 ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DEL COMERCIO  WT/DS165/R/Add.1 
17 de julio de 2000 
 (00-2916) 
 Original:   inglés 
   
 
ESTADOS UNIDOS - MEDIDAS APLICADAS A DETERMINADOS 
PRODUCTOS PROCEDENTES DE LAS 
COMUNIDADES EUROPEAS 
 
Informe del Grupo Especial 
 
Addendum
 
   En el presente addendum figuran los apéndices del informe del Grupo Especial contenidos en 
el documento WT/DS165/R. WT/DS165/R/Add.1 
Página 2  
 
Apéndice 1.1 Primera comunicación de las Comunidades Europeas (10 de noviembre de 1999) 
Apéndice 1.2 Intervención oral de las CE en la primera reunión sustantiva (16 de diciembre 
de 1999) 
Apéndice 1.3 Declaración final de las CE en la primera reunión sustantiva (17 de diciembre 
de 1999) 
Apéndice 1.4 Respuestas de las CE a las preguntas del Grupo Especial y de las Partes (13 de enero 
de 2000) 
Apéndice 1.5 Comunicación de réplica de las Comunidades Europeas (21 de enero de 2000) Apéndice 1.6 Carta de las CE de fecha 25 de en ero de 2000 sobre la amplitud del mandato del 
Grupo Especial (25 de enero de 2000) 
Apéndice 1.7 Respuestas de las CE a nuevas pre guntas del Grupo Especial (8 de febrero de 2000) 
Apéndice 1.8 Intervención oral de las CE en la segunda reunión sustantiva (9 de febrero de 2000) 
Apéndice 1.9 Declaración final de las CE en la segunda reunión sustantiva (9 de febrero de 2000) 
Apéndice 1.10 Respuestas de las CE a nuevas pre guntas del Grupo Especial (10 de febrero de 2000) 
Apéndice 2.1 Primera comunicación de los Estados Unidos de América (6 de diciembre de 1999) 
Apéndice 2.2 Intervención oral de los Estados  Unidos en la primera reunión sustantiva  
(16 de diciembre de 1999) 
Apéndice 2.3 Observaciones finales de los Estados  Unidos en la primera reunión sustantiva  
(17 de diciembre de 1999) 
Apéndice 2.4 Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas del Grupo Especial y de las Partes 
(13 de enero de 2000) 
Apéndice 2.5 Comunicación de réplica de los Esta dos Unidos (incluida la carta de remisión)  
(21 de enero de 2000) 
Apéndice 2.6 Respuestas de los Estados Un idos a nuevas preguntas del Grupo Especial  
(8 de febrero de 2000) 
Apéndice 2.7 Intervención oral de los Estados Uni dos sobre cuestiones relacionadas con el ámbito 
de la presente diferencia, en la segunda reunión sustantiva (9 de febrero de 2000) 
Apéndice 2.8 Intervención oral de los Esta dos Unidos en la segunda reunión sustantiva  
(9 de febrero de 2000) 
Apéndice 2.9 Declaración final de los Estados  Unidos en la segunda reunión sustantiva  
(9 de febrero de 2000) 
Apéndice 2.10 Respuestas de los Estados Un idos a nuevas preguntas del Grupo Especial  
(10 de febrero de 2000) 
Apéndice 3 Intervención oral del Commonweal th de Dominica y Santa Lucía en la sesión 
destinada a terceros (17 de diciembre de 1999)  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 3 
 
 
Apéndice 4 Intervención oral del Ecuador en la  sesión destinada a terceros (17 de diciembre 
de 1999) 
Apéndice 5 Comunicación de la India en calid ad de tercero (10 de diciembre de 1999) 
Apéndice 6 Comunicación de Jamaica en calidad de tercero (8 de diciembre de 1999) Apéndice 7 Intervención oral del Japón en la sesión destinada a terceros (17 de diciembre 
de 1999) WT/DS165/R/Add.1 
Página 4  
 
Apéndice 1.1 
Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas 
(10 de noviembre de 1999) 
  
I. EL ALCANCE DE ESTE PROCEDIMIENTO Y EL OBJETIVO PERSEGUIDO POR 
LAS CE 
1. Las Comunidades Europeas han solicitado al OS D que establezca el pr esente Grupo Especial 
contra los Estados Unidos con el objeto de obte ner una resolución en la que se recomiende a los 
Estados Unidos que deje sin efecto la medida comercial ilegal adoptada el 3 de marzo de 1999 y 
confirmada el 19 de abril de 1999 (en adelante denominada "la medida"), que limitó la importación de 
determinados productos procedentes de las Com unidades Europeas.  Las CE consideran que los 
hechos del caso presente son sencillos y no re quieren, por tanto, debates prolongados.  En 
consecuencia, las CE solicitan al Grupo Especial que proceda rápidamente, dentro del tiempo más 
breve posible, a examinar el asunto incluido en su mandato.  A este respecto, las CE desearían señalar 
a la atención del Grupo Especial el hecho de que la medida ilegal adoptada por los Estados Unidos 
sigue ejerciendo sus efectos perjudiciales en los agentes económicos comunitarios. 
II. HECHOS EN LITIGIO 
2. El 7 de enero de 1988, el Árbitro Dr. El-Naggar resolvió que 
"de conformidad con el apartado c) del párra fo 3 del artículo 21, el plazo prudencial 
para la aplicación por las Comunidades Europeas de las recomendaciones y 
resoluciones del OSD adoptadas el 25 de septiembre de 1997 sobre el asunto 
Comunidades Europeas – Régi men para la importación, venta y distribución de 
bananos , será el período comprendido entre el 25 de septiembre de 1997 y el 1º de 
enero de 1999".
1 
3. El Consejo de la Unión Europea adoptó el Reglamento (CE) Nº 1637/98 de 20 de julio 
de 1998, que modificaba el Reglamento (CEE) 404/93 relativo a la organización de un mercado 
común para el plátano (DO L 210 de 27 de julio de 1998).  El Reglamento 1637/98 entró en vigor el 
31 de julio de 1998 y fue aplicable a partir del 1º de  enero de 1999.  Mediante las facultades delegadas 
que le atribuyó el Consejo, la Comisión Europ ea adoptó el Reglamento de la Comisión (CE) 
Nº 2362/98 de 28 de octubre de 1998, en el que se establecieron normas detalladas para la aplicación 
del Reglamento del Consejo (CEE) Nº 404/93 relativo a la importación de plátanos en la Comunidad 
(DO L 293 de 31 de octubre de 1998).  Este Reglamento entró en vigor el 1º de noviembre de 1998 y 
fue aplicable en su totalidad a partir del 1º de enero de 1999. 
4. Las modificaciones introducidas por estos reglamentos crearon un conjunto completamente 
nuevo de normas que se referían c oncretamente a los elementos del ré gimen del plátano anterior que 
había sido declarado incompatible con las normas de la OMC, tanto con respecto al GATT como al 
AGCS. 
5. Mucho antes de la conclusión del plazo prude ncial concedido por el Árbitro a las CE, y 
cuando las CE aún no habían adoptado la totalidad  de las medidas previstas para cumplir las 
recomendaciones y resoluciones del OSD del 27 de septiembre de 1997, los Estados Unidos 
publicaron tres avisos en el Federal Register  los días 22 de octubre, 10 de noviembre y 
29 de diciembre de 1998, respectivamente2 (Anexos I, II y III de las CE), de la determinación de 
                                                      
1 WT/DS27/15, párrafo 20. 
 
2 Volumen 63, páginas 56.687, 63.099 y 71.665.  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 5 
 
 
medidas propuestas mediante la imposición de  derechos prohibitivos (el 100 por ciento ad valorem ) 
sobre determinados productos procedentes de las Comunidades Europeas.  Esta medida propuesta se 
basaba en la determinación unilateral formulada po r los Estados Unidos en el sentido de que las 
medidas que las CE han decidido imponer a partir del 1º de enero de 1999 no aplican las recomendaciones de la OMC relativas al régimen de los bananos de las CE.  Las medidas propuestas 
debían entrar en vigor ya desde el 1º de enero de 1999. 
6. La publicación de los avisos antes mencionados  representó la aplicación de un compromiso 
político asumido por el Presidente de los Estados Unidos con respecto al Congreso de ese país (Anexo IV de las CE), que se refiere expresamente a un proyecto de ley que se estaba examinando en 
ese momento en el Congreso de los Estados Unidos .  El compromiso asumido en la carta estuvo así 
claramente destinado a impedir que los legisl adores estadounidenses adoptaran una legislación que 
imponía sanciones económicas inmediatas contra las CE (Anexos V y VI de las CE). 
7. El 14 de enero de 1999, sin haber solicitado un procedimiento de solución de diferencias 
conforme a lo exigido por el párrafo 5 del artíc ulo 21 del ESD, los Estados Unidos pidieron no 
obstante al OSD autorización, en virtud del artículo 22 del ESD, para suspender la aplicación a las CE 
de concesiones arancelarias y obligaciones conexas en el marco del GATT. 
8. Después de la celebración de amplios debates en el OSD y en el Consejo General, en los que 
se subrayó el carácter extraordinario de la solicitud de  los Estados Unidos y el peligro que ello creaba 
para el sistema de solución de diferencias de la OMC
3, a fin de limitar perjuicios a sus agentes 
económicos en la máxima medida  posible, el 29 de enero de 1999 las CE impugnaron el nivel de 
suspensión propuesto por los Estados Unidos y el as unto fue sometido a arbitraje, de conformidad con 
lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo 22 del ESD. 
9. El 2 de marzo de 1999, el Árbitro dio traslado a las partes de una decisión "inicial".4  En la 
carta de remisión enviada a las partes en el procedimiento se expresó lo siguiente: 
"Le escribo para informarle de que los Ár bitros hemos dado hoy traslado a las partes 
de una decisión inicial en la que resolvem os cuestiones relacionadas con el alcance de 
nuestra labor y con ciertos aspectos de la metodología y los cálculos de los Estados 
Unidos para determinar el nivel de la suspensión de concesiones.  Además, hemos 
pedido a las partes que nos suministren información adicional.  Esta información ha de permitirnos adoptar una opinión defin itiva con respecto al nivel de anulación o 
menoscabo sobre la base de la incompatibilid ad, de haberla, del régimen revisado de 
las CE para el banano con la OMC y, si pro cede, determinar el nivel de la suspensión 
de concesiones u otras obligaciones equivalentes al nivel de esa anulación o 
menoscabo.  Pensamos que, una vez recibida y analizada esa información, estaremos pronto en condiciones de pronunciar una decisión definitiva sobre este asunto." 
10. A pesar de esta declaración, muy precisa, del Árbitro, el USTR, basándose en su 
determinación unilateral
 de que las Comunidades Europeas no habían cumplido las recomendaciones 
del OSD sobre este régimen, anunció el día siguien te (3 de marzo de 1999) que el Servicio de 
Aduanas de los Estados Unidos comenzaría a partir de esa fecha a suspender la liquidación y a revisar 
la suficiencia de las fianzas correspondientes a l as importaciones de determinados productos europeos 
por un valor comercial superior a 520 millon es de dólares EE.UU. (Anexo VII de las CE). 
                                                      
