 RESTRICTED  
ORGANIZACIÓN MUNDIAL  WT/CTE/M/8  
 11 de abril de 1996  
DEL COMERCIO  
 (96-1270)  
 
Comité de Comercio y Medio Ambiente  
 
 
 
INFORME DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL 25 Y  
EL 26  DE MARZO DE 1996  
 
Nota de la Secretaría  
 
 
1. El Comité de Comercio y Medio Ambiente se reunió los días 25 y 26 de marzo de 1996 bajo la 
presidencia del Embajador Juan Carlos Sánchez Arnau, de la Argentina.  Se aprobó el orden del día de la 
reunión reproducido en el aerograma WT O/AIR/2 89. 
 
2. Se acordó  invitar a la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y a la 
Organización Mundial de Aduanas a participar en calidad de observadores, con carácter ad hoc , en las 
reuniones formales del Comité.  
 
3. Se acordó  que el  Presidente, en nombre del Comité, pedirá al Presidente del Consejo General que 
siga celebrando consultas informales sobre las relaciones con las organizaciones no gubernamentales y el 
levantamiento del carácter restringido de los documentos de la OMC a fi n de que el Consejo General se 
halle lo antes posible en posición de adoptar decisiones que ayuden al Comité a abordar el punto  10 de su 
programa de trabajo.  
 
4. Se acordó  que la próxima reunión del Comité se celebrará los días 20 -21 y 23 -24 de mayo.  El 
Presidente propuso un calendario provisional de reuniones para el período siguiente:  19 -21 de junio; 10 -
12 de julio;  12 -13 de septiembre;  y 22 -25 de octubre, que se decidirá juntamente con un programa de 
trabajo en la reunión de mayo.  El Presidente segu irá celebrando consultas informales sobre el reglamento.  
 
Sexto punto : El efecto de las medidas ambientales en el acceso a los mercados, especialmente en lo 
relativo a los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, y los 
beneficios r esultantes para el medio ambiente de la eliminación de las restricciones y 
distorsiones del comercio     
 
5. El representante de la Argentina  presentó el documento de su delegación (WT/CTE/W/24) y 
describió su metodología.  Según el Principio 16 de la Decla ración de Río, los precios de los productos 
básicos debían reflejar los costos de producción totales, incluidos los costos ambientales.  Empero, los 
precios de los productos básicos distaban mucho de haber internalizado los costos.  Dos categorías de 
probl emas dificultaban el logro de este objetivo:  las deficiencias del mercado y las intervenciones estatales.  
El documento de su delegación se centraba en estos últimos, con énfasis en las subvenciones y la 
progresividad arancelaria.  Las deficiencias del me rcado no se podían atacar a menos que las deficiencias 
de intervención se corrigieran antes.  En cuanto a la base fáctica del análisis, el documento se  refería a 
casos tomados de varias fuentes que ponían de relieve los efectos perjudiciales para el medio  ambiente de 
las distorsiones del comercio de productos agropecuarios.  Los perjuicios ocasionados al medio ambiente 
podían circunscribirse al país que aplicaba las medidas distorsionadoras o extenderse a los países que se 
veían forzados a aceptar los prec ios internacionales afectados por las deficiencias de intervención del otro 
país.  En cuanto a las posibles soluciones a los problemas ambientales identificados, las sintetizó señalando 
que exigían liberalizar el comercio en mayor grado y reducir las práct icas distorsionadoras.  La Argentina 
no estaba sugiriendo que la mera eliminación de las subvenciones equivaldría a adoptar  prácticas agrícolas 
sostenibles, sino que a falta de ese requisito previo, no era posible mejorar las prácticas agropecuarias.  Lo WT/CTE/M/8  
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primero que había que hacer era internalizar los costos ambientales de forma que los precios equivalieran a 
los costos marginales de la producción privada.  Si bien el documento se refería a las distorsiones de los 
precios causadas por los países de elevad o nivel de ingresos, su propósito no era dar a la cuestión una 
dimensión Norte -Sur.  Las medidas propuestas por la Argentina tenían en cuenta que existía una conciencia 
cada vez mayor de los perjuicios ocasionados al medio ambiente por la utilización irrac ional del capital y las 
medidas de apoyo a la agricultura.  El Comité de Comercio y Medio Ambiente debía contribuir al debate 
en curso, que tenía lugar sobre todo en la CE y los Estados Unidos.  Un informe equilibrado a los ministros 
con ocasión de la Conf erencia Ministerial (el "Informe") debía reconocer claramente los efectos perjudiciales 
para el medio ambiente de las prácticas agrícolas distorsionadoras, que  tenían también efectos negativos 
en el comercio.  Además, debía promover un proceso continuo de  reforma del sector agrícola, el cual se 
había iniciado en el marco de la Ronda Uruguay.  La Argentina no proponía modificar las reglas vigentes, 
sino que el Comité de Comercio y Medio Ambiente contribuyera al proceso de reforma en el contexto del 
Acuerdo sobre la Agricultura.  La Argentina opinaba que no sería posible analizar ninguna propuesta  
respecto de nuevas restricciones encaminadas a conseguir beneficios ambientales a menos que se asumiera 
el compromiso claro de eliminar las restricciones perjudici ales para el medio ambiente existentes.  Como 
la meta de la OMC era liberalizar el comercio, ésa debía ser su principal contribución a la protección del 
medio ambiente.  
 
6. El representante de Nigeria  dijo que la eliminación de las restricciones del comerc io redundaría en 
beneficios apreciables para el medio ambiente.  Apoyó las medidas propuestas por la Argentina.  Habría  
que  examinar varios factores relacionados con el acceso a los mercados y sus efectos en la protección del 
medio ambiente.  La Argentin a había abordado las subvenciones y las distorsiones agrícolas.  El orador 
hizo notar que los beneficios para el medio ambiente derivados de la reducción de la pobreza eran 
fundamentales, pero que se estaban abordando en otros foros y centró sus observacio nes en la progresividad 
arancelaria.  Hizo suyo el análisis del párrafo 3 del documento WT/CTE/W/25 de que las mejoras al 
acceso a los mercados como resultado de la reducción de los aranceles dependía de la elasticidad de la 
demanda de importaciones.  El p árrafo 7 debía aclararse.  Si bien convenía en que los obstáculos a la 
exportación restringían el comercio y que por ende eran "similares" a la restricción del comercio basada en 
la progresividad arancelaria en un país importador, no creía que sus efectos fueran "similares".  Los datos 
sugerían que podían tener el efecto contrario, pues el objetivo expreso de una restricción de esa clase sería 
asignar más eficientemente los recursos creando incentivos internos para incrementar el valor añadido a 
niveles más  altos de elaboración, lo que reducía las presiones sobre el medio ambiente.  El establecimiento 
de una progresividad arancelaria redundaba en ganancias y pérdidas ambientales mínimas, mientras que un 
mayor acceso a los mercados de resultas de la reducción  de la progresividad arancelaria promovería la 
protección del medio ambiente.  El orador propuso hacer estudios sobre cuestiones específicas con 
organismos como el PNUMA y la  UNCTAD para reunir datos sobre los efectos ambientales de la 
progresividad de los  aranceles aplicados al cacao, el caucho, los cacahuetes, la madera de construcción, el 
cuero y los metales.  La progresividad arancelaria era un obstáculo al acceso a los mercados y un 
desincentivo para los proveedores de mercancías extranjeras porque imp edía la diversificación y el 
incremento del valor añadido, reducía los ingresos e intensificaba el consumo de los recursos internos.  Las 
consecuencias ambientales de la progresividad arancelaria dimanaban de sus efectos en los ingresos y la 
producción.  E l efecto neto de la reducción de los ingresos y del mayor consumo de recursos naturales era 
perjudicial para el medio ambiente.  
 
7. Las medidas ambientales afectaban al comercio internacional, en particular al acceso a los 
mercados.  Si bien los datos empí ricos no eran concluyentes, había razones de peso para pensar que las 
medidas ambientales incrementaban los costos de cumplimiento y afectaban a la competitividad.  Se 
proponía emplear etiquetas ecológicas para diferenciar los productos en función de su ca lidad ambiental 
aduciendo que esto ayudaría a los consumidores a tomar decisiones ecológicamente racionales.  Sin 
embargo, había que examinar las preocupaciones de que tales etiquetas constituían un mecanismo de 
protección de los mercados internos.  Era ne cesario verificar cómo los programas de etiquetado ecológico 
basados en un conjunto de criterios determinados funcionaban con el tiempo para determinar si promovían 
el comercio o eran proteccionistas y lo restringían.  El orador apoyó los tres primeros ele mentos de la 
propuesta del Canadá (WT/CTE/W/20) y la propuesta de los Estados Unidos (WT/CTE/W/27), que 
contribuían a encarar estas preocupaciones.  La transparencia era esencial para refutar la opinión          WT/CTE/M/8  
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estereotipada de que los programas de etiquetado ecol ógico representaban instrumentos proteccionistas.  
La transparencia previa debía ser la regla.  Además de despertar dudas sobre la objetividad de las 
prescripciones de productos basadas en el análisis del ciclo de vida, la falta de transparencia planteaba 
problemas de acceso a los mercados.  El Acuerdo OTC debía aplicarse con objetividad y todas sus normas 
debían interpretarse uniformemente para evitar que las medidas ambientales tuvieran efectos comerciales 
restrictivos o proteccionistas.  
 
8. El representante del Japón  dijo que el examen de esta importante cuestión sobre la base de 
conceptos abstractos no era un método apropiado para conseguir resultados respecto de este punto para la 
reunión de Singapur.  Dada la diversidad de condiciones socioeconómicas y ambientales reinantes, las 
políticas ambientales podían ser diferentes y cada país tenía responsabilidades comunes, pero diferenciadas, 
en materia de protección del medio ambiente.  No era evidente que las políticas ambientales afectaran a la 
competitividad.  Las dife rencias entre las políticas ambientales no eran en sí mismas la causa directa del 
problema.  Cada país debía velar por que las medidas ambientales no restringieran el comercio 
innecesariamente, tuvieran en cuenta el contexto normativo y promovieran la tran sparencia.  Para alcanzar 
el desarrollo sostenible cada país debía internalizar los costos ambientales.  Los países desarrollados debían 
cooperar con los países en desarrollo de forma que éstos pudieran aplicar políticas ambientales eficaces 
acordes con su  nivel de desarrollo.  No debía permitirse el proteccionismo encubierto o el unilateralismo 
incompatible con la normativa de la OMC y no debían adoptarse medidas restrictivas del comercio 
unilaterales sobre la base de las distintas políticas ambientales.  El orador recordó la declaración de los 
Ministros de la OCDE según la cual la liberalización general del comercio tendría efectos beneficiosos para 
el medio ambiente, siempre que existieran políticas ambientales eficaces.  Los efectos de la liberalización 
del comercio en el medio ambiente podían ser positivos o negativos, dependiendo del país, el sector y las 
circunstancias particulares de cada caso.  
 
9. El análisis de los efectos ambientales de las restricciones y distorsiones del comercio no se había 
encarado adecuadamente y resultaba inoportuno examinar en la etapa actual un sector determinado, como 
el agropecuario, respecto del cual había que ceñirse al artículo 20 del Acuerdo sobre la Agricultura.  Los 
efectos ambientales de las políticas agrícolas depe ndían de las condiciones geográficas y los métodos de 
producción.  Las políticas agrícolas se aplicaban para determinar las distintas funciones de la agricultura.  
Debían estudiarse los efectos ambientales que se registraban cuando la agricultura dejaba de  ser viable como 
resultado de la reducción de las ayudas internas;  algunas ayudas contribuían a sostener la agricultura, lo 
que tenía efectos positivos para el medio ambiente.  No estaba claro que existiera una relación entre el 
mayor acceso a los mercado s como resultado de la reducción de la progresividad de los aranceles aplicados 
a las exportaciones de productos elaborados y unos efectos beneficiosos para el medio ambiente.  Aun en 
el caso de que hiciera posible desarrollar la industria nacional, de no existir políticas ambientales nacionales 
eficaces, era posible que la presión sobre el medio ambiente aumentara.  El orador se refirió a un caso de 
restricción de las exportaciones de trozas por razones ambientales, que no redundaba necesariamente en la 
protección del medio ambiente.  Un incremento de las exportaciones de productos de madera elaborados 
podía incrementar la despoblación forestal.  Hizo suya la opinión expresada en el documento 
WT/CTE/W/1, de que las restricciones de las exportaciones podían provocar un cambio en el 
emplazamiento de la producción ineficiente y económica y ecológicamente costosa.  Puso en duda la 
afirmación hecha en el documento de la Argentina de que la reducción del apoyo al sector agrícola en 
algunos países desarrollados ten dría efectos positivos para el medio ambiente.  En el sector agrícola existían 
problemas no comerciales que las ayudas internas procuraban resolver.  En cuanto al comercio de 
productos agropecuarios y el medio ambiente, era necesario acumular análisis empí ricos por sectores y 
países en un marco analítico equilibrado, pues no se contaba con datos suficientes al respecto.  En vista de 
ello, el Japón no podía apoyar la propuesta de la Argentina.  
 
10. El representante de las Comunidades Europeas  formuló observa ciones preliminares a propósito 
del documento de la Argentina.  Si bien el documento se caracterizaba por un análisis económico riguroso 
que ponía de relieve los posibles efectos perjudiciales de ciertas políticas agrícolas, dicho análisis no acababa 
de situar la cuestión en el marco del debate sobre la agricultura y el desarrollo rural sostenibles (ADRS) 
impulsado por la FAO, en cooperación con otros organismos, bajo la supervisión de la Comisión sobre el 
Desarrollo Sostenible (CDS).  En la decisión de la CDS relativa a la ADRS, adoptada en abril de 1995, se WT/CTE/M/8  
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reconocía la importancia de la aplicación del Acuerdo de la OMC sobre la Agricultura.  Se estaban 
introduciendo reformas encaminadas a reducir de forma considerable y progresiva el apoyo a la agricultur a, 
que abarcaban los regímenes internos, el acceso a los mercados y las subvenciones a la exportación.  Para 
fomentar el desarrollo agrícola sostenible se debían evaluar los problemas no comerciales, como las 
repercusiones económicas, sociales, de segurida d alimentaria y ambientales, teniendo en cuenta sus efectos 
en los países importadores netos de alimentos.  La CDS había pedido que las políticas agrícolas se 
examinaran empleando indicadores basados en criterios agroambientales que tuvieran en cuenta "los  
aspectos ambientales, económicos, sociales y culturales", los cuales se estaban elaborando.  El análisis de la 
Argentina no reconocía que una evaluación continua de los resultados ecológicos de los sistemas de 
producción agrícola debía abarcar no solament e los efectos negativos para el medio ambiente de ciertas 
políticas agrícolas, sino también los efectos positivos, como la conservación del paisaje y la diversidad 
biológica.  Era necesario analizar las repercusiones que los regímenes de mercado, los progr amas de 
desarrollo rural y las políticas comerciales tenían en la agricultura sostenible para que las autoridades 
pudieran avanzar hacia una agricultura sostenible.  El documento de la Argentina omitía señalar que se 
estaban consiguiendo progresos en la re visión de las políticas agrícolas nacionales y regionales en relación, 
entre otras cosas, con el comercio, la política de precios, las subvenciones y los impuestos.  La reforma en 
curso de la Política Agrícola Común de la CE redundaría en una reducción del  precio general de 
sostenimiento, que se compensaría con ayudas financieras directas a los agricultores.  Esto coincidía con 
otras medidas que hacían posible remunerar las prácticas agrícolas favorables al medio ambiente y las 
actividades que protegían el equilibrio hidrogeológico.  Si bien el orador convino en que era necesario 
promover el debate de estas cuestiones, opinó que se debían ponderar todos los aspectos que 
desempeñaban una función en la definición de un enfoque apropiado para que fuera posible alcanzar 
resultados equilibrados.  Dijo que las conclusiones del documento WT/CTE/W/26 ayudaban a superar 
los malentendidos que habían caracterizado al debate sobre el comercio y el medio ambiente desde sus 
inicios.  El documento WT/CTE/W/25 demostraba que  la progresividad arancelaria no era una cuestión 
Norte -Sur y contenía un análisis estadístico útil.  
 
11. El representante de Corea  dijo que el punto en examen era importante para el desarrollo sostenible 
de los países en desarrollo.  Las políticas ambient ales y las medidas económicas como los gravámenes, los 
impuestos, las prescripciones de productos y las prescripciones en materia de etiquetado ecológico, embalaje 
y reciclaje, podían tener importantes efectos en el acceso de los países en desarrollo a los  mercados.  Con 
todo, tales medidas se estaban convirtiendo en instrumentos útiles para alcanzar objetivos ambientales.  El 
orador destacó varias cuestiones relacionadas con el acceso a los mercados:  i) los efectos de las medidas 
ambientales en el acceso a los mercados quedaban comprendidos en otros puntos y debían abordarse de 
forma global;  ii) las medidas que tenían efectos importantes en el comercio debían estar en armonía con 
la normativa de la OMC y no debían utilizarse de forma indebida con fines pr oteccionistas;  iii) debía darse 
un máximo de transparencia a las medidas ambientales;  iv) las medidas ambientales basadas en criterios 
relacionados con los PMP no eran lícitas;  v) era posible que las medidas unilaterales adoptadas para 
encarar problemas  ambientales de forma extraterritorial no se justificaran y debían rechazarse;  y vi) debían 
examinarse las causas básicas, relacionadas con la creación de capacidad financiera, tecnológica e 
institucional, que afectaban al acceso de los países en desarrol lo a los mercados.    
 
