la región de Calakmul, donde las aguas cosechadas son transportadas y acumuladas para, en algún momento, fluir hacia los principales sistemas costeros de la Península de Yucatán. Asimismo, las actividades turísticas y los nuevos centros urbanos traerán consigo aumento de población. Ello ocasionará un incremento en la generación de residuos, así como contaminación que se filtrará en el acuífero, debido al tipo de suelo kárstico, a su alta permeabilidad, a la ausencia de un medio poroso que sirva de material filtrante, así como a la escasa profundidad del nivel del agua subterránea. Toda el agua que llueve sobre la Península de Yucatán se infiltra al subsuelo, facilitando el acceso de los contaminantes a los cenotes, con una rápida propagación en el acuífero y graves riesgos para la salud humana.\nDeforestación: el impacto del proyecto sobre la cobertura forestal existente en la Península de Yucatán es grande. De acuerdo con la Serie VI de la cobertura de uso de suelo y vegetación, publicada por INEGI (2018), el 71% (2,578 ha) de la superficie que será devastada corresponde a selvas húmedas y secas. En particular, el proyecto cruza áreas de gran importancia para la conservación de la selva como la región de Calakmul. Asimismo, la construcción de infraestructura vial, estaciones del ferrocarril y los polos de desarrollo acrecentarán las actividades agropecuarias, los asentamientos humanos y las actividades turísticas, y por lo tanto acelerarán el cambio de uso de suelo en toda la Península de Yucatán, afectando la cobertura forestal. El Conacyt ha señalado que, con el proyecto de desarrollo Tren Maya, también será afectada la capacidad de estos ecosistemas forestales de capturar, a través de la fotosíntesis, el bióxido de carbono atmosférico; es decir, de fungir como sumideros de carbono.\nExtinción de flora y fauna: con el proyecto se impactará el área donde se albergan diversas especies, como por ejemplo árbol de ramón, cedro, ciricote, especies de mangle, especies de palmas; jaguar, ocelote, tapir, mono aullador, mono araña, especies de tortuga, tlacuache, cacomixtle, mapache, puma, cocodrilo, especies de serpientes, especies de murciélagos, especies de iguanas, guacamaya, flamenco, quetzal, tucán, gran variedad de aves residentes y migratorias, entre muchas otras, que están catalogadas como amenazadas, sujetas a protección especial o en peligro de extinción o que cuentan con protección especial por diversas normas. En particular, se han señalado los graves impactos a la biodiversidad en la zona de Calakmul que causará el proyecto. Asimismo, entre los efectos más comunes de la infraestructura ferroviaria se encuentran los atropellamientos de fauna y el efecto de barrera, por lo cual los ecosistemas pierden conectividad. En particular, el proyecto podría interrumpir la conectividad del acuífero, poniendo en grave riesgo los manglares de la Península de Yucatán, especie que goza de una protección especial en el ordenamiento mexicano.\nGeneración de residuos: la Península de Yucatán no tiene un sistema de recolección de residuos capilar, sino que en muchos municipios los habitantes queman los residuos al aire libre. Asimismo, no cuenta con un sistema de alcantarillado eficiente y en funcionamiento en todos los municipios, siendo las descargas de aguas residuales uno de los principales problemas de contaminación del agua subterránea en la península de Yucatán. El Tren Maya y las obras conexas no solamente producirán residuos en su construcción, sino que en su funcionamiento pretenden desplazar millones de turistas y otras miles de personas como trabajadores a la Península de Yucatán, con los cuales se aumentará la producción de residuos y se exacerbará la fragilidad de los sistemas municipales.\nGeneración de ruido: el Tren Maya y las obras conexas generarán un aumento del ruido en diversos municipios de la Península de Yucatán. El Estado mexicano no tiene información relacionada con el ruido que causará el proyecto y las medidas tomadas para mitigarlo, tanto en su construcción como en su operación. El ruido del proyecto puede afectar a la salud humana y causar impactos severos al ser humano. Asimismo, puede afectar gravemente a la cueva El Volcán de los Murciélagos, (ubicada dentro de la Reserva Estatal de Balam-kú), una de las colonias más grandes de murciélagos que existen en el sureste de México.\nRiesgos e impactos sociales\nEl Tren Maya causará diversos impactos sociales, pues es una propuesta de desarrollo diversa a la cultura de las comunidades indígenas, campesinas, pesqueras que ahí se encuentran, además de que exacerbará la desigualdad y marginación entre las personas que viajan y los habitantes que ofrecen servicios. Poco más de la mitad (53%) del trazo del Tren Maya se encuentra sobre terrenos ejidales, afectando a un total de 177 ejidos.\nNo se ha ofrecido información adecuada y fidedigna sobre el proyecto y no se ha permitido una participación real y eficaz en la toma de las decisiones y ya se está viendo un deterioro en el tejido social y división comunitaria entre quienes aprueban y quienes rechazan el proyecto. No se ha obtenido el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas.\nAsimismo, en otros proyectos con un esquema de desarrollo de industria turística masiva, se ha observado el despojo de tierras y tradiciones culturales, así como la comercialización de las culturas, de los sitios sagrados, de los saberes y las memorias ancestrales y de los productos artesanales, además del acaparamiento de territorios y tierras indígena y campesina. Esta urbanización implica, entre otras cosas, el incremento del precio del suelo, la inflación de los costos de los bienes en general, decrecimiento de actividades productivas agrícolas y tradicionales, así como denigración del trabajo campesino.\nEn el caso del Tren Maya, se ha planteado que las personas que tienen propiedades sobre el área del proyecto puedan participar en el fideicomiso Tren Maya, aportando en dotación, como soporte material y financiero, sus tierras. Esto implica que la tierra se vuelve propiedad del fideicomiso y los campesinos participan entre los socios, pudiendo acceder a beneficios si el proyecto es exitoso.\nEl proyecto pone en riesgo también el manejo tradicional del agua que han hecho los pueblos indígenas en la Península de Yucatán. Los principales asentamientos indígenas se encuentran en los estados de Yucatán y Campeche, en zonas que generalmente carecen de servicios de agua potable entubada y drenaje. La principal fuente de abastecimiento de agua en la región es el agua subterránea. Sin embargo, ante la omisión del gobierno de proveer pozos y bombas para extraerla, la opción para abastecerse ha sido la colecta del agua de lluvia y su almacenamiento en ollas, tanques, cisternas, jahueyes, entre otros.\nAdicional a lo antes mencionado, el Tren Maya causará el desplazamiento poblacional en pueblos y ciudades. Muchas personas que se autoadescriben como indígenas viven en las cercanías de las vías del tren que fueron construidas hace décadas, pero no fueron consultados ni se obtuvo su consentimiento para la reubicación.\nPOSICIÓN DEL CEMDA RESPECTO AL TREN MAYA\nEl proyecto del Tren Maya transgrede los derechos humanos y no contribuye a fomentar la conservación del patrimonio biocultural.\nA pesar de que el derecho a un medio ambiente sano y al agua se encuentran establecidos en el artículo 4 constitucional, el plan de desarrollo “Tren Maya” no cumple con lo dispuesto en éste, puesto que plantea muchos riesgos e impactos ambientales y sociales, sin que hasta el momento se tenga la información para calificarlo como un proyecto que abona al desarrollo sostenible del país. Asimismo, el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la autonomía y libre determinación como un derecho humano reconocido en la Constitución y en varios instrumentos internacionales ratificados por México no ha sido respetado, puesto que el proyecto no fue decidido por ellos. Al no tener la información suficiente para garantizar el respeto, protección y prevención de los riesgos e impactos ambientales y sobre los derechos humanos, el Estado mexicano debería aplicar los principios de precaución, prevención e del Estado pluricultural y suspender cualquier actividad relacionada con el Tren Maya, sobre todo en el marco de la pandemia que estamos viviendo, hasta no contar con la seguridad que no se impactará de manera significativa el medio ambiente y los derechos humanos.\nEl proyecto del Tren Maya debe garantizar la publicidad de toda la información sobre riesgos e impactos ambientales y sociales, se debe garantizar la participación temprana y efectiva, se debe facilitar y garantizar el acceso a la justicia y la protección de las personas defensoras ambientales.\nA pesar de que México ha suscrito la Declaración de Rio de 1992 y acaba de firmar el Acuerdo de Escazú sobre derechos de acceso en materia ambiental, no se ha publicado toda la información relativa al proyecto, no se ha realizado un proceso de participación efectiva, ni se ha facilitado el acceso a la justicia, así como no se ha garantizado una efectiva protección a las personas defensoras. Resulta necesario que se generen los estudios y evaluaciones pertinentes para determinar si existe la viabilidad económica, social, ambiental y de desarrollo del proyecto, y que dicha información sea puesta a disposición de la sociedad en general; particularmente a las posibles comunidades afectadas, así como de académicos, sociedad civil e interesados. Todo ello con el objetivo de establecer un diálogo sobre la pertinencia, mejores prácticas y garantizar el acceso efectivo a la información y a la participación en la toma de decisiones. Asimismo, es imprescindible que se asegure el acceso a la justicia de aquellas personas, comunidades y/o organizaciones que quieran reclamar la violación de sus derechos humanos, sobre todo en tiempos de emergencia sanitaria. Finalmente, las autoridades del Estado mexicano deben abstenerse de realizar cualquier ataque y agresión en contra de las personas defensoras ambientales. legalidad ambiental\nNingún proyecto de desarrollo puede estar exento de cumplir con la sostenibilidad ambiental.