ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOIP/N/6/MDA/1
28 de enero de 2002
(02-0396)
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el ComercioOriginal:  inglés
LISTA DE CUESTIONES SOBRE LA OBSERVANCIA1
Respuestas de Moldova
Procedimientos y recursos civiles y administrativos
a) Procedimientos y recursos judiciales civiles
1. Sírvanse indicar los tribunales que tienen competencia en casos de infracción de los
derechos de propiedad intelectual.
La República de Moldova tiene un sistema judicial en el que la competencia de los tribunales
depende del tipo de litigio que se examine. Los litigios relativos a derechos de propiedad intelectual se
sustancian, según cada caso, en los órganos judiciales siguientes:
- Los litigios relativos a invenciones, marcas de fábrica o de comercio y dibujos y
modelos industriales, y derechos de autor se examinarán en primera instancia en los
tribunales ordinarios y podrán ser objeto de recurso ante el Tribunal de Apelaciones
y, en última instancia, ante el Tribunal Supremo de la República de Moldova.
- Los litigios en que los tribunales ordinarios no tengan competencia y cuyas partes
sean personas jurídicas se examinarán en primera instancia en el Tribunal
Económico, cuyas decisiones serán recurribles ante el Tribunal de Apelaciones para
Asuntos Económicos y, en última instancia, ante el Tribunal Supremo de Justicia de
la República de Moldova.
En caso de que uno de las partes sea persona física, el litigio se examinará en primera
instancia en el Tribunal de Chisinau, cuyas decisiones podrán impugnarse ante el
Tribunal de Apelaciones.
- Las decisiones que requieran la anulación de un acto administrativo de las
autoridades públicas deberán examinarse de conformidad con el Código de
Infracciones Administrativas y en función del rango de la autoridad cuyo acto es
objeto de recurso.
Por ejemplo, las decisiones de la Agencia Estatal para la Protección de la Propiedad
Industrial (AGEPI) pueden recurrirse en primera instancia ante el Tribunal de
Apelaciones e impugnarse ante el Tribunal Supremo de Justicia de la República de
Moldova.
                                                     
1 Documento IP/C/5.IP/N/6/MDA/1
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Las partes en litigio tienen también la posibilidad de solucionar sus diferencias a
través del Centro de Arbitraje y Mediación, bajo los auspicios de la Agencia Estatal
para la Protección de la Propiedad Industrial (AGEPI).
2. ¿Qué personas están legitimadas para hacer valer derechos de propiedad intelectual?
¿Cómo pueden estar representadas esas personas?  ¿Hay disposiciones que prescriban
la comparecencia personal obligatoria del titular del derecho ante el tribunal?
Están legitimadas para hacer valer sus derechos de propiedad intelectual
las personas que hayan procedido al registro o confirmación de tales derechos en la República de
Moldova.
Cuando un titular considere que se han violado sus derechos de propiedad intelectual puede
iniciar un proceso civil, penal o administrativo en los tribunales.
Además, los titulares de derechos pueden actuar judicialmente a través de sus representantes,
al tiempo que las personas jurídicas pueden hacerlo a través de sus instituciones, dentro de los límitesimpuestos por ley, estatuto o reglamento. Según la legislación vigente, la comparecencia personal del
titular de los derechos ante el tribunal no es obligatoria, siempre que esté representado. La
participación personal del titular de los derechos en la causa no es obstáculo para que intervenga un
representante.
3. ¿Qué facultades tienen las autoridades judiciales para ordenar a una parte en un
procedimiento, a petición de la parte contraria, que aporte pruebas que estén bajo su
control?
Las organizaciones, instituciones, empresas y personas físicas están obligadas a aportar las
pruebas que el tribunal ordene a petición de las partes.
Cuando una parte u otro participante en la causa afirmen que la parte contraria posee pruebas
relativas al caso, el tribunal puede ordenar su presentación.
En caso de que la organización, institución o empresa que posea las pruebas se niegue a
presentarlas, la persona responsable a la que se considere culpable será sancionada con multa por unimporte de 10 a 25 veces el salario mínimo. Si quien posee las pruebas es una persona física, deberá
comparecer como testigo y estará obligada a presentar las pruebas solicitadas, bajo pena de multa
de 10 a 15 veces el salario mínimo.
