Prostivaricación: septiembre 2012\nDON ROBERTO DE HOYOS MENCIA, procurador de los Tribunales, en nombre y representación de DON EUGENIO DE LA CUESTA GUTIERREZ, quien actúa en su propio nombre como letrado en este Recurso, por habilitación extendida al efecto por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid que se incorpora, y conforme acredito con la copia de Escritura de Poder que, debidamente bastanteada, acompaño, para su unión a los autos por testimonio, con devolución del original, ante este Tribunal comparezco y, como mejor en derecho proceda, DIGO:\nQue de acuerdo con el art. 44.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en nombre de mi mandante, vengo a interponer RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL contra la Sentencia núm. 19/2003, dictada por la Sala Especial del Tribunal Supremo, art. 61 LOPJ, de fecha 4/01/2005, en la Causa 75/2002 proveniente de la Sala II de ese mismo Tribunal.\nEn esta Resolución, se estima que se han vulnerado los siguientes preceptos constitucionales, declarativos de derechos fundamentales, a saber: a) el art. 24.1, que declara el derecho de todos a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales y, b), el art. 14 que proscribe la desigualdad ante la Ley, en relación , a su vez, con el art. 24.1 que eleva a rango de derecho fundamental la tutela judicial.\nSeguidamente se pasa a exponer en esta demanda los antecedentes de hecho, los fundamentos jurídicos y las pretensiones de amparo que se ejercitan para preservar o restablecer los derechos constitucionales que se consideran vulnerados.\nIgualmente detallaremos el cumplimiento de los presupuestos procesales exigidos para la admisión del presente Recurso.\nAnte la Sala Especial del Tribunal Supremo, art. 61 LOPJ, se ha\nsustanciado y enjuiciado, en primera y única instancia, Demanda de Error Judicial presentada en su día, (copia adjunta), contra el Auto de la Sala de lo Penal del TS de fecha 7 de febrero del 2003, denegando la admisión a trámite de querella presentada por esta parte contra el Presidente y cuatro Magistrados del TSJ de Cantabria.\nLa citada Sentencia es firme al no caber contra la misma recurso alguno en la vía jurisdiccional, excepción hecha de la Demanda de Error Judicial objeto del presente Recurso de Amparo.\nLa Sentencia impugnada en amparo vulnera los derechos del demandante (letrado a su vez que subscribe en la presente ocasión) en cuanto a la tutela judicial, a la obtención de una resolución jurídicamente fundada, que dé satisfacción al derecho del\nciudadano a conocer los motivos de las decisiones judiciales para poder\ncontrastar su razonabilidad. Igualmente, la Sentencia adolece de errores\nmateriales manifiestos, de los que se parte para sustentar pronunciamientos absurdos e impropios de la máxima autoridad jurisdiccional del país, dicho con el mayor de los respetos, y la convierte en una resolución irrazonable.\nFUNDAMENTACION JURIDICA DEL RECURSO. VULNERACION EN LA SENTENCIA DE LA TUTELA JUDICIAL DEL ART. 24.1 DE LA CE\nEs jurisprudencia reiterada de este Tribunal que la tutela judicial efectiva, que proclama y consagra el art. 24 de la Constitución, se satisface primordialmente mediante una Sentencia de fondo que resuelva las pretensiones controvertidas y que se encuentre jurídicamente fundada; lo que es de aplicación, como principio, a cualquier instancia de un proceso. Y si esto es obligado a no importa qué procedimiento judicial, aún es, quizás, de mayor exigencia, cuando la Sentencia que pone fin a aquel, es dictada por un Tribunal en única y última instancia, cual es la que se impugna en este Recurso.\nEl "thema decidendi" planteado en este Recurso, se circunscribe a determinar si la\nSentencia combatida se encuentra, o no, motivada convenientemente para entender que\nda satisfacción y cumplimiento al derecho fundamental que la Constitución establece en su art. 24, que ha de ser puesto, a su vez, en relación con lo que dispone el art. 120 del mismo texto legal, por cuanto se ha incurrido en errores manifiestos que reiteran, exactamente, los mismos cometidos por el Auto origen de este recurso. Y aquí, es de señalar que no se comprende fácilmente por qué se admitió a trámite la Demanda de Error judicial si, según la Sala Especial, son válidos los mismos argumentos que se pretendía refutar, y ello sin contestar a uno sólo de los puntos suscitados en la misma como constitutivos de error\nQuede perfectamente claro que somos conscientes de que, según ha sido reiterado en múltiples ocasiones por este Tribunal, la exigencia constitucional deducida de la interrelación del art. 24 y 120 no significa, como es obvio, el triunfo de las pretensiones o de las razones de quien solicita el amparo, pero como también nos recuerda ese Tribunal en su sentencia 58/1996 (RTC 1996/58), ha de protegerse el legítimo interés del recurrente en amparo, para saber la razón de que no se pronuncie el sentenciador en relación a lo que le es favorable.\nLa exigencia de la motivación de las Sentencias se relaciona de manera directa con el principio del estado democrático de derecho (art. 1 de la Constitución Española) y con una concepción de la legitimidad de la función jurisdiccional, apoyada esencialmente en el carácter vinculante que tiene para ésta la Ley, según lo dispuesto por el art. 117 de la Carta Magna. Precisamente de ello, se deduce la función que debe cumplir la motivación de las Sentencias y, consecuentemente, el criterio mediante el cual se debe llevar a cabo la verificación de tal exigencia constitucional. La Constitución requiere que el Juez motive sus Sentencias, ante todo, para permitir el control de la actividad jurisdiccional.\nLos fundamentos de la Sentencia se deben de dirigir, también, a lograr que, como parte en el proceso, a este ciudadano se le ofrezca razón bastante respecto a la corrección y justicia de la decisión judicial.\nY aunque este Tribunal Constitucional no puede suplir las deficiencias de la Sentencia, una vez sea reconocido en este amparo el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE., el Tribunal Supremo podrá corregir lo indebidamente fallado.\nComo cuestión previa, dado que pretendemos el amparo de ese TC por la vulneración de nuestros derechos constitucionales en la no admisión a trámite ( “indicios racionales”) de una querella por ese motivo, dejar manifiesto que es doctrina firme y consolidada que: EL DELITO DE PREVARICACION JUDICIAL ES UN DELITO DE MERA ACTIVIDAD QUE SE COMETE EN EL MOMENTO DE DICTARSE SENTENCIA O RESOLUCION INJUSTA\nNo es nuestra intención, por supuesto, recordar a ese Tribunal cuál es la base jurídica que justifica se inicie un procedimiento por prevaricación judicial, pero al menos queremos dejar constancia de que estamos convencidos de haber seguido, además de la norma legal, la más inmediata jurisprudencia sobre estos delitos, y ello al sólo objeto de que ese TC decida si se ha vulnerado o no nuestro derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, art. 24 CE, o el de derecho de igualdad ante la ley, art.14 CE, a lo largo del proceso que se describe y, eventualmente, en la Sentencia que se combate. Y para ello, Y SOLO PARA ELLO, vamos a reseñar, siquiera someramente, los fundamentos de la Sentencia 2/1999, caso Gómez de Liaño, suscrita también, curiosamente, por el Excmo. Sr. Don. Enrique Bacigalupo Zapater, firmante colectivo de la Sentencia objeto de este recurso.\nNos recuerda inicialmente, ( FUNDAMENTOS DE DERECHO, A) Cuestiones Previas) que “se debe señalar que el artic. 384 LECr., se refiere a “algún indicio racional de criminalidad contra determinadas personas”, es decir, que la ley no exige al instructor un juicio en el que la comprobación de los indicios sea muy cercana al juicio sobre la culpabilidad…”. Por ello, no estará de más recordar que la apertura de Diligencias Previas por el Juzgado num. 33 de Madrid, con fecha 11/12/2001, se hace porque “los hechos que resultan de las anteriores actuaciones, hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”. Concreta, delimita y precisa con exactitud el TSJ Cantabria, en la confirmación de esas Diligencias Previas por traslado desde el Juzgado de lo Penal citado, que se trata de hechos que, “de resultar acreditados, pudieran ser considerados como constitutivos de un delito de prevaricación”.\nNos dice más adelante que, en “Estos hechos se exponen las acciones……sin dejar prácticamente ningún margen de duda sobre su ocurrencia”. Y ante la objeción que opone el encausado cuestionando los mismos, nos dice que “….la Sala entiende que tales razonamientos no son suficientes para suprimir la apariencia de tipicidad en que consiste el procesamiento.” Añade que el art.5º.1 LOPJ establece que todos los jueces y Tribunales “interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Constitucional en todo tipo de procesos”.\nNo es lugar, ciertamente, para volver a incidir en los elementos objetivos y subjetivos que caracterizan este tipo de delitos, así que vamos a reducir, al mínimo, su reproducción. Permítannos, al menos que citemos literalmente algunas constataciones.\nEn el apartado B.-SOBRE EL FONDO, 2. “el delito de prevaricación del art. 443 CP se comete por el juez que dictare, a sabiendas, sentencia o resolución injusta. En su forma dolosa (art.446 CP) la ley no requiere, como en el caso de la imprudente, que la injusticia de la resolución sea “manifiesta”, pero exige que el juez haya obrado a “sabiendas”. Se trata, por lo tanto, de un tipo cuyas alternativas dolosa y culposa requieren un elemento subjetivo cualificado. Ello no significa,-como erróneamente se ha dicho en ocasiones-, que este delito dependa exclusivamente de la actitud interna del autor. Por el contrario, el delito de prevaricación exige, -como todos los delitos-, la comprobación de un tipo objetivo (la acción de dictar resolución injusta) y de un tipo subjetivo haber realizado la acción a sabiendas de la injusticia o habiendo tenido a la vista una sentencia o resolución manifiestamente injusta”. 3B.-STS 1/96 (Causa especial 2830/94)”…… la jurisprudencia requiere que el carácter injusto del acto sea objetivo……”SSTS 142-1831 y 21.1.1911 “desde este punto de vista es evidente que la injusticia objetiva de la resolución no puede ser eliminada recurriendo a la subjetividad del autor, dado que el juez debe aplicar el derecho y no obrar según su propia idea de la justicia”. 3.- D “………es preciso tener en consideración que el quebrantamiento del derecho, de otro lado, será más grave según la jerarquía del derecho vulnerado y la importancia de la infracción, de tal manera que las exigencias serán mayores cuando el apartamiento del derecho vulnere derechos fundamentales de las partes”. “Se trata de una cuestión más simple: la injusticia del acto no depende de la opinión o de la convicción del juez, sino de la relación de aquél con las normas y principios del ordenamiento jurídico. A ello se debe sumar el elemento subjetivo “ a sabiendas”. “En la aplicación del art. 446 CP, por último, no se debe olvidar que el delito de prevaricación judicial es un delito de técnicos en derecho y que, consecuentemente, predominan los argumentos encubridores del carácter antijurídico del acto”. “Pero un Juez, que tiene la máxima calificación jurídica no puede ser tratado como un funcionario cuya profesión puede no tener ninguna connotación jurídica”.\nB -SOBRE EL FONDO.3b“…..la jurisprudencia ha subrayado la importancia objetiva del delito de prevaricación y ha excluído, paralelamente, interpretaciones basadas en la llamada teoría subjetiva de este delito, que caracteriza la injusticia sólo como una actitud subjetiva del Juez al aplicar el derecho, postulando la tipicidad de la conducta del Juez o funcionario que dicte sentencia o resolución contra su convicción jurídica, aunque la sentencia o resolución resulte objetivamente compatible con las normas aplicadas”.\nNo podemos, ni debemos, extendernos más en el contenido de esa sentencia, pues comprendemos que este recurso de amparo no puede solicitar a ese Tribunal entrar en el fondo del asunto, sino sólo la consideración sobre si ha habido error o no a la luz de lo establecido por el mismo en su jurisprudencia amparadora de los derechos constitucionales vulnerados.