saveSave Participacion Romeo Grompone For Later\nLas Villanas Favoritas Datos de Feminicidios en Chihuahua\nPlan 4to Grado - Bloque 5 Formación C y E (2017-2018)\nPOSIBILIDADES Y LMITES DE EXPERIENCIAS DE PROMOCIN DE LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN EL PER\nDOCUMENTO DE TRABAJO N 132 IEP Instituto de Estudios Peruanos Documento de trabajo N132 Serie: Sociologa y Poltica N 38\nDocumento de Trabajo N 132\nSerie: Sociologa y Poltica, 38 Este texto ha sido elaborado en el marco del Proyecto Institucional de Sociologa y Poltica 2000-2001, auspiciado por la Fundacin Ford (Donacin 980-0347-1); y como parte del Proyecto "Sistematizacin y evaluacin crtica de las principales experiencias exitosas de participacin ciudadana a nivel local: cules son y qu nos ensean? Identificacin, anlisis y divulgacin" realizado con el apoyo financiero del Open Society Institute (Donacin 20007934).\nIEP EDICIONES Horacio Urteaga 694, Lima 11 Telf. 332-6194/424-4856 Fax: (51 1) 332-6173 E-mail: publicaciones@iep.org.pe ISSN: 1022-0356 (Documento de Trabajo IEP) ISSN: 1022-0429 (Serie Sociologa y Poltica) Impreso en el Per febrero, 2004 500 ejemplares Hecho el depsito legal en la Biblioteca Nacional del Per: 1501052004-0947\nGROMPONE, ROMEO Posibilidades y lmites de experiencias de promocin de la participacin ciudadana en el PerLima, IEP, 2004. (Documento de Trabajo, 132. Serie Sociologa y Poltica, 38) PARTICIPACIN CIUDADANA/ORGANIZACIONES SOCIALES/ PARTICIPACIN POLTICA/PER WD/05.01.01/SP/38\nINTRODUCCIN 6 PERDIENDO LA INOCENCIA: LAS DINMICAS POLTICAS DE LA PARTICIPACIN 7 LA INEVITABLE INFLUENCIA DE LA COOPTACIN Y EL CLIENTELISMO 9 LA EFICACIA DEL RGIMEN AUTORITARIO ONG, SOCIEDAD CIVIL, PARTICIPACIN CONCERTANDO PARA EL DESARROLLO: LA DIVERSIDAD SOCIAL, SUPERANDO LOS DISCURSOS UNFORMES TENSIONES EN LA BSQUEDA DE NUEVAS FORMAS DE HACER POLTICA FRACASOS DE LA CONCERTACIN LOS CONFLICTOS POLTICOS Y ADMINISTRATIVOS SIN CANALES INSTITUCIONALES 17 LA LIMITADA INFLUENCIA DE LOS DIRIGENTES TRADICIONALES 19 LA PARTICIPACIN VINCULADA A ALIANZAS INSTITUCIONALES 20 LOS DISCURSOS PARTICIPATIVOS EN LA TRANSICIN DEMOCRTICA 21 LOS PLANES DEL DESARROLLO: CUANDO EN EL MTODO SE INTRODUCE EL AZAR POLTICO 23 EXPERIENCIAS CONCERTADORAS EN UNA NUEVA SITUACIN POLTICA 25 LA PARTICIPACIN ASOCIADA A LA CAPACIDAD DE INNOVAR 26 DIFICULTADES EN LAS EXPERIENCIAS DE CONCERTACIN DE LUCHA CONTRA LA POBREZA 27 LAS PRIMERAS DISCUSIONES DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 28 ACUERDOS DE AUTORIDADES Y PARTICIPACIN 30 EL MEDIO AMBIENTE Y LA INTERVENCIN DE LA SOCIEDAD 31 LA AMPLIACIN DEL ACCESO A LA JUSTICIA 32 LOS CRITERIOS DE PARTICIPACIN ESTANDARIZADOS EN SALUD 34 PROYECTOS PARTICIPATIVOS EN EDUCACIN 35 LOS DISOCIADOS PROYECTOS PARTICIPATIVOS DE GNERO 36 LAS AUTORIDADES AUSPICIANDO LA PARTICIPACIN CIUDADANA 37 LA INNOVACIN DESDE EL RESCATE DE LAS TRADICIONES LOCALES 38 OBSERVACIONES FINALES 38 ANEXO 43 12 14 16 9 11\nEste trabajo surge de una invitacin formulada por el Instituto de Estudios Peruanos a Desco, Alternativa, el Centro de Desarrollo e Investigacin de la Selva Alta (Cedisa), el Centro Ideas Cajamarca, la Representacin Defensorial de Ayacucho, la Representacin Defensorial de Loreto, Servicios Educativos Rurales (SER), el Centro de Investigacin y Promocin del Campesinado (Cipca), Servicios Educativos, Promocin y Apoyo Rural (Separ) y el Centro de Estudios para el Desarrollo Regional (Ceder), iniciativa que fue acogida con una disposicin abierta a compartir ideas y propuestas. Cada una de estas instituciones presentaba seis experiencias de participacin que consideraban exitosas y otra que estimaban fallida, siguiendo pautas convenidas por todos para favorecer una lectura comparada. La iniciativa fue auspiciada por Open Society Institute y la Fundacin Ford. El IEP me ha encomendado hacer un esfuerzo ms que de sistematizacin de identificar algunos puntos crticos que ayuden a una discusin ojal enconada, para que lo planteado valga la pena. Por supuesto, no me detengo a realizar un anlisis caso por caso. Sin embargo, aspiro a que en buena medida se haya logrado dar cuenta de la diversidad de estas propuestas en sus lneas de intervencin y en la relacin con las distintas sociedades locales en que se aplican, con sus dilemas y desafos. El autor de estas lneas tiene disposicin a debatir ideas contrapuestas -al fin de cuentas es una de las razones que lo llevaron a ser socilogo- pero no quisiera incurrir en un academicismo impostado. Me atrevo a cuestionar, polemizar, generar dudas e interrogantes porque la sinceridad y el rigor de los informes presentados, permiten y hasta dira que invitan a realizar este ejercicio. Este trabajo lo hago al mismo tiempo que estoy tratando de realizar una monografa sobre teoras de la participacin poltica y sus consecuencias, tema que siento que se diversifica y ampla. Este informe es un alto en el camino y un nuevo impulso para esta tarea que estoy emprendiendo. Los casos presentados llegan hasta agosto del 2003. Hay nuevas experiencias asociadas sobre todo a lneas de vigilancia ciudadana y de discusin de presupuestos participativos que no pudieron ser tomadas en cuenta, pero que no creo que cambien los trminos aqu planteados por ms acelerada que sea nuestra historia poltica y los aprendizajes institucionales. Preocupados todos por extender la participacin democrtica, sera entre aburrido y peligroso llegar a acuerdos definitivos. Soy, en este sentido, un intrprete cmplice. Con muchos de los integrantes de estas instituciones tengo relaciones de amistad. Condicionan lo que aqu se dice, pero en el buen sentido, ya que me permite hablar con libertad. Y en\n6 estos vnculos de afecto no puedo menos que reconocer mi preferencia por Desco porque all trabaj cuatro aos en un clima de compaerismo y creatividad que me ayud a entender al Per. INTRODUCCIN Este texto examina las prcticas de participacin de organizaciones sociales que tratan de incidir y cambiar los estilos de hacer poltica en los espacios locales, que en opinin de quienes las promueven resultan ms creativas que otras iniciativas realizadas en un estilo ms convencional. Este trabajo no tiene pretensiones tericas, se limita a describir algunas experiencias. Intenta dar un orden a las experiencias No persigue una clasificacin que sirva con propsitos metodolgicos, sino integrarlas a un dilogo social y poltico sobre lo que est ocurriendo en el pas. El fortalecimiento de la democracia y de los principios de equidad, en todo caso, no va a surgir de la simple suma de esfuerzos con ese derrotero (idea que a veces se asume sin advertir sus limitaciones). Necesita de una discusin ms spera y difcil que articule lo local con lo nacional. Requiere, adems, confrontar lo que se va logrando con pequeas iniciativas con los referentes institucionales, polticos y sociales existentes en el espacio que se aplica y los intentos de incorporarse a ellos, de cuestionar o de ir ms all de los parmetros establecidos innovando en las expresiones organizativas que se quieren promover. Examinar estas experiencias implica establecer puntos de partida realistas, poniendo en consideracin lo que en ocasiones parece ser un consenso extendido pero poco expuesto a examen y crtica en el momento de establecer propuestas. Se seala que estamos ante una sociedad fragmentada, pero no nos hacemos cargo de las consecuencias de esta afirmacin. Supone, entre otras caractersticas, una sociedad organizada en redes restringidas, desconfianza hacia los otros a quienes se considera extrao o intruso, defensa de pequeos espacios, entrelazamiento de conflictos personales, sociales y polticos sin que pueda establecerse en muchos casos una lnea precisa de demarcacin, dificultades en la articulacin de intereses. La percepcin de las brechas econmicas, polticas y sociales lleva a reconocer, adems, que quienes trabajan en las ONG forman parte de una lite Saberlo no significa defender que se tenga una conciencia culpable o desdichada -depende de que se tenga o no, de intransferibles opciones personales- sino ser conscientes de que cuando se trabaja con una poblacin pobre y excluida hay problemas de comunicacin. Y uno de los riesgos es caer en la autorreferencialidad armando una propuesta que trabaje slo con sectores restringidos de los grupos que se adhieren a las iniciativas que se quieren desarrollar, y que asle a aquellos que precisamente se quiere salvar de su condicin de discriminados. O, en el otro extremo, hacer planteamientos tan genricos como en algunas propuestas de desarrollo que en busca de una transformacin general e inclusiva se pierde de vista a los sectores a los que se desea llegar, convertidos genricamente en ciudadanos, vecinos, campesinos, comuneros. Reconocer la decadencia del sistema poltico y los problemas de representacin, de la que tanto se ha hablado a veces con extrema superficialidad, debe estar asociada al hecho de que las ONG que formamos parte son tambin poco representativas. Tenemos restringida convocatoria social, no nos conocen o hay prejuicios sobre nuestras prcticas, a veces hablamos por los otros sin haber establecido un lazo social y poltico legitimado, nos molesta la volatilidad de las adhesiones polticas y sociales en las comunidades en que\ntrabajamos. Y, finalmente, lo que poda ser un referente con el que vinculamos, los actores que tuvieron influencia en el Estado y en la poltica en los primeros aos de la transicin democrtica, han perdido influencia ms all de que, afortunadamente, han establecido relaciones ms duraderas y estables con su crculo de pares. Estas comprobaciones no son trabas para una accin de bsqueda de la afirmacin de la democracia, indica apenas la situacin en que nos encontramos en el momento de emprenderla. En la mayora de nuestros proyectos e informes nos referimos a la presencia o a la falta de voluntad poltica, una idea elusiva y de difcil definicin. Si no queremos que ella sea una frase que se quede en los buenos deseos y las aspiraciones compartidas, debe ser capaz de considerar instituciones, actores y procesos a los que hemos hecho alusin para entenderlos e intentar avanzar antes que ignorados o pasarlos por alto.\nPERDIENDO LA PARTICIPACIN\nTambin creo que existe consenso acerca de que la participacin no existe en estado puro, y est inevitablemente atravesada por las tensiones con la realidad a las que se enfrenta. Y que no sigue una lgica lineal en la que confluye en desenlaces afortunados la congruencia entre objetivos propuestos con resultados, salvo cuando se acta en mbitos muy restringidos de intervencin. Un buen defensor de la participacin debe tener, entre sus virtudes y competencias, la capacidad de reconocer situaciones imprevistas, a veces controlarlas, a veces sacar partido de ellas para innovar. En la nica mencin acadmica que haremos en este trabajo, conviene tener en cuenta la advertencia que realiza Rebecca Abers en torno a que la participacin tiene, en la mayora de los casos, problemas de implementacin, de generacin de nuevas formas de desigualdad y de cooptacin que cruzan todas sus experiencias y que slo pueden limitarse parcialmente si somos conscientes de ellas y actuando creativa y responsablemente.1 No necesariamente me voy a atener en el desarrollo de estos aspectos a lo que es el estricto planteamiento de la autora. La participacin tiene problemas de implementacin, entre otras cosas, porque van a existir, desde el Estado y an de quienes promueven estas experiencias desde el campo de la sociedad civil, necesidades burocrticas en el sentido de procurar alcanzar fines que sean rpidos de cumplir en trminos de tiempo y dinero. Ellos son difciles de acoplar con los perodos necesariamente ms extensos que requiere la movilizacin de aquellos a quienes pretendemos involucrar en una experiencia de participacin. En segundo lugar, porque predomina en quienes actuamos desde las ONG la idea del Estado como un actor monoltico o en cierta manera plano, y no somos capaces de advertir que hay distintas agencias que compiten entre s y que no asumen en todos los casos un mismo discurso en lo relativo a la participacin de los ciudadanos en sus polticas. De la misma manera que no resultan sencillas de conjugar las preocupaciones de las ONG que trabajan con una misma poblacin, a lo que se agrega el entrecruzamiento con las prioridades de las agencias de cooperacin internacional, que siguen a menudo pautas estandarizadas de intervencin siguiendo patrones internacionales y que no realizan, y a veces son extremadamente\n1 Rebecca Abers Inventing Local Democracy, Grassroots Politics in Brazil. Lynne Rienners Publishers - Boulder London.\nrenuentes a hacerlo, a analizar los distintos contextos en que actan, lo que supone nuevas exigencias que sus funcionarios no les interesa asumir. O que a veces ni siquiera tienen atribuciones para hacerlo por depender de directivas que no estn en condiciones de corregir. Por otro lado, es inevitable que nos encontremos con grupos que actan por fuera de cualquier sistema establecido de negociacin, tratando de imponer sus prioridades por encima de lo que se quiere alcanzar recurriendo a una lgica participativa. Ms que denunciar estos procedimientos, por lo general informales, se trata de conocerlos. La aspiracin a la absoluta transparencia no slo es inalcanzable. Si no tiene inadvertidamente rasgos autoritarios que evocan la idea de un control social sin resquicios. Y una velada aspiracin, entre elitista y moralista, a pretender que son mejores que el resto. Lo cierto es que van a tratar de superar escollos institucionales tanto grupos de negocios y medios de comunicacin como quienes prevemos en nuestros proyectos realizar actividades de cabildeo. El acceso a la toma de decisiones inevitablemente se encuentra con filtros. Los dirigentes de los sectores populares lo conocen bien y su aprendizaje poltico, tanto el democrtico como el que no lo es, radica en saber a quin recurrir y la oportunidad para hacerlo, por lo que las experiencias de participacin tienen un plano de fondo en el que se sabe que hay transgresiones y desvos a la estrategia que se quiere emprender. El problema radica en cmo quitarles peso, ser capaz de persuadir y de incorporar a una alternativa ms incluyente, y no quedarse en la pretensin que el conjunto haga un seguimiento incondicional a un guin preestablecido. Como es sabido, la participacin enfrenta tambin problemas relativos a la desigualdad. Sabemos que hay grupos que van a estar en desventaja: las mujeres, especialmente si son pobres; los campesinos de las comunidades ms excluidas; y esto no solamente por el discurso sicologista, pero pertinente si se lo toma en sus justos trminos, de la falta de autoconfianza y autoestima, sino porque los costos y beneficios de la participacin son necesariamente evaluados por ellos en el corto plazo. Las exigencias de quienes afrontan la necesidad de supervivencia da tras da impiden una proyeccin ms sostenida en el tiempo. Una propuesta participativa si quiere ser consistente debe preocuparse por ir ms all de sealar genricamente las discriminaciones sociales, tnicas, de gnero o de generacin, sino tratar de indagar cmo ellas se expresan en el grupo de referencia en que actan. Y ser conscientes, adems, de que aislar una sola de estas dimensiones -el gnero y la etnicidad, por ejemplo- quiz permite hacer un buen trabajo, pero puede desconocer los vnculos que existen entre las distintas prcticas discriminatorias, a veces con expresiones visibles, otras de modo ms difuso. Otras veces con buenas intenciones los defensores de la participacin sitan las realidades estudiadas en compartimentos estancos debilitando as las bases para hacer un discurso poltico y social alternativo. Por lo dems, a algunas ONG no les interesa hacerlo, lo que es su derecho En los ltimos aos ha surgido un conjunto de especialistas en el tema, desde funcionarios de los organismos de cooperacin internacional a facilitadores que tratan de organizar la discusin en experiencias comunitarias. Ms all de las buenas intenciones de unos y otros, es inevitable que tiendan a generar sesgos, distorsiones, poca apertura a soluciones que se aparten de lo que pensaban con antelacin sobre un determinado tema. Y ocurrir con frecuencia que canalicen las demandas de la poblacin para lo que ellos quieren en nombre del invocado consenso. Pocas veces se hace un escrutinio crtico de la receptividad que encontraron en la poblacin a la que se dirigieron. Por esta razn se notan confusiones o perplejidad cuando los ms pobres siguen a movimientos o a lderes autoritarios, y se\nremite la explicacin a sugerir el peso de rasgos y tradiciones culturales que formulados tan genricamente resulta un atajo para tratar de esquivar lo que no se termina de entender. Asistimos a una suerte de contradiccin de la que no somos conscientes. Por un lado, atendiendo a nuestras urgencias de trabajo renunciamos a saber la historia de las comunidades en que actuamos. A la vez le endilgamos la condicin de autoritarios, tributarios de herencias coloniales, sujetos al patrimonialismo o seguidores de prcticas corporativas. A la que se opone un muchas veces confuso discurso de ciudadana en que se mezcla un estatuto poltico con un vago acento en la formacin de la identidad personal.