\nEl proyecto del Tren Maya y las obras conexas implican numerosos y graves riesgos e impactos ambientales a todo el Sureste mexicano, zona de alta riqueza biológica e importancia para la conservación y protección de la Selva Maya, del acuífero y de la biodiversidad. Hay fuerte riesgo de causar la fragmentación de los ecosistemas, la contaminación del acuífero, la extinción de especies, la constante deforestación de la Selva Maya, la generación de ruido y residuos. El proyecto del Tren Maya deberá contar con una Manifestación de Impacto Ambiental y la Autorización de Impacto Ambiental (AIA) respectiva, en los términos en los que lo establece la la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y su Reglamento en Materia de Impacto Ambiental, pues se trata de una vía de comunicación, de infraestructura ferroviaria, de desarrollos inmobiliarios y turísticos que afectan a zonas costeras y son obras y actividades que se desarrollan dentro de Áreas Naturales Protegidas. Al tratarse de un proyecto de desarrollo, el mismo debe ser evaluado en su integralidad, para que, de esta manera, se asegure la identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales, acumulativos y residuales. Además de lo anterior, el proyecto debe cumplir con toda la legislación ambiental aplicable, puesto que esta representa la esfera mínima de protección del ambiente establecida. El Estado mexicano, por ningún motivo puede ser reducir el alcance de protección de la legislación ambiental (Art. 1114 del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos). Asimismo, el principio de progresividad de los derechos humanos impone que el Estado mexicano pueda adoptar medidas que amplíen la esfera de protección del derecho a un medio ambiente sano.\nNingún proyecto de desarrollo puede estar exento de cumplir con la sostenibilidad social.\nEl proyecto del Tren Maya no es sostenible socialmente puesto que genera y generará múltiples impactos sociales, modificando la cultura existente y poniendo en riesgo la supervivencia cultural de las comunidades indígenas que allí viven. Asimismo, para poder desplazar personas indígenas, es necesario obtener su consentimiento previo e informado. Además de lo anterior, el proyecto debe cumplir con toda la legislación aplicable, en particular con los estándares internacionales en materia de derechos indígenas, desplazados y derechos culturales.\nEl proyecto del Tren Maya no debe poner en riesgo el medio ambiente legalmente protegido en México.\nToda obra o actividad que pretenda realizarse en Áreas Naturales Protegidas (ANP) debe estar acorde con el Decreto de creación de éstas, así como con el correspondiente Programa de Manejo. El Tren Maya prevé pasar por las Reservas de la Biosfera de Calakmul y Balam-Ku, así como la región geohidrológica Anillo de Cenotes en Yucatán y muy cerca de los límites de las Reservas de la Biosfera de Sian Ka´an, Caribe Mexicano y Los Petenes, además de zonas de trascendencia como lo son: el área prioritaria de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) de Balankan; el sistema Lagunar Catazajá y los Humedales La Libertad; por tanto, es fundamental que el proyecto cumpla cabalmente con lo establecido por los instrumentos de protección. Además, en los estados por los que pretende cruzar el proyecto se encuentra una gran diversidad de especies de flora y fauna, muchas de ellas catalogadas como amenazadas, sujetas a protección especial o en peligro de extinción o cuentan con protección especial por diversas normas y Acuerdos Ambientales Multilaterales, las cuales pueden verse en riesgo por la implementación de dicho proyecto.\nEn el diseño y construcción del proyecto de desarrollo Tren Maya, se debe garantizar en todo tiempo el Estado de derecho, la paz y la libertad.\nCuando el desarrollo, implementación y construcción de un proyecto se hace en estricta observancia del marco constitucional de derechos humanos, de la legislación nacional, de los estándares internacionales y de las buenas prácticas, resulta innecesario incluir el uso de las fuerzas públicas y fuerzas armadas en la construcción de una obra de infraestructura. Asimismo, en todo momento debe existir el acceso a la justicia, entendido éste, como la generación de espacios de diálogo, libre intercambio de ideas y la posibilidad de acceder a las instituciones administrativas y jurisdiccionales sin represalias ni agresiones. En caso de que una comunidad, grupo de personas o cualquier individuo exprese su voluntad contraria a algún proyecto, en ningún caso dicha situación debe ser condenada de forma alguna y mucho menos se debe permitir la agresión a las personas defensoras de derechos humanos.\n Información en la página oficial del Tren Maya. Disponible en: http://www.trenmaya.gob.mx/\n Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo, Julio 2019\n Respuesta del Fondo Nacional para el Fomento al Turismo a solicitud de información 2137200017419.\n Respuesta de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a solicitud de información 0001600426419.\n Tramo Selva 1. (237 km aprox.); Tramo Selva 2 (257 km aprox.); Tramo Caribe 1 (237 km aprox.); Tramo Caribe 2 (120 km aprox.); Tramo Golfo 1 (253 km aprox.); Tramo Golfo 2 (170 km aprox.) y Tramo Golfo 3 (186 km aprox.)