Ley 1708 de 2014, por medio de la cual se expide el Código de Extinción de Dominio - Estatal - Códigos - Legislación - VLEX 691488429\nTexto Refundido Texto Original (Diario Oficial de Colombia) Citas 42 Citado por Versiones 4 Análisis 67 Relacionados\nNorma citada en: 659 sentencias, 46 artículos doctrinales, 46 disposiciones normativas, 19 noticias\nLIBRO I Definiciones, normas rectoras y garantías fundamentales Artículos 1 a 14\nArtículo citado en: 5 sentencias, 6 noticias\nTÍTULO II Normas rectoras y garantías fundamentales Artículos 2 a 14\nARTÍCULO 2 Dignidad.\nARTÍCULO 3 Derecho a la propiedad.\nARTÍCULO 4 Garantías e integración.\nARTÍCULO 6 Principio de objetividad y transparencia.\nARTÍCULO 7 Presunción de buena fe.\nARTÍCULO 8 Contradicción.\nARTÍCULO 9 Autonomía e independencia judicial.\nDurante la fase inicial la actuación será reservada, incluso para los sujetos procesales e intervinientes.\nArtículo modificado por la Ley 1849 de 2017\nARTÍCULO 11 Doble instancia.\nARTÍCULO 12 Cosa juzgada.\nARTÍCULO 13 Derechos del afectado.\nTener acceso al proceso, directamente o a través de la asistencia y representación de un abogado, desde la comunicación de la resolución de fijación provisional de la pretensión o desde la materialización de las medidas cautelares, únicamente en lo relacionado con ellas.\nConocer los hechos y fundamentos que sustentan la pretensión de extinción de dominio, expuestos en términos claros y comprensibles, en las oportunidades previstas en esta ley.\nOponerse a la pretensión del Estado de extinguir el derecho de dominio.\nRealizar cualquier otro tipo de acto procesal en defensa de sus derechos.\nARTÍCULO 14 Defensa de personas en condiciones de vulnerabilidad.\nLIBRO II De la extinción de dominio Artículos 15 y 16\nArtículo citado en: 14 sentencias, 2 artículos doctrinales, 5 noticias\nARTÍCULO 16 Causales.\nArtículo citado en: 35 sentencias, un artículo doctrinal, 5 disposiciones normativas, una noticia\nLIBRO III De la acción de extinción de dominio Artículos 17 a 218\nTÍTULO I Principios generales del procedimiento Artículos 17 a 27\nARTÍCULO 17 Naturaleza de la acción.\nLa acción de extinción de dominio de que trata la presente ley es de naturaleza constitucional, pública, jurisdiccional, directa, de carácter real y de contenido patrimonial, y procederá sobre cualquier bien, independientemente de quien lo tenga en su poder o lo haya adquirido.\nARTÍCULO 18 Autonomía e independencia de la acción.\nARTÍCULO 19 Actuación procesal.\nLa actuación procesal se desarrollará teniendo en cuenta el respeto a los derechos fundamentales y la necesidad de lograr la eficacia de la administración de justicia en los términos de este código.\nARTÍCULO 20 Celeridad y eficiencia.\nToda actuación se surtirá pronta y cumplidamente sin dilaciones injustificadas. Los términos procesales son perentorios y de estricto cumplimiento. Para ello, los fiscales, jueces y magistrados que conocen de los procesos de extinción de dominio se dedicarán en forma exclusiva a ellos y no conocerán de otro tipo de asuntos.\nARTÍCULO 21 Intemporalidad.\nLa acción de extinción de dominio es imprescriptible.\nARTÍCULO 22 Nulidad ab initio.\nUna vez demostrada la ilicitud del origen de los bienes afectados en el proceso de extinción de dominio se entenderá, que el objeto de los negocios jurídicos que dieron lugar a su adquisición es contrario al régimen constitucional y legal de la propiedad y por tanto los actos y contratos que versen sobre dichos bienes en ningún caso constituyen justo título y se considerarán nulos ab initio. Lo anterior, sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe exenta de culpa.\nARTÍCULO 23 Finalidad del procedimiento.\nEn la actuación procesal los funcionarios judiciales buscarán siempre la efectividad y prevalencia del derecho sustancial.\nARTÍCULO 24 Lealtad.\nLos sujetos procesales y todas las demás personas que intervengan en el proceso de extinción de dominio están en el deber de hacerlo con absoluta lealtad y buena fe. Deben obrar sin temeridad en el ejercicio de los derechos y deberes procesales.\nARTÍCULO 25 Aplicación de los criterios de priorización.\nEn el trámite de la acción de extinción del derecho de dominio se atenderán, en lo pertinente, los criterios de priorización de situaciones y casos establecidos por el Fiscal General de la Nación. Dicha priorización tendrá en cuenta una evaluación costo-beneficio de la extinción de los bienes, así como del riesgo que dichos bienes generan a la seguridad nacional.\nARTÍCULO 26 Remisión.\nLa acción de extinción de dominio se sujetará exclusivamente a la Constitución y a las disposiciones de la presente ley. En los eventos no previstos se atenderán las siguientes reglas de integración:\nNumeral modificado por la Ley 1849 de 2017.\nEn las actuaciones relacionadas con medidas cautelares se aplicarán en lo pertinente las reglas previstas en el Código General del Proceso\nArtículo citado en: 40 sentencias, una disposición normativa, 2 noticias\nARTÍCULO 27 Prevalencia.\nLas normas rectoras y principios generales previstos en este capítulo son obligatorios, prevalecen sobre cualquier otra disposición de este Código y serán utilizados como fundamento de interpretación.\nTÍTULO II Competencia Artículos 28 a 42\nARTÍCULO 28 Sujetos procesales.\nARTÍCULO 29 Atribuciones.\nARTÍCULO 30 Afectados.\nSe considera afectada dentro del trámite de extinción de dominio a toda persona, natural o jurídica, que alegue ser titular de derechos sobre alguno de los bienes que sean objeto de la acción extinción de dominio:\nTratándose de los derechos personales o de crédito se considera afectada toda persona, natural o jurídica, que alegue estar legitimada para reclamar el cumplimiento de la respectiva obligación.\nFinalmente, con relación a los derechos de participación en el capital social de una sociedad, se considera afectada toda persona, natural o jurídica, que alegue ser titular de algún derecho real sobre una parte o la totalidad de las cuotas, partes, interés social o acciones que son objeto de extinción de dominio.\nCAPÍTULO II Intervinientes Artículos 31 y 32\nARTÍCULO 31 Ministerio Público.\nEl Ministerio Público actuará en el trámite de extinción de dominio en defensa del orden jurídico, del patrimonio público y los derechos y garantías fundamentales. Este podrá intervenir a partir de la fijación provisional de la pretensión con las mismas facultades de los sujetos procesales, y será ejercido por el Procurador General de la Nación por medio de sus delegados y agentes.\nARTÍCULO 32 Ministerio de Justicia y del Derecho.\nEl Ministerio de Justicia y del Derecho actuará en el trámite de extinción de dominio en defensa del interés jurídico de la Nación y representación del ente responsable de la administración de los bienes afectados en el curso del procedimiento. Este podrá intervenir a partir de la fijación provisional de la pretensión y tendrá la facultad de presentar las solicitudes y los recursos que estime necesarios en procura de los intereses del Estado.\nCAPÍTULO III Reglas Generales de Competencia Artículos 33 a 39\nARTÍCULO 33 Competencia para el juzgamiento.\nLa administración de justicia en materia de extinción de dominio, durante la etapa del juicio, se ejerce de manera permanente por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, las salas de extinción de dominio de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y por los Jueces del Circuito especializados en extinción de dominio.\nARTÍCULO 34 Competencia para la investigación.\nCorresponde a la Fiscalía General de la Nación dirigir, realizar y coordinar la investigación en materia de extinción de dominio. La Fiscalía General de la Nación actuará a través del Fiscal General de la Nación o de los fiscales que este delegue para esta materia.\nARTÍCULO 35 Competencia territorial para el juzgamiento.\nCorresponde a los Jueces del Circuito Especializados en Extinción de Dominio del distrito judicial donde se encuentren los bienes, asumir el juzgamiento y emitir el correspondiente fallo. Ante la falta de Jueces de Extinción de Dominio conocerán del juicio, los Jueces Penales del Circuito Especializados.\nARTÍCULO 36 Competencia territorial de la Fiscalía General de la Nación.\nARTÍCULO 37 Competencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.\nLa Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia será competente para conocer de los recursos de apelación y queja interpuestos contra los autos y sentencias proferidos por las Salas de Extinción de Dominio de los Tribunales Superiores, en el trámite de la acción extraordinaria de revisión.\nARTÍCULO 38 Competencia de las Salas de Extinción de Dominio de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial.\nLa Sala de Extinción de Dominio de los Tribunales Superiores conocerá:\nEn primera instancia, de la acción extraordinaria de revisión promovida contra las sentencias de esa corporación en materia de extinción de dominio.\nEn segunda instancia, de los recursos de apelación y queja interpuestos contra los autos y sentencias proferidos por los Jueces de Extinción de Dominio.\nDe las solicitudes de control de legalidad que sean promovidas contra la decisiones adoptadas por el Fiscal General de la Nación en los trámites a su cargo.\nARTÍCULO 39 Competencia de los Jueces de Extinción de Dominio.\nLos Jueces de Extinción de Dominio conocerán:\nEn primera instancia, del juzgamiento de la extinción de dominio.\nEn primera instancia, de las solicitudes de control de legalidad dentro de los procesos de su competencia.\nCAPÍTULO IV Competencia por conexidad Artículos 40 a 42\nARTÍCULO 40 Unidad Procesal.\nARTÍCULO 41 Conexidad.\nCuando los bienes aparentemente pertenezcan a una misma persona, al mismo núcleo familiar o al mismo grupo empresarial o societario.\nCuando existen nexos de relación común entre los titulares de los bienes que permiten inferir la presencia de una identidad o unidad patrimonial o económica, tales como la utilización de testaferros, prestanombres, subordinados u otros similares.\nCuando se trate de bienes que presenten identidad en cuanto a la actividad ilícita de la cual provienen o para la cual están siendo destinados.\nCuando después de una evaluación costo-beneficio se determine que se trata de bienes respecto de los cuales no se justifica adelantar un proceso de extinción de dominio individual para cada uno de ellos, debido a su escaso valor económico, a su abandono, o su estado de deterioro.\nARTÍCULO 42 Ruptura de la Unidad Procesal.\nCuando el Fiscal General de la Nación o su delegado considere que hay mérito suficiente para presentar requerimiento de extinción de dominio o de declaratoria de improcedencia ante el juez competente, respecto de uno o algunos de los bienes que son objeto de la actuación.\nCuando se decrete nulidad parcial de la actuación procesal que obligue a reponer el trámite con relación a uno o algunos de los bienes.\nCuando se solicite el trámite de sentencia anticipada de extinción de dominio respecto de uno o algunos de los bienes.\nCuando uno o algunos de los bienes objeto del trámite o alguno de los afectados se encuentren en el exterior, siempre y cuando el Fiscal General de la Nación o su delegado lo considere necesario y conveniente para garantizar la celeridad y el éxito del proceso.\nParágrafo. La ruptura de la Unidad Procesal no genera cambio de competencia, y el funcionario que la ordenó continuará conociendo de las actuaciones.\nTÍTULO III Actuación procesal Artículos 43 a 115\nCAPÍTULO I Reglas Generales Artículos 43 a 47\nARTÍCULO 43 Requisitos formales de la actuación.\nARTÍCULO 44 Utilización de medios técnicos.\nARTÍCULO 45 Actuación procesal por duplicado.\nARTÍCULO 46 Obligación de comparecer.\nARTÍCULO 47 Formas de citación.\nCAPÍTULO II Providencias Artículos 48 a 51\nARTÍCULO 48 Clasificación.\nLas providencias que se dicten en la actuación se denominarán sentencias, autos, requerimientos y resoluciones:\nSentencias, si deciden sobre el objeto del proceso, en primera o segunda instancia, o la acción de revisión.\nAutos interlocutorios, si resuelven algún incidente o aspecto sustancial.\nAutos de sustanciación, si se limitan a disponer cualquier otro trámite de los que la ley establece para dar curso a la actuación o evitan el entorpecimiento de la misma.\nRequerimiento, si se trata del acto de parte que contiene la pretensión de la Fiscalía dentro del proceso y se somete a conocimiento y decisión del juez.