3 Véase el documento WT/DSB/M/54 de la OMC, en particular las páginas 30 y siguientes. 
 
4 WT/DS27/48. 
 WT/DS165/R/Add.1 
Página 6  
 
Normalmente, una deuda aduanera se contrae cua ndo se importan productos sujetos a derechos de 
importación, y se establece sobre la base del derech o aplicable al producto que se importa en ese 
momento.  El nivel del derec ho es el determinado en la nomenclatura arancelaria de los 
Estados Unidos y este nivel no deberá ser superior al  nivel establecido en la Lista de compromisos de 
los Estados Unidos en el marco de la OMC. 
En la práctica, la medida estadounidense susp endió la liquidación de  una deuda aduanera 
correspondiente a la importación de acuerdo con las reglas normales, haciendo así imposible el pago 
de los derechos establecidos en la nomenclatura aduanera de los Estados Unidos.  Además de este 
efecto, la medida estadounidense impuso el depós ito de una fianza (o garantía), que no se podía 
liberar hasta tanto la deuda aduanera respecto de la cual se otorgaba la fianza se hubiese extinguido o 
no pudiese ya existir.  El nivel de la garantía no se calculó con respecto a un nivel derivado pero no 
superior a los derechos consolida dos por los Estados Unidos (es deci r, la deuda aduanera ordinaria), 
sino con respecto a un nivel muy superior, en realidad del 100 por ciento ad valorem  (es decir, el nivel 
arbitrario de retorsión fijado unilateralmente por los Estados Unidos) (Anexo VIII de las CE). 
Además, la decisión de suspender la liquidación de  derechos de aduanas de l 3 de marzo de 1999 
impuso a los importadores de de terminados productos europeos  una obligación contingente 
correspondiente a derechos del 100 por ciento ad valorem , discriminando así a los productos y los 
importadores europeos, ya que los importadores de productos similare s de otras procedencias sólo 
estaban sujetos a una obligación correspondien te al arancel aduanero consolidado. 
11. El 9 de abril de 1999, el Árbitro emitió una  decisión en la que determinaba el nivel de 
anulación o menoscabo en 191,4 millones de dólares EE.UU.
5  El mismo día (9 de abril de 1999), los 
Estados Unidos solicitaron al OSD autorización para  suspender concesiones u otras obligaciones a las 
CE por ese importe.  La autorización fue concedida el 19 de abril de 1999.6 
12. Con efecto desde el 19 de abril de 1999, el USTR  confirmó (Anexos IX y X de las CE) que se 
aplicaría retroactivamente un derecho del 100 por ciento ad valorem  a los productos procedentes de 
las CE (incluidos en una lista) cuando se anunci ase que esos productos habían entrado o se habían 
retirado del depósito de aduanas para cons umo, a partir del 3 de marzo de 1999 . 
III. INFRACCIÓN DE LAS OBLIGACIONES  DE LOS ESTADOS UNIDOS EN EL 
MARCO DE LA OMC 
A. INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 22 DEL ESD 
13. De conformidad con la última frase del párrafo 6 del artículo 22 del ESD 
"No se suspenderán concesiones u otras oblig aciones durante el curso del arbitraje." 
14. Al aplicar su medida del 3 de marzo, los Es tados Unidos violaron esta norma.  De hecho, 
mientras el procedimiento de arbitraje aún est aba en curso, los Estados Unidos impusieron 
exclusivamente a los productos importados pro cedentes de las CE una obligación contingente 
correspondiente a derechos del 100 por ciento, mien tras que los importadores de productos similares 
de otras procedencias estaban sujetos a obligacion es contingentes por el valor del arancel aduanero 
consolidado.  Las fianzas de las importaciones procedentes de las CE correspondían (o estaban 
destinadas a corresponder) a esa obligación contingente más elevada, que afectaba al comercio por 
una cuantía de 520 millones de dólares EE.UU. 
                                                      
5 WT/DS27/ARB. 
 
6 WT/DSB/M/59, página 12. 
  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 7 
 
 
15. El propósito y las consecuencias reales de la me dida consistían en disuadir absolutamente las 
importaciones, ya que lógicamente los importadores serían muy renuentes a aceptar el riesgo de tener que pagar retroactivamente derechos del 100 por ciento ad valorem .  Como señaló el Representante 
Comercial Adjunto de los Estados Unidos, Sr. P. Sc her, en una conferencia de prensa ofrecida el 
3 de marzo de 1999 (Anexo XI de las CE), 
"hemos adoptado medidas de retorsión frenando efectivamente el comercio a partir 
del 3 de marzo para responder al perjuicio causado por el régimen de los bananos de 
las CE incompatible con la OMC." 
Además, como se demuestra en la decisión definitiva  de los Árbitros, la cuantía de 520 millones de 
dólares EE.UU. del valor de las importaciones comunitarias objeto de la suspensión de concesiones u 
otras obligaciones, determinada unilateralmente por l as autoridades de los Estados Unidos, carece de 
todo fundamento en virtud de las normas de la OMC.  B. I
NFRACCIÓN DE LOS ARTÍCULOS I , II, XI Y VIII DEL GATT DE 1994 
16. Además, de los hechos mencionados anteriorment e se desprende claramente que la medida en 
litigio es incompatible con: 
a) El artículo I del GATT de 1994, porque discrimina entre  los productos originarios de 
las CE y  los productos originarios de todos los demás países.  El 3 de marzo de 1999, 
sólo fueron sujetos a la medida estadouni dense determinados productos procedentes 
de las CE, mientras que los productos similares de otros Miembros no lo fueron. 
b) El artículo II del GATT de 1994, ya que niega, a partir del 3 de marzo de 1999, el 
derecho incondicional de impor tar determinados productos de las CE conforme a un 
arancel no superior al establecido y previsto en la Lista de los Estados Unidos.  La medida de los Estados Unidos significa que  cada empresario que importara uno de los 
productos escogidos unilateralmente por la medida de los Estados Unidos estaba 
obligado a pagar un arancel incomparablemente superior al derecho consolidado en la 
Lista de los Estados Unidos. 
c) El artículo XI del GATT de 1994, ya que la  consecuencia de la medida "de retorsión" 
estaba destinada, según la expresión del Representante Comercial Adjunto de los Estados Unidos, a "frenar efectivamente el  comercio a partir del 3 de marzo". 
d) El apartado a) del párrafo 2 del artículo II y el párrafo 1 del artículo VIII del GATT 
de 1994, ya que el requisito de presentar o constituir fianzas superiores al tipo de 
derecho consolidado al impor tarse determinados productos de las CE da lugar a un 
aumento de los gastos para los importadores, que constituye "otras cargas" impuestas en relación con la importación, y que están prohibidas.  Resulta incuestionable que el 
depósito de una garantía (o la constituci ón de una fianza) impone necesariamente una 
carga financiera, ya que todas las empresas (o sus agentes de aduanas) sujetas a esa 
medida están obligadas: 
- a depositar una suma fija (lo que  supone necesariamente una de las 
situaciones siguientes:  o
 la empresa tiene lista y disponible esa cantidad, en 
cuyo caso sufre una pérdida de intereses y, por tanto, un gasto;  o bien  debe 
pedir el dinero en préstamo, en cuyo  caso está obligada al pago de intereses 
por dicho préstamo); 
 
- o bien a depositar una garantía fina nciera, que las instituciones financieras 
sólo facilitan a un precio relacionado con la cuantía garantizada; WT/DS165/R/Add.1 
Página 8  
 
- o, por último, a comprometer una parte de una garantía ge neral (o una fianza 
continuada).  Si la garantía general no es suficiente, se requiere una garantía 
adicional o un aumento de  la garantía general. 
 
