Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 58/1999\nSENTENCIA 58/1999, de 12 de abril\nLa Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por don Carles Viver Pi-Sunyer, Presidente, don Rafael de Mendizábal Allende, don Julio Diego González Campos, don Tomás S. Vives Antón , don Vicente Conde Martín de Hijas y don Guillermo Jiménez Sánchez, Magistrados, ha pronunciado\nEn el recurso de amparo núm. 21/97, promovido por don Juvenal Pérez Muñoz, doña María Marta Almenara Fabro, doña Gema Rodríguez Jiménez en representación de la comunidad de herederos de don Miguel Rodríguez López, doña Pilar Jiménez Cuevas y don Francisco Luzón Manrique, representados por el Procurador don Juan Luis Cárdenas Porras y asistidos por el Letrado don Fernando Azpeitia Gamazo, contra las dilaciones por ellos padecidas en la tramitación del juicio de faltas núm. 464/94 seguido ante el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Navalcarnero. Han intervenido el Abogado del Estado, la Compañía "Juan A. Calzado, Comisariado de Averías, S.L.", representada por el Procurador don Felipe Juanas Blanco y el Letrado don Jesús María Vázquez Cantero, y el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Guillermo Jiménez Sánchez, quien expresa el parecer de la Sala.\n1. Por escrito registrado el 31 de diciembre de 1996 en el Juzgado de Guardia de Madrid, e ingresado en el de este Tribunal el 3 de enero de 1997, don Juan Luis Cárdenas Porras, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de don Juvenal Pérez Muñoz, doña María Marta Almenara Fabro, doña Gema Rodríguez Jiménez en representación de la comunidad de herederos de don Miguel Rodríguez López, doña Pilar Jiménez Cuevas y don Francisco Luzón Manrique, interpone recurso de amparo contra las dilaciones padecidas por sus representados en la tramitación del juicio de faltas núm. 464/94 seguido ante el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Navalcarnero. Se alega la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 C.E.) y a un proceso público sin dilaciones indebidas (art. 24.2 C.E.).\n2. Los hechos en los que se fundamenta la demanda son los que siguen:\na) El 23 de febrero de 1992 tuvo lugar un accidente de tráfico en el que perdieron la vida tres personas y otras dos resultaron heridas de diversa consideración. De lo que se desprende de los autos, parece que un camión de matrícula holandesa se incorporó a una autovía desde una estación de servicio, siendo alcanzado por detrás por el vehículo donde iban los afectados.\nPor Auto de 23 de febrero de 1992 el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Navalcarnero incoó diligencias previas, personándose en ellas a lo largo de los diez primeros días de marzo y denunciando el accidente los padres de los fallecidos y del herido más grave. La Guardia Civil remitió su informe el 15 de marzo de 1992 (ratificando el atestado y responsabilizando al camionero del accidente, sin descartar que concurriese también en la producción de éste el exceso de velocidad del vehículo siniestrado). El 23 de abril de 1992 se dictó providencia ordenando diversas diligencias, entre ellas la de recibir declaración al camionero y a la empresa de transportes propietaria del camión, ambos con domicilio en Utrech (Holanda), para lo que se ofició la oportuna comisión rogatoria por providencia de 26 de junio de 1992 (dos meses después de acordar la toma de las indicadas declaraciones).\nb) El 12 de noviembre de 1992 compareció la representación en España de la compañía aseguradora del camión. El 12 de enero de 1993 don Juvenal Pérez Muñoz y su esposa doña María Marta Almenara Fabro, recurrentes en el presente amparo, presentaron escrito ante el Juzgado, en el que se señaló que ya habían transcurrido seis meses desde que se ofició la comisión rogatoria sin haber obtenido de ello resultados, y que esta demora perjudicaba a los interesados, que no recibían la justa indemnización por los perjuicios sufridos y mantenían en sus mentes el dolor de la pérdida de sus hijos. Advertía el escrito que no se había dado cumplimiento al art. 789.4 L.E.Crim. (señalamiento de domicilio en España para el imputado), ni se había citado a la compañía propietaria del camión implicado en el accidente. Suplicaban en su escrito que se recordase el cumplimiento de la comisión rogatoria, que se citase a la compañía propietaria del camión y que se requiriese a ésta y al camionero la designación de domicilio a los efectos de las notificaciones pertinentes. Por providencia de 14 de enero de 1993 el Juez acordó oficiar el recordatorio suplicado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se denegó la segunda de las peticiones (por constar en autos la citación de la empresa propietaria del camión) y se pospuso la designación de domicilio hasta que se recibiera la comisión rogatoria. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid contestó el 2 de febrero de 1993 que ya había sido diligenciada la comisión rogatoria.\nEl 4 de febrero de 1993 se personaron en las diligencias previas (había transcurrido ya casi un año desde el accidente), representados mediante Procurador, el camionero y la empresa propietaria del camión. Por providencia de 10 de febrero de 1993 se les tuvo por personados. El 13 de abril de 1993 don Juvenal Pérez Muñoz y doña María Marta Almenara Fabro presentaron nuevo escrito ante el Juzgado haciendo notar que ya habían transcurrido diez meses sin que la comisión rogatoria se hubiera devuelto y que ya estaban personados en las diligencias previas el camionero y la empresa propietaria del camión, pudiendo, consiguientemente, cumplirse lo requerido en la comisión rogatoria citando a través de su Procurador a ambos, agilizando así los autos en beneficio de todas las partes. Por providencia de 7 de mayo de 1993 (casi un mes después del escrito mentado), el Juzgado resolvió al respecto que "no ha lugar a lo interesado por haberse de practicar las diligencias objeto de la comisión rogatoria a presencia judicial". Don Juvenal Pérez Muñoz y doña María Marta Almenara Fabro reiteraron su petición de que se impulsara el procedimiento en escrito de 14 de junio de 1993, acordando el Juzgado, por providencia de 25 de junio de 1993, que se recordase al Tribunal Superior de Justicia de Madrid la urgencia de la comisión rogatoria. Las mismas personas presentaron nuevo escrito dirigido al Juzgado el 4 de noviembre de 1993 reiterando lo ya dicho en los anteriores y solicitando que prosiguiera el procedimiento, pues todas las partes estaban ya personadas en él. El 3 de enero de 1994 (el escrito de la parte aparece fechado en el año 1993, pero por el sello del Juzgado y por su ubicación en el rollo se deduce con facilidad que el año de su redacción y presentación es el de 1994) volvió a remitir escrito al Juzgado recordándole el transcurso de casi dos años desde el accidente, que el proceso seguía paralizado a la espera del señalamiento para juicio, sin que el motivo de semejante paralización (se supone que se refiere a la relativa a la comisión rogatoria) justificase la demora, y que ello, además de ocasionarle graves perjuicios, podía violar el art. 24 C.E. Asimismo esta parte remitió cartas al Ministerio de Justicia español (16 de noviembre de 1993) y al holandés (3 de enero de 1994) interesándose por la tramitación de la comisión rogatoria. El Juzgado, por providencia de 14 de febrero de 1994, acordó una vez más recordar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid la urgencia de la comisión rogatoria. En el decurso de los dos años transcurridos desde el accidente las únicas diligencias efectuadas fueron de puro trámite (remitir el testimonio de las actuaciones a solicitud de alguno de los personados en las diligencias previas) y la realización de un examen médico a uno de los heridos (lo que se acordó en providencia dictada dos años después del accidente).\nc) La respuesta a la comisión rogatoria se recibió el 11 de marzo de 1994 en el Registro del Juzgado, pero como los documentos correspondientes venían en holandés se remitieron para su traducción a la Oficina de interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores el 21 de marzo de 1994, recordándole a su Director la urgencia del trámite en providencia de 17 de junio de 1994. La traducción se devolvió al Juzgado el 12 de julio de 1994. El 4 de agosto de 1994, mediante providencia, el Juez decretó el archivo de las diligencias previas y la incoación del juicio de faltas, y por Auto de la misma fecha dispuso que se reputase falta el hecho del que dimanaba el proceso y que se celebrase el juicio de faltas una vez firme este Auto (habían transcurrido casi dos años y seis meses desde el siniestro). El 6 de octubre de 1994 se ordenó por providencia la práctica de una serie de diligencias (tomas de declaración, tasaciones, etc.), sin que conste en el rollo de actuaciones que la parte holandesa haya intervenido en estos trámites, pese a habérsele notificado todos ellos a su Procurador. Con fecha 15 de diciembre de 1994 una de las partes en el proceso, herido en el accidente, solicitó un nuevo reconocimiento por el médico forense adscrito al Juzgado (casi tres años después del accidente), lo que se acordó en Auto de 1 de febrero de 1995 (Auto que resolvió un recurso de reforma interpuesto contra una providencia relativa a la entrega a las partes de cierta consignación) y se realizó el 27 de ese mismo mes (en ese informe se propuso que el reconocimiento, dado el lapso de tiempo transcurrido, lo hiciera el forense de la localidad de residencia del solicitante, y así se acordó en providencia de 3 de marzo de 1995).\nd) El 23 de mayo de 1995, don Juvenal Pérez Muñoz, su esposa doña María Marta Almenara Fabro, don Miguel Rodríguez López y su esposa doña Pilar Jiménez Cuevas (recurrentes también en la presente demanda de amparo), elevaron nuevo escrito al Juzgado, recordándole que habían transcurrido tres años desde el accidente y que, desde el Auto de agosto de 1994, aún no se había señalado día para celebrar la vista, sin que hubiera motivo que justificase el retraso, solicitando que se fijase fecha a los efectos interesados. Por providencia de 29 de mayo de 1995 el Juzgado acordó que "no ha lugar a lo solicitado... por encontrarse en tramitación en este momento despachos dimanantes del mismo" (que resultaron ser la devolución del exhorto al Juez de Instrucción núm. 5 de Fuenlabrada con el reconocimiento médico-forense acordado). El 7 de noviembre de 1995 las indicadas partes remitieron nuevo escrito al Juzgado, señalando que habían transcurrido casi cuatro años desde el accidente y un año y tres meses desde el Auto de 4 de agosto de 1994 sin que se hubiera señalado fecha para celebrar la vista. Además, los recurrentes denunciaban en su escrito la incertidumbre sobre el momento en que podría cumplimentarse la única diligencia pendiente, el reconocimiento médico acordado (sin que ésta sea una de las causas de paralización del procedimiento -arts. 785.6 y 793.4 L.E.Crim.); advertían de la eventual lesión de los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas consagrados en el art. 24.1 y 2 C.E.; solicitaban que el reconocimiento médico lo hiciera el forense del Juzgado; y requerían que se señalase fecha para la vista. El Juzgado dictó providencia de 29 de diciembre de 1995 en la que, sin dar contestación expresa al citado escrito, acordó realizar el reconocimiento médico por su médico forense a los efectos de determina el estado de sanidad del herido (informe que se emitió el 5 de enero de 1996).