La sanción no exime a las personas jurídicas o físicas de la obligación de presentar al tribunal
las pruebas exigidas.
4. ¿Qué medios se prevén para identificar y proteger la información confidencial aportada
como prueba?
Los datos de identificación y la información confidencial presentados como prueba se rigen
por las disposiciones siguientes:
- Ley de Secretos Comerciales, Nº 171- XIII, promulga da el 6 de junio de 1994.
En virtud de las disposiciones que esa ley, el tribunal examina las pruebas
presentadas durante el proceso sólo en la medida en que guarden relación directa con
la cosa juzgada y en función de su interés para el litigio planteado por el demandante.IP/N/6/MDA/1
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En la presentación de las pruebas se tienen en cuenta los intereses legítimos de las
partes respecto de la protección de sus secretos comerciales e industriales.
- Código de Procedimiento Civil, adoptado el 26 de diciembre de 1964.
El artículo 541 establece que, en los casos de infracción de los derechos del titular
sobre la materia de una patente consistente en un procedimiento para la obtención de
un producto, la autoridad judicial ordenará al demandado que demuestre que el
procedimiento utilizado para la obtención de un producto idéntico es diferente del
procedimiento patentado.
Salvo prueba en contrario, se considerará que todo producto idéntico producido sin el
consentimiento del titular de la patente ha sido obtenido mediante el procedimiento
patentado, si el producto obtenido por el procedimiento patentado es nuevo o existe
una probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante
el procedimiento y el titular de la patente no pueda establecer mediante esfuerzos
razonables cual ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.
En la presentación de pruebas en contrario, se preservarán los intereses legítimos del
demandado en cuanto a la protección de sus secretos comerciales e industriales.
5. Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades
judiciales y los criterios, legislativos o jurisprudenciales, sobre su utilización:
- mandamientos judiciales;- órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, con inclusión de la reparación
por concepto de beneficios y los gastos, comprendidos los honorarios de los
abogados;
- destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos
comerciales de las mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos
utilizados para su producción;
- otras medidas.
Las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades judiciales son:
- De conformidad con el artículo 25 de la Ley Nº 588 sobre marcas de fábrica o de
comercio y denominaciones de origen, de 1995:
En los casos de falsificación, la persona declarada culpable será sancionada con una
multa y deberá pagar a la parte perjudicada una indemnización pecuniaria por la
infracción de sus derechos, incluido el resarcimiento del lucro cesante y de los gastosocasionados, que pueden comprender los honorarios de los abogados.
Una vez cerrado el caso, y si la parte perjudicada lo solicita, las materias primas y
materiales utilizados para fabricar las mercancías infractoras se apartarán, sin
indemnización alguna, de los circuitos comerciales, a fin de evitar todo perjuicio altitular de los derechos.
En esos casos, las medidas correctivas que se adopten guardarán proporción con la
gravedad de la infracción, habida cuenta de los intereses de terceros.IP/N/6/MDA/1
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Las existencias de productos a los que se haya aplicado una marca de fábrica o de
comercio falsificada o una denominación de origen que infrinjan los derechos del
titular se apartarán, sin indemnización alguna, de los circuitos comerciales a fin de
evitar todo perjuicio al titular de los derechos, y las marcas de fábrica o de comercio y
las denominaciones de origen utilizadas ilícitamente se suprimirán de los productosen cuestión, aún cuando ello pueda causar la destrucción de tales productos.
La parte perjudicada tendrá derecho a la publicación de la sentencia judicial a costa
de la parte declarada culpable con objeto de restablecer su reputación comercial.
- Según el artículo 34 de la Ley Nº 461/1995 sobre patentes de invención,  cualquier
persona que se atribuya indebidamente la autoría de la invención, que obtengamediante coacción la condición de coautor de la invención o que divulgue la materia
de una invención antes de la presentación de una solicitud sin autorización del
inventor será considerada infractora de los derechos del titular e incurrirá en pena de
prisión o multa, de conformidad con la legislación vigente.
