Los expertos, a favor de devolver a Cataluña los documentos incautados en la Guerra Civil\nLos expertos ven justo que Catalunya recupere los papeles de Salamanca\nLos papeles de la represión\nEl Gobierno accede a devolver los documentos de Salamanca\n507 archivadores con documentos de la Generalitat entre 1931 y 1939\nSalamanca fortifica el archivo\nLa guerra de los papeles ... por E. Haro Tecglen\nLa guerra de los papeles ... por F. de P. Burguera\nExpertos y papeles ... por J. Álvarez Junco\nEl Ministerio de Cultura remite al Congreso el informe que acuerda la devolución de documentos\nLa Comisión de la Dignidad acusa al Consell de no facilitar el inventario de los documentos de Salamanca\nLa memoria aún está en Salamanca\nLa pregunta clave del archivo de Salamanca ... por A.González Quintana\nPiden para Cartagena sus archivos de la Guerra Civil que están en Salamanca\nLa Comissió de la Dignitat acusa al Consell de ocultar el inventario del Archivo de Salamanca\nEl PP arremete contra la intención de recuperar los documentos de Salamanca\nCaldera advierte que el Gobierno no admitirá más reclamaciones al Archivo de Salamanca\nCaldera advierte al alcalde de Salamanca que "ya tendrá cuidado de acatar la legalidad vigente"\nLa Comissió de la Dignitat recuerda a Caldera que el "expolio documental" no sólo lo sufrió Cataluña\nLa Batalla del Archivo de Salamanca. Las 507 cajas de la discordia ... por Andrés Padilla\nDuras críticas al informe sobre los papeles de Salamanca en un seminario sobre "Archivos e Impunidad". (Radio Nizkor)\nEl Principado tiene copia de todos los papeles asturianos de Salamanca\nLos «papeles» gijoneses en el Archivo de Salamanca ... por Luis Miguel Piñera\nArchivos contra el olvido ... Perrine Canavaggio y Louis Joinet\nEntre Salamanca y La Palma ... por Jose Melquiades López Meleros\nCalvo reclama al alcalde de Salamanca que cumpla la ley o irá a los tribunales\nSilvia Clemente acusa a la ministra de negarse a hablar del archivo mañana. Calvo amenaza a Lanzarote con el juez si impide sacar papeles de Salamanca\nLa consejera de Cultura de Castilla y León reprocha a Calvo que evite hablar del archivo\nIU espera negociar sobre los 'papeles de Salamanca' y retira su propuesta\nLas Comunidades Autónomas gobernadas por el PP reclaman en el Senado un pacto de Estado en defensa del Patrimonio\nAlmunia defiende la devolución de los papeles de Salamanca como medio para “dignificar” a los expoliados\nDeclaración Archivos e impunidad\nCarta abierta al Presidente Rodríguez Zapatero de cien catedráticos y figuras de relieve internacional sobre los "papeles de Salamanca"\nLa Comisión de Expertos sobre el Archivo General de la Guerra Civil, ubicado en Salamanca, dictaminó hoy que considera "justa y legítima las razones que avalan la devolución de los fondos documentales de la Generalitat de Catalunya, actualmente identificados como tales" en el citado archivo.\nEn rueda de prensa, el presidente de la comisión, Federico Mayor Zaragoza, explicó que este dictamen se ha elevado a la ministra de Cultura, Carmen Calvo, quien deberá decidir qué hacer con los papeles del archivo.\nPor su parte, el Ministerio de Cultura anunció que estudiará la resolución de la comisión como una "pieza fundamental" de su decisión.\nLA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN MUEVE FICHA\nEl Parlamento de Castilla y León aprobó ayer mismo la reforma legislativa necesaria para integrar en su Sistema de Archivos el de la Guerra Civil, con sede en Salamanca y de titularidad estatal, para evitar así una posible dispersión documental.\nInmediatamente después de conocerse la aprobación de esa iniciativa, el Ministerio de Cultura anunció que ya ha iniciado los trámites para plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, ya que entiende que "vulnera el reparto de competencias amparado por la Constitución".\nLos conocidos como "papeles de Salamanca", objeto de la disputa, son un conjunto de documentos incautados durante la Guerra Civil por las tropas de Franco a la Generalitat y a otras instituciones catalanas y que el gobierno catalán lleva más de 20 años tratando de recuperar.\n*Fuente : Cadena SER. 23 de Diciembre de 2004\nLa comisión considera que son legítimas las razones de la Generalitat para volver a tener los documentos\nCondena las incautaciones y establece condiciones para el retorno y la conservación de los materiales\nEl camino para que la Generalitat recupere los documentos incautados durante la guerra civil está abierto. La comisión de expertos encargada de asesorar al Gobierno en el contencioso sobre los polémicos papeles de Salamanca recomendó ayer la devolución de las 507 cajas, de un total de 20.000, que contienen estos documentos del Ejecutivo catalán. La comisión consideró "justas y legítimas" las razones que avalan la devolución de los fondos pese a reconocer que es una materia "extraordinariamente compleja".\nLos expertos --17 tras la dimisión del director del Archivo de Salamanca-- trabajaron contrarreloj para ofrecer una salida al Gobierno antes del 31 de diciembre, fecha límite establecida en un acuerdo del Congreso de los Diputados. La próxima semana el Ministerio de Cultura tomará una decisión, en línea con las recomendaciones de los expertos, que comunicará a la Cámara baja. En este línea, se calcula que en seis meses el material podría ser devuelto a Catalunya.\nLos especialistas han fijado dos principios básicos para resolver el conflicto: La condena de la incautación de documentos con finalidad represiva y el derecho a la reparación, y la protección de los bienes que actualmente se encuentran en el Archivo de Salamanca.\nEntidades privadas, sindicatos, partidos políticos y ciudadanos en general de Catalunya que reclamen la devolución de documentación que era suya en 1936 deberán tener en cuenta varios factores a la hora de pedir la restitución. Tendrán que acreditar que existían como entidad jurídica al iniciarse la guerra civil, enviar copias autentificadas de los papeles que les devuelvan al Archivo de Salamanca y garantizar la conservación y facilitar el acceso a los originales.\nComo muestra de reconocimiento al "esfuerzo hecho por Salamanca", la Generalitat hará una copia digitalizada de los documentos que le devuelvan y de otros que se encuentran en el Arxiu Nacional de Catalunya, y los entregará al archivo de la guerra civil, según comentó Joan Rigol, miembro de la comisión en representación de la Comissió de la Dignitat. Rigol calificó de "muy positivo" el acuerdo de ayer por el "importante simbolismo" que tiene haber conseguido que el Ejecutivo catalán "no esté expoliado".\nEl grupo de trabajo presidido por Federico Mayor Zaragoza ha hecho de la custodia y conservación de los documentos el eje de su resolución, en un intento de no aparecer ante las partes como parcial en sus decisiones. Por eso, parte del principio de que las nuevas tecnologías permiten el uso de la información depositada en el archivo aunque el original esté en manos de sus auténticos dueños.\nGuardar, conservar y consultar los polémicos papeles de Salamanca "no depende tanto de la localización física de los documentos originales", señalan los expertos en sus conclusiones, sino de "las condiciones de uso de la información que contengan". Que vuelvan a manos de las personas e instituciones que los generaron, "no tendría que suponer, a priori , ninguna merma".\nLos polémicos papeles aún tardarán al menos seis meses en regresar al lugar de donde fueron requisados. Los expertos instaron al Ministerio de Cultura a crear una comisión que en el plazo de medio año, informe sobre el cumplimiento de las conclusiones.\nEl empeño de los especialistas por alejar cualquier intención política de sus conclusiones quedó claro en el documento. "No tenemos ante nosotros", dicen, "un debate sobre reparto de competencias en materia archivística entre el Estado y las comunidades autónomas". Y enfatizan que "debe evitarse" que esta cuestión "se convierta en motivo de confrontación entre instituciones y más aún entre los ciudadanos".\nEl informe final, redactado sobre la base de cuatro trabajos previos --perspectiva histórica, archivística, jurídica y principios generales--, apenas fue contestado. En la parte referida a cuestiones de archivo hubo unanimidad. El represente del Ayuntamiento de Salamanca, Eugenio García Zarza, emitió la única abstención en el capítulo sobre perspectiva histórica. Éste comisionado junto a Antonio Morales Moya, de la universidad salmantina y Julio Valdeón, designado por Castilla y León, se abstuvieron en el informe jurídico y el de principios.\nFuentes próximas a los asistentes indicaron que la reunión transcurrió en un clima de "comprensión" y "responsabilidad". "La parte emotiva, que nos condiciona a todos, la hemos dejado de lado", explicaron las fuentes. En todo caso, no se habló de los acuerdos del parlamento castellanoleonés para blindar el archivo.\nUno de los abstencionistas, Morales Moya, justificó el sentido de su voto en la "precipitación en la toma de decisión". Este catedrático de Historia adujo que el dictamen de la comisión, "ha sido una decisión poco madurada".\n*Fuente : Madrid, 12/24/2004\nEl Archivo de Salamanca nació para nutrir de 'pruebas' a los tribunales de la dictadura\nLa requisa de documentos sirvió para abrir tres millones de fichas y fusilar o encarcelar a miles de personas\nLos papeles catalanes de Salamanca son el resultado de una requisa meticulosa y sistemática realizada por las tropas franquistas a partir de abril de 1938, y cuya finalidad fue reprimir a miles de desafectos. De las 160 toneladas de documentos expoliados, apenas se conserva el 10%. El resto fue quemado o convertido en pasta de papel.\nA >> Un organismo especial para purgar a desafectos\nEl conocido hoy como Archivo de Salamanca nació como consecuencia de una orden del ministro de Gobernación de Franco Ramón Serrano Suñer, que el 26 de abril de 1938 firmó la creación de la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos (DERD). La misión exclusiva de este organismo era la requisa en las zonas conquistadas por las tropas franquistas de documentación de la Administración republicana y de entidades, partidos, sindicatos y particulares "desafectos al Movimiento Nacional" que pudiera "suministrar al Estado información referente a la actuación de sus enemigos".\nEn el caso de Catalunya, el expolio documental se inició en abril de 1938, con la ruptura del frente de Aragón y la entrada de las tropas de Franco en la provincia de Lleida, y concluyó en octubre del año siguiente, seis meses después del final de la guerra civil, según explica en el libro Els papers de Salamanca el historiador Josep Cruanyes, miembro de la comisión de expertos que ahora se han pronunciado sobre el destino de los legajos.\nLos equipos de requisa actuaron en 128 ayuntamientos catalanes. Con la caída de Barcelona, el 26 de enero de 1939, la sede central de la DERD se estableció en una torre de la calle de Muntaner, 265, bajo el mando de Marcelino Ulibarri. Fueron requisados otros 14 locales en distintos puntos que sirvieron para almacenar provisionalmente todo el material incautado, siguiendo un plan de más de 2.000 registros diseñado desde Salamanca.\nEn los registros colaboró también el departamento de Prensa y Propaganda de Falange, que expurgó y destruyó fondos de editoriales y bibliotecas, tras entregar diez ejemplares de cada publicación a la DERD.\nDe la primera selección de material incautado realizada sobre el terreno por la DERD en Catalunya sobrevivieron un mínimo de 160 toneladas de documentos, que a partir del 24 de mayo de 1939 fueron trasladados por ferrocarril a Salamanca, dentro de sacos numerados. El último envío de papeles requisados en ayuntamientos catalanes se realizó el 13 de febrero de 1940.\nB >> El 90% de los fondos fueron destruidos\nTodo el material enviado a Salamanca desde Catalunya y otras zonas del Estado sirvió para poner en marcha una enorme maquinaria represiva que llevó a la cárcel o ante el pelotón de fusilamiento a miles de personas, o se empleó para su depuración en el ámbito profesional. Los documentos fueron utilizados para abrir más de tres millones de fichas de "antecedentes político-sociales" y como pruebas incriminatorias para los consejos de guerra a los que se sometió a muchos de los que figuraban en ellas, dentro de la denominada Causa General.\nAdemás, una Sección de Servicios Especiales confeccionó un fichero independiente con 190.000 expedientes sobre masonería, que sirvió para nutrir el trabajo represor del recién creado Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo (TERMC), que actuó hasta finales de 1963, cuando fue sustituido por el Tribunal de Orden Público (TOP).\nLa DERD, rebautizada como Delegación Nacional de Servicios Documentales (DNSD), sobrevivió hasta octubre de 1977, cuando fue suprimida por decreto. Dos años después, el edificio de San Ambrosio de la capital salmantina que guardaba toda la documentación fue convertido en archivo histórico.\nSe calcula que tan sólo se conserva en la actualidad el 10% de los documentos enviados a Salamanca desde Catalunya. Gran parte del material que era considerado irrelevante para la finalidad represora por la que había sido requisado fue destruido, la mayoría de las veces convirtiéndolo en pasta de papel. Este hecho ha sido esgrimido como una de las pruebas más irrefutables de que el Archivo de Salamanca nunca tuvo la naturaleza de un verdadero archivo, sino que cumplió únicamente una función represora.