\nResoluciones, si las profiere el fiscal.\nARTÍCULO 49 Redacción de la sentencia.\nUn resumen de los hechos investigados.\nLa identidad o individualización de los bienes objeto del proceso.\nIndicación de la pretensión formulada por la Fiscalía General de la Nación.\nAnálisis de los alegatos presentados por los sujetos procesales.\nLos argumentos fácticos y jurídicos de la decisión, haciendo expresa referencia a la valoración de las pruebas practicadas y de la causal invocada.\nLa decisión tomada por el juez.\nLos recursos que proceden contra ella.\nARTÍCULO 50 Redacción de las providencias.\nLas providencias interlocutorias contendrán una breve exposición del punto que se trata, los fundamentos legales, la decisión que corresponda y los recursos que proceden contra ella.\nARTÍCULO 51 Providencias de juez colegiado.\nLos autos de sustanciación serán dictados por el magistrado ponente, los autos interlocutorios y las sentencias serán proferidos por las Salas Especiales de Extinción de Dominio de los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales.\nCAPÍTULO III Notificaciones Artículos 52 a 58\nARTÍCULO 52 Clasificación.\nARTÍCULO 53 Personal.\nARTÍCULO 54 Por estado.\nARTÍCULO 55 Por edicto.\nARTÍCULO 55-A Por aviso.\nCuando no haya sido posible la notificación personal del auto admisorio de la demanda de extinción de dominio o la admisión de la demanda de revisión, esta se hará por medio de aviso que deberá contener su fecha y la de la providencia que se notifica, el juzgado que conoce del proceso, su naturaleza, la identificación del bien o los bienes objeto del proceso y la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente a la entrega del aviso en el lugar de destino.\nLa publicación de los avisos o las comunicaciones informales en la página web de la Fiscalía no surte efectos de notificación\nArtículo adicionado por la Ley 1849 de 2017\nARTÍCULO 56 Por conducta concluyente.\nARTÍCULO 57 Por funcionario comisionado.\nARTÍCULO 58 Providencias que deben notificarse.\nCAPÍTULO IV Recursos Artículos 59 a 72\nContra los autos y sentencias proferidos por el juez dentro del proceso proceden los recursos de reposición, apelación y de queja, que se interpondrán y sustentarán por escrito, salvo disposición en contrario.\nARTÍCULO 60 Legitimidad y oportunidad para interponerlos.\nLos recursos ordinarios podrán interponerse por quien tenga interés jurídico, desde la fecha en que se haya proferido la providencia, hasta cuando hayan transcurrido tres (3) días contados a partir de la última notificación.\nARTÍCULO 61 Ejecutoria de las providencias.\nLas providencias quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas si no se han interpuesto los recursos legalmente procedentes.\nARTÍCULO 62 Cumplimiento inmediato.\nLas providencias que ordenan medidas cautelares se cumplirán de inmediato.\nARTÍCULO 63 Reposición.\nSalvo las excepciones previstas en este Código, el recurso de reposición procede contra los autos de sustanciación que deban notificarse y contra los interlocutorios de primera instancia.\nARTÍCULO 64 Inimpugnabilidad.\nLa providencia que decide la reposición no es susceptible de recurso alguno, salvo que contenga puntos que no hayan sido decididos en la anterior, caso en el cual podrá interponerse recurso respecto de los puntos nuevos.\nARTÍCULO 65 Apelación.\nEn los procesos de extinción de dominio únicamente procede el recurso de apelación contra las siguientes providencias:\nLa sentencia de primera instancia, en el efecto suspensivo.\nEl auto que niega pruebas en la fase del juicio, en el efecto suspensivo.\nLos demás autos interlocutorios proferidos durante la fase de juicio, en efecto devolutivo.\nLas decisiones judiciales que denieguen cualquiera de los controles de legalidad establecidos en esta ley.\nNumeral modificado por la Ley 1849 de 2017\nEl auto que deniegue el recurso de apelación solo será susceptible de recurso de reposición, salvo cuando se trate del auto que niega la apelación de la sentencia de primera instancia, evento en el cual procederá el recurso de reposición y en subsidio el de queja.\nLa apelación de las providencias que se profieran en la actuación procesal se surtirá en uno de los siguientes efectos:\nSuspensivo: en cuyo caso la competencia del inferior se suspenderá desde cuando se profiera la providencia que lo conceda, hasta cuando regrese el cuaderno al despacho de origen.\nDevolutivo: caso en el cual no se suspenderá el cumplimiento de la providencia apelada ni el curso de la actuación procesal.\nARTÍCULO 67 Trámite del recurso de apelación.\nEl recurso de apelación deberá interponerse y sustentarse por escrito dentro del término de ejecutoria de la providencia. Cuando se haya interpuesto como único el recurso de apelación, vencido el término para recurrir, el secretario dejará el expediente a disposición de todos los sujetos procesales por el término de cuatro (4) días para los no recurrentes. Precluido el término anterior, si fuese viable, se concederá en forma inmediata mediante providencia de sustanciación en que se indique el efecto en que se concede.\nARTÍCULO 68 Procedencia del recurso de queja.\nCuando el funcionario de primera instancia deniegue el recurso de apelación, el recurrente podrá interponer y sustentar el de queja, dentro del término de ejecutoria de la decisión que deniega el recurso. Ocurrido lo anterior, se compulsarán copias de la actuación dentro del término improrrogable de un (1) día y se enviarán inmediatamente al superior.\nARTÍCULO 69 Decisión del recurso de queja.\nSi el superior concede la apelación, determinará el efecto que le corresponda y comunicará su decisión al inferior.\nARTÍCULO 70 Desistimiento de los recursos.\nPodrá desistirse de los recursos antes de que el funcionario judicial los decida.\nARTÍCULO 71 Segunda instancia.\nConcedido el recurso de apelación y efectuado el reparto, el proceso se pondrá a disposición del funcionario, quien deberá resolver el recurso dentro de los diez (10) días siguientes.\nARTÍCULO 72 Competencia del superior.\nEn la apelación, la decisión del superior se extenderá a los asuntos que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación.\nCAPÍTULO V Acción de revisión Artículos 73 a 81\nARTÍCULO 73 Procedencia.\nLa acción de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas, en los siguientes casos:\nCuando después de la sentencia aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas, no conocidas al tiempo del proceso, que lleven a considerar razonablemente que la decisión finalmente adoptada pudo haber sido diferente.\nCuando con posterioridad a la sentencia se demuestre, mediante decisión en firme, que el fallo fue determinado por una conducta delictiva del juez, el fiscal, un sujeto procesal, un interviniente o de un tercero.\nCuando se demuestre, por sentencia en firme, que el fallo objeto de pedimento de revisión se fundamentó en prueba falsa.\nARTÍCULO 74 Titularidad.\nLa acción de revisión podrá ser promovida por cualquiera de los sujetos procesales que tengan interés jurídico y hayan sido legalmente reconocidos dentro de la actuación procesal. También podrá ser promovida por el Ministerio Público o por el Ministerio de Justicia y del Derecho.\nARTÍCULO 75 Instauración.\nLa acción se promoverá por medio de escrito dirigido al funcionario competente y deberá contener:\nLa determinación de la actuación procesal cuya revisión se demanda con la identificación del despacho que produjo el fallo;\nLos hechos y causales que motivaron la actuación procesal y la decisión;\nLa causal de revisión que invoca y los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya la solicitud;\nLa relación de las pruebas que se aportan para demostrar los hechos básicos de la petición.\nARTÍCULO 76 Trámite.\nRepartida la demanda, el magistrado ponente examinará si reúne los requisitos exigidos en el artículo anterior. En caso afirmativo la admitirá dentro de los cinco (5) días siguientes, mediante auto de sustanciación que se notificará, en el cual también dispondrá solicitar el proceso objeto de revisión. Este auto será notificado personalmente a los no demandantes; de no ser posible, se les notificará por estado.\nARTÍCULO 77 Apertura a prueba.\nRecibido el proceso se dejará a disposición de los sujetos procesales por el término común de ocho (8) días, para que las partes soliciten las pruebas que estimen conducentes.\nARTÍCULO 78 Traslado.\nVencido el término probatorio, se dará traslado común de quince (15) días a las partes para que aleguen de conclusión.\nARTÍCULO 79 Término para decidir.\nVencido el término para alegar, el magistrado ponente tendrá diez (10) días para registrar el proyecto y se decidirá dentro de los veinte (20) días siguientes.\nARTÍCULO 80 Revisión de la sentencia.\nSi la sala encuentra fundada la causal invocada, se declarará sin valor la sentencia motivo de la acción y se devolverá la actuación a primera instancia, para que un funcionario diferente de aquel que profirió la decisión tramite nuevamente la actuación a partir del momento procesal que se indique.\nARTÍCULO 81 Impedimento especial.\nNo podrá intervenir en el trámite y decisión de esta acción ningún magistrado que haya intervenido en el proceso cuya decisión se revisa.\nCAPÍTULO VI Nulidades Artículos 82 a 86\nARTÍCULO 82 Nulidades.\nSerán objeto de nulidad las actuaciones procesales irregulares que ocasionen a los sujetos procesales o intervinientes, un perjuicio que no pueda ser subsanado por otra vía o que impida el pleno ejercicio de las garantías y derechos reconocidos en la Constitución y esta ley.\nARTÍCULO 83 Causales de nulidad.\nSerán causales de nulidad en el proceso de extinción de dominio, las siguientes:\nViolación al debido proceso, siempre y cuando las garantías vulneradas resulten compatibles con la naturaleza jurídica y el carácter real de la acción de extinción de dominio.\nARTÍCULO 84 Declaratoria de oficio.\nARTÍCULO 85 Solicitud.\nSolo podrá solicitar la declaración de nulidad el sujeto procesal que resulte perjudicado por la concurrencia de la causal, siempre y cuando no hubiere contribuido a causarlo. También podrán solicitarla el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia y del Derecho. La persona que alegue una nulidad deberá probar la causal que invoca, las razones en que se funda y no podrá formular una nueva, sino por causal diferente o por hechos posteriores.\nARTÍCULO 86 Reglas que orientan la declaratoria de las nulidades y su convalidación.\nLas nulidades se regirán por las siguientes reglas:\nNo se declarará la invalidez de un acto cuando cumpla la finalidad para la cual estaba destinado, siempre que no se viole el derecho a la contradicción.\nQuien alegue la nulidad debe demostrar que la irregularidad sustancial afecta garantías de los sujetos procesales, o desconoce las bases fundamentales del trámite o del juzgamiento.\nNo puede invocar la nulidad la persona que haya coadyuvado con su conducta a la ejecución del acto irregular.\nSolo puede decretarse cuando no exista otro medio procesal para subsanar la irregularidad sustancial.\nCAPÍTULO VII De las medidas cautelares Artículos 87 a 89\nARTÍCULO 87 Fines de las medidas cautelares.\nAl momento de proferir la resolución de fijación provisional de la pretensión el fiscal ordenará, mediante providencia independiente y motivada, las medidas cautelares que considere procedentes con el fin de evitar que los bienes que se cuestionan puedan ser ocultados, negociados, gravados, distraídos, transferidos o puedan sufrir deterioro, extravío o destrucción; o con el propósito de cesar su uso o destinación ilícita. En todo caso se deberá salvaguardar los derechos de terceros de buena fe exenta de culpa.\nARTÍCULO 88 Clases de medidas cautelares.\nAquellos bienes sobre los que existan elementos de juicio suficientes que permiten considerar su probable vínculo con alguna causal de extinción de dominio, serán objeto de la medida cautelar de suspensión del poder dispositivo.\nToma de posesión de bienes, haberes y negocios de sociedades, establecimientos de comercio o unidades de explotación económica.\nParágrafo 2°. La entidad administradora del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco) será el secuestre o depositario de los bienes muebles e inmuebles, sobre los que en el pasado se hayan adoptado o se adopten medidas cautelares, los cuales quedarán de inmediato a su disposición a través del citado Fondo. Así mismo será el administrador de los bienes respecto de los cuales se haya declarado la extinción de dominio, mientras se adelanta el proceso de entrega definitiva o su enajenación.