 
  ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DEL COMERCIO  G/ADP/AHG/W/165 
18 de octubre de 2004 
 (04-4363) 
Comité de Prácticas Antidumping 
Grupo de Trabajo sobre la Aplicación Original:   inglés 
 
 
 
ARTÍCULO 13 - REVISIÓN JUDICIAL, 
ARBITRAL O ADMINISTRATIVA 
Documento de Sudáfrica  
 La siguiente comunicación, de fecha 11 de oc tubre de 2004, se distribuye a petición de la 
delegación de Sudáfrica. 
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Marco legislativo de Sudáfrica 
 Antes de 1994 (año de las primeras elecciones democráticas) era competencia del Tribunal 
Supremo de Sudáfrica la revisión de las medidas administrativas por distintos motivos basados en el 
common law .  No obstante, si bien los tribunales podí an revisar la legitimidad de una medida 
administrativa, el Parlamento podía decidir qué  consideraba legal y qué no, y ningún tribunal podía 
entender en materia de validez de una ley del Parl amento ni pronunciarse a su respecto por lo que 
hacía a su contenido.  La doctrina de la supremac ía parlamentaria era en c onsecuencia una limitación 
inveterada de los poderes de revisión del Tribunal Supremo en el marco del common law . 
 Se inició para Sudáfrica una nueva era del de recho administrativo con la promulgación de la 
Constitución.  El artículo 33 de la Constitución de  la República de Sudáfrica de 1996 garantiza el 
derecho a medidas administrativas justas.  Desde su  entrada en vigor, el ejercicio de los poderes 
públicos pertenece al ámbito de competencia de la Constitución, ley nacional suprema. 
 La Ley de Promoción de la Justicia Administ rativa, Ley Nº 3 de 2000, establece el derecho a 
medidas administrativas legítimas, razonables y justas desde el punto de vista procesal, así como el 
derecho a recibir por escrito las razones de la adopción de una medida administrativa, y ello de 
conformidad con el artículo 33 de la Constituci ón.  Esta Ley es un mecanismo de control del 
funcionamiento de la administración. 
 En virtud de la Ley de Administración del Co mercio Internacional, Ley Nº 71 de 2002, la 
Comisión de Administración del Comercio Internaci onal de Sudáfrica está autorizada a llevar a cabo 
investigaciones de medidas comerciales correctivas.  El párrafo 1 del artículo 46 de la Ley establece 
que las personas afectadas por determinaciones, r ecomendaciones o decisiones de la Comisión podrán 
solicitar al Tribunal Superior la revisión de esas determinaciones, recomendaciones o decisiones.  Además, su artículo 46 (párrafo 2) prevé que el Tribunal Superior, con moti vo de una revisión, podrá 
ordenar el pago de las costas a cualquiera de las partes o a cualquier persona que represente a una parte en el procedimiento, de conformidad c on los principios de la ley y la equidad. G/ADP/AHG/W/165 
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  Con arreglo al párrafo 1 del artículo 47 de  la Ley de Administración del Comercio 
Internacional, el Tribunal Supremo de Apelación o el Tribunal Constitucional son competentes para 
entender en casos de apelación contra decisiones de l Tribunal Superior relativas a una solicitud de 
revisión. 
 La Ley de Promoción de la Justicia Admini strativa contiene disposiciones que prevén la 
revisión de las medidas administrativas por los tr ibunales.  Se consider ará que una medida es 
administrativa con arreglo a esta Ley si se trata de una decisión de carácter administrativo aprobada en virtud de una disposición hab ilitadora, no excluida específicamente por  la lista de exclusiones de la 
Ley, y adoptada por un órgano estatal o por un particular en el ejercicio de un cargo público, que menoscaba los derechos públicos o de  un individuo.  Una decisión adoptada en el marco de la Ley de 
Administración del Comercio Internacional es susceptib le de revisión de conf ormidad con la Ley de 
Promoción de la Justicia Administrativa. 
Razones por las que se puede revis ar judicialmente una medida 
 El artículo 6 de la Ley de Pr omoción de la Justicia Administrativa establece claramente las 
razones por las cuales puede revisarse una medida ad ministrativa.  En las revisiones judiciales los 
tribunales se atienen más bien a la forma de adopc ión de la decisión y no necesariamente al fondo de 
esa decisión.  Los tribunales sólo procederán a una evaluación cualitativa de la medida administrativa 
objeto de revisión, por cualquier razón, si se trat a de una medida irracional o tan poco razonable que 
ninguna persona sensata pueda haberla adoptado.  Los tribunales pueden intervenir cuando una 
decisión sea ilícita, irrazonable o injusta desde el punto de vista procesal. 