\nC >> El primer inventario, el de la Generalitat\nLa destrucción documental y el desorden impiden conocer con exactitud qué papeles catalanes guarda hoy el Archivo de Salamanca. El único inventario meticuloso realizado hasta la fecha ha sido el de los fondos de la Generalitat. Ello se debe a que, en 1982, la Administración catalana y el Ministerio de Cultura firmaron un convenio que permitió que archiveros profesionales, pagados por la Generalitat, reclasificaran todos estos documentos en 507 legajos, de los que existe copia microfilmada en el Arxiu Nacional de Catalunya desde 1993. Esta circunstancia ha sido decisiva a la hora de que la comisión de expertos haya decidido ahora aconsejar que la restitución comience por estos papeles.\nEntre los partidos políticos más afectados por el expolio figuran ERC, el PSUC y Estat Català, y entre los sindicatos, la CNT, UGT y el CADCI. Muchos particulares fueron también víctimas directas de la requisa, como Antoni Rovira i Virgili, que sufrió el expolio completo de su biblioteca, y el cartelista Carles Fontserè. Éste visitó en el 2002 la polémica exposición Propaganda en guerra organizada en Salamanca, donde buscó infructuosamente su obra más emblemática, el cartel titulado Llibertat.\n*Fuente : El Periódico, Barcelona. 24 de Diciembre de 2004\nLa ministra Calvo hace suyo el dictamen de la comisión de expertos\nEl PP reclama que los autores del informe comparezcan en el Congreso\nSILENCIO DE CALDERA\nCRÍTICAS A LOS EXPERTOS\nEl PP pedirá la comparecencia de los autores del informe en el Congreso. Mariano Rajoy opinó que la decisión de "humillar" a Salamanca y a Castilla y León se debe a que el Gobierno está sujeto a "las genialidades que se le ocurran a Carod-Rovira en cada momento". En su opinión, no se beneficia a Catalunya, "ya que va a generar muchas tensiones y manías", informa Julia Camacho .\n*Fuente : El Periódico, Madrid. 12 de Diciembre 2004\nLos documentos que van a devolverse a la Generalitat de Cataluña están perfectamente estudiados y archivados, algo que no puede decirse de buena parte de los documentos que se almacenan en el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca. Entre marzo de 1983 y diciembre de 1986 fueron clasificados, a cuenta de la Generalitat de Cataluña, y poco a poco se fueron microfilmando en un proceso que finalizó en 1993. El listado de los documentos fue publicado en 1992 por el Archivo Nacional de Cataluña, centro que cuenta con un microfilme de los documentos y que en el futuro espera conservar los originales.\nEn concreto, de lo que ahora se está hablando es de los 507 archivadores con documentos producidos o recibidos por la Generalitat y el Parlamento de Cataluña entre 1931 y 1939. La mayoría de estos documentos se refieren a los departamentos de Justicia, con 213 legajos, y Defensa, con 170, aunque los hay de Economía, Cultura, Agricultura o Sanidad.\nEstatuto y justicia\nEntre los documentos más interesantes figuran todos los relativos a las sesiones parlamentarias previas y posteriores a la proclamación del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1932, así como el texto del estatuto aprobado por las Cortes, según comenta el historiador Josep Cruanyes, autor del libro Els papers de Salamanca. L'espoliació del patrimoni documental de Catalunya (1938- 1939) (Edicions 62). También figura la correspondencia dirigida a los presidentes de la Generalitat Francesc Macià y Lluís Companys, esta última relativa a la crisis de Gobierno de abril de 1937. Las transferencias de competencias tras la aprobación del estatuto están también documentadas en varios legajos y una parte se centra en la relación entre el Gobierno autónomo y las administraciones locales durante la República.\nTambién es muy relevante la documentación relativa a las actividades del comité de apropiaciones e incautaciones realizadas durante la Guerra Civil o las listas de las patrullas de control y de detenidos que, en conjunto, ofrecen un amplio panorama de la actuación de la retaguardia catalana durante la guerra.\nEl director del Museo de Historia de Cataluña, Jaume Sobrequés, ha puesto su centro a disposición para celebrar en el mismo una exposición temporal con una selección de estos documentos una vez sean devueltos. "Es un acuerdo que a nivel científico no aporta muchas novedades, porque la documentación ha sido digitalizada y está accesible a los investigadores", aclaró. "Lo importante es el valor político y simbólico que tienen estos documentos". Cruanyes resaltó, por su parte, el carácter de "restitución de una injusticia" que tiene el gesto de la devolución\n*Fuente : EL PAÍS, Cultura. 29 de Diciembre de 2004\nEl alcalde valla el edificio tras reiterar que "ningún papel" saldrá de la ciudad "lo diga quien lo diga"\nOficialmente, la medida se debe a la necesidad de reponer baldosas\nUna completa sorpresa. Los salmantinos que ayer por la mañana se desplazaron al casco antiguo de la ciudad descubrieron con asombro que, sin previo aviso, el Ayuntamiento había empezado a vallar el perímetro del Archivo de Salamanca. Oficialmente, el vallado obedece a la necesidad de "reparar las baldosas del suelo", pero la orden de acordonar el archivo coincidió con la reiteración, por parte del alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote (PP), de que "ningún papel" saldrá de la capital charra, "lo diga quien lo diga".\nLa luz verde dada por la ministra de Cultura, Carmen Calvo, para que los papeles de la Generalitat republicana sean restituidos en breve puede topar así con un obstáculo físico. Las vallas metálicas que los operarios municipales procedieron a colocar ayer, convenientemente recubiertas con lona verde, tapan casi por completo el edificio donde está situado el Archivo de la Guerra Civil. Al él se puede seguir accediendo a pie, pero resultaría imposible que una furgoneta o un camión dispuesto a cargar con los 507 archivadores que guardan los legajos catalanes pudiera tan sólo aproximarse.\nEl portavoz del PP en el ayuntamiento, Fernando Rodríguez, quiso restar ayer importancia al asunto y en ningún momento admitió que se tratara de una medida para preservar los legajos. Por el contrario, ofreció la siguiente explicación: "El consistorio tiene la obligación de conservar los viales de esta ciudad y los servicios municipales comprobaron que existen losas que se mueven, con el consiguiente peligro para los transeúntes, por lo que se debe reparar la zona".\nLos trabajos de "restauración" de las baldosas, reales o simulados, ya han comenzado, y en la tarde de ayer se podía comprobar cómo algunas losas ya habían sido retiradas, mientras que otras estaban apiladas tras las vallas para que los operarios puedan realizar las mejoras previstas por el ayuntamiento.\nLas quejas no se han hecho esperar, aunque no por la sospecha de que la actuación de los operarios municipales obedezca a un intento desesperado del alcalde de retener los documentos de la Generalitat. El presidente de la asociación de vecinos del Barrio Antiguo, Luis Delgado, mostró su malestar porque, con estas vallas, ha quedado "aislada la sede del Patio Chico", un espacio situado tras la catedral en el que el 2 de enero está previsto un encuentro de tamborileros. Y Lanzarote puede enfrentarse a una rebelión vecinal si ese día el patio sigue inaccesible.\n*Fuente : El Periódico, Salamanca. 30 de Diciembre de 2004\n"De aquí no sale un papel", dice el alcalde de Salamanca, y pone una alambrada en torno al archivo de la Guerra Civil; pero Barcelona exige que le den los papeles que le robaron. ¿Qué más da? Sí, mucho: es una riqueza para el futuro, cuando Castilla sea independiente y Cataluña también. No serán España si no quieren, pero luchan por su trozo del patrimonio español. Otras ciudades se alzan y piden lo que fue suyo, lo que algunos se llevaron. Bien, nos robamos, y robamos un poco a otros: no sé qué hacen los tesoros precolombinos en algunos museos de aquí: el viejo oro de El Dorado, las caras de dioses y amos que ahora vemos reproducidas en las calles: son iguales los inmigrantes indígenas a sus camafeos y esculturas: veo pasar la frente ancha, la nariz abierta, los labios grandes y bellos: no nos pedirán que se los devolvamos. Sólo quieren el documento que permita a otros que les exploten. El tesoro humano tiene poco interés. Excepto lo vendible o pignorable: los niños que no quieren dar porque dicen que valen para trasplantes, las mujeres que se compran y venden para la prostitución. Carne y hueso: poca cosa. Papeles, oro, cobre, miniaturas, óleos: el tesoro. La Guerra Civil no es de nadie, o es de todos. En el archivo hay datos históricos, notas de crímenes, listas, biografías de torturados, actas de procesos infames avalados por togados militares que ensuciaron la toga, el uniforme y el crucifijo que malditos ponían en la mesa del crimen. No son suyos: son míos. Hay nombres míos en ellos, sentencias que cambiaron mi vida; no son de Salamanca ni de Barcelona, sino de todo este conjunto con tan mala suerte histórica que se puede llamar España. Los quiero. Señala esta codicia de un tesoro aciago, de unas letras de sangre y fuego, el año que se va, el que viene. Pobres canjilones que relacionamos con la astronomía y en los que dividimos nuestros días.\nLos papeles son de los empapelados. Yo no quiero que nos divida eso. Sé que nos están fragmentando y clasificando los entomólogos: sé que nos dividen y que yo pertenezco a Madrid, soy varón, anciano, ateo, blanco y no tengo un céntimo que no esté cercado por los bancos y otros pulpos. No quiero que me separen, ni mi biografía ni mi cariño, ni mi solidaridad, de los que secesionan en esta guerra tonta de las provincias españolas (Machado), ni que me separen leyes y costumbres de las mujeres, los jóvenes, los indios que llegan, los moros que ahora pasan miedo. Mi humanidad.\n*Fuente : El País, Radio y TV. 31 de Diciembre de 2004\nLa verdad es que la fiereza y el entusiasmo desaforado con que la derecha se está oponiendo a que la documentación propiedad de la Generalitat de Catalunya, expoliada por el franquismo y depositada en el Archivo de la Guerra Civil, en Salamanca, está adquiriendo ribetes de tragicomedia rayanos en lo ridículo. ¡Qué cosas se dicen! Tenemos, por ejemplo, al historiador César Vidal, más conocido por sus actuaciones radiofónicas. Según esta luminaria intelectual, devolver la documentación a su verdadero dueño sería cometer un "expolio" en el archivo salmantino. ¡Vaya, hombre! Ahora va a resultar que devolverle a su dueño lo que le fue expoliado por la fuerza de las armas resultaría cometer otro expolio al poseedor de los objetos robados. Por su parte, el alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, del PP, ha declarado que del Archivo Nacional de la Guerra Civil "no saldrá ningún papel, lo diga quien lo diga". No sabía yo que sobre los archivos nacionales tenían tanta autoridad los alcaldes de la ciudad en que están ubicados. Pensaba que dependían del Ministerio de Cultura a todos los efectos. Pero la cuestión es ésta: ¿tiene derecho la Generalitat de Catalunya, terminada la dictadura e instaurada la democracia, a pedir la devolución de los documentos que le fueron robados manu militari por los franquistas? Parece ser que no. Dicen que se rompería la unidad del archivo. Pero como escribía en artículo reciente León Buil Giral, "el principio de justicia tiene que prevalecer sobre el meramente científico de unidad de colección, máxime cuando la unidad se ha conseguido por medios ilícitos". Pero esto, a los vociferantes que se oponen, les importa poco. Aquí, lo que interesa y motiva todo este circo, con payasos incluidos, es que quienes solicitan la devolución de lo robado son los pérfidos nacionalistas. ¡Esa es la cuestión! Y antes que darles a ellos la razón prefieren dársela a los franquistas expoliadores. La derecha y su equipo mediático son así de coherentes. Para esta tropa, Franco hizo muy bien enviando a sus secuaces a esquilmar los archivos de la Generalitat. Es lo que ellos volverían a hacer, si pudiesen. Estoy seguro.Y dicen que son demócratas. Será por la noche. Y soñando.\n*Fuente : El País. 31 de diciembre de 2004\nLo más asombroso de la trifulca política montada en torno a los llamados "papeles de Salamanca" ha sido la inmensa distorsión con que puede presentarse ante la opinión pública un problema colectivo. Supongo que en parte se debe a ignorancia y superficialidad informativa, pero me temo que abundan también los ingredientes de irresponsabilidad y mala voluntad. He conocido el asunto de cerca porque he formado parte de la llamada "comisión de expertos", cuya función era asesorar al Gobierno sobre el destino de los fondos documentales de la Generalitat catalana incautados en 1939 y depositados en un archivo, de denominaciones cambiantes a lo largo del tiempo, situado en la ciudad de Salamanca. En contra de lo que las autoridades castellano-leonesas ha declarado saber a ciencia cierta, la comisión no tenía una opinión predeterminada sobre el asunto ni ha estado en modo alguno "teledirigida" por nadie; por lo que a mí respecta, puedo dar fe de no haber recibido la menor indicación ni presión, aunque no me extrañaría, dado lo enconado del ambiente, que no se me creyera, ni aun por gentes a las que creo sensatas. Lo único que me atreví a decir a un periodista que me interrogó al comienzo de la historia fue que era una cuestión "compleja", aunque tengo que confesar que, a medida que se fueron desarrollando nuestros debates y fui leyendo informes sobre el tema, cambié de parecer, como soy testigo de que les ocurrió a otros miembros de la comisión; y, caso verdaderamente excepcional en mi repertorio de opiniones, un asunto político fue dejando de parecerme complejo y acabó resultándome "sencillo". Intentaré explicarlo.\nPrimero, los hechos. Aunque se haya dicho y repetido lo contrario, nadie ha discutido ni se ha planteado nunca cuál habría de ser el destino de los "papeles de Salamanca" o del "archivo de la Guerra Civil", sino sólo el de los fondos documentales de la Generalitat de Catalunya anterior a 1939. Estos fondos consisten en 507 cajas bien identificadas, de las 20.000 aproximadas de las que consta el depósito documental hoy guardado en Salamanca; es decir, que la manzana de la discordia apenas sobrepasa el 2,5% del célebre archivo. Eso es lo que hemos recomendado devolver a la institución que ha heredado el nombre de la que los generó. Podrá discutirse si hacerlo es "justo y legítimo", como nos ha parecido a nosotros, pero lo que no puede discutirse de buena fe es que no se trata del "archivo de Salamanca", sino de una parte mínima del mismo.