\nParágrafo 4º. El administrador del FRISCO podrá disponer definitivamente de los bienes muebles que ingresaron al mismo con anterioridad a la vigencia de la Ley 1615 de 2013, siempre que se desconozca o no exista la autoridad que puso los bienes a disposición para su administración, cuando aquellos no hayan sido vinculados a algún proceso judicial o cuando los mismos se encuentren totalmente dañados, carezcan de valor comercial, o tengan restricciones que hagan imposible o inconveniente su disposición bajo otra modalidad y que sea certificada previamente mediante estudio técnico o peritaje realizado por autoridad competente o como resultado del avalúo realizado.\nParágrafo 4 adicionado por el artículo 134 de la Ley 2010 de 2019, por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones, publicada en el Diario Oficial de Colombia el 27 de Diciembre de 2019.\nArtículo citado en: 21 sentencias, 4 artículos doctrinales, 5 disposiciones normativas\nARTÍCULO 89 Medidas cautelares antes de la fijación provisional de la pretensión.\nExcepcionalmente el fiscal podrá decretar medidas cautelares antes de proferir la resolución de fijación provisional de la pretensión, en casos de evidente urgencia o cuando existan serios motivos fundados que permitan considerar como indispensable y necesario, para cumplir con alguno de los fines descritos en el artículo 87 de la presente ley. Estas medidas cautelares no podrán extenderse por más de seis (6) meses, término dentro del cual el fiscal deberá definir si la acción debe archivase o si por el contrario resulta procedente proferir resolución de fijación provisional de la pretensión.\nCAPÍTULO VIII Administración y destinación de los bienes Artículos 90 a 110\nARTÍCULO 90 Competencia y reglamentación.\nEl Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco) es una cuenta especial sin personería jurídica administrada por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (SAE), sociedad de economía mixta del orden nacional autorizada por la ley, de naturaleza única y sometida al régimen del derecho privado, de acuerdo con las políticas trazadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes o su equivalente, con el objetivo de fortalecer el sector justicia, la inversión social, la política de drogas, el desarrollo rural, la atención y reparación a víctimas de actividades ilícitas, y todo aquello que sea necesario para tal finalidad.\nArtículo citado en: 103 sentencias, 6 disposiciones normativas, una noticia\nARTÍCULO 91 Administración y destinación.\nLos bienes sobre los que se declare la extinción de dominio, los recursos provenientes de la enajenación temprana y los recursos provenientes de la productividad de los bienes administrados, descontando aquellos destinados para el pago gradual y progresivo de los pasivos de dicho Fondo, los recursos que sean indispensables para el funcionamiento de la entidad encargada de la administración de los bienes, y las destinaciones específicas previstas en la ley, se utilizarán a favor del Estado y serán destinados así: en un veinticinco por ciento (25%) a la Rama Judicial, en un veinticinco por ciento (25%) a la Fiscalía General de la Nación, en un diez por ciento (10%) a la Policía Judicial de la Policía Nacional para el fortalecimiento de su función investigativa y el cuarenta por ciento (40%) restante para el Gobierno nacional, quien reglamentará la distribución de este último porcentaje, destinando una parte a infraestructura penitenciaria y carcelaria.\nParágrafo 1°.A partir de la fecha en que sea publicada la presente ley, el Consejo Nacional de Estupefacientes no podrá adquirir pasivos con cargo a los recursos determinados en los porcentajes de que trata el presente artículo, salvo que la entidad correspondiente así lo manifieste en la sesión del Consejo Nacional de Estupefacientes en que se tome favorablemente esta determinación.\nParágrafo 2°.En virtud de la presente ley se habilita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para efectuar los ajustes presupuestales pertinentes que permitan la asignación de los recursos a favor del nuevo administrador del Frisco.\nParágrafo 3°.El administrador del Frisco tendrá la facultad de policía administrativa para la recuperación física de los bienes que se encuentren bajo su administración.\nParágrafo 4°. Los predios rurales donde se desarrollen o vayan a desarrollar proyectos productivos por parte de la población en proceso de reincorporación serán transferidos directamente por la Sociedad de Activos Especiales a los beneficiarios de estos proyectos que indique la Agencia Nacional de Reincorporación, en los plazos que defina el Gobierno Nacional. En estos casos se configurará una excepción frente a la obligación de transferir todos los bienes rurales a la Agencia Nacional de Tierras. Se excluyen de esta previsión los bienes a que se refiere el artículo 144 de la presente ley\nParágrafo 4 adicionado por el artículo 283 de la Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 'Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad', publicada en el Diario Oficial de Colombia el 25 de Mayo de 2019.\nArtículo modificado por el artículo 22 de la Ley 1849 de 2017, por medio de la cual se modifica y adiciona la Ley 1708 de 2014 'Código de Extinción de Dominio' y se dictan otras disposiciones, publicada en el Diario Oficial de Colombia el 19 de Julio de 2017.\nArtículo citado en: 35 sentencias, 17 disposiciones normativas, 4 noticias\nARTÍCULO 92 Mecanismos para facilitar la administración de bienes.\nLos bienes con extinción de dominio y afectados con medidas cautelares dentro del proceso de extinción de dominio podrán ser administrados utilizando, de forma individual o concurrente, alguno de los siguientes mecanismos:\nDestrucción o chatarrización.\nDonación entre entidades públicas.\nInciso adicionado por la Ley 1943 de 2018, por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones, publicada en el Diario Oficial de Colombia el 28 de Diciembre de 2018\nInciso adicionado por el artículo 133 de la Ley 2010 de 2019, por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones, publicada en el Diario Oficial de Colombia el 27 de Diciembre de 2019.\nParágrafo. Los bienes objeto de enajenación deberán contar con el avalúo comercial, el cual tendrá una vigencia de 3 años y se actualizará anualmente con el reajuste anual adoptado por el Gobierno nacional siguiendo los criterios que para el avalúo catastral están contenidos en el artículo 6 de la Ley 242 de 1995, los artículos 9 y 10 de la Ley 101 de 1993 y 190 de la Ley 1607 de 2012 y las demás que la modifiquen o adicionen, salvo que se hayan presentado modificaciones en las condiciones físicas, jurídicas o uso del suelo y normativa del inmueble. En el evento en que existan circunstancias ajenas al Administrador del FRISCO que impidan el acceso al inmueble, podrá efectuarse el avalúo teniendo en cuenta los precios de referencia del mercado y variables económicas y técnicas utilizadas por el perito, así como el uso del suelo y la normatividad urbana vigente\nParágrafo adicionado por la Ley 1849 de 2017\nParágrafo 1º. En el evento de devolución de bienes que fueron objeto de Venta Masiva, el administrador del FRISCO deberá cumplir la orden judicial a través de la entrega del valor comercial del bien al momento de la Venta Masiva, junto con los rendimientos financieros generados hasta el cumplimiento de la orden judicial de entrega, previa deducción de los gastos de administración. En todo caso, dicho precio no necesariamente deberá coincidir con el valor asignado en la discriminación de precios del valor global de Venta Masiva.\nParágrafo 1 adicionado por el artículo 133 de la Ley 2010 de 2019, por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones, publicada en el Diario Oficial de Colombia el 27 de Diciembre de 2019.\nParágrafo 2º. En el evento en que los valores correspondientes al cumplimiento de órdenes de devolución superen los montos destinados a la reserva técnica, el administrador del FRISCO podrá afectar los recursos del Fondo. Para ello, el administrador podrá solicitar la modificación del presupuesto del Fondo al Consejo Nacional de Estupefacientes en cualquier momento, para lo cual se convocará sesión ordinaria o extraordinaria, según sea el caso.\nParágrafo 2 adicionado por el artículo 133 de la Ley 2010 de 2019, por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones, publicada en el Diario Oficial de Colombia el 27 de Diciembre de 2019.\nParágrafo 3º. En los casos de venta masiva de bienes, el administrador del FRISCO podrá expedir acto administrativo que servirá de título traslaticio de dominio del bien a favor del comprador, el cual deberá inscribirse en el evento en que los bienes sean sujetos a registro. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones de verificación que puedan adelantarse para establecer el origen lícito de los recursos que destine el comprador para la adquisición.\nParágrafo 3 adicionado por el artículo 72 de la Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 'Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad', publicada en el Diario Oficial de Colombia el 25 de Mayo de 2019.\nParágrafo 4º. Cuando el administrador del FRISCO emplee la enajenación temprana podrá expedir acto administrativo que servirá de título traslaticio de dominio del bien a favor del FRISCO y tendrá las mismas consecuencias fijadas en el artículo 18 de la Ley 793 de 2002.\nParágrafo 4 adicionado por el artículo 72 de la Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 'Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad', publicada en el Diario Oficial de Colombia el 25 de Mayo de 2019.\nParágrafo 5º. Sin perjuicio de la comercialización individual de los bienes, el administrador del FRISCO podrá, con el apoyo de expertos, adoptar mediante acto administrativo, metodologías fundamentales en factores econométricos para la valoración de activos urbanos con información catastral disponible, que sean susceptibles de enajenación a través de ventas masivas.\nParágrafo 5 adicionado por el artículo 72 de la Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 'Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad', publicada en el Diario Oficial de Colombia el 25 de Mayo de 2019.\nParágrafo 6º. Será causal de terminación anticipada de los contratos de arrendamiento suscritos por el FRISCO, i) Condiciones no acordes al mercado, de acuerdo con los estudios técnicos que para el caso determine el administrador en su metodología; ii) La destinación definitiva de los inmuebles de conformidad con lo previsto en esta Ley; iii) Los contratos celebrados que no se acojan a las condiciones establecidas en la metodología de administración del FRISCO.\nParágrafo 6 adicionado por el artículo 72 de la Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 'Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad', publicada en el Diario Oficial de Colombia el 25 de Mayo de 2019.\nArtículo citado en: 16 sentencias, 5 artículos doctrinales, 12 disposiciones normativas\nARTÍCULO 93 Enajenación temprana de activos.\nPrevia autorización del fiscal de conocimiento o del juez de extinción de dominio, según la etapa en que se encuentre la actuación, el administrador del Frisco podrá enajenar tempranamente los bienes con medidas cautelares ya sean muebles sujetos a registro, de género, fungibles, consumibles, perecederos, los semovientes, los que amenacen ruina, pérdida, deterioro medioambiental, o los que sean materia de expropiación por utilidad pública, o servidumbre, o aquellos que de acuerdo con un análisis de costo-beneficio se concluya que su administración o custodia ocasionan perjuicios o gastos desproporcionados.\nParágrafo. La solicitud de enajenación temprana de bienes deberá resolverse dentro de un plazo máximo de treinta (30) días. Vencido el término anterior sin que el funcionario a cargo de la actuación se hubiere pronunciado, el administrador de los bienes podrá proceder a su enajenación, y el funcionario que dejó de pronunciarse será responsable disciplinariamente por la omisión en el cumplimiento de sus funciones.