\nLa jurisprudencia del TC que aportamos en la demanda de error judicial y que nos permitimos citar de nuevo, no puede ser más explícita:\n“ Derecho a obtener una resolución fundada en derecho: alcance : se vulnera el derecho a la tutela judicial cuando la resolución judicial incurre en error patente con relevancia constitucional. Noción de error: razonamiento que no se corresponde con la realidad, error determinante que hace a la fundamentación perder el sentido y alcance que la justificaba. Este tribunal tiene dicho en reiteradas ocasiones ( STC 83/99 de 10 mayo) que, en términos generales se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24.1 CE cuando la resolución judicial se encuentra fundada en un error patente en cuanto que determinante de la decisión adoptada, adquiere relevancia constitucional. SENTENCIA 89/2000 27 marzo RTC 2000/89.\nO. RTC 1995/5 num. 5/1995 de 10. enero “ EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA GARANTIZADO EN EL ART 24.1 DE LA CE CONLLEVA EL DERECHO A UNA RESOLUCION FUNDADA EN DERECHO SOBRE EL FONDO DE LA PRETENSION FORMULADA ANTE EL JUEZ COMPETENTE EL CUAL DEBE APLICAR DE MANERA MOTIVADA LAS NORMAS JURIDICAS Y RESOLVER RAZONADAMENTE LA CUESTION SOMETIDA A SU CONSIDERACION…. ES FUNCION DE ESTE TRIBUNAL EL EXAMEN DE LOS MOTIVOS Y ARGUMENTOS EN QUE SE FUNDA LA DECISION JUDICIAL IMPUGNADA CON EL FIN DE COMPROBAR SI SON RAZONABLES, DESDE UNA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL PUDIENDOSE CORREGIR EN ESTA VIA DE AMPARO CUALQUIER INTERPRETACION QUE PARTE DE UN ERROR PATENTE CON RELEVANCIA CONSTITUCIONAL Y QUE PRODUZCA EFECTOS NEGATIVOS EN LA ESFERA JURIDICA DEL CIUDADANO ….”\n“ La doctrina constitucional (STC 44/1989, de 20 febrero) tiene señalado que, por ser facultad que pertenece a la potestad jurisdiccional, corresponde en exclusiva a los Jueces y Tribunales ponderar los distintos elementos de prueba y valorar su significado y trascendencia en orden a la fundamentación del fallo contenido en la sentencia. Y esta libertad del Organo Judicial para la libre valoración de la prueba, implica, como también señala la misma doctrina (STC 171/1985, de 15 febrero) que pueda realizar inferencias lógicas de la actividad probatoria llevada a cabo, siempre que no sean arbitrarias, irracionales o absurdas. Ahora bien, el Juez o Tribunal de instancia es soberano para la apreciación de la prueba, con tal de que su libre apreciación sea razonada, exigencia que ha puesto de manifiesto la propia doctrina constitucional (STC 24/1990, de 15 de febrero), lo cual quiere decir que la resolución judicial ha de contener el razonamiento sobre las conclusiones de hecho, a fin de que las partes puedan conocer el proceso de deducción lógica del juicio fáctico seguido por el Organo judicial”.\nCONSIDERACIONES FACTICAS. SENTENCIAS Y AUTOS (APROPIACION INDEBIDA)\nDespués de aportar la doctrina, jurisprudencia y legislación recogidas en la Sentencia y que dimos por reproducida en la querella, después también de “haber examinado todos los documentos UNO A UNO “ y “reconstruir sobre los INDUBITADOS” y, por supuesto, presidir la Vista Oral, absuelve tras haber considerado HECHOS PROBADOS que:\n1)Se ha descontado una letra, Ptas.2.978.747.- entregada para pago de la casa, contra pacto prohibiéndolo y su importe se destina a pagar un descubierto en cuenta por un impagado de otra sociedad, tercera, con motivo de una aportación de capital.\n2)Otro tanto ocurre con un talón entregado también para pago de la casa, cuyo importe, Ptas.4.477.578.-, desaparece de la cuenta de esa sociedad tercera, seis meses antes de iniciarse obra alguna.\n3)”Consta que una vez firmada la carta de crédito, le fue traída la casa y posteriormente edificada”, cuando TODAS, ABSOLUTAMENTE TODAS las declaraciones de los imputados, tanto en sede judicial como en la Vista Oral, NIEGAN haber hecho una cosa u otra. Cosa en la que coincide el informe del Ministerio Fiscal.\n4) Desconoce lo que es una carta de crédito.\n5) Reconoce hemos entregado, se han dispuesto, de Ptas.7.456.325 (¡año 1992!!), cuya justificación y reclamación, es el único objeto de nuestra querella, puesto que sólo han hecho “la base de hormigón” y cualquier otro añadido que a este Juez se le antoje\n6) Desconoce, igualmente, que hay una factura “aportada” por los inculpados como única justificación de los trabajos efectuados y, siendo así, sin razonamiento alguno que lo pruebe, da por supuesto que se han hecho unos trabajos que él describe de forma arbitraria. (Como este es uno de los argumentos de la Sentencia que recurrimos, llamar la atención, de momento, en que a través de los diferentes escritos judiciales, esos supuestos trabajos se han detallado también arbitrariamente y con diferencias substanciales). (Se adjunta copia).\nNo merece la pena detenernos excesivamente en esta sentencia que achacamos, simplemente, a la incapacidad técnica de este Juez y a su ignorancia inexcusable. Sólo decir que admitiendo, como él asegura, “tema distinto es cualquier otro pago.....para lograr terminar la construcción de la vivienda”, esa afirmación es, cuanto menos, incompatible e irreconciliable (“…contradictoria….”) con “Consta....edificado”; es incapaz de razonar que, puesto que EL SABE que los imputados se han apropiado del dinero entregado para la construcción de una casa, porque nos ha dicho que está PROBADO, esa falta de terminación no puede ser sino un elemento más que refuerza la apropiación indebida. Y es tan obtuso que, dando por supuesto que HAY CASA, sea cual sea el grado de terminación, en ese contexto, y no en otro, se puede entender que se refiera a que ”en todo caso, sería una cuestión meramente civil a dilucidar en esta clase de jurisdicción”, ignorando que ello no impediría la existencia del delito. Cuestión importante a tener en cuenta porque este es uno de los puntos alegados en el Auto de inadmisión de la querella por la Sala II.\nSENTENCIA DE LA AUDIENCIA PC.\nComencemos con una afirmación previa. Manifiestan, palmariamente, que han dictado sentencia a la luz “del encomiable lujo de erudición jurisprudencial” de su colega inferior. Y, muy importante señalar, lo hacen también, porque “el recurrente incorpora y adiciona argumentos de distinta naturaleza, algunos puramente civiles que no cabe examinar y otros penales”. Queda comprendido, por tanto, que en el momento de dictar Sentencia, los argumentos civiles no se han examinado porque no merece la pena; o sea, que consideraciones de este tipo, siendo la prevaricación judicial un delito de actividad en el momento de dictar la resolución, no pueden alegarse posteriormente como exculpatorios, aún cuando sí fueran válidos. Y está, por tanto, meridianamente claro, que no sólo han leído, al menos por obligación profesional, el Recurso de Apelación y demás documentos, sino que lo han hecho, además, con especial consideración. O sea, han visto que:\n1) Ha podido haber estafa (no es tema a tratar ahora).\n2) Se ha desviado el dinero y se lo han apropiado. NO PORQUE LO DIGAMOS NOSOTROS, SINO PORQUE LO DICE EL JUEZ DE INSTANCIA.\n3) Conocen que hay un “acuerdo definitivo” para liquidar cuentas a “la entrega de la casa”. (Se adjunta copia).\n4) Se les copian LITERAL Y TEXTUALMENTE, todas las declaraciones de los imputados NEGANDO haber hecho o importado la casa.\n5) Se les facilita jurisprudencia adicional a la de la Sentencia del Juzgado de lo Penal que, siendo exacta a la ahí contenida, han podido también utilizar como luz guiadora.\n6) Se les recuerda hay un efecto descontado delictivamente que está pendiente de ejecución contra esta parte. (No estará de más señalar que llevamos pagados más de 4.000.- euros desde el año 1993 por el aval prestado en evitación de la ejecución de la letra por el Banco de Santander . Y seguimos haciéndolo).\nPues bien, encabezan el preámbulo de las Sentencias (cinco querellantes) sin citar el recurso de esta parte lo que, admitámoslo, es sospechoso, y hacen un repaso, uno a uno, de los recursos presentados por las otras implicadas, analizando su contenido, cosa que no ocurrirá en nuestro caso. Pero antes de llegar a nuestra sentencia, TRAS ACEPTAR LA DE INSTANCIA EN SU TOTALIDAD, han dejado por el camino las siguientes perlas jurídicas:\nPág. 29 .(Se trata de un caso en el que sí se ha importado y hecho la casa; la divergencia estriba en qué parte se ha hecho).\nHay que “cotejar” y “poder determinar si aquellos destinaron o no las recibidas para la ejecución de la obra pactada y que debiera ser entregada terminada”. Nos están diciendo que, habiendo serias dudas sobre el grado de terminación, SOLO SOBRE ESO, y no sobre la existencia de la casa, el delito UNICAMENTE depende de que se haya destinado o no el dinero al ”fin específico”. O sea, no se condena porque no se puede “determinar con la certeza exigida si los imputados se apropiaron o no de cantidad alguna derivada del contrato de 27.6.1991”. Exactamente lo mismo que hacen en nuestra sentencia, pero partiendo del HECHO de que, HABIENDOSELES DICHO EN EL RECURSO DE APELACIÓN QUE NO HAY CASA Y QUE EL DINERO SE HA “DISTRAIDO” ( LO HAN LEIDO), LO PASAN TODO ELLO POR ALTO VOLUNTARIAMENTE, “A SABIENDAS”.\nPág. 30: “Se trata, sin duda, de cantidades entregadas con una finalidad concreta, la realización de una construcción y su entrega al cliente, y en nada desvirtúa esa evidencia el modo particular que el constructor dispuso para cumplir las prestaciones pactadas”. “Como con encomiable lujo de erudición jurisprudencial plasma el juzgador de Instancia, hemos de partir de tal doctrina para dilucidar el problema planteado, a la que nos remitimos para no abundar en la evidencia”.\nNo habiéndose “acreditado lo que denomina dolo específico o propósito de incorporar aquellas cantidades a su patrimonio”.\n“En primer lugar, el tipo subjetivo del tipo del art.535 ACP viene integrado por el dolo general, consiste en saber que se poseen unas cantidades de dinero prederteminadas específicamente para una finalidad, ser consciente de que no se aplican a dicha finalidad y querer esa conducta” .\n“Pues en la modalidad de apropiación indebida de que se le acusa no se exige PROBAR que ha incorporado a su patrimonio las cantidades distraídas, sino que basta con PROBAR que recibió unas cantidades destinadas a un fin y las mismas no han sido destinadas. LO QUE EN ESTE CASO HA SIDO PROBADO HASTA LA SACIEDAD” (¿??). (¿ Es el capital social patrimonio de alguien?; ¿se ha apropiado CODICASA, sus gestores, del dinero entregado a CASAS USA?.\nY llegamos a nuestra Sentencia después de este hermoso y singular recorrido en el que han dejado, no uno, sino TRES MAGISTRADOS DE UNA AUDIENCIA PROVINCIAL, estos detalles de clarificadora sabiduría jurídica. Vamos a imaginar, una secuencia lógica (Auto de archivo del TSJC, “constituyen lógicas deducciones”), que llegan a la misma tras haber leído siquiera el Recurso de Apelación, con la luz arrojada no sólo por la encomiable jurisprudencia del Juez de Instancia, sino también con la que aporta, potente y deslumbrador faro-guía, su acervo particular citado anteriormente. No nos podemos resistir a citarla textualmente en apoyo de la más estricta racionalidad:\n“El recurrente INCORPORA Y ADICIONA argumentos de distinta naturaleza, algunos puramente civiles que no cabe considerar y otos PENALES”. Pero algo clarifica al menos. Si APORTAMOS Y ADICIONAMOS argumentos, si son conscientes de ello, es porque los han visto.\nCentrémonos en los PENALES, que tan bien han estudiado tras desestimar los civiles. Creíamos haber incorporado y adicionado : 1) que se han quedado con el dinero porque lo dice el Juez de Instancia; 2) que tienen que liquidar cuentas a la entrega de la casa; 3) que los imputados declaran no haber importado ni hecho la casa; 4)que la jurisprudencia dice que eso es delito, etc., etc.\nPero no. Porque después de leer detenida, profunda y concienzudamente el Recurso de Apelación, llegan a la muy racional conclusión, que no mejoraría el mismísimo Descartes, de que:\n“Reiteramos también en relación con este recurrente que, con independencia de las incidencias de trascendencia civil, lo RELEVANTE ES SI SE HA PROBADO QUE EL HOY RECURRENTE HA ENTREGADO CANTIDAES QUE NO SE HAN DESTINADO AL FIN PACTADO” (Informe de la SALA II a raíz de la aceptación a trámite de la Demanda por error judicial, “..no hacen sino aplicar leyes y principios jurídicos doctrinalmente opinables pero conformes con la interpretación consolidada y apoyadas en un discurso racional..”. Abogado del Estado; “...pretende discutir en vía de error judicial....si existe o no error en la apreciación de la prueba, si se han probado determinados hechos..”