\nEn segundo lugar, la comisión ha recomendado que de esos fondos documentales se deje en Salamanca una copia microfilmada y digitalizada, que tendrá valor de documento auténtico; lo que significa que los interesados o historiadores futuros podrán ver exactamente lo mismo allí que en Barcelona, ya que los originales, en serio riesgo de ser destruidos por el uso, estarán en un futuro no lejano inaccesibles para el público. Es una disputa, por tanto, simbólica. En términos prácticos, nadie pierde ni gana nada con lo decidido. Al decir esto, no pretendo quitarle importancia, pues es bien sabido que las disputas simbólicas son las menos negociables para nuestros congéneres humanos; pero debemos saber, al menos, de qué estamos hablando.\nTercero (aunque, para quienes den prioridad a los principios, debería ser lo primero): la justicia estaba de parte de los reclamantes. Eso sí que lo barruntaba desde hace tiempo, pero lo vi confirmado de manera tajante por tres juristas de prestigio, de procedencia completamente diversa, que disolvieron mis dudas y las de otros cuantos miembros de la comisión con informes inapelables: la incautación fue violenta y brutal, no respetó ni la menor norma de las que deben acompañar toda expropiación, y el derecho a la reparación del hecho injusto no había prescrito, cualquiera que fuera el plazo que se aplicara, porque desde el momento mismo en que la Generalitat pudo reclamar sus papeles, nada más ser restablecida, lo hicieron (y, por cierto, en aquel momento el señor Fraga Iribarne les dio la razón; la repentina preocupación por la "unidad del archivo" vino más tarde).\nHasta aquí, de forma muy abreviada, los hechos y las consideraciones de derecho. Pero no basta con eso. Con el paso de los años se había creado un problema político. El archivo se formó en su día con fines exclusivamente represivos, para hacer a partir de él un enorme fichero de la "anti-España" y poder pedir cuentas a todo el que hubiera dado hasta una perra chica para un monumento a Ferrer Guardia. Pero, con el curso de los años, había cambiado sus funciones. Durante la transición, sirvió para fundamentar las reclamaciones de derechos por parte de los represaliados por el franquismo y acabó por convertirse en el principal fondo documental sobre la Guerra Civil y la dictadura subsiguiente. Más importante aún era que la gran mayoría de la opinión castellana lo había interiorizado como símbolo de su memoria colectiva. Poco importa que esto último fuera producto de una manipulación. Todo lo relacionado con la "memoria colectiva" lo es. Pero la Castilla ayer dominadora anda hoy, si no miserable ni envuelta en sus andrajos, sí relativamente deprimida y con un palpable sentimiento de humillación ante la "prepotente" Cataluña. La discusión sobre quién sea aquí de verdad el dominador y quién el explotado llevaría años y serviría de muy poco. Lo que importa es que así es como lo percibe la mayoría de la opinión castellana.\nLa comisión tuvo estos sentimientos en cuenta. Decidió recomendar al Gobierno que protegiera el resto del archivo ante futuras reclamaciones y, sobre todo, que hiciera de él, por medio de diversas medidas, un gran centro de investigación: para empezar, con la devolución -importante devolución, de la que no se habla- de los fondos extraídos del mismo para formar la Causa General o el llamado Archivo de la Guerra de Liberación; y con la concentración, además, de fondos militares, procedentes de los consejos de guerra por "rebelión militar" o "auxilio a la rebelión" (célebre eufemismo franquista para referirse a la lealtad a la República), que hoy están dispersos y mal cuidados, cuando constituyen una fuente de información de valor probablemente superior a todo lo que hoy contiene el archivo de Salamanca. Para llevar a cabo este proyecto serán necesarios fondos, personal, edificios, y todo eso le recomendamos al Gobierno que lo proporcionara y lo situara en la ciudad del Tormes. En el último momento, y como gesto espontáneo de buena voluntad, los catalanes presentes en la comisión ofrecieron regalar a ese futuro gran centro de investigación salmantino copia de todos los documentos existentes en el Archi vo Nacional de Catalunya sobre la Guerra Civil.\nEl dictamen era, por tanto, equilibrado y no perjudicaba a nadie. La Generalitat recibía lo que era suyo y Salamanca, aunque viera salir algunos originales, guardaba copia de todo, a la vez que volvía o era llevada allí por primera vez una cantidad de documentos muy superior a la que salía. No quiero concluir, con esto, que el resultado del arbitraje fuera perfecto. Algunos hubiéramos preferido un blindaje más claro del resto del archivo ante futuras reclamaciones. Pero no había manera de justificarlo jurídicamente y, en todo caso, dadas las condiciones estrictas que hemos recomendado al Gobierno para toda devolución, el total afectado nunca superará el doble de lo que ahora se aconseja entregar (es decir, no pasará del 5%).\nUna última consideración, al margen del problema central: recientemente se ha criticado mucho a la comisión del 11-M por estar formada por "políticos". Los mismos medios de comunicación que hicieron esas críticas han lanzado ahora sus dardos contra una comisión no política, formada por puros "expertos". No creo que nadie encuentre fácil de definir en términos políticos al ex director de la Unesco Federico Mayor Zaragoza, presidente de la comisión, ni que niegue que es experto en expolios culturales; como no pertenece a ningún partido ni a ninguna región española Edward Malefakis, reputado historiador greco-estadounidense, especializado en la República y la Guerra Civil; ni son políticos los archiveros, catalanes y no catalanes, que han votado unánimemente a favor del acuerdo, sin una sola discrepancia ni abstención. Todos ellos, y la inmensa mayoría de la comisión, hasta sumar catorce votos, hemos apoyado al final la misma solución. Sólo ha habido tres abstenciones; ni siquiera un voto en contra, porque no había argumentos. Tal resultado debería hacer reflexionar a quienes de manera tan visceral siguen pronunciándose contra esta resolución. Según parece, son partidarios del "Santa Rita, Rita"; aunque aquella mezquina cantilena infantil seguía con "lo que se da, no se quita", y esos documentos no fueron nunca dados por sus dueños originales al archivo de Salamanca. Les fueron arrebatados a punta de pistola y trasladados allí en un ambiente de terror y enfrentamiento.\nEse ambiente es el que se superó, con notable éxito, en la transición a la democracia que siguió a la muerte de Franco. Y aquel clima de consenso de la transición es el que debe recuperarse hoy. En España sigue pendiente de solución el problema de la distribución territorial del poder, cuestión nada fácil pero que, por suerte, afecta casi en exclusiva a las élites políticas. Lo que no ha ocurrido aquí nunca son enfrentamientos entre grupos de población, como entre las diversas minorías étnicas de la antigua Yugoslavia. No juguemos con fuego. Atizar las pasiones colectivas de multitudes que jamás visitarán un archivo pero que por él se declaran dispuestas a morir -léase bien: a matar-, es una gravísima responsabilidad histórica. Lo último que necesitamos aquí son caudillos locales o periodistas que emulen a Tudjman o a Milosevic.\n*Fuente : El País, Opinión. 31 de Diciembre de 2004\nPañella insta a la directora general de Archivos que reclame las copias realizadas\n*Fuente : LEVANTE, El Mercantil Valenciano. 5 DE ENERO DE 2005\n*Fuente : VALENCIA, 5 Ene. 2005 (EUROPA PRESS)\nLa decisión del comité de expertos de devolver los archivos a la Generalitat de Catalunya provoca una nueva petición por parte de Xàbia, Dénia y Pedreguer, que también tienen documentos confiscados\nCèsar Palazuelos / E. P, Dénia\nLa reciente decisión del denominado «Comité de expertos» nombrado por el Ministerio de Cultura de devolver los documentos confiscados por las tropas golpistas del general Francisco Franco a la Generalitat de Catalunya también ha tenido eco en la Marina Alta. De hecho, son tres las poblaciones de la comarca que ya habían pedido a través de la aprobación de distintas mociones la devolución de los archivos usurpados durante la Guerra civil que ahora se encuentran en el Archivo de Salamanca. Xàbia, Dénia y Pedreguer son los municipios que solicitaron en su momento los papeles.\nEn este sentido, el edil de Cultura del Ayuntamiento de Dénia, Pau Reig, calificó de «buen inicio» la decisión del «Comité de expertos» y sugirió que «no debe haber distinciones entre administraciones y si retornan los papeles de la Generalitat de Catalunya también lo deben hacer los de los municipios como el nuestro».\nXàbia, Dénia y Pedreguer son las tres localidades que han pedido a través la Comissió de la Dignitat del País Valencià la devolución de los archivos. La misma comisión apuntó esta semana que entre los documentos confiscados se encuentran «fuentes relacionadas directamente con la contienda como cartas de soldados en el frente, hospitales de sangre, juzgados, compañías eléctricas, comités revolucionarios, organizaciones políticas y sindicales, cooperativas agrícolas y logias masónicas».\nUnos papeles que para el edil de Cultura de Pedreguer, Paco Ballester, «fueron robados por Franco y nos pertenecen, son la memoria de los valencianos». En este sentido, el concejal de Aixa manifestó que «presentaremos una nuevo moción del Ayuntamiento de Pedreguer para la solicitud de los archivos sino en el próximo pleno en el siguiente».\nAmbos ediles, Pau Reig y Paco Ballester, coincidieron en criticar la postura del PP valenciano que «tendría que llevar a cabo la resolución de Les Corts de mayo de 2004 en la que se aprobó una proposición no de ley por la que se pedía la devolución a la Generalitat Valenciana de toda la documentación original valenciana que fue confiscada por el régimen franquista con motivo de la Guerra civil y que se encuentra depositada desde entonces en el Archivo de Salamanca».\nPor el momento, todo parece indicar que el posicionamiento de los populares valencianos no está en la línea de la proposición no de ley aprobada este mismo año.\nDe la Comunidad Valenciana salieron aproximadamente 80 toneladas de documentos que nunca más volvieron. De hechos, algunos de ellos se transformaron el pasta de papel que llegó a utilizarse como elemento de fabricación de artificios pirotécnicos. En el caso de la gran parte de las comarcas de Alacant el transporte a Salamanca se realizó a través de dos vagones de tren un día del mes de agosto de 1939.\nPero no sólo Xàbia, Dénia y Pedreguer tienen memoria en el Archivo General de la Guerra civil de Salamanca, otras localidades de la Marina Alta también están representadas en las estanterías de la ciudad castellana. Es el caso de los municipios de L'Atzúvia, Benitatxell, Benissa, Calp, Ondara, Orba, Parcent, Pego, Ràfol d'Almúnia, La Vall de Gallinera y El Verger.\nEn el total del territorio valenciano son 188 las poblaciones que conservan documentación en Salamanca incautada durante la Guerra civil.\n*Fuente : Levante, El Mercantil. 3 de Enero de 2005\nLa pregunta clave del archivo de Salamanca\nMiembro de la comisión de expertos y ex director del Archivo de Salamanca entre 1986 y 1994 Estoy a favor de mantener la integridad del archivo hoy denominado General de la Guerra Civil, en concreto de los fondos acumulados y generados por la Delegación Nacional de Servicios Documentales y sus organismos precedentes. He argumentado en diversas publicaciones acerca de lo que tales fondos documentales suponen de testimonio histórico de la represión y de su indudable valor y, de igual modo, he abogado por mantener la organización física dada a los documentos por las instituciones represivas que los gestionaron hasta 1977, respetando las signaturas dadas en el fichero general onomástico, como la mejor manera de facilitar el ejercicio del «habeas data» (el derecho de las personas a conocer qué documentos sobre ellas existen en el archivo), tan importante para hacer valer los derechos reconocidos por las leyes de reparación de las víctimas de la guerra civil y el franquismo. Pero también he dicho que los organismos y personas que sufrieron la incautación ilegítima de sus documentos, merecían, igualmente, una reparación. Coincidía con los dos principios esenciales que definiría, desde el comienzo, la Comisión: la condena de las incautaciones de documentos con fines represivos y la salvaguarda del bien común que es hoy el Archivo General de la Guerra Civil.\nEn cuanto al funcionamiento de la Comisión, diré que he participado en los debates y trabajos sin otra presión que la del escaso margen de tiempo de que hemos dispuesto. A nadie he tenido que pedir permiso para hablar o votar. La necesidad de contar con un visto bueno ha sido, precisamente, el argumento que han invocado algunos de los miembros propuestos por instituciones castellanas para no votar a favor del texto. Para mí, este dato es muy revelador, porque ¿quién es más independiente, el que para votar necesita la aprobación de quienes le han propuesto o el que dice y vota lo que en conciencia le parece oportuno? Me sorprenden expresiones como la de algún comisionado que ha dicho que tal vez debía haber dado un puñetazo en la mesa. Sinceramente, no era necesario, bastaba con que hubiera abierto la boca para decir lo que pensaba, como los demás, en vez de hablar casi exclusivamente fuera de la Comisión. Ha sido una lástima que el deseo manifestado en la primera reunión, de forma unánime, de que no trascendieran los debates a la prensa hasta la finalización del trabajo no fuera compartido por todos. Recuerdo que el comisionado propuesto por la Junta de Castilla y León ha hecho su peculiar crónica de todas las reuniones; otro comisionado acudió a un programa de radio, unos días antes de la reunión final, junto al alcalde de Salamanca y, en cambio, sin pudor, se suma ahora al uso de la insultante expresión «comisión de adeptos».