\nPor providencia de 26 de enero de 1996 se señaló el 13 de marzo de 1996 para la vista del juicio (casi tres meses más tarde y tras cuatro años y un mes de haber acaecido el accidente). Durante la celebración de la vista, una de las partes (el Abogado de la Compañía "Juan A. Calzado, Comisariado de Averías, S.L.") pidió la suspensión de la misma "por no constar citados personalmente los implicados extranjeros, quienes debían haber sido citados por comisión rogatoria y además porque no están defendidos por Abogado", a lo que no se opuso el Ministerio Fiscal, pero sí la representación procesal de don Juvenal Pérez Muñoz y de su esposa y don Miguel Rodríguez López y esposa. El Procurador del camionero y la empresa holandeses declaró que había comunicado la citación a la Abogada de éstos, y que dicha Abogada le había indicado que no iban a asistir (según consta en el Acta del juicio de faltas). El Juzgado dictó providencia de 14 de marzo de 1996 por la que acordó la suspensión del juicio de faltas "vistas las deficiencias que la citación al denunciado (extranjero, sin mención de la propietaria del camión) y no habiendo comparecido éste al acto del juicio que hubiere subsanado tal defecto", señalando nueva vista para el 5 de marzo de 1997 (casi un año después, y cinco desde el accidente). Esta providencia fue recurrida en reforma por don Juvenal Pérez Muñoz, doña María Marta Almenara Fabro, la comunidad de herederos de don Miguel Rodríguez López (que son los recurrentes en el presente recurso de amparo), quien había fallecido anteriormente, y su esposa doña Pilar Jiménez Cuevas, recurso al que se adhirió el Ministerio Fiscal, argumentando que no se habían producido los defectos denunciados en la citación y que si el camionero holandés no había comparecido habría sido porque él así lo hubiera decidido, pero no por haber sido citado incorrectamente, no habiéndose producido, consiguientemente, ninguna indefensión. En escrito del Procurador del camionero y de la empresa propietaria del camión al Juzgado de 9 de abril de 1996 se comunicó, respecto de la incomparecencia del Abogado, que éste había sido retirado del asunto, porque quien había asumido la dirección letrada del mismo era uno de los Abogados (ya personado y comparecido en el juicio) de la compañía "Juan A. Calzado, Comisariado de Averías, S.L." (quien había solicitado la suspensión del juicio), lo que se acreditó con copias de cartas fechadas desde julio de 1995 hasta febrero de 1996 (la vista tuvo lugar en marzo de 1996).\nPor Auto de 18 de octubre de 1996 se desestimó el recurso de reforma, aduciendo que la falta de constancia de que se le hubiere comunicado personalmente al camionero holandés las diversas citaciones podía ocasionar su indefensión, lesiva del art. 24.1 C.E. Recurrido en queja, ésta se desestimó por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Tercera, el 2 de diciembre de 1996 (resolución que fue notificada el 17 de diciembre), la cual hizo suyos los razonamientos del Juzgado. No obstante, advirtió en su único fundamento de Derecho "la necesidad de que el juicio oral se celebre a la mayor brevedad posible, dada la calificación de los hechos y el plazo de prescripción señalado para tales infracciones". A continuación los recurrentes interpusieron, el 31 de diciembre de 1996, el presente recurso de amparo por presunta violación de su derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (habían transcurrido casi cinco años desde el accidente del que trae causa este proceso).\ne) No consta en el rollo de actuaciones que se acordase remitir una nueva comisión rogatoria hasta la providencia de 18 de diciembre de 1996. En sendos escritos de 18 de diciembre de 1996, uno de don Francisco Luzón Manrique, actor en el juicio de faltas y recurrente también en esta demanda de amparo, y el otro suscrito por don Juvenal Pérez Muñoz, doña María Marta Almenara Fabro y doña Pilar Jiménez Cuevas, se solicitó del Juzgado (denunciadas las dilaciones en términos similares a escritos anteriores, y ante la sospecha, vista la fecha de remisión de la comisión rogatoria, de que no se pudiera celebrar la vista en la fecha señalada), que éste explicara por qué motivo el proceso se encontraba paralizado y que adoptara cuantas medidas fueren pertinentes para la inmediata celebración del juicio. Por providencia de 19 de diciembre de 1996 de nuevo se acordó por el Juez que no había lugar a lo interesado en ambos escritos, sin responder a los alegatos de las partes firmantes. Los mencionados arriba, con excepción de la comunidad de herederos de don Miguel Rodríguez López, solicitaron del Juzgado, mediante otros dos escritos, fechados el 24 de diciembre de 1996, que se les remitiese copia literal de esta segunda comisión rogatoria y se les indicase la fecha de su remisión. Por providencia de 2 de enero de 1997 se acordó no haber lugar a lo solicitado por las partes "toda vez que en su día se ordenó la diligencia (...) y así se expuso en la providencia de fecha 19 de diciembre". Mediante dos nuevos escritos de 10 de enero de 1997, las mismas partes (y esta vez vuelve a constar entre ellas la comunidad de herederos de don Miguel Rodríguez López) interpusieron sendos recursos de reforma contra las providencias de 19 diciembre de 1996 y 2 enero de 1997; poniendo de manifiesto que no constaba ni se les había notificado la fecha de formalización de la comisión rogatoria; por otrosí se interesó también que, a través de alguno de los medios previstos en el art. 271 L.O.P.J., se citara al camionero y a la empresa propietaria del camión holandeses, y se recordase al Procurador (que aún lo era) de los mismos la "obligación profesional que tiene de informar de la citación a sus clientes". En escritos de 7 de febrero de 1997 se recordó al Juzgado que todavía estaba sin proveer lo solicitado en los mencionados otrosíes, a lo que respondió el Juzgado en providencia de 11 de febrero de 1997 declarando que no había lugar a lo solicitado por estar ya acordado. Por Auto de 25 de febrero de 1997 se estimaron parcialmente los dos recursos de reforma interpuestos el 10 de enero de 1997, desestimando, en lo que ahora interesa, la solicitud de citación por los medios del art. 271 LOPJ y el recordatorio dirigido al Procurador.\nPor escrito de 24 de febrero de 1997, el Procurador del camionero y de la empresa propietaria del camión comunicó al Juzgado que su Letrado era el de la Compañía "Juan A. Calzado, Comisariado de Averías, S.L.", lo que se diligenció en la providencia de 26 de febrero de 1997. El 5 de marzo de 1997 se celebró la segunda vista del juicio de faltas (en el cual el Abogado de la Compañía "Juan A. Calzado, Comisariado de Averías, S.L." dijo no tener inconveniente en defender también a las partes holandesas). El 30 de abril de 1997 se dictó Sentencia absolviendo al camionero holandés y a otros dos inculpados al no existir prueba de cargo que permitiera imputarles la responsabilidad de ningún hecho delictivo (el presente recurso de amparo, interpuesto contra las presuntas dilaciones indebidas sufridas por esta causa penal, había sido admitido ya a trámite por providencia de 23 de marzo de 1997). El 12 de junio de 1997 la representación procesal de don Francisco Luzón Manrique y la de don Juvenal Pérez Muñoz, doña María Marta Almenara Fabro, doña Pilar Jiménez Cuevas y la comunidad de herederos de don Miguel Rodríguez López interpusieron sendos recursos de apelación contra dicha Sentencia por presunta vulneración del art. 24 C.E. con motivo de una errónea apreciación de la prueba practicada. Por escritos de 6 de octubre de 1997 ambas representaciones solicitaron que se siguiese el curso de las actuaciones, habida cuenta de que habían transcurrido ya casi cuatro meses desde que se interpuso el recurso de apelación sin que el Juzgado hubiera dado el oportuno trámite al mismo. Por providencia de 28 de noviembre de 1997 (más de cinco meses después de la interposición del recurso de apelación), el Juzgado declaró tener por interpuesta la apelación y otorgó a las otras partes en el juicio de faltas diez días para que alegasen lo que estimasen conveniente, impugnando o adhiriéndose al citado recurso. La Audiencia Provincial de Madrid, Sección Sexta, dictó Auto de 18 de septiembre de 1998 por el que se declaró nulo todo lo actuado en el rollo de apelación y se ordenó la devolución de los autos al Juzgado, al objeto de que notificase al Ministerio Fiscal la Sentencia recaída en el juicio de faltas a fin de que pudiera hacer uso de su derecho a recurrir, si así lo estimase procedente, dejando sin efecto el señalamiento para la resolución de la apelación interpuesta. En dicho Auto, la Audiencia Provincial recordó al Juzgado "la urgentísima realización del trámite omitido, y la inmediata remisión de las diligencias originales, con el trámite omitido cumplimentado, a esta Sección". Con fecha de 18 de diciembre de 1998 se dictó Sentencia por la Audiencia Provincial estimando parcialmente los recursos de apelación interpuestos, condenando al camionero holandés como autor criminalmente responsable de tres faltas comprendidas en el art. 621.2 y de dos faltas comprendidas en el art. 621.3, con aplicación del art. 621.4, del vigente Código Penal, y declarando responsable civil subsidiaria a la empresa holandesa propietaria del camión.\n3. En el presente recurso de amparo los recurrentes invocan la lesión del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a un proceso público sin dilaciones indebidas (art. 24.1 y 2 C.E.). Los demandantes de amparo solicitan en su recurso que se declare la nulidad del Auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 2 de diciembre de 1996, desestimatorio de la queja interpuesta contra el de 18 de octubre de 1996 del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Navalcarnero (del que se interesa también su nulidad) desestimatorio a su vez del de reforma contra la providencia que acordó suspender el aludido juicio de faltas; que se ordene al mencionado Juzgado la inmediata celebración de dicho juicio de faltas; que se reconozca la vulneración del derecho de los recurrentes a un juicio público sin dilaciones indebidas (art. 24.2 C.E.); y que se condene al Estado al pago de una indemnización en concepto de los daños materiales y morales que les han ocasionado las mencionadas dilaciones, conforme a las bases para fijar su cuantía adjuntas al presente recurso de amparo.\nSostienen los recurrentes en su demanda de amparo que el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Navalcarnero ha incurrido en sucesivas y pertinaces dilaciones en la tramitación del juicio de faltas referido, cuyas diligencias previas duraron más de dos años y la tramitación del mismo casi ha llegado a otros tres (y aún está pendiente de la resolución de sendos recursos de apelación). Los demandantes de amparo consideran que las dilaciones han sido provocadas por la pasividad del Juzgado respecto del curso del proceso, la ordenación por el órgano judicial de trámites inútiles e innecesarios, acordados de oficio o a instancia de parte, que culminaron en la suspensión de la primera vista del juicio de faltas, contra la que se recurrió infructuosamente, primero, en reforma ante el Juzgado y, luego, en queja ante la Audiencia Provincial.\nLos recurrentes, tras un pormenorizado repaso de las actuaciones seguidas en el proceso penal, cifran la lesión de sus derechos en tres circunstancias que, a su juicio, están en el origen del intolerable retardo judicial. Las dos comisiones rogatorias oficiadas por el Juzgado con el propósito de tomar declaración al camionero y al representante de la empresa propietaria del camión, ambos de nacionalidad y con residencia en Holanda, la suspensión del juicio por providencia de 14 de marzo de 1996 para citar debidamente al camionero holandés con el objeto de garantizar su derecho a la defensa (art. 24.1 C.E.), y, por último, la realización de un segundo informe médico sobre el estado de uno de los heridos en el accidente de tráfico. Arguyen en su recurso, con profusa cita de resoluciones tanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como de este Tribunal Constitucional que entienden aplicables al caso, que el juicio de faltas en el que se han producido las dilaciones no es ni fáctica ni jurídicamente un proceso complejo, tratándose de un simple accidente de tráfico cuya única singularidad era el hecho de estar implicado un extranjero. Los retrasos sufridos por su tramitación no se han debido, continúan razonando los recurrentes, a la práctica de arduas diligencias de investigación ni a las dificultades que conlleva la citación del imputado en los juicios de faltas, aun siendo éste extranjero. Extremos todos éstos respecto de cuya tramitación el Juzgado ha mostrado, y tal parece ser el principal de los motivos de queja, una absoluta pasividad después de ordenados. Tampoco el proceso ha suscitado cuestiones sustantivas de especial complejidad.