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matices de una realidad de avances y retrocesos en materia de mejoras del sistema penitenciario en general y de atención a la población femenina en particular. Es así que en los últimos años el sistema penitenciario del país ha vivido transformaciones a través de la implementación de un modelo distinto, de la entrada en vigencia del nuevo Código Orgánico de la Función Judicial y de la consolidación de la Defensoría Pública. Por mandato constitucional, la Defensoría se hace responsable de garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que por su estado de indefensión o por su condición económica, social o cultural no pueden contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos (Const., 2008, art. 191). Pese a estos avances, la falta de un enfoque de género y de estudios cualitativos que recojan las necesidades específicas de las mujeres privadas de libertad 