12. Los datos empíricos contenidos en el documento WT/CTE/W/26 aclaraban algunas cuestiones, 
pero no bastaba con sacar conclusiones generales sobre los efectos en el acceso a los mercados de algunas 
medidas ambientales.  El orador te nía dificultad para apoyar las conclusiones consignadas en el párrafo  52.  
Refiriéndose a las restricciones comerciales unilaterales con efectos extraterritoriales, señaló la posibilidad 
de que los casos mencionados en el documento WT/CTE/W/26 sólo represe ntaran una pequeña parte de 
los datos sobre los efectos negativos de las restricciones comerciales unilaterales.  Preguntó si en el caso de 
los camarones y las tortugas marinas los costos de cumplimiento serían tan insignificantes como se indicaba 
en el do cumento WT/CTE/W/26.  Hacían falta más estudios monográficos y análisis.  La liberalización 
del comercio podía redundar en beneficios para el medio ambiente pues contribuía a asignar de forma 
óptima los recursos naturales y a incrementar los ingresos.  La eliminación de las restricciones comerciales 
o de las medidas distorsionadoras del comercio podía tener efectos beneficiosos para el medio ambiente.  
No obstante, en algunos casos el libre comercio era la causa directa e indirecta de la degradación del med io 
ambiente, como se indicaba en el documento WT/CTE/W/1; la falta de intervenciones estatales en el sector          WT/CTE/M/8  
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agrícola podía provocar varias consecuencias negativas, como la degradación del medio ambiente y 
retrocesos socioeconómicos, especialmente en los pa íses en desarrollo.  Como las repercusiones 
ambientales de la liberalización del comercio variaban de un sector y un país a otro, resultaba peligroso 
generalizar.  A menos que las causas de los problemas y los efectos se analizaran teniendo en cuenta las 
heterogéneas condiciones socioeconómicas de cada país y los problemas de la seguridad alimentaria, el 
debate podía tener efectos secundarios innecesarios.  Corea opinaba que el marco más apropiado para 
abordar los problemas relacionados con la agricultura e ra el Acuerdo sobre la Agricultura, que preveía la 
continuación de la reforma de la agricultura a pesar de la sensibilidad política de ese sector.  Aunque recién 
se estaba empezando a aplicar, el Acuerdo podía contribuir a la reforma de la política agrícol a, pues preveía 
la adopción de medidas para reducir las distorsiones teniendo en cuenta las condiciones específicas de los 
países, especialmente de los países en desarrollo, y la función pluridimensional del sector agrícola.  A juicio 
de Corea el debate so bre el acceso a los mercados no debía hacer demasiado hincapié en ningún sector en 
particular.  El orador recomendó que se evaluara la calidad del medio ambiente en relación con las políticas 
agrícolas en un contexto equilibrado.  En general, cada país apl icaba políticas agrícolas, inclusive distintas 
clases de subvenciones, para hacer frente a diversas condiciones socioeconómicas.  No era posible concluir 
que las políticas agrícolas siempre tenían efectos ambientales negativos.  Como se había señalado en l a 
CNUMAD, las cuestiones relativas al medio ambiente y el desarrollo debían abordarse simultáneamente 
en el marco de la promoción del desarrollo sostenible.  De momento, el desarrollo sostenible no había 
sido admitido del todo en el debate sobre el comerci o y el medio ambiente, especialmente en los países en 
desarrollo.  El orador recordó que el Programa 21 destacaba la importancia de incrementar la producción 
de alimentos y promover la seguridad alimentaria.  La estabilidad del suministro de alimentos era un 
requisito previo del desarrollo sostenible.  Destacó el descenso de la oferta mundial de cereales que había 
hecho aumentar los precios y dijo que se debía prestar atención a la armonización de las cuestiones de la 
seguridad alimentaria, el desarrollo so stenible y el comercio.  
 
13. La representante de Egipto  reiteró la importancia de este punto, que trataba de la relación entre la 
liberalización del comercio y la protección del medio ambiente desde la óptica del desarrollo.  La 
correlación entre el acceso  a los mercados y la capacidad de comerciar servía de estímulo para proteger 
mejor el medio ambiente, lo que se había planteado por primera vez en el Informe Brundtland de 1987: 
"Para  que los países en desarrollo concilien la necesidad de un rápido crecim iento de las exportaciones 
con la necesidad de conservar la base de recursos naturales, es urgente que tengan acceso a los mercados de 
los países industriales para exportaciones no tradicionales, mercado donde gozan de una ventaja relativa."  
Desde esa ópt ica Egipto había pedido más información sobre la progresividad arancelaria en su carácter de 
medida distorsionadora del comercio y de obstáculo al acceso a los mercados para las materias primas con 
valor añadido.  La petición había sido de que se estudiara n las repercusiones en las exportaciones de los 
países en desarrollo del incremento de la progresividad arancelaria en los mayores países desarrollados 
después de la Ronda Uruguay.  El párrafo 11 del documento WT/CTE/W/25 destacaba los efectos 
proteccionis tas de la progresividad arancelaria.  La progresividad arancelaria forzaba a los países en 
desarrollo a exportar materias primas para obtener ingresos para el desarrollo, lo que traía aparejado el 
riesgo de explotar los recursos naturales en exceso y exace rbar la degradación del medio ambiente.  La 
oradora expresó la opinión de que los cuadros relativos a los aranceles podían haber sido más específicos y 
que no tendrían que haberse incluido tan solo los de unos pocos países.  
 
14. Refiriéndose al documento W T/CTE/W/26, que consideraba transversal el punto en examen, la 
oradora dijo que mencionaba acertadamente el aumento del número de prescripciones ambientales que se 
estaban instituyendo en los sectores en donde los países en desarrollo gozaban de ventajas c omparativas o 
las estaban adquiriendo, las cuales se aplicaban sobre todo a los productos con una elevada intensidad de 
mano de obra y poco valor añadido.  A los países en desarrollo les preocupaba la posibilidad de que los 
avances conseguidos en la Ronda Uruguay en muchos sectores se erosionaran en caso de que las normas 
ambientales y otras provocaran un aumento de los costos.  Varios factores económicos ponían de relieve 
los importantes efectos que las medidas ambientales tenían en la productividad de los  países en desarrollo, 
los que podían atribuirse a los distintos niveles de los costos de cumplimiento.  El documento 
WT/CTE/W/26 se refería a algunos, pero esa labor debía proseguir.  Los estudios monográficos de la 
UNCTAD mostraban que los países en desa rrollo eran más vulnerables a los efectos negativos que las 
políticas ambientales tenían en la competitividad porque:  i)  los exportadores de esos países no solían fijar WT/CTE/M/8  
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los precios.  Las prescripciones ambientales que provocaban incrementos de los costos reducían la 
competitividad de sus exportaciones, aunque esto dependía de los niveles de los sobreprecios, que eran 
elevados en algunos sectores y hacían posible introducir cambios ambientales.  En el caso de los textiles y 
del cuero, el escaso valor añadid o podía afectar a la capacidad de adaptación; ii) los problemas de ajuste de 
las pequeñas y medianas empresas (PYMES) eran mayores; iii) los costos, variables, de cumplimiento de las 
normas ambientales eran más elevados en los sectores que interesaban a lo s países en desarrollo, como los 
del cuero, el calzado, los textiles y las prendas de vestir.  El estudio monográfico de la UNCTAD sobre la 
India mostraba que el costo de los productos químicos necesarios para cumplir con las normas 
internacionales era tre s veces superior a los de los productos químicos tradicionales empleados en el sector 
del curtido de cueros; iv) la elasticidad de la demanda de productos de los países en desarrollo y la 
diversificación eran importantes.  La transparencia previa era funda mental para garantizar el acceso a los 
mercados y se debía velar por que todas las partes participaran desde el principio en la formulación de las 
normas.  Además, había que negociar el reconocimiento y el establecimiento de equivalencias.  La oradora 
prop uso que se prestara asistencia técnica a los países en desarrollo para que crearan órganos de certificación 
e inspección.  Se refirió al Seminario  UNCTAD/Finlandia sobre el medio ambiente, la competitividad y 
el comercio desde la óptica del desarrollo, en el que se había examinado el concepto de proporcionalidad 
de los costos y beneficios ambientales, con especial referencia a sus efectos en el acceso a los mercados.  
Hacían falta análisis para aplicar ese principio en el plano internacional, lo que era nec esario para ponderar 
los costos económicos que las medidas ambientales suponían para las exportaciones de los países en 
desarrollo y los beneficios ambientales que reportaban a los países que las instituían.  Tales análisis debían 
tener en cuenta los costo s, el calendario de aplicación, así como su necesidad, eficacia y prioridad para el 
proceso de desarrollo.  Además, era necesario estudiar cómo el enfoque de minimis se relacionaba con las 
medidas ambientales a fin de determinar un trato especial y diferen ciado para los países en desarrollo.  Para 
facilitar el acceso a los mercados las repercusiones de tales principios debían ser examinadas en el marco 
del programa de trabajo futuro del Comité de Comercio y Medio Ambiente o en el Comité de Obstáculos 
Técnic os al Comercio.  
 
15. El documento de la Argentina contenía elementos que su delegación compartía, pero su alcance 
era reducido.  El Comité de Comercio y Medio Ambiente no se hallaba aún en la etapa de encarar las 
consecuencias ambientales negativas de las restricciones y distorsiones del comercio.  Para que el Informe 
fuera equilibrado, los párrafos 30 y 31 no debían referirse solamente a los efectos de las restricciones y 
distorsiones del comercio en la agricultura, sino también en los sectores que interes aban a los países en 
desarrollo, como los textiles y las prendas de vestir, el cuero y el calzado, y debían hacer más hincapié en las 
subvenciones como factor distorsionador.  El punto en examen era transversal y debía abordarse en el 
Informe teniendo en c uenta:  i) las restricciones y distorsiones del comercio tal como se reflejaban en la 
progresividad arancelaria y las crestas arancelarias, que tenían repercusiones negativas en las ventajas 
comparativas, así como la posibilidad de reducir aún más la progr esividad arancelaria en la reunión de 
Singapur;  ii) los efectos de las políticas y medidas ambientales en la competitividad de los países en 
desarrollo, sobre la base del documento WT/CTE/W/26;  y iii) el principio de proporcionalidad y el 
análisis costo -beneficio y sus repercusiones en el trato nacional y el principio de la mínima restrictividad 
comercial.  Esto último debía estudiarse con ayuda de la Secretaría.  
 
16. El representante del Brasil  subrayó la necesidad de que el Informe formulara recomendaci ones 
sustanciales sobre el acceso a los mercados.  El carácter transversal del punto en examen se ponía 
claramente de relieve en los documentos preparados para esta reunión.  Apoyó la propuesta de 
la Argentina de elaborar un programa de trabajo sobre los m edios de reducir o eliminar los perjuicios 
causados al medio ambiente por las restricciones y distorsiones del comercio.  El Brasil compartía, en 
general, las preocupaciones de la Argentina y del Grupo de Cairns respecto de la reforma de la agricultura 
y opinaba que las propuestas de la Argentina contribuirían a las negociaciones futuras en el marco del 
Acuerdo sobre la Agricultura.  Recordó las conclusiones del documento WT/CTE/W/26, que no parecían 
ser congruentes con anteriores conclusiones.  Las deliber aciones en el Grupo MACI habían mostrado, en 
distinto grado, que esas medidas afectaban al acceso a los mercados a causa de la falta de transparencia.  
Las prescripciones en materia de embalaje y etiquetado constituían obstáculos a las exportaciones de los  
países en desarrollo, pues suponían costos de transporte adicionales y adaptaciones tecnológicas.  Los 
instrumentos económicos como las ecotasas restringían también los mercados de los productores de los          WT/CTE/M/8  
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países en desarrollo, en particular cuando se aplic aban de forma discriminatoria o estaban mal concebidas.  
El orador se refirió al estudio monográfico de la UNCTAD sobre el Brasil, que mostraba que entre el 25 y 
el 30 por ciento de las exportaciones brasileñas correspondían a sectores afectados por nuevas  
prescripciones ambientales; esto acentuaba la necesidad de que el Informe formulara recomendaciones 
sobre este punto.  Las cifras que figuraban en el documento WT/CTE/W/25, referentes a los aranceles 
consolidados y no a los aplicados, no correspondían a l os aranceles del Brasil.  
 
17. El representante de Hong Kong  dijo que si bien se estaba formando un mercado mundial de bienes, 
servicios y tecnologías ambientales, era posible que las medidas ambientales, incluidas normas en materia 
de embalaje y etiquetado , las normas de productos y los instrumentos económicos, redundaran en 
restricciones del comercio.  El documento WT/CTE/W/26 hacía notar el equilibrio existente entre las 
nuevas oportunidades comerciales y los posibles costos de las medidas ambientales rel acionadas con el 
comercio.  Tal vez habría que reflexionar sobre el hecho de que probablemente algunos países resultarían 
beneficiados y otros tendrían que hacer frente a los costos.  La falta de información sobre las prescripciones 
ambientales creaba prob lemas, no sólo para los países en desarrollo, aunque éstos eran más vulnerables y 
estaban menos equipados para resolverlos.  Se habían hecho propuestas para armonizar los planes 
nacionales de embalaje y promover el reconocimiento mutuo de los planes de eti quetado ecológico y los 
criterios para otorgar etiquetas ecológicas.  Como el documento WT/CTE/W/26 señalaba, no podía 
abordar el problema de fondo, pues su propósito no era emitir juicios sobre la necesidad o la eficacia de 
determinadas medidas ambientale s relacionadas con el comercio.  La transparencia no era un fin en sí 
mismo y la adopción de medidas al respecto suponía una evaluación de la necesidad, la eficacia, la 
proporcionalidad, la equivalencia y la conformidad de las medidas ambientales con la no rmativa de la OMC.  
El orador se refirió a los estudios monográficos de la  UNCTAD sobre países, que habían comprobado que 
las medidas ambientales podían incrementar los costos de los países en desarrollo, así como al Informe de 
la OCDE, que señalaba la pos ibilidad de que los proveedores extranjeros, en particular los de los países en 
desarrollo, se enfrentaran a problemas de acceso a los mercados a causa de la multiplicación de las medidas 
ambientales.  Preguntó si la observación contenida en el párrafo 52 se justificaba, pues los estudios 
monográficos mostraban que en algunos casos ocurría lo contrario.  Hizo notar una observación análoga, 
hecha por la Secretaría en el contexto de un estudio de 5.000 notificaciones con arreglo al Acuerdo sobre 
Obstáculos Té cnicos al Comercio transmitidas entre 1980 y 1995, a saber, de que las normas ambientales 
no habían creado dificultades.  Debía vigilarse la posible multiplicación de medidas ambientales con efectos 
comerciales adversos.  
 