\nAñaden los recurrentes a lo ya dicho que las dilaciones indebidas sólo pueden ser imputables al órgano jurisdiccional, pues los recurrentes se condujeron diligentemente a lo largo de todo el proceso, como prueban los numerosos y diversos escritos dirigidos al Juzgado en los que se interesaba la activación del procedimiento. A su juicio la única razón del retraso en la causa ha sido la deficiente actuación judicial, que ha hecho caso omiso de la obligación que imponen el art. 237 L.O.P.J. y el art. 218 L.E.Crim., según los cuales el proceso ha de ser impulsado de oficio. Reprochan los demandantes de amparo al órgano judicial el que haya acordado la práctica de trámites innecesarios e inútiles, como el despacho de una comisión rogatoria para tomar declaración al camionero y al representante de la empresa propietaria del camión, ambos de nacionalidad holandesa, cuando, en primer lugar, la declaración del imputado no es necesaria en el juicio de faltas, siempre que esté debidamente citado, como lo estaba (art. 789.4 L.E.Crim.); y, en segundo lugar, el camionero ya había declarado ante la Guardia Civil en el lugar de los hechos, y ambos, camionero y empresa propietaria del camión, se habían personado en el procedimiento mediante Procurador antes de ser devuelta la citada comisión rogatoria. Estas mismas razones abonan la inutilidad de la segunda comisión rogatoria, que, además, transcurridos diez meses después de suspendido el juicio, precisamente, por la indebida citación de las partes extranjeras, no constaba aún que se hubiera oficiado. No fue menos innecesario el informe médico requerido tras la suspensión del juicio, pues ni la no acreditación del estado de sanidad de uno de los heridos es causa de suspensión del mismo (arts. 785.6 y 793.4, en relación con el art. 746 L.E.Crim.), ni podía aportar nada relevante para la resolución del caso, habida cuenta de que ya habían transcurrido dos años desde el accidente que motivó la apertura del proceso penal. Todas estas razones abundan en lo injustificado de la suspensión de la primera vista del juicio de faltas, acordada al margen de las causas previstas a tal fin en el art. 746 L.E.Crim., y cuyo propósito, según consta en autos, era el de evitar la eventual lesión de los derechos a la tutela judicial sin padecer indefensión del camionero holandés y de la empresa propietaria del camión. Suspensión que fue recurrida, tardando cinco meses el Juzgado en resolver el recurso de reforma interpuesto contra la providencia que la acordó. Los recurrentes ponen de manifiesto en su demanda de amparo la sospecha de que, dado el estado de las actuaciones al tiempo de interponer el presente recurso de amparo, tampoco podrá celebrarse la segunda vista en la fecha señalada.\nEn su escrito, los demandantes de amparo pretenden acreditar también que las dilaciones denunciadas les irrogaron una serie de grave perjuicios económicos y morales al dilatar en el tiempo el cobro de las oportunas indemnizaciones y mantener vivo el recuerdo de tan trágico suceso.\n4. Por escrito de 26 de febrero de 1997 los recurrentes informaron a este Tribunal que, en primer lugar, la segunda comisión rogatoria aludida en el punto primero de estos Antecedentes fue despachada por el Juzgado diez meses después de haberse suspendido la vista del juicio de faltas, y, además, con defectos formales cuya insoslayable subsanación ha retrasado aún más su cumplimiento; y que, en segundo lugar, el Juzgado ha acordado, en providencia de 15 de enero de 1997, citar por correo a los implicados en el caso a través de sus representaciones legales.\n5. Por providencia de 20 de marzo de 1997, la Sección Tercera de la Sala Segunda de este Tribunal acordó admitir a trámite el presente recurso de amparo y, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, acordó requerir a la Audiencia Provincial de Madrid y al Juzgado de Instrucción núm. 1 de Navalcarnero para que, en el plazo de diez días, remitieran a este Tribunal testimonio de las actuaciones seguidas y emplazasen a cuantos fueron parte en el proceso, con excepción de los recurrentes, para que pudieran comparecer en el proceso constitucional.\n6. Por providencia de 18 de diciembre de 1997 la Sección Tercera de la Sala Segunda de este Tribunal tuvo por personados y partes en el presente proceso al Abogado del Estado en la representación que ostenta y al Procurador don Felipe Juanas Blanco en nombre y representación de "Juan A. Calzado, Comisariado de Averías, S.L.", y acordó dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días, dentro de los cuales podrán hacer cuantas alegaciones estimen convenientes, conforme a lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC.\n7. El Procurador don Felipe Juanas Blanco, en nombre y representación de "Juan A. Calzado, Comisariado de Averías, S.L.", presentó el 10 de enero de 1998 ante este Tribunal su escrito de alegaciones. En el mismo solicita la desestimación del presente amparo por las razones que siguen. Expresada su disconformidad con el relato de hechos pergeñado por el recurrente en su escrito de interposición del presente recurso, sostiene que este amparo ha perdido su objeto, puesto que el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Navalcarnero ha dictado Sentencia en el referido juicio de faltas el 30 de abril de 1997. No obstante, y tras la expresión de diversas consideraciones sobre el fondo del asunto penal resuelto en dicha Sentencia, ajenas al objeto de este recurso de amparo, considera que la pretendida nulidad de parte de lo actuado conllevaría la repetición de trámites y actos procesales que dilatarían aún más el proceso penal. Además, razona la parte, no pueden calificarse de innecesarias e inútiles las actuaciones judiciales denunciadas por los recurrentes, pues, habida cuenta de la imposibilidad de dirimir las responsabilidades penales y civiles con las declaraciones y el resultado de las diligencias practicadas obrantes en autos, parece fundada la decisión del Juez de tomar nueva declaración al imputado y de ordenar un nuevo reconocimiento médico de uno de los heridos con el objeto de saber de su estado antes de la celebración del juicio. El Juez a quo, sigue diciendo la parte, ha tratado tan sólo de fijar con mayor exactitud las circunstancias del caso; y la presunta lentitud en la práctica de aquellos trámites se ha debido en gran medida a circunstancias ajenas al proceso. Todos estos extremos, la complejidad del asunto en el que tenían participación nacionales y extranjeros, así como las elevadas cuantías de las indemnizaciones, justifican las medidas adoptadas por el Juzgado de Instrucción, movido por el celo de garantizar los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva sin padecer indefensión y a un proceso judicial con todas las garantías del imputado.\n8. Por escrito registrado en este Tribunal el 14 de enero de 1998, elevó sus alegaciones el Abogado del Estado, interesando la desestimación del amparo. A su juicio, el presente recurso debe desestimarse por haber sido interpuesto intempestivamente, puesto que el recurso de súplica promovido contra el Auto del Juzgado, por el que se desestimó el recurso de reforma contra la providencia que acordaba la suspensión del juicio, era manifiestamente improcedente. Añade el Abogado del Estado en su alegato que, además, el presente recurso de amparo carece de objeto una vez dictada Sentencia por el mencionado Juzgado, poniendo punto y final al juicio de faltas del que trae causa este recurso. No obstante, esto sólo afectaría a la pretensión anulatoria deducida en su demanda por los recurrentes, pero no así a los efectos de una eventual declaración de la lesión del derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas.\nSostiene el Abogado del Estado que, en definitiva, la suspensión de la vista del juicio de faltas es lo que ha provocado las dilaciones denunciadas por los recurrentes. Sin embargo esa suspensión, dice el Abogado del Estado, estaba justificada en la obligación, emanada del art. 24 C.E., que imponía al Juzgado el debido y correcto emplazamiento personal del inculpado, como sostuvo la Audiencia Provincial en el indicado Auto a la vista de la jurisprudencia de este Tribunal. Obligación que no se soslaya por el hecho de que dicho inculpado estuviese personado en el proceso mediante Procurador, pues éste reconoció la imposibilidad de comunicar personalmente con sus poderdantes. Semejante celo judicial en el cumplimiento por el Juez de las obligaciones dimanantes del derecho a la tutela judicial efectiva sin padecer indefensión tuvo por lo demás éxito, apunta el Abogado del Estado, ya que las comisiones rogatorias se devolvieron cumplimentadas en todos sus extremos con relativa rapidez, dada la corriente lentitud en su tramitación administrativa. Por consiguiente no cabe afirmar que hubo dilaciones indebidas en el referido juicio de faltas.\nPor último el Abogado del Estado refuta la solicitada condena al Estado al pago de una indemnización por mal funcionamiento de la Administración de Justicia, afirmando que el Tribunal Constitucional, como él mismo ha reconocido en sus Sentencias (y cita las SSTC 69/1993, 132/1994, 33/1997 y 109/1997), carece de competencia para condenar a su pago y menos aún para fijar su cuantía. A mayor abundamiento, ni tan siquiera el asunto reúne los dos presupuestos ineluctables para que nazca la pretensión indemnizatoria: que haya habido dilaciones indebidas y que se haya acreditado la existencia de un daño patrimonial efectivo.\n9. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 15 de enero de 1998, los recurrentes elevan sus alegatos, solicitando la estimación del presente recurso de amparo en todos sus extremos y reiterando los ya hechos en el escrito de interposición del recurso de amparo. Asimismo los recurrentes denuncian nuevas dilaciones en la tramitación de los recursos de apelación interpuestos contra la Sentencia del Juzgado de Instrucción de 30 de abril de 1997, que puso fin al juicio de faltas, según lo dicho en su escrito de 26 de febrero de 1997 (punto 4º de estos Antecedentes). Reiteran también en su escrito que la Sentencia que resuelva estimatoriamente este amparo no debe ser meramente declarativa de las dilaciones, pues, en la medida en que aún están pendientes de resolución los recursos de apelación mencionados, su fallo debiera ordenar al Juzgado que adoptase las medidas oportunas para poner fin al retardo en la tramitación de la apelación.\n10. El Ministerio Fiscal, por escrito registrado el 22 de enero de 1998 en este Tribunal, presentó sus alegaciones solicitando la denegación del amparo. Aduce el Ministerio Fiscal, con cita de los AATC 21/1996 y 231/1996, que en el presente recurso de amparo no se denuncia la paralización del proceso penal, lo que no ha tenido lugar, sino su alargamiento por haber ordenado el Instructor diligencias innecesarias y no ajustadas a la legalidad que provocaron el retardo en la tramitación del juicio de faltas del que trae su causa este recurso. Así pues, lo que se denuncian son ciertas actuaciones judiciales con eventuales efectos dilatorios de la causa, que nunca fueron recurridas por los ahora demandantes de amparo. Por todo ello este recurso de amparo debe rechazarse por falta de agotamiento de la vía judicial ordinaria y, consiguientemente, por su extemporaneidad.