\n*Fuente : ABC.es. 6 de Enero de 2005\nLos historiadores lo justifican por la «gran importancia de la ciudad en la época» FRANCISCO J. MOYA/CARTAGENA «Si se le abre la puerta a la Generalitat, también se le puede abrir a Cartagena. O para todos o para ninguno». Es la afirmación previa del presidente del Instituto Cartagenero de Investigaciones Históricas (Incis), Luis Miguel Pérez Adán, para reivindicar «desde nuestro legítimo derecho» la devolución a la ciudad de Cartagena de sesenta cajas de documentos pertenecientes al período que va desde el año 1936 a 1939 que actualmente se encuentran guardadas en el Archivo Histórico Nacional de Salamanca.\nLos documentos que reclaman los historiadores cartageneros corresponden al ámbito de lo político, lo social y lo militar. El bando nacional los utilizó para formar un archivo policial que fue utilizado en la posterior represión ocurrida durante la primera década de la dictadura franquista.\nTambién hay abundante material fotográfico, papeles de los diferentes partidos políticos, del funcionamiento diario del Tribunal Popular y del Ayuntamiento, así como distintos archivos personales como el de Bruno Alonso (comisario general de la flota republicana) y el entonces alcalde Amancio Muñoz, que pasó la historia con el sobrenombre de Lenin cartagenero.\nMás allá de la polémica en el terreno político suscitada en las últimas semanas por el traslado de parte del archivo a Cataluña, los historiadores cartageneros justifican su reclamación en el hecho de que Cartagena jugó un papel muy destacado en aquella guerra.\nBase naval republicana\nDe hecho, la carga de información sobre la ciudad que soportan actualmente las estanterías del edificio salmantino puede ser de vital importancia para el conocimiento de una época en la que Cartagena era la única base naval republicana del país, lo que hizo que jugara un papel de primerísimo orden durante todo el conflicto.\nLos miembros del Instituto Cartagenero de Investigaciones Históricas reconocen que sería caótico el que todas las ciudades reclamasen a Salamanca sus archivos sobre la época, pero insisten en que el caso de Cartagena es especial y su petición está justificada porque la ciudad se convirtió en la única autónoma del país, ya que sólo dependía del ministro de Marina republicano, Indalecio Prieto.\n*Fuente : La Verdad Digital. 6 de enero de 2005\nLa entidad valora la decisión del Ministerio de Cultura y espera que se ejecute\nEl Ayuntamiento de Villar del Arzobispo ha aprobado, por unanimidad, en su último pleno del año reclamar al Archivo de Salamanca la devolución de todos los documentos del archivo municipal que fueron incautados durante la Guerra Civil española y en años posteriores.\nLa propuesta fue planteada por el equipo de gobierno municipal, formado por PSPV y EU, y apoyada por los cuatro ediles populares. El consistorio villarenco pedirá formalmente a la Generalitat y al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero que interceda por ellos ante las autoridades salmantinas para conseguir la devolución de dichos documentos. Con el apoyo a la propuesta del gobierno local, los populares se desmarcan de la postura de su partido en la Comunidad Valenciana.\nVillar del Arzobispo se suma así a otras poblaciones como Sueca, Cinctorres, Oliva, Bellreguard, Pedreguer, Vinaròs, Morella, Onda y Dénia, entre otras.\nLa Comisión de Dignidad denunció ayer la ocultación que la Generalitat Valenciana hace del inventario completo de la documentación valenciana secuestrada en el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, según informó Josep Guia.\nLa Comisión de la Dignidad, que cuenta con la colaboración de Acció Cultural del País Valenciá, valoró ayer en una rueda de prensa los recientes acontecimientos relacionados con la reclamación de la vuelta de los denominados Papeles de Salamanca.\nConcretamente, ha dado su opinión sobre la declaración de expertos, anunciando el retorno del Ministerio de Cultura español y la negativa del Consell a reclamar la documentación y bienes muebles valencianos almacenados en Salamanca.\nEn una rueda de prensa, el profesor Josep Guia, al que acompañaba Mercé Teodoro, abogada de los servicios jurídicos de Acció Cultural del País Valenciá, se refirió a la necesidad de devolver estos documentos. Guia indicó a los medios que la decisión adoptada por la ministra de Cultura puede significar un paso importante hacia la recuperación de la normalidad democrática del Estado, ya que ha conseguido finalmente el reconocimiento del derecho a la legitima potestad y al retorno del patrimonio documental expoliado de nuestro pueblo y a sus instituciones y entidades». «Creemos que así se pondrá fin a un plan de represión y expolio documental diseñado en la ciudad de Valladolid, en 1937, por el régimen franquista».\nGuia celebró que se haya abierto una puerta para un retorno, que será coherente si comprende la repatriación integra de la documentación expoliada que queda, incluyendo, lógicamente, aquellos documentos desviados hacia otros archivos de Salamanca.\nEspera que la fórmula a la que se ha llegado tras el informe de los sabios, «aunque no tenga la amplitud que quisiéramos que tuviese», sea respetada plenamente y sin restricciones por el gobierno español.\nJosep Guia hizo un llamamiento a todas aquellas personas, partidos, sindicatos y entidades que fueron víctimas del expolio y, sobre todo, del escrutinio policial que se derivó. Y agradecen que sus herederos confien en la Comissió de la Dignitat para representar sus intereses.\nEl representante nacionalista denuncio como «antivalencianista y antidemocrática» la actitud del Consell, «sumisa y sometida a aquellos que todavía se consideran herederos de los sublevados fascistas de 1936». «Esperemos que llegara un día que el Consell de la Generalidad Valenciana cumplirá con sus obligaciones de gobierno y de defensa del patrimonio histórico del pueblo valenciano», señaló Guia.\nTambién acusa en un documento a grupos «políticos de de la derecha de Salamaca y Castilla-León» de la crispación en torno a este tema para inducir a los ciudadanos, y estos hechos han sido denucniados por catedráticos como Teresa Carvajal, Aníbal Lozano, José Luis de las Eras, José María Frías, Ángel Iglesias y tantos otros.\nLa Comisión de la Dignidad finalmente ha hecho una llamada a los ayuntamientos y otras entidades afectadas por el expolio para que inicien los procedimientos administrativos de reclamaciones de documentos que les correspondan.\n*Fuente : Levante, 7 de enero de 2005\nAsturianistas por Nava reclama la devolución de papeles incautados\nLa moción presentada ayer por la agrupación Asturianistas por Nava (APN) en el Ayuntamiento de la localidad a iniciativa de Izquierda Asturiana (IAS) para reclamar los documentos requisados durante la dictadura a instituciones públicas y privadas asturianas y que ahora se encuentran en el Archivo Histórico de Salamanca suscitó reacciones encontradas entre las fuerzas políticas de la región.\nEl líder del PP de Asturias, Ovidio Sánchez, fue el más tajante, al afirmar que iniciativas de este tipo «suponen dar la razón a los nacionalismos separatistas y a los que defienden el "plan Ibarretxe"». No obstante, Sánchez quiso dejar claro que sus opiniones no se refieren específicamente al caso naveto: «No se trata de que los asturianistas de Nava tengan o no tengan la razón, sino que hablamos de un asunto de gran trascendencia para toda España». Así, el debate sobre el futuro de los papeles del archivo salmantino supone, a juicio del popular, «un tema de una gran enjundia política, no sólo cultural».\n«Lo que se está poniendo en evidencia en toda España es que Zapatero intenta acabar con los grandes referentes españoles únicos, que son, además, referencias culturales de primera magnitud», aseguró y aventuró que, «si cada pequeño Ayuntamiento intenta hacer su pequeño archivo frente a una gran potencia, hoy son los archivos y mañana serán los museos», con el consiguiente «empobrecimiento que supone acabar con la unidad, que es lo que nos da gran valor como ha hecho durante 400 años». Así, incluso, se plantea la desaparición del Archivo Histórico Provincial, el Museo Arqueológico y el de Bellas Artes: «Seremos microcosmos culturales que no tendrán valor para nadie».\nMás cauto, en cambio, se mostró el secretario de organización de la FSA, Benjamín Gutiérrez, mientras que en otros ámbitos de su partido se calificaba la propuesta asturianista de «disparate». Gutiérrez eludió pronunciarse «a falta de conocer a fondo el asunto», aunque valoró positivamente la decisión de la comisión de expertos que dio el visto bueno a la devolución de los documentos catalanes, que calificó de «rigurosa» y «oportuna».\nEn la misma línea, la diputada regional de IU Noemí Martín apeló a la «prudencia»: «Debemos pensar este tipo de cuestiones con tranquilidad antes de tomar decisiones», consideró y apuntó, asimismo, que «lo que dice Cultura es que existe una copia» de los documentos microfilmada. «Tenemos mucha tendencia a que, cuando se hace algo en otra reunión, se solicite lo mismo aquí inmediatamente», concluyó.\n*Fuente : La Nueva España, 6 de enero de 2005\nEl ministro desglosa el plan para la formación, en Salamanca, del Archivo de la Memoria\nEl Gobierno "no va a aceptar ninguna otra reivindicación" respecto a los fondos del Archivo General de la Guerra Civil, con sede en Salamanca, ya que considera la de la Generalitat de Cataluña como la única reclamación documental legítima, advirtió hoy el ministro de Trabajo, Jesús Caldera.\n"Que nadie reivindique más porque el Gobierno no va a aceptar ninguna otra petición, a nadie le asiste título alguno para poder pedir más documentos, sólo a la Generalitat, y es legítimo porque eran suyos, de una institución ya constituida", insistió en conferencia de prensa el titular de Trabajo y Asuntos Sociales.\nEn su comparecencia, el ministro desglosó el plan que el Ejecutivo ha diseñado para la formación, en Salamanca, del Archivo o Centro Documental de la Memoria, que englobará el actual Archivo de la Guerra Civil, así como contenidos museísticos y nuevos fondos e instalaciones.\n*Fuente : CadenaSER.com, 7 de enero de 2005\nAvisa que la decisión del Gobierno sobre los papeles se llevará a efecto "esté o no vallado" el Archivo\nEl ministro de Trabajo, Jesús Caldera, señaló hoy que un Estado de Derecho se cumplen las decisiones de los poderes públicos y la decisión que tome el Gobierno sobre el Archivo de Salamanca se llevará a efecto "esté o no vallado" al tiempo que anunció que la capital salmantina contará con un gran centro archivístico de la memoria con documentación nacional e internacional e incluso procedente de la Generalitat de Cataluña.\nEl Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, que en estos momentos se encuentra vallado por la rehabilitación de adoquines, tendrá que devolver los documentos a la Generalitat de Cataluña por lo que el ministro advirtió "que ya tendrá cuidado el alcalde, Julián Lanzarote, de acatar la legalidad vigente".\nAdemás, Caldera aseguró que Salamanca tendrá un gran archivo y pidió al PP que sea "prudente" pues "desde el PP de Cataluña y la Comunidad Valencia se reclama la devolución de documentos, y el alcalde de Valladolid, considera que es legítima la devolución de algunos legajos, como los relacionados con el Estatuto de Autonomía de Cataluña".\nPor otro lado, Caldera, que se mostró al cien por cien de acuerdo con la decisión de la Comisión de Expertos, aseguró que el Archivo "no sólo se mantiene, sino que se va a ampliar" y explicó que Salamanca "tendrá el mejor archivo de España, con más gente trabajando, más y mejores edificios así como un mayor número de fondos documentales, no sólo nacionales, también internacionales".\nSalamanca será el centro de la investigación "de la tragedia ocurrida en España en la Guerra Civil, con documentos relativos a este periodo, al Franquismo, la Transición y el exilio", según explicó el ministro de Trabajo.\nAsimismo, habrá soportes documentales en papel, microfilmados, documentos digitalizados, librarios, material museístico y se impulsarán nuevas secciones del Archivo centro documental de la memoria.\nDel mismo modo, el fondo depósito histórico del Archivo se enriquecerá, ya que se dotará de contenidos el centro de estudios, se crearán salas de investigación y consulta, salas con equipamientos informáticos, salas para exposiciones temporales, salas de colecciones permanentes, desarrollo del archivo y material oral así como salas de proyecciones.\nIgualmente, se catalogarán, digitalizarán y pondrá en red a través del sistema de Archivos Españoles en red todos los documentos actuales y los que vendrán, según afirmó Jesús Caldera, quien indicó que otra de las actuaciones que se llevarán a cabo será la entrega, depósito y enriquecimiento por los diversos archivos ya disponibles, así como el inicio de un plan de adquisiciones librarias y la compra de piezas relativas al contenido del centro de carácter escultórico y cartelería.\nAdemás, se iniciará un plan de difusión e incitación a la entrega de documentos dirigido a entidades particulares y personales.