18. El documento WT/CTE/W/25 podrí a haberse centrado en los cuatro mercados más importantes 
y podría haber aportado información sobre los aranceles aplicados más bien que sobre los aranceles 
consolidados.  Los aranceles consolidados de los países en desarrollo nada tenían que ver con estas  
deliberaciones y podían inducir a error porque los aranceles aplicados solían ser mucho más bajos que los 
consolidados.  Los tipos aplicados a los productos elaborados podían ser entre 5 y 10 veces más altos que 
los aplicados a los productos no elaborados .  Los datos relativos a la progresividad arancelaria debían 
complementarse con información sobre los obstáculos no arancelarios; se debía trabajar con la vista puesta 
en los productos de las etapas superiores de producción y en los mayores mercados tenien do en cuenta el 
tráfico de perfeccionamiento activo.  El orador convino en que las subvenciones a la agricultura eran una 
cuestión clave, pero opinó que se debía adoptar una óptica más amplia que la del documento de la 
Argentina, que abarcara los aranceles , las restricciones cuantitativas y las medidas antidumping.  La 
reducción de las subvenciones a la agricultura reportaba beneficios ambientales inmediatos y este análisis 
debía hacerse extensivo a otros sectores.  La obstrucción de las exportaciones de pr oductos de elevada 
intensidad de mano de obra, como los textiles, mediante obstáculos artificiales al comercio extendía las 
presiones sobre el medio ambiente a los países en desarrollo porque los forzaba a incrementar sus 
exportaciones de productos primari os.  Esto restringía el empleo y los ingresos en divisas y por ende 
persistían los problemas ambientales relacionados con la pobreza y no era posible emplear tecnologías 
ecológicas.  Hacía falta un enfoque horizontal para examinar cómo se podían reducir o eliminar las 
distorsiones del comercio, lo que contribuiría también al logro de las metas ambientales.  La Argentina 
había propuesto un método de acción apropiado y Hong Kong apoyaba la elaboración de un programa de 
trabajo para determinar medios de reduci r los perjuicios ambientales provocados por las distorsiones del 
comercio que dificultaban el acceso a los mercados.  WT/CTE/M/8  
Página 8 
 
 
19. El representante de Suiza  formuló observaciones preliminares sobre la propuesta de la Argentina.  
Dijo que el alcance de este punto de bía ampliarse de forma que abarcara aspectos de las políticas 
comerciales que tenían consecuencias ambientales no menos importantes, como las subvenciones a los 
insumos energéticos.  Como el comercio de productos agropecuarios había sido objeto de importan tes 
reformas desde la puesta en vigor de los Acuerdos de la Ronda Uruguay, Suiza no compartía la opinión de 
la Argentina sobre este asunto.  La aplicación del Acuerdo sobre la Agricultura daría por resultado una 
reforma agrícola de vasto alcance, que exigí a introducir ajustes continuos en el sector agrícola.  Como la 
Argentina había reconocido, la sola liberalización del comercio no garantizaba la internalización de los costos 
ambientales y era necesario elaborar otras medidas.  El Acuerdo sobre la Agricult ura se refería 
explícitamente a las preocupaciones no comerciales que formaban parte integrante de las políticas agrícolas 
de muchos países.  El hecho de que el Acuerdo sobre la Agricultura hiciera posible distinguir entre las 
políticas de sostenimiento de  los precios fomentaba una reforma perdurable de la agricultura en la medida 
en que se estaba procurando reducir el apoyo a los precios mediante pagos directos y desconectados.  En 
este contexto el orador opinó que en la actualidad el Acuerdo sobre la Agri cultura se debía aplicar con 
carácter prioritario para reducir las distorsiones existentes en el sector agrícola.  Dijo que en Suiza se ponía 
énfasis en la creación de incentivos para promover el desarrollo sostenible mediante cultivos biológicos y 
una pro ducción integrada basada en un sistema de pagos directos vinculados a la prestación de servicios 
relacionados con el medio ambiente.  Recordó que la labor del Comité de Comercio y Medio Ambiente 
sobre esta cuestión debía situarse en un contexto más amplio y equilibrado y que no debía centrarse 
únicamente en la liberalización del comercio en el sector agrícola.  
 
20. La delegación de la India  se refirió al documento WT/CTE/W/26 y dijo que a falta de datos 
sistemáticos era difícil sacar conclusiones generales.   En los párrafos 7 a 12 se ponían de relieve importantes 
desventajas en materia de embalaje, con inclusión de costos sustancialmente más elevados para los 
proveedores extranjeros que para los nacionales, restricciones a la exportación de materiales de emb alaje 
que incrementaban la competitividad de los productores y falta de transparencia y armonización.  Hizo 
notar que las observaciones relativas a las normas de productos se basaban en estadísticas que más tenían 
que ver con el pasado que con el futuro y propuso que se ahondara en el análisis del reciente aumento del 
número de reglamentaciones técnicas y de qué productos nuevos se habían lanzado al mercado.  En el 
párrafo 26 se citaban datos de la OCDE según los cuales los efectos de los costos ambientales  en la 
competitividad eran mínimos y los beneficios para los países en desarrollo en materia de competitividad no 
eran claros.  El cuadro correspondiente a los aranceles de la India contenido en el documento 
WT/CTE/W/25, debía indicar que el arancel máximo  aplicado a cualquier producto ascendía al 50 por 
ciento; el tipo aplicado y no el consolidado indicaba el nivel efectivo de restricción del acceso al mercado y 
de progresividad arancelaria.  La reducción de los aranceles debía tener en cuenta lo siguiente :  i) el índice 
efectivo de protección arancelaria era relativamente alto en los países desarrollados, incluso cuando los tipos 
arancelarios nominales eran bajos, sobre todo en el caso de los productos cuyos insumos representaban una 
proporción elevada de su valor total y los aranceles aplicados  a los insumos que requerían una etapa 
ulterior de elaboración en los países desarrollados eran altos;  ii) la elasticidad de la demanda y el tamaño 
del mercado desempeñaban una función clave en la determinación de los beneficios de la reducción de los 
aranceles.  Tratándose de los países en desarrollo con mercados grandes en donde las elasticidades de la 
demanda de importaciones eran relativamente altas, incluso una pequeña reducción de los aranceles podía 
traducirs e en un aumento considerable de las ventas y reportar beneficios enormes;  iii) en algunos sectores, 
como el textil, el nivel de los aranceles nominales era más alto que en otros;  y iv) los países en desarrollo 
habían consolidado un número apreciable de s us líneas arancelarias y apoyaban la liberalización progresiva 
del comercio.  
 
21. El examen de las propuestas de la Argentina podía ser útil.  El orador hizo notar el amplio espectro 
de medidas ambientales que tenían importantes efectos en el acceso a los mercados, sobre todo para los 
países en desarrollo.  Los efectos positivos no eran fáciles de aprovechar y para ello hacían falta 
conocimientos especializados, tecnología y recursos que no siempre se hallaban al alcance de los países en 
desarrollo.  Los ef ectos negativos se relacionaban con los costos de adaptación a nuevas normas y de 
adquisición de la tecnología y los conocimientos especializados necesarios, la falta de disponibilidad de 
materiales para cumplir con las prescripciones en materia de embalaj e y el aparato administrativo que se          WT/CTE/M/8  
         Página 9 
 
necesitaba en el país exportador.  Los efectos negativos se podían mitigar si las medidas se basaban en 
criterios equitativos acordados en el plano multilateral y eran compatibles con la normativa de la  OMC.  
El orador se refirió al concepto de producto similar  y señaló que las normas ambientales con criterios 
basados en los PMP repercutían en el acceso a los mercados y podían restringir el comercio.  Los análisis 
empíricos habían demostrado que las medidas comerciales n o eran necesariamente el medio más eficaz de 
encarar los problemas ambientales; la liberalización del comercio podía fomentar la eficiencia promoviendo 
una competencia equitativa entre los posibles usuarios del mismo recurso.  El orador recordó que el 
artículo XX del GATT preveía excepciones a las normas de la OMC relacionadas con el medio ambiente.  
Las medidas positivas de liberalización del comercio eran más eficaces para alcanzar objetivos ambientales.  
Las Listas de concesiones previstas en el artículo  II del GATT, el Acuerdo sobre Procedimientos para el 
Trámite de Licencias de Importación y el Acuerdo sobre la Agricultura se podían tomar en consideración 
en este contexto.  Las medidas comerciales relacionadas con el medio ambiente iban dirigidas a:  i)  
alcanzar objetivos ambientales determinados; ii) persuadir a otros gobiernos de que modificaran su conducta 
ambiental; iii) proteger la industria nacional; o iv) hacer cumplir los compromisos internacionales 
relacionados con el medio ambiente.  
 
22. Las restricciones del comercio se podían utilizar para hacer cumplir las normas internas de 
productos o prohibir el comercio cuando ponía en peligro el medio ambiente, como en el caso de los 
productos cuya venta está prohibida en el país de origen.  Toda r estricción del comercio de la primera 
categoría debía estar en armonía con las disposiciones de la OMC.  El principio de necesidad era clave 
incluso para las excepciones previstas en el artículo XX del GATT no debían aplicarse medidas de forma 
arbitraria o  discriminatoria o para restringir el comercio de forma encubierta.  El orador se refirió al 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y dijo que el párrafo 2 del artículo 2 preveía la utilización 
de reglamentos técnicos para alcanzar objetivos ambient ales legítimos.  Los aspectos que se debían tener 
en cuenta a la hora de evaluar el riesgo de incumplimiento eran la información científica y técnica disponible, 
la tecnología de elaboración conexa o los usos finales previstos de los productos.  El Comité de Comercio 
y Medio Ambiente podría examinar las repercusiones de los objetivos ambientales en el carácter imperativo 
de los reglamentos técnicos.  El párrafo 10 del artículo 2 preveía la flexibilización de las prescripciones en 
materia de notificación cua ndo el contenido técnico de los reglamentos propuestos no se basaba en normas 
internacionales a causa de problemas urgentes, como la protección del medio ambiente.  El orador propuso 
examinar si hacían falta criterios para evitar posibles casos de recurso indebido a esa flexibilización de las 
prescripciones en materia de notificación que restringieran el acceso a los mercados.  El párrafo 4 del 
artículo 5 preveía procedimientos para flexibilizar la utilización de las normas y los reglamentos técnicos 
intern acionales aceptados a fin de proteger el medio ambiente.  El orador propuso que el Comité de 
Comercio y Medio Ambiente evaluara las repercusiones de tales procedimientos en la excepción a las 
prescripciones  aplicables en los casos en que se exige una "decl aración positiva", concedida por razones 
ambientales a las instituciones del gobierno central, en particular porque desempeñaban una función 
importante en muchos países.  La evaluación podría examinar cómo esas disposiciones promovían la 
transparencia de l os reglamentos y las normas, lo que ayudaría a resolver los problemas de acceso a los 
mercados.  En una reunión informal conjunta con el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias se 
podría examinar el preámbulo del Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fi tosanitarias, que se refería a las 
repercusiones de las medidas sanitarias y fitosanitarias en el acceso de los países en desarrollo a los 
mercados.  El artículo 4, que trataba de la equivalencia de diferentes medidas sanitarias y fitosanitarias, era 
impor tante para los países en desarrollo.  Los países en desarrollo podían enfrentarse a problemas de 
acceso a los mercados si "las condiciones ecológicas y ambientales pertinentes" mencionadas en el párrafo 2 
del artículo 5 se invocaban sin criterios objetivos .  Tal vez merecería la pena examinar la necesidad de 
formular criterios en este contexto.  
 
23. El preámbulo del Acuerdo sobre la Agricultura se refería a la protección del medio ambiente y al 
trato especial y diferenciado para los países en desarrollo.  E n virtud de los párrafos 2 a) y 12 del anexo II, 
los gastos hechos en el marco de programas de protección del medio ambiente quedaban exentos de los 
compromisos de reducción de la ayuda interna.  Si bien las medidas de ayuda interna no debían restringir 
el comercio más de lo necesario, los programas oficiales de conservación cumplían los requisitos para 
quedar exentos.  Esto podía entorpecer la eliminación de las restricciones y distorsiones del comercio y 
debía examinarse a fin de garantizar la existencia de un régimen competitivo y equitativo de acceso a los WT/CTE/M/8  
Página 10 
 
mercados.  El Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias contenía una disposición análoga.  
El párrafo 2 a) del artículo 8 consideraba que la prestación de asistencia para adaptar instalacione s a nuevas 
exigencias ambientales internas era una subvención no recurrible, que debía ser notificada al Comité de 
Subvenciones a fin de que la examinara y formulara una determinación, que podía someterse a arbitraje 
vinculante.  El Comité de Comercio y Me dio Ambiente podría examinar los efectos que las diferencias de 
esa clase tenían en los objetivos que se habían tenido en cuenta para considerar no recurribles las 
subvenciones basadas en razones ambientales.  De la misma manera, el párrafo 2 del artículo 27 del 
Acuerdo sobre los ADPIC autorizaba a los Miembros a excluir invenciones de la patentabilidad para evitar 
daños graves al medio ambiente.  El párrafo 3 b) del artículo 27 autorizaba a los Miembros a otorgar 
protección a todas las obtenciones vegetale s mediante patentes o un sistema sui generis  o una combinación 
de aquéllas y éste.  Esto se podía abordar en relación con el punto 8.  Los ejemplos citados mostraban que 
el punto 6 era transversal y que ocuparía una parte importante del Informe.  Las delib eraciones relativas al 
establecimiento de nuevas disciplinas para proteger el medio ambiente debían tener en cuenta que su 
establecimiento podía crear obstáculos al acceso a los mercados.  Se necesitaba más tiempo para examinar 
estas cuestiones.  
 
24. Las m edidas comerciales encaminadas a persuadir a otros países de que modificaran sus políticas 
ambientales no se justificaban.  Tales medidas unilaterales no sólo tenían consecuencias políticas, sino 
también consecuencias económicas relacionadas con las normas  basadas en los PMP.  Era necesario hacer 
un distingo entre los problemas ambientales locales y los mundiales.  Aquéllos eran ajenos al comercio 
internacional y éstos se podían encarar mejor en el marco de los AMUMA.  El orador apoyó a los 
Miembros que hab ían expresado preocupación por la decisión de una importante entidad comercial de 
imponer un embargo a los camarones salvajes teniendo en cuenta sus objetivos ambientales nacionales.  En 
esto intervenían los conceptos de transparencia y discriminación y el  enfoque a priori  era incompatible con 
la normativa de la OMC.  El Comité de Comercio y Medio Ambiente debía evitar que los partidarios del 
proteccionismo esgrimieran argumentos ecológicos para justificar la exclusión de importaciones.  Esto 
admitía una ún ica excepción, a saber, el tratamiento especial y diferenciado exigido por el crecimiento 
económico de los países en desarrollo.  A la hora de examinar la relación entre las disposiciones de la 
OMC y los AMUMA, debían abordarse también las preocupaciones r elacionadas con el acceso a los 
mercados.  Pese a que la protección del medio ambiente no pertenecía a la esfera de competencia de la 
OMC, a la hora de examinar las medidas comerciales relacionadas con el medio ambiente se debían instituir 
ciertas discipli nas en materia de transparencia en caso necesario.  El acceso a los mercados no se debía 
entorpecer a causa de la protección del medio ambiente.  Las deliberaciones sobre otros puntos debían 
garantizar que no existieran obstáculos al acceso a los mercados.   Además, los Acuerdos de la OMC 
relacionados con el acceso a los mercados se podrían revisar con vistas a adoptar medidas positivas, 
especialmente para los países en desarrollo.  
 
25. El representante de Nueva Zelandia  dijo que debía aplicarse un enfoque e quilibrado para garantizar 
que se examinaran las implicaciones de todos los puntos y avanzar respecto de las cuestiones que se podían 
consensuar.  El punto en examen proporcionaba una base para conseguir que las políticas comerciales y 
ambientales se suste ntaran mutuamente y debía ocupar una parte importante del Informe.  Existía un 
consenso general respecto de los beneficios que la liberalización del comercio reportaba al medio ambiente, 
expresado en el capítulo 2 del Programa 21 y, recientemente, por los Ministros del Medio Ambiente de la 
OCDE.  Estos beneficios mejoraban la eficiencia de la utilización de los recursos, lo que reducía las 
presiones sobre el medio ambiente; generaban recursos para hacer frente a la pobreza y a los problemas 
ambientales; fac ilitaban las exportaciones de bienes y servicios inocuos para el medio ambiente; y ayudaban 
a los países en desarrollo a diversificar sus economías.  Si se registraban consecuencias negativas para el 
medio ambiente, debían encararse mediante políticas ambi entales nacionales que atacaran la fuente del 
problema y no de políticas encaminadas a conseguir objetivos no ambientales, que podían comportar 
solamente beneficios ambientales incidentales.  Las conclusiones del documento WT/CTE/W/1 
señalaban que no exist ían pruebas tajantes basadas en estudios empíricos de que la liberalización del 
comercio hubiera perjudicado el medio ambiente sistemáticamente y existían pruebas de que la 
liberalización del comercio de productos agropecuarios era particularmente benefici osa para el medio 
ambiente y de que las subvenciones que incrementaban la producción, la protección en la frontera y la 
progresividad arancelaria podían provocar consecuencias  negativas para el medio ambiente.  Las          WT/CTE/M/8  
         Página 11 
 
subvenciones relacionadas con la producc ión tenían repercusiones negativas en la agricultura porque 
intensificaban la utilización de los factores de producción fijos; desalentaban la diversificación de la 
agricultura; eran causa de pastoreo excesivo y explotación agrícola de tierras marginales; promovían la 
utilización intensiva de productos químicos agrícolas; y reducían los ingresos de las explotaciones agrícolas, 
lo que producía pobreza en muchos países en desarrollo.  Las repercusiones no se circunscribían a los 
países que utilizaban las rest ricciones y distorsiones, sino que afectaban a otros productores, que podían 
verse forzados a adoptar prácticas insostenibles.  En algunos casos la progresividad arancelaria y la 
protección en la frontera tenían también consecuencias negativas para el medi o ambiente.  
 