\n Información contenida en el proceso de documentación del Megaproyecto Tren Maya en la Península de Yucatán realizado entre enero y noviembre de 2019 por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C.\n “Convocatoria al proceso de Consulta Indígena y Jornada de Ejercicio Participativo Ciudadano sobre el Proyecto de Desarrollo Tren Maya”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de noviembre de 2019.\n Consejo de Salubridad General, Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2, 30 de marzo de 2020. Consejo de Salubridad General, Lineamientos Técnicos relacionados con las actividades descritas en los incisos c) y e) de la fracción II del artículo primero, del Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, 6 de abril de 2020.\n Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Territorios mayas en el paso del tren: situación actual y riesgos previsibles, Diciembre de 2019.\n La fragmentación es la pérdida de continuidad de un ecosistema, y produce cambios importantes en la estructura de las poblaciones y comunidades de plantas y animales, tanto en el ambiente físico como en el ecológico, lo que afecta su funcionamiento.\n Estos instrumentos de conservación del medio ambiente, además de estar previstos en el ordenamiento jurídico mexicano, muestran áreas que han sido detectadas como de gran importancia para la conservación de biodiversidad por sus características físicas y bióticas.\n Navarro Rodríguez y otros, Fragmentación y sus implicaciones Análisis y reflexión documental, Universidad de Guadalajara, 2015\n El Acuífero de Yucatán abarca una superficie de 124,409 kilómetros cuadrados, comprendiendo totalmente al Estado de Yucatán y casi la totalidad de los estados de Campeche y Quintana Roo; tiene una función ecológica de suma importancia pues es un sistema interconector de las zonas de recarga tierra adentro (selva, humedales y zonas marinas -arrecife Mesoamericano-) y es sumamente vulnerable a la contaminación, por su gran conectividad (ACUERDO por el que se dan a conocer los estudios técnicos de aguas nacionales subterráneas del acuífero Península de Yucatán, clave 3105, estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, Diario Oficial de la Federación, 4 de septiembre de 2013).\n Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ACUERDO por el que se dan a conocer los estudios técnicos de aguas nacionales subterráneas del acuífero Península de Yucatán, clave 3105, estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo (DOF 04 de septiembre de 2013)\n Comisión Nacional del Agua, Estadísticas del Agua en México 2018.\n Tanto la SEMARNAT como la CONAGUA, coinciden en que el principal foco de contaminación al agua subterránea la falta de sistemas de alcantarillado sanitario, así como las bajas eficiencias de las actuales plantas de tratamiento, reportando información obtenida de la Secretaría de Salud, donde el estado de Yucatán presenta la incidencia más alta de enfermedades gastrointestinales a escala nacional, mientras que los estados de Campeche y Quintana Roo reportan tasas de incidencia superiores al promedio nacional; siendo las enfermedades parasitarias el principal problema de salud pública de origen hídrico, a causa de altos niveles de contaminación bacteriana, lo cual coincide con los resultados de calidad del agua reportados donde se muestran puntos que exceden los parámetros DBO5, DQO, SST, CF, entre otros. (ACUERDO por el que se dan a conocer los estudios técnicos de aguas nacionales subterráneas del acuífero Península de Yucatán, clave 3105, estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, Diario Oficial de la Federación, 4 de septiembre de 2013)\n Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Retos para la planeación territorial en sitios kársticos, noviembre 2009\n En el municipio de Calakmul se plantea la construcción de una estación del Tren Maya, lo cual implicará el aumento de la población y subsiguientemente de los residuos y la contaminación superficial. No obstante, la zona de Xpujil funciona como zona de recarga del acuífero (Determinación de la disponibilidad de agua en el Acuífero Calakmul, Estado de Campeche), y no cuenta con un sistema de drenaje (Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C., Diagnóstico participativo de las necesidades comunitarias en materia ambiental en contextos de megaproyectos en el municipio de Calakmul, Campeche), por lo cual es más probable que en esta zona se infiltre la contaminación al acuífero.\n Benítez y otros, Impacto de la Vía Férrea y del Crecimiento Turístico Asociado al Tren Maya; medidas de mitigación y cambios al diseño para las reservas de Calakmul y Balam-kú, 2019\n Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Plan rector en materia de agua para la protección, conservación y recuperación ambiental de la Península de Yucatán, 2011\n Gobierno del Estado de México, Efectos a la salud por ruido\n Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C., Diagnóstico participativo de las necesidades comunitarias en materia ambiental en contextos de megaproyectos en el municipio de Calakmul, Campeche.


