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todas las personas, tanto ecuatorianas como de otra nacionalidad. Este reconocimiento, además de ser una reivindicación de las personas en movilidad, significa un cambio sustancial en la visión con la que ha sido manejado este tema, pues implica que toda acción u omisión de las instituciones estatales respecto del ingreso, salida o permanencia de las personas, es una regulación a un derecho humano reconocido constitucionalmente. Este enfoque se opone a la doctrina de seguridad nacional y soberanía, bajo las cuales ha sido asumida la migración, y superpone estos aspectos al ejercicio de los derechos humanos. En el Ecuador se han realizado varios análisis de los marcos normativos existentes en materia migratoria y muchos más proyectos de ley de migración que nunca llegaron a concretarse en leyes aprobadas. En total se han elaborado siete leyes sobre migración a lo largo de la historia de la República y 40 proyectos de ley 