\nLA INEVITABLE INFLUENCIA DE LA COOPTACIN Y EL CLIENTELISMO Finalmente, la participacin enfrenta problemas de cooptacin. Se tiende a legitimar a aquellos que son proclives a seguir las pautas participativas de acuerdo con los carriles convenidos y a demonizar a los creadores de problemas. A veces e inadvertidamente se coloca del lado oscuro a quienes integran movimientos regionales de corte ms tradicional y reivindicativo. Ellos siguen lgicas de la participacin, que manejan un discurso que puede ser visto como rgido y superado; por otro lado, tienden a desbordar los parmetros para la participacin de aquellos que se proclaman expertos en el desarrollo y en mecanismos de resolucin de conflictos. Lo cierto es que las expresiones ms lgidas de movilizacin han discurrido por canales que no tienen que ver con nuestras tareas de promocin, se tome ello como una virtud o una insuficiencia. Los que se apartan de una nueva ortodoxia quedan fuera de lugar, cuando puede pensarse que una experiencia de participacin de orientacin democrtica debera hacer un esfuerzo, hasta donde se pueda, de integrar a los disidentes o a los reacios a seguirla o a tener, por lo menos con ellos, canales de comunicacin. Mientras ganamos nuevas lealtades, muchas veces despus de un arduo esfuerzo, por los extremos opuestos se nos van los actores de los frentes de defensa o la poblacin clientelizada por las polticas sociales del Estado. En todo proceso de participacin hay diversos grados de manipulacin, acecha el clientelismo, se expresan abierta o en modo encubierto intereses particulares de los diversos actores. Es ilusorio y hasta demostrativo de falta de sensibilidad plantear que ellos no existen, es ms, reconocerlos ayuda a cuestionarlos y limitarlos sin que se pueda llegar a una solucin de punto final. En algunas de estas expresiones va a producirse una tensin entre los que insisten en proyectos de largo plazo, y otros que rechazan la experiencia o la tratan de llevar para sus exclusivos propsitos o beneficios. Afortunadamente as es la vida poltica cuando se va afirmando el pluralismo democrtico. Sin quererlo, y sin ser plenamente consciente de ello, los promotores de las experiencias de participacin tienden a establecer una dicotoma entre puros e impuros, contaminados e incontaminados: el buen poblador empoderado para hablar en la jerga que se emplea, y aquel aptico o indiferente.\nLA EFICACIA DEL RGIMEN AUTORITARIO Entender los procesos de participacin requiere, para establecer un punto de partida realista, reconocer dos hechos que han caracterizado a la sociedad peruana en los ltimos aos. En primer lugar, que fue la prdica autoritaria de Alberto Fujimori aquella que tuvo mayor capacidad de ser recogida por los sectores populares marginados de la poblacin.\nEn segundo lugar, y esto es un hecho positivo, que la reforma que se ha emprendido hacia la descentralizacin, ms all de sus retrasos, incongruencias, diseos institucionales cuestionables provoca el surgimiento de un referente institucional que permite darle a la participacin nuevos sentidos y en la que aparecen nuevos mbitos en la que se puede, desde una intervencin abierta y poco seguidora de diseos estrictos en sus planteamientos primeros, conseguir una mayor incidencia poltica. Como se sabe, Fujimori fue capaz de concitar la adhesin de poblaciones marginadas en mbitos urbanos y sobre todo en comunidades olvidadas del medio rural. El clientelismo se combinaba con la ejecucin de obras pblicas. Su presencia obraba como reconocimiento simblico de que aquellos que estaban por fuera del sistema. Daba la impresin que trataba de incluirlos, aunque nos cueste reconocerlo. Su discurso, sus ofrecimientos cuando llegaba a comunidades apartadas y sus realizaciones posteriores hacan congruente lo prometido con lo que efectivamente se haca. Sac partido de la fragmentacin de la sociedad civil y convirti esa situacin en una condicin para la gobernabilidad poltica de su rgimen. Distribuir los fondos hacia los alcaldes distritales a travs de Foncomun, quitndole recursos y espacios de influencia a los alcaldes provinciales, era una manera de dificultar la integracin de demandas colectivas, evitar que se pensara desde los espacios locales en alternativas econmicas de desarrollo ms integrales, y de reservar al gobierno central las decisiones finales al mismo tiempo que daba la imagen que se atenda a cada lugar en concreto con su estricta e intransferible necesidad particular. Ese sistema no aseguraba una perspectiva de desarrollo, pero s garantizaba que la poblacin se adhiriera a su liderazgo, que por mucho tiempo no requiri establecer el trabajoso ejercicio de intermediaciones propios de una organizacin poltica o de un movimiento social que aspire a estructurarse. Y algo debe haber quedado de esta experiencia en percepciones y expectativas de la poblacin cuando, con una intencin radicalmente enfrentada al del rgimen anterior, se trabaja en la idea de presupuestos participativos siguiendo los criterios de desperdigamiento de fondos pblicos con los que sustentaba sus mecanismos de control el rgimen anterior.\nAnte esta alternativa diligentemente formulada, que visto en perspectiva llama la atencin por su congruencia, las ONG y algunos alcaldes desarrollaron el discurso de la concertacin en torno a la definicin de alternativas de corto y largo plazo para los espacios locales, adems de tareas de seguimiento de la gestin de las autoridades locales. Constituy un esfuerzo sostenido, bien intencionado, que motiv en algunos casos un sentido compromiso de distintos promotores para tratar de combatir en parte el clientelismo establecido por el gobierno y procurar, quiz idealistamente, abrir un presunto espacio pblico democrtico. Hablaremos con mayor detenimiento de este proceso ms adelante. En todo caso, teniendo en cuenta las caractersticas del rgimen autoritario, los logros y fracasos que se dieron en esta experiencia de participacin no consiguieron modificacin alguna en la situacin poltica. Las sociedades locales siguieron actuando con las mismas pautas. Aunque cueste reconocerlo, no motivaron siquiera la preocupacin del rgimen autoritario de denunciarlas, enfrentarlas, hacerles perder vigencia. Quiz tambin nosotros nos habamos acostumbrado a pensar en respuestas fragmentadas y dispersas. Estbamos sujetos a las premisas del mismo razonamiento que queramos combatir. En los primeros aos, Fujimori recurra a un liderazgo plebiscitario; luego, cuando empieza a perder parte de su popularidad, utiliza a intermediarios polticos ligados a distintas agencias del Estado que iban construyendo adhesiones a favor del gobierno. Visto en\nperspectiva, eran ms eficaces que nosotros en movilizar organizacin, recursos y vincular Estado y sociedad civil. Esta desventaja no es resultado de una mayor capacidad de los que actuaban polticamente a favor del rgimen, aunque probablemente las visiones desencantadas tienen la ventaja de saber lo que estaba ocurriendo en las diferentes comunidades, porque perseguir inmediatos propsitos instrumentales obliga a ser objetivos al estudiar una determinada realidad. Los promotores asociados al gobierno tenan, adems, a su favor disponer de referentes institucionales precisos y podan otorgar obras y servicios tangibles en beneficio de la poblacin en la que operaban. En algunos casos privilegiaban para la ejecucin de polticas sociales al CTAR y al entonces Ministerio de la Presidencia; a veces actuaban con Pronamachcs; en ocasiones se vinculaban a Foncodes, o a la Direccin Agraria; en todo caso, el gobierno defina con una precisin mayor de la que nosotros podamos percibir- quin era el agente estatal que permita cooptar a los aislados sectores populares y hacia juegos complejos al interior de su aparato y en su proyeccin social, que fuimos renuentes a examinar con detenimiento.\nONG, SOCIEDAD CIVIL, PARTICIPACIN Las ONG trataban de sustituir a los partidos polticos y hasta parcialmente, y en algunos temas, lo que presuntamente debiera hacer el mismo Estado. La mayora de ellas lo asuma como una prctica necesaria debido a las circunstancias a enfrentar, pero no la pensaban como el escenario deseable a mediano plazo. Saban de los graves problemas que acarreaba la falta de un sistema poltico y se preocupaban por ello. Tambin corresponde decir que hubo quienes se recrearon en su excepcionalidad, improvisando un discurso en la que se erigan como supuestos representantes de la sociedad civil. Ello fue en cierta manera justificado porque adquirieron protagonismo dada la precariedad de los actores sociales y polticos que establecieron los acuerdos para el retorno de la democracia. Y estaba avalado, adems, porque ha comenzado a ser la corriente predominante tanto desde los organismos internacionales como en la filosofa poltica latinoamericana la idea de la sociedad civil como una tercera esfera, distanciada de la poltica y del mercado, en la que se recrean nuevos lazos de sociabilidad y se da oportunidades para un estilo de participacin alternativo, ajeno a temas que se entienden superados como el de la hegemona y la disputa por el poder. 2 Las nociones de participacin que manejan las ONG cuyas experiencias estamos considerando se centran en problemas parecidos a los que estamos exponiendo y su inters es el que converjan representatividad, legitimacin y eficacia. As, para Desco es importante que las propuestas aspiren a la autonoma de los agentes externos, a que confluya la participacin como valor en s mismo para afianzar una cultura democrtica y construir ciudadana y como mecanismo de toma de decisiones; a entender la replicabilidad como ampliacin de experiencias iniciadas o elementos que se pueden trasladar a contextos distintos, superando as la idea mecnica de entender lo replicable, como se hace habitualmente, a la manera de una estructura modular y nmada que se traslada e instala lugar por lugar sin mayores variaciones. Desco se preocupa porque se llegue a resultados\n2 Discuto esta interpretacin en un trabajo que se publicar prximamente sobre tensiones entre representacin y participacin en la teora poltica y en la experiencia del pas. A los efectos del presente trabajo basta lo aqu expuesto.\nconcretos conjugando eficiencia con eficacia; asimismo, que se puedan legitimar nuevos liderazgos, alternativos, interesndose, a diferencia de otras instituciones, en que estos lderes sean capaces de entrar en la disputa poltica por cargos representativos y no conformarse con un vago reconocimiento social. Acepta, adems, que va a existir una inevitable distancia entre quienes intervienen en procesos de decisin tcnicos y de establecimiento de normas y de metodologas, y aquellos que les interesa, sobre todo, expresar demandas y expectativas. Reconocer este hecho permite separar los elitismos mal asumidos de la inevitable diferencia de estilos de la participacin, evitando as la idea de tomar a la poblacin como un conjunto no diferenciado que a la larga naturaliza la brecha entre promotores y sociedad en la que se interviene. Alternativa llega a planteamientos parecidos desde otro punto de partida, si se quiere ms sustantivista, en la que importa llegar a planes de trabajo integrados, objetivos e intereses comunes y una perspectiva de desarrollo local que sea lo que integre el conjunto de iniciativas que se emprenden. Le preocupa distinguir niveles de intervencin llamados micro, meso y macro, segn el espacio que se interviene y las condiciones de pasaje de uno a otro. El planteamiento de la participacin de Desco parece ser en este sentido ms laxo y a la vez ms reticente a buscar desenlaces finales. Alternativa entiende la participacin asociada a la progresiva incorporacin a redes y recursos ms amplios, informativos, tecnolgicos, polticos. En Desco hay una mayor insistencia en planteamientos ms clsicos de incidencia poltica y de negociacin entre actores. No son posiciones encontradas, pero como vamos a ver en las experiencias de participacin, las diferentes ONG harn un mayor nfasis en una u otra orientacin.\nCONCERTANDO PARA EL DESARROLLO: LA DIVERSIDAD SOCIAL SUPERANDO LOS DISCURSOS UNIFORMES Como se ha sealado, las experiencias de participacin a las que se les ha asignado mayor importancia son aquellas asociadas a la concertacin para el desarrollo. En una primera aproximacin impresiona que haya lenguajes y hasta metodologas comunes para extensos barrios de Lima, ciudades intermedias, centros poblados de la sierra y de la costa con muy diferente historia social, caseros. Sin embargo, y es un mrito de las ONG que han participado en este trabajo, despus de una primera y distendida exposicin de objetivos nos describen sociedades conflictivas, dificultades de acceso al Estado, acceso a tomas de decisin que no se atienen a procedimientos democrticos aunque se tuviera una primera intencin de recurrir a ellos, cambiantes comportamientos y estrategias de los alcaldes, deserciones y fracasos. Ya la vez experiencias exitosas que surgen por una trabajosa labor de llegar a consensos nunca dados de antemano entre participantes que fueron capaces de ordenar y darle direccionalidad a sus expectativas o que surgen de una amenaza o una oportunidad que hace razonable que los diferentes actores desplieguen un intenso y generalizado compromiso. Existen distintas razones que llevan a la participacin y los mtodos empleados, para bien o para mal, se distorsionan y refractan en cada sociedad local. Ello no impide establecer algunas conclusiones, ocurre simplemente que ellas se resisten a la aplicacin de criterios tcnicos y polticos que se presten a fciles generalizaciones y a afirmaciones definitivas.\nAlgunas experiencias de desarrollo hacen coincidir sin proponrselo una propuesta integrada de gestin pblica y privada, una vasta red de actores involucrados y un enunciado de objetivos en los que no se da cuenta de las dificultades que inevitablemente tienen que encontrarse en una propuesta de estas dimensiones. Dara la impresin que es tributaria de un estilo de presentacin de ideas en que la metodologa empleada da cuenta de la realidad, pero no dialoga con ella, dejando sin saber al lector los alcances de los logros encontrados. Este es el caso del proyecto de Gestin Concertada para el Desarrollo sostenible en el Valle del Mantaro. Se busca promover el desarrollo de la pequea y microempresa industrial y de servicios tursticos en cuatro provincias de la zona. La aspiracin es llegar al cumplimiento de estos propsitos desarrollando capacidades empresariales, logrando alianzas estratgicas entre municipalidades, empresas privadas y ONG, identificando oportunidades de mercado y localizando nuevas experiencias exitosas en agroindustria y turismo. Participan de este proceso la Municipalidad Provincial de Huancayo, la Cmara de Comercio, Agricultura, Produccin e Industria de Huancayo, la Cmara de Turismo y un conjunto de ONG, CIED, Edpyme, Cesem y Separ. Cada una de estas instituciones tienen responsabilidades especficas y todas ellas han aprendido y mejorado en sus capacidades durante el desarrollo del proceso, segn se seala. Se han obtenido resultados, de acuerdo con lo que se manifiesta en concertacin, apertura a mercados, concertacin y liderazgos. Los nicos problemas encontrados, pese a un complejo organigrama de gestin, son que debe buscarse que la municipalidad provincial mantenga su capacidad de articulacin para que no se fragmente la propuesta en un conjunto de iniciativas particulares (no lo dicen en estos trminos, sino con un lenguaje ms tcnico); y se preocupen por las dificultades que provoca la continua rotacin de funcionarios pblicos que debilita los compromisos contrados. El problema de una propuesta planteada en estos trminos es que se apoya en una relacin de confianza con el lector de la experiencia. La participacin es un dato preestablecido, algo as como un atributo que va por s mismo en cualquier propuesta de desarrollo y que, por lo tanto, no es necesario discutirlo en sus alcances. En buena medida, este rasgo, aunque por cierto de manera no tan pronunciado, est presente en el relato de otras experiencias, poniendo en riesgo su alcance interpretativo. Esta perspectiva tambin influye en el proyecto del Consejo de Desarrollo de la Provincia de Caylloma que busca orientar la actividad turstica a la zona y el dinamismo econmico que est surgiendo por la presencia de trabajadores del proyecto Majes en Arequipa. Hay municipalidades provinciales y distritales que participan de la experiencia, organizaciones sociales de base y ONG comprometidas en una experiencia concertadora que se realiza a travs de asambleas, comisiones tcnicas y tareas de capacitacin. Sin embargo, en una lectura atenta aparecen resquicios en un discurso estructurado. Sealan que como ocurre con frecuencia en las sociedades regionales, los grupos empresariales ms influyentes, en este caso formado por comerciantes y hoteleros no se integran a la experiencia, entendiendo que es un factor no previsto inicialmente. Y resaltan que la planificacin, tal como est planteada, parece ms un ejercicio metodolgico que una gua de funcionamiento, y que se siente el contraste entre las responsabilidades que se quieren asumir y los recursos de los que se dispone. Y segn creo entender, la ambigedad de las reivindicaciones sociales entre perspectivas frustradas, aspiraciones renovadas de articulacin de intereses y la bsqueda de una perspectiva ms integradora. Dos lecturas de la participacin discurren\nen el texto. Una de ellas, normativa. Otra que alude a la