Sánchez Cerén repetirá planes de seguridad de gobierno de Funes | elsalvador.com\nSánchez Cerén repetirá planes de seguridad de gobierno de Funes\nLas estrategias del Gobierno actual no han arrojado resultados esperados por la población\tSánchez Cerén repetirá planes de seguridad de gobierno de Funes Contenido relacionado\n"Nuevos funcionarios con vocación democrática" "Próximo gobierno tendría que abandonar negociación con maras" "El gran objetivo de nación debe de ser la desaparición de las pandillas" "Combatir las extorsiones que ahogan a miles de las pequeñas y medianas empresas" Por Evelyn Machuca David Marroquín sucesos@eldiariodehoy.com\nAbr 02, 2014- 19:00 Tres son las estrategias que conforman el eje número cuatro del plan que el Gobierno recién electo pretende implementar durante el próximo quinquenio, las cuales se refieren de forma específica al área de Seguridad Pública.\nLas mismas suman, en desglose, 35 acciones y parten de un preámbulo en el que se asegura, a manera de introducción: “Recibimos el país en su estado más crítico de violencia, como consecuencia de las fracasadas acciones de los gobiernos anteriores, que exacerbaron la criminalidad y no fueron eficaces en combatirla”.\nCon la afirmación anterior, el documento hace referencia directa a los planes Mano Dura y Super Mano Dura, pero no menciona en ninguna parte la tregua entre pandillas sobre la que el presidente saliente Mauricio Funes no solo ha basado la reducción de homicidios en los últimos dos años, sino que ha hecho alarde para destacar los logros de su gestión en materia de seguridad pública.\nLa nueva apuesta del Gobierno entrante, sin embargo, recicla mucho la jugada del Gobierno saliente; una jugada que ha sido dura y ampliamente cuestionada por diferentes analistas del tema de seguridad ciudadana.\nLas tres estrategias planteadas en el plan de Gobierno del presidente electo Salvador Sánchez Cerén hablan de: coordinar todas las iniciativas con base territorial, combatir de forma efectiva el crimen y caminar hacia una política de prevención social de la violencia y el delito.\nDe ellas se desprenden siete objetivos específicos con más de una treintena de acciones muy similares a las prometidas por el presidente saliente Funes, cuando anunció el plan de seguridad pública que iba a implementar en este quinquenio que finalizará en mayo próximo.\nEn aquel momento, Funes concedió la seguridad a Manuel Melgar, su primer ministro de Justicia y Seguridad, quien enumeró cinco ejes: una política nacional de seguridad y convivencia, control y represión del delito; prevención y reducción de las causas de la violencia social y del delito; ejecución de penas, rehabilitación y reinserción social; atención a las víctimas de delitos; y una reforma institucional y legal.\nAunque varía el orden de las palabras, las ideas con las que el nuevo gobernante promete garantizar la seguridad a la población salvadoreña son en esencia iguales a las de Funes (ver recuadro).\nSánchez Cerén se ha trazado cumplir siete objetivos: impulsar una política de Estado para la convivencia y seguridad ciudadana; poner punto final al delito de extorsiones por parte de las pandillas; combatir de forma efectiva la criminalidad; prevenir el delito y la violencia social; buscar una auténtica readaptación para los internos en los centros penales del país; garantizar la protección, atención y reparación a las víctimas de todo tipo de violencia; y fortalecer la Policía Nacional Civil (PNC).\nLeves variaciones Al menos en el escrito, aumentar el número de efectivos policiales sí figura entre las acciones a ejecutar como parte de los nuevos planes de seguridad, a diferencia del plan original de Funes.\nAunque no figuraba en sus planes originales, el mandatario actual se vio obligado a sumar no menos de mil agentes, quienes se unieron a las filas de la corporación policial hace dos años atrás.\nOtra de las variaciones en los proyectos de Sánchez Cerén es la creación del Instituto Especializado de Educación Superior de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) y la creación de la Dirección de Investigación contra Delitos Informáticos.\nAunado a lo anterior, el objetivo específico sobre el combate efectivo contra la criminalidad busca lograr la efectiva aplicación de la Ley Extinción de Dominio, aprobada hace apenas cuatro meses.