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la Constitución emitida en junio del mismo año, el paradigma de la Seguridad Nacional agota sus posibilidades políticas, económicas y pragmáticas para cubrir las necesidades de una población que, tras las grandes movilizaciones indígenas de la década de los noventa, emerge como pluricultural, multiétnica y territorialmente autónoma. En este marco, conceptos como los de seguridad colectiva, seguridad común y seguridad con fines defensivos, entre otros (Ilustración 1), no lograron amalgamarse con estas nuevas realidades que aquejan a la región y al país, por seguir concibiendo la supervivencia del Estado frente a amenazas externas como el supuesto básico y fin último de las políticas de seguridad. En términos generales, estas concepciones fueron incapaces de reconocer las nuevas amenazas, su interconexión y la forma cómo los factores de riesgo afectan a las mismas. Ese ascenso de la violencia “no tradicional”, derivada de la cotidianidad de las grandes urbes latinoamericanas y de la 