\nSubsidiariamente, de no ser atendidas las anteriores objeciones, continúa razonando el Ministerio Fiscal, debe desestimarse la demanda de amparo porque no cabe imputar al Juez falta de diligencia en su proceder para impulsar el procedimiento, ni tachar a las diligencias por él ordenadas, y objeto de discusión en este recurso de amparo, de innecesarias o inútiles. A juicio del Ministerio Fiscal las comisiones rogatorias eran inexcusables para garantizar oportunamente los derechos de defensa del imputado, lo que fundó también la decisión de suspender la primera vista a instancia de una de las partes en el proceso, con la adhesión del resto, incluido el Ministerio Fiscal, y con la sola oposición de los ahora recurrentes en amparo. Igualmente necesaria parece la realización de un nuevo examen médico de uno de los heridos, lo que se acordó a su instancia y fue efectivamente realizado. Señala también el Ministerio Fiscal que, en las cuatro diligencias (las dos comisiones rogatorias, la suspensión del juicio de faltas y la realización del examen médico), el Juez cuidó de su tramitación mediante numerosas resoluciones y oficios dirigidos, bien a interesarse por su curso, bien a apresurar su práctica. A todo ello debe añadirse la complejidad del proceso penal en cuestión, dada la pluralidad de las partes, la nacionalidad de dos de ellas, las circunstancias que rodearon a alguna de las compañías aseguradoras (una de las cuales suspendió sus pagos), y la tardanza en el cumplimiento de alguna de las diligencias no imputable a la autoridad judicial. Por todo ello el Ministerio Fiscal considera que no ha habido ningún funcionamiento anormal de la Administración de Justicia que haya provocado una dilación indebida.\n11. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 29 de septiembre de 1998, el Procurador don Juan Luis Cárdenas Porras, en nombre y representación de los recurrentes en amparo, comunica a este Tribunal que recayó Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Sexta, de 18 de septiembre de 1998, por el que se declaró nulo todo lo actuado en el rollo de apelación, y se ordenó la devolución de los autos al Juzgado al objeto de que notificase al Ministerio Fiscal la Sentencia dictada en el juicio de faltas con el fin de que pudiera hacer uso de su derecho a recurrir, dejando sin efecto el señalamiento para la resolución de la apelación interpuesta.\n12. Por providencia de 8 de abril de 1999 se señaló para la deliberación y fallo de la presente Sentencia el día 12 del mismo mes y año.\n1. La cuestión central que suscita el presente recurso de amparo se refiere a las dilaciones sufridas por los recurrentes en el juicio de faltas núm. 464/94 seguido ante el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Navalcarnero. El mencionado proceso penal trae causa de las diligencias previas incoadas por el Juzgado aludido con ocasión de un accidente de tráfico acaecido en febrero de 1992 y en el que perdieron la vida tres personas. La tramitación seguida se detalla en el antecedente 2º, al que nos remitimos enteramente.\nLos recurrentes sostienen en su demanda de amparo que la actitud pasiva del Juez mencionado ha sido el factor desencadenante de los evidentes retrasos sufridos por la causa, lesivos de su derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas (art. 24.2 C.E.), aunque su queja se concreta en las dos comisiones rogatorias oficiadas, en la realización de un segundo informe médico respecto del estado de uno de los heridos y en la suspensión de la primera vista del juicio de faltas, actuaciones que, a su entender, constituyeron trámites innecesarios e inútiles, habida cuenta de la personación en el proceso mediante Procurador del camionero y de la empresa propietaria del camión y del tiempo transcurrido entre la fecha del accidente y la del segundo informe médico (casi cuatro años). Añaden los recurrentes, que, a pesar del abultado número de escritos que dirigieron al Juez, advirtiéndole de los inexplicables retrasos en la tramitación del asunto y solicitándole que señalase cuanto antes fecha para la vista del juicio de faltas, circunstancias éstas que probarían su diligencia procesal, el órgano judicial se limitó a rechazar de plano y sin motivación sus peticiones, absteniéndose de adoptar medida alguna para acelerar la marcha del proceso judicial, o, cuando menos, para fundar el mantenimiento de dichos trámites. Dilaciones que, inexplicablemente, continuaron en el trámite de apelación, como se narra en los Antecedentes de esta Sentencia.\nLa representación procesal de la Compañía "Juan A. Calzado, Comisariado de Averías, S.L.", el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal, sin perjuicio de los óbices procesales que oponen a este recurso de amparo y que examinaremos a continuación, solicitan su desestimación por considerar que el órgano jurisdiccional obró en todo momento con diligencia y celo en la garantía de los derechos de defensa de las partes intervinientes en el mismo, sin que se le pueda achacar el retardo sufrido por un juicio de faltas de compleja tramitación, dada la presencia de dos extranjeros, siendo uno de ellos, precisamente, el inculpado en el mismo y el otro responsable civil.\n2. Antes de entrar a resolver sobre el fondo del presente recurso hemos de abordar los obstáculos procesales aducidos a la viabilidad procesal de la demanda de amparo. Son varios, y de distinta índole y entidad, los reparos formales opuestos a la estimación de este recurso de amparo por la representación procesal de la Compañía "Juan A. Calzado, Comisariado de Averías, S.L.", el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal.\nLa representación procesal de la Compañía "Juan A. Calzado, Comisariado de Averías, S.L." y el Abogado del Estado (que lo hace por su parte tan sólo para refutar la solicitada nulidad del Auto de la Audiencia Provincial, pero no para poner en cuestión la existencia o no de tales dilaciones) coinciden en sus escritos al afirmar que el presente recurso de amparo debe desestimarse por haber perdido sobrevenidamente su objeto, dado que el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Navalcarnero ha dictado Sentencia en el juicio de faltas de referencia el 30 de abril de 1997.\nEl Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal sostienen que el amparo debe rechazarse por ser intempestivo. El primero deriva la extemporaneidad que denuncia de haber empleado los recurrentes un recurso manifiestamente improcedente, como era el de súplica contra el Auto desestimatorio de un recurso de reforma. El Ministerio Público, por su parte, deriva la extemporaneidad de la falta de agotamiento de la vía judicial previa, puesto que ninguna de las resoluciones judiciales que supuestamente originaron las dilaciones (las providencias que acordaron oficiar las dos comisiones rogatorias y la suspensión de la vista del juicio de faltas, y el Auto que hizo lo propio con el reconocimiento médico) fueron recurridas en tiempo y forma por los ahora demandantes de amparo.\n3. Respecto de la pérdida de objeto tiene dicho este Tribunal que, el amparo en el cual se invocan dilaciones ocasionadas por cierta actividad judicial, no lo pierde al haberse concluido el proceso en el que se denunciaron los retrasos en la tramitación de la causa una vez admitido a trámite (ATC 221/1996). La razón de ello debe buscarse en la autonomía del derecho a las dilaciones indebidas (art. 24.2 C.E.) respecto del derecho a la tutela judicial efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 C.E.), pues la dilación denunciada no se sana por el simple hecho de que el órgano jurisdiccional dicte una resolución razonablemente fundada. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas no es un derecho a que se resuelva motivadamente, sino a que se resuelva en un tiempo razonable (en este sentido SSTC 26/1983, 5/1985, 35/1994 y 180/1996).\nEl hecho de que las dilaciones dejan de resultar corregibles con la emisión de una resolución judicial que recae una vez admitido a trámite el recurso de amparo, trocándolo en un amparo meramente declarativo, únicamente ha de tener reflejo en el fallo de la Sentencia de ser ésta estimatoria. Sin embargo, el que con antelación a esa resolución del órgano judicial ordinario haya tenido lugar la admisión a trámite del recurso de amparo, impide la reformulación (en el trámite ya de Sentencia) de la aplicación hecha en el momento procesal oportuno del art. 44 LOTC (en relación con el art. 50.1 LOTC), y no hace exigibles, ahora en toda su intensidad, requisitos de procedibilidad que no lo eran en aquel momento. De otro modo, y así lo tenemos dicho en la STC 10/1991, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas se vería en buena medida desprovisto del contenido que le es propio, y no sería fácilmente reconocible al quedar la existencia misma de la dilación indebida al albur de la actitud del órgano jurisdiccional ante el hecho exclusivo de la interposición del recurso de amparo (SSTC 26/1983, 151/1990, 61/1991).\n4. De acuerdo con la doctrina que se acaba de sintetizar en el precedente fundamento jurídico, no cabe sino rechazar las tachas formales invocadas.\nAnte todo, debemos rechazar que se haya producido una pérdida sobrevenida del objeto del recurso de amparo al haberse dictado Sentencia en el proceso judicial precedente, como sostienen la parte personada y el Abogado del Estado. Esta circunstancia no impide que se entre en el fondo del asunto cuando la resolución judicial que ha puesto fin al proceso en el cual se han producido los retrasos se ha dictado una vez admitido a trámite el recurso de amparo; pues nuestra Sentencia, de ser estimatoria, habría de limitarse a declarar la vulneración del derecho fundamental. Bien es cierto que, como tenemos dicho en la STC 10/1997, la interposición del recurso de amparo en supuestos como éste no puede convertirse en un remedo de instrumento conminatorio en manos de las partes del proceso ordinario frente al órgano judicial para que éste resuelva prontamente, pero no lo es menos que la existencia o no de dilaciones indebidas, y, por tanto, la lesión del art. 24.2 C.E., no puede depender de si el órgano judicial decide o no repararlas al saber de la interposición de un recurso de amparo.\n5. Sin embargo, mayor detenimiento exige el examen de los defectos formales aducidos por el Ministerio Fiscal y por el Abogado del Estado.\nEl primero estima que no se ha agotado la vía judicial ordinaria al no haberse recurrido las distintas resoluciones que acordaron aquellos actos retardadores de la tramitación del juicio de faltas. En este sentido señala que los recurrentes no agotaron la vía judicial previa porque no recurrieron, como podían haber hecho, las providencias de 23 de abril de 1992 y de 18 de diciembre de 1996, en las que se acordó el despacho de las dos comisiones rogatorias, ni el Auto de 1 de febrero de 1995, mediante el cual se ordenó la realización de un segundo examen médico de uno de los heridos en el accidente, ni la providencia de 14 de marzo de 1996, por la que se formalizó la suspensión de la primera vista del juicio de faltas y se señaló nueva vista para casi un año después (el 5 de marzo de 1997).