26. En el contexto de la búsqueda de medios de abordar las repercusiones ambientales de las 
restricciones y distorsiones del comercio, Nueva Zelandia había propuesto hacer un distingo entre los 
enfoques que reportaban beneficios para el medio ambiente y eran compatibles con la normativa de la 
OMC y los que reportaban beneficios para el medio ambiente, pero no eran compatibles con la normativa 
de la OMC.  En este último caso, las medidas comerciales no eran instrumentos de la mejor polític a y 
cualesquiera repercusiones negativas para el medio ambiente debían encararse en la fuente.  El documento 
WT/CTE/W/1 hacía notar que la liberalización del comercio podía promover unos niveles de producción 
insostenibles en los países que no aplicaban po líticas comerciales restrictivas o distorsionadoras.  Existían 
preocupaciones análogas relacionadas con la medida en que la liberalización del comercio redundaría 
automáticamente en beneficios para el medio ambiente.  Al respecto, Nueva Zelandia estaba de acuerdo 
en que hacían falta análisis, pero opinaba que la falta de liberalización del comercio tenía también 
repercusiones en el medio ambiente y que la reglamentación interna del medio ambiente era la mejor 
salvaguardia contra cualquier posible costo ambi ental.  Esto se debía examinar teniendo en cuenta los 
beneficios económicos generales del comercio y las inversiones libres.  El Informe debía declarar que las 
repercusiones ambientales negativas de las distorsiones del comercio ponían en evidencia que su reducción 
o eliminación proporcionaba la base para conseguir un resultado que beneficiara tanto al comercio como al 
medio ambiente.  
 
27. El representante de Australia  dijo que en las deliberaciones de septiembre de 1995 se habían 
perfilado cuatro ámbitos d e concentración respecto de los beneficios ecológicos de la eliminación de las 
restricciones comerciales:  i) la progresividad arancelaria, especialmente en los sectores de la silvicultura, la 
minería, la pesca y la agricultura, y el aumento de la progresi vidad arancelaria en algunos sectores después 
de la Ronda Uruguay;  ii) los altos aranceles aplicados a los productos que contenían productos básicos y 
agrícolas elaborados sujetos a arancelización en la Ronda Uruguay;  iii) las subvenciones, especialmente  
para productos agropecuarios;  y iv) los altos impuestos internos aplicados a los productos tropicales.  El 
orador opinó que los temores de que el examen de esos ámbitos apartaría al Comité de Comercio y Medio 
Ambiente de su propósito de concentrarse en e l logro de resultados estaban fuera de lugar.  La utilidad de 
la liberalización del comercio se estaba poniendo en duda en muchos países a causa de sus posibles efectos 
en el medio ambiente.  No se debían soslayar determinadas cuestiones porque planteaban problemas 
difíciles o porque no era posible conseguir resultados inmediatos.  Las recomendaciones a los Ministros 
debían relacionarse con las iniciativas concretas que se pudieran identificar en el marco de este punto.  
Como se reconocía en el Programa 21,  la liberalización del comercio no chocaba con la meta de mejorar la 
protección del medio ambiente.  La cuestión clave era que unas políticas ambientales paralelas a las políticas 
comerciales debían velar por que la liberalización del comercio contribuyera  a lograr mejores resultados en 
materia ambiental, como se desprendía de los estudios monográficos de la UNCTAD.  La liberalización 
de las importaciones podía mejorar el acceso a los insumos y productos favorables al medio ambiente y 
facilitar la introducc ión de tecnologías ecológicamente racionales.  
 
28. La incapacidad de los mercados de valorar adecuadamente los costos y beneficios ambientales era 
una cuestión clave y era necesario adoptar medidas normativas que garantizaran una gestión sostenible de 
los recursos naturales y promovieran la calidad en materia ambiental.  El Informe debía reconocer que un 
sistema multilateral de comercio robusto que fomentaba el desarrollo sostenible requería la adopción en el 
plano nacional y en otros foros internacionales de medidas complementarias que promovieran la protección 
del medio ambiente.  El daño causado al medio ambiente como resultado de las deficiencias del mercado 
a menudo se agravaba a causa de intervenciones oficiales desacertadas, incluidas las políticas co merciales y 
las políticas relacionadas con el comercio que distorsionaban los mercados, repercutían de forma injusta en WT/CTE/M/8  
Página 12 
 
las oportunidades económicas de los productores de otros países y promovían el agotamiento de los 
recursos.  El Comité de Comercio y Med io Ambiente tenía el deber de identificar esas políticas y de alentar 
la adopción de medidas en el plano nacional y en la  OMC para reformarlas y promover iniciativas de 
liberalización del comercio que apoyaran el desarrollo sostenible.  Éste debía ser otro  aspecto importante 
del Informe.  El orador subrayó la dependencia de algunos países de los productos básicos, que dificultaba 
la gestión sostenible de los recursos.  En este sentido, la falta de ingresos limitaba los esfuerzos por mejorar 
el medio ambient e.  Las políticas encaminadas a internalizar los costos ambientales podían fracasar en caso 
de que se redujeran los ingresos de los productores empobrecidos.  El aumento y la diversificación de las 
exportaciones de productos con más valor añadido podía ayu dar a reducir la pobreza y a proteger el medio 
ambiente.  Para superar los problemas de los países dependientes de los productos básicos hacían falta 
políticas nacionales apropiadas y asistencia financiera y técnica, incluida la reducción de la progresivid ad 
arancelaria.  El Informe debía abordar los problemas de los países que dependían de los productos básicos, 
que eran distintos de los de otros países.  Además, debía destacar la necesidad de que la OMC se ocupara 
de la progresividad arancelaria y de los altos aranceles aplicados a las mercancías elaboradas y a otros 
productos industriales, así como la necesidad de tomar medidas complementarias respecto de la 
dependencia de los productos básicos, inclusive medidas de asistencia técnica.   
 
29. Las subvenci ones agrícolas y los altos aranceles aplicados a muchos productos agropecuarios debían 
también destacarse en el Informe.  Las políticas de apoyo a la agricultura de la OCDE ocasionaban costos 
ambientales elevados porque fomentaban una utilización inapropia da de los recursos que intensificaba el 
uso de la tierra para maximizar la producción, redundaba en la utilización de más abonos y pesticidas 
químicos, promovía la agricultura de monocultivo y contribuía a reducir la diversidad biológica.  En lugar 
de prom over una mejor ordenación del medio ambiente, las políticas agrícolas a menudo protegían a los 
agricultores de las señales de mercado, así como de las repercusiones de las prácticas agrícolas.  Estas 
políticas agrícolas habían contribuido a crear un sistem a internacional de comercio que entorpecía la 
ordenación sostenible de los recursos por los productores agrícolas más eficientes.  Las políticas 
distorsionadoras del comercio de productos agropecuarios se habían conjugado con otros factores que 
restringían  la función que el comercio podía desempeñar en la promoción de una agricultura sostenible.  
Entre 1970 y 1994 la participación de los países en desarrollo en el comercio mundial de productos 
agropecuarios había descendido del 33 por ciento a menos del 28 por ciento, mientras que la participación 
de los países desarrollados había aumentado del 58 por ciento al 70 por ciento.  Las transferencias totales 
relacionadas con las políticas agrícolas de la OCDE, que eran una de las principales causas de esas 
tenden cias, habían aumentado de 24.000 millones de dólares en 1970 a 200.000 millones en el decenio de 
1980 y a más de 330.000 millones en el decenio de 1990.  Esto había acaecido entre la Conferencia de 
Estocolmo sobre el Medio Humano de 1972 y la CNUMAD de 199 2.  La agricultura representaba el 3 
por ciento de la fuerza de trabajo de las economías con un elevado nivel de ingresos, el 18 por ciento de la 
de las economías con un nivel intermedio de ingresos y el 44 por ciento de la de las economías de bajos 
ingres os.  Dado que el 80 por ciento de los pobres del mundo vivía en zonas rurales, en la agricultura la 
relación entre la pobreza y la degradación del medio ambiente no podía ser más directa.  Las cuestiones 
planteadas por la protección de la agricultura debía n ser un aspecto clave del Informe.  En la Ronda 
Uruguay se habían dado los primeros pasos para establecer un marco más sostenible para el comercio de 
productos agropecuarios, pero había que trabajar en pro de la agricultura sostenible.  La continuación de  
las reformas debía basarse en la complementación de las reducciones de las políticas distorsionadoras del 
comercio con medidas encaminadas a garantizar la agricultura sostenible, incluida la adopción de políticas 
internas destinadas a garantizar la gestió n sostenible de los recursos y el reparto de los beneficios con los 
agricultores pobres.  La protección de la agricultura ponía de relieve los problemas que traía consigo la 
utilización de medidas distorsionadoras del comercio para alcanzar objetivos no co merciales susceptibles de 
alcanzarse más eficientemente con otros instrumentos normativos y era una lección que se debía tomar en 
cuenta a propósito de todas las cuestiones relacionadas con el comercio y el medio ambiente.  Australia 
tenía previsto distrib uir antes de la reunión siguiente un documento sobre las cuestiones comprendidas en 
el punto 6, que debería señalarse a la atención de los ministros.  
 
30. La representante de Noruega  señaló tres cuestiones prioritarias comprendidas en el punto en 
examen:  i) la evaluación de las consecuencias ambientales del sistema multilateral de comercio, con 
inclusión de la liberalización del comercio y la restricción del comercio;  ii) cómo las normas de la  OMC          WT/CTE/M/8  
         Página 13 
 
y las modificaciones de esas normas podían hacer una contr ibución positiva a las políticas ambientales y de 
gestión de los recursos;  y iii) cómo las posibles consecuencias negativas de la liberalización del comercio, 
especialmente para los países en desarrollo, se podían evitar teniendo en cuenta los problemas d e 
implantación de las necesarias políticas ambientales nacionales (por ejemplo, plazos más largos en materia 
de liberalización y asistencia técnica y financiera).  En algunos casos era posible que la eliminación de las 
restricciones del comercio desempeñar a una función desde el punto de vista de la política ambiental, pues 
contribuía a internalizar los costos.  La liberalización del comercio podía reportar un dividendo doble con 
beneficios tanto económicos como ecológicos.  La OMC podía contribuir a las pol íticas ambientales 
eliminando los obstáculos y las distorsiones comerciales.  Como no existía un vínculo automático entre la 
liberalización del comercio y la protección del medio ambiente, había que proceder a un análisis producto 
por producto.  Se debía a signar prioridad a la eliminación de las barreras en los sectores que podían 
reportar un dividendo doble.  En vista de que ya se había hecho referencia a la agricultura en ese sentido, 
la oradora señaló que la eliminación de los obstáculos en el sector de la energía podía reportar un importante 
dividendo doble.  La energía era un factor clave para el desarrollo económico y ecológico en todo el 
mundo.  Las medidas encaminadas a fomentar la eficiencia en la producción y utilización de energía y a 
internalizar  los costos ambientales era un aspecto fundamental del crecimiento y el desarrollo sostenible.  
La oradora destacó el reto de reducir la utilización de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) a fin de 
reducir al mínimo las emisiones contaminantes.  E ra lógico que existieran incentivos a la utilización de 
recursos inocuos para el medio ambiente y desincentivos al empleo de los que no lo eran.  En la actualidad 
ocurría lo contrario; la producción de carbón se podía subvencionar, mientras que la utilizac ión del petróleo 
y el gas estaba sujeta a impuestos elevados.  Existían estudios que demostraban que la eliminación de las 
subvenciones a la energía redundaban en un crecimiento económico mayor y en un medio ambiente más 
limpio.  Tras señalar que el Acuerd o sobre Subvenciones prohibía las subvenciones supeditadas al empleo 
de productos nacionales con preferencia a los importados, la oradora dijo que resultaba paradójico que 
estuvieran permitidas las subvenciones para promover la adaptación a nuevas exigenci as ambientales, pero 
que no se restringiera la utilización de subvenciones para productos perjudiciales para el medio ambiente 
cuando era posible sustituirlos por productos menos dañinos.  Cabía tal vez concluir que las reglas de la 
OMC deberían comprender  al menos declaraciones políticas sobre cómo el sistema de comercio podía 
promover la utilización de productos ecológicamente inocuos.  Era posible que esto hiciera necesario 
modificar las reglas de la OMC.  La OMC no estaba llamada a suplir un AMUMA sobre  el cambio 
climático, pero se debía garantizar que no ayudara a mantener políticas perjudiciales para el desarrollo 
sostenible.  El Informe debía señalar que las negociaciones para liberalizar aún más el comercio debían 
procurar incrementar el acceso a los  mercados de los sectores y productos sujetos a restricciones comerciales 
que tenían consecuencias negativas para el medio ambiente.  Los productos directamente relacionados con 
AMUMA se podrían examinar para lograr un consenso respecto de los productos in ocuos para el medio 
ambiente, bien por su uso final o por su producción, a los que se debía dar prioridad en el incremento del 
acceso a los mercados.  Para hacer avanzar la labor sobre los aranceles y los obstáculos no arancelarios, 
Noruega examinaría el s ector de la energía y divulgaría las conclusiones.  
 
31. La representante de México  dijo que el punto en examen era amplio y que debía ser tratado 
horizontalmente.  Se declaró dispuesta a examinar propuestas acerca de cómo analizar los efectos que las 
medid as ambientales tenían en el acceso a los mercados para los países en desarrollo.  La cuestión 
importante comprendida en este punto era la necesidad de proteger el acceso a los mercados existente 
contra los efectos adversos de las medidas ambientales y no l a de incrementar el acceso a los mercados.  
Refiriéndose al documento WT/CTE/W/26, la oradora dijo que no estaba de acuerdo con las conclusiones 
consignadas en el párrafo 52.  El análisis de las medidas unilaterales contenido en el párrafo 48 era estrecho 
y no hacía referencia a las deliberaciones del Comité de Comercio y Medio Ambiente y del Grupo MACI.  
Se refirió a los vínculos entre el punto en examen y el punto 3.  El examen del punto  3 se había centrado 
en el etiquetado ecológico, pero eso no signific aba que otras cuestiones comprendidas en el punto 3, como 
el embalaje ecológico, no fueran importantes.  Para aclarar las normas de la OMC que trataban de las 
prescripciones en materia de embalaje y etiquetado se debían examinar las deliberaciones del Comi té de 
Obstáculos Técnicos al Comercio.  Desde el punto de vista de la aplicabilidad de las reglas a esas nuevas 
clases de medidas, había que garantizar la transparencia a la hora de elaborar criterios.  La transparencia 
era una cuestión horizontal y se deb ía examinar su puesta en práctica efectiva.  En general, las restricciones 
en materia de embalaje ecológico se basaban en condiciones que reflejaban las prioridades nacionales del WT/CTE/M/8  
Página 14 
 
país que las instituía.  Era posible que la aplicación de esas medidas a las  importaciones no sólo resultara 
ecológicamente inapropiado, sino que además tuviera consecuencias negativas en el acceso a los mercados.  
Además, los importadores tenían que hacer frente a costos desmedidos.  Las prescripciones en materia de 
embalaje favo recían la utilización de materiales locales.  Era necesario examinar a fondo la cuestión de la 
eficacia a fin de garantizar que las prescripciones en materia de embalaje, incluidas las del Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio, estuvieran en armoní a con el principio de no discriminación y el trato 
nacional.  Estas prescripciones podían convertirse en importantes obstáculos de hecho al comercio.  La 
oradora destacó la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades para competir en este sentido.   La 
aplicación eficaz del concepto de necesidad garantizaría un equilibrio objetivo.   
 
32. La delegación de los Estados Unidos  hizo suya la observación contenida en el párrafo 5 del 
documento WT/CTE/W/26, que recogía las conclusiones de otros foros, en p articular la de que las medidas 
ambientales solían tener efectos poco significativos en la competitividad y el acceso a los mercados.  Estas 
conclusiones respaldaban la opinión de su delegación de que las medidas ambientales no exigían un grado 
mayor de vi gilancia que otras medidas susceptibles de afectar al comercio.  La oradora destacó en particular 
la conclusión de que el grado de apertura de la economía influía en la capacidad de adaptación a las normas 
ambientales gracias a un mayor acceso a la informa ción, los insumos y la tecnología.  Estaba de acuerdo 
con la CE en que la consciencia ecológica estaba creando nuevos mercados de bienes, servicios y tecnologías.  
Dijo que si bien compartía algunas de las preocupaciones mencionadas en el párrafo 14 a prop ósito del 
etiquetado ecológico, de momento nada sugería que las medidas ambientales podían forzar a empresas a 
abandonar determinados mercados.  Los ejemplos citados en los párrafos 40 y 42 no justificaban tan tajante 
afirmación, que daba por sentado que e l etiquetado ecológico tenía repercusiones en el mercado de un nivel 
jamás visto.  Expresó dudas de que la afirmación contenida en el párrafo 15, según la cual en la mayoría de 
los casos el etiquetado ecológico descansaba en el ciclo de vida, se basara en los hechos.  Hizo notar los 
múltiples casos de solicitudes relacionadas con productos específicos, como las regidas por las directrices 
de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos.  Convino en que, como se indicaba en el 
párrafo 15, la transpa rencia en materia de etiquetado ecológico era esencial, lo que se reconocía en la 
propuesta de los Estados Unidos relativa a la labor en ese ámbito.  Tras señalar que las delegaciones ante 
la UNCTAD no habían tenido tiempo suficiente para analizar a fondo los estudios monográficos, recordó 
algunas de las limitaciones mencionadas por su delegación en las reuniones de la UNCTAD.  Era necesario 
establecer una distinción entre el análisis empírico y los datos sin elaborar.  La mayoría de los estudios 
monográfic os se basaban en un análisis previo, consistente en preguntar a las empresas qué repercusiones 
podrían derivarse de las distintas medidas en el futuro.  La oradora dijo que este enfoque no siempre 
proporcionaba información exacta y recordó la diferencia en tre las afirmaciones hechas por la industria 
estadounidense antes de la promulgación de nuevas leyes nacionales sobre sus posibles efectos y lo que esas 
leyes habían conseguido más tarde.  Los Estados Unidos no estaban dispuestos a sacar conclusiones 
gener ales sobre la base de los estudios monográficos porque eran esencialmente anecdóticos y se referían a 
sectores en los que parecía probable que se plantearían problemas.  Si bien era útil informar sobre la labor 
realizada en otros foros, no debía ser avalad a por la Secretaría.  Estaba de acuerdo con el párrafo 52.   
 