\nSimilares o no los planes, proyectos o programas, lo cierto es que, a pesar de los tres distintos gabinetes de Justicia y Seguridad Pública, los dos delitos que más agobian a los salvadoreños son los homicidios y las extorsiones, ambos atribuidos, en la mayoría de los casos, a las pandillas Salvatrucha y 18.\nLas estadísticas de la PNC indican que, en efecto, la cantidad de homicidios bajó de 4,365 durante 2009, año en que Mauricio Funes se convirtió en jefe de Estado, a 2,594 durante 2012, año en el que las dos maras rivales firmaron un pacto de no agresión entre sus miembros.\nEsos datos, sin embargo, no solo no han mermado la angustia en la que vive la población, sino que demuestran que el quinquenio de Funes terminará con más homicidios que los quinquenios presididos por Francisco Flores y Antonio Saca (ver arriba gráfico de barras).\nLa tregua, de forma específica, es la estrategia más criticada de todas, debido a que la cantidad de beneficios recibidos por los cabecillas de ambas pandillas, que están cumpliendo condenas en las cárceles, han derivado en que los afectados por la violencia criminal no se acerquen a denunciar los delitos de los que han sido víctimas.\nEn otras palabras, algunas cifras han registrado disminuciones, como la de desaparecidos o la de extorsiones, pero fuentes de la Policía han explicado que eso se debe a que un buen número de víctimas han optado por no acudir a las autoridades a interponer las respectivas denuncias.\nConsultados sobre las prioridades que deben asumir las nuevas autoridades y los perfiles que deben tener los nuevos funcionarios en el ramo de Justicia y Seguridad Pública, algunos analistas opinaron que el tema de seguridad ciudadana debe ser desideologizado.


Vivir con un boliviano en el bolsillo\nLunes, 04 Agosto 2014 17:48\nMercado popular Mabel Franco\nEn los últimos cinco años, la moneda boliviana ha perdido su valor adquisitivo en un 32%. La lógica macroeconómica dice que muchos cuentapropistas, que no se benefician por el alza de salarios, deberían estar muriendo de hambre. Y así sería si la informalidad y ciertos mecanismos de solidaridad no hiciesen posible sacarle el jugo aun a una moneda.\n¿Qué me puedo llevar por un boliviano?, le pregunto a doña Nati, una de las fruteras del mercado Rodríguez, de La Paz. ¿Por un boliviano?, me pregunta ella, “ya no vendemos nada a un bolivianito”, contesta orgullosa. Pero lo repiensa y dice: “Bueno, a ver, por un pesito te puedo dar una manzana, quizá dos naranjas o tres plátanos”. “Me llevo la manzana”. Así podemos seguir nuestra conversación microeconómica.\nQue los precios de las verduras, frutas, carnes y otros productos de la canasta familiar han subido, no es una novedad. De hecho, hace unas semanas, el Gobierno se encontraba comercializando carne vacuna para evitar el incremento del precios de este producto que los vendedores aseguran se ha encarecido. En la actualidad el kilo de carne tiene un precio que oscila los Bs 36 y Bs 50, dependiendo del corte y el lugar donde se lo ofrezca.\nDoña Nati vende en el mercado Rodríguez hace 30 años. Ella es testigo presencial de la subida gradual de los precios de los productos. “Antes, 25 naranjas te dábamos a 3 bolivianos; pero eso ya no se puede, no sale. Ahora 25 naranjas están entre siete o nueve bolivianos” ¿Qué las encarece?. “Depende de si es su época, aunque cuando hay derrumbes e inundaciones, como se hace más complicado transportar la fruta de los lugares donde se la produce, hay escasez y eso hace que suba el precio. Si sube el precio del transporte, también se encarece la fruta”,explica. “Muy pocas frutas han bajado o mantenido sus precios, todo ha subido de a poco” confirma lo evidente.\nY ¿las verduras? “También han subido”, responde inmediatamente. “Hace unos años, la caja de tomate (de aproximadamente 20 kilos) que compran las vendedoras para revender en este mercado estaba en 90 bolivianos, ahora está en 130 o 140”. Las verduras “también están caras porque ahora se las cultiva con químicos, antes solo se usaba abono”, ensaya un argumento semicientífico.\nEl alza de precios de los alimentos que forman parte de la canasta familiar, parte del fenómeno de inflación, se debe en gran parte en estos momentos en Bolivia, un efecto del incremento de sueldos. “Cuando suben los precios, la gente reclama y pide incremento salarial. Cuando se da este incremento, las empresas lo financian subiendo sus precios. Este incremento en los precios produce una inflación y por ello la gente vuelve a pedir incremento a sus salarios. Es una cadena”, explica Armando Méndez, analista económico y director de la carrera de Economía de la Universidad Mayor de San Andrés.