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de voluntad y legitimidad política. Primero, se deberia recuperar un mínimo de soberanía en lo que respecta al mane­
jo estatal del sector seguridad. Ello impli­
ca renegociar la participación del país en estrategias de carácter internacional como la política antidroga y del delito transnacional; asunto sobre el cual hasta ahora ningún candidato se ha pronun­
ciado. Habria que preguntar a los aspi­
rantes a la presidencia sí están dispues­
tos a impedir que las políticas de seguri­
dad ciudadana se definan fuera del país. Un segundo punto que se debe conside­
rar es la nLcesidad urgente de reformar institucionalmente el conjunto del sector seguridad (policia, justicia y cárcel). La denominada reforma policial no puede interpretarse como un proyecto de mo­
dernización de la institución, sino como un proceso de democratización y desmili­
tarización; es decir, la policía debe some­
terse al control y fiscalización de la socie­
dad civil (transparencia y rendición de cuentas), lo cual también implica una reorganización 