. Ministerio Fiscal: Conclusiones, 2º “..visto tanto la razonable como razonada (¡!) valoración de la prueba..”).\n“Y desde luego, resulta acreditada la cantidad adelantada, coincidiendo en este punto recurrente y sentencia, eso es algo más de 7millones de pesetas, sin perjuicio de la inseguridad creada por los pactos modificativos que se fueron haciendo inter partes”. (De nuevo no nos dicen, siquiera indiciariamene, cuáles han ido esos pactos, aunque hayamos aportado el documento que recoge un “acuerdo definitivo” por el que los inculpados se comprometen a liquidar cuentas “a la entrega de la casa” previa eliminación, por tramposa, de la referencia “a la llegada de la casa a la finca”.\n“Pero para llenar el tipo de delito que nos ocupa, se han de acreditar también que las cantidades recibidas, lejos de emplearse para el fin pactado, SE HAN DISTRAÍDO. Y ES EN ESTE PUNTO EN EL QUE LA SALA (tres Magistrados) NO LLEGA A LA PLENA CONVICCIÓN (¿???) PUES SIN PERJUICIO DE QUE EL RECURRENTE TENGA RAZÓN SOBRE LA IMPORTACIÓN DE LA CASA(¿???) POR SU CUENTA, LO CIERTO ES QUE NO APORTA PRUEBAS SOBRE LA VALORACIÓN DE TODA LA OBRA REALIZADA POR LOS HOY INCULPADOS, LA VALORACIÓN DE LA CASA, PARA MOVERNOS CON CIFRAS CIERTAS Y NO SOLAMENTE CON INTUICIONES O APROXIMACIONES IMPROPIAS DEL DERECHO PENAL”. (Imaginamos quieren decir, muy racionalmente, que aunque les hayamos copiado las declaraciones de los inculpados NEGANDO haber hecho o importado la casa, cosa que ratifican en la Vista Oral, eso significa, ¡!tres Magistrados!!, que SI LA HAN HECHO O IMPORTADO, que esas declaraciones, puesto que las desprecian, son “aproximaciones impropias del Derecho Penal”. Y tampoco saben a donde ha ido el dinero).\nEs evidente que, como mínimo, hay una “valoración de la casa”, la contractual, lo que resulta redundante, puesto que es más evidente, todavía el hecho de estar reclamando por cantidad apropiada indebidamente al haberse desviado el dinero y no haberse ejecutado el objeto del contrato, cosa que no han visto a pesar del especial empeño puesto en estudiar “los argumentos penales” del Recurso de Apelación.\nAUTO DEL TSJC DECRETANDO LA NO ADMISION QUERELLA CONTRA JUEZ DE INSTRUCCIÓN, PRESIDENTE Y DOS MAGISTRADOS APC (26.06.02)\nNos permitimos iniciar este apartado con una repetición, parcial, de la ya mencionada STS 2/1999, ( Gómez de Liaño), puesto que este Auto de Archivo de la querella contra el Juez de Primera Instancia y los Magistrados de la Audiencia Provincial de Cantabria, es origen de la siguiente que tiene su punto final en la Sentencia de la Sala Especial que combatimos por error judicial, y ha sido dictado tras haber leído todo lo anterior.\n(“……… tipo objetivo, (la acción de dictar resolución injusta) y de un tipo subjetivo haber realizado la acción a sabiendas de la injusticia o habiendo tenido a la vista una sentencia o resolución manifiestamente injusta”).\nRatificando en todos sus términos la Sentencia de la APC nos dejan sentado, muy importante, que han decidido delimitar el campo de batalla abriendo Diligencias Previas a consecuencia de que los hechos denunciados, Auto de fecha 5 noviembre 2001, “DE RESULTAR ACREDITADOS PUDIERAN SER CONSIDERADOS COMO CONSTITUTIVOS DE UN DELITO DE PREVARICACION”. Confiamos nos concedan que, en base a cualquier sistema de interpretación en Derecho, eso significa que si los hechos están probados, hay delito y que, por tanto, para eliminar esa posibilidad, habrá que desmontar, uno por uno, los señalados en la querella. Y ver si esos hechos son, ”…….distintos de aquellos que fueron objeto de debate”. (Sentencia que se recurre, Fundamentos de Derecho, Tercero, primer párrafo).\nPorque, ¿qué novedad desmaquilladora nos ofrece este Tribunal?. Ocultarnos en la cita de la Sentencia de la APC el párrafo “lo relevante es si se ha probado que el hoy recurrente ha entregado cantidades que no se han destinado al fin pactado”, afirmar que las sentencias “constituyen lógicas deducciones” y que “hicieron un análisis del conjunto de las pruebas llevadas a efecto, fijando las consecuencias que estimaron que de ellas se desprendían y el derecho que creían era de aplicar”, afirmaciones tan contundentes y jurídicas como gratuitas, así como pretender, también, que se trata de una simple liquidación de cuentas, de suma y resta (“…….. no se debe olvidar que el delito de prevaricación judicial es un delito de técnicos en derecho y que, consecuentemente, en la motivación de las resoluciones prevaricadoras predominan los argumentos encubridores del carácter antijurídico del acto”.Sentencia Gómez de Liaño citada más arriba).\nSe permiten, además, dudar, en forma que consideramos ofensiva, que hayamos pagado la casa, y ello después de reconocer que hemos abierto una “carta de crédito” para ello precisamente, así como tratar de introducir la taimada sospecha de que no hayamos sido nosotros los que la hemos construído por nuestra cuenta. Y ello interpretando, tergiversadamente, una declaración de uno de los imputados que afirma HABERNOS ayudado en la construcción, ello sin considerar el resto de las declaraciones de los imputados.\nEn un ejemplo paradigmático de contumacia que, por lo visto hasta ahora, no tiene la menor importancia, se continúa negando la existencia de una factura “aportada” por los inculpados que figura en el Sumario, folio 1077, después de habérselo dicho esta parte en prácticamente todos los escritos, ignorando, además, que ese hecho no altera la existencia del delito, pues quien tiene que probar es quien aduce haber realizado la obra, cualquiera que ella sea, tras haber recibido un dinero para ese “fin específico”. Y para concluir la carrera de despropósitos, “resumiendo la fundamentación jurídica”, se eliminan las palabras “LA VALORACIÓN DE LA CASA” en la cita de la sentencia de la APC.\nBien, veamos. Si dejamos la frase como en la Sentencia de la APC, querrá decir, usando el mínimo de racionalidad, que desconocen las declaraciones, “incorporadas y adicionadas”, negando la existencia de la casa. Ignorando, además, como hemos dicho anteriormente, que sí hay una valoración, la contractual, y que la querella es por reclamación de cantidad en apropiación indebida.\nSi lo dejamos como reproducida, es decir con sólo “la obra realizada” que los inculpados reducen a la base de hormigón con cualquier otra cosa que sus Srías. quieran añadirle, será imposible dar como cierto que “Consta que una vez firmada la carta de crédito, le fue traída la casa y posteriormente edificada”. Nos parece una trampa saducea.\nINFORME DEL MINISTERIO FISCAL DE PRIMERA INSTANCIA NO APORTADO NI EN LA QUERELLA ANTE EL TSJC NI ANTE EL TS.\nCorresponde ahora referirse a un punto que, en nuestra opinión, supone una flagrante violación del derecho a la tutela judicial efectiva del 24.1 de la CE. En la causa de Primera Instancia, el informe calificador del Fiscal no puede ser más claro y definitivo (se adjunta copia): hace una descripción de los hechos, incluídos los probados, que ya han sido substancialmente reproducidos por nosotros y acaba su informe calificatorio afirmando “La casa, al final, fue importada por el perjudicado a su costa.\nEl total del perjuicio causado asciende a Ptas.7.456.505”.\nEl fallo del tribunal que conocemos, en primera instancia, dice exactamente lo contrario, y desconocemos la razón por la que el Fiscal, al que la propia Constitución atribuye la misión de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS, y del interés público tutelado por la ley, renunció a la apelación correspondiente en defensa de esa legalidad conforme establece el art. 124.1 de la CE. Sí sabemos, sin embargo, que existe un escrito elaborado por el mismo, porque nos lo dice la Providencia del Instructor del TSJC de fecha 4/1/2002, en la querella inicial contra el Juez de lo Penal y los Magistrados de la APC, cuando ordena oficiar al Juzgado de lo Penal en reclamación de ese escrito precisamente. Ese escrito del Fiscal es de fecha 15.05.00, unos 20 días posterior al fallo. Pues bien, con fecha 18/02/2002 y por Auto supuestamente motivado, archivando la querella, se nos dice que se hace con la documental aportada “salvo la prueba documental referida al informe del Ministerio Fiscal de fecha 15/05/2000 que en el momento presente no se estima de importancia para resolver la denuncia planteada”. No desconocemos que el informe del Fiscal, cualquier que sea el contenido, no es vinculante para el Tribunal, pero sí debemos suponer que implicaba disconformidad con el fallo de la Sentencia (¿o no ¿), y el no facilitárnoslo supone una privación evidente, palmaria, grotesca, de nuestro derecho de defensa/acusación y ello, después de habérsenos reprochado, además, que no hemos ejercido la acusación apropiadamente. Solicitamos en la querella contra el Presidente del TSJC y los Magistrados que se aportara ese informe o que, alternativamente, se tomara declaración al fiscal, y ni tan siquiera se nos ha contestado. Créannos, nos parece inaudito que, en una querella por prevaricación, se obvie el informe existente, posterior a la Sentencia, del Fiscal de Primera Instancia que ha coincidido en la calificación de los hechos con la acusación particular, lo que nos causa indefensión manifiesta y definitiva.\nAUTO DE ARCHIVO DEL 24 ABRIL DEL 2003. SALA II TS (QUERELLA PREVARICACION JUDICIAL).\nDe nuevo damos por reproducido todo lo anterior y llamamos su atención sobre el hecho de que, además de en la querella, en el recurso de SUPLICA hemos rogado respuesta a todos los puntos suscitados y, por toda contestación, se reduce el problema a “SOLO DOS TIPOS DE RAZONES”, que hemos cuestionado por antijurídicas, arbitrarias e impropias de nada menos que cinco Magistrados del Tribunal Supremo, máximo órgano jurisdiccional.\na) “El hecho de no haberse acreditado...\nb) Naturaleza civil de contrato, “….las sucesivas.....como dijo el Juzgado de lo Penal, en todo caso sería una cuestión meramente civil a dilucidar en esta clase de jurisdicción....”\nNo vamos a comentar en este momento estas conclusiones porque, al ser las mismas en que basa su Sentencia la Sala Especial, las dejamos para ese punto posterior\nPero antes de llegar al Auto de Archivo, hay aspectos suscitados a lo largo del proceso, que debemos analizar. Se nos reprocha, inicialmente, que no concretamos la labor hecha por los inculpados, que no la identificamos. Solamente la necesidad de recurrir al absurdo puede justificar esa pretensión, cosa que suponíamos impropia de una Sala del TS, dicho con el mayor de los respetos. Pero es que, además, los juzgadores tampoco se ponen de acuerdo, pues unas veces hablan de la “obra realizada”, otras de “base de hormigón” (la correcta porque, aparte de ser lo único que mencionan los acusados, incluye todo lo otro; si el Juez se hubiera leído e interpretado, operación normalmente simultánea, la factura que “desconoce”, no es el único, habría visto que allí se describen los trabajos efectuados, pero “les vence la desidia y no actúan con la diligencia propia de quien ejerce la labor de Juez”. Prof. Muñoz Conde), otras añaden “la excavación”, etc.. No estará de más añadir, que ninguno de esos trabajos son por nuestra cuenta, como se podía haber comprobado en el contrato original, pero no los objetamos porque, de todas las formas, hubiéramos tenido que hacerlo al construir la casa por nuestra cuenta y riesgo. No deseamos enriquecernos injustamente. Queda sin aclarar, por otra parte, qué significado pueda tener la palabra DEFINITIVO aplicada a un contrato, aunque a nosotros nos parece obvio, salvo mejor opinión que no vemos por lado alguno.\nY llegamos a un punto que, cuanto menos, causa perplejidad. Después de haber llegado a la conclusión, si no fueran suficientes las declaraciones de los acusados, de que los querellados habían realizado exclusivamente, las obras de excavación y base de hormigón, garage y sótano...(Min. Fiscal, 9.10.2002) la Sala II, preguntada por esta parte sobre si se ha importado y hecho o no la casa (entre otras cosas del Recurso de Súplica que, como queda dicho, tampoco se contestan) por los imputados, se despacha el tema diciéndonos que “con relación a la importación de la casa prefabricada, procedente de Estados Unidos, no existe una sola mención a tal apartado en nuestra resolución” (Auto del 7.02.2003). ¿Querrá esto decir que los jueces pueden afirmar que los acusados han importado y hecho una casa a pesar de que lo NIEGUEN y no tiene la menor importancia cuando la Sala II es preguntada al respecto? Otro ejemplo de racionalidad, esta vez compartida, porque si es cierto, que lo es, que sólo y exclusivamente han hecho lo que ellos finalmente dicen, necesariamente no puede ser verdad que hayan importado o construído la casa, que la han edificado, origen de todo el problema y ¡!puesto de relieve!!, expresa y explícitamente, copiando los folios de las declaraciones de los imputados en fase sumarial , en el Recurso de Apelación ante la APC, y confirmadas en la Vista Oral.