\nParágrafo. Cuando se trate de bienes inmuebles rurales en proceso de extinción de dominio que no tengan la vocación descrita en el artículo 91 de la presente Ley, la entidad beneficiaría de dichos inmuebles comunicará tal situación y el administrador del FRISCO quedará habilitado para enajenarlos tempranamente.\nParágrafo adicionado por el artículo 72 de la Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 'Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad', publicada en el Diario Oficial de Colombia el 25 de Mayo de 2019.\nArtículo citado en: 14 sentencias, 4 artículos doctrinales, 12 disposiciones normativas\nARTÍCULO 94 Contratación.\nCon el fin de garantizar que los bienes sean o continúen siendo productivos y generadores de empleo, y evitar que su conservación y custodia genere erogaciones para el presupuesto público, la entidad encargada de la administración podrá celebrar cualquier acto y/o contrato que permita una eficiente administración de los bienes y recursos. El régimen jurídico será de derecho privado con sujeción a los principios de la función pública.\nARTÍCULO 95 Reglas especiales aplicables al contrato de arrendamiento.\nEn el evento en que por sentencia judicial definitiva se declare la extinción de dominio o la devolución sobre un bien arrendado por administrador, el contrato continuará hasta el vencimiento del plazo pactado sin perjuicio de las previsiones legales y contractuales sobre terminación anticipada del contrato de arriendo. En caso de proceder la devolución física del bien, se efectuará la cesión del contrato de arrendamiento a la persona a quien se ordenó la devolución.\nARTÍCULO 96 Destinación provisional.\nARTÍCULO 97 Procedencia de la destrucción o chatarrización.\nLos bienes afectados con medidas cautelares dentro del proceso de extinción de dominio podrán ser destruidos o chatarrizados, previa aprobación del juez o fiscal, cuando:\nSea necesario u obligatorio dada su naturaleza.\nRepresenten un peligro para el medio ambiente.\nSu mantenimiento y custodia ocasionen, de acuerdo con un análisis de costo-beneficio, perjuicios o gastos desproporcionados a su valor o administración.\nParágrafo. Previa aprobación del juez o fiscal para la chatarrización o destrucción de bienes automotores, motonaves, aeronaves, el administrador tomará la decisión mediante acto administrativo, haciéndose procedente la cancelación de la matrícula respectiva, sin los requisitos del pago de obligaciones tributarias de carácter nacional, revisión técnico-mecánica, seguro obligatorio, y sin que el bien llegue por sus propios medios a la desintegradora.\nARTÍCULO 98 Destrucción de sustancias controladas.\nTratándose de sustancias controladas, si no fuere posible su enajenación o su exportación, la entidad administradora coordinará con las autoridades judiciales, de Policía Judicial, administrativas, ambientales y sanitarias lo relativo a su disposición o destrucción. Las autoridades ambientales serán las responsables de realizar el control preventivo y concomitante con el fin de preservar el medio ambiente sano, atendiendo al plan de manejo ambiental.\nARTÍCULO 99 Depósito provisional.\nEs una forma de administración de bienes afectados con medidas cautelares o sobre los cuales se haya declarado la extinción de dominio, ya sean muebles e inmuebles, sociedades, personas jurídicas, establecimientos de comercio o unidades de explotación económica, en virtud del cual se designa una persona natural o jurídica que reúna las condiciones de idoneidad necesarias para que las administre, cuide, mantenga, custodie y procure que continúen siendo productivas y generadores de empleo.\nARTÍCULO 100 Extensión de la medida cautelar.\nLa medida cautelar sobre acciones, cuotas, partes o derechos de una sociedad o persona jurídica, comprende también sus dividendos, intereses, frutos, rendimientos y demás beneficios o utilidades que genere.\nParágrafo adicionado por el artículo 45 de la Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 'Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad', publicada en el Diario Oficial de Colombia el 25 de Mayo de 2019.\nARTÍCULO 101 Enajenación de activos de sociedades o unidades de explotación económica.\nEn caso de venta de activos de que trata el artículo anterior, los recursos obtenidos por la venta deberán entregarse a dichas sociedades o unidades de explotación económica, para cancelar sus pasivos, gastos y en general para su operación.\nARTÍCULO 102 Medidas cautelares sobre bienes afectados en proceso de liquidación judicial o intervención.\nLas medidas cautelares ordenadas dentro del proceso de extinción de dominio no interrumpirán ni suspenderán los procesos de intervención o de disolución y liquidación que adelante la Superintendencia de Sociedades, de conformidad con las normas que regulan la materia. En estos eventos, el administrador de los bienes afectados con medidas cautelares dentro del proceso de extinción de dominio tendrá la calidad de parte dentro del proceso de liquidación.\nARTÍCULO 103 Materialización de la medida cautelar sobre sociedades.\nLa materialización de las medidas cautelares sobre una sociedad, establecimiento de comercio o unidad de explotación económica se realizará de la siguiente forma:\nEl embargo, con el registro en la cámara de comercio respectiva o en el libro de accionistas, según el caso.\nLa suspensión del poder dispositivo, con el registro en la cámara de comercio respectiva.\nEl secuestro y toma de posesión, con la entrega física de los haberes y documentos de la sociedad, especialmente los libros de contabilidad y estados financieros.\nARTÍCULO 104 Actos de disposición sobre derechos sociales, establecimientos de comercio o unidades de explotación económica.\nARTÍCULO 105 Efectos de la extinción de dominio de persona jurídica, sociedades y/o establecimientos de comercio.\nDeclarada por el operador judicial la extinción del derecho de dominio a favor del Estado del 100% de acciones, cuotas, derechos o partes de interés que representen el capital de una sociedad o persona jurídica, tal declaración comprenderá la extinción del derecho de dominio sobre los bienes que componen el activo societario.\nARTÍCULO 106 Devolución de bienes.\nEjecutoriada la decisión del juez que ordena la entrega de bienes, el administrador le comunicará al interesado a la dirección que figure en el expediente del proceso de extinción de dominio, que los bienes se encuentran a su disposición y le informará del procedimiento para su devolución.\nParágrafo 1°. En el caso de bienes productivos, al momento de la devolución deberá hacerse entrega del bien afectado junto con sus frutos o productos, previo descuento de los costos y gastos en que haya incurrido el administrador para el mantenimiento del bien.\nParágrafo 2°. Si el administrador introdujo mejoras necesarias para el mantenimiento del bien, el propietario deberá cancelar el valor de las mejoras para obtener su devolución.\nParágrafo 3º. En los casos en que se instauren procesos judiciales o administrativos en su contra por el estado de los bienes objeto de devolución, el administrador del FRISCO deberá llamar en garantía a los contratistas, destinatarios y depositarios provisionales de los mismos\nParágrafo adicionado por la Ley 1849 de 2017.\nARTÍCULO 107 Devolución de los dineros.\nCuando en la sentencia el juez ordene la devolución de los dineros producto de la enajenación del bien, estos serán devueltos a la(s) persona(s) que indique la decisión junto con los rendimientos financieros generados.\nARTÍCULO 108 Bienes no reclamados.\nVencido el término para recibir los bienes objeto de devolución sin que los afectados comparezcan a reclamarlos, el administrador quedará facultado para enajenar los bienes, de acuerdo con el procedimiento y las reglas que para el efecto establezca el Gobierno Nacional. Los recursos producto de la enajenación deberán ser administrados de acuerdo con las reglas aplicables, para la administración de bienes afectados durante el proceso de extinción de dominio.\nARTÍCULO 109 Prescripción especial.\nPasados tres (3) años para bienes muebles y cinco (5) años para inmuebles, contados a partir de la ejecutoria de la providencia que ordena la devolución de bienes o recursos, sin que hayan sido reclamados, el administrador deberá instaurar la acción civil para que se reconozca la prescripción adquisitiva de dominio especial a la que se refiere este artículo, o interponer dicha circunstancia como excepción en reclamaciones reivindicatorias de los terceros interesados.\nARTÍCULO 110 Pago de obligaciones de bienes improductivos.\nLas obligaciones que se causen sobre bienes con extinción de dominio o sobre bienes con medidas cautelares, tales como cuotas o expensas comunes, servicios públicos, y que son improductivos por no generar ingresos en razón a su situación o estado, se suspenderá su exigibilidad y no se causarán intereses, hasta cuando ocurra alguno de los siguientes eventos:\nLa generación de ingresos suficientes, hasta concurrencia de lo producido;\nLa enajenación y entrega del bien.\nCAPÍTULO IX De los controles de legalidad Artículos 111 a 115\nARTÍCULO 111 Control de legalidad a las medidas cautelares.\nLas medidas cautelares proferidas por el Fiscal General de la Nación o su delegado no serán susceptibles de los recursos de reposición ni apelación. Sin embargo, previa solicitud motivada del afectado, del Ministerio Público o del Ministerio de Justicia y del Derecho, estas decisiones podrán ser sometidas a un control de legalidad posterior ante los jueces de extinción de dominio competentes.\nARTÍCULO 112 Finalidad y alcance del control de legalidad a las medidas cautelares.\nEl control de legalidad tendrá como finalidad revisar la legalidad formal y material de la medida cautelar, y el juez competente solo declarará la ilegalidad de la misma cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:\nCuando no existan los elementos mínimos de juicio suficientes para considerar que probablemente los bienes afectados con la medida tengan vínculo con alguna causal de extinción de dominio.\nCuando la materialización de la medida cautelar no se muestre como necesaria, razonable y proporcional para el cumplimiento de sus fines.\nCuando la decisión de imponer la medida cautelar no haya sido motivada.\nCuando la decisión de imponer la medida cautelar esté fundamentada en pruebas ilícitamente obtenidas.\nARTÍCULO 113 Procedimiento para el control de legalidad a las medidas cautelares.\nEl afectado que solicite el control de legalidad debe señalar claramente los hechos en que se funda y demostrar que concurre objetivamente a alguna de las circunstancias relacionadas en el artículo anterior. La presentación de la solicitud y su trámite no suspenden el cumplimiento de la providencia ni el curso de la actuación procesal.\nARTÍCULO 114 Procedimiento para el control de legalidad sobre el archivo.\nEl control de legalidad sobre el archivo podrá ser solicitado por el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el denunciante o cualquier persona o entidad que acredite interés. Quien solicite el control de legalidad debe señalar claramente los hechos en que se funda y demostrar objetivamente que la circunstancia aducida por la Fiscalía para mantener vigente la orden de archivo no concurre.\nARTÍCULO 115 Procedimiento para el control de legalidad de los actos de investigación.\nArtículo declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-516 de 2015.\nTÍTULO IV Procedimiento Artículos 116 a 147\nARTÍCULO 116 Etapas.\nUna etapa inicial o preprocesal preparatoria de la fijación de pretensión a cargo de la Fiscalía General de la Nación. Esta etapa comprende tres fases:\nLa fase inicial propiamente dicha, en la cual la Fiscalía General de la Nación lleva a cabo la investigación y la recolección de las pruebas.\nLa fijación provisional de la pretensión de la Fiscalía General de la Nación.\nEl requerimiento al juez para que declare bien sea la extinción de dominio, o la improcedencia de esta.\nUna etapa de juzgamiento a cargo del juez, que se iniciará con la presentación de la pretensión de la Fiscalía General de la Nación, a través de un requerimiento al juez de extinción de dominio. Durante esta última etapa los afectados podrán ejercer su derecho de contradicción en los términos que establece el presente código.\nCAPÍTULO I Fase inicial Artículos 117 a 125\nARTÍCULO 117 Fase inicial.