- En virtud del artículo 35 de la Ley Nº 461/1995 sobre patentes de invención, la
persona que comenta la infracción estará obligada al pago de daños y perjuicios,
incluido el resarcimiento del lucro cesante y de los gastos ocasionados, que pueden
comprender los honorarios de los abogados.
Con objeto de evitar nuevas infracciones, las mercancías infractoras de los derechos
del titular se apartarán, sin indemnización alguna, de los circuitos comerciales o se
destruirán.
- De conformidad con el párrafo 4 del artículo 37 de la Ley de derecho autor y
derechos conexos, entre las medidas ordinarias que adopte la autoridad judicial en los
casos de infracción figurarán la confiscación de las copias infractoras de una obra o
un fonograma y del equipo utilizado en la fabricación de tales copias, habida cuenta
de su carácter de infracción del derecho autor y de los derechos conexos.
- De conformidad con los párrafos 1), 2) y 3) del artículo 38 de la Ley de derecho autor
y derechos conexos, el titular exclusivo, tanto de derechos de autor como de derechosconexos, podrá exigir al infractor el reconocimiento de esos derechos; el
restablecimiento de la situación existente antes de la infracción de sus derechos y la
interrupción de los actos de infracción o posible infracción de sus derechos; el pago
de daños y perjuicios, incluido el resarcimiento del lucro cesante; y el pago de una
indemnización, en lugar del resarcimiento de daños y perjuicios, o la restitución delas ganancias, por importe de 10 a 20.000 veces el salario mínimo.
Cualquier persona que infrinja a sabiendas y con afán de lucro derechos de autor o
derechos conexos incurrirá en las sanciones civiles, administrativas y penales
previstas por la ley.
6. ¿En qué circunstancias están, en su caso, las autoridades judiciales facultadas para
ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros
que hayan participado en la producción y dist ribución de los bienes o servicios respecto
de los cuales se haya determinado que se trata de bienes o servicios infractores, y sobresus circuitos de distribución?
Pueden solicitar esa información:IP/N/6/MDA/1
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- el servicio de aduanas, en uso de sus atribuciones;
- las autoridades policiales, y la Oficina del Fiscal General en casos de infracción de la
propiedad intelectual;
- el tribunal en que se sustancie el pleito;
- otras autoridades expresamente establecidas por ley.
Por ejemplo, la ley faculta al Organismo Estatal de Derecho Autor para verificar las
infracciones e informar sobre ellas al titular de los derechos, a fin de que éste pueda
iniciar la correspondiente acción judicial.
7. Sírvanse describir las disposiciones relativas a la indemnización a los demandados a los
que se haya impuesto indebidamente una obligación.  ¿En qué medida son responsables
las autoridades y/o funcionarios públicos en tal caso y qué "medidas correctivas" les son
aplicables?
De conformidad con el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil, el tribunal o el juez
pueden ordenar al demandante que asegure mediante una fianza la indemnización de los eventuales
daños y perjuicios causados al demandado. Tras el fallo definitivo se permite la reparación de los
daños causados por el mandato judicial.
Con arreglo al artículo 306 del Código de Aduanas, el titular de los derechos está obligado a
depositar una fianza por un valor equivalente al de las mercancías cuyo despacho ha sido suspendido
por el servicio de aduanas.
El valor de los productos cuyo despacho se haya suspendido se determinará en función de los
documentos de acompañamiento. La fianza permite asegurar el resarcimiento de los gastos causados
al servicio de aduanas por el depósito de los productos pendientes de despacho, los gastos resultantes
para el transportista, el importador, el exportador y el propietario durante el tiempo de suspensión de
los productos, y los gastos de las personas cuyos intereses hayan resultado perjudicados por la
suspensión del despacho de los productos debido a la presentación de datos falsos por el titular de los
derechos.
En caso de que la fianza no se deposite a su debido tiempo, la decisión relativa a la
suspensión de las formalidades aduaneras se anula y esas formalidades se reanudan.
8. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los
procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los
procedimientos y su costo.
Los procedimientos se llevan a cabo en los plazos establecidos por la ley y, en caso de que la
ley no prevea su duración real, en los plazos que establezca el tribunal. A tal efecto, se fija una fechalímite para la duración real de los procedimientos y se especifica la actuación que tendrá lugar de
forma inmediata o en determinado plazo. La fecha límite de los procedimientos se establece en años,
meses o días, contados a partir del segundo día siguiente a determinada fecha o actuación, y determina
su principio.
El plazo de prescripción para las personas físicas es de tres (3) años, y para las personas
jurídicas de un (1) año, contados a partir del momento en que han constatado o deberían haber
constatado la infracción de sus derechos.IP/N/6/MDA/1
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El plazo de apelación, previsto en el artículo 27836 y en el artículo 305 del Código de
Procedimiento Civil es de quince (15) días contados a partir de la fecha en que se haya dictado
sentencia, salvo disposición legal en contrario.
Para interponer recurso de anulación contra sentencias de obligado cumplimiento se establece
un plazo de quince (15) días contados a partir de la fecha en que el recurrente haya tenido
conocimiento de la sentencia, pero no más tarde de un año a partir de la fecha en que la sentencia haya
pasado a ser definitiva. El recurso de anulación se sustancia en el plazo del mes siguiente a la fecha de
su recepción.
Según el capítulo Nº 7 del Código de Procedimiento Civil, se consideran costas:
- las tasas estatales, previstas en la Ley Nº 1216-XII de tasas estatales, de 3 de
diciembre de 1992;
- otros gastos relacionados con el proceso.
El Estado puede sufragar los honorarios del abogado (artículo 90 del Código de
Procedimiento Civil), que se regulan también con arreglo a la Ley Nº 395-XIV de asociaciones de
abogados, de 13 de mayo de 1999, según la cual, el pago de los servicios de abogados se decide por
acuerdo entre el abogado y el cliente.
En el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil se establecen las tasas correspondientes a
los siguientes actos procesales:
- Demandas contra acciones ilegales de autoridades y funcionarios de la administración
pública que, en el desempeño de su cargo, hayan violado los derechos de losciudadanos: 100 por ciento del salario mínimo vigente en la República de Moldova.
- Acciones relativas a decisiones económicas adoptadas tras la conclusión,
modificación o anulación de contratos: 1000 por ciento del salario mínimo vigente en
la República de Moldova.
- Solicitudes de personas jurídicas para la invalidación de medidas adoptadas por
autoridades de la administración pública, autoridades de cooperativas y asociaciones,
empresas, instituciones, organizaciones y personas en el desempeño de su cargo:
1.000 por ciento del salario mínimo.
- Recursos contra las decisiones de las autoridades judiciales: 75 por ciento de la tasa
pagada al interponer el recurso u otras demandas. En caso de litigio patrimonial,
75 por ciento de la tasa pagada inicialmente.
- Recursos de apelación definitiva contra las decisiones de las autoridades judiciales:
50 por ciento de la tasa pagada al interponer el recurso o realizar otra solicitud.  Encaso de litigio patrimonial:  50 por ciento de la tasa pagada inicialmente.
- Recursos de anulación de decisiones judiciales: 25 por ciento de la tasa pagada al
interponer el recurso o realizar otra solicitud. En caso de litigio patrimonial: 25 por
ciento de la tasa pagada inicialmente.IP/N/6/MDA/1
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b) Procedimientos y remedios administrativos
9. Sírvanse facilitar los datos solicitados en las preguntas anteriores en relación con los
procedimientos administrativos referentes al fondo de un caso y con los remedios que
puedan ordenarse a resultas de esos procedimientos.
Quien considere infringidos sus derechos de propiedad intelectual podrá defender esos
derechos por vía administrativa mediante la presentación de un recurso ante la Comisión de
Apelaciones de la Agencia Estatal para la Protección de la Propiedad Industrial. En el plazo de tres (3)
meses, la Comisión de Apelaciones examinará el recurso y adoptará una decisión de aceptación o
denegación de la reclamación.
