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censo penitenciario del 2008, llevado a cabo por el entonces Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (MJDHC), se encuentran desactualizados, un estudio más reciente de la Defensoría Pública en el año 2015, revela: la tendencia a la criminalización de la pobreza; la vulnerabilidad de la población femenina de escasos recursos económicos a quedar desprotegida y a vivir en las calles; y, la no aplicación del mandato constitucional de atender las particularidades de las diferencias de género en todos los ámbitos de competencia del Estado (Almeda y Ballesteros, 2015a). De los datos del mismo estudio se puede deducir también los matices de una realidad de avances y retrocesos en materia de mejoras del sistema penitenciario en general y de atención a la población femenina en particular. Es así que en los últimos años el sistema penitenciario del país ha vivido transformaciones a través de la implementación de un modelo distinto, 