innovacin y al desborde establecido por procesos sociales que no se alcanzan a identificar en sus rasgos principales. TENSIONES EN LA BSQUEDA DE NUEVAS FORMAS DE HACER POLTICA El Consejo de Desarrollo Econmico del Cono Norte es una propuesta apoyada por Alternativa, como parte de la preocupacin, que ya anotamos, de esta institucin por un desarrollo local que debe ubicarse, en sus palabras, a un nivel meso, articulando las redes distritales y llegando a niveles ms ambiciosos de decisin comprendiendo el conjunto del espacio poltico y social del Cono Norte. Y a partir de ellos, respetando la autonoma alcanzada, negociar con el alcalde provincial de Lima, atendiendo los problemas polticos y administrativos que caracterizan a Lima como una megaciudad. Participan en esta experiencia concertadora, cuyos fines son amplios y diversificados, el Ministerio de Trabajo y Promocin Social, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Municipalidad de Lima, regidores de Comas y Los Olivos (no se menciona a otros distritos, lo que probablemente limite su impacto poltico) y diversas ONG. Encontramos una razonable preocupacin por definir una perspectiva de cambio y disputas y enfrentamientos propios de una experiencia participativa que involucra una numerosa poblacin y organizaciones, que como suele ocurrir no alcanzan un punto de equilibrio entre preocupaciones de llegar a acuerdos de amplio alcance y reivindicaciones particularistas, ambas direcciones, a nuestro parecer, igualmente legtimas. Alternativa describe con lucidez estos dilemas; a diferencia del autor de estas lneas, es ms optimista sobre sus perspectivas de superacin. Los empresarios, por ejemplo, reconocen la necesidad de vincularse al municipio y la importancia de desarrollar proyectos integrados en la zona ya la vez desconfan de las autoridades. Las ONG compiten entre s por la defensa de cada una de sus perspectivas y sus nfasis de trabajo y por la bsqueda de vas de acceso a las decisiones polticas (quiz el trmino recelo para explicar estas posiciones encontradas subjetiviza y atena estos antagonismos que en buena parte obedecen a razonables diferencias de entender como actuar en un barrio popular unido a disputa por intereses y competencia por recursos). Por su parte, las autoridades polticas despolitizan, si cabe la contradiccin en los trminos, al condicionar que las decisiones se tomen por consenso, prescindiendo de cualquier instancia de votacin. En mi opinin, ello no obedece a la defensa de la participacin unida a principios deliberativos sino a que, como sucede con frecuencia en organismos corporativos, no hay manera de validar el peso de cada una de las representaciones. No existen criterios para saber cunto vale lo que decide un alcalde frente a otro, de stos con relacin a un funcionario de algn sector del Estado, de todos ellos respecto a las ONG. Y si se entiende que se est planteando el desarrollo econmico de varios distritos de una gran ciudad, el sistema para ser efectivo tiene que ser complejo y comprender una vasta gama de decisiones. Si sobre ellas no se producen discrepancias o una vez que stas emerjan no hay procedimientos para resolverlas el proceso no puede discurrir con la eficiencia y la legitimacin que necesitara. Quiz estas situaciones en la que en lugar de contrapesos institucionales existen situaciones de mutuo bloqueo, hacen que las propuestas de concertacin en gran escala estn constantemente redefiniendo sus esquemas institucionales. En el caso del Consejo de Desarrollo Econmico del Cono Norte se plantea, por ejemplo, si tiene que ser una instancia meramente deliberativa o de ejecucin de acciones, si\npermanece en su formato actual o se integra y en buena parte es desplazada por el Conorte, Consejo de Alcaldes del Cono Norte. A su vez, los acelerados cambios en la legislacin descentralista probablemente incidirn en establecer nuevos marcos institucionales en la que con frecuencia se establecen los principios generales, pero hay deficiencias o retrasos en su reglamentacin. El planteamiento de Alternativa tiene el mrito que sugiere algunos de estos problemas y deja preguntas abiertas, lo que no ocurre con frecuencia en otras experiencias de participacin. El compromiso con una propuesta no rehye atender a sus dificultades. En otra experiencia que analiza Alternativa, la Mesa de Concertacin para el Desarrollo del Cono Norte, se siente la tensin entre una propuesta orientada a un proyecto integrador de vastos alcances y un abigarrado conjunto de organizaciones estatales, de los gobiernos locales y de la sociedad que se movilizan por intereses de corto plazo o que expresan situaciones de competencia poltica que ambiguamente se hacen sentir en esta instancia y a la vez las desbordan. Esta propuesta que aspira a constituir, en sus palabras un distrito ordenado, seguro, transparente, democrtico y participativo, afronta propsitos que no se articulan entre s, pero, como demuestra Alternativa, son inevitables. Es una instancia de oposicin al gobierno municipal, al mismo tiempo que en teora necesitaba de su intervencin si se quera cumplir los propsitos inicialmente previstos. Busca relacionarse con la Mesa de Concertacin de Lucha contra la Pobreza y a la vez no se consigue definir las atribuciones de cada uno de estos espacios de decisin. Existe una separacin, en parte por razones tcnicas, en parte por razones polticas entre el Comit Tcnico que se rene regularmente y el conjunto de organizaciones sociales. Siguen existiendo situaciones no resueltas entre municipio, demandas de algunas organizaciones sociales y ONG que promueven esta experiencia. Se entiende que en la actualidad ha perdido convocatoria social como para constituirse en un referente para darle contenido al proceso de descentralizacin.\nEl Plan Integral de Desarrollo de Villa El Salvador tiene problemas similares al del Cono Norte. En la presentacin de este proyecto, realizada por Desco, llama la atencin el contraste entre la amplitud de propsitos que se enuncian y los resultados relativamente modestos que se aspiran conseguir finalmente, mejora de calles y alamedas, limpieza, formacin de nuevos liderazgos y elaboracin de un presupuesto participativo, tema ste al que nos referiremos ms adelante. Los actores del proceso son la municipalidad, la Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador (CUAVES), la Asociacin de Pequeos y Microempresarios de Villa El Salvador (Apemives). Dara la impresin que en esta experiencia las ONG no se asumen como actores del mismo nivel que el resto en el proceso de negociacin, sino que cumplen tareas de asesoramiento y promocin. Se seala como ventaja que la poblacin tiene una vasta experiencia organizativa que incluye, entre otras, las asociadas a la elaboracin de planes. Existe uno realizado por la CUAVES, otra realizada por la Apemives, finalmente una tercera acordada entre la municipalidad y los vecinos. Quiz el problema es saber si se puede hacer una historia lineal en que se va avanzando paso por paso a escalones ms altos en lo que a participacin se refiere. De haber ocurrido las cosas de esta manera un caso hubiera servido de precedente al otro. Probablemente en el contexto de la agitada historia poltica y social del pas y del distrito haya habido discontinuidades y rupturas, momentos de auge en el involucramiento de los vecinos y perodos de desmovilizacin, a lo que se agrega la volatilidad de las opciones cuando se trataba de elegir autoridades nacionales y municipales. En todo caso, Desco\ndestaca preocupaciones que van ms all de validar la participacin en s misma, entre ellas la importancia de la realizacin de referndums para validar decisiones estratgicas, las preocupaciones por renovar los liderazgos existentes y el cuestionamiento de rutinas institucionales que invocan la participacin, pero que son poco eficaces y democrticas.\nFRACASOS EN LA CONCERTACIN\nLos planes de desarrollo participativos en un significativo nmero de casos han.fracasado si nos atenemos a las experiencias recogidas por ONG que se han comprometido con estas iniciativas. Las razones que precipitaron este resultado responden a veces a conflictos polticos que no se consiguieron canalizar adecuadamente, otras se debe a deserciones de las instituciones de cooperacin internacional que apoyaban a ONG que impulsaban estos procesos o hasta conflictos de poder entre ONG y autoridades polticas, finalmente puede ocurrir que los actores con los que se procuraba afirmar este proyecto no estaban en condiciones de asumirlo en el marco de una debilitada sociedad civil. La Mesa Departamental de Desarrollo de Huancavelica surge en 1998 en un contexto de activa movilizacin social promovida por las autoridades municipales. Se propuso elaborar planes de desarrollo participativos y concertados y constituir, ms all de esta propuesta concreta, mesas de concertacin donde confluyeran las instituciones pblicas, el sector privado, los colegios profesionales y las llamadas organizaciones sociales de base. A su vez, se planteaba como una instancia de presin y de negociacin al gobierno central reclamando mayores fondos para los municipios, desarrollo expansivo de polticas econmicas y sociales de lucha contra la pobreza unida al rechazo de la privatizacin de laCentral del Mantaro. Tal vez una intensa experiencia de participacin en el marco de una sociedad civil debilitada provoca dinmicas centrfugas antes que instancias de articulacin. Lo cierto es que en el planteamiento del SER se atribuye el fin o quiz la lenta agona de esta experiencia a la bsqueda de protagonismo poltico de los actores principales: el alcalde Federico Salas, que se acerca al fujimorismo hasta llegar a ser primer ministro ya en la terminacin del rgimen; Martn Soto, que establece vnculos con Per Posible: la estrategia confrontacional del MNI que controlaba el Frente de Defensa. Concluye esta institucin que lo fallido de esta experiencia se debe, entre otras razones, a la permanencia de una cultura y prctica poltica personalista y partidarizada. Si forzramos de mala fe este razonamiento, lo opuesto sera una cultura y prctica poltica comunitaria y sin instancias estructuradas de mediacin poltica. No es, por cierto, lo que se quiere proponer. Ocurre que de alguna manera todava estamos sumergidos en el contexto de despolitizacin que impuso el fujimorismo y que form parte de nuestro clima cultural e intelectual. La personalizacin de la poltica responde a mltiples razones que no es del caso desarrollar aqu, pero en el pas se debe fundamentalmente a la ausencia de referentes institucionales, entre ellos los partidarios, que permitiran construir referentes que no queden expuestos a los vaivenes de cada coyuntura. En este ambiente las aspiraciones polticas aparecen como una trasgresin y muchas veces lo son efectivamente, ya que no hay perspectivas de desarrollar carreras polticas ordenadas ni tiene mayor sentido establecer compromisos de largo plazo. Tanto en la poltica como en la sociedad predominan las lealtades circunscritas y resulta ms realista, aunque sea condenable, actuar tomando en\ncuenta estos supuestos, que ir contra la corriente planteando una organizacin alternativa o intentando democratizar las existentes. El estilo autoritario de la dcada de los noventa promova conductas oportunistas que por lo menos en el corto plazo funcionaban. La exposicin pblica a que qued sometida Huancavelica propici estos comportamientos. En otro plano, cabe reconocer que el gobierno de transicin con el impulso a las llamadas Mesas de Concertacin de Lucha contra la Pobreza cre en muchos casos una instancia de superposicin con otras experiencias que no podan articularse fcilmente apelando a la ingeniera institucional o a la buena voluntad de personas y organizaciones. En Huancavelica sucedi que una mesa para el desarrollo desgarrada por su conflictividad interna no pudo articularse con una mesa de concertacin de lucha contra la pobreza que actuaba con un considerable margen de improvisacin. Visto en perspectiva lo que estaba ms all de cualquier previsin razonable es que ambos esfuerzos de participacin encontraran un punto de confluencia. En la actualidad los promotores de lo que fuera un ambicioso proyecto de desarrollo en el departamento ms pobre del pas no saben si realizar actividades de seguimiento y fiscalizacin de los planes y asignaciones de fondos previstos para la zona o asumir una lgica reivindicativa ms cercana a los criterios con los que se moviliza un frente de defensa. Mientras tanto, el apoyo de la cooperacin internacional ha disminuido significativamente y algunas ONG que estuvieron comprometidas con esta experiencia se retiran de la zona. En Churcampa, una de las provincias de Huancavelica, se producen disputas polticas que no llegan a los niveles de confrontacin irresolubles que estaban ocurriendo por el mismo perodo a nivel departamental, pero que cuestionan el plan de desarrollo que se haba convenido ejecutar pensando en el mediano plazo. En el conjunto de la experiencia hay una tensin entre los alcaldes distritales y el alcalde provincial, hecho que ocurre con frecuencia en las sociedades locales del pas, con desenlaces que cambian rpidamente de logros participativos de significacin con retrocesos o desvos respecto al derrotero que se haba convenido seguir. Actualmente la trama organizativa queda limitada a quienes viven en la capital de provincia dejando al margen caseros y comunidades. Adems, se elige un alcalde provincial poco dispuesto a asumir experiencias participativas y desvinculado de las iniciativas que en aos anteriores iban en esa direccin. Un sesgo en la interpretacin de estos procesos frecuente en las ONG es que se cuestione que los actores de la concertacin participen por separado en distintas listas. Ya que si se est hablando de concertacin se parte del reconocimiento que existen distintas opciones y preferencias que significa establecer acuerdos y no una propuesta impositiva de cohesin social. LOS CONFLICTOS INSTITUCIONALES POLTICOS Y ADMINISTRATIVOS SIN CANALES\nAlgunas experiencias de concertacin para el desarrollo buscan apoyarse en una alianza precaria entre un alcalde distrital y un conjunto de ONG que le prestan su apoyo, sin que en el proceso se vaya ganando en enraizamiento social. Para usar los trminos al uso en los proyectos sobre estos temas, es participativo pero no sustentable. Quiz la mesa de concertacin en el distrito La Encaada, en Cajamarca, vaya en esta direccin. El proceso es parte de 17 iniciativas que se realizan en Cajamarca entre 1996 y el 2002, y en el caso\nque aqu se expone se basa en el acuerdo con dos gobiernos locales y un conjunto de ONG (Aspaderuc, ITDO, Prisma y CARE, entre otras). Llama la atencin que la experiencia gira en una suerte de vaco social, ya que a nivel de organizaciones slo participa la Asociacin de Productores Agropecuarios de La Encaada. A su vez, en la medida en que se establece un plan de desarrollo y se desprenden ejes temticos de discusin sobre recursos naturales y produccin, salud poblacin y familia, y educacin y cultura, se logra generar un espacio de articulacin de demandas sociales que hace que intervengan en el proceso instituciones del Estado como el Ministerio de Agricultura, Pronamachcs, INIA, el centro de salud de la zona y el Ministerio de Pesquera. Para el centro IDEAS, esta incorporacin de instituciones del gobierno traba las potencialidades de esta experiencia por su tendencia a darle un manejo burocrtico al proceso. Situados ahora en un gobierno democrtico, este planteamiento suscita un dilema difcil de resolver: si no intervienen las instituciones estatales, las propuestas pierden eficacia, salvo que ellas se muevan en un plano solamente reivindicativo; si por el contrario ellas se incorporan, introduce sesgos a lo que es una limitada experiencia de participacin social. La resolucin de este problema es finalmente poltica, depende de las capacidades de movilizacin que puedan articular las autoridades locales, las organizaciones sociales y las instituciones de promocin. En el caso de La Encaada, un abrupto desenlace final se anticipa al despliegue de este proceso. Accede ya iniciado el proceso de descentralizacin un alcalde ajeno a esta iniciativa y algunas de las ONG se retiran de la zona o restringen el alcance de sus proyectos. La prctica dirigida a la participacin, en la que contradictoriamente se habla muy poco de actores sociales, no tiene condiciones para proseguir. Otras experiencias de concertacin para el desarrollo fracasan porque hay un directo enfrentamiento poltico entre responsables de ONG, que probablemente en distritos rurales se constituyan en notables locales, y las autoridades municipales. Parece ser que esto es lo que ha ocurrido en una experiencia de concertacin para el desarrollo con relacin a un tema concreto, la atencin a la infancia que fundamentalmente se orientaba a la capacitacin del personal docente y la formacin de promotores de salud en la provincia de Cajabamba, en Cajamarca. En una primera etapa, que va de 1994 a 1995, se inicia el proceso presidido por el alcalde y con acuerdos con instituciones estatales y de promocin. Entre 1996 y 1998 la direccin de este proyecto participativo es asumida por el director de una ONG. Es el perodo a la vez con mayor despliegue de iniciativas y de obtencin de nuevas fuentes de financiamiento y conjuntamente con ello ms confrontacional porque la autoridad municipal pugna por liderar esta mesa de concertacin y se le desconoce competencias y capacidades para asumir esta responsabilidad. En la eleccin de nuevas autoridades de este Comit la direccin pasa al sector salud y la rotacin de funcionarios impide que el espacio participativo creado tenga mnimos niveles de continuidad. Finalmente, un nuevo alcalde y una nueva ONG que llega a la zona crean otro proceso que se preconiza concertador. La iniciativa primera es dejada de lado. Las situaciones conflictivas no canalizadas llevan a un curso institucional errtico. En algunos casos ocurre que las ONG invocan un discurso participativo en la que no se tiene prevista la intervencin de la sociedad, sino en un momento posterior a la plasmacin misma del proyecto. La experiencia del programa de gobernabilidad democrtica para la provincia de Loreto, en opinin de la representacin de la Defensora del Pueblo en Iquitos, fracasa porque se busca fortalecer instituciones y actores, promover el reconocimiento de la heterogeneidad cultural y aprovechar responsablemente los recursos naturales, sin que\nla poblacin haya tenido intervencin alguna en el diseo de la propuesta. Por lo que consigo apreciar se parte de un encargo de un organismo de cooperacin a consultores desvinculados de la zona que sealan que el proceso participativo se basa en que la informacin recogida de los actores tiene igual o mayor peso que la informacin secundaria. Las etapas posteriores tienen que ver con constitucin de equipos multidisciplinarios, trabajo de gabinete y discusin, construccin de una visin de futuro y un ajuste final en el que la intervencin de la comunidad y las autoridades consiste en transferencia de documentos, sealamiento de roles, edicin de folletos de divulgacin para pblicos diferenciados y programas en la radio en los que se informa de lo realizado. Probablemente este particular estilo de intervencin sea un caso lmite. De alguna manera, distorsiona y exagera lo que est presente en otros proyectos que dicen basarse en la participacin y que tiene que ver con un razonamiento normativo acerca de lo que debe hacerse y un autoritarismo entre benvolo y paternalista en el que cada actor social tiene que ocupar el papel que se le ha asignado.