La decisión de la Comisión de Apelaciones puede ser objeto de recurso judicial en el plazo de
seis (6) meses.
Medidas provisionales
a) Medidas judiciales
10. Sírvanse describir los tipos de medidas provisionales cuya adopción puede ser ordenada
por las autoridades judiciales, así como el fundamento jurídico de esa facultad.
Según los artículos 135 y 136 del Código de Procedimiento Civil, el tribunal puede, a petición
de una parte en el procedimiento, ordenar la adopción de algunas medidas preventivas (cautelares).
Tales medidas preventivas consisten en: i) la confiscación de las mercancías en poder del
demandado o de un tercero;  ii) la prohibición de llevar a cabo determinadas acciones; iii) laprohibición de proporcionar al demandado o recibir de él mercancías o servicios supeditados a
determinadas obligaciones; y iv) la suspensión de transacciones que dejarían sin efecto la
confiscación.
11. ¿En qué circunstancias puede ordenarse la adopción de esas medidas inaudita altera
parte ?
El tribunal puede ordenar la adopción de medidas provisionales en respuesta a una petición al
efecto.
12. Sírvanse describir el procedimiento principal para iniciar el proceso de adopción de
medidas provisionales, ordenar su adop ción y mantenerlas en aplicación, y
especialmente los plazos pertinentes y las medidas de salvaguardia para proteger los
intereses legítimos del demandado.
Las medidas provisionales pueden adoptarse en cualquier momento del proceso judicial. Toda
infracción de los requerimientos cautelares del tribunal está sujeta a sanciones por una cuantía de diez(10) a cincuenta (50) veces el salario mínimo. El demandado tiene derecho al resarcimiento de los
daños y perjuicios causados por los requerimientos cautelares. Los mandatos judiciales relacionados
con medidas cautelares pueden ser objeto de apelación. El artículo 142 del Código de Procedimiento
Civil prevé la indemnización de los daños y perjuicios causados por tales medidas.
Un requerimiento cautelar puede anularse a pe tición del demandado si el tribunal no dicta un
fallo definitivo respecto de las medidas adoptadas en un plazo de treinta y un (31) días, contados a
partir de la fecha de adopción efectiva de tales medidas.IP/N/6/MDA/1
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13. ¿Cuáles son normalmente la duración y el costo del procedimiento?  Sírvanse facilitar
los datos de que disponga sobre la duración real de los procedimientos y su costo.
Véase la respuesta a la anterior pregunta 8.
b) Medidas administrativas
14. Sírvanse facilitar los datos solicitados en las preguntas anteriores en relación con las
medidas provisionales administrativas.
Véase la respuesta a la anterior pregunta 9.
Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera
15. Sírvanse indicar respecto de qué mercancías puede solicitarse la suspensión por las
autoridades aduaneras de su despacho para libre circulación, y especialmente si cabe
también recurrir a ese procedimiento en relación con mercancías que entrañeninfracciones de los derechos de propiedad in telectual distintas de las que entrañan las
mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o las mercancías pirata que
lesionan el derecho de autor, en el sentid o del Acuerdo sobre los ADPIC (nota a pie de
página al artículo 51).  Sírvanse indicar, juntamente con los criterios pertinentes, las
importaciones a las que no es aplicable ese procedimiento (mercancías de otro Miembro,una unión aduanera, mercancías en tránsito o importaciones de minimis ).  ¿Es aplicable
el procedimiento a las importaciones de mercancías colocadas en el mercado de otro país
por el titular del derecho o con su consenti miento y a las mercancías destinadas a la
exportación?
El capítulo 12 del Código de Aduanas se preparó en respuesta a las prescripciones concretas
del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio, que bastan para asegurar la observancia de las prescripciones en frontera y permiten a los
funcionarios de aduanas cumplir sus obligaciones, sin necesidad de disposiciones especiales.