\nSENTENCIA DE LA SALA ESPECIAL DEL ART. 61 LOPJ, DEL 4 ENERO 2005, OBJETO DEL PRESENTE RECURSO VULNERANDO NUESTROS DERECHOS CONSTIUCIONALES TANTO POR ERROR COMO POR DESATENCION DEL PROCEDIMIENTO (DEMANDA DE ERROR JUDICIAL).\nSomos conscientes de que todo lo anteriormente relatado, no es sino el marco general dentro del cual se han producido las conductas que nosotros entendemos prevaricadoras, y que ahora nos corresponde desmontar, desarticular, el contenido de la Sentencia dictada como contestación a la Demanda de Error Judicial, y presentada porque estimábamos la existencia de errores no solamente en los argumentos jurídicos del Auto de la Sala de lo Penal de fecha 07/02/2003, “SOLO DOS TIPOS DE RAZONES”, sino porque no se nos contestaba a los diferentes Hechos Probados que, en nuestra opinión, son constitutivos de un delito de apropiación indebida, y no estimados por el TSJ Cantabria como tal, por haber prevaricado gravemente, así como errores de Procedimiento que se describen a continuación, habiéndose vulnerado gravemente nuestros derechos constitucionales. Hechos descritos en la querella y cuya aclaración, específica, se SUPLICAN en el Recurso elevado a tal fin. Sorprende, por tanto, que se nos conteste con las mismas DOS RAZONES esgrimidas en el Auto denegatorio de aquella ( no se razona sobre “…..hechos distintos de aquellos que hubieran sido objeto de debate”), lo que hace inexplicable no solamente la admisión a trámite de la Demanda de Error, sino que la contestación haya exigido nada menos que 20 meses.\n1) Antecedentes de hecho\nEsta Demanda fue presentada con fecha 24 de Abril del 2003, y no ha sido contestada hasta el 04/01/2005; es decir, lo que la LOPJ tasa en 15 días, se ha demorado 20 meses. Desde cualquier perspectiva, nos parece excesivo, aún reconociendo la inmensa carga de trabajo que agobia a nuestro Tribunal Supremo. Lo hemos puesto en conocimiento del Defensor del Pueblo y, de allí, nos han comunicado haber pasado el tema a la Fiscalía General del Estado.\nPero es que, además, y desconocemos nuevamente por qué, la relación de los Antecedentes de Hecho contiene importantes lagunas. Por ejemplo, es correcta la fecha de presentación de la Demanda, pero no nos dice que estuvo “perdida” en el Tribunal Supremo hasta el 5 de diciembre del 2003, ocho meses nada más, fecha en que se nos requirió, tras reclamar en vista de la “pérdida” mediante presentación de nuestro escrito original con sello de entrada en el Registro, nueva presentación de firmas y demás requisitos formales. Cumplimentada nuevamente, se admitió a trámite el 2 de febrero del 2004, comunicándosenos el 5 de mayo 2004, que el día 24 del mismo mes se reunía la Sala para “deliberación, votación y fallo”. Y en este punto, lamentablemente, el Excmo. Sr. Ponente sufre un “lapsus menti” que bien pudiera ser colectivo, porque NO NOS DICE que esta parte presentó Recurso de Reposición aduciendo la necesidad de “juicio verbal” al así exigirlo la LOPJ, art. 293.c, por remisión expresa, terminante e indudable, a la LE Civil. Se nos contestó por Auto del 07/07/2004, Ponente el Excmo. Sr. Bacigalupo, en lo que entendemos primera resolución a efectos del art.203 LOPJ, rechazando nuestra pretensión, si bien con el voto discrepante de cinco Magistrados entre los que figura, curiosamente, el Excmo. Sr. Juanes, ahora Ponente de la Sentencia. (Se acompaña copia del recurso y contestación).\nY en cuanto puede afectar a nuestros derechos constitucionales de tutela judicial efectiva que entendemos de nuevo conculcados, hemos de detenernos en el examen del Recurso de Reposición y su contestación. No vamos a insistir en los argumentos del voto discrepante que ese TC sabrá discernir con mayor conocimiento que esta parte; nosotros los encontramos muy fundados y, desde luego, queda expresada la opinión de que se pueden estar vulnerando nuestros derechos constitucionales, que firma también el Excmo. Sr. Juanes Peces; y por ello, se nos hace difícil comprender que si es de esa opinión, sea Ponente de la Sentencia sin manifestar al menos, recalcar, su postura en ese punto, pues está decidiendo que sea ese TC el que dictamine sobre algo de lo que él está convencido no debe de ocurrir sin la celebración previa de la vista oral; es decir, tendría obligación, pensamos, de detener el proceso, por su parte, en la instancia del TS y, cuanto menos, no ser él precisamente el redactor/ponente. Porque él sabe que la Sentencia puede ser diferente ( Auto del 07.07.2004, “El hecho de que la ley regule el proceso de error-judicial mediante remisión a unas normas procesales que admiten claramente la práctica de pruebas, es demostración de que el legislador no comparte la tesis del voto mayoritario que estamos comentando. Como se acaba de decir poco más arriba, aunque son escasos en número, pueden existir algunos supuestos, en el proceso de error judicial, en los que es preciso o, cuando menos, conveniente efectuar la práctica de pruebas. La existencia e estos supuestos es lo que ha provocado que la ley aplique a este juicio unos trámites procesales en los que está claramente previsto el recibimiento del pleito a prueba”, “ Y tan intensa reducción de trámites causará quebranto, al menos en ciertos casos, al derecho a la tutela judicial efectiva que proclama el art. 24 de la Constitución y al clásico principio justa allegata et probata que imbuye al proceso judicial”.), según nos ha dicho junto con el Excmo. Sr. Desdentado y los otros Magistrados discrepantes que han tenido a bien ser sustituídos, si se interroga a los miembros de la Sala de lo Penal de TS, cosa que él mantiene debe de hacerse. No pueden ser imparciales y, desde luego, no son coherentes; creemos no han actuado de acuerdo con su “…..convicción jurídica…”.\nEn definitiva, vulnerando una vez más nuestro derecho a un juicio justo y con todas las garantías procesales, se nos priva de la tutela judicial no permitiéndosenos la vista oral y el recibimiento a prueba; no podremos preguntar a los componentes de la Sala II, especialmente al Sr. Granados Pérez, puesto que parece no lo han visto en los propios documentos, qué razón hay para la no aplicación en este caso de la doctrina expresada en la Sentencia de la que él es el ponente.\nTampoco entendemos muy bien el procedimiento en cuanto a nombramientos, pues figurando en un principio el Excmo. S. D. Enrique Bacigalupo como ponente en la primera resolución (contestación al Recurso de Reposición), vemos que ahora lo ha sido el Excmo. Sr. D. Angel Juanes. Lo lamentamos no porque no confiemos en el saber jurídico del Ponente, sin considerar lo ya expuesto más arriba, sino porque el sustituído, aunque firme la Sentencia conjuntamente como es lo correcto, quizás hubiera sido más consecuente en consideración a sus propios razonamientos contenidos en la Sentencia anteriormente aludida en el caso Gómez de Liaño, en cuya ocasión tuvo que soportar, como nos recuerda su justo adalid, el Profesor D. Manuel Jaén Vallejo, RECPC de 04.07.2002, infamantes artículos en prensa acusándole de influencias ajenas. No es nuestro caso; además, de hecho, no se nos ocurre qué podríamos hacer para ello como simples ciudadanos, si no súbditos simples lectores de periódicos. Y es que el art. 203.2 LOPJ, nos dice que:” la designación se hará en la primera resolución que se dicte en el proceso y se notificará a las partes el nombre del magistrado ponente y, en su caso, del que con arreglo al turno ya establecido le sustituya, con expresión de las causas que motiven la sustitución”. No vemos que haya ocurrido y no sabemos la razón.\nIgualmente, el art. 200 de la misma LOPJ nos dice que “nunca podrá concurrir a formar Sala más de un Magistrado suplente”. No sabemos si este es el caso pero en la Sentencia figuran, al menos 4 sustituciones. Desde luego, muy justificada la de los Excmos. Sres. Román Puerta y Sánchez Pega. La de los otros dos sustituídos es coherente, aunque nos hubiera gustado conocer su opinión que nos agrada imaginar discrepante. No podemos evitar la impresión de haberse creado una composición de Sala “ad hoc”, pero el voto disconforme, si fuera el caso, no hubiera impedido el triunfo de la mayoría. Hubieran dado su dictamen de acuerdo con aquello que les marcara su “convicción jurídica”, sin duda.\nVamos a destacar también, que en el Auto denegatorio del Recurso de Reposición, ha intervenido, no pudiendo hacerlo por tener interés directo (art.219.10 de la LOPJ), el Excmo. Sr. D. Luis-Román Puerta Luis. Entendemos por tal, el poder eludir la obligación, que de otro modo tendría, de comparecer en Vista Pública y responder a las cuestiones que esta parte pudiera plantearle. Se nos puede reprochar que no hemos ejercido el correspondiente derecho de recusación, pero esperamos nos entiendan si afirmamos que llevamos desde el año 1.993.- luchando por nuestros derechos, incluído el pago de 96 Euros trimestrales, más de 4.000.- hasta el presente, y no vamos a desperdiciar más tiempo sabiendo que el resultado final en el TS, a la vista está, va a ser el mismo. Ello sin considerar que, desconociendo la composición de la Sala y cambiándola a su antojo, mal podíamos recusar a ninguno de sus miembros.\nCentrémonos pues en los argumentos jurídicos esgrimidos a favor de la no admisión del Recurso de Reposición. Dice el Auto del 7 de julio del 2004 de la Sala Especial:\n…..”El error judicial, en cambio, sólo se puede basar en las pruebas del proceso en el que se lo invoca, pues, como es obvio, todo error implica una falsa apreciación de hechos existentes, pues no es posible apreciar falsamente circunstancias que en el momento de dictar la resolución se desconocen, como ocurre en el caso de la revisión. Tal conclusión se deriva de la naturaleza de las cosas, en este caso de la naturaleza del error. En otras palabras: conceptualmente la prueba del error judicial sólo puede ser la contenida en las actuaciones en que tal error se ha cometido, pues los jueces no pueden haber errado sobre ninguna otra circunstancia que no estuviera en las mismas”. Se sigue de esto, ineludiblemente, que los jueces, o no han visto lo que está en los documentos con imprudencia grave o ignorancia inexcusable, o sí lo han visto y han cometido un error muy grave. Sorprende y parece raro, en cualquier caso, que sea así en Magistrados de tan alta calificación y más, cuando el Ponente es autor de una Sentencia tenida por modélica en un conocido caso de Prevaricación Judicial ya citado más arriba y no nos dicen nada respecto a que el dinero se ha utilizado “apropiándoselo, haciéndolo suyo, desviándolo, no dedicándolo al fin pactado, con la convenida finalidad específica de devolución o empleo en un destino determinado, se la apropia, dispone de ella, la distrae indebidamente con ánimo de lucro y en perjuicio del depositante, las ha dispuesto como suyas, sólo puede disponer del dinero recibido aplicándolo al fin previsto.... “, “los tres recibieron esas cantidades y los tres responden de utilizarlo para las finalidades contractuales...”. Si, debiendo “ser entregada”, no se ha “determinado con la certeza exigida si los imputados se apropiaron o no de cantidad alguna derivada del contrato...”) ó “lo relevante es si se ha probado que el hoy recurrente ha entregado cantidades que no se han destinado al fin pactado” o, “ acreditar también que las cantidades recibidas, lejos de emplearse en el destino pactado, se han distraído”.” no exige el tipo probar que el recurrente incorporó a su patrimonio el metálico recibido por los contratantes, basta con que se acredite la recepción del dinero y su no aplicación al fin predestinado. Y esto se ha acreditado”, “Lo único importante, probar que no ha recibido conjuntamente con los otros unas cantidades, o probar que, recibidas, HA DEDICADO TODO LO RECIBIDO A LA CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE LAS VIVIENDAS”,”…. el vendedor-promotor “sólo puede disponer del dinero recibido, en cuanto depósito irregular, aplicándolo al fin previsto, de modo que si con el desvío de esa finalidad lo hace suyo incurre en el “modus operandi” del delito del art. 535 del CP, sustancialmente reproducido en el art. 252 del vigente Código”. etc. etc. (ponente Sr. Granados Pérez).