1. Ilícita
 
 Hay una serie de razones para la revisión inhere ntes al requisito de legitimidad de una medida 
administrativa, a saber: 
 ● La carencia de autoridad conferida por  una disposición habilitadora al autor 
(autoridad administrativa) de una decisión para que proceda a su adopción. 
 ● La delegación ilegítima de facu ltades al autor de una decisión. 
 ● El incumplimiento de un procedimiento o condición obligatorios establecidos por una 
disposición habilitadora. 
 ● La influencia fundamental de un error de derecho en la medida administrativa 
adoptada. 
 ● La adopción de una medida administrativa con fines posteriores. 
 ● La adopción de una medida administrativa basada en la mala fe. 
 ● La omisión de examinar una solicitud o la  negativa de adoptar una decisión por parte 
de la autoridad competente. 
 ● La adopción de una decisión fuera del plazo  prescrito o de un plazo prudencial, en su 
caso. 
 ● La adopción de una decisión administrativa sin tener en cuenta elementos pertinentes 
o teniendo en cuenta elementos no pertinentes.  G/ADP/AHG/W/165 
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  ● La adopción de una decisión administrativa arbitrariamente, es decir, una decisión 
irracional, carente de sentido o sin fundamento. 
 ● La adopción de una decisión administrativa sobre la base de instrucciones no 
autorizadas o injustificadas de terceros (personas u organismos). 
 ● La parcialidad o una sospecha razonable de parcialidad del autor de la medida 
administrativa. 
2. Irrazonable  
 Hay una serie de razones para la revisión inhe rentes al requisito de racionalidad de la medida 
administrativa, a saber: 
 ● La falta de vínculo racional con el propós ito conducente a la adopción de la decisión 
por la autoridad administrativa. 
 ● La falta en la decisión de vínculo r acional con el propósito perseguido en la 
disposición habilitadora. 
 ● La falta en la decisión de vínculo racional  con la información de que dispone su autor 
(autoridad administrativa). 
 ● La falta en la decisión de vínculo raciona l con la razón aducida por su autor para 
justificar su adopción. 
 ● El carácter tan irracional de la función ad ministrativa autorizada por la disposición 
habilitadora en virtud de la cual se adoptó la  medida administrativa, que disuadiría a 
cualquier persona sensata de ejercerla. 
3. Injusta desde el punto de vista procesal  
 Una medida administrativa que menoscabe de forma importante los derechos de cualquier 
persona debe ser justa desde el punto de vista procesal .  El artículo 3(2)(a) de la Ley de Promoción de 
la Justicia Administrativa establece que un procedimiento administrativo justo dependerá de las circunstancias de cada caso.  Las razones de la revisión pueden ser, entre otras, las siguientes: 
 
● La omisión por la autoridad administrativa de notificar debidamente a la persona a la 
que podría perjudicar una medida administrativ a, la naturaleza y la finalidad de la 
medida propuesta. 
 ● La omisión por la autoridad administrativa  de conceder a la persona a la que podría 
perjudicar una medida administrativa, una  oportunidad razonable para exponer sus 
argumentaciones. 
Procedimientos de la revisión judicial 
 El artículo 7 de la Ley de Pr omoción de la Justicia Administrativa establece la necesidad de 
iniciar el procedimiento de revisión sin demoras in justificadas y no después de transcurridos 180 días 
desde la fecha de notificación al solicitante, de la decisión y de sus razones, o desde la fecha en que 
tuvo conocimiento de la decisión y sus razones o en  que era previsible, razonablemente, que tuviese 
conocimiento de la decisión y sus razones.  Si en cualquier otra ley se previese un recurso interno, el 
solicitante deberá agotar los recursos internos antes de la admisión por los tribunales de la solicitud de G/ADP/AHG/W/165 
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 revisión.  Una vez agotada la vía del recurso interno,  el solicitante deberá inic iar el procedimiento de 
revisión en un plazo de 180 días.  La autoridad administrativa y la parte afectada por una decisión 
administrativa podrán acordar la prórroga del plazo de 180 días y los tribunales podrán también admitir el inicio del procedimiento de revisión fuera del mismo. 