\nJesús Caldera anunció que habrá importantes ayudas archivísticas para favorecer los archivos orales y después del mapa informativo que se espera lograr con la Comisión de Víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo "se canalizará en diversos soportes la documentación existente en otros archivos nacionales hacia el archivo de la memoria" y añadió que este centro recibirá importante documentación que enviará la propia Generalitat.\nPor último, el ministro recordó que durante el Franquismo salieron miles de documentos de este archivo "y entonces parecía no romperse la unidad documental mientras que ahora van a volver igual que otras importantísimas colecciones nacionales e internacionales".\n*Fuente : Europa Press. 7 de Enero de 2005\nLa Comissió de la Dignitat recordó hoy que "el proceso de expolio documental" no sólo lo sufrieron los archivos de Cataluña y que otras comunidades autónomas como Aragón, Euskadi, Comunidad Valenciana e Islas Baleares tienen "actividad moral y efectiva" para reclamar documentos del Archivo de la Guerra Civil.\nEn un comunicado en respuesta a las declaraciones del ministro de Trabajo, Jesús Caldera, en las que afirmaba que el Gobierno no aceptará ninguna otra reivindicación además de la catalana, la Comissió consideró que la autoridad para reclamar documentos "no prescribe" por que el Gobierno autonómico actual no haya hecho la reclamación pertinente o no disfrutaran de estas instituciones en el periodo de la República.\nLa Comissió añadió que si algunos particulares todavía no han podido reclamar sus documentos "en gran medida es responsabilidad del Estado, que en muchos casos no ha informado de la existencia de sus bienes expoliados en Salamanca".\nLa entidad afirmó que sólo considerar legítima la reivindicación realizada por la Generalitat "choca frontalmente con el contenido y el espíritu" del dictamen de la comisión de expertos y "desmintiría la voluntad del Gobierno de querer ayudar a curar las heridas de la guerra civil y rehacer los archivos republicanos".\nSe abrió la caja de los truenos. La ministra de Cultura, Carmen Calvo, anunció el 28 de diciembre que el Gobierno aceptaba la recomendación de la Comisión de Expertos creada por el Patronato del Archivo General de la Guerra Civil y que, por tanto, iniciaba el procedimiento por el que Salamanca devolverá a la Generalitat los documentos que las tropas franquistas se incautaron en Cataluña en enero de 1939. La polémica estalló de inmediato. Diez de los 17 expertos que han elaborado el informe hablan del desafío que ha supuesto pronunciarse sobre una materia cargada de contenidos simbólicos, y Javier Tusell realiza un recorrido por los otros archivos donde se encuentran los papeles de la Guerra Civil.\nEl informe remitido por la comisión de expertos a la ministra Carmen Calvo tiene 68 páginas y se divide en cuatro secciones. La primera detalla los antecedentes históricos de la situación. La firman Juan Pablo Fusi, Borja de Riquer, Julio Valdeón, Eugenio García Zarza y Edward Malefakis. La documentación que ahora se reclama se incautó en 1939 y fue trasladada a Salamanca, al depósito de la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentación que tenía como misión fundamental facilitar la represión. Algunos papeles fueron destruidos y otros salieron del archivo, por ejemplo, para servir de pruebas en la Causa General instruida por la Fiscalía del Tribunal Supremo en los años cuarenta.\nLa segunda ofrece una perspectiva archivística. Rosa López Alonso, que redactó esta sección junto a Pedro González García, Angels Bernal y José Ramón Cruz Mundet, explica que "se nos pidió que fuéramos breves y eso hicimos". En 15 puntos (tres páginas) valoran los antecedentes de la cuestión y recuerdan que el principio fundamental de la archivística es el "principio de procedencia" que vincula los documentos con "las personas físicas o jurídicas que los generaron y acumularon en el ejercicio de sus funciones". También se detallan las facilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información para resolver los problemas técnicos de la devolución y se termina con una propuesta de actuación.\nLa tercera parte del informe, el apartado jurídico, provocó la polémica. No tanto por su contenido, sobre el que no se ha escuchado ninguna queja, como por la forma en que fue presentado. García Zarza comenta que no hubo oportunidad de leerla, mientras que Mayor Zaragoza asegura que ofreció la posibilidad de continuar la reunión unos días después, pero no obtuvo respuesta. Sea como fuere, el informe jurídico viene a decir que la Generalitat ha ejercido su derecho a reivindicar los bienes muebles incautados en tiempo y forma. El profesor Tomás de la Quadra-Salcedo, que redactó esta sección junto con Pedro Cruz Villalón y Josep Cruanyes pide calma y "que se lea el informe antes de hablar".\nLa última parte, las conclusiones, aconsejan la devolución de las 507 cajas de la Generalitat y proponen que se cree un gran centro documental de la Guerra Civil y de la represión franquista en Salamanca. En la página web de la Confederación de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas (www.anabad.org) puede encontrarse una versión prácticamente definitiva del informe.\n*Fuente : El País, Cultura. 9 de Diciembre de 2005\nAsturias fue la primera provincia en duplicar los documentos, tarea que llevó casi una década\nEl Archivo Histórico de Asturias alberga 1.590 rollos de microfilmación que reproducen todos los documentos asturianos de la guerra civil que fueron incautados y trasladados a Salamanca. Las copias se concluyeron en 1998, tras siete años de trabajos, fruto de un convenio suscrito en junio de 1991 entre el Principado y el Ministerio de Cultura. Este importante legado documental forma parte desde entonces de los fondos del Archivo Histórico de Asturias, donde es objeto de consulta diaria por investigadores y particulares. Asturias no planteará ninguna reclamación para la devolución de los papeles originales, a diferencia de lo que ha hecho Cataluña.\nAsturias fue la región pionera en solicitar un duplicado del importante volumen de documentación que el franquismo incautó en Asturias tras la caída del Frente Norte, en el otoño de 1937, y que, una vez centralizado en el Archivo de Salamanca, sirvió a la dictadura como fuente de información crucial para llevar a cabo la represión posbélica.\nEn esa documentación se encuentra la totalidad de los papeles incautados al Consejo Soberano de Asturias y León -el Gobierno Interprovincial que fue titular de la legitimidad republicana-, así como los archivos requisados a partidos políticos, sindicatos y organizaciones masónicas, a los tribunales republicanos de la región -caso del Tribunal Popular de Gijón-, y otros fondos de documentación bélica.\nLos documentos de la guerra civil depositados en Salamanca y de los que los de origen asturiano constituyen una de las secciones regionales más voluminosas no constituyen, en absoluto, la totalidad de los fondos archivísticos existentes en España sobre ese período histórico y la inmediata posguerra. Tal y como apunta el ex presidente del Principado Juan Luis Rodríguez-Vigil, que en la actualidad realiza un acopio de información sobre documentación asturiana en distintos archivos nacionales, y como corrobora la directora del Archivo Histórico de Asturias, Concepción Paredes, la documentación sobre la guerra civil española está repartida en distintos archivos y no reunida sólo en el de Salamanca.\nParte del acopio documental sobre la guerra se halla en el Archivo Histórico Nacional, en Madrid, así como en distintos archivos militares, caso de los de Segovia y Ferrol, donde se custodian las causas militares incoadas a los desafectos. Al Archivo Militar del Ferrol se trasladó en 1998 la documentación histórica que se custodiaba en el Gobierno Militar de Asturias, lo que generó entonces una notable controversia en el Principado. Esta documentación se refiere tanto a la guerra civil como a la Revolución de 1934.\nEl Archivo de Salamanca reúne, por consiguiente, sólo la documentación confiscada a organizaciones políticas, sindicales y culturales de izquierdas y a organismos políticos republicanos, así como informes policiales y de la Guardia Civil sobre personas y organizaciones, amén de otros documentos análogos sobre los perdedores de la guerra, caso de denuncias, depuraciones, sentencias y penas. Por tanto, «aunque acabó denominándose Archivo General de la Guerra Civil, no lo es», como precisa Rodríguez-Vigil, quien matiza: «El Archivo de Salamanca se formó a partir de la documentación que obraba en poder del Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo».\nA ese material se sumó la documentación oficial intervenida a la Generalitat de Cataluña y al Consejo Soberano de Asturias y León, entre otras instituciones republicanas, cuyo contenido tenía un alto valor para el nuevo régimen, no sólo como botín de guerra, sino, sobre todo, por ser una fuente valiosa de información. Hasta los años 70 del pasado siglo el entonces Ministerio de la Gobernación consultaba sistemáticamente los varios millones de fichas individuales existentes en los archivos de Salamanca antes de autorizar la concesión de un pasaporte.\nLa negociación de un convenio con el Ministerio de Cultura para que Asturias pudiese duplicar mediante microfilmación la documentación del Consejo Interprovincial de Asturias y León, así como el resto de los papeles que habían sido llevados en camiones desde Asturias a Salamanca por los vencedores tras la definitiva caída del Frente Norte, la planteó el segundo Gobierno de Pedro de Silva al Ejecutivo nacional que presidía Felipe González en 1989, a partir de una sugerencia del histórico dirigente socialista Rafael Fernández, ex presidente de la preautonomía y primer presidente autonómico asturiano desde la entrada en vigor del Estatuto de autonomía hasta la celebración de las primeras elecciones regionales en 1983.\nEn febrero de 1989 el ya ex presidente Rafael Fernández viajó a Salamanca para visitar el archivo de la guerra con la finalidad de consultar información de carácter republicano. Su sorpresa fue encontrarse con una riqueza documental mucho más amplia e importante de lo que se había imaginado. Rafael Fernández informó de su hallazgo a su sucesor en la Presidencia de Asturias, Pedro de Silva, mediante una carta fechada el 24 de febrero, en la que le detalla la importancia de la documentación asturiana depositada en Salamanca («de 2.000 a 3.000 legajos», precisa) y la conveniencia de negociar un convenio con el Gobierno central para obtener copia de ese valioso fondo. Como asegura la directora del Archivo Histórico de Asturias, Concepción Paredes, «Asturias fue una de las regiones en las que se incautó más documentación» y, por consiguiente, se trata de uno de los ámbitos territoriales sobre los que el Archivo de Salamanca es más rico.\nEl 1 de marzo de 1989, siete días después de la carta enviada por Rafael Fernández a su sucesor, la Presidencia del Gobierno de Asturias dio traslado de la misiva a la Consejería de Cultura, a la que encomendó la apertura de contactos con el Ministerio de Cultura para llevar a cabo la propuesta de Rafael Fernández.\nLa negociación del convenio, y sobre todo su formalización jurídica, fue dificultosa y consumió casi dos años, a lo largo de los cuales intervinieron varias veces los servicios jurídicos del Estado y del Principado de Asturias, que plantearon diversas modificaciones de forma y fondo.\nAl fin, el convenio fue suscrito en junio de 1991 en Madrid por el presidente de Asturias Pedro de Silva y el entonces ministro de Cultura Jorge Semprún.\nLa Consejería de Cultura contrató a dos becarios y habilitó una partida presupuestaria para afrontar la tarea, que se prolongó durante casi una década. Los becarios procedieron durante dos años a la ordenación, la clasificación, la catalogación y la descripción de los fondos y, posteriormente, se contrató a dos empresas, primero una de Gijón y luego otra de las cuencas mineras, para llevar a cabo la microfilmación, que culminó entre 1998 y 1999. Durante ese largo proceso una comisión paritaria formada por personal del Principado y del Estado se reunió anualmente en Salamanca para verificar la marcha de los trabajos.\nEse material suma hoy 1.590 rollos microfilmados. Y aunque constituye una pequeña parte del Archivo Histórico de Asturias, que cuenta con 14 kilómetros de estanterías con legajos, es uno de los fondos que más peticiones de consulta recibe. Los archivos de la guerra civil procedentes de Salamanca son consultados a diario por investigadores y particulares y, según Concepción Paredes, «hay tanta demanda que suele haber peticiones con mucha antelación y lista de espera».\nEse interés responde a fines históricos y académicos, pero también a motivaciones personales. No pocas pensiones de viudas de la guerra, de carabineros de la República o de represaliados por el franquismo han podido tramitarse merced a esta documentación, como asegura Juan Luis Rodríguez-Vigil y corrobora Concepción Paredes. En otros muchos casos las consultas obedecen, explica la directora del Archivo Histórico de Asturias, al deseo de ahondar en el conocimiento de las circunstancias familiares y el destino que sufrieron parientes cercanos durante la guerra fraticida y los posteriores años de posguerra.