\nCiertamente, conforme consta en los autos, los demandantes de amparo no recurrieron todas las resoluciones judiciales mencionadas. No lo hicieron respecto de las providencias por las que se acordaba oficiar las comisiones rogatorias, ni contra el Auto de 1 de febrero de 1995, que, por cierto resolvía un recurso de reforma contra una providencia relativa a la entrega a las partes en el proceso de ciertas consignaciones, y en el que se acordó realizar el referido examen médico. Conviene, en todo caso, recordar que los actores sí que recurrieron la providencia de 14 de marzo de 1996, que acordó suspender la vista del juicio de faltas, cuya desestimación fue a su vez recurrida ante la Audiencia Provincial, sucesión de recursos de la que trae causa directa el presente recurso de amparo. Y lo propio hicieron con providencia de 19 diciembre de 1996, que acordó no haber lugar a la solicitud de que se celebrase cuanto antes la vista, y con la de 2 de enero de 1997, que resolvió que tampoco había lugar a dar cuenta de la fecha de formalización de la segunda comisión rogatoria.\nAsí pues, y habida cuenta de que los recurrentes sí que agotaron la vía judicial ordinaria respecto del acto del Juez de Instruccción que pudo constituir la causa efectiva de las dilaciones con relevancia constitucional, este Tribunal debe ceñir su enjuiciamiento del caso a determinar si la providencia de 14 de marzo de 1996, mediante la que se acuerda formalmente la decisión de suspender la primera vista del juicio de faltas en cuestión y el señalamiento para casi un año después de la segunda vista, ha sido o no la causa de las dilaciones indebidas denunciadas en el presente recurso de amparo. Las restantes causas de dilaciones aducidas por los recurrentes, y coincidiendo en esto con lo alegado por el Ministerio Fiscal, no deben ser tenidas en cuenta al no haber sido oportunamente recurridas por los demandantes de amparo.\nPor otra parte, con independencia de cualquier valoración de legalidad ordinaria, no cabe sostener como hace el Abogado del Estado que resulta absolutamente irrazonable o carente de todo posible fundamento la actuación de la parte.\nCumplidos, pues, los requisitos de admisibilidad relativos a la denuncia de las dilaciones ocasionadas con motivo de la suspensión de la vista oral y señalamiento de una segunda mediante providencia, es el momento de comprobar si este acto judicial vulneró o no el art. 24.1 C.E.\n6. Sabido es que el derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas (art. 24.2 C.E.) no puede identificarse con un pretendido derecho al riguroso cumplimiento de los plazos procesales (SSTC 5/1985, 324/1994), configurándose a partir de la dimensión temporal de todo proceso y su razonabilidad. La prohibición de retrasos injustificados en la marcha de cualesquiera procesos judiciales impone a Jueces y Tribunales el deber de obrar con la celeridad que les permita "la duración normal o acostumbrada de litigios de la misma naturaleza" (SSTC 223/1984, 43/1985, 50/1989, 81/1989, 10/1997, 140/1998) y con la diligencia debida en el impulso de las distintas fases por las que atraviesa un proceso (art. 237 L.O.P.J.); deber cuya observancia ha de ser examinada por este Tribunal con mayor rigor cuando se trate de retrasos en la tramitación de los procesos penales, habida cuenta de su eventual incidencia sobre la libertad personal de los inculpados en ellos (art. 17.1 C.E.) y sobre el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 C.E.) del que gozan todas las partes procesales (SSTC 8/1990, 41/1996 y 10/1997).\nEl propósito de tales exigencias es el de llegar a un satisfactorio equilibrio entre la realización de toda la actividad judicial indispensable para la adecuada resolución del caso del que se conoce y para la garantía de los derechos procesales de las partes, y el tiempo que la misma necesita, que debe ser el más breve posible. Tanto la obtención de la información suficiente para una correcta resolución jurisdiccional de los conflictos, como la formación de un juicio y la adopción de garantías de los derechos de intervención y defensa de las partes en litigio requieren, ciertamente, un determinado lapso de tiempo; sin embargo, la adecuada satisfacción jurídica de las pretensiones de los sujetos que acudieron a los órganos de justicia exige también la máxima celeridad. El concepto de "dilaciones indebidas" es, pues, un "concepto indeterminado o abierto" (STC 36/84, 5/1985, 233/1988, 28/1989 y 85/1990, entre otras muchas), que designa una determinada ruptura del citado equilibrio, no identificable, como ya se ha dicho, con el mero incumplimiento de los plazos procesales, sino con un retraso en la administración de justicia que no está suficientemente justificado en el modo o en el objeto de dicha actividad (STC 324/1994).\nDesde tales premisas este Tribunal ha fijado los términos en los que deben enjuiciarse los retrasos judiciales en coincidencia con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el art. 6.1 del Convenio de Roma (derecho a que la causa sea oída en "un tiempo razonable"), que ha sido tomada como el estándar mínimo garantizado en el art. 24.2 C.E. (casos Wemhift, de 27 de junio de 1968; Neumeister, de 27 de junio de 1968; Ringeisen, de 6 de julio de 1971; König, de 28 de julio de 1978; Buchholz, de 6 de mayo de 1981; Eckle, de 15 de julio de 1982; Foti y otros, de 10 de diciembre de 1982; Corigliano, de 10 de diciembre de 1982; Zimmermann-Steiner, de 13 de julio de 1983; Pretto, de 8 de diciembre de 1983; Lechner- Hess, de 23 de abril de 1987; Capuand, de 25 de junio de 1987; Baggetta, de 25 de junio de 1987; Milasi, de 25 de junio de 1987; Sanders, de 7 de julio de 1989, entre otros). Siguiendo dicha doctrina, una vez más debe recordarse que el juicio sobre el contenido concreto de las dilaciones, y sobre si son o no indebidas, debe ser el resultado de la aplicación a las circunstancias específicas de cada caso de los criterios objetivos que a lo largo de nuestra jurisprudencia se han ido precisando, y que son la complejidad del litigio, los márgenes ordinarios de duración de los litigios del mismo tipo, el interés que en aquél arriesga el demandante de amparo, su conducta procesal y la conducta de las autoridades, y, por último, a los efectos tan sólo de cuál haya de ser el alcance de nuestro pronunciamiento, el hecho de que haya cesado o no la dilación denunciada al tiempo de resolver el recurso de amparo interpuesto con tal motivo. De acuerdo con la referida doctrina, lo que debamos resolver en el supuesto debatido en esta Sentencia dependerá de la aplicación de estos criterios a las circunstancias en él concurrentes (por todas, STC 223/1988 y 21/1998).\n7. En particular, y por lo que respecta al caso analizado, debemos traer a colación la distinción hecha en nuestra jurisprudencia según se trate de dilaciones cuya causa sea una omisión o una acción del órgano judicial, por ser ésta, justamente, la cuestión esencial para la adecuada resolución del presente recurso de amparo. En tal sentido hemos dicho en diversas ocasiones que en los procesos penales, advertida la capital trascendencia que posee su dimensión temporal para los derechos fundamentales de quienes sean parte en ellos, las actuaciones del Juez o del Tribunal que supongan demorar la resolución del proceso exigen ser debidamente justificadas. Y lo mismo debe decirse en el caso de que el retraso se haya producido por la inactividad judicial, cuando una parte en el proceso penal denuncia ante el Juez o Tribunal competente las posibles dilaciones. No se trata con ello de evitar tanto que el órgano judicial incurra en la lesión del derecho a una resolución jurídica motivada en Derecho (art. 24.1 C.E.), sin merma de que así pueda suceder, cuanto de que, con la fundamentación de la omisión o la actividad judiciales, causantes de los retrasos denunciados, se ponga de manifiesto la diligencia del órgano jurisdiccional en el impulso del procedimiento (por todas, la STC 324/1994). Y tales consideraciones resultan aquí plenamente aplicables, dado que los recurrentes, como antes se ha señalado, imputan la dilación sufrida a la actividad judicial y no a omisiones o a pasividad del órgano jurisdiccional.\n8. Cumple ahora examinar si la actitud del órgano judicial al acordar la suspensión de la vista oral y el señalamiento para casi un año después de la segunda carecía de justificación haciendo indebidas las dilaciones y, por consiguiente, infringiendo el art. 24.2 C.E.\nEl Juez sostuvo expresamente, en el Auto que desestimó el recurso de reforma interpuesto contra la providencia que acordó la suspensión del juicio, que se procedía de este modo para garantizar los derechos de defensa del inculpado holandés, pues no había comparecido en la vista del juicio y podía habérsele citado inapropiadamente. Es lo cierto que, a los efectos de las notificaciones y emplazamientos de las partes en los procesos judiciales, cuando están asistidas por Abogado y Procurador, como sucedía en el caso, la exigencia referida se podría entender cumplida, con criterios de legalidad ordinaria, cuando aquel emplazamiento o notificación se hiciera a través del Procurador de la parte, Causídico al cual correspondería el traslado de la citación en tiempo oportuno a su poderdante, so pena de incurrir en la pertinente responsabilidad por los daños que su negligencia pudiera ocasionarle (SSTC 174/1990, 159/1998 y 182/1998, entre otras). No en vano los recurrentes recordaron al órgano judicial, en todos aquellos escritos que le fueron remitidos una vez invocada la supuesta indefensión del inculpado, que el camionero holandés y la empresa propietaria del camión estaban debidamente personados en el juicio, resaltando la obligación que cumple a un Procurador de trasladar a sus clientes las notificaciones recibidas.\nEl Juzgado de Instrucción, en su afán por garantizar los derechos de defensa de los inculpados, ofició una segunda comisión rogatoria y, paralelamente, citó a las partes holandesas en el proceso por correo certificado (como así lo acordó en su providencia de 15 de enero de 1997, recibiendo con posterioridad un acuse de recibo con fecha de 21 de enero de ese mismo año, celebrándose la segunda vista un mes después).\nDe este conjunto de circunstancias cabe colegir que la suspensión de la primera vista del juicio y su aplazamiento para casi un año después estuvo fundada en la garantía de los derechos de defensa de quienes ocupaban en el proceso penal la posición de inculpado y responsable civil subsidiario, obrando el órgano judicial en consecuencia con la práctica de las reseñadas diligencias de citación y emplazamiento. Este extremo, el hecho de que la dilación en la resolución del asunto responde al propósito de salvaguardar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de una de las partes, y no por cierto de la menos relevante, pues se trataba de los inculpados en el mismo, distingue el presente caso de aquellos otros en los que este Tribunal ha considerado indebidas las dilaciones en un proceso al acordarse el señalamiento para su vista o su fallo por no fundarse en razón alguna que las justifique (SSTC 223/1988, 50/1989, 81/1989, 7/1995, 181/1996, 195/1997).\nLa dilación sufrida en el proceso penal del que trae causa el presente recurso de amparo no puede tacharse de indebida, cualquiera que pueda ser la valoración que merezca la interpretación y aplicación que el Juez de Instrucción haya hecho de los arts. 970 y 971 L.E.Crim., ya que se motivó expresamente en la garantía de los derechos de defensa de los inculpados. Quizá haya sido excesivo el celo puesto por el Instructor en esa garantía, que cifró en una efectiva citación personal, cuando, una vez intentado diligentemente ese acto de comunicación procesal, y comprobada su muy difícil consecución o su práctica imposibilidad, como resultaba de las actuaciones practicadas en el caso, bastaba a tal fin con hacerlo acudiendo a los restantes medios de comunicación procesal dispuestos con ese objeto en las leyes de procedimiento (SSTC 133/1986, 72/1988, 122/1988, 251/1988, 143/1990, 144/1997; AATC 1296/1987, 220/1998). No obstante, su comportamiento no se hace digno de un reproche en esta sede calificando de indebidos los retrasos sufridos en la tramitación de la causa, pues a juicio del órgano judicial había motivos suficientes para haber desarrollado sus actuaciones en la forma que adoptaron en función del objetivo de tutelar en la medida más efectiva posible los derechos de algunas de las partes del procedimiento. Consiguientemente, no cabe apreciar en el caso la existencia de dilaciones indebidas lesivas del art. 24.2 C.E.