33. La oradora se declaró partidaria de avanzar hacia un incremento de la liberalización del comercio 
de productos agropecuarios y la internalización de los costos ambientales, lo que redundaría  en mejoras 
ambientales.  Reconoció que las restricciones y distorsiones del comercio podían provocar problemas 
ambientales, pero opinó que la cuestión en examen desempeñaría una función constructiva en la promoción 
de los objetivos comerciales y ambiental es.  En vista de ello, apoyaba la propuesta de la Argentina de que 
se tomaran medidas.  Puesto que la promoción de esa cuestión era un objetivo común, desde una óptica 
ambiental se declaró decepcionada de que el documento se centrara exclusivamente en las prácticas de los 
países desarrollados, pues de esa manera la presentaba como una cuestión Norte -Sur, pese a que no lo era.  
Los países desarrollados podían resultar perjudicados por las prácticas de otros países desarrollados y los 
países en desarrollo pod ían resultar perjudicados por las de otros países en desarrollo.  Por ejemplo, los 
impuestos a la exportación y los aranceles elevados eran prácticas seguidas por los países en desarrollo.  
Como muchas de las consecuencias adversas para el medio ambiente s e manifestaban en el plano interno, 
las prácticas distorsionadoras de un país podían tener consecuencias adversas para el medio ambiente en 
ese país, independientemente de su nivel de desarrollo.  El documento de la Argentina se centraba en las 
subvencione s a la agricultura, pero el mismo análisis debía aplicarse a otras distorsiones del comercio, como          WT/CTE/M/8  
         Página 15 
 
la progresividad arancelaria, el comercio de Estado y los aranceles excesivamente altos.  Los impuestos a la 
exportación se traducían en resultados parecidos  a los de los obstáculos a la importación.  La oradora 
expresó su preocupación respecto del párrafo 7, según el cual las deficiencias del mercado sólo se podrían 
abordar una vez que se eliminaran las deficiencias de intervención, pues las deficiencias del mercado y las 
de intervención tenían efectos recíprocos y debían encararse simultáneamente y no consecutivamente.  Los 
Estados Unidos habían reconocido los problemas ambientales que algunas de sus políticas agrícolas podían 
plantear y estaban reformándolas .  Después de la cita de Krissoff contenida en el párrafo 17, debía haberse 
añadido el pasaje que decía que los Estados Unidos estaban abandonando la práctica criticada.  
 
34. Los cuadros contenidos en el documento WT/CTE/W/26 mostraban que la progresividad  
arancelaria no se daba únicamente en los países desarrollados o en los países en desarrollo; esto era 
importante porque los países en desarrollo eran también importantes consumidores de productos no 
elaborados.  Como el análisis versaba sobre las ventajas  ecológicas que podían derivarse de la reducción de 
la progresividad arancelaria en función de sus repercusiones en la creación de riqueza, presentaba una visión 
incompleta.  La liberación del comercio no redundaba automáticamente en una mejor protección d el 
medio ambiente; era probable que muchas ventajas ecológicas fueran indirectas y su aprovechamiento 
dependía de la existencia de políticas ambientales apropiadas.  Los efectos ecológicos del traslado de la 
actividad elaboradora de un sitio a otro dependí an de:  i) la vulnerabilidad relativa del medio ambiente en 
ambos; ii) la existencia de una infraestructura reglamentaria para evitar la degradación concomitante del 
medio ambiente; iii) la capacidad de internalizar plenamente los costos.  El que un país e xportador 
consiguiera algún beneficio ecológico dependía de la relación entre la eliminación de la presión para explotar 
en exceso los recursos naturales y cualesquiera presiones ambientales provocadas por las actividades de 
elaboración recién iniciadas.  Por ejemplo, la cesación de la producción de algodón en tierras marginales 
para favorecer la fabricación de textiles en el país exportador podía traducirse en una mayor contaminación 
del aire y el agua si los procesos de producción no estaban sujetos a con troles ambientales adecuados.  
Podía decirse que había similitudes normativas entre la progresividad arancelaria y las importaciones y 
restricciones a la exportación, que distorsionaban las señales del mercado y podían redundar en una 
asignación ineficient e de los recursos.  Sería más útil que los cuadros presentaran datos sobre los aranceles 
aplicados.  Los cuadros mostraban que en por lo menos un país había consolidaciones de tipos máximos 
y, por ende, la progresividad arancelaria efectiva no era aparente .  La oradora preguntó cómo se habían 
determinado los tipos básicos y finales de la CE, pues a juicio de su delegación eran mucho más altos.   
 
35. El representante del Canadá  se refirió a los efectos de promoción del comercio que podían 
derivarse de la preocupación por el medio ambiente y del nuevo mercado mundial de bienes, servicios y 
tecnologías ambientales señalados en el documento WT/CTE/W/26.  Era necesario analizar cómo  los 
países en desarrollo podían beneficiarse de estas nuevas oportunidades de mercado.  Otra cuestión 
señalada en el documento WT/CTE/W/26 era la necesidad de distinguir entre las repercusiones en la 
competitividad de las reglamentaciones ambientales y de  las prescripciones de productos.  Estas últimas 
eran importantes para la labor del Comité de Comercio y Medio Ambiente.  Era necesario establecer una 
distinción entre las prescripciones sanitarias y las ambientales.  El orador hizo notar los efectos que l a 
enmienda introducida recientemente en el Convenio de Basilea podía tener en las industrias nacionales de 
reciclaje de los países en desarrollo.  Esos efectos habían llevado al Canadá a oponerse, sin éxito, a la 
prohibición de comerciar en productos recic lables.  Las conclusiones del documento WT/CTE/W/26 
sobre la competitividad y el acceso a los mercados eran dignos de mención, pese a su carácter forzosamente 
provisional habida cuenta de lo difícil que resultaba generalizar en ese ámbito.  El orador pidió  aclaraciones 
a la CE respecto de su propuesta de septiembre de 1995 de que el Comité de Comercio y Medio Ambiente 
examinara la cuestión de cómo hacer posible que los países en desarrollo cumplieran las obligaciones 
ambientales que repercutían en el acceso  a los mercados sin que ello entorpeciera el logro de una meta 
ambiental determinada.  Además, se había propuesto una cláusula de minimis , con arreglo a la cual cuando 
un producto de un país en desarrollo solo contribuyera en grado mínimo a provocar el dañ o ecológico 
atribuido a ese producto, se podrían mantener sus oportunidades de acceso al mercado.  
 
36. Esta cuestión giraba en torno a las sinergias necesarias para conseguir beneficios tanto comerciales 
como ecológicos.  El orador destacó la observación h echa en el documento de la Argentina de que la 
eliminación de las restricciones y distorsiones del comercio a menudo se traducía en beneficios ambientales WT/CTE/M/8  
Página 16 
 
no sólo en el territorio del país que eliminaba la medida distorsionadora, sino también en los de sus  
interlocutores comerciales, que podían haberse visto forzados por esa medida a aplicar políticas perjudiciales 
para el medio ambiente.  El Canadá estaba de acuerdo en que era esencial identificar y eliminar las 
deficiencias políticas o de intervención par a corregir las deficiencias del sistema de formación de precios.  
La postura del Canadá en materia de desarrollo sostenible se basaba en el reconocimiento de que una de 
las primeras cosas que había que hacer era garantizar que las señales de las políticas económicas y 
ambientales fueran similares.  El Canadá opinaba que la liberalización del comercio de productos 
agropecuarios era un logro importante de la Ronda Uruguay y que el proceso de reforma debía continuar, 
sobre todo en el marco del Acuerdo sobre la  Agricultura.  La posibilidad de establecer una relación positiva 
entre la reducción del apoyo y los beneficios ambientales no se relacionaba únicamente con la agricultura y 
debía examinarse en todos los sectores, como en la propuesta cero por cero en sect ores como el de la 
madera, que no llegó a materializarse.  El orador destacó el estudio básico del Canadá, que examinaba las 
políticas federales oficiales encaminadas a determinar los obstáculos y los desincentivos a las prácticas 
ambientales racionales.  Por otra parte, los Ministros del Medio Ambiente de la OCDE habían pedido que 
se analizaran los efectos de las subvenciones y los impuestos que desincentivaban las prácticas ambientales 
racionales en varios sectores de la economía, así como los costos y lo s beneficios de su eliminación o 
reforma.  Estas iniciativas ofrecían muchas posibilidades de que hubiera múltiples ganadores y daban lugar 
a medidas normativas que tenían efectos positivos en el medio ambiente y la economía tanto para el país 
que las adop taba como para sus interlocutores comerciales.  En el caso de las subvenciones, era posible 
que redundaran también en beneficios fiscales.  El análisis contenido en el documento WT/CTE/W/25 
eliminaba las dificultades existentes para emitir juicios definiti vos sobre las repercusiones ambientales de un 
conjunto cualquiera de aranceles.  Se trataba de una cuestión de carácter general, porque los vínculos entre 
la liberalización del comercio y unas normas ambientales más estrictas no eran automáticos.  Sin emba rgo, 
en la medida en que la progresividad arancelaria entorpecía la asignación eficiente de los recursos, podía 
entorpecer también los beneficios ambientales de la reducción de la progresividad arancelaria respecto de 
los productos mencionados en los cuadr os.  En lo que se refería a las subvenciones y la progresividad 
arancelaria, el Canadá consideraba que el Informe podría recordar a los Miembros la conveniencia de 
estudiar las posibilidades de alcanzar objetivos tanto comerciales como ambientales revisand o las políticas 
internas.  
 
37. El representante de la Argentina , en respuesta a la observación de los Estados Unidos, reconoció 
que después de la cita de Krissoff se afirmaba que los Estados Unidos habían abandonado la práctica 
mencionada.  
 
Octavo punto : Disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio   
 
38. La delegación de la India  presentó su documento no oficial de 22 de marzo.  Por tratarse de una 
aportación que sólo abarcaba  algunas ideas básicas, la India agradecería la formulación de sugerencias para 
mejorarla.  Recordó el mandato del Comité de Comercio y Medio Ambiente y la declaración hecha por la 
India  con ocasión del examen inicial de este punto en junio de 1995.  Si b ien nada de lo dispuesto en el 
Acuerdo sobre los ADPIC impedía a un gobierno o a un mecanismo financiero internacional prestar 
asistencia financiera para hacer posible la transferencia en términos de favor de tecnología privada, dicho 
Acuerdo no contemplab a mecanismos específicos para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible y la 
protección del medio ambiente.  El Comité de Comercio y Medio Ambiente debía velar por que las reglas 
relativas a la propiedad intelectual de la OMC no impidieran promover el desarrollo sostenible.  La relación 
entre la propiedad intelectual y el medio ambiente arrancaba de la existencia de tecnologías protegidas por 
los derechos de propiedad intelectual que repercutían directamente en el medio ambiente.  Los efectos de 
esas tecnologías podían causar daños graves al medio ambiente o reportar beneficios ambientales.  El 
Comité de Comercio y Medio Ambiente debía desalentar la utilización de tecnologías perjudiciales y alentar 
la utilización de tecnologías beneficiosas en todo e l mundo.  
 
39. La oradora señaló las siguientes subcategorías de tecnologías que afectaban al medio ambiente: las 
que se relacionaban directa o indirectamente con un AMUMA en vigor y las que no;  las que estaban 
comprendidas en los derechos de propiedad int electual vigentes y las que cumplían los requisitos para          WT/CTE/M/8  
         Página 17 
 
quedar comprendidos en ellos en el futuro;  y las que podían copiarse fácilmente y los que no, examinadas 
en el documento WT/CTE/W/22.  El documento no oficial se refería a las patentes, a la protecc ión de las 
obtenciones vegetales o de los derechos de los criadores y de los cultivadores, a los esquemas de trazado de 
los circuitos integrados y a la información no divulgada.  Refiriéndose a las patentes de tecnologías que 
causaban daños graves al medio  ambiente, la oradora dijo que su exclusión de la patentabilidad o la 
prohibición de su uso o explotación comercial parecía necesaria a primera vista.  El Acuerdo sobre los 
ADPIC reconocía que tales exclusiones podían emplearse para desalentar la creación de tecnologías 
perjudiciales para el medio ambiente, con sujeción a salvaguardias contra el debilitamiento injustificado de 
la protección de la propiedad intelectual.  La oradora se refirió a las disposiciones de salvaguardia del 
párrafo 2 del artículo 27 y dijo que se debía procurar hallar una solución parecida, que protegiera al medio 
ambiente y brindara protección a la propiedad intelectual, en otros ámbitos en que los objetivos de la 
propiedad intelectual chocaban con los del desarrollo sostenible.  El Acuerdo sobre los ADPIC no 
especificaba claramente si los Miembros podían prohibir la explotación comercial de las tecnologías que 
causaban daños al medio ambiente y al mismo tiempo brindarles la protección de una patente o si ello daría 
lugar a reclamacio nes que no descansan en la existencia de una infracción.  Si bien tales reclamaciones no 
serían admisibles durante los cinco primeros años de vigencia del Acuerdo sobre los ADPIC, la cuestión 
debía examinarse a fin de llegar a un entendimiento para ayudar al Consejo de los ADPIC.  Las tecnologías 
favorables al medio ambiente preocupaban a los países en desarrollo en relación con el Acuerdo sobre los 
ADPIC.  Los países en desarrollo se atendrían al consenso internacional respecto de la eliminación gradual 
de determinadas sustancias perjudiciales para el medio ambiente con arreglo a los AMUMA, pero las 
empresas transnacionales no transferían las tecnologías sustitutivas en "condiciones justas y en los términos 
más favorables", como se estipulaba en el artículo  16 del Convenio sobre la Diversidad Biológica y en el 
artículo 10A del Protocolo de Montreal, o en condiciones razonables.  En el marco del mecanismo 
financiero del Protocolo de Montreal no se estaban aprobando ciertos proyectos porque exigían 
desembolsos  de un monto muy elevado.  Las condiciones de transferencia de las tecnologías en cuestión 
no se consideraban poco razonables o desfavorables porque no eran del "dominio público" sino del "dominio 
comercial".  Además, no se estaban aprobando proyectos de i nvestigación y desarrollo a menos que el país 
en desarrollo interesado se comprometiera a no solicitar transferencias de tecnología más tarde.  Ningún 
país podía garantizar que las actividades nacionales de investigación y desarrollo serían coronadas por e l 
éxito.  La oradora dijo que no estaba de acuerdo con el párrafo 35 del documento WT/CTE/W/22, según 
el cual no había indicios de existencia de obstáculos a la transferencia de tecnología en el marco del 
Protocolo de Montreal, que se basaba en un único es tudio que no era concluyente.  Preguntó cómo un 
país en desarrollo podía adquirir las tecnologías necesarias para eliminar gradualmente las sustancias que 
perjudicaban el medio ambiente.  
 
40. En vista de ello, la India había propuesto enmiendas al Acuerdo sobre los ADPIC con el propósito 
de alcanzar el objetivo general de facilitar la aplicación de los AMUMA en condiciones de mayor viabilidad.  
Existía un delicado equilibrio entre la protección de la propiedad intelectual, la protección del medio 
ambiente y  la promoción del desarrollo sostenible, sobre todo en el caso de las tecnologías directa o 
indirectamente relacionadas con un AMUMA.  En cuanto a las subvenciones financieras concedidas a 
titulares privados de derechos de propiedad intelectual, dijo que p odría ser necesario facilitar la concesión 
de licencias obligatorias, acortar el plazo de protección o dar cabida a la revocación o exclusión de la 
protección.  Para hacer frente a estas eventualidades, el Acuerdo sobre los ADPIC debía ser flexible.  
Cuand o las tecnologías no se podían copiar fácilmente, hacía falta la cooperación del titular del derecho de 
propiedad intelectual, pero se debía autorizar a los Miembros a flexibilizar la protección de los secretos de 
fábrica prevista en el artículo 39 de form a que las licencias obligatorias o la revocación o reducción del 
período de protección de la propiedad intelectual y la atenuación de los derechos de propiedad intelectual 
sobre los secretos del fabricante pudieran facilitar la transferencia voluntaria de tecnología en condiciones 
equitativas y favorables.  Las observaciones hechas en el documento WT/CTE/W/22 de que las patentes 
promovían la divulgación completa de información y reducían los costos de las transacciones debían 
evaluarse en el contexto de las  cuestiones generales planteadas en el documento no oficial de la India.  
Refiriéndose a los datos empíricos sobre la existencia de una relación directa entre la inversión extranjera 
directa y la protección dispensada por los DPI mencionados en el párrafo  22, la oradora dijo que otros 
estudios mostraban que no había pruebas de que tal relación existiera.  En los párrafos 21 y 22 del 
documento no oficial de la India se indicaba que los países podían incluir en sus disposiciones sui generis  WT/CTE/M/8  
Página 18 
 
la protección de l as obtenciones vegetales y las invenciones biotecnológicas cuando fuera necesario para 
proteger el medio ambiente, a condición de que las medidas pertinentes no redujeran la eficacia de la 
protección de la propiedad intelectual.  El párrafo 2 del artículo  27 demostraba que la protección de la 
propiedad intelectual se podía conciliar con las preocupaciones ambientales.  
 