\n*Fuente : La Nueva España, 10 de enero de 2005\nEl Archivo de la Guerra Civil de Salamanca conserva documentación confiscada durante el franquismo de un total de 188 poblaciones de la Comunidad Valenciana. De estos municipios, 38 han aprobado en sus ayuntamientos mociones para exigir la devolución de este material. La Generalitat Valenciana, sin embargo, se ha negado a reclamar los legajos, después de que el PP en las Cortes manifestara la voluntad de exigir el retorno. El Gobierno socialista, por su parte, sólo ha aceptado devolver los documentos pertenecientes a la Generalitat de Cataluña, arguyendo que sólo esa institución tiene legitimidad para recibirlos al ser propietaria de los papeles y estar constituida en la época del expolio, estableciendo un corte de dudoso criterio. Dudoso porque presenta una lectura reduccionista del informe elaborado por el Comité de Expertos -y acaso vulnera su espíritu o contenido-, porque choca con la recomendación de la Unesco que pide la devolución de los botines de guerra y porque restringe y parcela el «proceso de expolio documental», dejando fuera a municipios, particulares e instituciones de Baleares, Aragón, Euskadi o la Comunidad Valenciana. Ante el enroque del Gobierno y su negativa a negociar otras devoluciones al margen de la Generalitat catalana, no soprendente que partidos como Izquierda Unida hablen de «privilegio» y «discriminación», que la Comissió de la Dignitat recuerde que la voluntad de reclamar documentos no prescribe por más que los gobiernos autonómicos -entre ellos el Consell- eludieran en su día la petición o no disfrutaran de estas instituciones en el período de la República y el mismo PSPV haya plantado cara a la decisión del Gobierno socialista, exigiendo los legajos.\n*Fuente : LEVANTE, 10 DE ENERO DE 2005\nMuy recientemente el Gobierno de la nación ha accedido a entregar a Cataluña lo que se llaman «los papeles de Salamanca», es decir, aquellos fondos documentales que expoliados en Cataluña tras la guerra civil formaban parte desde 1937 del Archivo Histórico Nacional con sede en Salamanca. En ese Archivo, en la sección «Guerra Civil», hay documentación sobre dos temas: sobre la masonería, donde figuran datos sobre 180.000 masones españoles, y otra parte más amplia en la que se puede consultar la documentación incautada a todo tipo de instituciones y organizaciones republicanas y también a particulares. Lógicamente, Asturias y la ciudad de Gijón tienen allí su protagonismo. Existen los «papeles de Gijón», con miles de notificaciones administrativas, libros de actas, partes de defunciones, de deserciones, discursos, sentencias de cárcel o de muerte, partes de incautaciones, periódicos, fragmentos de los archivos particulares de Ramón González Peña y Lisardo Doval Bravo. Abundan los datos sobre los «niños de la guerra», sobre la logia masónica «Jovellanos» y otras logias locales, sobre el Partido Socialista, el Partido Comunista, las Juventudes Socialistas Unificadas, la CNT, los comités de guerra de los distintos barrios de Gijón, sobre Socorro Rojo Internacional, el Ateneo Obrero y sobre otras organizaciones.\nLos archiveros Ángel Argüelles Crespo y Vicente Siegrist Trelles, ya hace unos cuantos años, han realizado una labor que ha dado como consecuencia que todos esos papeles puedan ser consultados en Asturias sin necesidad de desplazarse a la capital castellana. En rollos de microfilm, toda esa documentación se encuentra en el Archivo Histórico de Asturias, en Oviedo, pero el inventario sobre esos fondos republicanos que fueron incautados en Gijón en 1937 también está reunido en la ovetense Biblioteca Pública «Pérez de Ayala», donde se puede consultar en formato CD. Por su parte, una relación parcial de ellos se puede ver en el Archivo Municipal de Gijón, en Cimadevilla.\nEsos fondos asturianos fueron confiscados fundamentalmente en las cuencas mineras y en Gijón, y lo fueron a cargo de la Delegación Nacional de Servicios Documentales que Franco creó en el año 1937 «para recoger, analizar y catalogar todo el material de propaganda de todas clases que el comunismo y sus organizaciones adláteres hayan utilizado para sus campañas en nuestra patria». Podemos decir que a partir del día 20 de octubre de 1937, cuando termina la guerra civil en Gijón, se realizaron en Asturias noventa y dos registros de incautación -ya dijimos, a organizaciones sociales y políticas y a particulares-, y que esa voluminosa documentación se mandó a Salamanca, ocupando dos vagones de tren. Por tanto, allí llevan esos documentos originales más de sesenta y siete años.\n¿De qué cantidad estamos hablando? Estamos hablando de más de 1.500 rollos de microfilm, con una cantidad total de folios que nos es difícil calcular pero que resulta, evidentemente, muy grande. Sirvan como datos decir que hay expedientes que tienen más de 200 páginas y que el índice alfabético del inventario (onomástico, de organizaciones y temático) contiene nada menos que 10.000 entradas que nos remiten al microfilm que contiene la documentación buscada. Existen algunos trabajos de investigación, que también se pueden consultar en Asturias, sobre los «papeles de Salamanca» no asturianos. Se trata de los relativos a Cataluña, Baleares y Euskadi, pero es posible que sea la nuestra la primera comunidad autónoma que ha digitalizado la totalidad de los documentos que le conciernen, y eso ya hace 10 años.\nLa postura del Principado, que ha patrocinado en su momento la microfilmación de los documentos, parece lógica y no ha creado ningún problema entre los investigadores y las personas interesadas en el tema: que los documentos originales permanezcan en Salamanca y que las copias, con la totalidad de la documentación relativa a Asturias, puedan ser consultadas aquí. Hay que recordar que existe un servicio inter-bibliotecario mediante el cual los fondos depositados en la Biblioteca ovetense «Pérez de Ayala» pueden ser solicitados y consultados en la Jovellanos de Gijón. Tenemos la impresión de estar desinformados sobre multitud de facetas que aparecen en esos «papeles asturianos» de Salamanca y, por lo tanto, resta mucha tarea a desarrollar para quien quiera conocer (y después hacernos partícipes a los demás) esa parte de nuestra historia aparentemente tan estudiada. Es de justicia citar a Víctor Guerra, Rubén Vega y Francisco Erice como algunos de los investigadores que sí manejaron, al menos parte, esa inmensa documentación y la incorporaron a varias de sus publicaciones.\n¿Una exposición, en Gijón, con alguno de los documentos originales relativos a Asturias y que están conservados en Salamanca? Buena idea.\nAlgunas pistas para la investigación:\n-Argüelles Crespo, Ángel y Siegrist Trelles, Vicente: fondos judiciales republicanos de Asturias en el Archivo Histórico Nacional de Salamanca, sección «Guerra Civil». 1991. Consulta en la Biblioteca Pública «Pérez de Ayala», de Oviedo. AST 1328.\n-Argüelles Crespo, Ángel y Siegrist Trelles, Vicente: fondos de la sección «Político-Social» en el Archivo Histórico Nacional de Salamanca. 1992. Consulta en el Archivo Municipal de Gijón y en la Biblioteca Pública «Pérez de Ayala», de Oviedo. AST 1262.\n-Argüelles Crespo, Ángel y Siegrist Trelles, Vicente: memoria del trabajo: fondos de la sección «Político-Social» del Archivo Histórico Nacional de Salamanca. 1992. Consulta en el Archivo Municipal de Gijón.\n-Argüelles Crespo, Ángel y Siegrist Trelles, Vicente: inventario de los fondos judiciales del Archivo Histórico Nacional de Salamanca, sección «Guerra Civil». 1995. Consulta en el Archivo Municipal de Gijón.\n-Argüelles Crespo, Ángel y Siegrist Trelles, Vicente: fondos relativos a Asturias en el Archivo General de la Guerra Civil española de Salamanca. Microfilmes. 1995. Consulta en el Archivo Histórico de Asturias.\n-Cruanyes, Josep: los papeles de Salamanca. El expolio del patrimonio documental de Cataluña (1938-1939). Ediciones 62, Barcelona, 2003.\n-García, Eduardo: «Los papeles de la guerra». Diario LA NUEVA ESPAÑA, 9 de abril de 1995.\n-Fernández, Georgina: «El regreso de los papeles rojos». Diario «La Voz de Asturias», 26 de febrero de 1995.\n-Justicia en guerra. Jornadas sobre la administración de justicia durante la Guerra Civil española. Instituciones y fuentes documentales. Archivo Histórico Nacional, sección «Guerra Civil», en Salamanca. Ministerio de Cultura, Madrid, 1990. Consulta en el Archivo Histórico de Asturias, Oviedo. ARM 5 / 004 y ARM 8 / 113 y en la Biblioteca Pública «Pérez de Ayala», Oviedo. AST 17528.\n-Ortiz Albear, Natividad y Casado Vázquez, Mercedes: inventario de los fondos masónicos de Cataluña y Baleares en el Archivo Histórico Nacional de Salamanca. Dirección de Archivos Estatales, Madrid, 1993. Consulta en el Archivo Histórico de Asturias, Oviedo. ARM 6 / 192 (I-IV) y ARM 4 / 366 (I, III).\n-Pérez Las Clotas, José Ramón: «Los papeles de Salamanca y las chekas de Barcelona». Diario LA NUEVA ESPAÑA, 2 de enero de 2005.\n-Turrión García, María José: «La biblioteca de la sección Guerra Civil del Archivo Histórico Nacional (Salamanca)». Boletín del año 1997 de la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos y Documentalistas (ANABAD).\n-Vargas Alonso, Francisco Manuel; Elordi Jáuregui, Juan Bernardo e Ibáñez Ortega, Norberto: inventario de los fondos documentales vascos en el Archivo Histórico Nacional de Salamanca. Departamento de Cultura del Gobierno vasco, Vitoria, 1995. Consulta en el Archivo Histórico de Asturias, Oviedo. ARM 7 / 080.\n*Fuente : La Nueva España, 14 de enero de 2005\nJosé Miguel Sebastián Carrero, abogado de la familia Ossorio Gallardo\nAsistimos desde hace meses a una polémica lamentable, a partir de la defensa cerril que hace el alcalde de Salamanca de los papeles (depositados por el Estado en el antiguo Convento de San Ambrosio), tras la decisión del Gobierno de Rodríguez Zapatero de cumplir lo acordado por Felipe González en 1995, en orden a devolver a la Generalitat de Cataluña los fondos documentales expoliados por el franquismo en 1939.\nNo queremos reiterar la historia del supuesto Archivo General de la Guerra Civil, contada estos días profusamente. Lo que nos preocupa de todo este asunto es -en las dos posturas políticas confrontadas- la falta de respeto para las víctimas de la represión (origen del citado y siniestro almacén de documentos).\nEs decir, ni en el patronato creado por la ministra del PP, Pilar del Castillo, ni en la comisión de expertos, están representados los propietarios legítimos de los fondos documentales, es decir: partidos políticos, sindicatos, ateneos republicanos y libertarios, logias masónicas y particulares. Entre los últimos, el caso más sangrante de expolio de todo tipo de bienes es el de don Ángel Ossorio y Gallardo, ministro, decano del Colegio de Abogados de Madrid, diputado constituyente en 1931 y embajador de la Segunda República en los años de la Guerra Civil, además de abogado de Manuel Azaña cuando éste fue encarcelado en 1934. Aparte de sufrir la incautación de su vivienda madrileña y su conocida finca de recreo en Cubas de la Sagra, al bueno de don Ángel le fueron robados su gran biblioteca y su archivo profesional de más de cuarenta años de ejercicio al servicio de la justicia.\nDice Javier Tussell en su artículo (EL PAÍS, 9 de enero) que no entiende por qué su descendencia no los ha reclamado ya. No le falta razón, pero lo cierto es que otra de las secuelas de la Guerra Civil española fue el exilio, y los familiares de don Ángel Ossorio residen desde 1938 en Argentina, último destino de embajador del ilustre jurista. Sólo en fecha reciente han tenido la información precisa acerca del paradero de los bienes robados a su abuelo, a pesar de haber realizado averiguaciones en distintas ocasiones. Efectivamente van a formular la reclamación al Estado con la pretensión, no sólo de recuperar lo que les pertenece, sino de depositar los fondos en una institución afín a la trayectoria de quien fuera también presidente del Ateneo de Madrid, y así posibilitar la recuperación de su memoria con estudios y ediciones.\nPor otra parte, los argumentos del dictamen de la comisión de expertos para negar el derecho de los herederos de los particulares expoliados a que se les restituyan los documentos no se ajustan ni al derecho internacional ni a nuestro ordenamiento jurídico.\nLos fondos documentales del Archivo de Salamanca tienen su origen en unas incautaciones del régimen franquista, cuyos actos fueron declarados ilegales por las Resoluciones de la Asamblea General de la ONU 32 (I), de 9 de febrero de 1946, y 39 (I) de 12 de diciembre de 1946, y están integrados en conductas tipificadas como delitos contra la humanidad.\nSon actos violentos de despojo, no amparados por ninguna norma jurídica. Por tanto, no puede argumentarse que la posesión continuada por el Estado de esos documentos haya generado una prescripción adquisitiva a favor de la Administración respecto de los mismos, ya que, conforme a nuestro Código Civil, los actos ejecutados con violencia no aprovechan para la posesión, y sin posesión no puede haber usucapión.\n*Fuente : El País, Opinión. 14 de Enero de 2005\nLA BATALLA DEL ARCHIVO DE SALAMANCA\nLa reciente pero también inacabable disputa acerca de los papeles de la Generalitat existentes en Salamanca ha hecho olvidar que ésos son sólo una parte de la documentación existente acerca del periodo. Cabría también decir que no son tampoco los más importantes. Conviene, pues, examinar la cuestión para situar el debate en sus términos y, además,para tener en cuenta la labor que la Administración podría llevar a cabo si quisiera disponer de un centro de estudios acerca de esta etapa.\nEs preciso comenzar por una referencia al estado de los archivos públicos españoles, a muchos años luz de la mayoría de los europeos, a pesar de que éstos tampoco pueden ser calificados como modélicos. La productividad del trabajo del usuario -el historiador- resulta muy inferior en el caso español que, por ejemplo,en el británico. La falta de personal hace que la consulta sea lenta y aún más el servicio de fotocopia. Pero sobre todo los archivos españoles apenas hacen otra cosa que conservar y clasificar lo que ya tienen. No pueden, en cambio, realizar la labor positiva de buscar la nueva documentación.