\n(Sentencia Sala 1ª TS 30 octubre, en el recurso 5/2002.\nEsta Sala viene declarando que para apreciar un error judicial a los efectos de los artículos 292 y 293.1 no basta el desacierto del juzgador, sino que es preciso que se produzca una decisión injustificable en derecho por su desajuste con la realidad fáctica o la normativa jurídica (sentencias de 20 mayo 2001, 14 noviembre 2002); ha de tratarse de un error craso, patente, evidente e injustificado (sentencias 7 febrero y 12 de junio); una equivocación manifiesta y palmaria en la fijación de los hechos o en la interpretación o aplicación de la ley (sentencias 17 abril y 19 noviembre 2002); un desajuste objetivo patente e indudable con la realidad fáctica o con la normativa legal (sentencias de 25 junio y 7 julio 2003)\nEn suma, no han sido capaces de comprobar “…..si los hechos, de resultar acreditados, serían constitutivos de un delito de prevaricación”.\nNos dicen igualmente que los Jueces que han cometido el error, no son parte en el procedimiento. No vemos por qué. Nuestra única obligación procesal al presentar la Demanda, es identificarnos como demandantes y señalar a los demandados, que no pueden ser otros que aquellos que han cometido el error. La sola exigencia de la LOPJ es que sean partes, EN TODO CASO, el Ministerio Fiscal y la Administración del Estado, lo que deja explícitamente claro que hay más partes y no se puede entender que no sean precisamente sino los causantes del error que se recurre.\nSe afirma también que, “parece considerar que la ley remite a las reglas del recurso de revisión…..”. Digamos, francamente, que no es que lo parezca, es que la LOPJ, art.293.c, no puede ser más expresa y contundente: “El procedimiento para sustanciar la pretensión SERA el propio del recurso de revisión en materia civil”. Naturalmente hacemos nuestros todos los argumentos, seriamente fundamentados, de los discrepantes, pero queremos llamar su atención sobre el hecho de que el fallo de la mayoría incurre en un error incompatible con un Estado de Derecho. Porque si no es de aplicación el procedimiento de revisión en materia civil, eliminamos también el art. 516 de la LEC, y sea cual sea el fallo, no es admisible en Derecho que se deje a la libérrima voluntad del Sentenciador sus consecuencias. A no ser que se pretenda una interpretación de la norma legal a la carta.\nSe ha pretendido, del mismo modo, constatar que parecemos entender que el procedimiento de error judicial lo instrumentalizamos como una fase previa de la investigación de un delito de prevaricación. Sinceramente, nos parece una opinión aventurada. Hemos dejado claro, desde el principio, que no pretendemos más que se juzgue a los querellados por un delito de prevaricación, y si en el transcurso del proceso se cometen errores en la admisión de la querella, habrá que corregirlos; es más, lo pretendemos, por ser el único objeto de nuestros esfuerzos procesales. Por otro lado, no está de más llamar la atención del Tribunal sobre las obligaciones impuestas a los órganos de justicia por el art. 407 de la LOPJ e, incluso, en este caso, por el art. 40 de la LE Civil. Ello implica que el argumento esgrimido por el Ministerio Fiscal alegando que deberíamos haber iniciado el procedimiento de error desde la Primera Instancia, tenga un sentido circular, pues apreciando, no lo dudamos, la existencia de indicios delictivos, en cumplimiento del anteriormente citado precepto, habría iniciado las diligencias pertinentes. De paso, en su informe recomendando la denegación del Recurso de Reposición, seguramente otro “lapsus menti”, no cita correctamente nuestro escrito de reposición, pues suprime el párrafo “DE RESULTAR ACREDITADOS PUDIERAN SER CONSIDERADOS COMO CONSTITUTIVOS DE UN DELITO DE PREVARICACION” (Auto TSJC O5.11.2001 confirmando la apertura de Diligencias Previas). Entendemos que este hecho tiene su importancia y significado.\n2) Fundamentos de Derecho.\nVamos a considerar ahora los razonamientos específicos aportados en la Sentencia, no sin antes señalar que no entendemos cómo se pudo admitir a trámite la Demanda de Error judicial, si esos errores resultan no serlo, así como tampoco el resto de los indicados y de los que, hasta el momento, no hemos tenido noticia alguna, cosa que también ha ocurrido a lo largo de todo el proceso. Es de suponer que la admisión se aceptó porque había que aclarar el resto de los puntos “objeto de debate”, y resulta de todo punto “contradictorio” intelectual y jurídicamente, se nos conteste con exactamente los mismos argumentos cuestionados en la citada Demanda. ¿Para qué, entonces, nos han tenido esperando más de 20 meses? ¿Qué contestación se ha dado a los mismos? Ninguna. Porque, dice ese Tribunal STC 175/1996 (RTC1996/175) y repetimos, “El derecho a la tutela judicial, protegido en el art. 24.1 CE, entendido como derecho a una resolución jurídicamente fundada, implica integrar en el contenido de esa garantía constitucional el derecho del justiciable a conocer las razones de las decisiones judiciales; de tal manera que la motivación de las sentencias es una consecuencia necesaria de la propia función judicial y de su vinculación a la ley, existiendo un derecho del justiciable a exigirla, al objeto de poder contrastar la razonabilidad para ejercitar, en su caso, los recursos judiciales, y, en último término, para oponerse a las decisiones arbitrarias que resulten lesivas a la tutela judicial efectiva”. Y la doctrina de ese Tribunal en su Sentencia STC 58/1996 (RTC 1996/58), en la que se declara el legítimo interés del recurrente en amparo en saber la razón de que no se pronuncie el sentenciador en relación a lo que le es favorable. O, STC 184/1992 RTC 1992/184 “…..carece de motivación la resolución judicial que contenga contradicciones internas o errores manifiestos, que hagan de ella una resolución irrazonable por contradictoria”.\nDejada constancia de los errores cometidos en el relato que hace la Sentencia de los Antecedentes de Hecho que hemos denunciado más arriba, pasamos a analizar el contenido de los Fundamentos de Derecho.\nSolicitamos sean benevolentes si no entramos en extensos detalles para rebatir los\ninformes tanto del Abogado del Estado como del Ministerio Fiscal, quien en su informe del 19 mayo 2004 pidiendo la desestimación del Recurso de Reposición, alega, 2º Peculiaridades del procedimiento, b)”Como complemento de tal regulación, sólo fragmentariamente cabe la aplicación de la regulación del recurso de revisión. Así resultan inaplicables los arts. 509, 510, 512, 515 y 516 de la LE Civil”, de lo que se infiere que si el fallo nos es favorable, la Sentencia podrá decidir cualesquiera consecuencias que les venga en gana a sus firmantes (anteriormente, califica de “razonado y razonable” el informe de su colega de la Sala II, y por tal debe de entenderse negar los Hechos Probados. Informe del 28.01.03, “…cuyos supuestos fácticos…..debieron haber quedado íntegramente acreditados…..lo que no ocurrió). Son tan pobres jurídicamente, que confiamos no interpreten como irrespetuoso atrevimiento el considerarlos impropios de técnicos en derecho de, supuestamente, reconocida cualificación. Se limitan a decirnos que las Sentencias y Autos son racionales porque, nada menos, lo son. Tautología que permite, por nuestra parte, afirmar que el sexo de los ángeles está repartido al 50% entre varones y hembras, simplemente porque lo sabemos. Ello sí, declarando que su postura está respaldada por toda una jurisprudencia que NO CITAN (no podrían hacerlo), lo que es todo un ejemplo de motivación jurídica. Y en el caso del Abogado del Estado (cuyas costas ya tenemos presentadas; quizás la calidad técnica del informe, sin duda, lo justifique), quien nos acusa de que nuestro escrito de demanda contiene “…..confusas, oscuras e inconexas manifestaciones…”, manifestamos que por una vez, y sin que sirva de precedente, estamos de acuerdo. Porque ni el número uno de su promoción, suponiendo que él no lo sea, o la promoción entera reunida al efecto, podrán sacar diferente conclusión si sólo se leen tres de los CUATRO folios en que está extendida la demanda (podríamos intentar, por eliminación, averiguar cuál es el folio que no han leído, pero como no contestan ni a uno solo de los puntos suscitados, “objeto de debate”, < Fundamentos de Derecho, Segundo, Sentencia combatida> en cada una de ellas, no podremos saberlo). Se limitan, en definitiva, a decirnos que todo es racional y cuando les preguntamos por el itinerario por el que han caminado para llegar a esa conclusión, nos responden que es “racional” porque lo es. Comprenderán que usando este tipo de lógica, va a resultar extremadamente difícil rebatir cualquier postura. (Según Leibniz, Razón es “una facultad capaz, al menos en parte, de establecer o captar las relaciones que hacen que las cosas dependan unas de otras, y estén constituídas de una determinada forma y no de otra”).\nRecoge la Sentencia otras del TS (SSTS Sala Especial art.61 de 4 diciembre de 1990, 13 de abril de 1988 y 22 de julio de 1989) diciéndonos que ”el error judicial sólo procede cuando el Juez o Tribunal dicte una resolución viciada de error patente, convirtiéndose así este concepto en pieza clave a la hora de configurar los supuestos de error”.\n“Además, tendrá lugar el error judicial, entre otros, en los siguientes casos:\na) Cuando el Juzgado o Tribunal parte de unos hechos distintos de aquellos que\nhubieran sido objeto de debate.\nb) Cuando dicte resolución a todas luces arbitraria....”.\nPor segunda vez, no podríamos estar más de acuerdo, y a la luz de esa doctrina y de otra recogida en el transcurso de este Recurso de Amparo, rogamos nos digan si los siguientes puntos han “sido objeto de debate”:\na)Si después de que tres imputados declaren durante la Instrucción, reconfirmándolo en la Vista Oral, que no han hecho ni importado una casa, los Jueces pueden sentenciar que “Consta que una vez firmada la carta de crédito, le fue traída la casa y posteriormente edificada”. No desconocemos que el Juez tiene un amplio margen para la valoración de la prueba, pero ha de razonar sus propias conclusiones y, sobre todo, si además declara “haber leído todos los documentos uno a uno”, “reconstruyendo sobre los indubitados”. Y en el caso de la APC, después de darle al Tribunal una copia literal de esas declaraciones negando haber hecho o traído la casa y explicitando a donde ha ido una parte sustancial del dinero.\nEs doctrina consolidada de este Tribunal desde su STC 32/1981 (RTC 1981/32), que únicamente pueden considerarse auténticas pruebas que vinculen a los órganos de la justicia penal en el momento de dictar Sentencia las practicadas en el juicio oral, pues el procedimiento probatorio ha de tener lugar necesariamente en el debate contradictorio que, en forma oral, se desarrolla ante el mismo Juez o Tribunal que ha de dictar sentencia, de suerte que la convicción de éste sobre los hechos enjuiciados se alcance en contacto directo con la ejecución de los medios aportados a tal fin por las partes. Ahora bien, el Tribunal ha manifestado que esta regla no puede ser entendida en un sentido tan radical que conduzca a negar toda eficacia probatoria a las diligencias sumariales practicadas con las formalidades que la Constitución y el ordenamiento procesal establecen, pues como excepción a la expresada regla general este Tribunal reconoce los casos de prueba anticipada y preconstituida. Repetimos que la valoración conjunta de la prueba practicada es una potestad exclusiva del Juez, que este ejerce libremente con la sola obligación de razonar el resultado de esa valoración (SSTC 76/1990, 138/1992 y 102/1994), lo que implica que la Sentencia debe explicitar el por qué llega a esa conclusión, contraria a las reiteradas, consistentes e invariables en el tiempo, declaraciones de los acusados/testigos, que se incriminan a sí mismos negando haber importado, junto con el Mº Fiscal, o hecho la casa. Y ello tanto en fase sumarial como en la Vista Oral.\nb) Si ha quedado definitivamente probado que una parte del dinero, Ptas.4.477.578.-, se ha ingresado en cuenta y sociedad diferente de la contratante. Sociedad desconocida para esta parte al momento de la firma del contrato. Si ese “desvío” no ha sido reconocido hasta por uno de los testigos/imputado que lo aduce como razón para que CASAS USA S.A. no construya la casa.