17. De hecho, la medida obligó a las empresas o a sus agentes de aduanas a escoger la segunda o 
la tercera opción indicadas en el apartado d) del párrafo 16 supra  (Anexos VIII y X de las CE).  
Ambas opciones suponían una carga adicional a lo exigido por las autoridades aduaneras de los 
Estados Unidos al aplicar los de rechos de aduana ordinarios. 
C. V
IOLACIÓN DEL ARTÍCULO 23 Y DEL ARTÍCULO 3 DEL ESD 
18. El USTR aclaró mediante un aviso público en el que se solicitaban observaciones sobre la 
medida proyectada para el 3 de  marzo de 1999, que los artículos 301 a 310 le exigían aplicar dicha 
medida en esa fecha: 
"Dado que el plazo prudencial para la aplicación por las CE de las recomendaciones 
de la OMC relativas al régimen comunitario pa ra los bananos expira el 1º de enero de 
1999, el USTR debe form ular la determinación  exigida por el artículo 306 (b) a más 
tardar el 31 de enero de 1999 y, en el caso de una determinación afirmativa, debe 
aplicar nuevas medidas  a más tardar 30 días después de esa fecha."7 
19. Por lo tanto, el USTR se consideró obligado a adoptar medidas de retorsión después de los 
60 días transcurridos desde la expiración del período de aplicación, como respuesta a lo que se estimaba como la no aplicación de resoluciones o recomendaciones del OSD.  El USTR añadió: 
"estos plazos permiten que el USTR recurra a los procedimientos de compensación y 
suspensión de concesiones previstos en el artículo 22 del ESD".
8 
20. Sin embargo, cuando resultó que los procedimie ntos previstos en el artículo 22 no habían 
concluido el 3 de marzo de 1999 y que, por e nde, los Estados Unidos no podían obtener la 
autorización necesaria del OSD en el momento en que lo exigía su legislación nacional, el USTR, a 
pesar de ello, impuso sanciones comerciales, "frena ndo efectivamente el comercio".  Esta serie de 
acontecimientos confirma que el USTR ap licó la nueva medida (unilateralmente ), decidida sólo sobre 
la base de su legislación interna y, por tanto, sin tener en cuenta  si esa medida se ajustaba a los 
requisitos de los párrafos 1 y  2 del artículo 23 del ESD. 
21. En virtud del artículo 23 del ESD, los Estados  Unidos aceptaron una obligación incondicional 
y sin reservas de imponer una suspensión de concesi ones u otras obligaciones sólo con la aprobación 
del OSD;  sin embargo, han aplicado su legisl ación interna infringiendo tal obligación fundamental 
dimanante de los Acuerdos de la OMC. 
Además, la medida de los Estados Unidos está en contradicción con las normas de la OMC en lo que 
se refiere a su oportunidad y su cuantía, y por el hech o de dejar totalmente de lado los procedimientos 
de la OMC, socavando así de manera fundamental la autoridad de los órganos de la OMC que se 
ocupan de la solución de di ferencias.  También socava la expectativa de que los Miembros de la OMC 
aseguren la conformidad de sus procedimientos administrativos nacionales con las normas de la 
OMC, en particular con lo requerido por el ESD. 
                                                      
7 Federal Register , Volumen 63, Nº 204, jueves 22 de octubre de 1998, páginas 56.688 y 56.689. 
 
8 Idem , página 56.689. 
  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 9 
 
 
Como indicó el Grupo Especial que se ocupó del asunto " Estados Unidos – Artículos 301 a 310 "9: 
"El párrafo 1 del artículo 23 [...] establece una obligación general de carácter doble.  Primero, 
dispone que todos los Miembros "recurrirán" al  procedimiento multilateral establecido en el 
ESD cuando traten de que se repa re una incompatibilidad con las normas de la OMC.  En esas 
circunstancias, los Miembros tienen que recu rrir al sistema de solución de diferencias 
establecido en el ESD, con exclusión de cualquier otro sistema, en particular un sistema de 
imposición coercitiva unilateral de los derechos  y obligaciones dimanantes de las normas de 
la OMC.  Esta prescripción, a la que se podría denominar "cláusula exclus iva para la solución 
de diferencias", es un importante elemento  nuevo de los derechos y obligaciones que 
incumben a los Miembros con arreglo al ESD.  Segundo, el párrafo 1 del artículo 23 también 
dispone que los Miembros, cuando recurran al sistema de solución de diferencias del ESD, 
"deberán acatar" las normas y procedimientos del ESD. 
Pasando al párrafo 2 del artículo 23, que a primera vista se refiere a la actuación en 
diferencias concretas, hay que señalar que ese párrafo empieza con las palabras "[e]n tales casos".  Por consiguiente, está explícitamente vinculado al párrafo 1 del artículo 23 y tiene 
que interpretarse junto con él y supeditándolo a él. 
De hecho, dos de las tres prohibiciones menc ionadas en el párrafo 2 del artículo 23 -las 
indicadas en sus apartados b) y c)- son dest acados ejemplos de actuaciones que están en 
contradicción con las normas y procedimientos  del ESD, normas y procedimientos que los 
Miembros "deberán acatar" conforme al párrafo 1 del artículo 23.
10  Evidentemente, esas 
normas y procedimientos abarcan mucho más que  las normas y procedim ientos mencionados 
expresamente en el párrafo 2 del artículo 23.11  Hay muchos más comportamientos estatales 
que pueden incumplir la obligación general im puesta por el párrafo 1 del artículo 23 de 
recurrir a las normas de procedimiento del ESD y de acatar esas normas y procedimientos que los casos a los que se hace especial referencia en el párrafo 2 del artículo 23."
12 
22. Por último, socava el logro de los objetivos fund amentales previstos en el artículo 3 del ESD.  
El artículo 3 del ESD describe el sistema de solución de diferencias del ESD como "un elemento 
esencial para aportar seguridad y previsibilidad al si stema multilateral de comercio".  Como señaló el 
Órgano de Apelación en el informe relativo a las " Redes locales "13, el objetivo de la "seguridad y 
previsibilidad del sistema multilateral de comerc io" también es un objeto y fin de los propios 
Acuerdos sustantivos de la OMC.  Constituye el re flejo del principio genera l del derecho internacional 
público " pacta sunt servanda " (artículo 26 de la Convención de  Viena sobre el Derecho de los 
Tratados), que exige que los acuerdos internacionales se cumplan de buena fe. 
                                                      
9 Véanse los párrafos 7.43 a 7.45 del informe del Grupo Especial, WT/DS152/R. 
 
10 [Nota de pie de página del original.]  En cambio, en otras partes del ESD no se hace referencia al 
apartado a) del párrafo 2 del artículo 23, en el que se prohíbe a los Miembros formular ciertas determinaciones. 
 
11 [Nota de pie de página del origin al.]  Se podría hacer referencia, por ejemplo, a la prescripción de 
que se solicite la celebración de consultas conforme al artículo 4 del ESD antes de pedir que se constituya un 
grupo especial con arreglo al artículo 6. 
 
12 [Nota de pie de página del original.]  Algunos otros ejemplos de comportamientos que serían 
contrarios a las normas y procedimientos del ESD pero que no se mencionan expresamente en el párrafo 2 del 
artículo 23 son el no notificar al OSD las soluciones mutu amente convenidas como se  dispone en el párrafo 6 
del artículo 3 del ESD, o el no cumplir las normas de que se solicite la celebración de consultas o el establecimiento de un grupo especial, como se dispone en los artículos 4 y 6. 
 
13 WT/DS62/AB/R – WT/DS67/AB/R – WT/DS68/AB/R. 
 WT/DS165/R/Add.1 
Página 10  
 
D. I
NFRACCIÓN DEL PÁRRAFO 5 DEL ARTÍCULO 21 DEL ESD 
23. El párrafo 5 del artículo 21 del ESD establece: 
"En caso de desacuerdo en cuanto a la existe ncia de medidas destinadas a cumplir las 
recomendaciones y resoluciones o a la co mpatibilidad de dichas medidas con un 
acuerdo abarcado, esta diferencia se resolverá conforme a los presentes 
procedimientos de solución de diferencias, con intervención, siempre que sea posible, 
del grupo especial que haya entendido inicia lmente en el asunto.  El grupo especial 
distribuirá su informe dentro de los 90 días siguientes a la fecha en que se le haya sometido el asunto." 
24. Esta disposición, y en particular los términos " se resolverá" (se utiliza el término "shall" en la 
versión inglesa), "grupo especial" y "los presentes pr ocedimientos de solución de diferencias" se 
deben interpretar de conformidad c on los principios de la Convenci ón de Viena sobre el Derecho de 
los Tratados, es decir, se deben interpretar 
"de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del 
tratado en el contexto de éstos y teniendo en  cuenta su objeto y fin" (párrafo 1 del 
artículo 31). 
25. Las CE consideran que el sentido corriente del término "shall" (en la versión inglesa) expresa 
"una orden o un deber".
14  En el contexto de la OMC, la expresión "grupo especial" se define en los 
artículos 6, 7 y 8 del ESD.  La expresión "los presen tes procedimientos de solución de diferencias", 
interpretada "de buena fe" en el contexto del pá rrafo 5 del artículo 21, no significa otra cosa sino un 
procedimiento de solución de diferencias de conformidad con el ESD, lo que supone un grupo 
especial, según se define en los artículos 6, 7 y 8 (y, por tanto, no  meramente un procedimiento de 
arbitraje cuya naturaleza jurídica, ámbito de acción,  garantías procesales y sustanciales con respecto al 
derecho de defensa, acceso al Órgano de Apelación y acceso de los terceros, no puede compararse con el procedimiento de un grupo especial). 
26. Como indicó el Órgano de Apelación en el asunto " India – Patentes "
15, párrafo 45: 
"El deber del intérprete de un tratado es exam inar las palabras de és te para determinar 
las intenciones de las partes.  Esto ha de hacerse de conformidad con los principios de interpretación de los tratados establ ecidos en el artículo 31 de la Convención de 
Viena .  Pero estos principios de interpretación ni exigen ni aprueban que se imputen 
al tratado palabras que no existen en él o que se trasladen a él conceptos que no se 
pretendía recoger en él." 
27. Por lo tanto, "en caso de desacuerdo en cuanto a la existencia de medidas destinadas a cumplir 
las recomendaciones y resoluciones o la compatibilid ad de dichas medidas con un acuerdo abarcado" 
existe la obligación
 ("shall" en la versión inglesa) de recurrir al procedimiento de un grupo especial 
conforme a lo establecido en el párrafo 5 del artíc ulo 21 del ESD (a menos que la parte reclamante 
decida no actuar, según lo autoriza la primera frase del párrafo 7 del artículo 3 del ESD). 
28. Los Estados Unidos no obraron de esta manera.  Mucho antes de la expiración del "plazo 
prudencial" y en un momento en que las institucion es competentes de las CE aún no habían adoptado 
todas las medidas comunitarias necesarias para ap licar las recomendaciones y resoluciones del OSD, 
                                                      