\nEl incremento al salario básico, que decreta anualmente el Gobierno, casi se ha triplicado en los últimos ocho años. En 2006, el salario básico era de 525 bolivianos. En la actualidad asciende a los 1.440. Según un informe de la Fundación Jubileo, entre 2006 y 2013, los alimentos aumentaron en precio en 101 por ciento debido, entre otros motivos, a los fenómenos climatológicos registrados a lo largo de ese año, como nevada, granizada y sequía, que afectaron a los cultivos.\nEl mes con el salario básico\nJackeline Márquez es ayudante de cocina en un restaurante de Villa San Antonio Bajo (ladera este de La Paz). No tiene un contrato formal, aunque trabaja ocho horas diarias, seis días a la semana. “Por día me pagan Bs 50. Al mes recibo unos 1.200 bolivianos (menos del salario básico que es de Bs 1.440). Vivo al día, pues con lo que gano solvento los gastos de la comida de mi hija y mi hermano, con quienes vivo, pues yo me alimento en mi trabajo. También puedo cubrir mi transporte”, detalla.\nLe ayuda tener una casa propia que heredó de sus padres, por lo que no tiene que pagar una renta. Sin embargo, cuando sus otros gastos, como los del colegio de su hija, servicios u otros como problemas de salud la desbordan, Márquez debe buscar un trabajo extra. “Mi mamá tenía un kiosko de comida en el mercado Las Velas; cuando me falta dinero, voy a vender allí toda la noche, pero no puedo hacerlo siempre pues debo trabajar todo el día en el restaurante”.\nEsta joven mujer, cabeza de familia, espera abrir un restaurante frente a su casa, gracias a un préstamo que, confía, le permitirá a hacer realidad este emprendimiento; pero mientras el banco no dé luz verde a su solicitud, deberá continuar con su rutina laboral de siete dólares al día.\nBeatriz Muriel, investigadora del Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (INESAD), quien los últimos años se ha dedicado al estudio laboral en el país, explica que en promedio los trabajadores independientes o cuentapropistas, que son la mayoría en el país, perciben un ingreso laboral aproximado a Bs 2.000. Mientras que el sector asalariado, según datos del INE, percibe una remuneración media de Bs 5.013, que con los descuentos correspondientes llega Bs 3.555 aproximadamente. Si se suma los ingresos de los cuentapropistas y los de un grupo más: los funcionarios del sector público, quienes hasta el 2013 percibían un salario promedio de 2.807 bolivianos, se tienen ingreso que van de los Bs 2.000 a los Bs 3.000.\n¿Alcanza para vivir dignamente? “Si nos guiamos por las estadísticas del INE, probablemente sí”, responde la investigadora. Sin embargo, estas estimaciones “no siempre son reales”, pues el INE realiza encuestas a los hogares de todo el país “y la gente no siempre responde con la verdad”, explica la experta.\nMuriel explica que el costo de vida mensual, estimado por el INE, oscila entre los Bs 618 para los paceños Paz y Bs 510 para los habitantes de El Alto. “Según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística, estos montos que permiten vivir tranquilamente a una persona al mes”. ¿Cuán real es esto? Saque sus conclusiones.\nLa canasta familiar boliviana está compuesta por 364 productos, clasificados en 12 grupos entre Alimentos y Bebidas no alcohólicas; Bebidas alcohólicas y tabaco; Prendas de vestir y calzados; Vivienda y Servicios Básicos; Muebles, Bienes y Servicios domésticos; Salud; Transporte; Comunicaciones; Recreación y Cultura; Educación; Restaurantes y Hoteles, además de Bienes y servicios diversos, explican en el Instituto Nacional de Estadística (INE).\nUn informe realizado en 2013 por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), a base de datos del INE, señala que Bolivia es autosuficiente en 28 productos alimenticios de la canasta familiar, pero que otros 300 los importa.\n“Hoy, con 100 bolivianos ya no compras lo mismo que hace cinco años y eso es porque en estos años, debido a la inflación, el boliviano ha ido perdiendo su valor”, indica Méndez. El experto estima que en los últimos cinco años, el peso boliviano ha perdido un 32% de su valor adquisitivo. Es decir, que un boliviano hoy vale aproximadamente 30 centavos menos de lo que valía en 2009. “Ahora, con 100 bolivianos las caseras ya no llevan mucho. Hace unos años eso te servía para tu mercado semanal”, confirma doña Nati las palabras del analista.