\nEn estas circunstancias, el Archivo de Salamanca responde a unas características especiales. En realidad lo propiamente bélico es, en él, escaso. Se trata de una parte de la confiscación realizada por los vencedores en la Guerra Civil, a medida que iban conquistando el conjunto de España, de aquella documentación que les iba a servir para un propósito represor. Como tal, el archivo tiene una difícil justificación en el momento actual: merecería la pena reconocerlo sin más. Pero lo que es también dudoso es que, si los centenares de ayuntamientos, sindicatos y organizaciones políticas incautadas exigen la devolución de sus documentos, eso resulte conveniente desde el punto de vista cultural. Los 507 legajos incautados a la Generalitat tienen una importancia limitada;hay otros que la pueden tener mayor relativos a Cataluña. En cuanto a los papeles privados que han acabado por parar en Salamanca, los hay de lo más variopinto: figuran allí, por ejemplo, los de Ossorio, Martínez Barrio, Lerroux y los del primer lehendakari, José Antonio Aguirre. No se entiende por qué su descendencia o el Gobierno vasco no los ha reclamado ya.\nLos papeles relativos a las operaciones bélicas de los dos bandos están depositados en los archivos militares, principalmente en Ávila. En estrictos términos, el archivo de la Guerra Civil está,pues, en esta ciudad castellana y no en la otra. Parecen estar bien conservados y clasificados y proporcionan frecuentes sorpresas como, por ejemplo, información acerca de los conatos de disidencia política falangista fácilmente controlados por las autoridades militares. Algunos de los últimos libros importantes escritos acerca de la Guerra Civil han utilizado estos fondos para narrarnos la vida cotidiana durante estos tres años. Todo este enorme volumen de información les sirvió a buenos historiadores militares franquistas (Salas, Martínez Bande...) para elaborar una reconstrucción que hasta el momento apenas ha sido confrontada por la información del otro bando.Sin duda merece la pena someter toda esta documentación a una revisión profunda.\nEl resto de la documentación acerca de la Guerra Civil española, muy importante en volumen,se halla disperso en archivos públicos y privados. No hay un auténtico criterio cronológico o temático que lo justifique en los primeros. En el Archivo Histórico Nacional, actualmente saturado, se incorporaron papeles procedentes de otras entidades públicas, pero también de procedencia privada, aunque los nuevos ingresos parecen haberse detenido a comienzos de los años ochenta.El más importante filón documental fue la llamada Causa de la Cruzada, destinada a convertirse en un corpus documental descriptivo de la barbarie en la retaguardia de los vencidos. Por supuesto no es imparcial, pero proporciona buena información.Los archivos privados que se suman a este fondo proceden de donaciones privadas o de compra, principalmente de personas de significación izquierdista (Martínez Barrio, general Rojo, Azaña, Araquistain). La documentación relativa a la política exterior de ambos bandos está en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Se conserva bastante completa y es una lástima que haya sido muy poco utilizada por autores extranjeros, probablemente por pura ignorancia. A veces aparece en ella alguna información de carácter político: por ejemplo, relativa a la posición política de Franco después de la proclamación de la República. Ignoro si seguirá sucediendo así, pero en Presidencia de Gobierno, es decir, a unos centenares de metros del despacho de Rodríguez Zapatero, se encontraban los papeles de la Junta Técnica de Estado, es decir, el primer artilugio administrativo ideado por los sublevados para ordenar su retaguardia. Aunque el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares tiene especial interés para la época franquista, contiene también datos para la precedente. No hay razón alguna por la que esta información tenga que estar dispersa en tantos depósitos que, a base de disponer de poco espacio y personal y de escasa especialización, multiplican las dificultades de los investigadores.\nPero, además, tampoco favorecen la de los archiveros que debiera consistir en la incorporación de nuevos fondos y la posterior clasificación de los mismos. Resulta significativo lo que ocurre en la actualidad con la evolución política del bando sublevado desde la conspiración hasta el final del conflicto. Todo eso no se puede historiar en la actualidad sin el recurso a la documentación privada que, de una u otra manera, debiera concluir por estar bajo patrocinio público. De los generales de Franco, al menos Kindelán, Varela y Solchaga tuvieron un archivo propio o redactaron unas memorias; es probable que así sea también en muchos otros casos. La política interna del movimiento carlista se puede seguir en el archivo Fal Conde (Sevilla) o siguiendo la pista de los eruditos del tradicionalismo (Del Burgo) o de familias de esta significación política (Rodezno, por ejemplo). De todos quienes desempeñaron un papel político importante en el bando franquista hay un archivo importante (Pemán), unos papeles familiares dispersos (Martínez Anido), unos diarios (Jordana) o una información oral procedente de sus descendientes. Con todo ello se debiera hacer lo mismo que han llevado ya en gran parte los partidos y organizaciones sindicales de izquierda quienes han perseguido con tenacidad esta información hasta conseguir integrarla en sus fundaciones (Pablo Iglesias, Largo Caballero...). Algo parecido ha hecho, por ejemplo, el Arxiu Nacional de Catalunya tras una amplia labor de persecución del censo de políticos catalanes de los años treinta. La documentación anarquista permanece en el Instituto de Historia social de Amsterdam.\nFinalmente, una buena parte de la información acerca de la Guerra Civil española, la relativa a los aspectos internacionales del conflicto, se encuentra en archivos extranjeros. Ha dado lugar a monografías acerca de la relación entre cada país y la España azotada por la Guerra Civil. Lo más reciente e interesante procede de la apertura de los antiguos archivos soviéticos que ha permitido la determinación del volumen y calidad de la ayuda soviética, así como de su influencia política (Elorza-Bizcarrondo, Howson, Kowalski, Payne...). Pues bien, por desgracia, no existe en España una institución dedicada a la investigación que posea las colecciones documentales, impresas, microfilmadas o digitalizadas, editadas por los diversos países. No cabe la menor duda de que podría prestar una gran ayuda a los investigadores españoles.\n*Fuente : El País. 9 de Enero de 2005\nEntre Salamanca y La Palma\nJose Melquiades López Meleros\n* José Melquíades López Mederos fue diputado autonómico y es catedrático de Geografía e Historia.\nEl Gobierno recurrirá las leyes de la Junta relativas al archivo\nLa ministra de Cultura, Carmen Calvo, advirtió ayer al alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, que «deberá cumplir la ley» o, de lo contrario, «le esperan los tribunales». La ministra recordó que «España es un Estado constitucional y de derecho» y que los cargos públicos «deben cumplir las leyes les gusten o no, empezando por el presidente del Gobierno y terminando por el último alcalde y concejal. No hay más vuelta de hoja».\nRespecto al informe realizado por la Real Academia de la Historia, Calvo partió del «respeto absoluto» hacia esta institución que se ha pronunciado, en este caso, a instancias del Gobierno de Castilla y León y mostró su «satisfacción» porque, en su opinión, «la posición de este informe, en sus líneas principales, coincide con la que en el ministerio ha sostenido, especialmente cuando recuerda que hemos de lanzar un mensaje claro en materia de fondos documentales, de archivos estatales, que no deben estar en la danza política ni en las transferencias». Asimismo señaló que el Parlamento de Castilla y León ha hecho dos leyes que Cultura recurrirá, porque las considera «inconstitucionales». «Los archivos están para servir a la memoria colectiva de los españoles y para cerrar heridas y, como reconoce la Real Academia de la Historia, esta herida viene de muy atrás y hace 25 años que se está planteando este asunto que tiene un trasfondo político y un tratamiento jurídico», señaló Calvo, alegando que no entiende esas «reivindicaciones localistas y numantinas que son cortinas de humo para hacer política en términos demagógicos y fáciles». Carmen Calvo dijo también que en un próximo Consejo de Ministros se articulará el artículo 64 de la Ley de Patrimonio Histórico para declarar de utilidad pública el Palacio de Orellana que permitirá la ampliación del archivo.\n*Fuente : Levante. 28 DE ENERO DE 2005\nEUROPA PRESS E. P./MADRID La ministra de Cultura, Carmen Calvo, advirtió ayer al alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, de que «deberá cumplir la ley» o de lo contrario «le esperan los tribunales», en alusión a la oposición del regidor a la salida de papeles del Archivo de la Guerra Civil de la ciudad con destino a Cataluña. Carmen Calvo hizo esa afirmación en el transcurso de una entrevista en la que además recordó que «España es un Estado Constitucional y de Derecho» y que los cargos públicos «deben cumplir las leyes, les gusten o no, empezando por el presidente del Gobierno y terminando por el último alcalde y concejal. No hay más vuelta de hoja», manifestó.\nCalvo comparó la polémica por el archivo con la consulta sobre la autodeterminación del País Vasco que planea convocar el lendakari. «¿Va a poder Ibarretxe convocar un referéndum? Pues cuando lo convoque incurrirá en la ilegalidad y los mecanismos de un Estado de Derecho entrarán en marcha. Lo mismo pasa con el resto de los ciudadanos españoles y de los cargos públicos, que deberíamos de dar ejemplo moral de que acatamos y cumplimos las leyes», sentenció la ministra.\nComo ejemplo de ello, Carmen Calvo recordó que los cargos públicos socialistas vienen «acatando» un Código Penal que el PP reformó mediante la Ley de Acompañamiento y en el Senado, «lo cual, como jurista, considero que es una de las cotas de la barbaridad jurídica más grandes en un Estado de Derecho. Hay que cumplir las reglas de juego», apuntó.\nRespecto al informe sobre los legajos de la Guerra Civil realizado por la Real Academia de la Historia, Calvo recordó en primer lugar que esta institución se ha pronunciado a instancias de la Junta de Castilla y León. A continuación mostró su «satisfacción» porque, en su opinión, «coincide en sus líneas principales con la posición que el Ministerio ha sostenido, especialmente cuando recuerda que hemos de lanzar un mensaje claro en materia de fondos documentales, de archivos estatales, que no deben estar en la danza política ni en las transferencias».\nRecurso contra dos leyes\nLa responsable de Cultura señaló, por otra parte, que las Cortes de Castilla y León han aprobado dos leyes en defensa del archivo que su ministerio recurrirá, porque las considera «inconstitucionales ya que, justamente, van en contra de lo que dice el informe de la Real Academia». «Castilla y León asume una competencia que no tiene al tratar de dejar en el ámbito competencial de su comunidad un archivo que es de todos los españoles», sentenció.\n«Los archivos están para servir a la memoria colectiva de los españoles y cerrar heridas y, como reconoce la Real Academia de la Historia, esta herida viene de muy atrás y hace 25 años que se está planteando este asunto que tiene un trasfondo político y un tratamiento jurídico», señaló Carmen Calvo, que alegó que no entiende esas «reivindicaciones localistas y numantinas, que son cortinas de humo para hacer política en términos demagógicos».\nPreguntada por cuándo se realizaría la devolución a la Generalitat de Cataluña, Calvo explicó que el único plazo que tenía que cumplir el Gobierno era el referente a la toma de una decisión, cosa que hizo en diciembre.La consejera de Cultura y Turismo de la Junta, Silvia Clemente, aseguró ayer que la ministra de Cultura, Carmen Calvo, ha rechazado la posibilidad de abordar la cuestión del Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca durante la reunión que ambas mantendrán mañana en Madrid, un hecho que Clemente calificó de «preocupante».\n«La ministra se ha negado a hablar con Castilla y León del Archivo de Salamanca», indicó la consejera, para quien este rechazo implica que «el Gobierno de la nación no quiere hablar con el Gobierno de la región acerca de un asunto que forma parte de su patrimonio histórico».\nPuesto que la Junta no podrá «exponer la opinión y valoración» de Castilla y León sobre la posible devolución de legajos del archivo a Cataluña, el encuentro servirá para tratar otras cuestiones. Entre ellas, las obras que el Ejecutivo autonómico espera realizar en el marco del Plan de Catedrales -«en el que deseamos en el Ministerio de Cultura tenga una aportación», apuntó Silvia Clemente-, o las actuaciones que planea llevar a cabo en torno al 1% cultural, «que también queremos que se desbloqueen», indicó la consejera de Turismo.\n*Fuente: Norte Castilla.es, 30 de enero de 2005\nLa ministra de Cultura, Carmen Calvo, rechazó ayer hablar sobre el Archivo de Salamanca de forma bilateral con la consejera del área de Castilla y León, Silvia Clemente, alegando que este asunto debe ser tratado en el Patronato del Archivo de la Guerra Civil. La ministra y la consejera se reunieron ayer para tratar diversos asuntos relacionados con el patrimonio artístico y cultural de esa comunidad, entre los que Clemente pretendía incluir la polémica sobre el traslado de los papeles de Salamanca a Cataluña.\nLa ministra, en declaraciones posteriores en otro acto, y preguntada sobre si en la reunión con la consejera se había hablado del Archivo de Salamanca, indicó que es en su patronato donde se habla de este asunto por respeto a todos los patronos. "El otro día vino el rector de Salamanca a hablar conmigo, que es patrono, y tampoco hablamos de ese tema porque ese es un asunto que se resuelve en su patronato", añadió la ministra, quien reiteró que éste "no es un asunto de confrontación ni de Castilla y León con Cataluña, ni del Gobierno de la nación con Cataluña, ni con Castilla ni con nadie".