14 Oxford English Reference Dictionary, 1995. 
 
15 WT/DS50/AB/R. 
  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 11 
 
 
los Estados Unidos ya habían de terminado unilateralmente que las medidas de las CE infringían las 
obligaciones de las CE dimanantes de la OMC.  Sobre la base de una determinación unilateral, 
impulsada exclusivamente por un programa político interno susceptible de recibir la presión de 
intereses particulares de sectores industriales, lo s Estados Unidos suspendieron unilateralmente  
concesiones arancelarias a las CE para determinados productos, a partir del 3 de marzo de 1999, por 
una cuantía jurídicamente injustifi cada y económicamente injustificable. 
29. Como se señaló en el informe del Grupo Especial en el asunto " Estados Unidos - 
Artículos 301 a 310 "16 (párrafo 7.75): 
"La seguridad y la previsibilidad del sistem a multilateral de comercio son otro de los 
principales objetos y fines del sistema y pueden contribuir a la consecución de los 
amplios objetivos del preámbulo.  De todas las disciplinas de la OMC, el ESD es uno 
de los instrumentos más importantes para pr oteger la seguridad y la previsibilidad del 
sistema multilateral de comercio y, por  conducto de él, la seguridad y la 
previsibilidad del mercado y de los di ferentes empresarios. Así pues, las 
disposiciones del ESD han de interpretarse en función de ese objeto y de ese fin y de 
la manera que coadyuve más eficazmente a su consecución." 
Pese a ello, la medida de los Estados Unidos hizo caso omiso completamente de esta razón 
fundamental  para la existencia, en virtud de los Acuer dos de la OMC, de un sistema multilateral para 
la solución de diferencias y para la autorizaci ón de medidas encaminadas a reequilibrar las 
concesiones entre los Miembros en caso de infracci ón de una obligación en el marco de la OMC. 
 
Conclusiones 
  Las CE solicitan al Grupo Especial que consta te que la medida de los Estados Unidos 
sometida a examen ha infringido el artículo 3, el párra fo 5 del artículo 21 y los artículos 22 y 23 del 
ESD, y los artículos I, II, XI y VIII del GATT de 1994.   Se deberá instar a los Estados Unidos a que 
adopten todas las medidas necesarias pa ra cumplir dichas constataciones. 
 
                                                     
 
16 WT/DS152/R. 
 WT/DS165/R/Add.1 
Página 12  
 
Apéndice 1.2 
Intervención oral de las CE en la primera reunión sustantiva 
(16 de diciembre de 1999) 
  
Sr. Presidente, distinguidos miembros del Grupo Especial: 
1. Las Comunidades Europeas iniciaron este procedimiento con la mira de que el OSD 
reafirmara algunos principios de fundamental impo rtancia en todo régimen cuyo funcionamiento se 
sustenta en el derecho y no en la mera fuerza y, al propio tiempo, de que estatuyera al respecto:  nadie puede ser juez y jurado en la misma causa, nadie puede  hacerse justicia por cuenta propia sin la previa 
intervención de un juez independiente e imparcial y nadie puede dejar de lado los procedimientos 
establecidos en ese régimen jurídico, que tienen por objeto garantizar el funcionamiento correcto y 
ordenado de ese régimen y, cosa sumamente importante, el derecho de defensa. 
2. En suma, estamos ante ustedes con el objeto de que se afirmen los principios de un sistema de 
solución de diferencias basado en normas, frente a un sistema de intimidación sustentada en el poder. 
3. Lo que ustedes, Sr. Presidente y miembros del Grupo Especial, deben hacer en virtud del 
mandato que tiene conferido el presente Grupo Especi al es, pues, por un lado examinar una medida 
adoptada por los Estados Unidos el 3 de marzo de 1999 y confirmada el 19 de abril de 1999 que limita 
la importación de ciertos productos procedentes de la s Comunidades Europeas y, por el otro formular 
recomendaciones al respecto.  No tienen ustedes el  cometido, porque ello, en realidad, carece por 
entero de pertinencia para la resolución de la pr esente diferencia, de exam inar la labor de otros 
órganos establecidos por el OSD en el contexto de otro procedimiento de solución de diferencias, ni 
tampoco les compete reformular la historia, como lo querrían los Estados Unidos, caracterizando a los 
acontecimientos de una forma que sencillam ente no se compagina con la realidad. 
4. A este respecto, si bien están cabalmente prep aradas en cualquier momento -ahora mismo, 
mañana o en las próximas semanas- para elucid ar toda cuestión que ustedes puedan considerar 
apropiada, las CE se abstendrán de analizar en detalle todas las afirmaciones incorrectas que los 
Estados Unidos hicieron en 8 de las 18 páginas de  su primera comunicación escrita respecto de los 
hechos en que se sustentaron anteriores diferencias.  Las CE estiman que ello haría perder el tiempo a 
todos. 
5. Las Comunidades Europeas consideraron en su  primera comunicación que los hechos en la 
presente diferencia eran claros y no necesitaban mu cha elucidación de nuestra parte.  La primera 
comunicación escrita de los Estados Unidos confirma esa interpretación de las CE. 
6. Acaso convenga recapitular brevemente la situaci ón en que nos encontramos en cuanto a la 
evaluación de los hechos de resultas del primer intercambio de comunicaciones escritas: 
a) Los Estados Unidos no niegan que la medida que adoptaron el  3 de marzo de 1999 
afecte a los derechos por pagar.  En la página 8 de su comunicación, los Estados 
Unidos afirman lo siguiente: 
1. "Los procedimientos de entrada aplicables en los Estados 
Unidos permiten el despacho de aduana oportuno o inmediato de los 
productos en los Estados Unidos.  Co mo la liquidación de una entrada 
se realiza habitualmente después de que los productos han entrado en  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 13 
 
 
la corriente del comercio, se exigen fianzas para garantizar el pago de 
esos derechos o tasas adicionales ."17  (Subrayado añadido.) 
 En consecuencia, de acuerdo con lo afirmado por los Estados Unidos mismos, tan 
pronto el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos despachó las mercancías a 
consumo el 3 de marzo de 1999 o a partir de esa fecha, y se presentó o comprometió 
una fianza igual al 100 por ciento del derecho ad valorem , el importador debía pagar 
el derecho aumentado (prohibitivo) al tiem po de liquidarse la deuda aduanera.  Los 
Estados Unidos confirman además que el requisito de fianza era esencial para garantizar el cobro de derechos del 100 por ciento ad valorem  (no autorizados) a 
partir del 3 de marzo de 1999.  También se confirma que el requisito de fianza se 
impuso a una lista de producto s con un valor comercial superior a 500 millones de 
dólares EE.UU., cuando fue, como todos sabemos, el árbitro oportunamente fijó el nivel de anulación o menoscabo de los bene ficios de los Estados Unidos y el 
correspondiente valor equivalente de suspen sión de las concesiones en 191,4 millones 
de dólares EE.UU., una tercera parte de la cuantía inicial. 
b) Los Estados Unidos no niegan, ni puede n negar, la declaración hecha por el 
Representante Adjunto para las Cuestiones Comerciales que figura en el anexo X de la primera comunicación escrita de las CE, de acuerdo con la cual: 
2. "… hemos adoptado medidas de retorsión frenando 
efectivamente el comercio a partir del 3 de marzo para responder al 
perjuicio causado por el régimen del banano de las CE, incompatible 
con la OMC." 
En consecuencia, queda confirmado que de r esultas de la imposición por el Servicio 
de Aduanas de los Estados Unidos de los requisitos en materia de fianzas 
mencionados en el apartado 1) supra , a partir
 del 3 de marzo de 1999, a pesar de que 
el procedimiento de arbitraje se encontraba todavía en curso, los Estados Unidos 
impusieron unilateralmente una medida de retorsión desproporcionada y no 
autorizada. 
c) En su primera comunicación escrita, los Estados Unidos tratan de sembrar confusión 
respecto del asunto cuando afirman en el párrafo 31 in fine  que: 
3. "[El] requisito [de una fianza única por transacción igual al 
valor declarado de la mercancía,  correspondiente al 100 por ciento ad 
valorem ] no imponía efectivamente derechos  ni prejuzgaba la cuantía 
del valor total de los productos a los que se impondría n derechos más 
elevados." 
Sin embargo, los Estados Unidos no pueden negar no sólo la afirmación del 
Representante Adjunto para las Cuestiones Comerciales mencionada en el apartado 2) 
supra,  como tampoco pueden negar que a ning ún importador le fue posible a partir 
del 3 de marzo de 1999  importar un producto enumerado en la lista de retorsión 
establecida unilateralmente con sólo el pa go de un derecho que no fuera superior al 
derecho consolidado en la Lista de concesiones arancelarias de los Estados Unidos correspondiente a ese producto (esto es, sin la aplicación del derecho de 100 por 
ciento ad valorem ).  Aparte de la paralización del comercio, ésta fue la otra 
consecuencia principal en la práctica 
de la medida de los Estados Unidos del 3 de 
                                                      