En particular, es posible suspender el despacho para libre circulación de las siguientes
mercancías prohibidas:
a) las mercancías, incluidos su embalaje, que lleven apuesta una marca de fábrica o de
comercio idéntica a la marca ya registrada para mercancías similares o cualquier
signo que no pueda distinguirse de otro ya registrado, y que de ese modo lesionen los
derechos del titular;
b) cualquier material de las mercancías falsificadas que lleve apuestos signos de una
marca de fábrica o de comercio registrada, tanto si se presentan por separado como de
forma conjunta;
c) los embalajes que lleven apuestos signos de una marca de fábrica o de comercio
registrada;
d) las mercancías pirata que constituyan o contengan copias no autorizadas de obras
protegidas por el derecho autor o derechos conexos, o dibujos o modelos, registradoso no, producidas sin autorización del autor en el país concreto de origen, si tales
copias son infractoras.IP/N/6/MDA/1
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El servicio de aduanas no adopta medidas de protección de la propiedad intelectual en el caso
de mercancías transportadas exclusivamente en el equipaje personal de los viajeros y en las cantidades
autorizadas al respecto.
16. Sírvanse describir los principales elementos del procedimiento relativo a la suspensión
del despacho de aduana de las mercancías por las autoridades aduaneras,
particularmente en lo que respecta a las autoridades competentes (artículo 51), los
requisitos que ha de reunir la solicitud a tal efecto (artículo 52) y las diversas
prescripciones relativas a la duración de la  suspensión (artículo 55).  ¿Cómo se han
aplicado los artículos 53 (fianza o garantía equivalente), 56 (indemnización al
importador y al propietario de las mercancías) y 57 (derecho de inspección e
información)?
El capítulo 12 del Código de Aduanas establece las medidas aplicables en frontera en los
casos de infracción de derechos de propiedad intelectual.
El titular de derechos que sospeche que determinadas mercancías transportadas a través de la
frontera infringen esos derechos puede solicitar la asistencia de las autoridades aduaneras mediante la
presentación de una solicitud por escrito en que se haga constar: i) la prueba de sus derechos respecto
de las mercancías de que se trate; ii) una lista de los objetos supuestamente infractores, con
descripción de algún signo de identificación; iii) la solicitud expresa de suspensión de los trámites
aduaneros respecto de las mercancías sospechosas; iv) el plazo de suspensión solicitado; y v) los datosde identificación personal.
En el plazo de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud,
las autoridades aduaneras están obligadas a enviar una carta de respuesta al solicitante. En caso de
aceptación, la solicitud cobra efecto para el plazo completo en ella indicado.
Las disposiciones aplicables son las contenidas en los artículos 53, 56 y 57 del Acuerdo sobre
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y, de
conformidad con el artículo 306 del Código de Aduanas, el titular de los derechos está obligado a
entregar a la administración de aduanas una fianza equivalente al valor de las mercancías cuya
suspensión se ha solicitado cuando se den las circunstancias siguientes: retención de las mercancías,
notificación a la persona solicitante y adopción de una decisión definitiva al respecto por lasautoridades de aduanas.
La fianza constituye, de ese modo, una garantía de que los daños y costas resultantes se
resarcirán debidamente en caso de que la solicitud se considere injustificada.
Si la fianza no se entrega a su debido tiempo, la decisión del suspensión se anula y las
formalidades aduaneras se reanudan.
Según sea la sentencia del tribunal, el titular de los derechos indemnizará al propietario de las
mercancías retenidas, o éste a aquél, por las pérdidas resultantes de las acciones ilícitas (o infundadas)emprendidas.
17. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los
procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los
procedimientos y su costo.  ¿Cuál es el período de validez de las decisiones de lasautoridades competentes por las que se suspende el despacho de las mercancías para
libre circulación?IP/N/6/MDA/1
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El período de suspensión no puede exceder del plazo de vigencia de los derechos de
propiedad intelectual.
Ese período empieza a contarse a partir de la fecha de presentación de la solicitud y puede
renovarse en virtud de eventuales solicitudes ulteriores.
La administración de aduanas aplica una tasa por servicios aduaneros, cuya cuantía depende
de la duración de la suspensión. En el plazo de treinta (30) días, las autoridades aduaneras han de
informar al solicitante sobre la aceptación o denegación de su solicitud. El Gobierno establece la tasa
correspondiente.