\nNúmero y fecha BOE [Núm, 118 ] 18/05/1999 Corrección 1\nTipo y número de registro Recurso de amparo 21-1997\nContra dilaciones padecidas en la tramitación de juicio de faltas seguido en el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Navalcarnero.\nTiene dicho este Tribunal que el amparo en el cual se invocan dilaciones ocasionadas por cierta actividad judicial, no pierde su objeto al haberse concluido el proceso en el que se denunciaron los retrasos en la tramitación de la causa una vez admitido a trámite (ATC 221/1996). La razón de ello debe buscarse en la autonomía del derecho a las dilaciones indebidas (art. 24.2 C.E.) respecto del derecho a la tutela judicial efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 C.E.), pues la dilación denunciada no se sana por el simple hecho de que el órgano jurisdiccional dicte una resolución razonablemente fundada. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas no es un derecho a que se resuelva motivadamente, sino a que se resuelva en un tiempo razonable (en este sentido, SSTC 26/1983, 5/1985, 35/1994 y 180/1996). El hecho de que las dilaciones dejan de resultar corregibles con la emisión de una resolución judicial que recae una vez admitido a trámite el recurso de amparo, trocándolo en un amparo meramente declarativo, únicamente ha de tener reflejo en el fallo de la Sentencia, de ser ésta estimatoria. De otro modo, y así lo tenemos dicho en la STC 10/1991, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas se vería en buena medida desprovisto del contenido que le es propio, y no sería fácilmente reconocible al quedar la existencia misma de la dilación indebida al albur de la actitud del órgano jurisdiccional ante el hecho exclusivo de la interposición del recurso de amparo (SSTC 26/1983, 151/1990). [F. J. 3]\nSabido es que el derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas (art. 24.2 C.E.) no puede identificarse con un pretendido derecho al riguroso cumplimiento de los plazos procesales (SSTC 5/1985, 324/1994), configurándose a partir de la dimensión temporal de todo proceso y su razonabilidad. La prohibición de retrasos injustificados en la marcha de cualesquiera procesos judiciales impone a Jueces y Tribunales el deber de obrar con la celeridad que les permita «la duración normal o acostumbrada de litigios de la misma naturaleza» (SSTC 223/1984, 43/1985, 50/1989, 81/1989, 10/1997, 140/1998) y con la diligencia debida en el impulso de las distintas fases por las que atraviesa un proceso (art. 237 L.O.P.J.); deber cuya observancia ha de ser examinada por este Tribunal con mayor rigor cuando se trate de retrasos en la tramitación de los procesos penales, habida cuenta de su eventual incidencia sobre la libertad personal de los inculpados en ellos (art. 17.1 C.E.) y sobre el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 C.E.) del que gozan todas las partes procesales (SSTC 8/1990, 41/1996 y 10/1997). [F.J. 6]\nUna vez más debe recordarse que el juicio sobre el contenido concreto de las dilaciones, y sobre si son o no indebidas, debe ser el resultado de la aplicación a las circunstancias específicas de cada caso de los criterios objetivos que a lo largo de nuestra jurisprudencia se han ido precisando, y que son la complejidad del litigio, los márgenes ordinarios de duración de los litigios del mismo tipo, el interés que en aquél arriesga el demandante de amparo, su conducta procesal y la conducta de las autoridades, y, por último, a los efectos tan sólo de cuál haya de ser el alcance de nuestro pronunciamiento, el hecho de que haya cesado o no la dilación denunciada al tiempo de resolver el recurso de amparo interpuesto con tal motivo. [F. J. 6]\nPor lo que respecta al caso analizado, debemos traer a colación la distinción hecha en nuestra jurisprudencia según se trate de dilaciones cuya causa sea una omisión o una acción del órgano judicial, por ser ésta, justamente, la cuestión esencial para la adecuada resolución del presente recurso de amparo. En tal sentido hemos dicho en diversas ocasiones que en los procesos penales, advertida la capital trascendencia que posee su dimensión temporal para los derechos fundamentales de quienes sean parte en ellos, las actuaciones del Juez o del Tribunal que supongan demorar la resolución del proceso exigen ser debidamente justificadas. Y lo mismo debe decirse en el caso de que el retraso se haya producido por la inactividad judicial, cuando una parte en el proceso penal denuncia, ante el Juez o Tribunal competente, las posibles dilaciones. No se trata con ello de evitar tanto que el órgano judicial incurra en la lesión del derecho a una resolución jurídica motivada en Derecho (art. 24.1 C.E.), sin merma de que así pueda suceder, cuanto de que, con la fundamentación de la omisión o la actividad judiciales, causantes de los retrasos denunciados, se ponga de manifiesto la diligencia del órgano jurisdiccional en el impulso del procedimiento (por todas, la STC 324/1994). [F. J. 7]\nDel conjunto de circunstancias del caso, cabe colegir que la suspensión de la primera vista del juicio y su aplazamiento para casi un año después estuvo fundada en la garantía de los derechos de defensa de quienes ocupaban en el proceso penal la posición de inculpado y responsable civil subsidiario, obrando el órgano judicial, en consecuencia, con la práctica de las reseñadas diligencias de citación y emplazamiento. Este extremo, el hecho de que la dilación en la resolución del asunto responde al propósito de salvaguardar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de una de las partes, y no por cierto de la menos relevante, pues se trataba de los inculpados en el mismo, distingue el presente caso de aquellos otros en los que este Tribunal ha considerado indebidas las dilaciones en un proceso al acordarse el señalamiento para su vista o su fallo por no fundarse en razón alguna que las justifique ( SSTC 223/1988, 50/1989, 81/1989, 7/1995, 181/1996, 195/1997). La dilación sufrida en el proceso penal del que trae causa el presente recurso de amparo no puede tacharse de indebida, cualquiera que pueda ser la valoración que merezca la interpretación y aplicación que el Juez de Instrucción haya hecho de los arts. 970 y 971 L.E.Crim., ya que se motivó expresamente en la garantía de los derechos de defensa de los inculpados. [F.J. 8]\nArtículo 970, f. 8\nArtículo 971, f. 8\nArtículo 24.1, ff. 3, 5, 7\nArtículo 24.2, ff. 1, 3, 4, 6, 8\nArtículo 237, f. 6\nSentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 28 de junio de 1978 (König c. Alemania)\nSentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 6 de mayo de 1981 (Buchholz c. Alemania)\nSentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 15 de julio de 1982 (Eckle c. Alemania)\nSentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1982 (Corigliano c. Italia)\nSentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1982 (Foti c. Italia)\nSentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 8 de diciembre de 1983 (Pretto y otros c. Italia)\nSentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 23 de abril de 1987 (Lechner y Hess c. Austria)\nSentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 25 de junio de 1987 (Baggetta c. Italia)\nSentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 25 de junio de 1987 (Capuano c. Italia)\nSentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 25 de junio de 1987 (Milasi c. Italia)\nCriterios de apreciación de dilaciones indebidasCriterios de apreciación de dilaciones indebidas, f. 6\nDerecho a un proceso sin dilaciones indebidasDerecho a un proceso sin dilaciones indebidas, ff. 3, 6\nDilaciones no imputables al órgano judicialDilaciones no imputables al órgano judicial, f. 8\nRecurso de amparo contra actos judicialesRecurso de amparo contra actos judiciales, f. 2\nConceptos jurídicos indeterminadosConceptos jurídicos indeterminados, f. 6\nDilaciones indebidas en el procedimientoDilaciones indebidas en el procedimiento, ff. 2, 3, 6, 8\nProceso penalProceso penal, ff. 6, 8


08 enero 2018, 15:11\nTras tres años de aventura en MotoGP, Loris Baz correrá en 2018 con el Athea BMW Racing Team en el Campeonato del Mundo de Superbikes, el campeonato que le vio crecer y en el que cosechó buenos resultados hasta 2015 siendo compañero de equipo de Tom Sykes en Kawasaki.\nDespués de esa primera etapa de aprendizaje en el KRT y cuando parecía que ya estaba listo para luchar por el campeonato después de haber sumado sus primeras victorias, Baz sorprendió dando el salto a MotoGP con la moto open del equipo Forward con la que dio sus primeros pasos en la complicada categoría.\nVuelta a los orígenes para Baz tras tres temporadas en MotoGP\nEn ese momento, comenzaba una nueva fase de aprendizaje para Loris Baz, que después de pilotar un año la Yamaha open pasó a formar parte de las filas del Avintia Racing. Con la Ducati el corpulento piloto francés fue progresando, dejando ver muestras de su buen hacer y consiguiendo algunos buenos resultados.\nDe hecho, en esta temporada ha acabado cuatro veces entre los diez primeros en carrera acabando el año en la décimo sexta plaza de la general con casi el doble de puntos que su compañero de equipo, Héctor Barberá.\nSin embargo, esos números no han bastado para que Baz haya encontrado asiento para 2018 en MotoGP y ha tenido que dar un paso atrás para volver al WSBK. Haber dejado de ser el único piloto francés en la categoría más elitista con la llegada de Zarco tampoco le habrá ayudado mucho a Baz, que pilotará en 2018 la BMW S 1000 RR del Althea.\nPrecisamente, Loris hereda la moto que hasta final de temporada ha pilotado Jordi Torres y con la que no ha conseguido grandes resultados en las dos temporadas en las que el piloto español ha estado con la marca alemana antes de pasar a las filas de MV Agusta. Las carencias técnicas de la BMW han eclipsado el trabajo hecho por Torres y por el Althea, no permitiéndoles luchar por la victoria.\nBaz tiene ahora ante sí un enorme reto con su regreso a Superbikes. Por un lado, tendrá que adaptarse de nuevo a las motos derivadas de serie y en su caso, hacerlo además a una moto que no está a la altura a nivel electrónica y a nivel motor. Por si fuera poco, también tendrá que adaptarse a los frenos de acero y a los neumáticos Pirelli, que son realmente diferentes respecto a los que ha estado usando estos años en MotoGP.\nEn cualquier caso, el piloto de Sallanches se muestra contento con la decisión tomada y espera poder luchar junto a su nuevo equipo por hacer buenos resultados. Todo esto sin perder de vista los cambios que tendrán lugar en el reglamento y que a priori, pueden ayudar a que motos no tan competitivas hasta ahora puedan estar más cerca de la victoria.\nCompartir Loris Baz vuelve a Superbikes de la mano del BMW Althea


