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fue la poca o nula articulación entre el gobierno central y los gobiernos locales, y la ausencia de mecanismos de participación que vinculen a la ciudadanía, a la organizaciones de la sociedad civil y al sector privado en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de seguridad ciudadana, para que las mismas respondan a las necesidades reales de seguridad de cada comunidad o territorio. Este objetivo está orientado a la implementación de un sistema de gobernanza que articule a los diferentes niveles de gobierno y a los actores estatales y no estatales, públicos y privados, en la coproducción de políticas y estrategias destinadas a la prevención de delitos y violencias, y la consolidación de la convivencia social pacífica. En este contexto se entiende a la gobernanza en seguridad ciudadana como una relación horizontal entre el Estado y la sociedad en la que “todos los factores, normas, actores 