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delimitar cómo la discriminación conlleva a la segregación de este grupo, reduce su identidad a la excesiva sexualización de sus cuerpos, a tal grado que se los ve como portadores innatos de enfermedades de transmisión sexual y, por ende, como un problema de seguridad pública. En virtud de ello, el Plan cuestiona todo tipo de práctica, particularmente las formas contemporáneas de (in)seguridad (Bigo, 2008) y securitización, que con el pseudo-objetivo de garantizar la seguridad y libertad de la mayoría, configuran dispositivos de control y vigilancia constante sobre una minoría a la que considera ‘anormal’, más aún, en un escenario regional e internacional en donde diversas entidades de seguridad (trans) nacionales conciben al cuerpo humano como una base de datos móviles o un objeto de análisis de riesgo (Bigo, 2017). Por otro lado, el crimen organizado ha hecho uso racional de los mecanismos de violencia para explotar las vulnerabilidades de los 