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y sus resoluciones. En este sentido, los Andes del Ecuador marcan una pauta, pues constituyen un referente en cuanto a las formas indígenas de administración de justicia y resolución de transgresiones al orden social, así como a las prácticas de autonomía y relacionamiento con las jurisdicciones del sistema nacional de justicia, institucionalidad frente a la cual existe un tejido histórico marcado por prácticas vinculadas a la exclusión, abusos y maltrato (Guerrero, 1991). Es precisamente la lucha centenaria frente a estas condiciones por la que los pueblos y nacionalidades de los Andes del Ecuador son reconocidos. Su marca en los cambios acontecidos en el país es irreversible, principiando por la Constitución Nacional de 1998, en la que el capítulo denominado “De los derechos colectivos” dio un giro histórico definitivo en cuanto al reconocimiento integral de los indígenas como sujetos con historia, organización social, economía y sistemas de justicia propios. Así mismo, 