\nLa acción de extinción de dominio se adelantará de oficio por la Fiscalía General de la Nación por información que llegue a su conocimiento, siempre y cuando exista un fundamento serio y razonable que permita inferir la probable existencia de bienes cuyo origen o destinación se enmarca en las causales previstas en la presente ley.\nARTÍCULO 118 Propósito.\nLa fase inicial tendrá como propósito el cumplimiento de los siguientes fines:\nIdentificar, localizar y ubicar los bienes que se encuentren en causal de extinción de dominio.\nBuscar y recolectar las pruebas que permitan acreditar los presupuestos de la causal o causales de extinción de dominio que se invoquen.\nIdentificar a los posibles titulares de derechos sobre los bienes que se encuentren en una causal de extinción de dominio y establecer el lugar donde podrán ser notificados, cuando los haya.\nAcreditar el vínculo entre los posibles titulares de derechos sobre los bienes y las causales de extinción de dominio.\nBuscar y recolectar las pruebas que permitan inferir razonablemente la ausencia de buena fe exenta de culpa.\nARTÍCULO 119 Deber de denuncia de bienes ilícitos.\nToda persona deberá informar a la Fiscalía General de la Nación sobre la existencia de bienes que puedan ser objeto de la acción de extinción de dominio.\nARTÍCULO 120 Retribución.\nEl particular que reporte de manera eficaz, o que en forma efectiva contribuya a la obtención de evidencias para la declaratoria de extinción de dominio, o las aporte, podrá recibir una retribución hasta del 5% del producto que el Estado obtenga por el remate de dichos bienes. Cuando el Estado los destinase para una entidad pública o para el cumplimiento de uno de los fines que le son propios, la retribución se determinará por el valor comercial del bien.\nARTÍCULO 121 Cooperación interinstitucional.\nLos servidores públicos están en la obligación de brindar toda la colaboración a las investigaciones con fines de extinción de dominio, y de mantener la reserva judicial que le es inherente frente a los asuntos que le son confiados o requeridos.\nARTÍCULO 122 Inoponibilidad de secreto o reserva.\nDentro de las investigaciones con fines de extinción de dominio no será oponible la reserva bancaria, cambiaria, bursátil y tributaria, ni se impedirá el acceso a la información contenida en bases de datos.\nARTÍCULO 122-B Respuesta a requerimientos.\nLas entidades públicas que sean objeto de requerimientos por parte de la autoridad competente en el curso de la acción de extinción de dominio, deberán atender dichos requerimientos de manera inmediata, eficiente y gratuita, dentro de un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir del recibo del requerimiento.\nLos gastos de envío de la información serán asumidos por la entidad que expide los documentos, el servidor público responsable que incumpla con el término establecido en el inciso anterior incurrirá en las sanciones previstas en la ley\nArtículo adicionado por la Ley 1849 de 2017.\nARTÍCULO 123 De la conclusión de la fase inicial.\nConcluidas las labores de investigación ordenadas durante la fase inicial se proferirá resolución de archivo o resolución de fijación provisional de la pretensión.\nARTÍCULO 124 Del archivo.\nEl Fiscal General de la Nación o su delegado podrán proferir resolución de archivo, previa motivación fáctica, jurídica y probatoria, en cualquier momento que se verifique alguna de las siguientes circunstancias:\nNo se logren identificar bienes que puedan ser pasibles de la acción de extinción de dominio.\nSe acredite que los bienes denunciados o que lleguen a ser identificados no se encuentran demarcados en una causal de extinción de dominio.\nSe acredite que los titulares de derechos sobre los bienes que llegaren a identificarse no presentan ningún nexo de relación con una causal de extinción de dominio.\nSe demuestre que los bienes cuestionados se encuentran a nombre de terceros de buena fe exenta de culpa y no existan bienes que puedan ser afectados por valor equivalente.\nSe acredite cualquier circunstancia que impida fijar la pretensión de extinción de dominio.\nQue los bienes objeto de extinción de dominio sean improductivos, se encuentren deteriorados, sean inoperantes, o se encuentren en un estado en el cual los costos de su administración superen los beneficios que se obtendrían con su extinción\nNumeral adicionado por la Ley 1849 de 2017.\nARTÍCULO 125 Desarchivo.\nEl Fiscal General de la Nación o su delegado podrá de oficio o por solicitud del Ministerio Público, del Ministerio de Justicia y del Derecho, del denunciante o de cualquier persona o entidad que acredite interés, disponer el desarchivo de la actuación, en cualquier momento que surjan nuevos elementos de juicio que permitan desvirtuar de manera fundada, razonada y coherente los argumentos fácticos, jurídicos o probatorios planteados en la resolución de archivo provisional.\nCAPÍTULO II Artículos 126 a 132\nEpígrafe eliminado por la Ley 1849 de 2017\nARTÍCULO 126 Fijación provisional de la pretensión.\nARTÍCULO 127 Comunicación de la resolución de fijación provisional de la pretensión.\nARTÍCULO 128 Informalidad de la comunicación.\nARTÍCULO 129 De las oposiciones.\nARTÍCULO 130 De las excepciones e incidentes.\nARTÍCULO 131 Requerimiento de extinción de dominio o de declaratoria de improcedencia.\nARTÍCULO 132 Requisitos del acto de requerimiento al juez.\nCAPÍTULO III Del procedimiento abreviado de extinción de dominio Artículos 133 a 135\nEpígrafe modificado por la Ley 1849 de 2017\nARTÍCULO 133 De la sentencia anticipada de extinción de dominio.\nDespués de comunicada la resolución de fijación provisional de la pretensión, el afectado podrá reconocer de manera expresa que concurre sobre el bien los presupuestos de una o varias de las causales de extinción de dominio y renunciar a presentar oposición, evento en el cual se tendrá que lo actuado es suficiente para sustentar ante el juez de extinción de dominio la pretensión extintiva y se remitirán las carpetas al Juez para que emita la correspondiente sentencia por vía anticipada.\nParágrafo. Beneficios por colaboración. El afectado que se acoja al trámite abreviado podrá hacerse acreedor a la retribución de que trata el artículo 121 del presente Código, la cual será de hasta un 3% del valor de los bienes que sean objeto de sentencia anticipada. Podrá igualmente el afectado hacerse acreedor a otro 3% del valor de los bienes que se encuentren en causal de extinción de dominio, sobre los cuales informe a la Fiscalía siempre y cuando se aporten elementos de prueba o se contribuya de manera eficaz y efectiva a lograr el cumplimiento de uno o varios de los fines constitucionales propios de la administración de justicia, en especial, los siguientes:\nAdelantar acciones a favor de las víctimas de actividades ilícitas de las cuales tenga conocimiento a través de acciones idóneas dirigidas a cesar los efectos del delito o que permitan el efectivo restablecimiento del derecho o la reparación de los perjuicios causados.\nAyudar a la desarticulación de organizaciones criminales a través de la identificación e individualización de sus dirigentes e integrantes y el aporte de elementos de prueba que permitan la demostración de su responsabilidad penal.\nContribuir con información y elementos de prueba que permitan investigar y sancionar casos de corrupción o neutralización de las acciones de la administración de justicia.\nContribuir en la eliminación de la infraestructura económica de las organizaciones criminales a través de la identificación de bienes ilícitos que puedan ser pasibles de comiso penal o extinción de dominio y el aporte de elementos de juicio que permitan obtener las sentencias respectivas.\nARTÍCULO 134 Sentencia anticipada especial.\nEl mismo procedimiento previsto en la norma anterior se seguirá en aquellos eventos en los cuales la investigación adelantada durante la fase inicial concluya con la inexistencia de titular del bien pretendido, o determine que resulta imposible su identificación o localización. Lo anterior, siempre que no comparezca alguien que demuestre interés legítimo sobre los mismos.\nARTÍCULO 135 Requerimiento de sentencia anticipada.\nEn los casos previstos en los artículos anteriores, el Fiscal deberá presentar ante el Juez requerimiento de sentencia anticipada de extinción de dominio, en la cual deberá sustentar, además de los elementos que fundamentan sus pretensión, el cumplimiento de los presupuestos señalados en el presente capítulo.\nCAPITULO IV Trámite del requerimiento de declaratoria de improcedencia Artículo 136\nARTÍCULO 136 Trámite del requerimiento de declaratoria de improcedencia.\nRecibido el acto de requerimiento de declaratoria de improcedencia presentado por la Fiscalía, el juez avocará conocimiento y correrá traslado de él a todos los sujetos procesales e intervinientes, por el término común de tres (3) días, para que presenten observaciones al acto de requerimiento. Vencido ese término, el juez decidirá de plano.\nCAPÍTULO V El juicio de extinción de dominio Artículos 137 a 147\nARTÍCULO 137 Inicio de juicio.\nRecibido el acto de requerimiento de extinción de dominio presentado por la Fiscalía, el juez avocará conocimiento mediante auto de sustanciación que será notificado personalmente.\nARTÍCULO 138 Notificación del inicio del juicio.\nEl auto que avoca conocimiento del juicio se notificará personalmente al afectado, al agente del Ministerio Público y al Ministerio de Justicia y del Derecho, en la forma prevista en el artículo 52 de la presente ley.\nARTÍCULO 139 Aviso.\nSi la notificación personal al afectado no pudiere hacerse en la primera ocasión que se intenta, se dejará aviso con noticia suficiente de la acción que se ha iniciado, la fecha de la decisión, la autoridad que la ha emitido, el derecho que le asiste a presentarse al proceso y se advertirá sobre el procedimiento a seguir en el evento de no comparecencia. Este aviso se fijará en el lugar donde se encuentren los bienes, o se remitirá por el medio más expedito a las direcciones identificadas durante la fase inicial.\nARTÍCULO 140 Emplazamiento.\nCinco (5) días después de fijado el aviso se dispondrá el emplazamiento de quienes figuren como titulares de derechos sobre los bienes objeto de la acción de acuerdo con certificado de registro correspondiente, así como de los terceros indeterminados, para que comparezcan a hacer valer sus derechos.\nARTÍCULO 141 Traslado a los sujetos procesales e intervinientes.\nDentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del auto que avoca conocimiento, los sujetos e intervinientes podrán:\nSolicitar la declaratoria de incompetencia, impedimentos, recusaciones o nulidades.\nSolicitar la práctica de pruebas.\nFormular observaciones sobre el acto de requerimiento presentado por la Fiscalía si no reúne los requisitos.\nARTÍCULO 142 Decreto de pruebas en el juicio.\nVencido el término de traslado previsto en el artículo anterior, el juez decretará la práctica de las pruebas que no hayan sido recaudadas en la fase inicial, siempre y cuando resulten necesarias, conducentes, pertinentes y hayan sido solicitadas oportunamente. Así mismo, ordenará tener como prueba aquellas aportadas por las partes cuando cumplan los mismos requisitos y hayan sido legalmente obtenidas por ellos y decidirá sobre los puntos planteados.\nARTÍCULO 142-A Negociación patrimonial por colaboración efectiva.\nLa justicia premial en extinción de dominio deberá hacerse con sujeción a la política criminal del Estado.\nUna vez se determine la viabilidad de adelantar la negociación patrimonial por colaboración efectiva, el Fiscal solicitará la extinción del bien objeto de proceso y estimará el porcentaje de retribución al afectado, el cual se fijará hasta un [3%] sobre el valor comercial del bien, siempre y cuando no supere los dos mil quinientos [2.500] SMLMV, o la conservación del derecho de propiedad sobre bienes pasibles de extinción de dominio, según la eficacia de la colaboración, y que correspondan hasta un [3%] del valor de los bienes objeto de colaboración sin superar los dos mil quinientos [2.500] SMLMV\nParágrafo 1º. Con fundamento en la terminación anticipada del juicio, el afectado podrá solicitar su inclusión en el programa de protección de testigos, siempre que el Fiscal lo considere procedente.\nParágrafo 2º. El Fiscal de Extinción de Dominio enviará un informe a la Dirección de Fiscalías Nacionales y a la Dirección Nacional de Articulación de Fiscalías Nacionales Especializadas, en el que se reseñen los términos de la colaboración del afectado. Este informe servirá como criterio para la aplicación del principio de oportunidad y otros beneficios en el proceso penal.