 La solicitud de revisión se dirige al Tribunal S uperior mediante un escrito de petición.  En el 
escrito de petición debe indicarse la decisión o l as actuaciones cuya revisión se solicita, acompañado 
de una declaración jurada con la expos ición de los motivos que justifican  la solicitud de reparación, de 
los hechos y las circunstancias en los que se basa la reclamación y la reparación solicitadas. 
 En el escrito de petición se pedirá a la autoridad administrativa cuya decisión se está 
revisando, y a todas las demás partes afectadas, que  demuestren por qué no se justifica la revisión y 
rectificación o derogación de la decisión. 
 La autoridad administrativa presentará un act a de las actuaciones conducentes a la adopción 
de la decisión que se ha de revisar, así como las razones que desee o deba presentar, por ley, al Tribunal Superior, en un plazo de 15 días contados a partir de la fecha de recepción del escrito de 
petición.  Acto seguido la autoridad administrativa notificará al solicitante que así lo ha hecho.  El 
Secretario del Tribunal Superior comunicará el acta al solicitante.  Éste podr á renunciar a su derecho a 
disponer del acta.  Una vez que el Secretario haya  comunicado el acta al solicitante, éste dispondrá de 
10 días para modificar el escrito de petición y comple tar la declaración jurada de fundamentación.  Si 
la autoridad desea oponerse a la solicitud de revisi ón, presentará una notificación al solicitante y al 
Tribunal Superior en un plazo de 15 días contados a partir de la fecha de recepción del escrito de 
petición o de cualquier modificación de éste.  La autoridad presentará una declaración jurada de 
contestación en un plazo de 30 días contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo de 10 días 
de que disponía el solicitante para modificar su escrito de petición.  El solicitante podrá entonces 
presentar una declaración jurada de réplica y so licitar una fecha para que un juez del Tribunal 
Superior examine la solicitud de revisión. 
Medidas correctivas 
 En la cláusula 8 de la Ley de Promoción de la Justicia Administrativa se prevén las medidas 
correctivas de los procedimientos de revisión judi cial.  Los tribunales disponen de amplios poderes 
para dictar fallos sobre medidas correctivas en los pr ocesos de revisión.  Con arreglo al artículo 8(1) 
de la Ley supra , los tribunales gozan de un poder especial limitado para dictar una orden justa y 
equitativa.  Cuando se conceda la reparación, el juez podrá: 
 1. Derogar la decisión revisada y remitir el  asunto a la autoridad administrativa para su 
examen, con o sin indicaciones específicas. 
 2. Derogar la decisión revisada y sustituir  o modificar la medida administrativa o 
subsanar el efecto perjudicial resultante de su aplicación.  Ello sólo puede hacerse en 
casos excepcionales, por ejemplo, siendo el resultado final una conclusión obvia y la remisión de la decisión a la autoridad admi nistrativa una consiguiente pérdida de 
tiempo. 
 3. Derogar la decisión revisada y ordenar a la  autoridad administrativa o a cualquier otra 
parte en el procedimiento el pago de una compensación.  Ello sólo puede hacerse en casos excepcionales. 
 4. Dictar una orden que exponga los derec hos de las partes con respecto a cualquier 
asunto relacionado con la decisión considerada.  G/ADP/AHG/W/165 
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  5. Ordenar a la autoridad administrativa a que proceda de una ma nera determinada o a 
que fundamente la decisión. 
 6. Prohibir a la autoridad administrativa que proceda de una ma nera determinada. 
 7. Emitir un interdicto temporal.  8. Ordenar a la autoridad administra tiva que adopte una decisión y reconozca los 
derechos de las partes en relación con la adopción de la decisión. 
 9. Dictar una orden relacionada con las costas. 
Cumplimiento del Acuerdo Antidumping 
 La revisión judicial es el único mecanismo di sponible en Sudáfrica para la revisión de una 
decisión en materia de medidas antidumping.  La re visión judicial de las actuaciones administrativas 
es competencia de los tribunales de Sudáfrica.  Por lo tanto, el proceso de revisión judicial en 
Sudáfrica cumple lo dispuesto en el artículo 13 de l Acuerdo Antidumping en el sentido de que el 
procedimiento de revisión de las medidas antidumping  es independiente de la autoridad encargada de 
la determinación antidumping. 
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