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de extinción y migratorias, listadas a nivel nacional por la Autoridad Ambiental Nacional así como instrumentos o tratados internacionales ratificados por el Estado, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. (COIP, 2014). A través de la Constitución de 2008, el Ecuador institucionaliza la protección ambiental como un deber del Estado, en la medida que el país posee un privilegiado número de especies, tanto de flora como de fauna, muchas de las cuales son endémicas. De igual manera, Ecuador goza de importantes recursos naturales, los cuales deben ser protegidos para garantizar su conservación. Este marco permite mantener la soberanía y seguridad alimentaria para todos los habitantes. Si bien el combate a este tipo de delitos en el país es relativamente nuevo, el Código Orgánico Integral Penal ya contempla sanciones para quienes generen afectaciones a los mismos. El comercio ilegal de la fauna, flora y los recursos 