\nc) Se descuenta una letra destinada al pago de la casa, a pesar de previo pacto escrito de no hacerlo hasta que la misma haya sido entregada, y su importe se utilice para cubrir un descubierto en cuenta por el fallido de otra letra financiera descontada para el pago del capital social de esa sociedad. Si ese descuento y destino del dinero implica “dolo específico” y voluntad (“querer esa conducta”) de apropiarse del mismo.\nd) Si la querella presentada por nosotros se refiere al hecho de que hemos entregado Ptas.7.456.325.- y no nos han hecho más que la base de hormigón cuya factura, que “aportan” los acusados, suma Ptas.1.563.783.- (parcialmente impagada; se adjunta copia).\ne) Si el juez de Instancia desconoce lo que es una Carta de Crédito.\nf) Qué sentido tiene toda la Jurisprudencia aportada en las Sentencias en relación con los Hechos Probados, sobre todo a partir de la AP Cantabria y cuál es la\n“racionalidad” en la que están inmersas, por qué “…constituyen lógicas\ndeducciones …”, etc. etc.\nPues bien, volviendo a resaltar que el de prevaricación es un “delito de mera actividad que se consuma al tiempo de dictar la sentencia o resolución injusta”, mantenemos con la mayor firmeza, que la Sentencia vulnera de forma muy grave nuestro derecho a la TUTELA Judicial efectiva reconocida en el art. 24.1 de nuestra Constitución , pues hasta el momento presente, ninguna de las Resoluciones, Autos o Sentencias objeto de este Recurso de Amparo, han contemplado, en lo más mínimo, los hechos denunciados en relación con los probados.. Y ello a la luz de la doctrina, jurisprudencia y textos legales aportados no ya por nosotros, sino por los distintos juzgadores, llamando la atención que un jurista de reconocido prestigio, no podemos pensar otra cosa, como el Excmo. Sr. Granados Pérez (componente de la Sala II que dicta el Auto de no admisión) , no saque consecuencias de la jurisprudencia por él mismo elaborada (“… resolución contra su convicción jurídica, aunque la sentencia o resolución resulte objetivamente compatible con las normas aplicadas”.Sentencia Gómez de Liaño citada anteriormente) y que pensamos haya sido bien reproducida en la Sentencia de Instancia como base jurídica del fallo: “Así lo ha dicho categóricamente en su STS 23.12.96 (Pon. Granados Pérez), volviendo a reiterarlo en otras posteriores tales como la STS 1.7.97 (Pon. Conde Pumpido) y la STS 20.7.98 (Pon. Jiménez Villarejo).Es especialmente ilustrativa la primera de ellas en la que, haciéndose eco de otras Sentencias dictadas durante la vigencia del referido art. 6 (ej. SSTS 5.4.95 y 25.4.94), recuerda que, con independencia del incumplimiento de los arts. 1 y 6 de la ley de 1968, si el promotor hubiera dispuesto como suyas de las cantidades recibidas o una importante suma de las mismas, no destinándolas a las atenciones derivadas de la construcción de viviendas, esa inobservancia es capaz de teñir, por sí sola, de antijuricidad el actuar del promotor, porque, equiparando una vez más el título de adquisición de esas cantidades a la figura del “depósito irregular” ( tal y como hizo por ej. en la STS 25.11.87 Pon. Díaz Palos), el vendedor-promotor “sólo puede disponer del dinero recibido, en cuanto depósito irregular, aplicándolo al fin previsto, de modo que si con el desvío de esa finalidad lo hace suyo incurre en el “modus operandi” del delito del art. 535 del CP, sustancialmente reproducido en el art. 252 del vigente Código”.\nO, como afirma la tan citada Sentencia de la AP Cantabria para otro caso en el que se condena, “no exige el tipo probar que el recurrente incorporó a su patrimonio (¿qué es el capital social?) el metálico recibido por los contratantes, basta con que se acredite la recepción del dinero y su no aplicación al fin predestinado. Y esto se ha acreditado”.\nNo deberíamos aburrir a ese tribunal con argumentaciones adicionales respecto a lo absurda, antijurídica y lesiva que resulta la Sentencia que recurrimos, pues lo dicho hasta ahora debería ser bastante como prueba de la vulneración de nuestros derechos constitucionales. Sin embargo, en nuestro afán de, al menos, intentar razonar en contra del sinsentido (contradicción en los términos), dicho con el mayor de los respetos, vamos a comentar los puntos finales de la misma.\nSuponemos que los hechos relatados anteriormente son HECHOS PROBADOS. Admitiendo esto, puesto que no han sido siquiera cuestionados en momento alguno del proceso (excepto la muy racional negación de los mismos por la Fiscal de la Sala II constatada más arriba, argumentando que los Hechos Probados no han sido probados porque no lo han sido), nos dice la Sentencia que se trata, en definitiva, de determinar si ha habido ”……resolución injusta que rompe la armonía del derecho”. Y que, ” ……el Auto de la Sala II que desestimó el Recurso de Súplica contra la inadmisión de la querella se fundamenta en una consolidada doctrina de dicha Sala conforme a la cual la inexistencia de una previa liquidación de cuentas( permítannos un inciso: ¿auditadas¿) impide la apreciación del delito de apropiación indebida. Se trata, pues, de un criterio jurídico referente a la interpretación de un precepto legal que no es denunciable por vía de error judicial”. Y ello porque, sigue la Sentencia, “…..en base a DOS extremos a todas luces determinantes, como son: no haberse acreditado el importe de los trabajos llevados a cabo por CASAS USA en los terrenos del querellante, lo que impedía conocer, por tanto, el alcance concreto de la apropiación indebida y, por otro lado, las sucesivas modificaciones que el contrato originario sufrió a lo largo de los distintos avatares por los incumplimientos de la citada empresa”. Se nos reprocha, además, que “una nueva valoración o análisis de la prueba o de los razonamientos jurídicos de la resolución judicial convertiría este proceso en una nueva instancia”. <<….el proceso por error judicial no puede ser considerado como una nueva instancia en la que se reproduzcan las mismas cuestiones que fueron planteadas en la primera (SSTS de 4 enero de 2000, 2 y 3 de diciembre de 1998), que es precisamente lo que se hace en este supuesto>>.\nPlanteado en estos términos, tenemos que constatar nuestra sorpresa. Primero: no se trata de plantear nuevas cuestiones, sino de determinar si ha habido, en UNICA INSTANCIA, error judicial en la no admisión de una querella. Segundo: tal razonamiento eliminaría cualquier instancia posterior y admitiría la bondadosa conclusión de que “tó er mundo e güeno”, excusen la licencia. Tercero: Sentencia 2/1999 Causa Especial 2940/1997, Gómez de Liaño, SOBRE EL FONDO 3.d “…la ley penal (art.446 CP) no requiere más que una resolución injusta, no una resolución que otros tribunales o jueces hayan calificado previamente como tal. Pero, de cualquier manera, lo cierto es que si esos jueces calificaron las resoluciones de que se trata con todas las normas conceptuales que definen la injusticia en el sentido del delito de prevaricación y, por lo tanto, percibieron la existencia de resoluciones gravemente contrarias al orden jurídico-procesal, la no aplicación por ellos del art. 407 LOPJ no puede justificar ex post facto las medidas arbitrarias de otro juez”.\nPor supuesto, lo que antecede se nos cuenta con la ya usual coletilla de que todo está apoyado en abundante, pacífica y constante jurisprudencia del TS que no citan y sólo les falta denunciar la patente equivocación de sus colegas inferiores cuando fallan, entre otras ya mencionadas, a la luz de la Sentencia del 26.2.1998, Argentia Trust (detalle que se les ha pasado por alto a los inexpertos Abogados Defensores de los imputados), “……..la falta de respuesta concreta y coherente sobre su uso” (subrayado en la Sentencia) de que han hecho gala los respectivos acusados, dato este, que como recalca la referida Sentencia, no comporta ningún tipo de desplazamiento de la carga de la prueba cercenadora del Derecho de Presunción de inocencia”.\nPero analicemos las DOS UNICAS RAZONES de fondo que, recordemos, son las mismas esgrimidas en el Auto de la Sala de lo Penal, insistiendo en que no alcanzamos a ver por qué se admitió la Demanda de Error a trámite si el citado Auto es modelo de precisión y ciencia jurídica. Sólo echamos en falta que no nos hayan reprochado nuestra temeridad por plantear otros puntos (…objeto de debate…) que, obviamente, siguen sin ser contestados.\nA) “No haberse acreditado el importe de los trabajos llevados a cabo en los terrenos del querellante, lo que impedía conocer, por tanto, el alcance concreto de la apropiación indebida”. O sea, añadimos, no hemos sido capaces de hacer las cuentas.\nConfesamos, sin ánimo de ser ofensivos, que nos han dejado perplejos. La originalidad, la precisión jurídica y el ejercicio ejemplar de la razón/ lógica, nos inclinan a pensar que los miembros de la Sala Especial son seguidores kantianos; aunque quizás, bien mirado, sólo el camino de la experiencia que nos enseñó el gran David Hume, pueda justificar, por sí sola, tamaña aseveración. Si lo hemos entendido bien (ya no nos atrevemos a afirmar que usamos el sentido común, descartado el jurídico), quieren decir que si fuera aún factible, dados los tiempos que corren, uno cualquiera de tales señorías firmantes, puede encargar a un fiel y sencillo conserje le compre tres cartones de tabaco en el estanco más próximo, previa entrega de 500 euros para la misiva (no tiene suelto), y este solícito servidor podrá abusar de la reconocida y togada benevolencia del mandante comprándole sólo tres cajetillas, regalar a su mujer o amante lo que le venga en gana y con el resto del dinero, hacerse un campeonato de petanca en “tour” europea, por ejemplo. El más que inteligente mandante no le podrá reclamar (su acendrada conciencia jurídica se lo impide) el resto del dinero, porque no conoce “el alcance concreto de la apropiación indebida”, y porque el mandatario sólo le ha entregado el vale de las tres cajetillas y, encima, tras comunicarle que su pareja dice estar muy contenta con los regalos recibidos y muy agradecida, le ha enviado a paseo cuando le ha pedido cuentas. Si se consolida esta doctrina, no va a haber sindicato que impida a los conserjes y bedeles hacer cola a la puerta del despacho de los firmantes, disputándose el orden en la misma con mayor energía que a la hora de apertura en los grandes almacenes al inicio de la temporada de rebajas. Les rogamos nos excusen esta ligereza sin mala voluntad, pero es que no sabemos, de verdad, si lo que nos dice la Sala Especial es en serio, en un asunto que ciertamente lo es.\n¿Qué tipo de cuentas son necesarias y quién debe presentarlas¿ Hemos entregado Ptas.7.456.325.- en “depósito” para la construcción de una casa, los imputados declaran no haberla hecho sino en la parte que dicen, cuya factura “aportan”, los Jueces nos dicen que lo han utilizado en otras cosas afirmando que eso es delito y que “Lo único importante, probar que no ha recibido conjuntamente con los otros unas cantidades, o probar que, recibidas, HA DEDICADO TODO LO RECIBIDO A LA CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE LAS VIVIENDAS”. Y el TSJ Cantabria, sus Magistrados querellados, nos dicen que la Sentencia que nosotros entendemos prevaricadora, es consecuencia de “deducciones lógicas” después de haber confirmado la apertura de Diligencias Previas, siguiendo su “convicción jurídica” porque los hechos, “DE RESULTAR ACREDITADOS PUDIERAN SER CONSIDERADOS COMO CONSTITUTIVOS DE UN DELITO DE PREVARICACION”. Pues bien, se completa el silogismo, según lo manifestado por la Sala Especial, reprochándosenos que no vamos ante los tribunales con dichas cuentas hechas. ¿Para qué, entonces, recurrimos a esos tribunales?\nPues señores, se trata de una ecuación de grado cero:\n7.456.325.-menos 1.563.783.-= X, incógnita que SOLO puede sufrir variaciones en función de lo que los imputados demuestren han hecho, además de lo ya justificado.\nAunque también cabe la posibilidad de que los acusados declaren que nos han hecho una casa en Las Bahamas (según el método utilizado no hay motivos para no creerles) y tengamos que devolverles dinero tras pedirles perdón por las molestias ocasionadas.\nPero es que, además, los trabajos efectuados, cualesquiera que ellos sean, no son a cargo nuestro y están incluídos en el precio del contrato; no los objetamos porque, en cualquier caso, hubiéramos tenido que hacerlos al construir la casa por nuestra cuenta, como ha quedado manifiesto anteriormente.