41. En cuanto a los DPI de las comunidades tradicionales, mencionados en el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica y las Patentes, la orador a citó el caso de la semilla de margosa, que una empresa 
multinacional había empleado para patentar un procedimiento para fabricar un pesticida.  La cuestión de 
si un procedimiento o producto de esa clase era "nuevo" desde el punto de vista de los criterio s de 
patentabilidad se estaba debatiendo.  Era necesario abordar también la repartición de los beneficios con las 
comunidades tradicionales que conservaban tales conocimientos y preservaban los recursos genéticos.  Se 
refirió a los efectos ambientales de l os esquemas de trazado de los circuitos integrados mencionados en el 
párrafo 52 del documento WT/CTE/W/8.  Tratándose de las tecnologías perjudiciales para el medio 
ambiente las soluciones serían las mismas que las propuestas respecto de las patentes, con la salvedad de 
que en el caso de las patentes el Acuerdo contemplaba la exclusión explícitamente, mientras que respecto 
de los trazados no lo hacía.  No existía ninguna razón para dar un trato diferente a los trazados y debía 
preverse el empleo de medidas como la exclusión y la revocación de la protección existente, además de la 
prohibición de su explotación comercial.  De la misma manera, cuando el uso o la explotación comercial 
de esquemas de trazado o de los productos en los que tales esquemas estaban in corporados beneficiaba al 
medio ambiente, era posible que los Miembros revocaran la protección existente o recurrieran a la 
concesión de licencias obligatorias, con una diferencia respecto del caso anterior, a saber, que el Acuerdo 
sobre los ADPIC sólo con templaba dos  motivos para conceder licencias obligatorias de tecnología de 
semiconductores:  el uso público no comercial o la rectificación de una práctica declarada anticompetitiva.  
Esto prohibía a los Miembros conceder una licencia obligatoria alegando  que las  tecnologías 
ecológicamente racionales no estaban siendo transferidas voluntariamente, en condiciones justas y en los 
términos más favorables.  Las restricciones y condiciones innecesariamente engorrosas se debían eliminar 
de forma que el artículo  31 pudiera aplicarse en esta esfera de la propiedad intelectual.  Pasando a la 
protección de la información no divulgada, la oradora señaló que esto era fundamental para los países en 
desarrollo.  Los Miembros debían ser flexibles y rebajar el rigor de la s normas de propiedad intelectual 
aplicables a los secretos del fabricante para incrementar el acceso a las tecnologías ecológicamente 
racionales.  El Acuerdo sobre los ADPIC preveía la aplicación de disciplinas rigurosas en casos de 
incumplimiento de cont rato, abuso de confianza, incitación a la infracción y adquisición de información no 
divulgada por terceros.  Como dicha protección no admitía excepciones, el Comité de Comercio y Medio 
Ambiente debía examinar una excepción ambiental de alcance limitado.  En lo que se refería a los datos 
de pruebas u otros datos presentados para obtener la aprobación para comercializar  productos 
farmacéuticos o productos químicos agrícolas que utilizaban productos químicos nuevos, la oradora dijo 
que los Miembros tenían el  deber de proteger al público.  Sólo hacía falta que el Comité de Comercio y 
Medio Ambiente interpretase la expresión "proteger al público" para que abarcara el medio ambiente.   
 
42. La oradora dijo que el documento WT/CTE/W/22 analizaba la transferencia de tecnología en 
condiciones comerciales y no abordaba la situación excepcional planteada por la India de los países en 
desarrollo que se enfrentaban a problemas de transferencia de las tecnologías requeridas para cumplir sus 
obligaciones con arreglo a los  AMUMA.  Tratándose de las tecnologías que podían copiarse, la propiedad 
intelectual representaba un obstáculo jurídico para copiar y transferir tecnologías, lo que no estaba permitido 
por el Acuerdo sobre los ADPIC.  En el caso de las tecnologías que no s e podían copiar fácilmente, hacía 
falta la cooperación del proveedor.  Era importante examinar las disciplinas vigentes en el marco de la 
OMC respecto de los secretos del fabricante para tratar de hallar una solución al problema de la 
transferencia de las tecnologías ecológicamente racionales que eran beneficiosas para todo el mundo, 
conforme a lo decidido por un AMUMA.  En cuanto al párrafo 7, la oradora dijo que las tecnologías 
protegidas por los DPI entorpecían la práctica de copiarlas, que sólo resultar ía viable tratándose de las 
tecnologías susceptibles de copiarse, excepto cuando se concedieran licencias obligatorias, como se indicaba 
en el párrafo 28.  Las licencias obligatorias permitían utilizar  tecnologías ecológicamente racionales incluso 
sin la cooperación del titular de los derechos.  El apartado k) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC 
era un buen punto de partida para examinar la cuestión.  Cuando las tecnologías no se podían copiar 
fácilmente, el gobierno de un país receptor (de inversi ones extranjeras directas) debía convencer a las          WT/CTE/M/8  
         Página 19 
 
empresas multinacionales poseedoras de las mismas de que transferirlas en condiciones razonables 
redundaría en su propio beneficio o en beneficio del mundo.  A cambio, ese país o la empresa 
multinacional se beneficiarían cuando se conociera que habían dado ese paso en pro del medio ambiente 
mundial.  El documento no oficial de la India se refería únicamente a las tecnologías que no eran de 
dominio público, que los DPI, incluidos los DPI sobre los secretos del  fabricante, protegían por tiempo 
indefinido.  
 
43. El párrafo 18 se refería a la prestación de asistencia financiera pública para financiar la transferencia 
voluntaria de tecnología en condiciones de favor cuando el titular era una entidad privada, lo que el Acuerdo 
sobre los ADPIC no impedía.  La oradora dijo que si bien esto no era viable, la India estaba dispuesta a 
dejarse convencer de que se prestaría esa asistencia.  En el párrafo 20 se indicaba que la probabilidad de 
que la tecnología allí mencionada  se proporcionara o de que se proporcionara en condiciones razonables 
era mayor si se protegía eficazmente la propiedad intelectual.  Si bien solía ser así, la oradora se había 
referido a la transferencia de la tecnología que hacía falta transferir urgente mente para darle amplia difusión 
conforme a lo dispuesto por un AMUMA.  Citó el ejemplo de un país que tenía el deber de eliminar 
gradualmente una sustancia regida por un AMUMA, al cual no se le estaba transfiriendo la tecnología que 
miles de PYMES necesit aban obtener a un costo razonable.  En ese caso, el costo era la principal 
preocupación.  El documento WT/CTE/W/22 destacaba la importancia que revestía un régimen eficaz de 
protección de la propiedad intelectual, sobre todo de las patentes, que alentaban a los inventores a revelar 
las nuevas tecnologías.  Empero, durante la tramitación de las solicitudes de patentes no se divulgaba más 
que una parte de los conocimientos técnicos pertinentes.  Basándose en otros estudios, la oradora calificó 
de generalizaci ón la afirmación de que no se harían inversiones extranjeras directas si no se protegía la 
propiedad intelectual.  Mencionó un estudio que mostraba que no había ninguna relación entre la 
protección de la propiedad intelectual y las inversiones extranjeras directas.  Los estudios basados en 
encuestas y cuestionarios no eran concluyentes.  La oradora se refirió al párrafo 28 del documento 
WT/CTE/W/22, donde se indicaba que tratándose de las tecnologías susceptibles de copiarse, los costos 
de adquisición sería n más bajos si no estaban protegidas por patentes.  Esto demostraba que los DPI no 
constituían un obstáculo en el caso de las tecnologías susceptibles de copiarse y que la concesión de licencias 
obligatorias podía ser la solución en las esferas en que se r equerían tecnologías ecológicamente racionales 
en virtud de un AMUMA.  No cabía duda de que el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC no 
especificaba ningún motivo para conceder licencias obligatorias y que, por ende, los Miembros eran libres 
de prescribi r cualesquiera motivos, incluido el logro de un objetivo nacional o internacional.  Cabía, pues, 
suponer que la transferencia de tecnologías ecológicamente racionales estaba permitida por el artículo 31 
bajo ciertas condiciones.  La oradora se refirió a la s prácticas anticompetitivas previstas en el apartado k) de 
ese artículo, que flexibilizaba en algún grado las condiciones aplicables.  La idea expuesta en el párrafo  29 
podría hacerse extensiva a las tecnologías ecológicamente racionales de forma que el a partado  k) del artículo 
31 abarcara las tecnologías requeridas en el marco de un AMUMA.  Si bien no existían muchos datos 
empíricos sobre los efectos de los DPI en la transferencia de tecnologías ecológicamente racionales, la 
cuestión debía estudiarse.  En  cuanto a la sugerencia de que una solución podría consistir en aplicar el 
artículo 67 del Acuerdo sobre los ADPIC, que trataba de la cooperación técnica, la oradora dijo que ese 
artículo no abarcaba la transferencia de tecnología.  La India no tenía la me nor intención de socavar el 
Acuerdo sobre los ADPIC, pero hacían falta soluciones en materia de transferencia de tecnologías 
ecológicamente racionales.  La India estaba dispuesta a dejarse convencer de que no existía problema 
alguno en ese sentido o de que  existían soluciones más viables.  
 
44. El representante de Chile  dijo que el Acuerdo sobre los ADPIC no se refería a las tecnologías 
ecológicamente racionales, ni promovía la creación de incentivos para transferirlas.  Desde el punto de vista 
ambiental, el  Acuerdo contenía un principio cautelar en el párrafo 1 del artículo 8, que autorizaba a los 
Miembros a restringir las actividades de investigación y desarrollo o la aprobación de tecnologías por razones 
relacionadas con la protección del medio ambiente.  Esto no afectaba a los derechos del titular de la 
propiedad intelectual, pero reducía las posibilidades de aplicar la tecnología en una jurisdicción 
determinada.  Las medidas de protección del medio ambiente debían ser compatibles con la normativa de 
la OM C.  No se podía descartar la posibilidad de que se establecieran normas ambientales que regularan 
las transferencias de tecnología.  Por ejemplo, era posible que un grupo de países estableciera criterios en 
materia de investigación y desarrollo que regular an la transferencia de tecnologías ecológicamente racionales WT/CTE/M/8  
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o que un país lo hiciera unilateralmente.  La elaboración de tales normas, que no descansarían en un 
consenso internacional, provocaría distorsiones del comercio y entorpecería la transferencia d e tecnología a 
los países en desarrollo.  El análisis preliminar de Chile indicaba que podían darse por lo menos dos 
situaciones negativas para los países en desarrollo.  Los productos de los países en desarrollo que no 
cumplieran esas normas podrían ser o bjeto de discriminación respecto de los productos similares de los 
países industrializados en los que se hubieran incorporado tecnologías ecológicamente racionales.  
Además, existía el peligro de restringir la capacidad de los países en desarrollo de adqui rir la tecnología más 
adecuada para  sus condiciones ambientales.   
 
45. El representante de Suiza  dijo que formularía observaciones sobre el documento de la India en la 
próxima reunión.  Una de las medidas positivas previstas en los AMUMA a la que se había hecho referencia 
era la transferencia de tecnología.  Para que la tecnología se transfiriese, te nía que existir.  Un régimen 
eficaz de DPI promovería el perfeccionamiento de nuevas tecnologías.  Como se indicaba en el artículo 7, 
uno de los objetivos del Acuerdo sobre los ADPIC era contribuir a la promoción de la innovación 
tecnológica.  Dijo que est aba de acuerdo con las observaciones hechas en los párrafos  19 a 22 del 
documento WT/CTE/W/22.  Si bien existían pocos datos basados en la práctica, en la medida en que se 
podían sacar conclusiones de la práctica, ésta indicaba que la existencia de un régi men de  DPI incrementaba 
la seguridad de las empresas que participaban en la transferencia de tecnología.  El orador dijo que la 
existencia de un sistema de propiedad intelectual era solamente uno de los factores que apoyaban la 
transferencia de tecnología.   Otros factores, como la estabilidad política y económica del país de destino y 
la infraestructura, el acceso a recursos financieros, así como la capacitación profesional, tenían una influencia 
mayor.  Los Acuerdos de la OMC contenían normas sobre inversi ones, acceso a los mercados y el 
comercio de servicios que apoyaban la transferencia de tecnología.  El fortalecimiento de la fuerza legal del 
Acuerdo sobre los ADPIC para las empresas que realizaban actividades en el extranjero contribuiría a la 
transfere ncia de tecnología en general y de tecnologías ecológicamente racionales en particular.  Además, 
había que examinar la cooperación técnica.   El párrafo 18 distinguía entre las tecnologías del sector privado 
y las del sector público.  Era posible prever el  suministro de financiación pública para la transferencia 
voluntaria de tecnología aun en el caso de la tecnología privada.  Cuando la tecnología en cuestión era 
particularmente importante para la empresa, la existencia de un marco jurídico adecuado pesaba  en el 
proceso decisorio de una empresa.  El orador celebró la relación establecida entre las Secretarías de la 
OMC y del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que contribuiría a la labor de ambas.  Debía existir un 
proceso de enseñanza mutua y el levant amiento del carácter restrictivo del documento WT/CTE/W/8 era 
un paso en ese sentido.  Con todo, ese documento no respondía a todas las preguntas que el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica había formulado a la  OMC.  Era importante comprender cabalmente los 
objetivos de ambos acuerdos y establecer una sinergia entre ellas.  En ese sentido, el Comité de Comercio 
y Medio Ambiente debía proseguir su examen de las repercusiones del Acuerdo sobre los ADPIC en la 
diversidad biológica.  
 
46. La representante de Egipto  dijo que el documento no oficial de la India constituía una buena base 
para orientar el examen ulterior de este punto.  El Acuerdo sobre los ADPIC creaba incentivos para el 
perfeccionamiento de tecnologías nuevas, incluidas las t ecnologías ecológicamente racionales, 
particularmente en el caso de las patentes, pero la transferencia de tecnología era onerosa y engorrosa.  Esto 
no estaba en armonía con el Programa 21, según el cual el acceso a las tecnologías ecológicamente racionale s 
y su transferencia en condiciones de favor eran esenciales para el desarrollo sostenible.  Los DPI eran 
solamente uno de los factores que afectaban a la transferencia de tecnología y no solía ser el más importante.  
Con todo, los DPI no debían entorpecer  la  transferencia de tecnología, que debía ponerse al alcance del 
poder adquisitivo de los países en desarrollo, en particular las PYMES, a fin de ayudarles a adaptarse a las 
nuevas normas ambientales.  El documento no oficial de la India ponía en evidenc ia que, los artículos 7, 
27, 31 y 33 del Acuerdo sobre los ADPIC debían examinarse para determinar su efectos en la transferencia 
de tecnologías ecológicamente racionales.  Esto podía llevar a examinar los artículos pertinentes de los 
AMUMA que imponían ob ligaciones relacionadas con los DPI, en particular los artículos 1, 15 y 16 del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica.  En general, se consideraba que el Acuerdo sobre los ADPIC era 
suficientemente flexible en lo que hacía al medio ambiente;  no entorpecí a ninguna medida encaminada a 
encarar los efectos perjudiciales para el medio ambiente.  La oradora se preguntó si el Acuerdo sobre los 
ADPIC no ponía las tecnologías ecológicamente racionales fuera del alcance de los países en desarrollo, lo          WT/CTE/M/8  
         Página 21 
 
que tendría r epercusiones negativas en el medio ambiente y en sus esfuerzos por cumplir con las 
prescripciones de los AMUMA.  Tales preocupaciones se acentuarían en los casos en que, como resultado 
de un régimen de DPI, hubiera que efectuar pagos por utilizar una tecno logía que de otro modo estaría 
disponible gratuitamente o a bajo costo, como se indicaba en el párrafo 19 del documento WT/CTE/W/22.  
La oradora destacó la relación entre la transferencia de biotecnologías esenciales para el Convenio sobre la 
Diversidad Bi ológica y el artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC.  El grado de aplicabilidad del artículo 
31, relativo a la concesión de licencias obligatorias, era importante para la distinción hecha en el documento 
WT/CTE/W/22 entre la tecnología que se podía copiar  fácilmente y la que no.  Era posible que el 
artículo  31 cayera en desuso respecto de las tecnologías que no se podían copiar fácilmente.  Merecería la 
pena examinar las excepciones al párrafo 2 del artículo 27 y determinar si debían interpretarse en senti do 
estricto, haciendo recaer principalmente en los países en desarrollo el peso de probar la existencia de una 
relación entre la exclusión de ciertas invenciones de la patentabilidad y la protección de la salud o la vida de 
las personas o de los animales o  la preservación de los vegetales o la prevención de daños graves al medio 
ambiente, o si las excepciones debían interpretarse en sentido amplio, en forma compatible con el principio 
cautelar, que era uno de los principios rectores del Convenio sobre la Di versidad Biológica.  La oradora 
señaló varias interrogantes con vistas a un programa de trabajo futuro: si el Acuerdo sobre los ADPIC era 
compatible con el desarrollo sostenible, es decir, si facilitaba la conservación del medio ambiente;  si el 
Acuerdo so bre los ADPIC establecía un equilibrio entre el productor de la tecnología y el bienestar de la 
sociedad, expresado en la preservación de los recursos genéticos y el acceso a la tecnología y su transferencia;  
y si el Acuerdo sobre los ADPIC establecía un marco jurídico para la conservación y el fomento de la 
diversidad biológica.   
 