17 Párrafo 32, in fine. 
 WT/DS165/R/Add.1 
Página 14  
 
marzo de "retener la licitación", que litera lmente impide la liquidación inmediata
 de 
toda deuda aduanera. 
d) Aunque insisten en descripciones subje tivas (y, a decir verdad, erróneas) de los 
acontecimientos ocurridos antes y en el curso del procedimiento de arbitraje que concluyó el 19 de abril de 1999, los Esta dos Unidos no refutan seriamente, ni pueden 
tampoco hacerlo, dos declaraciones importa ntes del árbitro en su decisión inicial
18 y 
en su decisión final respectivamente19: 
4. "(…) hemos pedido a las partes que nos suministren 
información adicional.  Esta info rmación ha de pe rmitirnos adoptar 
una opinión definitiva con respecto al nivel de anulación o menoscabo 
sobre la base de la incompatibilidad, de haberla , del régimen revisado 
de las CE para el banano  con la OMC y, si procede, determinar el 
nivel de la suspención de concesiones u otras obligaciones equivalente al nivel de esa anulación o menoscabo." 
5. "(…) [Podríamos recurrir a la opción de] medir el nivel de 
anulación o menoscabo tomando como base nuestras constataciones 
en la diferencia inicial, modificadas por el Órgano de Apelación y adoptadas por el OSD, para lo que sería necesario prescindir 
completamente del hecho indiscutible de que las Comunidades 
Europeas han adoptado medidas para  revisar su régimen para la 
importación de bananos ." 
En consecuencia, bien puede haber ocurri do que los abogados de los Estados Unidos 
se hayan dejado llevar por el ánimo polém ico cuando afirmaron en la primera 
comunicación de los Estados Unidos que 
6. "Por consiguiente, los árbitr os concluyeron que lo que ahora 
las CE describen como un 'conjunt o completamente nuevo de normas' 
para su régimen de los bananos  fue en gran parte una nueva 
combinación de los mismos elementos que el Grupo Especial y el Órgano de Apelación declararon inicialmente incompatibles con las obligaciones de las CE en el marco de la OMC (…)." 
Haya o no habido polémica, el hecho
 es que el árbitro el 2 de marzo de 1999 aún no 
había adoptado ninguna decisión sobre el  nivel de anulación o menoscabo, "de 
haberl[o]", respecto del régimen "revisado"  de importación de bananos que las CE 
habían "indiscutible[mente]" adoptado antes de la expiración del plazo prudencial.  
Todo ello queda sobradamente confir mado cuando se examina la siguiente 
declaración del árbitro20: 
7. "Observamos también que ambas partes admiten  que para la 
evaluación de la equivalencia entre el nivel de la anulación sufrida y 
el nivel de la suspención propuesta hay que tomar como base la 
                                                      
18 WT/DS27/48. 
 
19 WT/DS27/ARB/US, párrafo 4.7. 
 
20 Ibid., párrafo 4.5. 
  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 15 
 
 
compatibilidad o incompatibilidad con las normas de la OMC del 
nuevo  régimen de las CE, y no del régimen anterior ." 
e) Los Estados Unidos no niegan, por último, que el requisito de presentar o 
comprometer fianzas de valor superior al  tipo consolidado por la importación de 
ciertos productos procedente de las CE dio lugar a aumentos de los costes para los 
importadores que constituyen "otras cargas" impuestas en relación con la 
importación. 
7. A juicio de las CE, por lo tanto, los hechos  indiscutibles en la presente diferencia quedan 
confirmados como sigue: 
Los Estados Unidos no incoaron ningún procedimiento anterior de solución de diferencias al amparo 
del párrafo 5 del artículo 21 del ESD, como debier on haberlo hecho, en relación con el régimen 
revisado del banano que las CE habían adoptado in discutiblemente antes de la expiración del plazo 
prudencial.  Los Estados Unidos decidieron el 3 de marzo de 1999 imponer unilateralmente medidas 
de retorsión sobre ciertos productos procedentes de  las CE por un valor superior a 500 millones de 
dólares EE.UU.  Esa medida se adoptó a pesar de que había un procedimiento de arbitraje todavía en 
curso que no concluyó antes del 19 de abril de 1999, cuando el ni vel de anulación o menoscabo se fijó 
en un tercio del nivel unilatera lmente determinado e impuesto por los Estados Unidos.  El efecto 
práctico de esa imposición fue 1) frenar efectivamente  el comercio de los productos seleccionados a 
partir del 3 de marzo de 1999 y 2) en todo caso  privar, a partir del 3 de marzo de 1999, a los 
importadores de su derecho de importar esos producto s sujetos a un derecho no superior al derecho 
consolidado conforme a la Lista de concesiones arancelarias de los Estados Unidos.  Además, esa 
medida dio lugar a costes adicionales para los importadores que constituyen "otras cargas" impuestas 
en relación con la importación. 
8. Si nos ocupamos ahora de las consecuencias jurídicas que debieran inferirse de los hechos 
que se acaban de resumir, cabe decir que las CE c onsideran que el cometido del Grupo Especial se ha 
visto facilitado de manera consider able por la declaración que hicieron los Estados Unidos en su 
primera comunicación escrita. 
Las CE adhieren firmemente a la tesis de que la autorización de suspensión de concesiones u otras 
obligaciones por el OSD al amparo de los párrafo s 2 ó 7 del artículo 22 del ESD en ningún caso se 
puede conceder retroactivamente.  Los Estados Un idos afirman en su primera comunicación escrita 
que el ESD guarda silencio respecto de esta cuestión21, pero no están en lo cierto.  En verdad, la 
última oración del párrafo 6 del ar tículo 22 contiene la siguiente norma que limita el derecho del 
reclamante a aplicar la suspensión de concesiones u otras obligaciones: 
 
"No se suspenderán concesiones u otras oblig aciones durante el curso del arbitraje". 
Esta disposición carecería de sentido si la susp ensión de concesiones u otras obligaciones pudiera 
aplicarse retroactivamente después de haber sido auto rizada por el OSD.  Como lo ilustra la presente 
diferencia, en verdad es imposible en la práctica aplicar la suspensión de concesiones u otras 
obligaciones retroactivamente salvo  que ya se haya adoptado alguna  medida de contingencia que 
anuncie claramente la medida definitiva futura  y garantice su aplicabilidad.  Esa medida de 
contingencia por sí sola, sin embargo, es incomp atible con la obligación clara y sin reservas de no 
recurrir a la suspensión de concesiones u otras obligaci ones en el curso del procedimiento de arbitraje 
porque -como también lo ilustra la presente di ferencia- esa medida de contingencia tendrá 
exactamente el mismo efecto comercial que la su spensión de concesiones u otras obligaciones.  Ello 
se debe a que ningún importador estará dispuesto a asumir el riesgo de quedar sujeto a un derecho 
                                                      
21 Véase el párrafo 39 de la primera co municación escrita de los Estados Unidos. 
 WT/DS165/R/Add.1 
Página 16  
 
prohibitivo ex post facto , pues la importación en sí no se puede deshacer una vez que el producto ha 
sido despachado a consumo en el país importador.  9. Por lo tanto, en modo alguno podrían las medi das adoptadas por los Estados Unidos en este 
caso justificarse al amparo del presunto silencio del ESD o de la invocación de una "responsabilidad" 
de las CE a partir de la expiración del plazo prudencial.  Esa "responsabilidad" presupone que, antes 
de que pueda plantearse la cuesti ón de qué medidas están o no justificadas como respuesta ante un 
presunto incumplimiento de las obligaciones asu midas en la OMC, esta alegación haya sido 
confirmada por el órgano pertinente de la OM C, conforme a los procedimientos que correspondan 
dentro del sistema multilateral de solución de difere ncias.  Esa "responsabilidad", por ende, no puede 
en ningún caso ser invocada por un Miembro de la  OMC antes de que se hayan concluido los 
procedimientos pertinentes al amparo del ESD. 
10. Quisiéramos también observar, en este contexto, que la fecha escogida por los Estados Unidos 
para la aplicación retroactiva de la suspensión de  concesiones u otras obligaciones, esto es, el 3 de 
marzo de 1999, encuentra fundamento en los artículos  306 b) 2) y 305 a) 1) de la Ley de Comercio 
Exterior de los Estados Unidos de 1974 (en su  forma enmendada), porque en virtud de esas 
disposiciones el USTR debe adoptar medidas a lo sumo después de dos plazos de 30 días tras la 
expiración del plazo prudencial.
22  Ello se desprende también, muy claramente, pese a la refutación 
que hacen los Estados Unidos en su primera comunicación escrita, de las notas publicadas en el 
Federal Register  sobre el asunto.  Una de esas notas contie ne la siguiente declaración oficial de las 
autoridades de los Estados Unidos: 
"Habida cuenta de que el plazo prudencial para la aplicación por las CE de las 
recomendaciones de la OMC relativas al régime n del banano de las CE expira el 1º de 
enero de 1999, el USTR debe  adoptar la determinación requerida  por el 
artículo 306 b) no más tarde del 31 de enero de 1999 y, en el caso de una determinación afirmativa, debe
 adoptar medidas ulteriores no más tarde de 30 días a 
contar de esa fecha."23  (Subrayado añadido.) 
Las CE observarían al respecto que no existe r ealmente ninguna coincidencia en que el plazo de 
30 días a partir del 31 de enero de 1999 expirase precisamente el 2 de marzo de 1999 (dado que 
en 1999, febrero tuvo 28 días).  11. Este hecho está confirmado por otra nota del Federal Register  que en las partes 
correspondientes dice lo siguiente: 
"Las fechas en que el USTR intenta aplicar la medida -1º de febrero o una fecha no 
posterior al 3 de marzo de 1999- corresponden a las fechas previstas en los
 
                                                      
22 Artículo 306 b) 2 ):  "Si la medida [...] a que se hace refere ncia [...] está relacionada con la aplicación 
de una recomendación formulada en un procedimiento de solución de dife rencias de la Organización Mundial 
del Comercio y el Representante para las Cuestiones Co merciales considera que el país extranjero no la ha 
aplicado, formulará la determinación [d e la medida ulterior que adoptará en virtud del artículo 301 a)] a más 
tardar 30 días después del vencimie nto del plazo prudencial previsto para tal aplicación en el párrafo [¡ sic!] 21 
del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias [...]." 
Artículo 305 a) 1 ):  "Salvo en los casos previstos en el pá rrafo 2), el Representante para las Cuestiones 
Comerciales aplicará las medidas que él mismo habrá determinado [que deben adoptarse] de conformidad con el 
artículo 301, respetando la s instrucciones específicas, en su caso, de l Presidente sobre esas medidas, a más 
tardar 30 días después de la fecha en que se haya formulado esa determinación." 
 