\nLA LIMITADA INFLUENCIA DE LOS DIRIGENTES TRADICIONALES Otras propuestas fracasan porque se aspira a recuperar espacios de participacin que tuvieron reconocimiento en aos anteriores, pero que han perdido capacidad de intervencin en un nuevo escenario. La recuperacin de la dimensin poltica no puede ser el intento de volver a una situacin pasada. Los actores que en perodos de vigencia de partidos y organizaciones tuvieron capacidad de incidencia no siempre estn en condiciones de adaptarse al contexto actual. Ello parece haber ocurrido con el plan de desarrollo Jos Carlos Maritegui, en Villa Mara del Triunfo, que Deseo califica como una experiencia no exitosa. El intento se centraba en hacer que el II Congreso Ordinario de Villa Mara del Triunfo fuera la oportunidad no slo para renovar la directiva, sino enlazar esta eleccin con una propuesta que orientara las acciones de las nuevas autoridades. Deseo interviene asumiendo tareas de asesora y capacitacin. Se prepararon desde la redaccin y aprobacin del reglamento hasta mesas temticas de debate de la situacin de este asentamiento humano. Lo cierto es que se sustituye una directiva asociada al autoritarismo con otra de orientacin ms contestataria, pero la dinmica que se produjo no pareci ir ms all de este cambio. Los dirigentes tradicionales pensaban que haba llegado una segunda oportunidad para su protagonismo, vigilaban los criterios de eleccin, ponan vetos implcitos para llamar a otras organizaciones sociales de base. En su anlisis, Desco seala que la conduccin del mencionado congreso fue metodolgicamente correcta, pero polticamente conduce a la instalacin de una nueva junta directiva que pierde rpidamente legitimidad. Cabe preguntarse, sin embargo, si poda plantearse otra alternativa. Desco seala con acierto que algunos problemas no son sencillos de superar por ms disposicin al desarrollo de lgicas participativas que se tenga. Los jvenes, debido a la desatencin en la formacin de nuevos dirigentes, pero tambin a nuevas preocupaciones generacionales que no se acoplaban a referentes institucionales que consideraban superados o que les eran indiferentes, no estaban dispuestos a asumir compromisos estables con una asociacin y preferan movilizarse solamente en coyunturas ocasionales. Villa Mara del Triunfo tiene 140 nuevos asentamientos. Se han acostumbrado a seguir polticas asistencialistas que, por lo dems, como se seal al principio de este trabajo, fueron eficaces y a negociar con el municipio sin requerir para ello alentar una experiencia participativa. El autoritarismo y\nla violencia de 15 aos anteriores le da consistencia a esta opcin. Los cambios en la cultura poltica y las actitudes no siguen ni la misma velocidad ni la misma lgica que la que orienta algunos proyectos de cambio. Como surge de lo que indica Desco, pensar de modo iluminista y prescriptivo sobre lo que puede ocurrir dentro de 10 aos vuelve ms distendidos y laxos los compromisos inmediatos. Y si antes la autonoma frente al gobierno local poda ser ocasionalmente una ventaja, en las circunstancias actuales el rechazo del alcalde provoca el distanciamiento respecto a esta propuesta de desarrollo de otras organizaciones, en el caso que estamos comentando, el de los comits del Vaso de Leche. Segn Desco, se debe evitar el autoengao de entender como experiencia de participacin masiva aquella que se basa en eventos sociales, la posibilidad de acceder a regalos y donaciones, y en el extremo contrario asistencias que se basan en el temor a que se imponga a las personas multas y sanciones si no acuden a una asamblea o a una reunin.\nLA PARTICIPACIN VINCULADA A ALIANZAS INSTITUCIONALES Una experiencia exitosa es la de la planificacin y gestin concertada del desarrollo local en el distrito de Santo Domingo, en la provincia de Morropn, Piura. Es una zona que tiene 10.000 habitantes, 87 de procedencia rural en una zona que cuenta con diversos pisos ecolgicos. Los comicios municipales de 1999 permiten la llegada de un alcalde que plantea propuestas vinculadas al desarrollo sostenido, a la institucionalizacin de la participacin ciudadana, a establecer prioridades de inversin sobre la base de acuerdos con la comunidad ya fortalecer la capacidad tcnica y operativa del municipio. Las etapas del proceso son tambin ordenadas con claridad, la planificacin estratgica, la convocatoria a los vecinos en un esquema de participacin definiendo sus marcos institucionales de manera que se fortalezca la organizacin, la realizacin de un Plan Operativo Municipal y criterios de gestin concertados sobre las inversiones que se van a hacer. El alcalde tiene la capacidad de negociar con ONG que le prestan su asesora como es el caso de CIPCA, establecer redes con otros municipios que le confieren mayor alcance a sus propuestas y con la cooperacin internacional. En este contexto se vuelve relativamente ms sencillo lograr la intervencin del Estado sin que ste imponga sus criterios y sin que se sienta demasiado que algunos de los sectores dejen de participar. As, concurren junto a la parroquia el frente de defensa y las rondas campesinas, la agencia agraria, el centro de salud y el instituto superior tecnolgico del lugar. El problema que plantea esta experiencia es que la personalizacin del poder afecta tanto a lderes democrticos como autoritarios, por las razones que ya hemos explicado. Preocupa, entonces, que CIPCA seale que la reeleccin del alcalde se constituye en una fortaleza para la continuidad y sostenibilidad del proceso y consecuentemente el empoderamiento por parte de la sociedad civil. Los casos de la provincia de La Unin y del distrito de Omate, en la provincia de Snchez Cerro, ambos en el departamento de Arequipa, son experiencias de participacin exitosas porque surgen estructuras de oportunidad que cambian la situacin anteriormente existente y, en cierta manera, precipitan a la poblacin a involucrase en un compromiso comunitario. En La Unin, una zona extremadamente pobre, se plantea la perspectiva de un Plan de Desarrollo Sostenible siguiendo la Agenda Local 21 por haber sido considerada la zona un rea natural protegida, reconociendo la biodiversidad existente y el atractivo de la existencia del can de Cotahuasi. Los diagnsticos y proyectos de cada uno de los 11\ndistritos, la Casa de Cultura que se constituye en la zona y los institutos tecnolgicos y colegios secundarios orientan el conjunto de sus actividades al turismo, la hotelera, la agricultura sostenible y la artesana. Los vecinos entienden que pueden ser administradores de un cambio que desde este punto de partida inicial deriva en otras iniciativas que dan mayor proyeccin a lo propuesto desde la preocupacin por la exportacin de productos orgnicos y agroecolgicos hasta en otro plano entender que ahora se tiene capacidad para lograr que se contemplen otras demandas como la electrificacin o la instalacin de sistemas de agua y desage. Si en el caso sealado la participacin surge de un cambio auspicioso, en Omate los vecinos se renen para enfrentar una amenaza, la llamada mosca de la fruta que puede arruinar la produccin frutcola de la zona. Surge la experiencia participativa del asesoramiento pedido por los exportadores de fruta y se llega a involucrar en tareas de consultora del Servicio Ganadero y Agropecuario de Chile. Se puede establecer una estrategia coherente de intervencin en que cada uno de los actores tiene bien definido lo que les corresponde hacer por su cuenta y aquello que les corresponde coordinar con los dems. El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) se ocupa de evaluar si se est logrando resultados en la erradicacin de la mosca de la fruta y autorizar y certificar las acciones que se emprendan con este propsito. El municipio acondiciona el centro de acopio y financia parte de la mano de obra necesaria para enfrentar esta amenaza. Los exportadores negocian con Chile. La ONG Ceder brinda asistencia tcnica en la cosecha y con posterioridad a ella. La participacin de la poblacin se hace necesaria porque una actitud prescindente le provocara prdidas econmicas y porque necesita coordinar criterios tcnicos de intervencin a la vez que observar lo que est ocurriendo en sus campos. En el proceso se produce el reemplazo del cultivo de frutales privilegiando aquellos ms rentables y menos expuestos a ser huspedes de la mosca de la fruta, se incrementa el ingreso familiar y se utiliza una tecnologa ms adecuada. Ceder entiende que una de las ventajas de la experiencia, adems de sus costos de inversin relativamente bajos y sus mtodos sencillos de aplicar, es que se ha trabajado respetando los marcos institucionales existentes y la autonoma de cada actor. Si bien la experiencia de participacin surge de una circunstancia excepcional, que en cierta manera la poblacin se siente conminada a ella y al Estado a propiciarla, tiene el mrito de no hacer innovaciones organizativas que, como hemos visto en otros caos, slo responden a las preocupaciones metodolgicas y los intentos de innovacin social y poltica de agentes externos.\nLOS DISCURSOS PARTICIPATIVOS EN LA TRANSICIN DEMOCRTICA Las experiencias de concertacin tratan de pisar terreno firme, tomar un nuevo impulso y definiciones ms precisas durante el gobierno de Valentn Paniagua, y luego con la reforma descentralista que inicia de manera improvisada Alejandro Toledo. Se ingresa en una nueva situacin poltica que ayuda a pensar nuevas vas para la participacin al mismo tiempo que se trata de recoger lo mejor de lo aprendido de las experiencias anteriores. En algunas situaciones el nfasis va a ser la de promover la negociacin entre alcaldes distritales\nCon frecuencia, y como consecuencia misma de la afirmacin de la experiencia democrtica, lo previsto en la concertacin va a estar sujeto (as como veremos ms adelante a las reformas polticas de la descentralizacin) a lo que son las expectativas de las nuevas autoridades regionales, provinciales y municipales. Ellos van a tener propuestas que no necesariamente van a seguir lo que presuntamente se resolvi en un acuerdo con autoridades anteriores, algunas lites ocales y algunas organizaciones de la sociedad civil. Si estuviramos en una sociedad en la que existen burocracias constituidas y de carrera en la administracin pblica en cargos de responsabilidad, tcnicos que por largos aos siguen una gestin de gobierno en distintos sectores especializados en actuar localmente, organizaciones sociales estables y con capacidad de propuesta, los mrgenes de previsin seran mayores. No podemos atribuirles, en cambio, las virtudes de la congruencia a actores que sabemos que no son estables y que tienen comportamientos que convenimos en caracterizar de errticos. Quiz hasta puede ser positivo que se abran espacios de innovacin en acuerdos y negociaciones. Ellas van a sustituir iniciativas sin asidero, apoyadas solamente en buenas voluntades o pequeos intereses mientras la vida cotidiana de la comunidad va por otro lado No podemos esperar en estados dbiles y sociedades precarias, continuidades artificialmente construidas. Estas dificultades slo podrn resolverse fortaleciendo primero las representaciones polticas para que a la vez la participacin tenga un sentido innovador de ampliacin de la discusin pblica As, quienes interpretan la experiencia de los planes estratgicos de desarrollo sealan, siendo conscientes de las limitaciones que enfrentan, que las distintas autoridades comprometidas, las ONG y las organizaciones sociales, los abandonan por perodos, y los asumen nuevamente con nuevas funciones de acuerdo con la coyuntura poltica. Por otra parte, se tiende a confrontar inadvertidamente y sin darse cuenta de las consecuencias del razonamiento esgrimido, el esperado funcionamiento regular de las mesas de concertacin con los momentos perturbadores en que hay eleccin de autoridades a nivel de Congreso y Presidencia de la Repblica o en comicios regionales y municipales. Las elecciones suponen confrontacin, candidaturas opuestas, distintas alternativas. En este sentido, pareciera que quienes afirman una sincera conviccin democrtica rechazan la apertura de espacios pluralistas en su pertinaz vocacin busca de un consenso que como ya vimos est restringido a una minora de interesados. Se increpa, adems, que un alcalde elegido se oponga al plan estratgico de desarrollo, dndole mayor peso a una participacin virtuosa, pero poco representativa que lo que ha sido la libre decisin de los ciudadanos de elegir una autoridad que tiene sus propias prioridades o intereses. En otras ocasiones se considera como un hecho positivo la reeleccin sucesiva por varios periodos de un alcalde que contina las estrategias de los planes de concertacin, al mismo tiempo que se seala la necesidad de renovar las lites polticas y sociales. Los agentes promotores del desarrollo sealan como un defecto de las mesas de concertacin que ellas no sean conocidas por el conjunto de la poblacin y se preocupan de que, por lo general, los ms enterados son las personas provenientes del medio urbano contrastando con el desconocimiento o la indiferencia en comunidades rurales. A la vez, se increpa o se lamenta que aquellos que no conocen esas experiencias tomen sus propias opciones. Se habla de la necesidad de forjar una cultura democrtica, pero la poltica de confrontacin de ideas y la postulacin poltica de personas con diferentes alternativas e intereses se toma como la irrupcin de un visitante inoportuno. Ms grave an en lo que tiene que ver con la mecnica misma de los procesos de concertacin se seala como un rasgo de debilidad\nque no siempre se toman las decisiones por consenso cuando el hecho que una propuesta se someta a votacin, y se siga lo que opina la mayora con la aceptacin de todos, indicara ms bien que estamos ante una sociedad civil fuerte y un sistema poltico relativamente estructurado. EXPERIENCIAS CONCERTADORAS EN UNA NUEVA SITUACIN POLTICA Comenzado el proceso de transicin democrtica, los acuerdos sociales en el mbito local procuraron conducirse por el lado de las mesas de concertacin del desarrollo y las mesas de concertacin de lucha contra la pobreza. Ahora se enfrentan ahora a una reforma institucional descentralizadora en la que se crean nuevas autoridades, presidentes y consejos regionales por un lado, consejos de coordinacin regional integrados por el presidente regional con sus regidores, parte de los alcaldes provinciales y la sociedad civil, y consejos de coordinacin local en la que participa el alcalde provincial, el conjunto de los alcaldes distritales y los representantes de la sociedad civil. Al margen de las crticas que se le puede sealar a esta reforma institucional, lo cierto es que abre un espacio para la intervencin de la poltica de modo participativo, porque all se discutirn, entre otros temas los planes anuales de desarrollo y los presupuestos participativos de modo consultivo a nivel regional, provincial y distrital. En los nuevos procesos de reforma poltica descentralista dara la impresin que algunas expresiones organizativas que pudieran haber tenido sentido en el proceso de transicin poltica han perdido su razn de ser. Esto ocurre especialmente en el caso de las llamadas mesas de concertacin de lucha contra la pobreza. Si bien quienes difunden las virtudes de esta experiencia sealan que ella est expandida en el conjunto del pas, es notoria para quien se aproxima a las distintas sociedades regionales, su notoria debilidad. Esta situacin de por s no es grave porque las personas parecen estar demandando formas de representacin y de participacin ms abiertas con referentes institucionales ms sencillos de identificar. Las mesas de concertacin de lucha contra la pobreza se proponen concertar las polticas sociales en una perspectiva de desarrollo humano con enfoque de equidad de gnero, lograr mayor eficiencia en la ejecucin de los programas comprendidos en la lucha contra la pobreza, institucionalizar la participacin de la ciudadana del diseo, la toma de decisiones y la fiscalizacin de la poltica social del Estado, y propiciar la transparencia e integridad de los programas de lucha contra la pobreza. Si lo que queremos es construir instituciones fuertes y una sociedad civil representativa y con capacidad de presin y de negociacin, es a las diversas instancias de decisin y deliberativas de los gobiernos regionales, provinciales y distritales a los que se debe transferir esa responsabilidad. La experiencia de las mesas de concertacin de lucha contra la pobreza no es sencilla de entender para quienes no estn involucrados en esta experiencia, desde investigadores a vecinos de una provincia o de un distrito., Tampoco existen estudios explicativos de esta iniciativa lo que dificulta que sea considerada como un caso de participacin a tomar en cuenta para los que tienen preocupaciones en este tema que va por otras direcciones. Hasta donde se consigue entender, ellas actuaban como una suerte de organizacin para la aplicacin de polticas y sociales que ayudara a contrarrestar la falta de coordinacin entre sectores del Estado y como instancia sustitutiva de otras mediaciones ante las debilidades del sistema poltico y las urgencias de promover cambios sociales con una orientacin democratizadora.