\nARTÍCULO 142-B Causales.\nLa negociación patrimonial por colaboración efectiva se aplicará en los siguientes casos:\nCuando el afectado informe sobre la existencia de otros bienes de su propiedad, diferentes a los denunciados en el proceso, que estén inmersos en alguna de las causales de extinción de dominio.\nCuando el afectado informe sobre la existencia de bienes ajenos que estén inmersos en alguna de las causales de extinción de dominio, siempre y cuando el monto de los bienes sea representativo a juicio del Fiscal.\nCuando el afectado informe sobre la existencia de estructuras criminales cuyos bienes estén inmersos en alguna de las causales de extinción de dominio.\nCuando el ·afectado informe sobre la existencia de redes de testaferrato o colaboradores de organizaciones criminales cuyos bienes estén inmersos en alguna de las causales de extinción de dominio\nARTÍCULO 143 Práctica de pruebas en el juicio.\nEl juez tendrá treinta (30) días para practicar las pruebas decretadas. Para tal efecto podrá comisionar a otro juez de igual o inferior jerarquía, o a los organismos de policía judicial, en aquellos casos en que lo considere necesario, conveniente y oportuno para garantizar la eficacia y eficiencia de la administración de justicia.\nARTÍCULO 144 Alegatos de conclusión.\nPracticadas las pruebas ordenadas por el juez, este correrá traslado por el término común de cinco (5) días para alegar de conclusión.\nARTÍCULO 145 Sentencia.\nVencido el término del traslado para alegatos, el juez dictará sentencia dentro de los treinta (30) días siguientes declarando la extinción de dominio o su improcedencia. La sentencia que se profiera tendrá efectos erga omnes.\nARTÍCULO 146 Notificación de la sentencia.\nLa sentencia se notificará personalmente a los sujetos procesales e intervinientes. De no ser posible la notificación personal dentro de los tres (3) días siguientes al envío de la comunicación, la sentencia se notificará por edicto.\nARTÍCULO 147 Contradicción de la sentencia.\nContra la sentencia sólo procederá el recurso de apelación interpuesto por los sujetos procesales o por los intervinientes, en el efecto suspensivo. Este será resuelto por el superior dentro de los treinta (30) días siguientes a aquel en que el expediente llegue a su despacho. La sentencia de primera instancia que niegue la extinción de dominio y que no sea apelada, se someterá en todo caso a grado jurisdiccional de consulta.\nTÍTULO V Pruebas Artículos 148 a 202\nCAPÍTULO I Reglas Generales Artículos 148 a 157\nARTÍCULO 148 Necesidad de la prueba.\nToda providencia debe fundarse en pruebas legal, regular y oportunamente allegadas a la actuación.\nARTÍCULO 149 Medios de prueba.\nSon medios de prueba la inspección, la peritación, el documento, el testimonio, la confesión y el indicio.\nARTÍCULO 150 Permanencia de la prueba.\nLas declaraciones, las confesiones, los documentos y demás elementos materiales de prueba o evidencias físicas, así como los dictámenes periciales e inspecciones obtenidos por la Fiscalía General de la Nación durante la fase inicial, tendrán pleno valor probatorio en el proceso de extinción de dominio. Estas pruebas no se volverán a practicar durante la etapa de juicio.\nARTÍCULO 151 Publicidad.\nDurante el juzgamiento no habrá reserva y las pruebas podrán ser de público conocimiento. Durante la fase inicial las pruebas serán reservadas, pero podrán ser conocidas por los sujetos procesales e intervinientes después de la fijación provisional de la pretensión.\nARTÍCULO 152 Carga de la prueba.\nLos hechos que sean materia de discusión dentro del proceso de extinción de dominio deberán ser probados por la parte que esté en mejores condiciones de obtener los medios de prueba necesarios para demostrarlos.\nARTÍCULO 152-A Presunción probatoria para grupos delictivos organizados.\nCuando existan elementos de juicio que indiquen que los bienes perseguidos en extinción de dominio se encuentran estrechamente vinculados a grupos delictivos organizados se presume su origen y/o destinación en la actividad ilícita.\nARTÍCULO 153 Apreciación de las pruebas.\nLas pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica.\nARTÍCULO 154 Rechazo de las pruebas.\nSe inadmitirán las pruebas que no conduzcan a establecer la verdad sobre los hechos materia del proceso o las que hayan sido obtenidas en forma ilícita. El juez rechazará mediante auto interlocutorio la práctica de las legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifiestamente superfluas.\nARTÍCULO 155 Imparcialidad del funcionario en la búsqueda de la prueba.\nEl funcionario judicial buscará la determinación de la verdad real. Para ello debe averiguar, con igual celo, las circunstancias que demuestren los presupuestos de la extinción de dominio como las que desvirtúen el cumplimiento de esos requisitos.\nARTÍCULO 156 De la prueba trasladada.\nLas pruebas practicadas en los procesos penales, civiles, administrativos, fiscales, disciplinarios o de cualquier otra naturaleza podrán trasladarse al proceso de extinción de dominio, siempre y cuando cumplan los requisitos de validez exigidos por la normatividad propia de cada procedimiento, y serán valoradas en conjunto con los demás medios de prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica.\nARTÍCULO 157 Libertad probatoria.\nDurante el trámite de extinción de dominio los sujetos procesales e intervinientes podrán sustentar sus pretensiones a través de cualquier medio de prueba, así no se encuentre expresamente regulado por la presente ley, siempre y cuando resulte objetivamente confiable.\nCAPÍTULO II Técnicas de investigación Artículos 158 a 173\nARTÍCULO 158 De la función de investigación.\nEl Fiscal General de la Nación o su delegado dirigirán las actividades de investigación requeridas dentro del proceso de extinción de dominio y podrá adelantar por sí mismo o a través de orden emitida a los servidores que cumplan funciones de Policía Judicial, todos los actos de investigación que considere necesarios y conducentes para cumplir los fines constitucionales y legales de la acción de extinción de domino.\nARTÍCULO 159 Planeación y dirección de la investigación.\nCorresponde al Fiscal General de la Nación o a su delegado, la dirección y coordinación técnica, funcional, operativa y jurídica de los actos de investigación que desarrolla la policía judicial, los cuales serán el producto de una planeación previa y coordinada entre el fiscal y el investigador, para el cumplimiento de los fines que le son propios a la fase inicial.\nARTÍCULO 160 Función de la policía judicial.\nCorresponde a los servidores que cumplan funciones de policía judicial, bajo la Dirección y Coordinación de la Fiscalía General de la Nación, adelantar los actos de investigación que surjan en desarrollo de la acción de extinción de dominio y adelantar las labores de verificación en la identificación de inmuebles y apoyo de la acciones de materialización de medidas cautelares, así como las demás diligencias que resulten oportunas y necesarias para cumplir los fines constitucionales y legales de la acción de extinción de dominio.\nARTÍCULO 161 Actos de investigación sin orden del fiscal.\nLos servidores que cumplan funciones de policía judicial podrán adelantar por iniciativa investigativa los siguientes:\nRecibir las denuncias sobre bienes ilícitos.\nRealizar inspecciones e identificar, recolectar, embalar y disponer la custodia de documentos originales y elementos de prueba.\nHasta antes de que la Fiscalía General de la Nación asuma la dirección de la investigación, obtener mediante solicitud formal información de carácter público que repose en entidades públicas y privadas, cuando sea urgente y necesario.\nIdentificar potenciales testigos y recolectar sus versiones mediante entrevistas.\nObtener información a través de informantes y adelantar las correspondientes labores de verificación de información y documentación.\nAdelantar labores de campo de verificación e identificación de inmuebles.\nTodas las demás actuaciones que en virtud de la presente ley no requieran orden expresa del fiscal.\nARTÍCULO 162 Técnicas de investigación.\nCon el propósito de recaudar elementos probatorios, el Fiscal General de la Nación o sus delegados podrán hacer uso de las siguientes técnicas de investigación durante la fase inicial:\nAllanamientos y registros.\nBúsquedas selectivas en bases de datos.\nRecuperación de información dejada al navegar en Internet.\nAnálisis e infiltración de organizaciones criminales.\nEscucha y grabación entre presentes.\nLas demás que el desarrollo técnico o científico ofrezcan, para cumplir los fines de la investigación.\nARTÍCULO 163 Actos de investigación que requieren orden de fiscal.\nAquellas técnicas de investigación que impliquen limitación razonable de los derechos fundamentales requerirán orden motivada del fiscal, quien después de su cumplimiento o ejecución deberá constatar su legalidad formal y material, y de encontrarla ajustada a derecho dejará constancia de ello, o de lo contrario, dispondrá su exclusión o la repetición de la actuación.\nLo anterior, sin detrimento del control de legalidad que puede realizar el juez de extinción de dominio en los términos de este Código, bien sea en la fase inicial, o en la etapa de juicio al momento de decidir sobre la admisibilidad de la correspondiente prueba.\nTexto tachado declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-516 de 2015.\nARTÍCULO 164 Allanamientos y registros.\nCuando hubiere serios motivos para presumir que en un bien inmueble, nave o aeronave se encuentran elementos probatorios necesarios para el éxito del proceso de extinción de dominio, el funcionario judicial ordenará en providencia motivada el allanamiento y registro.\nARTÍCULO 165 Práctica del allanamiento y registro.\nA la diligencia podrá asistir el Fiscal y el representante del Ministerio Público, quienes procurarán garantizar la menor restricción posible de los derechos de las personas afectadas con el procedimiento. De lo actuado se levantará un acta donde se resuma la diligencia y el cumplimiento de la orden. En el evento que la diligencia no contare con la presencia del fiscal o del Ministerio Público, presentado el informe, o dentro de los tres días siguientes, el fiscal deberá realizar control formal y material de lo actuado, dejando las correspondientes constancias en la carpeta.\nARTÍCULO 166 Allanamientos especiales.\nPara el allanamiento y registro de las casas y naves que conforme al derecho internacional gozan de inmunidad diplomática, el funcionario pedirá su venia al respectivo agente diplomático, mediante oficio en el cual rogará que conteste dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes. Este oficio será remitido por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores.\nARTÍCULO 167 Interceptación de comunicaciones.\nEl Fiscal General de la Nación o su delegado podrán ordenar, con el único objeto de buscar pruebas judiciales, que se intercepten mediante grabación magnetofónica las comunicaciones telefónicas, radiotelefónicas y similares que utilicen el espectro electromagnético, que se hagan o reciban y que se agreguen al expediente las grabaciones que tengan interés para los fines del proceso. En este sentido, las entidades encargadas de la operación técnica de la respectiva interceptación tienen la obligación de realizar la misma dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la orden.\nARTÍCULO 168 Vigilancia de cosas.\nEl Fiscal General de la Nación o su delegado podrán ordenar a la policía judicial vigilar lugares o cosas, con el fin de conseguir información útil para el proceso de extinción de dominio. Si en el lapso máximo de un (1) año no se obtuviere resultado alguno, se cancelará la orden de vigilancia, sin perjuicio de que vuelva a expedirse si surgieren nuevos motivos.\nARTÍCULO 169 Seguimiento y vigilancia de personas.\nSin perjuicio de los procedimientos preventivos que adelanta la fuerza pública en cumplimiento de su deber constitucional, el Fiscal General de la Nación o su delegado podrá disponer que la policía judicial adelante el seguimiento pasivo de una persona por un tiempo determinado, siempre que existan motivos razonablemente fundados para inferir que ella puede conducirlo a conseguir información útil para el proceso de extinción de dominio. Si en el lapso de un (1) año no se obtuviere resultado alguno, se cancelará la orden de vigilancia, sin perjuicio de que vuelva a expedirse, si surgieren nuevos motivos.