\nTodo ello sin considerar, tal como queda constatado en el escrito de la Demanda de Error, que no vemos por qué aceptan los Jueces que se haya hecho “la base de hormigón” o lo que quiera que sea, sin base documental alguna, que no es que no exista ( “….cuyo importe se desconoce” ), sino que la ignoran inexcusablemente, puesto que la factura ESTA en el sumario. Así como tampoco entendemos la razón de que, sin embargo, NO CREAN a los imputados cuando declaran no haber importado ni hecho la casa, tanto en la Instrucción como en la Vista Oral. Tal cúmulo de despropósitos no es digno del más humilde de los jueces y no comprendemos (¿) cómo una Sala Especial, la más alta magistratura jurisdiccional del país, puede formular los mismos, dicho con el mayor de los respetos.\nB) “…por otro lado, las sucesivas modificaciones que el contrato originario sufrió a lo largo de los distintos avatares por los incumplimientos de la citada empresa”.\nFrancamente, esta declaración no desmerece de la anteriormente comentada. Porque esta afirmación apriorística, gratuita es, cuanto menos, y dicho con todos los respetos, impropia de un Tribunal. No nos dicen cuales hayan sido esas modificaciones porque, sencillamente, no las hay, y nos parece sumamente grave hacer esa afirmación después de haber determinado que, cualesquiera que fuesen las discusiones, cosa por otro lado normal, consideran el acuerdo suscrito, único existente, como DEFINITIVO; pero no lo incluyen en la cita porque, lamentablemente, vuelven a tener un olvido inexplicable, y ello, nada menos que sufrido por Jueces integrantes de la Sala Especial del art. 61 LOPJ. Tampoco tienen en cuenta que ha habido una declaración expresa y terminante, EN EL MOMENTO DE DICTAR SENTENCIA, “El recurrente INCORPORA Y ADICIONA argumentos de distinta naturaleza, algunos puramente civiles que no cabe considerar y otros PENALES”. “.\nExaminemos, por tanto, el acuerdo modificador. Lo único que hace ese acuerdo, repetimos, DEFINITIVO, es demorar la liquidación final, las cuentas de que habla la Sala Especial, “a la entrega de la casa”, mediante añadido firmado (se adjunta copia) para eliminar la tramposa referencia de hacerlo “cuando llegue la casa a la finca”, pues ello suponía para los contratistas desvincularse de su obligación de, eventualmente, edificar la casa. Al final, el añadido ha resultado redundante, pues al no haber traído la casa, no han cumplido con el contrato y no han hecho “…lo único importante…….. probar que, recibidas, HA DEDICADO TODO LO RECIBIDO A LA CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE LAS VIVIENDAS”, o justificar el destino dado a las sumas de dinero recibido para “un fin específico”. Y, por el contrario, SI DESVIADO, “no destinándolas a las atenciones derivadas de la construcción de viviendas, esa inobservancia es capaz de teñir, por sí sola, de antijuricidad el actuar del promotor, porque, equiparando una vez más el título de adquisición de esas cantidades a la figura del “depósito irregular” ( tal y como hizo por ej. en la STS 25.11.87 Pon. Díaz Palos), el vendedor-promotor, “sólo puede disponer del dinero recibido, en cuanto depósito irregular, aplicándolo al fin previsto de modo que si con el desvío de esa finalidad lo hace suyo incurre en el “modus operandi” del delito del art. 535 del CP, sustancialmente reproducido en el art. 252 del vigente Código”. (Sentencia 23.12.96 Ponente Sr. Granados Pérez).\n(Les rogamos excusen la repetición de la Sentencia ya reproducida anteriormente)\nY, abundando en lo anterior, si alguien recibe un dinero para la construcción de una casa y no la hace, habiendo accedido el mandante/depositante a que se liquiden cuentas a la entrega de la misma, ¿quién tiene obligación de presentar esas cuentas¿.? ¿Quién ha recibido en depósito, sea “regular o irregular” un dinero para una “finalidad específica de devolución o empleo en un destino determinado”¿ ¿A quién, por tanto, incumbe la obligación de presentar cuentas ?\nMas si no fuera bastante todo lo anteriormente expuesto, consideramos insalvable el hecho cierto, indubitado, definitivo, probado en sede judicial, de que el DINERO ENTREGADO, mucho antes del momento de rendir cuentas, se ha utilizado, “desviándolo”, “no dedicándolo al fin pactado”, pues “sólo puede disponer del dinero recibido aplicándolo al fin previsto”, etc. etc. Es decir, el delito ya había sido cometido. A NINGUNA DE ESTAS CUESTIONES HEMOS TENIDO EXPLICACION ”RAZONADA Y RAZONABLE” y ello, aún suponiendo que las alegadas en la Sentencia merezcan alguna consideración. ( art. 252 CP Serán castigados con las penas del artículo 249 ó 250, en su caso, los que en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial que hayan recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido, cuando la cuantía de lo apropiado exceda de cuatrocientos euros. Dicha pena se impondrá en su mitad superior en el caso de depósito necesario o miserable)\nLESION DEL DERECHO DE IGUALDAD ANTE LA LEY.- ART. 14 CE\nLa Sentencia del Juzgado de lo Penal num. 2 de Santander, establece en el Apartado Quinto, Los Contratos, III, E, Cumplimiento del contrato e incidencias, con Alfonso Solar San Mauro, que “Este cliente, pues llegó a abonar a CODICASA un total de ptas.4.896.000. Por su parte esta sólo le realizó las obras de excavación y cimentación, cuyo coste real no ha quedado acreditado, si bien en el contrato se preveía un pago, por este concepto de 1.563.245.- ptas (IVA incluído)”. Esta Sentencia ha sido sucesiva y continuamente confirmada por todas las instancias, hasta llegar a la Sala de lo Penal que no ha objetado a la misma. Sí lo ha hecho, en cambio, para nuestro caso porque “el hecho de no haberse acreditado el importe de los trabajos llevados a cabo por CASAS USA en los terrenos del querellante, impedía conocer el alcance concreto de la apropiación indebida como uno de los elementos del tipo”.\nDesconocemos cuales son los criterios usados para resolver el acertijo, pero parece que, en el primer caso, algún tipo de mágico poder adivinatorio ha hecho que lo que no se conoce coincida exactamente con una previsión (por cierto, como ya hemos hecho observar en la Demanda de Error, por prácticamente el mismo importe que en nuestro caso), salvando el escollo del “alcance concreto de la apropiación indebida”, peseta más peseta menos, imaginamos. Sin embargo, en nuestro caso, estando “aportada” una factura por el sólo trabajo que declaran los imputados haber hecho, y siendo ellos los máximos y únicos interesados en justificar el uso dado al dinero recibido para “un fin específico”, falta el elemento del tipo.\nAparte de desconocer también qué razón impide pedir en este caso la justificación de “toda la obra realizada”, no sabremos tampoco por qué no es un tema civil, ni si el Sr. Solar San Mauro es más inteligente o previsor que nosotros y ha presentado a tiempo las cuentas para reclamar vía querella criminal por apropiación indebida que se le reconoce en la sentencia ( debe de ser que este señor comparte asesor matemático con el Tribunal que ha resuelto la ecuación dinero entregado menos previsión=coste real que no ha sido acreditado”). Por vía indirecta se confirma de nuevo el tratamiento desigual vulnerador de nuestros derechos, ya que también en otro caso de la sentencia se reconoce que no se ha condenado porque el recurrente no ha probado el desvío del dinero, aún cuando los imputados hayan realizado parte de la obra. Nosotros, y los Jueces que con ignorancia injustificable suponen también que se ha hecho parte de la casa o lo que sea, según versión “ad hoc”, hemos probado que ha habido ese desvío y, sin embargo, sólo falta la felicitación a los acusados para que disfruten del dinero de la mejor forma posible (de nuevo pedimos excusas por la ironía, pero es que hemos llegado a un punto, ¡tras once años!, en que nos resulta necesario una cierta relajación que confiamos comprendan). Alternativamente, de nuevo se habría cometido un error doloso puesto que saben, nos han dicho que lo han leído, que el dinero se ha desviado a otros fines.\nNo encontramos explicación alguna para este proceder de la Sala, pues habiendo identidad de órgano jurisdiccional, identidad de delito justiciable, unidad de resolución e identidad de situación fáctica, la decisión del Tribunal comporta una arbitrariedad\ndiscriminatoria incompatible con el precepto constitucional invocado, art.14 en relación al art. 24.1 del mismo texto legal máximo.\nPara concluir, habiendo indicios más que suficientes que LOS MISMOS QUERELLADOS ADMITEN QUE DE SER PROBADOS SERIAN CONSTITUTIVOS DEL DELITO DE PREVARICACION, SIENDO CIERTOS, al no admitir la querella a trámite, se nos está privando de nuestro derecho a conocer qué explicación tiene, SI NO es una conducta prevaricadora, esa actuación, pues entendemos que lo dicho hasta el momento por los Tribunales, no sólo no es RACIONAL O JURIDICAMENTE aceptable, sino que se incurre en gravísimos errores que vulneran sistemáticamente nuestros derechos constitucionales como queda ya manifestado a lo largo de este Recurso de Amparo. Hacer constar, igualmente, nuestra firme y decidida creencia en que ha habido dejación por parte del TS, con respecto a lo ordenado en el art. 407 LOPJ.\nY, en cualquier caso, se ha dictado Sentencia no sólo sin respetar el Procedimiento reglado para las Demandas de Error Judicial por la LOPJ, vulnerando una vez más el derecho reconocido a la Tutela Judicial Efectiva del art. 24.1 de la CE, sino también con todas las irregularidades habidas a lo largo del proceso como queda más arriba señalado.\nFUNDAMENTOS PROCESALES DEL RECURSO\nTERCERO.- En cuanto a la procedencia del recurso se han cumplido todos los requisitos establecidos en el artículo 41 de la citada Ley, dado que la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha sido la competente para el enjuiciamiento y fallo en única instancia de los hechos denunciados por mi representado\nAL EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SUPLICO: Que habiendo por presentado este escrito y los documentos al mismo acompañados, se digne admitirlo y tenga por formalizado, en tiempo y forma, RECURSO DE AMPARO contra la Sentencia dictada en fecha 4 de enero del 2005 en la Causa Especial 19/2003 por la Excma. Sala Especial el art. 61 LOPJ, en Demanda de Error Judicial de fecha 23 abril 2003, tenga por comparecido y parte al Procurador que suscribe, ordenando se entiendan con ésta las sucesivas diligencias en el modo y forma previstos en la Ley y tras su admisión y los trámites oportunos que sean menester, declare HABER LUGAR AL AMPARO solicitado por la vulneración de los derechos constitucionales invocados y declare:\nQue la Causa Especial 19/2003, seguida ante la Excma. Especial, art. 61 de la LOPJ, es nula de pleno Derecho al haberse vulnerado el mandato contenido en el art.24.1 de la Constitución española al no fundamentarse el fallo consignado en la Sentencia, con manifiesta falta de motivación de la misma, y no haberse tenido en cuenta las pruebas\npracticadas en la Causa y los Hechos Probados desde la Primera Instancia, con los demás pronunciamientos inherentes a tal declaración. Se han vulnerado igualmente importantes normas procesales que afectan de forma decisiva y determinante a los tan citados derechos constitucionales del art.24.1 CE, ocasionando indefensión manifiesta y no habiéndose respetado el principio de legalidad.\nAdemás o subsidiariamente se declare que la mencionada Sentencia ha vulnerado el mandato contenido en el art. 14 en relación con el 24.1 de la Constitución Española, al no haberse respetado el mandato constitucional de la igualdad de los españoles ante la ley.\nPRIMER OTROSÍ DIGO: Habida cuenta de los razonamientos expuestos en el presente recurso y a fin de arrojar claridad sobre las cuestiones planteadas.\nAL EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SUPLICO: Se sirva disponer lo necesario y ordene la remisión por parte del Tribunal de los originales de las actuaciones y documentos obrantes en la citada Causa Especial 75/02.\nSEGUNDO OTROSÍ DIGO: Que interesa al derecho de esta parte el recibimiento a prueba, teniendo en cuenta que la prueba de la que intenta valerse se contraerá a los documentos aludidos a lo largo de este escrito, los cuales son considerados como esenciales para la protección de los derechos fundamentales que se entienden vulnerados por el Tribunal Supremo, de conformidad con lo establecido en el art. 89 en relación con el art. 88.1 y 55.1 de la LOTC.\nTodo ello por ser de Justicia que pido en Madrid,\nDocumental que se acompaña:\n1) Comunicación del Ilustre Colegio Abogados Madrid al Presidente del TS-Sala II\n2) Habilitación favor del firmante Il. Colegio Abogados Madrid\n3) Copia calificación Mº Fiscal Juzgado Instrucción no. 7 Santander\n4) Copia factura “base de hormigón” y Solera (Garaje y sótano)\n5) Copia acuerdo “definitivo” acordando liquidar cuentas a la entrega de la casa\n6) Copia Sentencia Sala Especial 04.01.05 –19/2003\n7) Copia Auto Sala Especial denegando admisión Recurso Reposición\n8) Copia informe Mº Fiscal sobre Recurso Reposición\n9) Copia Recurso de Reposición\n10) Copia Providencia del 05.05.04 señalando fecha “Deliberación, votación y fallo”\n11) Copia informe Mº Fiscal sobre Demanda Error Judicial\n12) Copia informe Abogado del Estado sobre Demanda Error Judicial\n13) Copia Providencia Sala Especial del 03.02.04 admitiendo trámite Demanda Error Judicial\n14) Copia escrito del 22.12.02 presentando, nuevamente, Demanda de Error Judicial\n15) Copia Providencia Sala Especial 05.12.03 solicitando nueva presentación Demanda de Error Judicial\n16) Copia Demanda de Error Judicial de fecha 24.04.03\n17) Copia Recurso de Apelación ante Audiencia Provincial de Cantabria recurriendo el fallo del Juzgado de Instrucción no. 7 de Santander.\nPublicado por eugenio de la cuesta gutierrez en 11:37 No hay comentarios:


Ciudadanos piden a partidos donar dinero de campañas; la respuesta es ambigua – Ruleta Rusa\nLa “primavera mexicana” inició en las redes sociales en pleno verano. Ciudadanos mexicanos exigen a partidos políticos donar el dinero que utilizarán en campañas electorales para la reconstrucción de México y apoyos a damnificados.\nBajo el hashtag #PartidosdenSuDinero la campaña ciudadana está sacudiendo más fuerte que el temblor que ha devastado a CDMX, Morelos, Puebla y el Estado de México. La tendencia de esta exigencia se convirtió –por horas- en el segundo trending topic en la red Twitter, sólo por debajo de #AyudaCDMX\n“#PartidosdenSuDinero Que el dinero se ocupe para ayudar a la gente, es nuestro dinero y nosotros debemos decidir en qué se gasta…”, dice @nathalie527 una de los 37.2 mil personas que han emitido tuits para pedir lo mismo.\nEn la plataforma change.org ya existe una petición para que el Instituto Nacional Electoral (INE) donde los casi 7 mil millones de partidos a víctimas de los temblores del 7 y el 19 de septiembre en México.\nAlfredo Aguirre, de Monterrey, Nuevo León fue quien inició la petición con su firma y acumula al ,momento más de 1.6 millones de firmas de apoyo, de las 1.5 millones solicitadas\nLa petición en change.org está sumando firmas.\n“Muchas personas, familias, niños, niñas, han quedado en condiciones críticas, es decir, sin refugio, sin comida, sin agua, sin ropa, lesionadas y otras han fallecido y dejado desamparadas a sus familias, necesitan mucha ayuda económica. No es justo destinar tanto dinero a los partidos políticos si miles de mexicanos sufren ante esta enorme tragedia”, expresa Aguirre en la carta-petición ante change.org\nPara el proceso electoral del 2018 el INE ha destinado el presupuesto más grande en la historia: 6 mil 778 millones de pesos.\nAl PRI se le asignarán mil 689 millones de pesos; al PAN, mil 281 millones; al PRD, 773 millones; a Morena, 650 millones; al Verde Ecologista, 578 millones; a Movimiento Ciudadano, 537 millones; a Nueva Alianza, 419 millones; a Encuentro Social, 398 millones; y al PT, 376 millones. Y para las candidaturas independientes habrá casi 43 millones de pesos.\nAlgunos personajes como Susana Zabaleta también escribieron su opinión para manifestar su apoyo a la medida.\n“No queremos ver espectaculares, volantes, ni spots en TV ni Radio. ¡Queremos ver ese dinero destinado para México!”, tuiteó Zabaleta, recibiendo más 16 mil de me gusta tras su comentario.\n¿Qué dicen los líderes de partidos políticos en México?\nRicardo Anaya respondió a los reclamos ciudadanos desde su cuenta de Twitter la tarde del miércoles.\n“En el PAN reiteramos: SÍ deben destinarse recursos de Partidos y campañas para apoyar a los damnificados y debe hacerse sin lucro político”, escribió el líder nacional del PAN.\nEl diputado César Camacho quien habló a nombre del PRI su partido asegurando que habrá recursos de apoyo.\n“Con mucho entusiasmo los @DiputadosPRI canalizaremos recursos de las campañas políticas a la reconstrucción. @EnriqueOchoaR”, escribió Camacho.\nAndrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena, anunció que ha convocado a la creación de un fideicomiso para administrar los recursos que entreguen los partidos políticos.\n“Periodistas e intelectuales honestos formarán parte de Fideicomiso que administrará fondos de apoyo a damnificados”, escribió López Obrador.\nAlejandra Barrales, presidenta nacional del PRD, escribió también en su cuenta de Twitter que está de acuerdo en la petición ciudadana. Aunque no habló de aportar algo en concreto.\n“El PRD reafirma su compromiso con la gente: partidos debemos destinar recursos ante esta emergencia. Sin lucro político, ayudemos a México”, tuiteó Barrales.\nEl PVEM a través de su vocero Carlos Puente, aseguró que han hecho una propuesta para recudir el gasto de partidos y con ello “ayudar a los damnificados”.\n“El @partidoverdemex propuso reducir dinero a partidos, ahorrando más d 3mmp para apoyar a damnificados”, escribió Puente en referencia a una iniciativa que el PVEM presentó hace tiempo en el Senado.\nNadie habló de cantidades específicas aún. Todos le dieron vueltas al tema con la retórica.\nNoticias relacionadas: México es fuerte y está unido/ Nuevo temblor en México provoca destrucción y muerte


AUTO 12484 DE FEBRERO 18 DE 1997\nAUTO 12484 DE 18 DE FEBRERO DE 1997\nCONTENIDO:LAS DENUNCIAS ANÓNIMAS NO TIENEN MÉRITO SUFICIENTE PARA ACTIVAR LA JURISDICCIÓN PENAL\nTEMAS ESPECÍFICOS:INCENTIVOS POR MÉRITOS, DEBER DE DENUNCIA PENAL, JURISDICCIÓN PENAL\nREVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:304 DE MARZO DE 1997, PÁG.369\nAuto 12484 de febrero 18 de 1997\nNO DEBE SER ANÓNIMA\nEXTRACTOS: «Lo que primeramente se advierte en la presente denuncia, es la ausencia de identificación de la persona que ha puesto en conocimiento de la autoridad los hechos antes relatados que eventualmente podrían constituir infracciones a la ley penal.\nDe la exigencia contenida en el artículo 27 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto a que quien formule una denuncia lo haga bajo juramento, implícitamente se deriva la de su entidad, pues lo que con ello se pretende es que la acción penal se ejercite con seriedad y responsabilidad.\nNo cumpliéndose este presupuesto en el caso presente, dable es concluir que se trata de un denunciante anónimo quien no está en disposición de responder en caso de ser requerida su intervención, como necesaria es, dada la generalidad de los cargos que en el escrito de denuncia se formulan contra el parlamentario. Simplemente se evidencia la intención del ignoto personaje de ocultar su verdadera entidad, presumiblemente para abstenerse de asumir responsabilidades que puedan derivarse del ejercicio abusivo del derecho-deber de denunciar.\nDe otra parte, la Ley 190 de 1995 dispuso en su artículo 38 que en materia penal y disciplinaria sería aplicable el artículo 27 numeral 1º de la Ley 24 de 1992, a menos que existan medios probatorios suficientes sobre la comisión de un delito o infracción disciplinaria que permitan adelantar la actuación de oficio. La norma en cita, que regula el trámite y la recepción de quejas en la dirección respectiva de la Defensoría del Pueblo, dispone que se inadmitan las quejas que sean anónimas o que carezcan de fundamento.\nEllo implica que las denuncias anónimas no tienen el mérito suficiente para activar la jurisdicción penal, bien para investigar preliminarmente o bien para abrir formal instrucción.\nY denuncia anónima es tanto aquella que carece de signatario como en general cualquiera respecto de la cual no se conoce quién la suscribe. Para el evento, no figura identidad alguna del denunciante. Por ello la Corte encuentra que se está ante la situación reglada por la precitada disposición.\nEn consecuencia, ha de inadmitirse el escrito de denuncia anónima contra el congresista F..., con fundamento en el artículo 27 de la Ley 24 de 1992, aplicable por remisión del artículo 38 del estatuto anticorrupción, toda vez que en el caso a estudio no se cuenta con ningún otro elemento de prueba que permita adelantar la investigación de oficio».\n(Auto de febrero 18 de 1997. Radicación 12.484. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego).


Características alga nori\nTambién se considera que nutre el elemento agua, lo que la hace adecuada para problemas de los riñones y la vejiga (infecciones urinarias, cistitis,...). Esta propiedad también se corresponde con la teoría del color de los alimentos. En general, todas las algas presentan estas propiedades.\nEl alga nori es una alga parda, como la mayoría de algas comestibles (kombu, wakame,...). Este tipo de algas se caracterizan por su riqueza en carotenoides. Estos componentes son pigmentos fotosintéticos, con propiedades antioxidantes y depurativas, capaces de contrarestar los radicales libres que se forman en el organismo y ayudar a prevenir el envejecimiento prematuro.\nPor su contenido en calcio, magnesio y otros minerales, el alga nori es muy adecuada en la menopausia, para personas con problemas de huesos, osteoporosis, embarazo, lactancia, y en general, como aporte de calcio en dietas vegetarianas y veganas. Se puede tostar en una sartén el alga seca y moler para hacer un "polvo" de alga rico en yodo.\n* Información relacionadada:\n- Algas para sustituir la medicación para el tiroides\n- Utilidad de las algas en los ecosistemas


Podemos rechaza el viaje del Felipe VI a Barcelona\nEl dirigente de En Comú Podem y diputado de Unidas Podemos en el Congreso, Gerardo Pisarello, ha criticado la presencia del Rey Felipe VI el próximo viernes en el Barcelona New Economy Week (BNEW), al sostener que no es conveniente su asistencia mientras siga dando cobertura a la “huida” del monarca emérito Juan Carlos I, mantenga su “opacidad” y no se aleje “de la derecha política y judicial”\nEn esta línea, Pisarello ha aseverado que “mientras la Casa Real no actúe con transparencia, no informe de los casos de corrupción que la rodea y siga dando cobertura a la huida del rey emérito Juan Carlos a una dictadura”, será “muy difícil vincularla” a la “innovación y al cambio” en lugar de a la “economía de prebendas”.\nPor todo ello, desde En Comú Podem y Unidas Podemos continúan pensando que quienes proponen a la monarquía “alejarse de la Constitución”, como en su opinión han hecho el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, o el propio expresidente del Gobierno Felipe González, le hacen un “flaco favor” a la institución “invitándole a saltarse la Constitución”.\n“CÚMULO DE OPACIDADES” EN LA CASA REAL\n“La posición de fondo de que la monarquía debe respetar escrupulosamente el principio de neutralidad que refleja el papel constitucional de la monarquía, y esa es la posición que ha defendido los ministros de Unidas Podemos y el espacio político en general. El cumplimiento estricto de la legalidad obliga a la monarquía a comportarse como una monarquía parlamentaria, sometida a los criterios de oportunidad política del Gobierno. Es una opinión compartida”, ha zanjado.\nFinalmente, ha desgranado que cualquier decisión de la Casa Real que la aleje de ese principio de neutralidad y le lleve a ser “secuestrada” por “la derecha” judicial y política “mina su papel constitucional”.\nEn este sentido, ha respaldado la postura de Colau de no asistir a los actos protocolarios que protagoniza el monarca, que a diferencia de Felipe VI sí fue votada y representa a una ciudad que es “muy republicana”.\nAdemás y teniendo en cuenta que el rey emérito se ha marchado a una “dictadura” ante los escándalos que le rodean, Echenique cree al igual que la regidora de Barcelona que la Casa Real debería dar una explicación al respecto.\nFinalmente, ha recalcado que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha dado “ha dado explicaciones sobradamente” sobre la pertinencia de la visita de Felipe VI ahora y no antes, por lo que no tiene motivos para desconfiar de su palabra.