\nEste propsito primero ya ha perdido parte de su razn de ser y ahora est, ms bien, sujeto a rutinas mal definidas. Mientras el captulo de reforma constitucional ya aprobado sobre descentralizacin y las distintas normas que regulan esta reforma institucional crean organismos relativamente bien definidos en su integracin y atribuciones, las mesas de concertacin de lucha contra la pobreza con su ambiguo estatuto jurdico entre la sociedad y el Estado son situadas en el marco de las disposiciones transitorias, complementarias y finales de la Ley 27867 que norma sobre la organizacin de las regiones. Cabe presumir, entonces, que su inclusin es resultado de la solicitud de un grupo de interesados que no se adaptaban a los nuevos cambios institucionales Aparece como un aadido mal hilvanado y es sencillo demostrar que no fue una instancia que se tuvo en cuenta en el momento de pensar las distintas fuerzas polticas, esta vez s concertadamente, en los espacios que regulaban la toma de decisiones y las reas de intervencin ciudadana. Los que estn preocupados con un respetable sentido de compromiso por defender esta experiencia de las mesas de concertacin de lucha contra la pobreza advierten que hay que superar una actitud aferrada al pasado reciente. Se preguntan si esta instancia debe limitarse a cumplir funciones de asesora y capacitacin a la gestin municipal, lo que de paso lleva consigo la aceptacin del hecho que ya no les toca cumplir las tareas que inicialmente le fueron previstas para la promocin del desarrollo y la equidad. En todo caso, si mantienen vigencia en algunos departamentos, provincias y distritos son atribuibles a las opciones abiertas en los estilos de asociarse y no a la superposicin de competencias y de niveles de representacin respecto a otras instancias polticas descentralizadas.\nLA PARTICIPACIN ASOCIADA A LA CAPACIDAD DE INNOVAR Afortunadamente, y aun cuando se est en las primeras etapas de la reforma institucional, lo cierto es que desde las organizaciones sociales ms enraizadas en la comunidad, y las ONO ms creativas y menos sujetos a marcos dados por sus particulares intereses -muchas veces bien inspirados y otros sugeridos y tomados sin crtica por los organismos de cooperacin internacional- estn surgiendo nuevas formas de acceso al sistema poltico. En algunos casos el nuevo marco institucional y la eleccin por primera vez de los gobiernos regionales ha permitido establecer relaciones directas con los alcaldes provinciales, en otros ha hecho posible utilizar a los regidores como medios de presionar a un alcalde distrital o a un alcalde provincial renuente a recoger las iniciativas de poblados urbanos o rurales; en ocasiones el presidente regional se convierte en un mediador frente a un alcalde poco dispuesto a discutir proyectos de desarrollo o recoger demandas de alguna comunidad; ocurre tambin que los alcaldes provinciales son los que presionan al presidente regional. La Defensora del Pueblo por su parte en diversas instancias, y cumpliendo con sus responsabilidades jurdicas puede constituirse en un canal de acceso para que los ciudadanos se enteren y a veces cuestionen las decisiones de poder poltico. Habr tambin espacios locales en las que sern las juntas vecinales las que intervendrn. En ocasiones se puede utilizar a los presidentes regionales para exigir cambios en una poltica sectorial del Estado; en otros casos, el sector salud, por ejemplo, participando de acuerdo con algunas organizaciones sociales puede modificar las orientaciones de los gobiernos regionales y provinciales.\nLos mecanismos de mediacin pueden ser de muy diverso tipo, en algunas comunidades campesinas son los grupos de desarrollo comunal, los consejos de coordinacin vecinal apoyados por federaciones campesinas, los consejos de desarrollo comunal, mesas temticas que abarquen diversos temas, que van desde la seguridad ciudadana a la violencia familiar; y un entramado de organizaciones de diverso rango y capacidad de convocatoria desde gremios de maestros y de la construccin que tienen rasgos ms tradicionales, a las juntas de regantes, las organizaciones vecinales, las asociaciones preocupadas por el medio ambiente, o bien experiencias que recogen con realismo e imaginacin lo que preocupa a las mujeres o a los jvenes, superando los planteamientos exclusivamente normativos que dicen orientar acerca de lo que debiera hacerse con estos grupos.\nDIFICULTADES EN LAS EXPERIENCIAS DE CONCERTACIN DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Un caso ilustrativo de las llamadas mesas de concertacin de lucha contra la pobreza es la del cono sur de Lima. El comit est formado por un representante de la municipalidad, uno de los organismos pblicos que operan dentro de la zona, uno de las ONG, dos representantes de las organizaciones sociales, uno de las iglesias y las instituciones confesionales, uno de los gremios empresariales y, finalmente, uno de las agencias de cooperacin internacional. Desco entiende que esta experiencia ha servido para capacitar en hacer diagnsticos y en conocimiento de polticas sociales a quienes intervienen en esta experiencia. Anota, sin embargo, un conjunto de problemas. Uno de ellos es que a las organizaciones sociales que estuvieron marginadas por el autoritarismo - no es que fueran dejadas de lado, sino que haban perdido capacidad de convocatoria- les preocupa obtener resultados de corto plazo, lo que no corresponde a los propsitos de esta instancia de concertacin. Otras organizaciones que han perdido legitimacin o nunca la tuvieron buscan un espacio que es cuestionado por otras instancias de la comunidad. Como vimos que ocurre tambin con las mesas orientadas al desarrollo, se teme que la participacin en esta entidad sirva de promocin de candidaturas polticas, lo que de hecho ocurri en el 2002. Otra vez se hace sentir en las dificultades para asumir el pluralismo y el conflicto y relacionado -reconociendo niveles de intervencin que le son propias a cada espacio o instancia social y poltica- con la inevitable irrupcin de lgicas partidarias. Desco entiende tambin que un problema, a su criterio metodolgico, pero que puede convertirse en poltico es que algunas ONG sean percibidas por lderes populares y organizaciones sociales de base como queriendo asumir directamente la representacin y la direccin de estas mesas. La Mesa de Concertacin de Lucha contra la Pobreza en Puno se sustenta desde su creacin en el apoyo de la Vicara de la Solidaridad de Juli y de la Coredes, que intenta vincular organizaciones sociales con ONG y buscar coordinar fondos de cooperacin internacional que lleguen al departamento. Participan de esta experiencia el frente de defensa, la federacin campesina, la asociacin de mujeres y el colegio de ingenieros. En la experiencia se hace sentir la tensin entre un modelo institucional con competencias mal definidas y los enfrentamientos o distanciamientos de la mayora de los actores inicialmente comprometidos. A veces en esta instancia se improvisa procurando ir ms lejos que lo que las rutinas o la lgica de toma de decisiones en el sector pblico lo permite. As se aprueba un presupuesto participativo en un taller con 600 asistentes priorizando tres proyectos, para encontrarse despus que el Ministerio de Economa y Finanzas entiende\nque lo resuelto no est en concordancia con su plan nacional de inversin. Foncodes y Pronamachcs no coordinan entre s ni con esta instancia. El nuevo presidente regional no est interesado en seguir adelante con este proceso. En la mesa compiten dirigentes sociales y autoridades municipales y a veces hay por parte de stas intentos de cooptacin y c1ientelismo. Como sealamos, a nuestro entender estos conflictos son propios de la mayora de las experiencias de participacin y el problema es cmo tratar con ellos, rescatando que los conflictos puedan finalmente manifestarse, buscando a la vez las vas para que puedan canalizarse. SER destaca que esta experiencia no puede entenderse sin la intervencin de la iglesia catlica y su particular visin del desarrollo, de la tica y de la poltica. Seala que esta institucin paradjicamente invoca el consenso, pero no est decidida a convocar al gobierno regional y a los partidos polticos. En la interpretacin del SER se entiende que hubiera sido preferible la mesa de concertacin de lucha contra la pobreza que los consejos de concertacin regionales y locales para discutir planes y presupuestos, pero el marco legal vigente le otorga facultades a estas dos ltimas instituciones. Las mesas deben buscar nuevos objetivos. Uno de ellos es limitarse a ser un ente coordinador de polticas sociales. Otra alternativa es emprender ms acuciosamente tareas de vigilancia y educacin ciudadana. De lo expuesto dara la impresin que esta iniciativa ha perdido capacidad de convocatoria y hasta las razones mismas que justifican su permanencia.\nLAS PRIMERAS DISCUSIONES DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS En las nuevas condiciones se disponen otros mbitos para la intervencin ciudadana como, por ejemplo, la discusin de los presupuestos participativos. Se trata de aprender de iniciativas en esta direccin realizadas en otras sociedades y al mismo tiempo advertir las particularidades del contexto peruano. No existen en la mayora de nuestros espacios regionales partidos polticos fuertes, dirigentes locales o municipales con amplios mrgenes de legitimacin salvo contadas excepciones no se cuenta con una red de organizaciones de la sociedad civil articulada, representativa y eficiente. Tampoco parece haber todava instituciones que desde el Estado conjuguen capacidades tcnicas con disposiciones a la participacin social, por lo que curiosamente a la misma burocracia supuestamente sujeta a mandatos impersonales se la personaliza, confiando para promover iniciativas innovadoras en la buena disposicin de un funcionario colocado en un cargo estratgico y no en las disposiciones que establezcan responsabilidades y derechos para los sectores de la administracin pblica y para los ciudadanos. Un nuevo marco legal e instructivas del Ministerio de Economa y Finanzas inicia una etapa cuyos alcances no estamos en condiciones de evaluar. Hasta pocos meses atrs lo que se entiende por presupuesto participativo, salvo experiencias fallidas como la ya mencionada de Puno, se ha limitado a iniciativas de algunos alcaldes distritales de distribuir los fondos de los que dispone y que no estn destinados a gastos ordinarios. Para la asignacin de los recursos, la poblacin decide cules deberan ser las primeras y segundas prioridades en su distrito. Puede haber irregularidades porque un distrito que tena 10 juntas ahora las desdoblan en 11 o 12 como consecuencia de la estrategia de un grupo que pretende sacar ventaja sobre el resto. Esta situacin ha ocurrido en la zona urbana de Celendn, en Cajamarca,\nirregularidad que pudo finalmente ser contrarrestada. En la valoracin del Centro Ideas se seala que en la experiencia slo se han involucrado algunos dirigentes y no ha podido extenderse la propuesta a los caseros rurales. Probablemente se afirman algunos liderazgos con el proyecto, pero no necesariamente se extiende la trama asociativa. Por otro lado, se nota en los planteamientos sobre el tema una manifiesta contradiccin entre aceptar la participacin social y criticar los resultados a los que se llega. As, la poblacin puede decidir construir un local comunal o reparar el techo de la iglesia cuando quiz lo recomendable hubiera sido, segn los evaluadores de esta propuesta, resolver problemas de infraestructura. A la vez se seala que el presupuesto participativo tiene como objetivo no la optimizacin del gasto, sino fortalecer las organizaciones de la sociedad civil. Y se critica que el alcalde de Celendn le otorgue mayor importancia a la construccin de un mercado con los contados fondos que se dispone en lugar de consultar con las justas vecinales a las que a su vez se reconoce como poco representativas. Parece estar oscilndose entre lo que es prioritario hacer y aquello que resulta democrtico, aspirando a que ambos procesos se encuentren, pero definiendo confusamente los caminos para lograrlo. La previsin de decidir de modo participativo algunos rubros del presupuesto supone, lo que es positivo, que la poblacin se involucre en el destino de lo que se invierte en lo que debiera ser para su beneficio. Para que el debate gane en profundidad se requiere formar tcnicos sensibles a las necesidades y las aspiraciones de la comunidad, y una sociedad que sea a su vez capaz de discutir con buenos argumentos con las autoridades representativas y con los funcionarios del Estado evitando caer en una visin estrechamente localista, parroquial. An en el presupuesto participativo de Porto Alegre, que se toma como experiencia piloto, tcnicos legitimados por responder a un sistema poltico consolidado tienen capacidad de observacin y de veto; por ejemplo, si algunos proyectos no resultan posibles de ser realizados tal como los participantes demandan, como establecer un sistema de agua potable en un vecindario, cuando para ello hay que conectar previamente otra zona para que el servicio pueda habilitarse. O bien porque algunas obras pueden ser econmicamente prohibitivas y los clculos que hacen de sus costos quienes deciden emprenderla no han sido hechos con el suficiente rigor. En otras ocasiones, existen criterios sobre planificacin urbana que interfieren en las necesidades inmediatas de un pequeo espacio vecinal. Por ltimo, a veces se presentan barreras legales que impiden que determinadas obras o iniciativas se cumplan. En todo caso, estas experiencias de presupuesto participativo debieran evitar el riesgo tanto de asumir un modelo exitoso en otros contextos sin hacer un esfuerzo de adecuacin tomando en cuenta a la sociedad local a la que se va a aplicar como incurrir en la actitud directamente opuesta y quedarse detenido en las particularidades de la zona donde se est trabajando. De lo contrario, se improvisa, se crean organizaciones sobre la marcha del proceso, desatendiendo su representatividad, al suponerse que se trata del gobierno de la sociedad civil por ella misma, lo que no slo tiene que ver con la forma en que se toman las decisiones sino que, adems, est muy relacionado con un sesgo antiinstitucional y antipoltico en el marco de un discurso que quiere apelar a la democratizacin. En todo caso, hay un margen amplio de discusin acerca de la manera de promover estas nuevas experiencias, las estrategias para que los consejos de coordinacin regional puedan convertirse en una verdadera instancia consultiva, los modos de hacer llegar a la poblacin la informacin pertinente, los criterios para ejercer una vigilancia razonable, las vas para aproximar a los tcnicos a las autoridades locales y a la comunidad. Hasta\nahora el que se hayan tomado en cuenta todos estos aspectos ha dependido de la buena voluntad de algunos funcionarios en el Ejecutivo -particularmente, en el Ministerio de Economa y Finanzas- o de la disposicin de algunos alcaldes provinciales o distritales que desean promover una discusin democrtica de polticas sociales y de desarrollo. La responsabilidad que se presenta ahora es que este proceso sea menos aleatorio, que se ordenen los procedimientos y se promuevan