23 Véase Federal Register , jueves 22 de octubre de 1998, página 56689/90 (anexo I de las CE).  
  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 17 
 
 
artículos 306 b) y 305 a) de la Ley de Comercio Exterior , así como en el artículo 22 
del ESD."24 (Subrayado añadido.) 
Así pues, la afirmación de que el USTR no a doptó ninguna medida en conformidad con los 
artículos 301 y siguientes, el 3 de marzo de 199 9, contenida en la primera comunicación de los 
Estados Unidos en el presente procedimiento25 está en abierta contradicción con las notas oficiales 
publicadas en esas mismas fechas en el Federal Register , que es nada menos que el boletín oficial del 
Gobierno de los Estados Unidos.  12. La argumentación jurídica presentada por los Esta dos Unidos en la presente diferencia, según 
la cual la medida adoptada el 3 de mazo de 1999 se basaba en la llamada "responsabilidad potencial" 
de las CE
26 resultante de su presunto incumplimiento  de las recomendaciones del OSD en la 
diferencia sobre el Banano,  es por lo tanto nada más que un intento a posteriori  de dar una 
justificación a una medida que se tomó por razo nes relacionadas exclusivamente con la política 
interna de los Estados Unidos.27  Las CE desearían señalar a la atención del Grupo Especial la 
flagrante contradicción entre esta medida y el compro miso explícito, oficial, repetido e incondicional 
que adquirieron los representantes de los Estados Un idos cuando aparecieron ante el Grupo Especial 
para hablar sobre el asunto " Estados Unidos - Artículo 301 a 310 de la Ley de Comercio Exterior 
de 1974 " según la cual el USTR se basaría "para formular conforme al artículo 301 cualquier 
determinación en el sentido de que ha habido  una infracción o denegación de derechos que 
correspondan a los Estados Unidos conforme al acu erdo correspondiente sobre el Grupo Especial del 
Órgano de Apelación adoptadas por el OSD".28 
13. Como ya hemos explicado en detalle en nuestra primera comunicación escrita, las medidas de 
los Estados Unidos objeto de la presente reclam ación por parte de las Comunidades Europeas se 
tomaron en flagrante violación de las obligaciones de todos los Miembros en el marco de la OMC con 
respecto a las disposiciones del artículo 23 del ESD titulado " Fortalecimiento del sistema 
multilateral ".  Los Estados Unidos alegan en su primera comunicación escrita que "resulta difícil 
responder a los vagos argumentos de las CE con re specto al artículo 23, sobre todo porque las CE 
nunca determinaron con precisión las obligaciones en cuestión".29 
14. Si los Estados Unidos tienen difi cultad para identificar las normas contenidas en el artículo 23 
del ESD a las que se refieren las CE en el caso presente, ello no hace más que confirmar la fundamental despreocupación de los Estados Unidos  con respecto a esas normas, que por otra parte 
fueron analizadas con gran detalle en el r eciente informe del Grupo Especial sobre " Estados Unidos - 
Artículos 301 a 310 de la Ley de Comercio Exterior de 1974 ".  El principio orientador del artículo 23 
está contenido en su párrafo 1, que orienta asimism o las disposiciones más detalladas del párrafo 2, 
dado que dicho párrafo comienza con las siguientes pa labras:  "En tales casos, los Miembros", con lo 
                                                     
 
24 Véase Federal Register , jueves 10 de noviembre de 1998, página 63089 (anexo II de las CE). 
 
25 Véase el párrafo 49 de la primera co municación escrita de los Estados Unidos. 
 
26 Véase el párrafo 41 de la primera co municación escrita de los Estados Unidos. 
 
27 Véase el proyecto de ley sobre "Uruguay Round Agreements Compliance Act of 1998" (H.R. 4761 
de 9 de octubre de 1998, anexo V de las CE a su pr imera comunicación escrita) pendiente a la sazón de su 
aprobación en el Congreso  de los Estados Unidos. 
 
28 Véase el párrafo 7.115 del informe del Grupo Especial sobre Estados Unidos - Artículos 301 a 310 
de la Ley de Comercio Exterior de 1974 , documento WT/DS152/R. 
 
29 Véase el párrafo 46 de la primera co municación escrita de los Estados Unidos. 
 WT/DS165/R/Add.1 
Página 18  
 
cual el párrafo 1 queda incorporado al párrafo 2.  Tal como ha afirmado el Grupo Especial sobre los 
artículos 301 a 310, el párrafo 1 del artíc ulo 23 del ESD dispone lo siguiente: 
"Los Miembros tienen que recurrir al sistema de solución de diferencias establecido 
en el ESD, con exclusión de cualquier otro sistema, en particular un sistema de 
imposición coercitiva unilateral de los der echos y las obligaciones dimanantes de las 
normas de la OMC. "30  (Subrayado añadido.) 
15. Además, en el apartado c) del párrafo 2 del artículo 23, se dice claramente que los Miembros 
"seguirán los procedimientos establecidos en el artículo 22 para determinar el nivel de 
suspensión de las concesiones u otras ob ligaciones y para obtener autorización del 
OSD, de conformidad con esos procedimientos, antes  de suspender concesiones u 
otras obligaciones resultantes de los acuerdos abarcados en el caso de que el Miembro 
afectado no haya aplicado las recomendaciones y resoluciones dentro de ese plazo prudencial."  (Subrayado añadido.) 
Las CE afirman que las medidas sobre las que se formula la reclamación en el presente caso, infringen 
evidentemente esta disposición explícita relativa a la  secuencia entre los procedimientos, prevista en 
el artículo 22 del ESD y al recurso a la suspensión de concesiones u otras obligaciones. 
 16. Además, en el presente caso los Estados Unidos no han seguido el procedimiento correcto que 
prescribe el ESD antes de recurrir a una solicitud de autorización para suspender las concesiones u 
otras obligaciones, de conformidad con lo s párrafos 2 y 7 del artículo 22 del ESD. 
17. Mientras que los Estados Unidos alegan en su primera comunicación escrita que no hay 
normas que regulen la secuencia que hay que seguir entre los procedimientos previstos por estas dos 
disposiciones, las CE desearían recordar la pr imera frase del párrafo 5 del artículo 21 del ESD que 
dice lo siguiente: 
"En caso de desacuerdo en cuanto a la existe ncia de medidas destinadas a cumplir las 
recomendaciones y resoluciones o a la co mpatibilidad de dichas medidas con un 
acuerdo abarcado, esta diferencia se resolverá
 conforme a los presentes 
procedimientos de solución de diferencias, con intervención, siempre que sea posible, 
del grupo especial que haya entendido inic ialmente en el asunto."  (Subrayado 
añadido.) 
18. La carta del USTR, Charlene Ba rshefsky, de 13 de julio de 1999, contenida en la Prueba 
documental 1 adjunta a la primera comunicación escr ita de los Estados Unidos en el caso que nos 
ocupa, reconoce la existencia de un desacuerdo en tre las partes en la diferencia sobre el Banano , en 
cuanto a las medidas adoptadas por las CE a fin de aplicar las recomendaciones y resoluciones del 
ESD de 27 de septiembre de 1997.  En la carta se reconoce además la aplicabi lidad del párrafo 5 del 
artículo 21 del ESD a esta situación.  Así pues, ni  siquiera está en litigio que el procedimiento 
multilateral correcto previsto para esta situación sea recurrir a los procedimientos previstos en el 
párrafo 5 del artículo 21 del ESD.  Los argumentos de los Estados Unidos sobre su decisión de 
"ahorrarse" los procedimientos que se prevén en el  párrafo 5 del artículo 21, a fin de poder recurrir 
inmediatamente al párrafo 2 del artícul o 22 del ESD, son simplemente engañosos. 
                                                      