\nARTÍCULO 170 Búsqueda selectiva en bases de datos.\nEl Fiscal General de la Nación o su delegado podrá ordenar que en desarrollo de la actividad investigativa, la policía judicial realice búsquedas o comparaciones de datos contenidos en bases mecánicas, magnéticas u otras similares.\nARTÍCULO 171 Recuperación de Información dejada al navegar en Internet.\nCuando el fiscal tenga motivos razonablemente fundados para inferir que a través de Internet u otros medios tecnológicos similares o equivalentes se ha transmitido información útil para el proceso de extinción de dominio, ordenará la aprehensión del computador, computadores y servidores que pueda haber utilizado, así como los disquetes, discos compactos, unidades de almacenamiento masivo, memorias extraíbles y demás medios de almacenamiento físico, para que expertos en informática forense descubran, recojan, analicen y custodien la información que recuperen.\nARTÍCULO 172 Análisis e infiltración de organizaciones criminales.\nCuando el Fiscal General de la Nación o su delegado tuviere motivos razonablemente fundados para inferir que los bienes objeto del proceso de extinción de dominio pertenecen o están relacionados con alguna organización criminal, ordenará a la policía judicial la realización del análisis de aquella con el fin de conocer su estructura organizativa, la agresividad de sus integrantes y los puntos débiles de la misma. Después, ordenará la planificación, preparación y manejo de una operación, para que agente o agentes encubiertos la infiltren con el fin de obtener información útil a la investigación que se adelanta, de conformidad con lo establecido en el artículo siguiente.\nARTÍCULO 173 Agentes encubiertos.\nCuando el Fiscal General de la Nación o su delegado tengan motivos razonablemente fundados para inferir que los bienes objeto del proceso de extinción de dominio pertenecen o están relacionados con alguna organización criminal podrán ordenar la utilización de agentes encubiertos, siempre que resulte indispensable para el éxito del proceso. En desarrollo de esta facultad especial podrá disponerse que uno o varios funcionarios de la policía judicial o, incluso particulares, puedan actuar en esta condición y realizar actos extrapenales con trascendencia jurídica. En consecuencia, dichos agentes estarán facultados para intervenir en el tráfico comercial, asumir obligaciones, ingresar y participar en reuniones de la organización criminal y, si fuere necesario, adelantar transacciones con sus miembros. Igualmente, si el agente encubierto encuentra que en los lugares donde ha actuado existe información útil para los fines de la investigación, lo hará saber al fiscal para que este disponga el desarrollo de una operación especial, por parte de la policía judicial, con miras a que se recoja la información y los elementos materiales probatorios hallados.\nCAPÍTULO III Prueba testimonial Artículos 174 a 185\nARTÍCULO 174 Deber de rendir testimonio.\nARTÍCULO 175 Excepción al deber de declarar.\nARTÍCULO 176 Excepciones por oficio o profesión.\nARTÍCULO 177 Amonestación previa al juramento.\nARTÍCULO 178 Testigo impedido para concurrir.\nARTÍCULO 179 Testimonio por Certificación Jurada.\nARTÍCULO 180 Testimonio de agente diplomático.\nARTÍCULO 181 Examen separado de testigos.\nARTÍCULO 182 Recepción del testimonio.\nARTÍCULO 183 Práctica del interrogatorio.\nARTÍCULO 184 Criterios para la apreciación del testimonio.\nARTÍCULO 185 Efectos de la desobediencia del testigo.\nCAPÍTULO IV Confesión Artículos 186 a 189.a\nARTÍCULO 186 Requisitos.\nLa confesión deberá reunir los siguientes requisitos:\nQue sea hecha ante funcionario judicial.\nQue la persona esté asistida por apoderado.\nQue la persona haya sido informada del derecho a no declarar contra sí misma.\nQue se haga en forma consciente y libre.\nARTÍCULO 187 Verificación.\nSi se produjere la confesión, el funcionario competente practicará las diligencias pertinentes para determinar la veracidad de la misma.\nARTÍCULO 188 Criterios para la apreciación.\nPara apreciar cualquier clase de confesión y determinar su mérito probatorio, el funcionario judicial tendrá en cuenta las reglas de la sana crítica y los criterios para apreciar el testimonio.\nARTÍCULO 189 Confesión durante la fase inicial.\nCuando el Fiscal General de la Nación o su delegado reciban declaración a un afectado durante la fase inicial, y este confiese explícitamente que uno o alguno de sus bienes se encuentra en una de las causales de extinción de dominio, el funcionario ordenará la ruptura de la unidad procesal, proferirá resolución de fijación provisional de la pretensión respecto de aquellos bienes a que se refiere la confesión y la remitirá inmediatamente al juez junto con la copia de la confesión, para que este siga el procedimiento abreviado de extinción de dominio.\nARTÍCULO 189-A Sentencia Anticipada por confesión en extinción de dominio.\nCuando no curse un proceso de extinción de dominio sobre los mismos bienes, y exista interés del titular de confesar voluntariamente la existencia de bienes inmersos en alguna de las causales de extinción de dominio, el interesado reconocerá de manera expresa que concurren sobre los bienes los presupuestos de una o varias de las causales de extinción de dominio y renunciará a presentar oposición.\nLa retribución a favor del interesado en realizar la confesión de parte seguirá las mismas reglas del artículo 142A de la presente ley\nCAPÍTULO V Prueba documental Artículos 190 a 192\nARTÍCULO 190 Aporte.\nLos documentos se aportarán al proceso en original o copia auténtica. En caso de no ser posible, se reconocerán en inspección, dentro de la cual se obtendrá copia. Si fuere indispensable, se tomará el original y se dejará copia auténtica.\nARTÍCULO 191 Obligación de entregar documentos.\nSalvo las excepciones legales, quien tenga en su poder documentos que se requieran en un proceso de extinción de dominio tiene la obligación de entregarlos o permitir su conocimiento al funcionario que lo solicite.\nARTÍCULO 192 Reconocimiento tácito.\nSe presumen auténticos los documentos cuando el sujeto procesal contra el cual se aducen no manifieste su inconformidad con los hechos o las cosas que expresan.\nCAPÍTULO VI Prueba pericial Artículos 193 a 199\nARTÍCULO 193 Procedencia.\nCuando se requiera la práctica de pruebas técnico-científicas o artísticas, el funcionario judicial decretará la prueba pericial y designará peritos oficiales, quienes no necesitarán nuevo juramento ni posesión para ejercer su actividad.\nARTÍCULO 194 Posesión de peritos no oficiales.\nEl perito designado por nombramiento especial tomará posesión del cargo prestando juramento y explicará la experiencia que tiene para rendir el dictamen. En todos los casos demostrará su idoneidad acreditando el conocimiento específico en la materia y su entrenamiento certificado en la práctica pericial.\nARTÍCULO 195 Impedimentos y recusaciones.\nLos peritos están impedidos y son recusables por las mismas causas que los funcionarios judiciales.\nARTÍCULO 196 Cuestionario.\nEl funcionario judicial, en la providencia que decrete la práctica de la prueba pericial, deberá precisar el tipo de estudio solicitado y el propósito del mismo. De igual forma incorporará el cuestionario que debe ser absuelto por el perito, el cual incluirá las preguntas presentadas por los sujetos procesales o las que de oficio considere pertinentes.\nARTÍCULO 197 Requisitos.\nEn el desempeño de sus funciones, el perito debe examinar los elementos materia de prueba, dentro del contexto de cada caso. Para ello el funcionario judicial y el investigador aportarán la información necesaria y oportuna. El dictamen debe ser claro, preciso y deberá contener:\nLa descripción del objeto de la pericia.\nLa relación y la descripción de los objetos o documentos sobre los cuales recae el estudio.\nLa descripción de los instrumentos técnicos utilizado para el estudio.\nLa descripción de los procedimientos, exámenes, experimentos o pruebas llevados a cabo.\nLa explicación de los argumentos, fundamentos o teorías que da validez técnica, científica o artística a los procedimientos, exámenes, experimentos o pruebas llevados a cabo.\nLa exposición clara y completa de las conclusiones obtenidas.\nARTÍCULO 198 Reglas adicionales de la pericia.\nAdemás de lo previsto en los artículos precedentes, en la práctica de la prueba pericial deberán seguirse las siguientes reglas:\nEl perito deberá, directamente o con apoyo del investigador de campo, fijar, recolectar, embalar, rotular, custodiar y documentar la evidencia que resulte derivada de su actuación y dar informe de ello al funcionario judicial.\nCuando se designen varios peritos, todos ellos conjuntamente practicarán las diligencias y harán los estudios o investigaciones pertinentes para emitir el dictamen.\nCuando hubiere discrepancia entre los peritos, cada uno rendirá su dictamen por separado.\nEn todos los casos, a los peritos se les advertirá sobre la prohibición absoluta de emitir en el dictamen cualquier juicio u opinión sobre la procedencia o improcedencia de la extinción del derecho de dominio.\nARTÍCULO 199 Contradicción del dictamen.\nCuando el funcionario judicial reciba el dictamen, procederá en la siguiente forma:\nVerificará si cumple con los requisitos señalados en este código. En caso contrario ordenará que el perito lo elabore cumpliendo con ellos. No se admitirá como dictamen la simple expresión de las conclusiones.\nSi cumple con los requisitos indicados, se correrá traslado a los sujetos procesales por el término de cinco (5) días. Este término podrá ser prorrogado por un término razonable, previa solicitud fundada de parte, cuando a juicio del funcionario judicial la complejidad del dictamen lo amerite.\nDentro de este mismo término, los sujetos procesales podrán controvertir un dictamen pericial presentando otro que desvirtúe la validez técnica, científica o artística de las conclusiones contenidas en el primero.\nCuando lo estime necesario el juez podrá ordenar, oficiosamente o por solicitud de parte, que el dictamen sea aclarado o adicionado. Los sujetos procesales podrán presentar dictámenes adicionales para controvertir las adiciones o aclaraciones hechas al primero.\nEl funcionario judicial valorará críticamente todos los dictámenes periciales que se alleguen al proceso en conjunto con las demás pruebas recolectadas, y definirá a cuál de ellos confiere credibilidad.\nCAPÍTULO VII Inspección judicial Artículos 200 a 202\nARTÍCULO 200 Procedencia.\nMediante la inspección se comprobará el estado de las cosas, lugares, los rastros y otros efectos materiales que fueran de utilidad para los fines del proceso de extinción de dominio. La práctica de la inspección será registrada documentalmente mediante la elaboración de un acta que describirá detalladamente lo ocurrido, y en la que se consignarán las manifestaciones que hagan las personas que intervengan en la diligencia. De contar con los medios técnicos necesarios, en lugar del acta podrá hacerse, un registro audiovisual.\nARTÍCULO 201 Requisitos.\nLa inspección se decretará por medio de providencia que exprese con claridad los puntos materia de la diligencia, el lugar, la fecha y la hora. Cuando fuere necesario, el funcionario judicial designará perito en la misma providencia, o en el momento de realizarla. Sin embargo, de oficio o a petición de cualquier sujeto procesal, podrá ampliar en el momento de la diligencia los puntos que han de ser objeto de la inspección.\nARTÍCULO 202 Operaciones técnicas.\nPara mayor eficacia de la inspección, se podrá ordenar por parte del funcionario judicial las operacionestécnicas o científicas necesarias y pertinentes, para el cumplimiento de los fines del proceso de extinción de dominio.\nTÍTULO VI Cooperación internacional Artículos 203 a 214\nARTÍCULO 203 De la cooperación judicial.\nLas reglas contenidas en la presente ley serán aplicables en la atención, ofrecimiento u obtención de cooperación judicial internacional en los temas de investigación, localización, identificación, afectación y trámite de acciones con fines de comiso, decomiso, recuperación de activos, extinción de dominio o cualquier otro instituto jurídico semejante.