nuevos estilos de intervencin, conjugando la iniciativa ciudadana con la rigurosidad. Dara la impresin que ni las organizaciones sociales ni las ONG estn preparadas todava para actuar en este nuevo espacio, lo que puede provocar incongruencias, malentendidos o simplificaciones. Esta situacin no es preocupante si es que se tiene conciencia de que recin se est en los inicios de un nuevo estilo de intervencin. Lo grave sera suponer que son suficientes buenos marcos regulatorios y bien intencionados proyectos de promocin para adelantar etapas y situarnos en poco tiempo ante una situacin radicalmente distinta y ms auspiciosa en lo que a participacin se refiere. ACUERDOS DE AUTORIDADES Y PARTICIPACIN En un contexto de debilidad institucional como el que vive el Per, es una experiencia exitosa a nivel local propiciar las relaciones entre instancias representativas. Tanto la Ley Orgnica de Municipalidades de 1982 como las disposiciones que regulan la presente reforma descentralista prevn bajo diferentes modalidades instancias de coordinacin, antes entre alcaldes provinciales y distritales, ahora entre presidentes regionales y alcaldes provinciales y de provinciales con distritales, con intervencin tambin de organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, en pocos casos ha logrado cumplirse con lo que la ley dispone, lo que sera un primer paso para pensar en criterios estables y legitimados de participacin. Sacar partido de lo que establecen las normas y a partir de ellas abordar tareas que van ms all de lo previsto en el marco regulatorio en trminos de definicin de polticas es lo que ha logrado la Asamblea de Alcaldes distritales de la Provincia de Morropn. De hecho, y si bien puede reconocerse precedentes recin cobra vigencia esta instancia de coordinacin en 1998. El acuerdo alcanzado permite descentralizar la inversin evitando en buena medida criterios clientelistas o de lealtad poltica, ya que los fondos se asignan atendiendo a criterios de poblacin, pobreza y niveles de desarrollo. Y permite encarar en conjunto soluciones a problemas que afectan a varios distritos, desde apoyo en obras de infraestructura a talleres participativos a nivel de subcuencas en que intervienen los alcaldes con otras organizaciones sociales. Una iniciativa que ha surgido de las municipalidades soluciona parte de los problemas de legitimacin y hace posible ordenar con criterios compartidos por todos - a diferencia de lo que ocurre cuando slo se invoca la sociedad civil- desde los criterios de evaluacin de ejecucin del gasto como el establecimiento de normas internas de funcionamiento. En este contexto, las ONG, en este caso CIPCA, tienen mejor definido su estilo de intervencin y estn en mejores condiciones para articular el asesoramiento tcnico con el trabajo con actores de la comunidad. Una experiencia que parece ir en la misma direccin es la asociacin de municipalidades de la provincia de Angaraes Sur, en el departamento de Huancavelica. Se ubica en una zona que fuera afectada por la violencia poltica y que tiene a la mayora de su poblacin\nen condicin de pobreza y de pobreza extrema. La coordinacin ha facilitado la electrificacin de comunidades, la gestin del riego, fortalecer las capacidades de negociacin ante la cooperacin internacional y conocer otras experiencias participativas por sus vnculos con el consorcio de ONO que se integra en la Red Per. Quiz por las precarias condiciones econmicas y sociales del conjunto del departamento, la posibilidad de hacer duradera esta experiencia depende de su relacin con sectores del Estado, especialmente aquellos que controlan entidades encargadas de ejecutar polticas sociales. El conflicto poltico en la zona se entremezcla con antagonismos personales, y a diferencia de lo que vimos que ocurre en Piura, no tiene canales estables de mediacin que permita ordenarlos. Tal vez por esta razn SER entiende que las ONO no slo deben cumplir tareas de asesoramiento, sino controlar el manejo de la administracin de los distintos alcaldes, evitando que se contrate a asesores poco calificados y tratando que las autoridades se comprometan en lograr mayores niveles de capacitacin para encarar responsablemente su gestin. EL MEDIO AMBIENTE Y LA INTERVENCIN DE LA SOCIEDAD Los proyectos que afrontan temas relativos al medio ambiente exigen atender a criterios de participacin de la comunidad. Para poder llevarlos adelante necesita de ciudadanos informados y comprometidos, ya que a diferencia de lo que sucede cuando se trata de afrontar otros temas, una actitud indiferente provoca costos que se van a sentir a corto o mediano plazo. La intervencin del conjunto de actores sociales es una exigencia que se cumple con distintos niveles de rigurosidad de acuerdo con los diferentes contextos en los que se aplica y la capacidad de convocatoria de autoridades de distintos sectores del Estado, los municipios, las ONG y las agencias de cooperacin internacional. En algunos casos hay que tomar en cuenta intereses contrapuestos, en la que las instituciones gubernamentales no pueden limitarse a arbitrar, sino deben tomar decisiones que van a afectar a algunos de los actores enfrentados en una disputa por el control de recursos econmicos o de ejercicio de poder. No es del caso detallar las caractersticas de casa una de estas experiencias de participacin. Sealamos slo algunas. En contextos urbanos como el caso del Comit Defensa del Valle de Lurn que comprende los distritos de Lurn, Pachacamac y Cieneguilla algunas autoridades y organizaciones sociales se enfrentan a una Ordenanza Territorial del 2001 que cambia el uso de los terrenos agrcolas en el Santuario de Pachacamac, autoriza obras de infraestructura que crearan nuevas urbanizaciones en zonas protegidas y permita vas, malecones y edificaciones en la ribera del Ro Lurn. El Comit de Defensa del Valle comprende un conjunto de asociaciones que agrupan fundamentalmente a campesinos y a profesionales, los primeros sensibles a proteger lo que su fuente de ingresos, los segundos preocupados por los problemas de contaminacin y de calidad de vida. La iniciativa probablemente se oponga a intereses de algunas autoridades, de las urbanizadoras, de traficantes de terrenos, de pobladores en situaciones de marginalidad y, como seala Deseo, buena parte de su legitimacin radica en el apoyo de la iglesia catlica, expresado en el compromiso del obispo de la zona. En esta lnea, el trabajo de las ONG puede contribuir a crear instancias de negociacin, fortalecer capacidades de los actores locales y prestar asesora tcnica. En la Amazona algunas experiencias participativas surgen por una amenaza que precipita a los actores sociales a preocuparse por los problemas ambientales. As en el Comit\nEcolgico de Urahuasha, en Tarapoto, en una zona cercana al Cerro Escalera y a la vertiente de diferentes ros, donde un conjunto de agricultores explotaban pequeas parcelas, el compromiso surge por el temor a que sea declarada rea protegida por las autoridades. Los parceleros acuerdan criterios de uso del suelo delimitando las reas agrcolas de aquellas zonas protegidas. Deciden, adems, erradicar sembros de coca y negocian con comunidades lamistas reubicando algunas de ellas. En otras experiencias relativas a la conservacin del medio ambiente los estilos de participacin que se han previsto para la poblacin parecen ordenados, en el conjunto de sus etapas, por los organismos de cooperacin internacional, como es el caso del Grupo Regional de Manejo del Bosque, iniciativa que comprende a todo el departamento de Loreto y en la que intervienen, adems, organizaciones sociales de base, autoridades regionales, empresarios y ONG. La experiencia que destaca la Representacin Defensorial de Loreto afronta dificultades pese a su importancia estratgica, debido a dificultades de las asociaciones de la comunidad para entender las polticas que se van a aplicar. Y en otro plano, la presencia de lo que estiman lobbies unilaterales, probablemente de grupos vinculados a la explotacin maderera. El problema en este caso es saber si, como espera la Defensora, pueden superarse las desconfianzas recprocas llegando los diferentes comprometidos en esta iniciativa a una actitud de dilogo que permita posteriores consensos, o quiz esta concertacin tenga lmites estrictos, por intereses radicalmente contrapuestos y ms bien se requiera que haya un momento de decisin por parte de las autoridades. En otros casos surge una estructura de oportunidad comparable a la experiencia que hemos visto de la provincia de La Unin, en Arequipa. La participacin involucra a comunidades pobres cercanas a la laguna El Dorado y a la reserva nacional Pacaya Samiria. Se plantea la perspectiva de desarrollar el turismo ecolgico capacitando a la poblacin en este tema y en el manejo de ecosistemas frgiles. Las ONG de cooperacin permiten que la poblacin oriente sus acciones para obtener una certificacin ISO 14001 que contribuye a difundir y evaluar esta experiencia. La poblacin est entre obligada y dispuesta a disear planes participativos, saber de servicios tursticos y de gestin administrativa, construir refugios y tambos, acostumbrarse a visitas de reconocimiento e intervenir para cumplir con los requisitos que se le exigen sabiendo que ellos convergen con sus intereses personales. La participacin es aqu una estrategia que los pobladores estn casi conminados a emprender, pues no tienen otra alternativa de desarrollo que no suponga un sostenido compromiso social. LA AMPLIACIN DEL ACCESO A LA JUSTICIA Otro vasto espectro de experiencias de participacin tiene que ver con la administracin de justicia. En algunos casos procuran el acceso ciudadano a una dimensin universal de la ley como las Demunas. En otros se atiende a criterios de una llamada justicia alternativa, como es el caso de las rondas campesinas. El tema ha sido ampliamente estudiado y aqu nos limitamos a tres experiencias. El proyecto de las defensoras comunitarias parte de la idea de que la capacitacin de mujeres de la comunidad en derecho de familia es necesaria para que las afectadas se atrevan a denunciar los casos de violencia domstica, establecer las vas para atenderlas, hacer un seguimiento y ampliar la cobertura hasta las zonas rurales. En esta experiencia estn comprometidos el Centro Ideas, la Unicef y la Municipalidad de la Provincia de San Marcos. Lo importante en este caso radica en la capacidad de\narticulacin en redes para que el sistema sea efectivo, prevenir, asumir lo que se est en condiciones de resolver y tener, en otros casos, capacidades de derivar y que las situaciones sean consideradas de modo apropiado por la polica y la justicia. La elaboracin de un estatuto interno y de normas de procedimiento como la capacitacin asegura no slo el compromiso de las interesadas, sino tambin la aplicacin de criterios uniformes. Esta experiencia de participacin sobre bases realistas permite desde afrontar casos de violencia familiar, como resolver problemas de filiacin y preocupaciones de que los nios asistan al colegio. Supone un mecanismo de dilogo fluido y de responsabilidades compartidas entre poblacin, ONG, gobierno local y Estado. La participacin en estos casos parece ser la mejor alternativa. El caso de las rondas campesinas es mucho ms complejo. Surgidas como una organizacin natural que aplica el derecho consuetudinario -concepto por dems discutible, pues supone una suerte de inexorable determinismo cultural, y en ocasiones confunde la produccin autnoma del derecho con la alternativa obligada ante las insuficiencias de la administracin estatalcombatieron primero el abigeato y la delincuencia, intervinieron en la vida poltica de sus zonas y, como se sabe, en algunas regiones se involucraron en la lucha contra la subversin vinculndose a las Fuerzas Armadas. En los casos que vamos a considerar, las rondas campesinas de la provincia de Bambamarca en Cajamarca y la central de rondas de Carabaya en Puno el enfrentamiento a Sendero Luminoso no ha sido parte de su experiencia. En el caso de Bambamarca hay un proyecto poltico integrador que va ms all de los propsitos originarios. De acuerdo con IDEAS, las rondas se proponen luchar no slo contra los ladrones chicos sino contra los ladrones grandes que estn vinculados al imperialismo y a las clases opresoras. Esta opcin arrastra conflictos de propuestas entre sus integrantes, en parte por la influencia de lo que queda de los partidos de izquierda y del APRA en la organizacin, que lleva a discrepancias que no pueden procesarse coexistiendo contradictoriamente con un cerrado discurso comunitarista -promovido, adems, por agentes externos- que encuentra en cada opinin diferente una inconsecuencia. Existe tambin un carcter compulsorio de la participacin para hombres y mujeres de entre 17 y 60 aos, a la vez que se invoca un discurso democratizador.\nLa Central Provincial de Rondas de Carabaya es apoyada por la iglesia a travs de la Vicara de Solidaridad de Ayaviri y el SER. En la zona ha existido una situacin conflictiva por aos, debido a que al ser una zona que no fue afectada de modo significativo por la violencia poltica, cuando las Fuerzas Armadas pugnaron por constituirlas en Comits de Autodefensa, los ronderos rechazaron este modelo, incluso se negaron a aceptar las armas que le ofreca el cuartel. A un estilo ya de por s compulsivo de participacin se superpona el intento del Estado de imponerles responsabilidades que no queran asumir. Uno de los problemas que deben afrontar, y que no es por cierto de fcil resolucin, es actuar en diversos planos, administrar justicia, realizar acuerdos con los jueces de paz, denunciar a aquellos que consideran corruptos e incompetentes, afrontar acciones de los magistrados que interponen recursos por delitos de tortura, secuestro y usurpacin de funciones y derivar para que se sigan los procedimientos ordinarios por los delitos de terrorismo, narcotrfico, violacin y homicidio. Para quien no conoce esta experiencia de cerca resulta difcil discernir cmo se pueden resolver al mismo tiempo este conjunto de tareas que tienen, adems, parcialmente contenidos contradictorios. Y no consigue advertirse las razones por las que las rondas, como se propone, deben progresivamente orientarse a la vigilancia\nde la gestin municipal. La reforma descentralista tiene entre sus propsitos afianzar la institucionalidad local, extenderla, hacerla ms representativa, auspiciar formas innovadoras de intervencin de la sociedad. La presencia de las rondas en este plano quiz promueva una suerte de poder dual ms que un legtimo mecanismo de control. Una experiencia participativa, a la vez obligada por las circunstancias y con pretensiones democrticas, al tratar de que se amplen sus contenidos puede distorsionar sus propsitos originarios y trabar cambios institucionales que buscan afirmar las relaciones entre el estado, los gobiernos locales y la sociedad. LOS CRITERIOS DE PARTICIPACIN ESTANDARIZADOS EN SALUD Preocupa que haya experiencias que tienen bien definido su esquema de participacin y que no consigan o no se interesen por establecer vasos comunicantes con los problemas de la localidad en su conjunto a los que debiera vincularse para hacer ms influyente su intervencin. Es como si estas iniciativas estuvieran cerradas y empaquetadas. Ocurre particularmente en el caso de la salud. En este sector hay una convivencia del sistema tradicional con el de las llamadas CLAS (Consejos locales de administracin de salud) en que participan siete miembros: tres representantes de organizaciones de la comunidad, tres de la direccin de salud y uno que es el jefe del establecimiento principal de salud de la zona. Dara la impresin que, en este caso, hay una dinmica de desarrollo de proceso que puede ser exitosa en la atencin especfica de los problemas inmediatos, pero no se asocian con temas asociados al medio ambiente o que tienen que ver con el desarrollo comunal. Y es que quienes promueven polticas relativas a la salud ignoran buena parte de lo que ocurre con el desarrollo econmico y social de la provincia y el distrito en el que actan. A su vez, quienes se preocupan por el desarrollo provincial y distrital no toman en cuenta estas experiencias particulares en su potencial integrador. Sucede curiosamente que cuando una experiencia de participacin est demasiado codificada por polticas seguidas por un sector (en este caso, salud) o siguen estrictamente pautas impartidas por los organismos de cooperacin internacional pueden tener resultados inmediatos en el corto plazo, pero no se comunican al conjunto y pierden buena parte del impacto buscado. Hay intentos de superar estas limitaciones. Uno de ellos es el del Comit Multisectorial de Salud en Los Olivos (Comusa). Se aspira a la planificacin concertada con la intervencin del gobierno local, de otros sectores del Estado, organizaciones sociales de base y ONG. El consejo directivo de esta entidad est formado por un presidente, que es el representante del Ministerio de Salud; un representante del gobierno local; una secretaria que haba sido elegida por la red de promotoras de salud del distrito; Alternativa, que se ocupaba de la secretara de economa; la secretaria de organizacin que tambin provena del Ministerio de Salud, y como fiscal una persona que proceda de la Central de Comedores Autogestionarios (Cepoca). Esta iniciativa ha encontrado problemas que ilustran las dificultades ya anotadas. Las polticas de salud en el momento de su aplicacin son cambiantes, a lo que se agrega la rotacin de los responsables en el distrito. La municipalidad busca intervenir activamente, pero esa actitud es vista como una competencia indebida por parte del Ministerio de Salud. La instancia proclama su condicin multisectorial; sin embargo, otras instituciones del Estado no se muestran interesados en el proyecto. El Comusa no tiene instancias de coordinacin con la Mesa de Concertacin de la Lucha contra la Pobreza. Y como anota Alternativa, la cooperacin internacional no est interesada\nen proyectos participativos que vayan ms all del enfoque sectorial, lo que resulta poco congruente cuando a la vez se reclama la necesidad de un enfoque integral.