\nPor su parte, la consejera Silvia Clemente, quien trasladó a Calvo su queja por no haber accedido a hablar del Archivo, replicó a la ministra que el Gobierno regional "no es equiparable a cualquier entidad" representada en el Patronato del Archivo de la Guerra Civil. En declaraciones a los medios tras la reunión, subrayó que la junta representa a 2,5 millones de habitantes, "y además tiene la responsabilidad en materia de patrimonio histórico de su territorio", por lo que trasladó a la ministra "la importancia que tiene nuestra voz, nuestra opinión y nuestra competencia en esta materia". Clemente recordó que el pasado 17 de enero 11 comunidades elaboraron una declaración conjunta a favor de la unidad del Archivo. La consejera subrayó que existe un "debate absolutamente político y sectario acerca del Archivo de Salamanca que no se está dando respecto de otros archivos".\nMientras tanto, el Gobierno de Castilla y León espera que el Ministerio declare Bien de Interés Cultural, con la categoría de sitio histórico, al edificio de San Ambrosio, que actualmente alberga el Archivo de Salamanca. Esta propuesta fue formulada en diciembre ante el Ministerio de Cultura y avalada por 23 historiadores.\n"Esta proposición, que tiene un aval técnico, determinaría la inamovilidad de todos los bienes si es contestada afirmativamente. Si no es contestada, recurriremos a la vía judicial. Entonces sería el juez el que determine la posible incoación de esa declaración con lo que se produciría la inamovilidad de todo lo que hay en el colegio de San Ambrosio", explicó Clemente. "Una visita de la ministra al Archivo aportaría conocimientos nuevos y más certeza de por qué no deben salir los documentos del Archivo, porque toda la documentación está interconectada", agregó la consejera.\n*Fuente: El País, 01 de febrero de 2005\nJ. G. DEL M. - Valencia\nLa diputada de IU por Valencia, Isaura Navarro, comunicó ayer el aplazamiento del debate de la proposición no de ley que reclama la devolución de los papeles de Salamanca -que ayer tenía que ser debatida en la comisión de Cultura del Congreso- ante la posibilidad de negociar con el PSOE al respecto. Navarro evitó así que su iniciativa fuera rechazada, pues el PSOE tenía previsto abstenerse y el PP iba a votar en contra. La proposición volverá a ser debatida en marzo, junto con una iniciativa parecida impulsada por el PNV. Navarro explicó ayer que, por el momento, "el PSOE no muestra demasiada predisposición a que vuelvan los papeles de Salamanca", y advirtió: "El tema es lo suficientemente importante como para abrir un periodo de negociación". La diputada de izquierdas ha mantenido contactos con el portavoz socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, que por el momento "no han dado resultado".\nLa diputada apuntó que el País Valenciano no puede ser "menos que Cataluña" y recordó que más 200 ayuntamientos, las universidades valencianas y la Comisión por la Dignidad reclaman los documentos. "El PSOE habría de entender que no es posible generar este tipo de discriminaciones", dijo Navarro, quien recordó que la Comunidad Valenciana "es la que más documentos privados tiene requisados y ésta es una cuestión que tendría que ser tenida en cuenta".\nLa ministra de Cultura pide que el Archivo de Salamanca no se convierta en un "arma arrojadiza" de unos españoles contra otros\nLas Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular reclamaron hoy en el Senado un pacto de Estado para mantener íntegra la unidad de los archivos, museos y bibliotecas. Por ello, los consejeros de Cultura de las distintas comunidades expusieron sus argumentos en contra de la devolución a Cataluña de una parte de la documentación ubicada en el Archivo General de la Guerra Civil ubicado en Salamanca.\nPor su parte, la ministra de Cultura, Carmen Calvo defendió, una vez más, la restitución de los bienes incautados a Cataluña como "botín de guerra" en consonancia con el dictamen aprobado por una Comisión de Expertos integrada por archiveros, juristas e historiadores. Asimismo, señaló que el contencioso de Salamanca no es un conflicto "entre territorios y españoles" y abogó por zanjar un asunto que dura ya 25 años. "No querría que este asunto se convirtiera en un "arma arrojadiza de unos españoles contra otros", agregó.\nCalvo hizo estas declaraciones en su comparecencia en el Senado a petición del PP para explicar la disposición del gobierno a promover un acuerdo con las Comunidades Autónomas que garantice la estabilidad e integridad de los archivos y museos de titularidad estatal que alberguen bienes y documentos que tienen la consideración de patrimonio común de todos los españoles.\nEl debate comenzó con una exposición de la Ministra de Cultura en la que recordó algunas de las iniciativas de su gobierno para promover la estabilidad e integridad del Patrimonio como la creación de una Conferencia Sectorial de Comunidades Autónomas y el cumplimiento de la Ley de Patrimonio Histórico y el 1 por ciento cultural que permitirá realizar intervenciones culturales en "muchos más lugares", matizó.\nNUEVA PETICIÓN DE CASTILLA Y LEÓN\nA continuación, la Consejera de Cultura y Turismo de Castilla y León, Silvia Clemente, anunció en el Senado que prepara, siguiendo la resolución de la 37 Conferencia Internacional de la Mesa Redonda de Archivos, la solicitud de incorporar el Archivo de Salamanca al 'Registro de la Memoria de la Humanidad'. Esta solicitud, que espera sea apoyada por el Gobierno de la Nación se apoya en la relación de dicho Archivo "con la represión, las consecuencias del totalitarismo y la intolerancia" y pretende mantener la unidad y la integridad del Archivo de Salamanca.\nClemente expuso también el procedimiento "excluyente" e "inadecuado" de la legítima representación de las instituciones de Castilla y León. Por ello citó la Resolución del Congreso de los Diputados del 18 de mayo en la que se insta al Gobierno a contar "con la opinión de las instituciones catalanas y otras instituciones".\nPor su parte, la ministra de Cultura advirtió a la Junta de Castilla y León que las dos leyes promulgadas por dicha comunidad para 'blindar' el Archivo de Salamanca y evitar que salga ningún papel de su ciudad, probablemente sean declaradas "inconstitucionales". "Hay demasiadas contradicciones y paradojas en este asunto", afirmó e insistió en la necesidad de "cumplir las leyes" "guste o no guste" .\nLAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS SON ESTADOS\nEn este sentido, recogió las palabras de la UNESCO que instan a los Estados a "mantener la unidad y la integridad de sus archivos". "Las comunidades Autónomas son Estados", exclamó la ministra, y recordó a todos los senadores que Cataluña, es Estado y tiene transferidas las competencias en materia de Archivos.\nOtra de las intervenciones más esperadas fue la de la consejera de Cultura de Cataluña, Caterina Mieras i Barceló, quien repasó los principios fundamentales expuestos por la Comisión de Expertos en su informe sobre el contencioso del Archivo de Salamanca y abogó por construir junto a Salamanca "un espacio común de memoria compartida"."O consentimos un archivo sobre la base del expolio y la represión o trabajamos para crear un archivo más moderno en Salamanca que pueda representar a todos los españoles", manifestó.\nLa consejera de Cultura de Cataluña insistió en que no se trata ni de "disgregar" ni de "repartir", sino de construir un proyecto conjunto. "Por eso apoyamos la reparación o devolución a Cataluña para después poder participar en un proyecto colectivo".\nCRITICAS MÁS DURAS\nLas críticas más duras vertidas hoy en el Senado fueron de la mano de los representantes de Murcia y de la Comunidad Valenciana quienes achacaron al gobierno del PSOE las "facturas políticas" que tenía que pagar el país tras los acuerdos con partidos políticos de "corte radical". Ambos políticos se refirieron también a la derogación del trasvase del Ebro como "otra de las facturas" que había que pagar, "Creemos que para destruir patrimonio no hay ninguna razón técnica, ni política, ni histórica", señaló Fernando de la Cierva, consejero de Presidencia de la Región de Murcia.\nPor su parte, el consejero de Cultura, Educación y Deporte de la Comunidad Valenciana, Alejandro Font de Mora, anunció que su comunidad no va a reclamar "ningún papel" como manifestaron al principio de toda esta polémica porque creen en "la unidad de los archivos". Sin embargo, advirtió a la ministra de Cultura que habían abierto "la caja de pandora" para futuras reclamaciones.\nDel mismo modo, el portavoz de Cultura del Partido Popular en el Senado, Juan Van Halen, le pidió a la ministra de Cultura que no pasase a la Historia como la persona que rompió la unidad de los archivos y le recordó la necesidad de poner en marcha un acuerdo Nacional en Defensa del Patrimonio.\nNo obstante, el portavoz popular reconoció a la Generalitat un "derecho de sensibilidad" respecto a los archivos de Salamanca. "Yo, en la misma situación que Cataluña, sensiblemente lo pediría; pero es el gobierno quien tiene la obligación de salvaguardar el patrimonio común de la nación y de negarse y no lo hace", afirmó Van Halen.\nLa expoliación sufrida por Cataluña y la reparación de su legado era el argumento general esgrimido por las Comunidades autónomas que apoyaban la devolución de los legajos a la Generalitat. Asimismo estas comunidades defendían que la salida de estos papeles no tiene porqué afectar la unidad e integridad del Archivo. "La mayoría de los archivos privados y estatales funcionan con las copias casi nunca con los originales", recordó la ministra de Cultura.\n*Fuente: Europa Press, 10 de febrero de 2005\nLa consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Eva Almunia, ha participado en el debate que sobre política archivística ha celebrado la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, a petición del PP. Almunia ha defendido la devolución de los archivos a las asociaciones e instituciones que las reclaman como medio para “devolverles la dignidad” perdida. El Gobierno aragonés ha anunciado además su intención de volver a enviar archiveros a Salamanca para continuar con el "rastreo" iniciado en diciembre .\nLa consejera Almunia ha defendido la política de devolución de los papeles del archivo de Salamanca emprendida por el Gobierno socialista como un acto de valentía. “Han tenido que pasar 25 años para que el Gobierno de Zapatero ponga fin a estas reivindicaciones”, ha señalado.\nEva Almunia ha querido recordar que la incautación de documentos de instituciones díscolas con el régimen fue una práctica que “salpicó a todas las provincias”. “Todas las Comunidades Autónomas tenemos mucho que ver y qué decir sobre el archivo”, ha dicho la consejera, en relación a los papeles que se reivindican desde Aragón. Sin embargo, durante su discurso, Almunia ha evitado en todo momento particularizar el conflicto con referencias territoriales.\nDe hecho, Almunia ha criticado duramente a quienes han querido identificar el conflicto “con reclamaciones territoriales que nada tienen que ver con el asunto que nos ocupa.” Para Almunia, la incautación de los archivos de la Generalitat supone una práctica “ilegal e ilegítima” que vulneró los derechos de asociaciones e instituciones legalmente constituidas antes del estallido de la Guerra. “Todavía hay quien utiliza este archivo como foco de enfrentamiento”, ha lamentado.\nAnte la aparente “ausencia de crispación” que asegura el paso de una generación desde el fin de la Dictadura, a juicio de la consejera, ha llegado el momento de “dar un salto, de dejar atrás la división y el enfrentamiento y buscar acuerdos que nos permitan desarrollar la identidad y la autonomía como pueblo”.\nAragón, ha recordado, fue escenario de alguno de los frentes más sangrientos de la Guerra Civil. “Sólo la devolución de lo requisado puede devolver la dignidad de los expoliados. Reparar la memoria histórica para repararla y dignificarla no sólo es una obligación de las instituciones sino un derecho de todos los aragoneses”, ha asegurado.\nAlmunia ha recordado que el fin último de la incautación de estos papeles no respondía a “la necesidad de crear un Archivo, sino que fue un instrumento de represión política”: “un botín de guerra”, como lo definió el portavoz catalán Josep Piqué (PP), hoy ausente. Almunia ha definido el archivo de Salamanca como “el archivo de los vencidos, no de la Guerra Civil”; razón por la cual los españoles debemos, a su juicio, “buscar el significado común que tiene para todos”, de manera que sirva para “recuperar la memoria conjunta de la represión y para resarcir los daños causados por el enfrentamiento”.\nFinalmente, la consejera ha leído el acuerdo que las Cortes de Aragón sellaron por unanimidad de todos los grupos para respaldar la reclamación de los fondos documentales incautados por el régimen franquista con motivo de la Guerra Civil, depositados en el Archivo de Salamanca. Una reclamación de la que no puede ser partícipe el Gobierno aragonés, ya que el estallido de la guerra impidió su constitución, como ha subrayado la consejera.\nAlmunia ha asegurado que las muevas tecnologías (microfilmación, scaneado, etc.) son un instrumento que relega este conflicto a una “polémica ficticia”. La consejera ha añadido que “el interés de Aragón por recuperar su pasado con dignidad viene de lejos”; si bien es ahora el momento de “cerrar heridas simbólicas”. Almunia ha recordado el esfuerzo realizado desde Aragón para impulsar el centro de interpretación de la Guerra Civil, en Robres (Huesca), la recuperación parcial del viejo pueblo de Belchite o el desarrollo de un proyecto como “Amarga memoria”, que pretende ser un centro de estudios que complemente el Archivo General de la Guerra Civil.\n*Fuente : Franja Digital.com, 10/02/2005