30 WT/DS152/R, en particular el párrafo 7.43. 
  WT/DS165/R/Add.1 
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19. La solicitud de que las CE convengan en "ayuda r a que el procedimiento del párrafo 5 del 
artículo 21 […] se termine an tes del 1º de enero de 1999"31 es simplemente otro ejemplo de las 
tácticas intimidatorias de los Estados Unidos.  Como resulta evidente de la descripción de la secuencia 
de acontecimientos que se da en la primera com unicación escrita de los Estados Unidos, el objetivo 
real de éstos era asegurar que el procedimiento para  la solución de diferencia se adaptara a los plazos 
internos que figuran en los artículos 306 b) y 305 a) de la Ley de Comercio Exterior de los Estados 
Unidos de 1974.  De hecho, esta solicitud de los Estados Unidos de prescindir de los plazos 
establecidos en el ESD, demuestra una vez más que los Estados Unidos no podían aceptar un procedimiento multilateral que no estuviera plenamente de acuerdo con el calendario establecido por 
la legislación interna de los Estados Unidos. 
20. Como ha demostrado claramente la práctica seguida, es perfectamente posible salvaguardar 
los derechos de las partes reclamantes en lo que respecta a la suspensión de concesiones u otras 
obligaciones en aquellos casos en que dichos reclaman tes soliciten en primer lugar el establecimiento 
de un grupo especial, de conformidad con el párrafo  5 del artículo 21.  Hasta el momento existen 
cinco casos en que se ha respetado la secuencia correcta entre el párrafo 5 del artículo 21 y el 
artículo 22.  En la diferencia sobre el Banano , se ha dado así en la reclamación presentada por 
Ecuador
32;  en la diferencia sobre Australia - Medidas que afectan a la importación del salmón , el 
procedimiento arbitral prescrito en el párrafo 6 del artículo 22 se suspendió33, hasta el momento en 
que se complete el procedimiento presc rito en el párrafo 5 del artículo 2134;  en las dos diferencias 
sobre Aeronaves entre Canadá y Brasil se solicitaron procedim ientos en virtud del párrafo 5 y del 
artículo 2135 antes de recurrir a la suspensión de concesi ones, y, por último, sin que por ello sea de 
menor importancia, los propios Es tados Unidos recurrieron a los procedimientos prescrito en el 
párrafo 5 del artículo 21 en  la diferencia sobre Cuero para automóviles36 con Australia antes de 
recurrir a la suspensión de concesiones.  Así pues, en todos los casos excepto  en la diferencia entre las 
Comunidades Europeas y los Estados Unidos en el caso del Banano,  se han respetado las 
disposiciones obligatorias que figuran en el párrafo 5 del artículo 21. 
21. Como sabe muy bien el Grupo Especial, a raíz  de la diferencia entre las Comunidades 
Europeas y los Estados Unidos en el caso del Banano , se ha intentado resolver la divergencia de 
posiciones sobre la secuencia entre los procedimientos  del párrafo 5 del artículo 21 y el artículo 22, 
mediante negociaciones sobre una enmienda del ESD.   Sin embargo, actualmen te la perspectiva de 
una solución negociada es a todas luces muy incierta, dado el fracaso de la Conferencia Ministerial de 
Seattle para llegar a una conclusión sobre la re visión del ESD.  Estas negociaciones no pueden servir 
                                                      
31 Véase el segundo párrafo de la carta de la Sra. Barshefsky de 13 de julio de 1999, Prueba 
documental 1 adjunta a la primera com unicación escrita de los Estados Unidos. 
 
32 Véase el documento WT/DS27/41, de 18 de diciembre de 1998. 
 
33 Véase la solicitud de autorización por parte del Ca nadá de la suspención de concesiones u otras 
obligaciones en virtud del párrafo 2 del artículo 22 del ES D, documento WT/DS18/12 de 15 de julio de 1999, la 
solicitud de arbitraje por parte de Australia en virtud del párrafo 6 del artículo 22 del ESD, documento WT/DS18/13 de fecha 3 de agosto de 1999, y el debate sobre este tema en la reunión del OSD, de 28 de julio 
de 1999, documento WT/DSB/M/66, páginas 4 y siguientes. 
 
34 Véase la solicitud del Canadá de establecer un grupo especi al, en virtud del párrafo 5 del artículo 21 
del ESD, documento WT/DS18/14 de 3 de agosto de 1999. 
 
35 Véase el documento WT/DS70/9 de 23 de noviembre de 1999 (recurso del Brasil al párrafo 5 del 
artículo 21 del ESD) y documento WT/DS46/13 de 26 de noviembre de 1999 (recurso del Canadá al párrafo 5 del artículo 21 del ESD). 
 
36 Véase el documento WT/DS126/8 de 4 de octubre de 1999. 
 WT/DS165/R/Add.1 
Página 20  
 
por lo tanto de excusa para que los Estados Un idos se opongan a que el presente grupo especial llegue 
a una constatación sobre las actuales obligaciones en  el marco del ESD, tal como figuran en la 
actualidad y figuraban en el momento de los hechos en cuestión. 
22. Por lo tanto, las CE mantienen su posición de que las medidas tomadas por los Estados 
Unidos objeto de la presente diferencia cons tituyeron una infracción de las obligaciones de los 
Estados Unidos, en cuanto a los procedimientos, en  el marco del párrafo 5 del artículo 21 del ESD. 
23. Por último, las CE desearían repetir que la ap licación de las medidas en litigio constituyen 
asimismo una infracción de las disposiciones pertinent es del GATT, como los artículos I, II, XI y VIII 
del GATT de 1994.  Las CE no insistirán más sobre este aspecto de su reclamación a menos que el Grupo Especial desee formular preguntas al respecto. 
Sr. Presidente, miembros del Grupo Especial,  
 Con esto desearía concluir.  Muchas gracias por su atención.  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 21 
 
 
Apéndice 1.3 
Declaración final de las CE en la primera reunión sustantiva  
(17 de diciembre de 1999) 
  
Sr. Presidente, distinguidos miembros del Grupo Especial: 
  Como hemos explicado al comienzo de esta reunión, las Comunidades Europeas iniciaron este procedimiento con el propósito de conseguir que el OSD reafirme y se pronuncie sobre algunos 
principios que revisten una importancia fundamental  para todo sistema cuyo funcionamiento se base 
en el derecho y no en la mera fuerza.  Esta posic ión es compartida por una gran mayoría de Miembros 
de la OMC y por los terceros que intervienen en este procedimiento.   La posición de los Estados Uni dos es diferente, ya que trata de ser juez y parte sobre la 
cuestión de la aplicación, y tomar justicia por su propia mano, sin un examen previo a cargo de un 
grupo especial independiente e imparcial.   
  Para defender lo indefendible, los Estados  Unidos tratan de imputar a las CE la 
responsabilidad por su propio desprecio de los pr ocedimientos multilaterales, alegando intentos 
inexistentes de las CE para evitar o retrasar un pro cedimiento con arreglo al párrafo 5 del artículo 21 
en la diferencia relativa a los bananos. 
 
 Sr. Presidente:  sigue siendo nuestra firme convicción que lo decidido por otros órganos de 
la OMC en la diferencia relativa a los bananos no guarda relación directa con el caso presente.  Este caso no se limita a una diferencia comercial conc reta, sino que afecta a cuestiones sistémicas 
fundamentales creadas por la interpretación que h acen los Estados Unidos de normas fundamentales 
relativas al funcionamiento multilateral del sistem a de solución de diferencias, lo que podría 
plantearse en otros casos.  Por ello, simplemente no deseamos seguir a los Estados Unidos en polémicas estériles, cuyo único propósito es tratar de  escribir nuevamente la historia y distraer la 
atención del Grupo Especial.   No obstante, las CE toman nota de que el  Grupo Especial ha solicitado algunas aclaraciones 
acerca de la postura de las CE en la diferencia re lativa a los bananos, en particular con respecto al 
plazo prudencial y al procedimiento previsto en  el párrafo 5 del artículo 21.  Obviamente, 
responderemos a estas preguntas en detalle, pero  podemos anunciar en el día de hoy que las 
alegaciones de los Estados Unidos en este contexto son absolutamente incorrectas. 
 
 Los Estados Unidos han planteado durante esta reunión y por vez primera una cuestión 
relativa al mandato de este Grupo Esp ecial.  Alegan que este mandato se  limita a lo que denominan la 
"medida" del 3 de marzo.   Según se desprende claramente de la solicit ud de establecimiento de este Grupo Especial, 
presentada por las CE en el documento WT/DS165/8  y sus dos Anexos, las CE consideran que el 
asunto planteado ante el Grupo Especial en virtud  del artículo 7 del ESD es la medida adoptada por 
los Estados Unidos, efectiva
 desde el 3 de marzo de 1999, sobre una lista de productos, que figura en 
el Anexo 1, y confirmada para una parte de lo s productos en una "lista reducida" adoptada el 
19 de abril de 1999, y que figura en el Anexo 2.  WT/DS165/R/Add.1 
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Apéndice 1.4 
Respuestas de las CE a las preguntas del Grupo Especial y de las Partes 
(13 de enero de 2000) 
 
 
Preguntas del Grupo Especial a ambas partes 
 
Pregunta
 
  ¿Es la retención de la suspensión de la liquidación (con inclusión del requisito relativo a 
las fianzas) una suspensión de concesiones u otras obligaciones en el marco del ESD? 
 
Respuesta
 
  Las CE interpretan que esta pregunta se refiere a la retención o
 suspensión de la liquidación. 
 
 En general, en cuanto impide la importaci ón de un producto mediante  el pago de un derecho 
de aduana no superior al tipo arancelario consolida do, tal medida infringe la consolidación arancelaria 
y, por ende, el GATT de 1994.   En este caso particular, la medida de los Esta dos Unidos objeto de c ontroversia fue adoptada 
sin ninguna justificación en el marco de la OMC ni autorización del OSD y, por tanto, sin respetar los 
procedimientos multilaterales pertinentes.  Por c onsiguiente, equivale a una suspensión no autorizada 
(infracción de los artículos 3, 21, 22 y 23 del ESD) de concesiones (infracción del artículo II del GATT de 1994) y
 de otras obligaciones (infracción de los artículos I, XI y VIII del GATT de 1994). 
 Pregunta
 
  ¿Cuáles son las consecuencias en el come rcio y en los comerciantes que supone una 
suspensión de liquidación (con inclusión del requisito relativo a las fianzas)? 
 