\nPROYECTOS PARTICIPATIVOS EN EDUCACIN Las experiencias de participacin en educacin parecen tener problemas parecidos a los ya vistos en salud. Cuenta a su favor con estudios antropolgicos que estudian los problemas de comunicacin entre maestros, alumnos, padres de familia y comunidad en zonas postergadas urbanas y rurales. Por nuestra falta de conocimientos no podemos tocar el tema sino tangencialmente. Dara la impresin que los proyectos en esta rea est en manos de expertos que tienen una visin circunscripta de la participacin, y en ello probablemente tengan influencia los criterios de los organismos de cooperacin internacional, las metodologas aplicadas por las entidades estatales, el relativo aislamiento de las ONG especializadas y su despreocupacin por establecer vnculos ms amplios. Por lo dems, las experiencias que intentan articular la educacin con el conjunto de polticas sociales de una zona se enfrentan a dificultades. Un ejemplo en este sentido es el caso de la Mesa de Educacin en Villa El Salvador que busca atender el problema de la baja calidad educativa y la desvinculacin de la escuela de la comunidad. En el proceso que busca expandir las competencias y conocimientos de los maestros y de los vecinos participan docentes, dirigentes juveniles, representantes de la municipalidad y las ONG. Se tiene la ventaja de una participacin sostenida de la mayora de las partes involucradas. Se afronta, como hemos visto que pasa con otras iniciativas, con el frecuente cambio de autoridades en la Unidad de Servicios Educativos del distrito y del Ministerio de Educacin. El proyecto est entorpecido tambin por conflictos que lo anteceden como el enfrentamiento entre las organizaciones sociales de base y las autoridades. Desco ha sealado que se ha avanzado en la elaboracin de propuestas de mediano o largo plazo y que para que las mismas puedan tener una efectiva vigencia tiene que ejercerse una presin poltica en la que se comprometan el conjunto de actores sociales interesados. Una experiencia parecida es el de la Mesa de Educacin y Cultura del distrito de independencia vinculada al Plan de Desarrollo del distrito e integrada por docentes, gremios, la municipalidad distrital, ONG y la Universidad Cayetano Heredia. Quiz por lo complejo del tema y por ciertas rutinas de trabajo e institucionales los expertos en el tema se agruparon en un equipo tcnico que, a criterio de Alternativa, no era ni una instancia representativa ni participativa como tampoco formaba parte de un diseo institucional preciso, y tendieron a separarse del conjunto de la comunidad. La bsqueda de la eficiencia fue en detrimento en este caso de la participacin cuando el propsito inicial era buscar la convergencia. Las ONG e instituciones estatales no vinculadas estrictamente a la educacin auspician, algunas veces, iniciativas de participacin que parecen salirse de criterios convencionales y promueven nuevas alternativas. As, la representacin defensorial de Ayacucho destaca el caso de los municipios escolares en 11 provincias del departamento. Participan en el proyecto la direccin regional. ONG, docentes, directores y los propios alumnos. Se busca que en lo que se denomina aprendizaje ciudadano, los estudiantes conozcan sus deberes y derechos, discutan sobre los problemas de gestin de sus colegios, formulen reivindicaciones y sean sensibles a temas como el de la discriminacin de gnero. Se crea, adems, instancias representativas como las delegaturas de aula, la asamblea de delegados y el Consejo Estudiantil Escolar. La experiencia trata de hacer congruentes las tareas de\napoyo y asesoramiento con el respeto a la autonoma de los alumnos. Por lo menos en sus enunciados se intenta propiciar la participacin sin una actitud dirigista, lo que es particularmente valioso para un grupo al que se le ha considerado tradicionalmente como destinatario de polticas, pero no se ha pensado en darle un protagonismo ms directo. La representacin defensorial de Iquitos destaca otra propuesta participativa que articula el sistema educativo con la comunidad: el Programa de Formacin de Maestros Bilinges de la Amazona Peruana (Formabiap). Intervienen instituciones del Estado, organizaciones indgenas, ONG y organismos de cooperacin internacional. La difusin y convocatoria de postulantes son realizadas por las federaciones indgenas que forman parte de la Asociacin Intertnica de Desarrollo de la Amazona Peruana (Aidesep). Estos grupos tienen la responsabilidad de identificar a personas que conozcan el idioma, la cultura y la historia de sus pueblos. Ellos forman parte del grupo que define el programa y elabora los textos didcticos. La experiencia est obligada a improvisar en la medida en que se aparta de los parmetros tradicionales. La participacin es la base para que se pueda innovar y a la vez dar cuenta y sistematizar los logros que se van obteniendo. Parece existir una preocupacin de articular un proyecto educativo eficaz con el involucramiento de los pueblos indgenas en el proceso, distante tanto de la proteccin tutelar como de la discriminacin. LOS DISOCIADOS PROYECTOS PARTICIPATIVOS DE GNERO En las ONG ms interesadas en los temas de participacin notamos pocos proyectos que trataran directamente o tomaran en cuenta la dimensin de gnero. Da la impresin de que en este tema se enfrentan limitaciones, como consecuencia de una excesiva especializacin y de un conocimiento que se quiere reservar para unos pocos. Mientras se proclama la necesidad de la atencin transversal del enfoque de gnero en el conjunto de dinmicas asociativas, la mayora de los proyectos que contemplan esta tema suelen propiciar la creacin de organismos ad hoc para la participacin de la mujer al margen del entramado institucional de una determinada localidad. Ya su vez, otro grupo de proyectos que no son realizados por ONG especializadas en esta problemtica no toma en cuenta esta dimensin. Una primera aproximacin sugerira que este aislamiento no se debe nicamente a una insensibilidad de incorporar los problemas de la discriminacin, sino resulta consecuencia de una estrategia cada vez ms desenfocada de las organizaciones preocupadas por los derechos de la mujer que tienden a una creciente especializacin, y que cautelan celosamente los fueros que atribuyen a sus competencias intelectuales y profesionales. Uno de los efectos de esta situacin es que el potencial emancipatorio de la discusin de gnero que vincula lo privado con lo pblico se est perdiendo. Por un lado, lo poltico se remite a discusiones sobre algunas agendas discutidas por las lites de las organizaciones feministas como la ley de cuotas, reclamo pertinente pero en el que no se nota una preocupacin por indagar con alguna acuciosidad sobre el contexto cultural que explica la poca predisposicin de las organizaciones sociales y polticas para atender ese requerimiento. Por el otro, algunos temas de obligada consideracin en una agenda democrtica se mueven trabajando aisladamente con mujeres de los sectores populares mientras son otras las portavoces como ocurre con las polticas de salud reproductiva o contra la violencia familiar. La histrica aspiracin de hacer que las mujeres participen en\nel espacio pblico en trminos de igualdad es un tema que parece extraviado entre una preocupacin exclusivamente centrada en las incidencias de la llamada alta poltica (por decirlo as) o un planteamiento que privilegia la aproximacin en el pequeo grupo. La reivindicacin de un movimiento social que ampla los espacios de la poltica est siendo crecientemente sustituido por una orientacin tecnocrtica que administra el tema de las diferencias sin demasiada preocupacin por cambiar las reglas del juego poltico en los espacios nacionales locales. A ello se agrega un empobrecimiento del debate en este tema en trminos filosficos y polticos, que hace que las proclamas radicales terminen acomodndose a una prctica condescendiente con todas las trampas de lo polticamente correcto, aspticamente aceptadas. Se proclama la incorporacin de la mujer y se alienta una participacin segmentada. LAS AUTORIDADES AUSPICIANDO LA PARTICIPACIN CIUDADANA. La participacin puede en algunos casos surgir de la iniciativa de una institucin estatal, pero no necesariamente por esta circunstancia expresarse en marcos rgidos y poco abiertos a la innovacin. Las Juntas Vecinales de Chorrillos para la Seguridad Ciudadana surgen de la iniciativa del comisario de polica del distrito. Esta autoridad y los vecinos comparten una preocupacin comn que tiene que ver con el auge de la delincuencia y la alta conflictividad que expresaban las pandillas juveniles. Se trataba de combatir el delito y a la vez establecer un dilogo con los jvenes pandilleros que se agrupan sobre todo en los asentamientos humanos de los cerros aledaos, que agrupan el 70% de la poblacin del barrio. Esta iniciativa le otorga nueva vigencia a las juntas vecinales ya que los que viven en el distrito comprenden la ventaja de asociarse. Es cierto que un grupo reducido es el que tiene una intervencin sostenida en el proyecto, pero si existe un problema grave en la comunidad se llega a convocar hasta a 500 pobladores y en el conjunto del distrito se sabe del trabajo que se est haciendo. Esta vez la coordinacin, a diferencia de otras experiencias participativas, se realiza mes a mes y no busca establecer proyectos de largo plazo que, como vimos, en muchos casos son de difcil aplicacin, alienta falsas expectativas y desmoviliza porque los cambios que se quieren promover no son visibles en la vida cotidiana de las personas. La polica y las juntas vecinales comienzan a reconocerse y colaborar y ONG, como en este caso Desco, encuentran un espacio para asesorar que tiene un marco institucional bien definido y a la vez flexible. La propuesta ha tenido logros. Algunas pandillas se han integrado a actividades de la comunidad. La red de juntas vecinales se ha expandido en nmero de organizaciones y convocatoria, y algunas de ellas trabajan en zonas donde se comercializan drogas, haciendo campaas de prevencin y coordinando con la polica para ubicar y detener a los infractores. Los niveles de delincuencia han disminuido y los vecinos dicen sentirse ms seguros. Y como ocurre a veces en los procesos de participacin, aquellos que no estaran particularmente comprometidos en un proyecto, pero que perciben su condicin de vulnerabilidad jurdica, intervienen en el proceso para tener buenas relaciones con autoridades y habitantes de la zona, como ocurre con los mototaxistas y los jaladores de la zona. Aun en las experiencias de intervencin de la comunidad ms abiertas hay quienes se involucran por razones estrictamente instrumentales, lo que finalmente enriquece la experiencia y la hace ms sostenible que aquellas que apelan genricamente a la buena voluntad o los sentimientos de identificacin con una comunidad. Las limitaciones de este proyecto de seguridad ciudadana surgen, una vez ms, de las dificultades de hacerlo\nmultisectorial y la inestabilidad que provoca la rotacin de funcionarios, pblicos, en este caso de los comisarios del distrito. Y como ocurre tambin con frecuencia un espacio institucional que se abre, provoca el cierre de otro. En este caso, las juntas vecinales no han podido establecer acuerdos de colaboracin, a veces se ubica en situaciones de competencia con el alcalde distrital y sus regidores.\nLA INNOVACIN DESDE EL RESCATE DE LAS TRADICIONES LOCALES Los proyectos de concertacin y desarrollo requieren que los vecinos se sientan involucrados en la experiencia. En muchas ocasiones se apela al sentimiento de pertenencia a la comunidad, la que por lo general remite vagamente a tradiciones compartidas, la cultura en general invocada con infatuacin y poco asidero. Algunas propuestas participativas, menos de lo que se debiera si se atiende a la insistencia con que se encara el tema, logran escapar de esta retrica. Dos de ellas se encuentran en San Martn. El Festival del Sabor Regional Amaznico de Moyobamba es un proyecto que procura mejorar ingresos de las mujeres de un barrio popular de esta ciudad. Desde el 2002 organizan el ltimo domingo de cada mes una feria de comidas preparadas en Zaragoza, un barrio popular de la ciudad. La direccin de Salud se comprometi enseando criterios de manipulacin de alimentos y otorgando el carn sanitario, la municipalidad con publicidad radial y televisiva y el Senati dictando curso de gestin empresarial. Quiz no se logre algn flujo turstico hacia la zona, probablemente la iniciativa no pueda ser sostenida en el tiempo, pero una asociacin organizada con criterios abiertos, sin una pesada carga de responsabilidad que a veces otros les asignan, probablemente se encuentre en condiciones de abrir creativamente otros espacios para incidir en polticas pblicas. Picota es una provincia de San Martn, en el Huallaga, que ha recibido un sostenido apoyo de la cooperacin internacional, y en los resquicios de un plan estratgico de desarrollo que compromete al alcalde y a las organizaciones sociales se ha previsto un festival de pesca artesanal del mijano, cuando este pez va a desovar a mediados de ao, ro arriba. Los pobladores lo hicieron desde siempre y suena excesivo que las autoridades tengan que institucionalizarlo como si se requiriera de una habilitacin burocrtica. En cambio, si es que no se va a ir demasiado lejos con los afanes planificadores en donde con una mentalidad impositiva cualquier actividad tiene que encajar con las otras la municipalidad puede ayudar promoviendo desde concursos de danzas a la celebracin de santos patronos que se encargan de organizar el evento. Y ya que existen dificultades de encargrselo a determinadas personas pasa de una subcomisin a otra. En todo caso, es una actividad que puede establecer una relacin distendida entre autoridades, vecinos y ONG que esta vez no se encuentra abrumada por la necesidad de exhibir logros tangibles en trminos de cumplimiento de objetivos y ayuda a establecer lo que, por lo general, se suele llamar, tejido social, triste destino de una metfora cuando se vuelve un lugar comn. OBSERVACIONES FINALES Hasta donde consigo percibir en el auge del discurso participativo se superponen abigarradamente distintas tradiciones de pensamiento. Se hace sentir la preocupacin neo liberal de descargar de atribuciones al Estado, en un movimiento que va desde la\nprivatizacin de sus empresas al desmantelamiento de sus instituciones de proteccin social. Encuentran su lugar en este discurso empresarios defensores del libre mercado, municipalistas consecuentes y defensores de la justicia alternativa. Probablemente esta orientacin es la que gravita en algunas agencias de cooperacin internacional. Incide tambin la influencia del comunitarismo que cuestiona la idea de que la identidad personal tenga un momento deontolgico anterior a la definicin de sus fines e intereses y cuestionan que la poltica se defina en trminos de pactos fundacionales sustentados en el individuo. Gravita en el discurso participativo una nocin de bien comn que supone que existen definiciones sustantivas sobre el buen gobierno a las que debe llegarse. Y privilegian el consenso frente a aquellos ms preocupados por los procedimientos a establecerse y que destacan el carcter no concluyente y a veces hasta aleatorio de los resultados a los que puede llegarse finalmente. Si bien esta corriente tiene vastos referentes filosficos creo que su influencia en esta sociedad se debe al peso de la iglesia catlica como matriz de propuestas intelectuales y como actor poltico y social. Por otro lado, algunos defensores de la participacin piensan en la vigencia de un espacio pblico que rechaza la estructura vertical del poder y que entiende que la dignidad de la poltica tiene que ver con un ciudadano comprometido en discusiones compartidas, rechazando las relaciones de mando y obediencia. Hay tambin una idea de la ampliacin de la democracia, en algunos casos por la influencia de vertientes de izquierda todava mayoritarias en el pas que entienden que hay una democracia sustantiva que remueve los aspectos elitistas de la democracia formal. Finalmente, para no seguir con la lista, los propugnadores de la participacin parecen seguir la concepcin predominante en estos das en la que se le da una relevancia espacial a las ONG en la afirmacin de la sociedad civil que se aleja de la tradicin clsica de estudios sobre el tema. Personalmente, no estoy de acuerdo con ninguna de estas corrientes, lo que al fin de cuentas resulta irrelevante. Me preocupa, en cambio, si quienes estn involucrados en esta defensa de la participacin consiguen integrar estas