Expansión.com 21/01/2020 Mamen Ponce de León\nLa gestora vasca avanza en la diversificación de su apuesta por los activos alternativos.\nLa veterana entidad vasca de private equity Talde da un paso importante en la hoja de ruta para convertirse en una gestora global de activos alternativos. Después de cuarenta años enfocada en la toma de participaciones en el capital de pymes españolas, ahora se dispone a abrir el espectro a dos nuevas estrategias: la inversión inmobiliaria, donde considera lanzar una Socimi, y la deuda privada. Dos áreas recién instauradas que contribuirán a la diversificación.\nEl asalto al real estate es el proyecto más reciente. Apenas hace cuatro meses que Talde se adentró en este apartado y todavía se encuentra inmersa en las tareas de análisis y definición de la tesis de inversión, explica Francisco Ibáñez, responsable de esta actividad. Entre las perspectivas que alberga, destaca la constitución de una Socimi. Una iniciativa que está valorando, pese a la amenaza para la actual regulación de estas sociedades cotizadas que representa el nuevo Gobierno.\nTalde está dispuesta a desafiar estos cambios. "Hoy por hoy son vehículos que funcionan", afirma Ibáñez. Eso sí, antes de levantar la Socimi (o un vehículo alternativo, matiza el directivo), es preciso realizar adquisiciones, señala. Aunque está por concretar el detalle, Talde ya sabe a dónde apunta en este terreno. Así, buscará activos terciarios, es decir, no residenciales, tales como hoteles, oficinas, superficies comerciales o logísticas, que estén ubicados en zonas no céntricas y ya construidos, especifica.\nEn total, Talde pretende canalizar inicialmente hasta 100 millones de euros a su vertiente inmobiliaria, una bolsa de recursos que ya ha empezado a reunir con el apoyo de sus partícipes históricos. Con este capital semilla se propone concretar la primera inversión "antes del verano", vaticina Ibáñez.\nLa apuesta por la deuda privada, por otra parte, ya ha cobrado cuerpo en un nuevo fondo de préstamo, aprobado por la CNMV el año pasado, y que ha captado ya 45 millones de los 100 millones previstos como recaudación total. El responsable de esta área, José Iturriaga, anticipa que se alcanzará dicho propósito "antes de agosto de este año".\nEste vehículo, que ha sido bautizado como Talde Deuda Alternativa, está constituido como un Fondo de Inversión a Largo Plazo Europeo (Filpe), característica que le permite dar entrada a inversores particulares. Esto, añadido a los beneficios tributarios que este tipo de inversiones tienen en Álava y Vizcaya (en virtud de los últimos cambios fiscales aprobados), ha servido para incentivar el atractivo del vehículo entre los partícipes no profesionales. "Hoy éstos representan alrededor del 40% de los inversores que han comprometido recursos", señala Iturriaga.\nTalde confía en dar pronto el pistoletazo de salida a las inversiones en este apartado. "Hemos analizado en torno a 50 propuestas y hemos hecho oferta en siete casos. Esperamos materializar alguna de ellas antes de marzo", adelanta Iturriaga. Los planes para este fondo pasan por dar financiación a entre siete y doce pymes, en las que materializará inyecciones que van de los tres a los 15 millones.\nSearchlight y un ex de Viacom toman el control de Univision


Asesoramiento - 4sa : consultant et expert en sécurité maritime\nOrganismo independiente e imparcial, el grupo 4SA se ha mostrado pionero desde 2002 en su manera de abordar la seguridad y la optimización de las cargas y las descargas de materiales peligrosos por vía marítima y fluvial.\nAdemás de sus formaciones, 4SA puede asesorar sus equipos en sus misiones para rectificar, mejorar y validar con ellos sus labores cotidianas y reforzar así la seguridad de las actividades y su optimización financiera.\nNuestros formadores son hombres y mujeres de campo experimentados, atentos y pedagogos. Conocen perfectamente las reglas y las recomendaciones internacionales, nacionales y locales, así como las instalaciones de los buques, de los puertos y de los terminales.\nSon totalmente autónomos y pueden aplicar las acciones correctivas necesarias para cumplir con los estándares de SSM (Seguridad, Salud, Medio ambiente).\nPóngase en contacto con nosotros para cualquier necesidad específica en materia de formación, auditoría y asesoramiento. Gracias a nuestra dilatada experiencia en el mercado marítimo, así como a la competencia de nuestro personal, podemos responder a cualquier necesidad en cualquier parte del mundo.


Clases - Cursos en Argentina - MiAnuncio.com.ar\nMiAnuncio > Clases - Cursos en Argentina\n1 -20 de 2570 Clases y Cursos\n2570 anuncios de Clases - Cursos en Argentina\nRecibirás un email cuando tengamos nuevos anuncios para: Clases - Cursos en Argentina\nHace 3 horas y 17 minutos -\nEs Mejores Listas IPTV M3u 2020 Actualizadas Gratis. Vamos a recomendaros a continuación cuáles son las mejores listas IPTV para 2020 actualizadas y gratis. Y nuestra última idea ha sido la de crear una lista de canales iptv españa sección especial de cupones promocionales Ebay iptv españa, para que puedas obtener un mayor ahorro en tus compras Ebay iptv españa por internet. Aprende l ...\nInformática - Multimedia en La Rioja\nEnseñanza de Química y Física en Caballito\nProfesor universitario de amplia y reconocida experiencia docente, dicta clases particulares de apoyo en forma individual, para todos los niveles de la enseñanza y capacitación. Zona de clases: Caballito - Flores en Cap. Fed. Horarios de lunes a sábado, entre las 8 y 21 hrs. Preparación de exámenes regulares, previos, trimestrales, de ingreso, parciales, recuperatorios y finales. Nivelaci ...\nLlevo mucho tiempo certificada y ejerciendo en este campo . En este sector, bajo el consejo de ejecutivos financieros, este sector de actividad me permite siempre ayudar a las personas necesitadas y a la buena gestión de mi capital . Concedo préstamos a cualquier persona que desee una ayuda financiera . Se trata de un préstamo entre particulares con condiciones muy sencillas y precisas para ell ...\nClases particulares en Corrientes\nProfesor de la UBA, de amplia y reconocida experiencia docente en cursos de ingreso, ofrece clases particulares individuales, en forma paralela con el dictado de cada materia durante el cuatrimestre. Zna de clases: Caballito - Flores. Horarios de lunes a sábado, entre las 8 y 21 hrs. Preparación de exámenes parciales, recuperatorios, finales y libres. Explicación de contenidos teóricos,ej ...\nHace 25 días y 1 minuto -\nHace 27 días y 2 horas -\nOferta de préstamo entre particulares serios y rápidos en 01 hora. Usted es un esempleado o un trabajador temporal ? En una situación financiera difícil ? Sobreendeudamiento, registro bancario... Inversores, comerciantes que desean hacer rentable su capital.Necesita préstamos entre particulares para hacer frente a las dificultades financieras para salir finalmente del atolladero de los bancos ...\nCapacitación Profesional en Buenos Aires\nAYUDA A PERSONAS NECESITADAS DE PRÉSTAMOS POR WhatsApp +543562454503 Oferta de préstamo, ofrecemos préstamos tales como préstamos personales, préstamos de negocios, préstamos de empresa, préstamos estudiantiles, préstamos sin garantía, etc, si usted está en necesidad de préstamo urgente amablemente en contacto con nosotros por correo electrónico para obtener más información . Corré ...\nProfesor brinda apoyo escolar 11.5969.5727 Federico en González Catán. Clases particulares de todas las materias. Durante todo el año. Niveles primario y secundario. Clases de apoyo en González Catán, clases individuales: matemática, lengua, historia, contabilidad, biología, geografía, sociología. Consulta por tu materia! http://www.clasesencatan.com/ profesor Federico 11.5969.5727 - Cla ...\nTe estamos mostrando Clases - Cursos, Anuncios de Clases - Cursos en Argentina, Viendo anuncios clasificados de Clases - Cursos


El Barça Mobicat juega esta noche (21:00 h) contra el Benicarló Aeropuerto Castellón los cuartos de final de la Copa. Es una participación histórica para los azulgranas. ElPozo Murcia – Carnicer es el otro partido de cuartos.\nHa llegado la hora de la verdad. Es la primera vez en la historia de la sección que participará en la Copa de España, que este año celebra su XX edición. El Barça Mobicat jugará los cuartos de final contra el Benicarló Aeroport Castelló, este jueves a las 21:00 h. Antes, a las 18:30 h, se juega el otro partido de los cuartos de final. Se trata de ElPozo Murcia – Carnicer Torrejón, de donde saldrá el rival del Barça Mobicat en las semifinales, en el supuesto de que los azulgranas se clasifiquen.\nEsta mañana también da el pistoletazo de salida el torneo de filiales Trofeo Coca-cola. El filial del Barça se enfrentará también al Benicarló a partir de la una y media en el pabellón de Las Gabias, una localidad a ocho kilómetros de Granada.\nEl Barça Mobicat llega con la ilusión de hacer un buen papel en esta Copa, La meta está puesta en la gran final del domingo (18:30 h, La2), pero son conscientes de que la primera final la tienen esta noche. Los azulgranas llegan con la moral bien alta después de la última victoria conseguida en la pista del Futsal Cartagena (1-4). Esta victoria ha dejado al Barça Mobicat en la segunda posición de la División de Honor, entre el líder, Inter, y el tercero, ElPozo Murcia. Son los tres equipos en mejor forma de la liga.\nJornada tras jornada, el Barça Mobicat se mantiene como la mejor defensa del campeonato. Con 42 goles, es el equipo menos goleado. La defensa será una de las claves en el partido que jugarán esta noche. Y más, teniendo en cuenta que el rival es el Benicarló.\nYa que sólo pueden ir 12 jugadores convocados, Marc Carmona tendrá que descartar a uno y lo hará minutos antes del partido.\nEn la Liga, el Benicarló tiene 13 puntos menos que el Barça Mobicat. Son séptimos. Pero sobre el parqué esta diferencia de puntos se diluye. Los jugadores de Miki son otra de las mejores defensas de este campeonato de Liga, y la igualdad será máxima. El Benicarló es un equipo liderado en gran medida por el portero, Leandro, ya sea en tareas defensivas, como nivel ofensivo. Y es que el portero brasileño, ex del Martorell, es quién suele asumir el rol de portero-jugador.\nDe hecho el juego del Benicarló se basa en gran parte en esta figura. Juegan con ataque de cinco casi desde el inicio del partido, obligando al equipo contrario a asumir más responsabilidad en defensa. A pesar de este estilo de juego, el Benicarló no se caracteriza por ser un equipo goleador. De hecho, es el segundo equipo que menos goles ha hecho esta temporada. Un total de 50.\nMarc Carmona (Entrenador FCB Mobicat): “Es una eliminatoria que está al cincuenta por ciento. Hemos jugado muchas veces con el Benicarló y nos conocemos ya muy bien. Defensivamente es un equipo muy fuerte. Son muy fuertes en la estrategia y muy competitivos. La gente nos da favoritos a nosotros por la clasificación pero ellos tienen la experiencia que no tenemos nosotros en estas competiciones.”\nFernandao (Jugador FCB Mobicat): “Es la ilusión mayor que puede tener un jugador. Es una nueva etapa donde todos quieren jugar y llegar lo más lejos posible. El grupo está muy unido y necesitamos estar juntos en este momento tan importante. El Benicarló es experto en estas competiciones. Han entrado en las últimas Copas y en la Supercopa, y también en el play-off de la Liga. Pero para nosotros eso es nuevo, es la primera vez. Llevamos una buena línea en la Liga. A ver si ahora que jugamos a un partido único en la Copa podemos demostrar también que podemos ganar.”\nLa Copa de España de fútbol sala se juega en el Palacio Municipal de los Deportes de Granada. Es el pabellón donde juega habitualmente el equipo de baloncesto del CB Granada. Este pabellón, construido el año 1991, tiene capacidad para 7.358 espectadores, casi la misma capacidad que tiene el Palau Blaugrana.\nAparte de acoger los partidos del equipo de baloncesto, este pabellón ha sido la sede de campeonatos de baloncesto, como el Eurobasket del 2007, de balonmano, fútbol sala, voleibol, e incluso trial, patinaje sobre hielo o súper cross. Además, es un recinto que también sirve habitualmente para acoger conciertos.\nUna particularidad de este pabellón es el moderno videomarcador que lo corona. Sus dimensiones y tecnología lo han convertido en uno de los mayores de España y más modernos de Europa.