\nARTÍCULO 204 Obtención de cooperación internacional.\nPara el cumplimiento de los fines de la acción de extinción de dominio el Fiscal General de la Nación o su delegado podrá acudir a todas las formas de cooperación judicial, policial o administrativa que se consideren necesarias, de acuerdo con los procedimientos establecidos en los convenios, tratados o acuerdos suscritos, aprobados y ratificados por el Estado colombiano, o en virtud de cualquier otro instrumento de cooperación internacional suscrito por cualquier autoridad de orden Nacional o que se propicie en virtud de redes de cooperación entre autoridades homologas de distintos Estados.\nARTÍCULO 205 Persecución de activos en el exterior.\nLa Fiscalía General de la Nación deberá hacer uso de todos los mecanismos de asistencia judicial o cooperación internacional previstos en las convenciones, tratados y acuerdos suscritos y ratificados por Colombia, con el propósito de garantizar el éxito de la persecución de activos ilícitos en el extranjero con fines de extinción de dominio.\nARTÍCULO 206 Desplazamientos y comisiones.\nSin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el Fiscal General de la Nación o su delegado podrán trasladarse fuera del país, previa autorización del Estado requerido, con el fin de obtener pruebas o adelantar diligencias judiciales o de investigación que resulten necesarias dentro de los procesos de Extinción de Dominio o, en su defecto, podrá comisionar con amplias facultades a la autoridad consular acreditada ante el Estado respectivo.\nARTÍCULO 207 Ofrecimiento de pruebas.\nEl Fiscal General de la Nación o su delegado podrán realizar ofrecimientos voluntarios y espontáneos de pruebas a autoridades judiciales de otros Estados, en aquellos eventos donde se considere que los elementos de prueba obtenidos dentro de un trámite de extinción de dominio podrían sustentar una pretensión de similar naturaleza en otro Estado o ser de utilidad dentro de una investigación de carácter penal.\nARTÍCULO 208 Asistencia y cooperación internacional.\nCon el fin de atender solicitudes de asistencia judicial internacional en materia de bienes ilícitos pretendidos por otros Estados y que se encuentre en el territorio nacional, el Fiscal General de la Nación o su delegado podrá adoptar medidas cautelares sobre bienes o disponer los actos de investigación que sean requeridos, para lo cual la solicitud de asistencia judicial internacional se tendrá como motivación suficiente y sustento razonable de las respectivas órdenes.\nARTÍCULO 208-A Medidas cautelares para bienes en el exterior.\nLa Fiscalía General de la Nación podrá solicitar a la autoridad competente del país cooperante la ejecución de las medidas cautelares sobre bienes objeto de extinción de dominio que se encuentren en el exterior. Estas medidas serán sometidas al control de legalidad correspondiente ante los jueces de extinción i de dominio para su plena eficacia en el país extranjero. En lo pertinente se aplicarán las reglas de cooperación judicial contenidas en esta ley\nARTÍCULO 209 Efecto en Colombia de sentencias proferidas por tribunales extranjeros.\nTendrán valor en Colombia las sentencias de comiso, extinción de dominio o de institutos jurídicos similares proferidas por tribunales extranjeros sobre bienes que se encuentre en el territorio nacional y que sean pretendidos por vía de cooperación judicial internacional.\nARTÍCULO 210 Validez probatoria de las sentencias, o decisiones equivalentes, emitidas por autoridad extranjera competente.\nLas órdenes de decomiso, sentencias de extinción de dominio o decisiones equivalentes proferidas por autoridades judiciales de otros países que se encuentren debidamente ejecutoriadas, podrán ser incorporadas al proceso de extinción de dominio sin necesidad de exequátur.\nARTÍCULO 211 Requisitos para la ejecución de una sentencia extranjera en Colombia.\nPara que una orden de decomiso, sentencia de extinción de dominio o decisión equivalente de las referidas en el artículo anterior pueda ser ejecutada en Colombia se requiere:\nQue no se oponga a la Constitución Política de Colombia.\nQue se encuentre en firme de conformidad con la ley del país de origen, y se presente según lo previsto en los convenios y tratados internacionales.\nQue el país de origen certifique que la autoridad que emitió la orden de decomiso, sentencia de extinción de dominio o decisión equivalente es una autoridad judicial, y que tiene jurisdicción y competencia para hacerlo conforme a su derecho interno.\nQue en Colombia no exista proceso de extinción de dominio en curso, ni sentencia de extinción de dominio ejecutoriada de jueces nacionales sobre los mismos bienes.\nQue a falta de tratados públicos, el Estado requirente ofrezca reciprocidad en casos análogos.\nARTÍCULO 212 Procedimiento de exequátur.\nPara la ejecución de una orden de decomiso, sentencia de extinción de dominio o decisión equivalente emitida por una autoridad judicial extranjera, se adelantará el siguiente procedimiento:\nLas autoridades extranjeras del Estado requirente deberán entregar formalmente a la Fiscalía General de la Nación la orden de decomiso, sentencia de extinción de dominio o decisión equivalente emitida por una autoridad judicial de su país, junto con la solicitud formal de que sea ejecutada. La decisión y la solicitud formal podrán remitirse por la vía diplomática o directamente ante la Fiscalía General de la Nación.\nLa Fiscalía General de la Nación recibirá la decisión y la solicitud formal de ejecución, y procederá a recolectar todos los medios de prueba que sean necesarios para:\nIdentificar y ubicar a los afectados actuales y potenciales de la extinción de dominio sobre los bienes.\nDeterminar la identificación, ubicación y estado actual de los bienes.\nEstablecer la posible existencia de terceros de buena fe, identificarlos y ubicarlos.\nVencido el plazo anterior, la Fiscalía General de la Nación remitirá la actuación a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.\nSi el único afectado es la persona contra quien la autoridad extranjera emitió la orden de decomiso, sentencia de extinción de dominio o decisión equivalente, entonces la Corte Suprema de Justicia procederá inmediatamente a estudiar si la sentencia es ejecutable de acuerdo con los tratados internacionales o con las disposiciones de este capítulo, y resolverá de plano.\nSi el afectado es una persona distinta del sujeto contra quien la autoridad extranjera emitió la orden de decomiso, sentencia de extinción de dominio o decisión equivalente, entonces la Corte Suprema de Justicia ordenará que se le notifique el inicio del trámite de exequátur, conforme a las reglas de notificación personal previstas en este Código. Igual procedimiento seguirá si se determina que hay otras terceras personas que son titulares actuales de otros derechos reales adicionales sobre esos bienes.\nNOTA: Se modifica la expresión "real(es)" o "patrimonial(es)", por el art. 1, Ley 1849 de 2017.\nEn firme la sentencia de exequátur, la Corte Suprema enviará la actuación a los jueces de extinción de dominio para su ejecución.\nARTÍCULO 213 Remisión a otras normas.\nEn la ejecución de la orden de decomiso, sentencia de extinción de dominio o decisión equivalente se aplicarán los tratados internacionales correspondientes y especialmente los acuerdos a que llegue la República de Colombia con otros países en materia de la distribución o repartición de bienes.\nARTÍCULO 214 Facultad para compartir bienes.\nEn atención a los principios de proporcionalidad y reciprocidad, el Estado podrá compartir bienes que sean objeto de sentencia definitiva proferida por autoridad nacional o extranjera, cuando estos sean el producto de la cooperación judicial internacional reciproca en virtud de tratados, convenios o acuerdos suscritos, aprobados y ratificados por Colombia.\nTÍTULO VII Disposiciones finales Artículos 215 a 218\nARTÍCULO 215 Creación de juzgados.\nLa Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura creará las salas de extinción de dominio que se requieran para el eficaz y eficiente cumplimiento de las disposiciones del presente Código, asegurándose que como mínimo se creen salas en los tribunales de distrito judicial de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, y Cúcuta.\nEn el distrito judicial de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, y Cúcuta se crearán al menos cinco (5) juzgados especializados en extinción de dominio.\nEn los distritos judiciales de Antioquia, Cundinamarca, Ibagué, Bucaramanga, Tunja, Villavicencio, Neiva, Manizales, Pasto, y Florencia, se crearán como mínimo dos (2) juzgados Especializados en Extinción de Dominio.\nEn los Distritos de Cartagena, Armenia, Cúcuta, Pereira, Montería, Quibdó, Pamplona, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo, Popayán y Valledupar, se creará como mínimo un (1) juzgado especializado en extinción de dominio.\nARTÍCULO 216 Creación de Fiscalías.\nModifíquese la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación, mediante la creación y puesta en funcionamiento de al menos cincuenta (50) despachos adicionales de Fiscalías especializadas para la extinción de dominio, con igual número de cargos de asistentes de fiscal y cien (100) investigadores criminalísticas de distintos grados. En todo caso, la Fiscalía General de la Nación podrá adelantar los estudios de necesidad que se requieran, para justificar la creación de un número de cargos superior al previsto en esta norma.\nARTÍCULO 216-A Constitución de pólizas para la defensa de Fiscales.\nLa Fiscalía General de la Nación podrá constituir pólizas con cargo a sus recursos provenientes del FRISCO para amparar el riesgo de daño antijurídico que se ocasione con las decisiones adoptadas por los Fiscales dentro del proceso de extinción de dominio.\nEl Director de Fiscalía Nacional Especializada en Extinción de Derecho de Dominio será el competente para autorizar la procedencia de la solicitud en cada caso concreto\nARTÍCULO 217 Régimen de transición.\nLos procesos en que se haya proferido resolución de inicio con fundamento en las causales que estaban previstas en los numerales 1 al 7 de la Ley 793 de 2002, antes de la expedición de la Ley 1453 de 2011, seguirán rigiéndose por dichas disposiciones.\nARTÍCULO 218 Vigencia.\nEsta ley entrará a regir seis (6) meses después de la fecha de su promulgación, deroga expresamente las Leyes 793 y 785 de 2002, Ley 1330 de 2009, así como todas las demás leyes que las modifican o adicionan, y también todas las leyes que sean contrarias o incompatibles con las disposiciones de este Código.\nSin perjuicio de lo anterior, el artículo 18 de la Ley 793 de 2002, y los artículos 9° y 10 la Ley 785 de 2002, seguirán vigentes.\nLIBRO I. Definiciones, normas rectoras y garantías fundamentales\nTÍTULO II. Normas rectoras y garantías fundamentales - arts. 2 a 14\nLIBRO II. De la extinción de dominio - arts. 15 y 16\nLIBRO III. De la acción de extinción de dominio\nTÍTULO I. Principios generales del procedimiento - arts. 17 a 27\nCAPÍTULO II. Intervinientes - arts. 31 y 32\nCAPÍTULO III. Reglas Generales de Competencia - arts. 33 a 39\nCAPÍTULO IV. Competencia por conexidad - arts. 40 a 42\nCAPÍTULO I. Reglas Generales - arts. 43 a 47\nCAPÍTULO II. Providencias - arts. 48 a 51\nCAPÍTULO III. Notificaciones - arts. 52 a 58\nCAPÍTULO IV. Recursos - arts. 59 a 72\nCAPÍTULO V. Acción de revisión - arts. 73 a 81\nCAPÍTULO VI. Nulidades - arts. 82 a 86\nCAPÍTULO VII. De las medidas cautelares - arts. 87 a 89\nCAPÍTULO VIII. Administración y destinación de los bienes - arts. 90 a 110\nCAPÍTULO IX. De los controles de legalidad - arts. 111 a 115\nCAPÍTULO I. Fase inicial - arts. 117 a 125\nCAPÍTULO II. - arts. 126 a 132\nCAPÍTULO III. Del procedimiento abreviado de extinción de dominio - arts. 133 a 135\nCAPITULO IV. Trámite del requerimiento de declaratoria de improcedencia - art. 136\nCAPÍTULO V. El juicio de extinción de dominio - arts. 137 a 147\nTÍTULO V. Pruebas\nCAPÍTULO I. Reglas Generales - arts. 148 a 157\nCAPÍTULO II. Técnicas de investigación - arts. 158 a 173\nCAPÍTULO III. Prueba testimonial - arts. 174 a 185\nCAPÍTULO IV. Confesión - arts. 186 a 189.a\nCAPÍTULO V. Prueba documental - arts. 190 a 192\nCAPÍTULO VI. Prueba pericial - arts. 193 a 199\nCAPÍTULO VII. Inspección judicial - arts. 200 a 202\nTÍTULO VI. Cooperación internacional - arts. 203 a 214\nTÍTULO VII. Disposiciones finales - arts. 215 a 218