47. El representante de Corea  expresó la opinión de que el documento no oficial de la India era útil 
porque trataba únicamente de las tecnologías relacionadas con los AMUMA.  R efiriéndose al documento 
WT/CTE/W/22, dijo que el párrafo 6 afirmaba que los factores que afectaban a la transferencia de 
tecnología eran básicamente los mismos independientemente del ámbito tecnológico de que se tratara y 
sugería que no existían incentivo s especiales para facilitar el acceso a las tecnologías ecológicamente 
racionales y su transferencia.  Como el documento se centraba en los factores que afectaban a la 
transferencia de tecnologías ecológicamente racionales, debía haber examinado la promoci ón de la 
transferencia de esas tecnologías.  En cuanto a la distinción entre tecnologías que podían copiarse 
fácilmente y las que no, dijo que si bien el grado de "copiabilidad" variaba entre un país a otro en función de 
sus distintas capacidades, este no era un instrumento analítico útil.  El orador dijo que compartía las 
observaciones hechas en el párrafo 29, que trataba de las cuestiones relacionadas con la concesión de 
licencias obligatorias de distintas clases de tecnologías.  En el caso de las práctic as anticompetitivas o cuando 
los titulares de los DPI no facilitaban el acceso a las tecnologías en un plazo razonable, era evidente que el 
acceso a tales tecnologías debía basarse en la concesión de licencias obligatorias.  Con todo, preguntó si los 
artículos 31 y 40 del Acuerdo sobre los ADPIC bastaban para garantizar el acceso a las tecnologías 
ecológicamente racionales requeridas para cumplir las obligaciones dimanantes de los AMUMA y su 
transferencia.  Como había señalado la India, algunos aspectos del  artículo 31 del Acuerdo sobre los 
ADPIC se consideraban posibles impedimentos a la transferencia de tecnologías ecológicamente racionales.  
Debía estudiarse el concepto de "concesión de licencias con anterioridad y compensación con posterioridad" 
a fin de  promover la transferencia eficiente de las tecnologías ecológicamente racionales sustitutivas de las 
tecnologías restringidas en virtud de los AMUMA que no se podían conseguir ni tan siquiera en condiciones 
comerciales razonables.  En cuanto a las tecnolo gías que no se podían copiar fácilmente, se debían trazar 
medidas para complementar el régimen existente de licencias obligatorias a fin de garantizar el acceso a las 
tecnologías ecológicamente racionales.  El orador destacó la importancia de establecer un  equilibrio entre 
los derechos y las obligaciones de los titulares y los usuarios de DPI, y entre la necesidad de promover las 
invenciones y de prevenir el uso indebido de los DPI a fin de promover el acceso a las tecnologías 
ecológicamente racionales y su  transferencia.  
 
48. El representante del Brasil  recordó la petición (reproducida en el documento WT/CTE/W/18) 
dirigida a su secretaría por la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica para 
que estableciera contacto con la Secr etaría de la OMC y la invitara a prestar ayuda en la preparación de un 
documento en el que se identificaran las sinergias y la relación entre los objetivos del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica y el Acuerdo sobre los ADPIC.  La decisión del Comité de Comercio y Medio WT/CTE/M/8  
Página 22 
 
Ambiente de levantar el carácter restringido del documento WT/CTE/W/8 y del Informe de la reunión del 
Comité de Comercio y Medio Ambiente en la que ese documento se había examinado podía servir de base 
para un diálogo entre las Secretarías  de la OMC y del Convenio sobre la Diversidad Biológica.  El examen 
de este punto redundaría en aportaciones sustantivas a la secretaría del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica para asistir en la preparación de dicho documento.  El Brasil confiaba en qu e el diálogo con el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica pudiera servir de modelo para la cooperación entre la OMC y las 
AMUMA.  En ese sentido, apoyaba la propuesta hecha por la Argentina en junio de 1995 de determinar 
posibles esferas de cooperación en tre el Acuerdo sobre los ADPIC y los AMUMA que impusieran 
obligaciones relacionadas con los DPI.  El cumplimiento de las obligaciones dimanantes de los AMUMA 
relacionadas con los DPI debían notificarse al Acuerdo sobre los ADPIC en consonancia con los párr afos 
1 y 2 del artículo 63 y tales notificaciones representarían una aportación sustantiva al debate sobre las 
sinergias entre el Acuerdo sobre los ADPIC y los AMUMA pertinentes.  
 
49.  El orador se refirió a la protección de los conocimientos tradicionales  e hizo notar la posibilidad 
de que el apartado j) del artículo 8 y el artículo 15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica y las 
negociaciones sobre los "derechos de los agricultores" en el marco del Sistema Mundial sobre Recursos 
Fitogenéticos, de la F AO, evolucionaran de una forma que llevase a intentar dar cabida a las obligaciones 
relacionadas con los ADPIC en el marco del mecanismo de examen previsto en el párrafo 3 del artículo  27 
del Acuerdo sobre los ADPIC.  Citó parte de un documento de la secre taría del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (E/CN.17/IPF/1996/9) presentado al segundo período de sesiones del Grupo 
Intergubernamental ad hoc  sobre los bosques, titulado Conocimientos tradicionales relacionados con los 
bosques  que decía:  "una forma de forjar vínculos efectivos con las  comunidades locales sería desarrollar 
sistemas sui generis  de protección de las comunidades indígenas y locales y velar por la participación de 
éstas en los beneficios derivados de la utilización y aplicación más ampli as de sus conocimientos sobre el 
uso y la ordenación de los bosques, así como de los recursos biogenéticos conservados en sus tierras y 
territorios.  Para establecer mecanismos eficaces de protección y participación en los beneficios sería 
imprescindible s ustituir los sistemas jurídicos y políticos definidos en función de criterios económicos o 
ecológicos por otros sistemas basados en los derechos.  Con todo, una solución de este tipo permitiría 
armonizar a nivel nacional los compromisos contraídos por los países en el marco de subvenciones, pactos 
y acuerdos de derechos humanos con los compromisos internacionales sobre medio ambiente, desarrollo 
y comercio.  También permitiría que, sobre la base de las disposiciones del Convenio sobre la Diversidad 
Biológic a, se crearan otros medios de fomentar la utilización y aplicación equitativas de los conocimientos 
tradicionales, las innovaciones y las prácticas de los habitantes de las zonas forestales." El examen de la 
cuestión proseguiría en el próximo período de se siones del Grupo Intergubernamental sobre los bosques, 
para el cual debía prepararse un Informe para debates sustantivos que incluyera propuestas de acción bien 
definidas, con inclusión de un estudio sobre la necesidad y viabilidad de contar con mecanismos  en la esfera 
de los conocimientos relacionados con los bosques y las prácticas de ordenación forestal, así como de su 
relación con la diversidad biológica, que se pudieran reconocer, proteger y compensar.  Las cuestiones 
pertinentes estaban siendo examina das en el contexto del Convenio sobre la Diversidad Biológica y de la 
CDS con vistas al período extraordinario de sesiones que la Asamblea General celebraría en 1997 para 
examinar la aplicación del Programa 21.  El orador recordó los capítulos 26 y 34 del Programa 21, que 
trataban de las cuestiones relacionadas con los conocimientos tradicionales y la transferencia de tecnología, 
y dijo que el Comité de Comercio y Medio Ambiente debía considerar la posibilidad de contribuir a los 
debates de la CDS y de las conferencias de las partes en los AMUMA pertinentes.  El Brasil era partidario 
de recomendar a los ministros que esta cuestión se examinara exhaustivamente en las actividades futuras de 
la OMC, particularmente si se convocaban reuniones conjuntas del Comit é de Comercio y Medio Ambiente 
y del Consejo de los ADPIC después de la reunión de Singapur.  En cuanto a las conclusiones del 
documento WT/CTE/W/22 relativas a las consecuencias de la protección de los DPI en el acceso a las 
tecnologías ecológicamente rac ionales que no eran del dominio público y su transferencia, dijo que se 
basaban en datos empíricos preliminares y que eran especulativas.  Era necesario proseguir los estudios 
relativos a la disponibilidad de recursos financieros, la función de los gobiern os en la facilitación del acceso 
a la tecnología y la falta de capacidad para incorporar tecnologías modernas como factor que dificultaba su 
utilización.  Recordó que artículo 67 del Acuerdo sobre los ADPIC consagraba compromisos en materia 
de cooperación técnica que exigían que los países desarrollados prestaran, previa petición, y en condiciones 
mutuamente acordadas, cooperación técnica y financiera a los países en desarrollo.  La creación de          WT/CTE/M/8  
         Página 23 
 
capacidad era fundamental para que el receptor pudiera identifi car la tecnología más apropiada para sus 
necesidades y tener acceso a ella.  El Consejo de los ADPIC debía vigilar el cumplimiento de esta 
obligación, en particular por lo que se refería a las tecnologías ecológicamente racionales.  El Brasil 
celebraba la contribución de la India a la solución de los problemas existentes de aplicación del Acuerdo 
sobre los ADPIC en relación con el acceso a las tecnologías ecológicamente racionales y su transferencia.  
 
50. La representante de Noruega  dijo que las cuestiones relacionadas con el Acuerdo sobre los  ADPIC 
ponían de relieve la interrelación de las cuestiones comerciales y otras esferas importantes, como la 
conservación y utilización sostenibles de los recursos genéticos.  Hizo notar que la aplicación del Acuerdo 
sobre los ADPIC podía tener repercusiones en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y viceversa.  Los 
vínculos entre el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Acuerdo sobre los ADPIC guardaban relación 
con la protección, la transferencia y el acceso a las tecnologías sujetas a DPI.  El párrafo 5 del artículo 16 
del Convenio sobre la Diversidad Biológica estipulaba que las Partes debían cooperar entre sí, con sujeción 
al derecho nacional e internacional, a fin de velar por que los DPI apoyaran y no fue sen en contra de los 
objetivos del Convenio;  el apartado j) del artículo 8 estipulaba que las Partes debían preservar los 
conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales y alentar la repartición 
equitativa de los ben eficios generados por ellos.  La manera de concebir y aplicar los sistemas de DPI influía 
en esta última tarea.  La oradora recordó que la Resolución 3 del Acta Final de Nairobi, que había marcado 
el término de la negociación del Convenio sobre la Diversid ad Biológica, reconocía la necesidad de hallar 
soluciones a los problemas pendientes, incluida la cuestión de los derechos de los agricultores, vinculada a 
la renegociación del Compromiso Internacional sobre Recursos Fitogenéticos, proceso en el que se 
abordaban cuestiones relacionadas con los DPI.  El reto que el Comité de Comercio y Medio Ambiente 
tenía ante sí consistía en dar orientaciones a fin de evitar la socavación de los objetivos del Acuerdo sobre 
los ADPIC y del Convenio sobre la Diversidad Bioló gica.  Los regímenes de DIP debían concebirse de 
forma que apoyaran los objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica.  Esto se relacionaba en 
particular con la aplicación del principio sui generis .  Los beneficios derivados de los conocimientos, la s 
innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales no debían ser ignorados.  Un aspecto 
importante era cómo elaborar sistemas sui generis  adecuados y eficaces que no socavaran el Convenio 
UPOV en lo referente a los derechos de los agricu ltores a guardar semillas de una campaña de cultivo para 
otra.  La oradora expresó la opinión de que el Comité de Comercio y Medio Ambiente y la Secretaría de 
la OMC debían acoger favorablemente la petición de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica 
de que la Secretaría de la OMC cooperara en la preparación de un documento sobre la relación entre los 
objetivos del Convenio y del Acuerdo sobre los ADPIC.  Los Miembros debían alentar la convocación de 
reuniones de expertos sobre el Convenio pa ra apoyar la coordinación en las capitales, lo que promovería 
unas interpretaciones del Acuerdo sobre los ADPIC y del Convenio sobre la Diversidad Biológica que se 
sustentaran mutuamente y resultaran aceptables para los miembros de ambos instrumentos.   
 
51. El representante del Japón  dijo que la protección del medio ambiente y la protección de los  DPI 
eran esencialmente compatibles; estos últimos redundaban en innovaciones tecnológicas que contribuían a 
aquéllas.  Ambas cuestiones pertenecían a campos nuev os y el Japón estaba dispuesto a estudiar a fondo 
las opiniones de los países en desarrollo.  La experiencia acumulada en la aplicación del Acuerdo sobre los 
ADPIC y del Convenio sobre la Diversidad Biológica permitiría llevar a cabo análisis basados en da tos 
empíricos.  En la etapa actual la relación entre ambos acuerdos debía abordarse con cautela.  
 
52. La representante de los Estados Unidos  dijo que el desarrollo de la tecnología, que era una de las 
principales metas del Acuerdo sobre los ADPIC, tenía qu e preceder a su transferencia.  En el párrafo  5 
del documento WT/CTE/W/22 se observaba acertadamente que la propiedad intelectual constituía 
solamente uno de los factores que determinaban si la tecnología se transfería o no.  En los párrafos  5 y 21 
se hací a notar con razón que la protección eficaz de la propiedad intelectual facilitaba la transferencia de 
tecnología pues hacía que los titulares de la propiedad intelectual estuvieran más dispuestos a colocar 
productos en el mercado sobre la base de la propie dad intelectual, a compartir la información tecnológica 
y los conocimientos técnicos y a hacer inversiones extranjeras directas relacionadas con la transferencia de 
tecnología.  En los párrafos 21 y 29 se señalaban varios factores que podían afectar a la t ransferencia de 
tecnología, incluida la identidad de los participantes y la cuestión de si la tecnología podía ser fácilmente 
objeto de apropiación indebida.  La oradora se refirió a varias cuestiones que no se abordaban cabal o WT/CTE/M/8  
Página 24 
 
correctamente en el documen to.  Un régimen amplio de propiedad intelectual basado en los ADPIC era 
esencial para el desarrollo tecnológico, que promovía la transferencia de tecnología.  Si bien el documento 
WT/CTE/W/22 se centraba principalmente en la utilidad de proteger las patent es y los secretos del 
fabricante, el análisis era válido también para otras formas de propiedad intelectual, como la protección de 
los derechos de autor sobre los programas de ordenadores y los esquemas de trazado de los circuitos 
integrados.  En cuanto al  párrafo 28, los Estados Unidos no compartían la opinión de que el Acuerdo sobre 
los ADPIC probablemente no sería importante en los casos en que la tecnología no se transfiriera sino que 
se incorporara en un producto ofrecido a la venta.  Muchas entidades se mostrarían reacias a vender 
productos susceptibles de ser objeto de retroingeniería en un mercado que no protegía eficazmente la 
propiedad intelectual.  A la hora de clasificar las modalidades de transferencia de tecnología, el documento 
WT/CTE/W/22 no señalaba la posibilidad de que un tercero explotara la tecnología sin la participación 
voluntaria de su titular, aunque tales esfuerzos eran ineficaces y redundaban en productos de baja calidad o 
incluso dañinos.  En el documento WT/CTE/W/22 se indicaba in correctamente que unas normas más 
rigurosas en materia de DPI provocarían implícitamente un aumento de los precios de algunas tecnologías.  
En el caso de las tecnologías sujetas a DPI esto no era así.  La oradora recordó que de no existir los 
incentivos pr oporcionados por los sistemas de propiedad intelectual eficaces, la tecnología tal vez no se 
hubiera inventado y que los productos o procedimientos, perfeccionados gracias a esos incentivos podían 
ser más eficaces en función de los costos que los anteriore s; por ejemplo, era posible que el costo de los 
productos farmacéuticos fuera menor que el de terapias más antiguas como la cirugía.  
 