\nLa inflación depende en mucho del incremento salarial que reciben los trabajadores formales que, en Bolivia, son una minoría, ya que representan aproximadamente el 30%. “El 70% no recibe incremento porque son trabajadores independientes o cuentapropistas. El hecho de que no todos reciban el incremento salarial hace que la inflación no se dispare, pues este 70% es el que equilibra la demanda de productos. Si todos nos beneficiásemos de los incrementos salariales, la gente comenzaría a comprar y comprar productos” con consecuencias inflacionarias mucho mayores, explica Méndez.\nLa informalidad y la solidaridad\nTratear con las comerciantes del mercado, como se dice en Santa Cruz al acto de negociar un buen precio por las compras, algo que en La Paz o Cochabamba se traduce en frases como: “Me vas a aumentar”, “Case, rebajame pues”, “Yapame” pintan el panorama que los analistas resumen: la informalidad es la que permite a los bolivianos con ingresos extremadamente reducidos vivir al día y hacer que los productos estén al alcance incluso a cambio de un boliviano.\n“Si se hace algunos esfuerzos, en La Paz es posible comprar productos directamente de los productores a un precio tres veces más bajo que el de los mercados centrales. Eso permite economizar”, señala Muriel, quien agrega que en el caso de los productos alimenticios, su precio varía principalmente por la temporada o por el costo del transporte que implica llevar la mercadería hasta el consumidor final.\nEn La Paz se tienen cuatro mercados mayoristas, donde se ofertan productos tanto al por mayor y al menudeo. Se tienen mercados mayoristas de productos agroambientales y granos; verduras y hortalizas; frutas, y carne. Estos mercados están ubicado en las calles, pues ninguna de las capitales del país tienen infraestructuras para albergar a los productores, lo que permite muchas veces al consumidor final adquirir sus productos a precios, considerablemente más bajos que en el de los mercados que venden al detalle.\nSegún un informe sobre los mercados en el área metropolitana elaborado por el Observatorio Agroambiental. Estos mercados proveen productos a las vendedoras de otros 42 mercados minoristas, que se esparcen en toda el área metropolitana de La Paz.\nVisto 1664 veces\tModificado por última vez en Martes, 26 Agosto 2014 09:01\nMás en esta categoría: « Las economías de La Paz y Santa Cruz Magia con 20 bolivianos »


Sacerdote se contagia de coronavirus; dio la mano a más de 500 personas en misas\nUn sacerdote en Washington DC dio positivo de coronavirus y autoridades buscan ahora que más de 500 personas se pongan en aislamiento. Foto: Tomada de la red.\nAutoridades sanitarias de la ciudad de Washington DC, en Estados Unidos (EU), confirmaron la infección por coronavirus de un sacerdote de la comunidad, de quien se estima estrechó la mano de de cientos de personas durante una serie de misas llevadas a cabo en días recientes.\nDe acuerdo con The Washington Post, el reverendo Tomothy Cole dio positivo del coronavirus Covid-19 durante el fin de semana y de momento permanece aislado. El religioso encabezó tres servicios el domingo pasado en la Iglesia de Cristo de Georgetown y las autoridades estiman que estuvo en contacto directo con por lo menos 500 personas.\nLa ciudad de Washington DC ha emitido una alerta ciudadana para todas las personas que visitaron la iglesia de Georgetown del 24 de febrero al 3 de marzo.\nEn su informe, las autoridades de la capital estadounidense pidieron que los visitantes en cuestión permanezcan en un aislamiento individual de por lo menos 14 días.\nEl templo ha cerrado sus puertas el pasado lunes y anunció la suspensión de todos sus servicios hasta nuevo aviso.\nEl coronavirus sigue avanzando en territorio estadounidense y durante el fin de semana se registraron 4 nuevos casos de muerte. Tres de ellos ocurrieron en el estado de Washington y uno más en California. Hasta el momento, el covid-19 ha infectado a por lo menos 600 personas en EU, con la mayoría de los casos concentrados en la costa oeste del país.\nCon información de "SDP Noticias" (https://www.sdpnoticias.com/)\nWHATSAPP:6862615317 (Para sus fotos y vídeos de denuncias y problemáticas en su comunidad)