18. ¿Están obligadas las autoridades competente s a actuar por propia iniciativa y, en tal
caso, en qué circunstancias?  ¿Hay disposiciones especiales aplicables a la actuación de
oficio?
Si tienen suficiente información, las autoridades aduaneras pueden aplicar de oficio los
procedimientos aduaneros y están facultadas para solicitar al titular de los derechos toda lainformación y ayuda adicionales que necesiten en relación con las mercancías de que se trate. El
servicio de aduanas informa inmediatamente al titular de los derechos sobre la ubicación de las
mercancías y el período de suspensión de las formalidades de aduana.
Sin embargo, el servicio de aduanas llevará a cabo las formalidades aduaneras (previstas en
los artículos 302 a 306) relativas a las mercancías sospechosas si, en el plazo de los tres (3) días
siguientes a la fecha de notificación, el titular de los derechos no emprende las acciones legales antes
mencionadas (es decir, la comunicación de la información y la prestación de la ayuda que se le
soliciten o el depósito de una fianza).
19. Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades
competentes y los criterios que regulen su aplicación.
El artículo 309 del Código de Aduanas establece las medidas que se adoptarán en los casos de
mercancías falsificadas o pirata, a saber: la destrucción bajo supervisión del servicio de aduanas, que
requerirá un mandato judicial; y la confiscación, que impedirá el despacho para la libre circulación u
otras infracciones de los derechos del titular. El servicio de aduanas no permitirá la reexportación delas mercancías falsificadas o pirata, ni la modificación de su estado (régimen) aduanero.
Procedimientos penales
20. Sírvanse indicar los tribunales que tienen competencia en casos de infracción penal de
los derechos de propiedad intelectual.
Los litigios relativos a la protección de derechos de propiedad intelectual se sustancian en los
órganos judiciales siguientes:
- los juzgados de primera instancia (recuérdese: sólo para los casos penales, a
diferencia de los casos civiles, que se juzgan en los tribunales);
- los tribunales, primera instancia de apelación;
- el Tribunal de Apelaciones, o de última instancia.IP/N/6/MDA/1
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21. ¿En relación con qué infracciones de los derechos de propiedad intelectual y de qué
derechos de esa naturaleza se prevé la aplicación de procedimientos y sanciones
penales?
De acuerdo con el Código Penal, se aplican procedimientos y sanciones en relación con las
infracciones siguientes: la atribución ilícita de la autoría, o la coautoría obtenida mediante coacción; la
divulgación de aspectos esenciales de las invenciones antes de la solicitud de una patente o sin
permiso del autor; la producción, la importación, la exportación, el almacenamiento, la oferta para la
venta o la venta efectiva de mercancías que contengan menciones falsas acerca de la patente, el origen
o cualesquiera otros signos falsos susceptibles de inducir a engaño a los potenciales clientes; la
falsificación o el uso ilícito de marcas extranjeras; la producción, el almacenamiento o el transporte
con fines de venta de licores (bebidas alcohólicas) falsificados; el uso ilícito de una marca de fábrica ode comercio registrada o una denominación de origen, así como el uso de signos registrados similares
para la identificación de productos o servicios o, en relación con el mismo tipo de productos o
servicios, la oferta para la venta, la venta efectiva o el almacenamiento con fines de venta de
productos de marca; la utilización de obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las de autores
extranjeros, sin autorización legal del titular o cont rato, el incumplimiento de contratos en esa materia
o en contra de las normas legales aplicadas, y cualquier otro uso ilícito de obras, así como la coautoría
obtenida mediante coacción, y la destrucción deliberada de tales obras o de la obra original.
22. ¿Cuáles son las autoridades públicas competentes para la iniciación de procedimientos
penales?  ¿Están obligadas a iniciarlos por propia iniciativa y a raíz de reclamaciones?
La iniciación de procedimientos penales es competencia de las autoridades facultadas para
llevar a cabo investigaciones criminales, ya sea de oficio o en respuesta a denuncias, según proceda.
