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erróneamente como herramientas de control y sanción efectivos para todo acto o conducta considerada ‘desviada’ del orden moral dominante de una sociedad en donde sus instituciones tanto ejecutivas como comunitarias y sociales —Estado, familia, religión entre otros— han concebido al tema de la orientación sexual y la identidad de género como un tabú. En ese marco, la población LGBTI, al ser considerada como inferior por su condición sexual y al estar al margen de la ley, tuvo que luchar por décadas y ejercer resistencia y resilencia para que se le reconozcan sus derechos humanos (CNIG, 2014) frente a una heteronormatividad que, por medio de reglas jurídicas, sociales y culturales, obligaba a las personas a actuar conforme a patrones heterosexuales dominantes e imperantes.
11 Recién la Constitución de 1998 dejó de considerar a la homosexualidad como un delito. Art. 23, numeral 3.
12 La Organización Mundial de la Salud en 1990 retiró a 