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de las políticas de seguridad. En términos generales, estas concepciones fueron incapaces de reconocer las nuevas amenazas, su interconexión y la forma cómo los factores de riesgo afectan a las mismas. Ese ascenso de la violencia “no tradicional”, derivada de la cotidianidad de las grandes urbes latinoamericanas y de la configuración social asociada a las problemáticas internas,
escapa al campo de acción de aquellas concepciones de seguridad enfocadas principalmente en causas externas. Con un nuevo marco constitucional de corte garantista y una reorganización territorial que privilegia las autonomías como vías de retroalimentación de la gestión nacional, se volvió imprescindible el establecimiento de coherencias entre los nuevos contextos emergentes, la aparición de nuevos fenómenos sociales atinentes a las dinámicas de la violencia y sus múltiples causas, las respuestas en materia de política pública de seguridad que el Estado debe ofrecer para cubrir estas nuevas variables. Es por ello que el Estado ecuatoriano 