Por ejemplo, si se trata de una amenaza para la salud pública, las autoridades están facultadas
para iniciar un procedimiento penal, incluso en ausencia de denuncia. En ese caso, el tribunal decidirá
únicamente respecto de la amenaza para la salud pública.
23. ¿Hay particulares que estén legitimados para  entablar procedimientos penales y, de ser
así, quiénes están legitimados para hacerlo?
Cualquier persona que demuestre que tiene interés en defender sus derechos de propiedad
intelectual.
24. Sírvanse indicar, si es necesario por categorías de derechos de propiedad intelectual y
tipos de infracción, las sanciones y otras medidas correctivas que pueden imponerse:
- prisión;
- sanciones pecuniarias;
- confiscación, decomiso y destrucción de las mercancías infractoras y de los
materiales y accesorios utilizados para su producción;
- otras medidas.
Se aplican penas de prisión y sanciones pecuniarias en los casos siguientes:
- la atribución ilícita de la autoría, la coautoría obtenida mediante coacción y la
divulgación de aspectos esenciales de una invención antes de la solicitud de unapatente (prisión de dos (2) años como máximo o multa equivalente a 60 veces el
salario mínimo y confiscación) - Artículo 141 del Código Penal;IP/N/6/MDA/1
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- la producción, la importación, la exportación, el almacenamiento, la oferta para la
venta o la venta efectiva de mercancías que contengan menciones falsas acerca de la
patente, el origen y las características de esas mercancías, así como del nombre del
fabricante o del distribuidor, con objeto de inducir a error al público o a los
competidores (prisión de dos (2) años como máximo o multa equivalente a 60 vecesel salario mínimo y confiscación) - Artículo 141
2 del Código Penal;
- la producción, el almacenamiento o el transporte con fines de venta de licores
(bebidas alcohólicas) falsificados (prisión de tres (3) años como máximo o multa por
una cuantía de 150 a 500 veces el salario mínimo y confiscación) - Artículo 158 del
Código Penal; y
- el uso ilícito de una marca de fábrica o de comercio registrada o una denominación de
origen, así como el uso de signos registrados similares para la identificación de
productos o servicios o, en relación con el mismo tipo de productos o servicios, la
oferta para la venta, la venta efectiva o el almacenamiento con fines de venta de
productos de marca.
Se aplican penas de prisión y sanciones pecuniarias en los casos siguientes:- la utilización de obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las de autores
extranjeros, sin autorización legal del titular o contrato, el incumplimiento decontratos en esa materia o en contra de las normas legales aplicadas, y cualquier otro
uso ilícito de obras, así como la coautoría obtenida mediante coacción, y la
destrucción deliberada de tales obras o de la obra audiovisual original (hasta 60 veces
el salario mínimo) - Artículo 141 del Código Penal; y
- la falsificación de mercancías y el uso ilícito de una marca extranjera (multa por una
cuantía de 500 a 1000 veces el salario mínimo y confiscación de las mercancías
falsificadas) - Artículo 158 del Código Penal.
En los casos de uso ilícito de marcas de fábrica o de comercio y falsificación de obras de arte
o fonogramas se procede a la confiscación, secuestro y destrucción de las mercancías falsificadas, así
como de los medios utilizados para su producción o promoción.
25. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y el costo del procedimiento
y facilitar los datos de que dispongan, en su caso, sobre la duración real del
procedimiento y su costo.
Las disposiciones por las que se rige la duración de los procedimientos penales son los
artículos 12/1, 84, 308, 329 y 353 del Código de Procedimiento Penal.
Las causas se tramitan en un período razonable de tiempo, en función de los criterios
siguientes: complejidad del caso, comportamiento de las partes y división o juzgado de instrucciónpenal.
La Oficina del Fiscal General o instancia superior supervisa el procedimiento.El plazo establecido para la apelación o apelación definitiva es de diez (10) días.Los costos del procedimiento corren por cuenta del condenado, y sólo algunos son sufragados
por el Estado, siempre sobre la base de decisiones judiciales.
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