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demanda de seguri­
dad de amplios sectores ciudadanos que se han visto amenazados por la violencia. En este sentido, el concepto de seguridad ciudadana no ha logrado sustituir al tra­
dicional concepto de seguridad pública definido en función de la doctrina de seguridad nacional. Por eso, hasta ahora no ha sido viable realizar una reforma policial acorde con las necesidades de la ciudadanía, tampoco se ha podido inte­
grar al sistema judicial penal en una perspectiva más amplia de prevención de la delincuencia, y no se presenta ningu­
na salida a la profunda crisis penitencia­
ria que atraviesa el país. Adicionalmente, las políticas públicas de seguridad ciudadana dependen de agen­
das de política exterior ajenas a la reali­
dad del país. Por un lado, los "paquetes de ayuda" internacional en materia de seguridad que recibe Ecuador de otros países, principalmente de Estados Uni­
dos, se dirigen a los temas prioritarios de sus políticas de seguridad, como son el 