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en su artículo 167, establece la transversalización del enfoque de movilidad humana en el sector público, para lo cual todos los niveles de gobierno deben incluir en sus políticas, planes, programas, proyectos y servicios con dicho enfoque. Además, el nuevo marco jurídico se establece en torno a tres a ejes: 1) la supremacía del ser humano como sujeto de derechos, 2) el buen vivir y 3) la seguridad humana. De ahí que, este instrumento normativo considera a la movilidad humana “como los movimientos migratorios que realiza una persona, familia o grupo humano para transitar o establecerse temporal o permanentemente en un Estado diferente al de su origen o en el que haya residido previamente, que genera derechos y obligaciones” (Ley Orgánica de Movilidad Humana, 2017, art. 3, num. 8). No obstante, en el actual contexto se perfilan grandes tensiones referidas a la garantía y el real ejercicio de estos derechos, 