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sociedad civil, para atender desde una visión integral y con enfoque de derechos humanos las necesidades de las personas con discapacidad. Si bien esta institucionalidad es relativamente reciente, ha permitido reafirmar el compromiso estatal para garantizar la igualdad de derechos y condiciones que les permitan a las personas con discapacidad mejorar su calidad de vida. De igual manera, se ha constituido en un modelo a seguir por otros países de la región, que han buscado replicar la experiencia ecuatoriana para lograr la plena inclusión y atención integral de las personas con discapacidad. La responsabilidad estatal frente a las personas con discapacidad ha implicado la comprensión de sus realidades y de sus necesidades específicas, como también la sensibilización de la sociedad y la ruptura de patrones culturales en los cuales la discapacidad se abordaba desde una óptica de caridad y beneficencia. Esto conlleva a la transverzalición en todas las funciones del 