Comercio Justo Archives - Blog Biolandia\nPosts in category: Comercio Justo\nLas oficinas de Amazon en Seattle, las recién inauguradas Spheres, representan el futuro de los espacios de trabajo. Inauguradas en enero de 2018, las Spheres (esferas en español) son 3 …\nBioReportajesComercio JustoConsumo Responsable\nMapamundi de los Alimentos ¿De donde viene cada uno?\nEl Mapamundi de los alimentos es más necesario que nunca en una sociedad globalizada. Aguacates, mangos, rúcula, judías y un sinfín de alimentos que hacen parte de nuestro día a …\nTiendas Ecológicas en Barcelona: alimentos de cercanía y temporada\nLas tiendas ecológicas en Barcelona son exactamente como la Ciudad Condal, muy bonitas y con todo lo que uno necesita. Seleccionamos algunas tiendas ecológicas de Barcelona que respetan el concepto de cercanía …\nBioReportajesComercio JustoConsumo ResponsableProductos Ecológicos\nCon los restaurantes veganos en Madrid, finalmente hemos conseguido dejar de pasar por situaciones bochornosas… ¿Os acordáis del “tenemos la ensalada de atún, o el sándwich vegetal con jamón York” …\nBioReportajesComercio JustoConsumo ResponsableVida Sana


Preguntas más frecuentes : Shorts Faldas Tienda Venta,Zapatos con cordones y Oxford para hombres\nPeak Performance - Pantalón corto - para mujer B074RK16B3 B074RK16B3\nDACHUI Luz de gran capacidad bolsa de hombro, moda casual-una mochila B07D5WSNTF\nwww.restauranteelporron.es seguro para visitar?\nSi, absolutamente! La seguridad siempre se da la máxima prioridad en www.restauranteelporron.es Y toda su información personal será tratada como confidencial y no filtraremos ninguna de su información a otra tercera parte. Los mantendremos en un servidor seguro y cumpliremos plenamente con toda la legislación aplicable de protección de datos y de consumo de nuestra parte. Garantizamos la seguridad de todos los datos de transacciones mediante el uso de un proveedor avanzado de soluciones de seguridad. Las compras en línea nunca habían sido más seguras y más fáciles. Permanece seguro en línea con nosotros.\nPor qué los productos son tan baratos www.restauranteelporron.es ?


¿Qué es inmunoglobulina M?\nProteína plasmática que comprende el 5-10% del total de las inmunoglobulinas (v.) séricas. Tiene una estructura pentamérica compuesta por cinco monómeros (formado cada uno de ellos por cuatro cadenas), unidos por puentes disulfuro y por la cadena J. De este modo, presenta diez sitios teóricos de unión al antígeno, que, en realidad, suelen reducirse a cinco. Su peso molecular total es de 900 kD.\nDado su gran tamaño, se encuentra confinada en el espacio intravascular. Es la inmunoglobulina más eficiente en la fijación de complemento, pudiendo activar la vía clásica con un único pentamero.\nEn su forma monomérica se encuentra, junto a la IgD, en la membrana de los linfocitos B, sirviendo como receptor para el antígeno. Es particularmente importante en la inmunidad contra antígenos polisacáridos bacterianos. Promueve la fagocitosis y, por su acción activadora del complemento, bacteriólisis.


Abierto el plazo para abonarse al Real Madrid de baloncesto | Defensa Central\nHome Baloncesto rudy carroll pocius real madrid baloncesto basket abono precios telefono\nActualizado 23 septiembre 2011 14:52. (España)\nAbierto el plazo para abonarse al Real Madrid de baloncesto\nPara abonarse pueden llamar al teléfono 902 30 22 08\nLa oportunidad de ver a Rudy, Carroll y Pocius de blanco\nHay expectación por ver a Rudy Fernández a Pocius y a Carroll los tres conforman son refuerzos importantes que complementan a la perfección a hombres de la calidad de Felipe Reyes, Llull o Tomic. Pues bien, buenas noticias para los aficionados al basket, pues ya están abiertas las taquillas para solicitar el abono de la temporada.\nLos interesados en abonarse al equipo de baloncesto del Real Madrid para la temporada 2011/12 pueden hacerlo ya llamando de lunes a viernes, de 10 a 20 horas, al teléfono 902 30 22 08. Los abonos estarán situados en los laterales como en los fondos, en la segunda planta del Palacio de los Deportes.\nEl Real Madrid regresa al Palacio de los Deportes por todo lo alto. Con un equipo ilusionante, dispuesto y preparado para luchar por las tres grandes competiciones en juego y afrontar el asalto a la Euroliga con muchas garantías de éxito. El precio de los abonos mas baratos es de 90 euros. Puedes ver el resto de tarifas en la web del club


En el 2016: Programas sociales de la Alcaldía Metropolitana beneficiaron a más de 30 mil caraqueños\nPublicado el Sábado, 07 Enero 2017 09:50\nMás de 30 mil caraqueños fueron beneficiados en el 2016 con los distintos programas sociales impulsados por la Alcaldía Metropolitana de Caracas, a través de la Gerencia de Participación Social y Comunitaria, como parte del compromiso asumido para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.\nEl director de la Gerencia de Participación Social y Comunitaria, Cristóbal Hernández, afirmó que las políticas públicas impulsadas por el Alcalde Antonio Ledezma y ratificadas por la Alcaldesa (E) Helen Fernández, se han convertido en una esperanza para los sectores populares y la interrelación comunitaria.\n“La puesta en marcha de estas políticas públicas no solo benefician a las comunidades, sino también que responden y satisfacen las necesidades de los caraqueños, elevando los niveles de concienciación ciudadana e impactando de manera directa en el mejoramiento de su calidad de vida”, dijo.\nDestacó que aunque el 2016 fue un año golpeado por la crisis económica que sigue afectando al país, lograron cumplir con los proyectos y metas establecidas, siendo indispensable el trabajo mancomunado de las direcciones de Asistencia Socio-Comunitaria, de Participación y Organización Comunitaria y de Formación y Capacitación Social, adscritas al ayuntamiento metropolitano.\n“Pese a la situación presupuestaria, se trabajó a diario tratando de mitigar en lo posible los problemas que padecen los ciudadanos. Así pues, logramos realizar cuarenta y cuatro (44) jornadas sociales integrales, las cuales beneficiaron a varias comunidades y escuelas en las parroquias como Petare, La Vega, Santa Rosalía, Caucagüita, El Valle, Sucre, Caricuao, Antímano, El Paraíso, La Candelaria, La Pastora, Coche, El Junquito, La Dolorita, Las Minas, San Bernardino, San Pedro, San Agustín, Macarao, entre otras.\nHernández detalló que mediante el programa “Impulso a las Comunidades”, se hizo la transferencia de recursos a trece (13) Consejos Comunales del área metropolitana, para la ejecución de sus proyectos; de igual forma fueron donados materiales deportivos de básquet, béisbol, karate y voleibol, a fin de promover el deporte como una alternativa para alejar a los chamos del ocio y la delincuencia.\nEl Ofimovil no se detuvo en el 2016\nLa unidad móvil el pasado año continuó trasladándose a las comunidades con un personal capacitado para prestar atención a los sectores más vulnerables de la ciudad. El Ofimovil con su Ruta de Convivencia favoreció a más de 10.000 personas mediante la difusión de valores, servicio jurídico comunitario de manera expedita y gratuita; tales como asesoría jurídica, redacción de documentos, conciliación vecinal y asesoramiento en los casos de violencia inter-vecinales, además de dar atención integral a mascotas con la vacunación y desparasitación respectivamente.\nAsimismo, indicó que el programa de ‘Conciliadores Escolares’ que busca formar y crear conciencia en las instituciones educativas sobre los valores, convivencia y resolución de conflictos, fue impartido a los niños de las diferentes escuelas del área metropolitana de Caracas superando la cifra de 500 capacitados.\nAgregó que la ‘Sala de Mediación y Conciliación’, otra política social que promueve la Alcaldía Metropolitana ofreció sus servicios a 2.200 personas gratuitamente en casos de asesoría legal, redacción de documentos legales para diversos trámites, conciliación y mediación de conflictos vecinales; obteniendo una respuesta a las demandas de forma rápida y sencilla. El programa de ‘Rescate de Valores’, el cual permiten la integración de los grupos que conforman las comunidades, a través de actividades recreativas, culturales y de formación, durante el año 2016 atendió alrededor de 5900 ciudadanos, incluyendo los distintos clubes de abuelos.\nPero pese al esfuerzo por mantener los programas sociales activos ante la crisis presupuestaria que enfrenta la Alcaldía, el director de la Gerencia de Participación Social y Comunitaria, reconoció que algunos de estos se vieron afectados; tal es el caso de la ‘Ruta del Agua para la Vida’, manejado por la Fundación para la Conservación Metropolitana (FUNCOME) y que contribuye a minimizar el impacto que genera la falta de agua. Sólo se logró la entrega de ciento cuarenta y cinco (145) tanques para el almacenamiento del agua en el primer trimestre; sin embargo, en pro de aliviar la escasez del vital líquido, se hizo el suministro por medio de camiones cisternas en las treinta y dos (32) parroquias que conforman el área metropolitana.\n“Desde la Gerencia de Participación Social y Comunitaria, seguimos comprometidos con los caraqueños y en este 2017 continuaremos planificando y coordinando la participación de los ciudadanos que integran las comunidades, a través de los diferentes programas y políticas que persiguen la convivencia y sensibilización de los individuos. Convertir a Caracas en una ‘Ciudad para la Vida’ es nuestra principal misión y vamos a trabajar arduamente para lograrlo”, finalizó Cristóbal Hernández.