53. El representante del Canadá  dijo que era necesario examinar la relación entre la propiedad 
intelectual y las normas de  la OMC.  Los DPI se relacionaban con el derecho a la información.  Un  DPI 
comportaba dos aspectos:  el derecho a evitar el uso no autorizado de la información y el derecho a 
autorizar su utilización mediante concesión de una licencia o cesión.  Cada ley d e propiedad intelectual 
constituía un régimen especial de derechos relacionados con una categoría de información determinada de 
forma imperativa, como por ejemplo, los criterios legales que determinaban si una obra reunía los requisitos 
para quedar protegi da por el derecho de autor.  Los DPI garantizaban la divulgación de nuevos 
conocimientos, reportaban beneficios a las actividades de investigación y desarrollo y creaban un incentivo 
para difundir la tecnología.  Los DPI eran sinónimo de derechos de autor y derechos conexos, derechos 
sobre marcas de fábrica o de comercio, derechos sobre esquemas de trazado de los circuitos integrados de 
semiconductores, derechos sobre los secretos del fabricante, derechos de los seleccionadores de plantas, 
derechos sobre in dicaciones geográficas y derechos sobre dibujos y modelos industriales.  La mayoría de 
estos derechos reconocían alguna forma de innovación y facultaban al innovador  a impedir que personas 
no autorizadas explotaran la información, en general durante un pe ríodo determinado.  Los DPI 
descansaban en leyes nacionales y acuerdos bilaterales y multilaterales y en casi todos los países existía alguna 
forma de protección de los DPI.  
 
54. El Comité de Comercio y Medio Ambiente debía determinar si los DPI u otros in strumentos 
representaban un medio eficaz de alentar la conservación de la diversidad biológica y la utilización justa y 
equitativa de los recursos genéticos.  En lugar de representar un obstáculo para la protección del medio 
ambiente, el Acuerdo sobre los ADPIC proporcionaba un incentivo para perfeccionar tecnologías 
ecológicamente racionales.  Los sistemas eficaces de DPI promovían la innovación garantizando una 
protección adecuada al innovador y generalmente apoyaban el acceso a la tecnología y su transfe rencia.  
Una vez que existiera una demanda apreciable de tecnologías ecológicamente racionales, la competencia 
por mejorar los conocimientos técnicos y los productos impulsaría la innovación.  Otros factores, con 
inclusión de un entorno de inversión adecua do, la disponibilidad de recursos naturales y mano de obra 
cualificada, la disponibilidad de recursos financieros y las capacidades tecnológicas internas del país cliente 
se consideraban cruciales para la adquisición de tecnologías más a menudo que los DPI .  La existencia de 
un régimen de DPI en cualquier país hacía que el proveedor de la tecnología estuviera más dispuesto a 
transferirla.  El Canadá apoyaba los esfuerzos de la OMC y la OMPI por ayudar a los países en desarrollo 
a crear regímenes eficaces de  DPI.  Debía alentarse la repartición de la información sobre las prácticas en 
materia de DPI, la transferencia de tecnología y la creación de capacidad.  Una cuestión importante era la 
de saber cómo las tecnologías susceptibles de provocar efectos ambient ales adversos debían ser tratadas en 
el marco de los regímenes de DPI.  El párrafo  2 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC permitía 
excluir de la patentabilidad las invenciones capaces de causar daños al medio ambiente.  El Canadá dudaba          WT/CTE/M/8  
         Página 25 
 
de que hicie ra falta añadir disposiciones al Acuerdo sobre los ADPIC para hacer frente a las invenciones 
perjudiciales para el medio ambiente.  Si bien la concesión de una patente de invención reconocía el 
derecho del titular a evitar su fabricación y comercialización  por terceros, no le garantizaba la obtención de 
un permiso para comercializarla; los servicios sanitarios nacionales y los acuerdos de seguridad y ambientales 
brindaban protección suficiente contra las invenciones perjudiciales para el medio ambiente.  El  Canadá 
opinaba que el Convenio sobre la Diversidad Biológica no era incompatible con el Acuerdo sobre 
los ADPIC.  El orador se refirió a la petición dirigida a la Secretaría de la OMC por el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica para que coadyuvara en la  preparación de un documento sobre la relación entre los 
objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Acuerdo sobre los ADPIC y dijo que esa tarea se 
debía acometer a fin de determinar mejor la función de los DPI, si alguna tenían, respecto de l medio 
ambiente.  El Convenio sobre la Diversidad Biológica también estaba estudiando las repercusiones de los 
sistemas de DPI en la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica.  Tales estudios ayudarían 
a determinar el grado en que los si stemas de DPI entorpecían, de ser el caso, la transferencia de tecnologías 
ecológicamente racionales y la conservación de la diversidad biológica.  La formulación de cualesquiera 
conclusiones a que se llegara en ese sentido debía estar a cargo del Convenio  sobre la Diversidad Biológica, 
la OMC y la OMPI.  
 
55. Los conocimientos ecológicos tradicionales eran importantes para la conservación de los 
ecosistemas forestales.  En el Canadá se hallaban en marcha varias iniciativas relacionadas con los 
conocimientos  y las prácticas forestales tradicionales, las medidas adoptadas para protegerlos y los medios 
de repartir sus beneficios.  Las esferas de acción prioritarias eran:  la determinación de principios, 
directrices y mecanismos para crear sistemas, como el de l os derechos sobre los recursos tradicionales;  la 
prestación de asesoramiento sobre la adquisición, evaluación y análisis de las tecnologías tradicionales 
(almacenamiento, recuperación y difusión de información;  identificación de las partes interesadas, l os 
usuarios y los beneficiarios);  el perfeccionamiento de nuevos métodos de gestión de los recursos y 
repartición de los beneficios (como la cogestión a cargo del Gobierno y del sector privado;  bosques 
comunitarios;  protección, rehabilitación y restaura ción de cuencas hidrográficas;  bosques modelo, 
inclusive cooperación internacional mediante el establecimiento de redes de aborígenes;  medidas de 
conservación y protección).  Las fuentes de financiación de las comunidades indígenas y locales para  
financ iar esfuerzos de conservación de los bosques y la diversidad biológica, estudios y una aplicación más 
amplia de los conocimientos tradicionales, inclusive enseñanza y capacitación, y para determinar cuáles 
conocimientos tradicionales se reflejaban en las p olíticas, las reglamentaciones y las leyes en vigor, eran 
también importantes.  La aplicación y protección de los conocimientos tradicionales se relacionaba con una 
serie de cuestiones, como por ejemplo, la tenencia de la tierra.  La aplicación de los DPI al material genético 
vegetal se había planteado también en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y en la FAO.  El Canadá 
opinaba que el acceso libre y gratuito a los recursos genéticos vegetales para la agricultura y la alimentación 
redundaba en benefi cio de todos los países y debía mantenerse y que el intercambio libre de tales materiales 
genéticos redundaban en mejores investigaciones y conocimientos, aumentaban el número de variedades 
productivas, al tiempo que incrementaba la producción de alimentos  y mejoraba su calidad.  La libre 
circulación de los recursos genéticos vegetales para investigaciones y selecciones facilitaba la conservación 
de los recursos genéticos, y los bancos de genes para cultivos.  Las condiciones de acceso a muestras de 
tales r ecursos genéticos debían ser negociadas por los gobiernos en la Comisión de Recursos Genéticos para 
la Agricultura y la Alimentación de la FAO en el contexto de la revisión del Compromiso Internacional 
sobre Recursos Fitogenéticos.  No obstante, el interca mbio comercial de productos vegetales se podía 
apoyar mejor sobre la base de los DPI, como habían acordado la OMC, la OMPI y la UPOV.  El Canadá 
opinaba que el Acuerdo sobre los ADPIC promovía la protección del medio ambiente.  Era importante 
contar con me dios eficaces de repartición de los beneficios, pero no se debía dar por sentado que la creación 
de nuevos DPI representaba forzosamente la mejor solución.  La labor conjunta de las Secretarías del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica y de la OMC ayudarí a a definir mejor dichas cuestiones.  
 
56. El representante de las Comunidades Europeas  dijo que en vista de la complejidad de la cuestión 
en examen y la falta de experiencia en la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC y del Convenio sobre la 
Diversidad Bi ológica, era lógico que no se hubiera conseguido aún analizar cabalmente todas las cuestiones 
relacionadas con los ADPIC.  Debía considerarse que una protección adecuada de los  DPI apoyaba la 
protección del medio ambiente y era necesaria para promover las tecnologías ecológicamente racionales, WT/CTE/M/8  
Página 26 
 
sin las cuales no era posible responder al reto de crear rápidamente tecnologías para el desarrollo sostenible 
y darles amplia difusión.  De no existir normas adecuadas, el temor a la piratería entorpecería la 
transfe rencia de tecnologías ecológicamente racionales.  La aplicación correcta y oportuna del Acuerdo 
sobre los ADPIC era fundamental.  Con todo, el Acuerdo sobre los ADPIC no impedía controlar los 
posibles efectos perjudiciales de las invenciones en el medio am biente.  Algunas disposiciones del Acuerdo 
sobre los ADPIC tenían en cuenta las preocupaciones ambientales y proporcionaban algún grado de 
flexibilidad.  El artículo 27 autorizaba a los Miembros a excluir, en ciertos casos, tecnologías de la 
patentabilidad  y se refería explícitamente al medio ambiente.  Cabía prestar atención a los vínculos entre el 
Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio sobre la Diversidad Biológica a fin de velar por que se sustentaran 
mutuamente y se aplicaran eficazmente.  El logro de lo s objetivos de los AMUMA, como el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica, no debía chocar con la protección eficaz de los DPI.  La CE opinaba que 
era posible proteger eficazmente los DPI en relación con el acceso a la tecnología y su transferencia.  Uno 
de los medios de garantizar la transferencia de tecnología era la asistencia financiera, por ejemplo, por 
conducto del Fondo para el Medio Ambiente Mundial.   La CE recordó su propuesta de que se alentara 
la cooperación entre las Secretarías de la  OMC y del Convenio sobre la Diversidad Biológica mediante 
intercambios periódicos de información.  El orador recordó la Decisión II/12 de las Partes en el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica de establecer contacto con la OMC para la preparación de su documento 
sobre la relación entre los objetivos de ambos acuerdos.  Dijo que no había contradicción alguna entre la 
protección eficaz de los DPI y la aplicación de las políticas ambientales.  La CE alentaba al Comité a que 
prosiguiera su examen de este punto con espír itu de cooperación, que debía reflejarse en el Informe de 
forma equilibrada.  
 
57. El representante de la India  reconoció que la tecnología debía existir para que pudiera transferirse.  
Convino en que el Acuerdo sobre los ADPIC proporcionaba incentivos apro piados para el desarrollo 
tecnológico.  Empero, la India no estaba convencida de que el Acuerdo sobre los ADPIC en vigor 
promoviera necesariamente la transferencia de tecnología en las esferas que afectaban al medio ambiente.  
En cuanto a la observación de  los Estados Unidos de que no existían problemas entre el desarrollo sostenible 
y el Acuerdo sobre los ADPIC, dijo que se había determinado que era necesario examinar dicha cuestión.  
Si bien el documento oficial de la India no representaba una propuesta, examinaba posibles soluciones a 
los problemas de muchos países en desarrollo en este ámbito.  
 
58. El Presidente  dijo que se celebrarían consultas oficiosas sobre la cuestión del levantamiento del 
carácter restrictivo de la documentación en el contexto de l a petición de las Partes en el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica.  
 
Otros Puntos  
 
Primer punto : La relación entre las disposiciones del sistema multilateral de comercio y las medidas 
comerciales adoptadas con fines ambientales, con inclusión de las adoptadas en aplicación 
de acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente  
 
59. El representante del Japón  recordó el enfoque basado en directrices propuesto por su delegación.  
Si bien convenía en que los puntos 6 y 8 eran importantes para los países en d esarrollo, lo peor que podía 
ocurrir era que no se consiguieran resultados sustanciales respecto de las cuestiones claves relacionadas con 
los puntos 1, 3 y 5 y que solamente se formularan observaciones generales sobre los demás puntos.  Pese a 
que el docu mento no oficial de la CE contribuía al debate, se aproximaba demasiado a un enfoque de un 
cheque en blanco.  Sin embargo, sería poco constructivo no hacer nada en relación con este punto.  El 
Japón debía estudiar más a fondo la cuestión de si era preferib le adoptar un enfoque ex post  o un enfoque 
ex ante .   
 
60. El representante de la India  dijo que no debía emitirse ningún juicio de valor sobre cuál punto era 
el más importante.  
 
Punto tercero b) : La relación entre las disposiciones del sistema multilatera l de comercio y las 
prescripciones aplicadas con fines ambientales a los productos, con inclusión de          WT/CTE/M/8  
         Página 27 
 
normas y reglamentos técnicos y prescripciones en materia de envase y embalaje , 
etiquetado y reciclado  
 
61. La representante de los Estados Unidos  presentó  la propuesta de su delegación relativa a la 
transparencia en el etiquetado ecológico (WT/CTE/W/27) y pidió que se levantara su carácter restringido.  
En la última reunión del Comité de Comercio y Medio Ambiente su delegación había observado que 
existían o piniones encontradas a propósito de la interpretación del Acuerdo OTC en lo referente al 
etiquetado ecológico.  Con todo, había una labor útil por hacer, que no prejuzgaría sobre las opiniones de 
cualquier delegación acerca del alcance del Acuerdo OTC.  En  vista de ello, los Estados Unidos proponían 
que el Comité de Comercio y Medio Ambiente y el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 
determinaran el grado de adecuación de las prescripciones del Acuerdo OTC sobre la transparencia en el 
etiquetado ecológi co.  Para empezar, el documento enunciaba un marco de puntos críticos relacionados 
con la creación y aplicación de programas de etiquetado ecológico y proponía que se llevara a cabo un 
intercambio de opiniones sobre el grado en que cada uno de esos puntos quedaba comprendido en el 
Acuerdo OTC.  La oradora dijo que aguardaba con interés las opiniones de otras delegaciones.  
 
62. El representante del Canadá  se refirió al examen de la propuesta de su delegación 
(WT/CTE/W/21), a la que se había levantado el cará cter restringido en consonancia con la solicitud 
formulada por el Canadá en la reunión del Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio celebrada el 1º de 
marzo.  Se necesitaba información sobre la labor realizada en otros foros en materia de equivalencia y 
reconocimiento mutuo.  El orador presentó un documento preparado por el programa canadiense de 
elección ambiental.  Se refirió a las preocupaciones expresadas en relación con la posibilidad de que la ISO 
elaborase directrices multilaterales respecto de los PMP no registrados y reconoció la necesidad de proceder 
a un examen intergubernamental de la labor de elaboración de directrices de los foros no gubernamentales.  
En relación con el texto anterior a la conferencia preparado para la  UNCTAD IX, el Canadá ten ía el 
propósito de proponer lo siguiente:  "se debería celebrar una reunión de expertos en política comercial y 
etiquetado ecológico a fin de examinar la labor en curso en otras organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales pertinentes sobre la cuest ión de las directrices multilaterales para los programas de 
etiquetado ecológico con vistas a tomar en consideración los intereses de todas las partes, incluidos los países 
en desarrollo y los países con economías en transición.  A la luz de los resultados  de esa reunión los países 
miembros de la UNCTAD podrían determinar qué otras actividades específicas hacen falta respecto de esta 
cuestión." El orador dijo que la propuesta de los Estados Unidos contribuía a la labor respecto de la 
transparencia en el eti quetado ecológico.  Habida cuenta del grado considerable de consenso existente en 
el Comité de Comercio y Medio Ambiente y en el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio en pro de 
una mayor transparencia, las deliberaciones debían continuar en reuniones c onjuntas con el Comité de 
Obstáculos Técnicos al Comercio.  Expresó la opinión de que la evaluación de mayo ayudaría a elaborar 
posibles recomendaciones equilibradas sobre esta cuestión.   
 
63. El representante del Japón  dijo que su delegación estudiaría m ás a fondo la propuesta de los Estados 
Unidos.  
 
64. El representante de la Argentina  se refirió a la propuesta de los Estados Unidos y dijo que sería útil 
determinar las etapas críticas de elaboración de criterios en materia de etiquetado ecológico a fin d e centrar 
la labor en esas etapas.  Sin embargo, existían cuestiones distintas de la transparencia que debían 
examinarse.  Habida cuenta de ello, la propuesta del Canadá respecto de la UNCTAD IX era pertinente.  
 
65. El representante de Suiza  dijo que la pr opuesta de los Estados Unidos era una contribución útil.  
Opinó que esta cuestión podía formar parte de las recomendaciones a los Ministros.  La transparencia 
contribuía a evitar las diferencias comerciales no sólo respecto del etiquetado ecológico, sino d e todos los 
planes de etiquetado y debía alentarse.  Dijo que acogía, pues, con satisfacción la propuesta de los Estados 
Unidos de proseguir la labor relativa a la transparencia en el etiquetado ecológico y que formularía 
observaciones sobre ese documento más tarde.  
66. Se acordó  levantar el carácter restringido de la propuesta de los Estados Unidos (WT/CTE/W/27).  