perspectivas encontradas o tienen con claridad las opciones que se tienen que tomar. Quiz lo hayan logrado. Pienso, sin embargo, que hay dos problemas. El primero es que dado que por lo general estas diversas concepciones discuten entre s se oscila inadvertidamente de una posicin a otra, a veces motivado por los diversos nfasis entre el formato de una propuesta participativa de acuerdo con los criterios establecidos por una agencia de cooperacin y lo que quisieran hacer los ejecutores de un proyecto. La segunda dificultad es que no es sencillo trasladar reflexiones que surgen de preocupaciones filosficas a la aplicacin de polticas concretas, lo que hace que muchas veces las interpretaciones sobre el tema deriven en un razonamiento normativo en la que se contrasta precipitadamente lo que debiera ocurrir con lo que efectivamente sucede. Por razones que desconozco no se sustenta la participacin en la defensa de la creacin de un espacio pblico no estatal, idea que tampoco comparto, pero que me parece dara mayores bases para un discurso alternativo. Dicho en trminos generales, parte de la idea de que la estructura burocrtica del Estado ha ingresado en una acelerada obsolescencia y que es posible trasladar a organizaciones de servicio publico no estatales la ejecucin de algunas polticas, entre ellas salud, educacin, cultura y otras de atencin y superacin de los problemas de pobreza. Esta aproximacin se complementa con la preocupacin de una mayor intervencin ciudadana en el diseo y ejecucin de propuestas e introduce una dimensin republicana que se asocia a nociones de control. Esta percepcin tiene la ventaja,\nadems, de situarse con planteamientos bien sustentados en temas que tienen que ver con la reforma del Estado, en la que tanto los acadmicos y tcnicos que tienen opciones crticas al orden existente como las ONG, atentos al funcionamiento de la institucin estatal, tienen slo algunas intuiciones frente a un conocimiento ms elaborado y consistente de parte de quienes defienden posturas conservadoras y neoliberales. Y es precisamente el Estado el gran ausente en nuestros distintos planteamientos participativos. Como surge del relato de las experiencias le exigimos al Estado, pero no lo conocemos en sus lgicas de funcionamiento, protestamos cuando interviene con criterios impositivos y estamos condicionados a las buenas relaciones con funcionarios bien intencionados ms que a la identificacin de las potencialidades y las limitaciones de las polticas pblicas. Por otro lado, hay un conjunto de experiencias participativas promovidas por el Estado que escapan a nuestro campo de observacin, y que, sin embargo, concita la atencin y son tomados como referentes por las personas con las que trabajamos. Dependemos en nuestras acciones del funcionario sensible como en otro plano del alcalde con buena disposicin a vincularse con la poblacin. Es ilusorio suponer que en sta como en cualquier otra sociedad se puede evitar el personalismo; el problema es que estemos sujetos a las intervenciones azarosas ms que a la construccin de garantas institucionales. Me parece un ejercicio tedioso resumir lo que se ha expuesto en el desarrollo de este trabajo, quiz porque tengo esperanza de que este texto a travs del relato de las distintas experiencias vaya estableciendo un dilogo con el lector. Lo que ya he dicho no lo quiero recapitular. Quiero llamar la atencin en que hemos perdido la capacidad de describir las sociedades locales para conocer qu terreno estamos pisando. Por lo general, nos limitamos a mencionar a las organizaciones sociales que forman parte de nuestros proyectos sin que ello est acompaado de una descripcin de su vida orgnica, sus dirigentes, su capacidad de convocatoria. Y preconizamos acuerdos participativos que involucran al conjunto de la poblacin y no nos interesa entender las razones por las que en un distrito o en una provincia compiten siete o ms partidos y movimientos locales, y el ganador con frecuencia es una persona que ha sido distante por lo general, indiferente antes que opositor- respecto a las iniciativas que tratbamos de llevar adelante. En mi experiencia he podido comprobar que quienes estamos preocupados por promover estas experiencias de participacin conocemos mejor de lo que lo expresamos en nuestros escritos sobre estas sociedades fragmentadas y conflictivas. Describirlas es tambin un criterio de establecer un dilogo con nosotros mismos, entender sin damos fciles concesiones, poder actuar despus con realismo y con voluntad de promover cambios. Estamos interesados tambin por atender los problemas de exclusin, procurando que a travs de la participacin reconozcamos las diferencias y la vez integremos. La tarea no es sencilla. No basta para ello reconocer las brechas de clase (ltimamente un tanto desacreditadas en nuestros discursos polticamente correctos), tnicas, de gnero, generacionales, de lugar de procedencia. Se trata de saber cmo ellas se expresan en cada lugar en que actuamos. Los ms pobres van a tener dificultades para integrarse a una experiencia de participacin. Podemos, sin embargo, informarles de lo que estamos haciendo y en ocasiones interesarlos. Y establecer alianzas con quienes tienen relacin con ellos. Creo entender que esta lnea de trabajo no puede ser prevista de antemano en ningn proyecto con la necesaria acuciosidad. Va a depender de las zonas. Las personas influyentes\npueden ser el alcalde de un centro poblado, un dirigente de la comunidad, el teniente gobernador, alguna iglesia, un representante de los ronderos, algn integrante de una familia tradicional en la zona, un caudillo. A ellos tenemos que llegar liberndonos de una dicotoma que manejamos, en ocasiones un tanto arrogantes, que separa a los clientelizados de los que son autnomos, las personas dispuestas a colaborar de aquellos que se perciben como conflictivas. Y salir de algunas prdicas enclaustradas como me parece que est ocurriendo, por lo ya explicado, en la atencin de los problemas de gnero. Las razones que llevan a la participacin han sido motivo de discusiones en las ciencias sociales, algunas de ellas que valen la pena tener en cuenta, otras ridas e improductivas. En todo caso, cualquiera sea la posicin que adoptemos, podemos convenir que la participacin est asociada a una estructura de oportunidades que la favorecen y requiere, entonces, de un adecuado manejo del tiempo poltico y social. A veces ella va a estar favorecida por una poltica social del Estado, autoritaria o inclusiva. En ocasiones, surgir un conflicto entre lites, cada una buscando apoyo social para imponerse en la contienda. Otras veces la poblacin rechazar una poltica del Estado que siente que va a afectados como sucede con la resistencia a las privatizaciones en el conjunto de Amrica Latina y no slo en el Per, al margen de que esta propuesta tenga buenas razones, lo que nos coloca en una discusin distinta. Una situacin de amenaza, por ejemplo, una plaga, una epidemia, la necesidad de satisfacer exigencias ambientales para no ser despojados de sus tierras, lleva a la gente a involucrarse en las decisiones pblicas. Algunos cambios no previstos colocan a la sociedad local en un nuevo escenario que obliga a respuestas creativas, una explotacin minera, un cultivo que puede ser exitoso, perspectivas realistas de promover el ecoturismo, entre tantas otras alternativas. No basta, sin embargo, que surja esta estructura de oportunidades ni tenemos que condenarnos a esperar que ellas surjan. Una debilitada sociedad civil puede dejar pasar situaciones que las favorezcan porque la indiferencia puede prevalecer sobre una impuesta racionalidad. En las autoridades, en las personas, en nuestra capacidad de iniciativa pueden salir tambin ideas que ayuden a que la poblacin se involucre en propuestas que lleven a su intervencin activa y promueva alternativas de cambio. Sospecho que el trabajo en esta direccin no puede depender solamente de metodologas adecuadas si bien reconozco que el autor de estas lneas tiene una actitud de rechazo hacia algunas de ellas en que se mezclan razones, Ignorancia y prejuicios. Vivimos inmersos en la contradiccin de reclamar un Estado ms democrtico, conviviendo con una actitud de desconfianza cuando desde esta institucin se abren espacios participativos. Por ejemplo, en la reciente reforma descentralista se han abierto instancias de consulta con la sociedad civil, con los consejos de coordinacin regional y los consejos de coordinacin local. Sabemos que en muchos departamentos y provincias esta convocatoria ha sido manipuladora o, por lo menos, desprolija. No nos hemos tomado el trabajo de describir lo que ha sucedido. Para bien o para mal, debido a que las opiniones difieren, mucho de la participacin va a discurrir por estas vas. Debemos pensar seriamente en este nuevo marco institucional. Otro tanto ocurre con los presupuestos participativos que crean un nuevo referente, auspicioso por cierto pero que no soluciona las desventuras de una sociedad desarticulada. Habr que saber combinar instancias tcnicas con demandas de la comunidad, tratar de persuadir con nuestras propuestas de desarrollo y saber que en ocasiones lo que le interesa a la poblacin tiene poco o nada que ver con lo que consideramos necesaria para ello, sin\ndejarnos caer en una actitud de benevolente despotismo ilustrado, cuestionando severamente lo que se aparta de aquello que queremos. Debemos propiciar audiencias pblicas previstas en la legislacin y en otro plano saber que los llamados institutos de democracia directa, revocatorias, referndums, iniciativas legislativas son de una aplicacin extremadamente compleja y en ocasiones conducen a divisiones y entrampamientos que van en la direccin contraria de lo que nos proponemos. El tema amerita un anlisis que todava no hemos emprendido. Algunas instancias participativas pueden haber sido tiles en una determinada etapa y posteriormente perder vigencia. Afortunadamente, la vida poltica y social es cambiante. Confieso que no hubiera querido detenerme tanto en este trabajo para analizar las experiencias de concertacin en temas de desarrollo y de lucha contra la pobreza. Al final de cuentas, la respuesta no tiene que ser rgida. Si en algunas sociedades locales se logra convocar a funcionarios del Estado, organizaciones sociales, alcaldes, ONG, y toman decisiones que son atendidas, vale la pena seguir con ellas. Si nunca han llegado a constituirse con una convocatoria extendida o en otros casos ahora languidecen, no existen argumentos para seguir sostenindolas. En otro plano, si con buenas intenciones o con atendibles criterios de incidencia poltica se convoca a ONG y organizaciones sociales en una institucin como la Conades, que ninguno de los proyectos que hemos considerado lo toma como referente, sus propulsores tienen el derecho y la libertad de continuar con esta convocatoria. Me parece irresponsable, en cambio, que se diga que es el foro de la sociedad civil. Creo notar en la discusin sobre el tema de la participacin un aire solemne acompaado por el intento de construir instituciones con marcos rgidos para la intervencin ciudadana. Un poco de desorden no caera mal. Participar es tambin formar parte de las fiestas de la comunidad o un pueblo, ayudar a construir una alameda, demandar a un alcalde que se repare el techo de la iglesia o que se ilumine una plaza. Tambin de esta manera se construyen sentimientos de pertenencia y valores ciudadanos, a veces ms que en algunos de nuestros proyectos desperdigados que no se comunican entre s ni con espacios regionales ni nacionales ms amplios.\nMe parece, adems, que es necesario discutir con los organismos de cooperacin internacional y sus contrapartes locales, que en ciertas experiencias que me ha tocado vivir son ms oficialistas que los directivos de la propia institucin a la que representan. En algunos casos creo que pueden examinarse vas alternativas de participacin que no respondan punto por punto a patrones estandarizados, sin por ello provocar cambios en los propsitos polticos, sociales y tcnicos que inspiran la intervencin. Ganaramos en esta discusin todas las partes. Tengo la impresin de que es una preocupacin compartida, pero que produce aprensiones tomar la iniciativa. A pesar de las dificultades por las que atraviesa, la reforma descentralista est creando nuevos mbitos para la representacin y para la participacin. La sociedad, gradualmente y con contratiempos, se va interesando cada vez ms en la vida poltica. En mi imaginacin, o en mi imaginario como est al uso decir, est fijada la dignidad republicana del representante popular electo por los vecinos de una zona y el pueblo interviniendo y discutiendo sobre los asuntos que le conciernen, si bien lo pienso de manera ms descentrada y abierta que la idea del gora. No estara mal pensar, a la vez, en las virtudes de la democracia representativa y la importancia de la participacin poltica y social, en lugar de que estas dos construcciones institucionales corran por separado.\nANEXO Relacin de experiencias de promocin de la participacin ciudadana consideradas para la realizacin del presente informe INSTITUCIONES SER EXPERIENCIAS\nCabildo Abierto en Congalla, Huancavelica Asociacin de Municipalidades de Angaraes Sur (AMAS), Huancavelica Central Provincial de Rondas de Carabaya, Puno Mesa de Concertacin de Churcampa, Huancavelica Mesa Departamental de Desarrollo de Huancavelica Mesa de Concertacin para la Lucha contra la Pobreza, Puno El Consejo Ejecutivo Provincial del Medio Ambiente, San Martn Festival del Sabor Regional Amaznico, Moyobamba, San Martn Comit Ecolgico Urahuasha Festival del Mijano en Picota Mesa de Concertacin para la Competitividad de las Pymes en San Martn\nJuntas Vecinales y Presupuesto Participativo en Celendn, Cajamarca Defensoras Comunitarias en Cajabamba, Cajamarca Juventud Sin Fronteras de San Marcos, Cajamarca Rondas Campesinas de Bambamarca, Cajamarca Mesa de Concertacin del distrito La Encaada, Cajamarca Mesa de Concertacin de Cajabamba, Cajamarca\nLos municipios escolares en Ayacucho El sistema de los Varayuq de la Comunidad Campesina de Quispillaccta, Ayacucho Coordinadora de Trabajo con Mujeres en Ayacucho (Cotma)/ Red Nacional de Promocin de la Mujer (RNPM), Ayacucho Red Local de Educacin de la Nia Rural de Ayacucho (Renira) Instituto de Investigacin y Desarrollo Andino - Parwa (Alfabetizacin Intercultural Bilinge y Educacin Bilinge Intercultural)\nEXPERIENCIAS Comunidad Campesina de Silva, distrito de Acoria, Huancavelica Grupo de Voluntarios Unin de Laicos Dominicos / Hermanas Misioneras Dominicas del Rosario, Ayacucho\nAsamblea de Alcaldes Distritales de Morropn, Chulucanas, Piura Oder Chalaco: Un aporte al desarrollo econmico local, Piura Proceso de Planificacin y Gestin Concertada del Desarrollo Local en el distrito de Santo Domingo, Morropn, Piura Experiencia de Formacin de Lideresas y Fortalecimiento Organizacional en el distrito de Vice, Sechura, Piura Desarrollo Productivo de la Mujer Campesina del distrito de Santo Domingo: Experiencia desde el Programa de Vaso de Leche, Piura Consejo de Desarrollo Econmico del Cono Norte (Codecon) Comit Multisectorial de Salud de Los Olivos (Comusa) Mesa de Educacin y Cultura del distrito de Independencia Mesa de Concertacin para el Desarrollo del distrito de San Martn de Porres Mesa de Concertacin para la Lucha Contra la Pobreza del Cono Norte de Lima Frente de Instituciones Unificadas del distrito de Puente Piedra (FIUPP)\nAgenda Local 21. Plan de Desarrollo de la provincia de La Unin, Arequipa Proceso de Desarrollo Organizacional de Micro y Pequeos Empresarios de Paucarpata, Arequipa La experiencia de la provincia de Caylloma: El Consejo de Desarrollo de la provincia de Caylloma, Arequipa Desarrollo Frutcola: La experiencia del distrito de Omate, Moquegua Experiencia de desarrollo urbano con participacin popular en el Cono Norte El desarrollo de la agroindustria lctea: La experiencia de la provincia de Condesuyos, Arequipa\nINSTITUCIONES Defensora Iquitos\nEXPERIENCIAS Consorcio Rumbo al Dorado Programa de Formacin de Maestros Bilinges de la Amazona Peruana (Formabiap) Grupo Regional del Manejo del Bosque (GRMB) Encuentros Multisectoriales de Autoridades de la provincia de Loreto, Loreto Programa de Gobernabilidad Democrtica para la provincia de Loreto, Loreto Centro de Servicios Empresariales de Loreto (Cesem)\nPlan de desarrollo de A. H. Jos C. Maritegui, Villa Mara del Triunfo Juntas Vecinales de Chorrillos Codevalle Lurn Mesa de Educacin de Villa El Salvador Plan Integral de Desarrollo de Villa El Salvador Mesa de Lucha Contra la Pobreza del Cono Sur\nGestin Concertada para el Desarrollo Sostenible en el Valle del Mantaro, Junn Consolidacin Organizativa y Participacin Poltica de Mujeres en el Valle del Mantaro, Junn Actora Social de la Asociacin de Migrantes Quechuas Jatariy Ayllu, Junn Gestin para el Desarrollo Local en Huaribamba, Huancayo, Junn Gestin Hdrica Participativa en la Microcuenca del ro Chanchas, Junn Desarrollo Local y Fortalecimiento Institucional en la localidad de Quilcas, Junn\nPosibilidades y lmites de experiencias de promocin de la participacin ciudadana en el Per Se termin de imprimir en febrero de 2004 en los Talleres Grficos de SINCO EDITORES Jr. Huaraz 449 - Brea Telefax: 433-5974 E-mail: sincoeditores@yahoo.com Lima - Per\nDocuments Similar To Participacion Romeo Grompone