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derecho que tienen los pueblos y nacionalidades a “conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia social, y de generación y ejercicio de autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral” (Constitución de la República, Const., 2008, art. 57). Así mismo, se reconoce el derecho de los grupos indígenas y afrodescendientes a ejercer “funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y derecho propio” (Const., 2008, art. 171), siempre y cuando “no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos […]” (Const., 2008, art. 171). Si bien el desarrollo de una jurisprudencia específica en torno al pluralismo jurídico todavía se encuentra en proceso en el Ecuador, esto no le resta valor al reconocimiento constitucional realizado por el Estado con respecto a la existencia de distintas prácticas jurídicas, además de la oficial, lo que supone una relativización del monopolio de la fuerza jurídica, a favor 