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razón de Estado, su supervivencia y protección como supuesto central y dirimente sobre el resto de la estructura social. Desde esta perspectiva, los Estados en la región han asumido el ejercicio del monopolio sobre la violencia legítima, en nombre de la manutención de la paz y la defensa del territorio, como un ente capaz de dirimir sobre el derecho a la vida de su población, al amparo del “bien de todos” bajo un contrato tácito entre los habitantes de un territorio y el Estado, a favor del ejercicio de las instituciones de seguridad, con deferencia a los ejércitos, para aplicar las medidas que consideraran necesarias en miras de defender el estándar normativo y moral que se interprete como “común” (Weber, 2005; Kymlica, 2007). Esta manera de comprender la seguridad nacional configuró como el ideal de la política pública de seguridad la protección del Estado y del territorio frente a una 