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y los medios institucionales, los cuales han ido configurando a las identidades de la población LGBTI como anormales 11 o antinaturales 12, en un marco heteronormativo enfocado en la protección de los supuestos valores defendidos bajo la cosmovisión de la familia tradicional, construida dogmáticamente como la única posible13. Por ende, el derecho penal, así como las prácticas de las instituciones estatales estuvieron caracterizadas por la carencia de enfoques y la falta de capacitación y sensibilización frente al tema por parte de los servidores públicos. Los juicios de valor y actos de discriminación y rechazo hacia las personas LGBTI se utilizaron erróneamente como herramientas de control y sanción efectivos para todo acto o conducta considerada ‘desviada’ del orden moral dominante de una sociedad en donde sus instituciones tanto ejecutivas como comunitarias y sociales —Estado, familia, religión entre otros— han concebido al tema de la orientación sexual y la identidad de género 