Respuesta
 
 
 En general, las consecuencias en el come rcio dependerán de la  obligación contingente 
impuesta a los agentes económicos por el requisito en  materia de fianzas.  Por razones técnicas, un 
requisito en materia de fianzas debe  identificar la cuantía precisa que se ha de garantizar.  Además, a 
fin de respetar las normas de la OMC, esta cuantía debe  justificarse por un gasto o carga aproximado 
al costo de los servicios prestados y/o un derecho que no supere el tipo consolidado que figura en la 
Lista de concesiones arancelarias del Miembro. 
Pregunta  
  ¿Cuál es el vínculo legal entre la fecha de e valuación de la anulación causada por la no 
aplicación, por parte de las CE, de las recomendaciones en el asunto Bananos III y la necesidad 
de estar en condiciones de suspender las concesiones el 3 de marzo de 1999?  
Respuesta
 
  Dado que el OSD
 constató el 6 de mayo de 1999  que el régimen comunitario revisado  de los 
bananos era incompatible con algunas obligaciones de  las CE en el marco de la OMC, el único 
vínculo legal que puede establecerse entre el régi men comunitario revisado para los bananos y la 
medida de los Estados Unidos, ef ectiva desde el 3 de marzo de 1999 , son las disposiciones legislativas  WT/DS165/R/Add.1 
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internas de los Estados Unidos que figuran en los artículos 301 a 310 de la Ley de Comercio Exterior 
de los Estados Unidos, de 1974, enmendada.37  
 
Pregunta  
 
 ¿Cabe presumir que una nueva medida (una medida de aplicación) es compatible o 
incompatible con obligaciones dimanantes de la OM C después del plazo prudencial?  ¿A cuál de 
las partes incumbe la carga de probar, después del plazo prudencial, la compatibilidad (o la 
incompatibilidad) con disposiciones de la OMC?  ¿Es correcto afirmar que la parte perdedora 
se convierte en responsable a partir del vencimie nto del plazo prudencial?  ¿Y responsable de 
qué?  
Respuesta
 
  Las CE no alcanzan a comprender de qué modo la condición jurídica de una nueva medida en 
el marco de la OMC puede verse influida o determ inada por la condición de una medida que estaba 
anteriormente en vigor y que ha sido retirada de c onformidad con el párrafo 7 del artículo 3 del ESD y 
las recomendaciones y resoluciones del OSD.   Por esta razón, en el ESD no se esta blece expresamente ninguna presunción de 
incompatibilidad.  Por el contrario, como se ha c onfirmado recientemente en el informe del Órgano de 
Apelación en el asunto " Chile - Impuestos a las bebidas alcohólicas "
38 (párrafo 74):  "De ninguna 
manera se debería presumir que los Miembros de la OMC continúan  una protección o discriminación 
anterior mediante la adopción de una nueva medida.  Esto se parecería mucho a presumir su mala fe".  
(Cursivas del original.)  
 En consecuencia, la carga de la prueba sigue las reglas normales indicadas por el Órgano de 
Apelación en su informe en el asunto " Estados Unidos - Medida que afecta a las importaciones de 
camisas y blusas procedentes de la India "
39 e incumbe al Miembro que alega la incompatibilidad de 
una medida adoptada por otro Miembro.   Los propios conceptos de parte "perdedora" y de "responsabilidad después de la expiración 
del plazo prudencial", sugeridos por los Estados Unidos, son completamente inexactos en este 
contexto.  Por una parte, si una nueva
 medida se adopta al finalizar el plazo prudencial, la obligación 
de la parte demandada en el anteri or procedimiento de solución de di ferencias, de dejar sin efecto su 
medida inicial  incompatible, ya se ha cumplido.  Por lo ta nto, incluso referirse a la parte "perdedora" 
en tal caso resulta improcedente.  Por otra parte,  el concepto de "responsabilidad" está simplemente 
fuera de contexto en un procedimiento abarcad o por el ESD, en el que los conceptos de 
compatibilidad con la OMC  de una medida dada y de nivel equivalente de concesiones recíprocas  
brindan la referencia apropiada.  
                                                     
 
37 Véanse las pruebas ofrecidas por las CE en su  primera comunicación escrita (anexos I y II) y las 
referencias que figuran en los párrafos 10 y 11 de la declaración oral de las CE en la primera reunión sustantiva 
del Grupo Especial, del 16 de diciembre de 1999. 
 
38 WT/DS87/AB/R y WT/DS110/AB/R. 
 
39 Véase el documento WT/DS33/AB/R, página 16. 
 WT/DS165/R/Add.1 
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Pregunta
 
  ¿A quién incumbe la responsabilidad de pl antear un caso en virtud del párrafo 5 del 
artículo 21?  ¿Cuándo se debe presentar tal solicitud de conformidad con el párrafo 5 del 
artículo 21? 
 
Respuesta
 
  El párrafo 5 del artículo 21 no aborda conc retamente la cuestión de a quién incumbe la 
responsabilidad de plantear un procedimiento en vi rtud de esa disposición, sino que declara aplicables 
"los presentes procedimientos de solución de diferenc ias".  Excepto en el caso del recurso de las CE al 
párrafo 5 del artículo 21 en la diferencia relativa a los bananos (que se examinará en la respuesta a la 
pregunta 7), todos los demás casos mencionados en la comunicación oral de las CE de 16 de diciembre de 1999 (párrafo 20) fueron planteados por el Miembro que alegaba la incompatibilidad. 
 
 En caso de desacuerdo respecto de la compa tibilidad con un acuerdo abarcado de las medidas 
adoptadas para cumplir las recomendaciones y r esoluciones del OSD, no se puede solicitar un 
procedimiento en virtud del párrafo 5 del artículo 21 antes del plazo correspondiente a la adopción de 
la medida de aplicación.  Es obvio que en caso de desacuerdo sobre la existencia de medidas 
adoptadas para cumplir las recomendaciones y re soluciones del OSD, no es posible iniciar un 
procedimiento con arreglo al párrafo 5 del artícul o 21 antes de la expiración del plazo prudencial. 
 
 El ESD no prevé la caducidad de ningún otro  plazo en lo que respecta a las solicitudes de 
iniciar un procedimiento con arregl o al párrafo 5 del artículo 21. 
 
Pregunta
 
 
 ¿Cuál es la consecuencia de no plantear una reclamación con arreglo al párrafo 5 del 
artículo 21 antes de la expiración del plazo prudencial?  Si esto no se hace durante este período, ¿caduca el derecho de obtener una evaluación con arreglo al párrafo 5 del artículo 21? 
 
Respuesta
 
 
 Ninguna.   No.  Véase la respuesta de las CE a la pregunta anterior.  Pregunta
 
  Suponiendo que los Estados Unidos estén en lo cierto al afirmar que el grupo especial 
previsto en el párrafo 5 del artículo 21 debe ser activado (por cualquiera de las partes) dentro 
del plazo prudencial, ¿cuál es la consecuencia si est e grupo especial previsto en el párrafo 5 del 
artículo 21 nunca es solicitado ni establecido?  ¿Da lugar la falta de una evaluación con arreglo 
al párrafo 5 del artículo 21 a una presunción de que la nueva medida es compatible o de que es 
incompatible con obligaciones en el marco de la  OMC?  ¿Excluye la falta de un grupo especial 
previsto en el párrafo 5 del artículo 21 el recurso a los párrafos 6 y 7 del artículo 22? 
 
Respuesta
 
 
 Las CE consideran que la suposición de los Estados Unidos es completamente incorrecta y, 
por lo tanto, no desean explayarse sobre lo que c onsideran una interpretación incorrecta del ESD. 
  De forma coherente con la res puesta dada a la pregunta 4, las CE sostienen que, si no existe 
una decisión del OSD que declare la incompatib ilidad de una medida de aplicación con un acuerdo  WT/DS165/R/Add.1 
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abarcado, la medida en cuestión debe sin duda presu mirse compatible.  Como explicaron las CE en el 
procedimiento tramitado ante el Grupo Especial que examinó el asunto Comunidades Europeas - 
Régimen para la importación, venta y distribución de  bananos - Recurso al párrafo 5 del artículo 21 
por las Comunidades Europeas , "una presunción de incompatibilidad  afectaría gravemente a la 
seguridad y previsibilidad del sistema internaci onal de comercio, debi do a la consiguiente 
incertidumbre".40 
 
 La falta de una resolución o recomendación de l OSD al amparo del párrafo 5 del artículo 21 
excluye el recurso a los párrafos 6 y 7 del artículo 22 del ESD en todos los casos, excepto  cuando no 
hay desacuerdo en cuanto a la existencia o la co mpatibilidad de las medidas adoptadas para cumplir 
las recomendaciones y resoluciones del OSD.  Esta última situaci ón se produjo en la diferencia 
relativa a las Hormonas  entre los Estados Unidos, el Canadá y las CE. 
 
Pregunta  
 
 ¿Quién determina si una nueva medida anula ventajas resultantes de la OMC?  
Respuesta
 
  En caso de desacuerdo en cuanto a la compa tibilidad con un acuerdo abarcado de las medidas 
adoptadas para cumplir las recomendaciones y reso luciones del OSD, el OSD determina, tras un 
procedimiento realizado de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 del ESD, si
 existe anulación 
o menoscabo de las ventajas resultantes del Acue rdo de la OMC para el reclamante, como 
consecuencia de la nueva medida.   Si no existe tal desacuerdo, como ocurrió en el asunto relativo a las Hormonas , es posible 
recurrir al arbitraje, que determinará el nivel
 de la anulación o menoscabo. 
 
Pregunta  
  ¿Existe una evaluación implícita de compatibilidad de cualquier medida que es objeto de un arbitraje al amparo de los párrafos 6 y 7 de l artículo 22, teniendo en cuenta el mandato 
del Árbitro de evaluar si el nivel de la suspen sión es equivalente al nivel de la anulación o 
menoscabo? 
 
Respuesta
 
 
 El mandato del árbitro se establece en lo s párrafos 6 y 7 del artículo 22 del ESD.  Este 
mandato no abarca las constataciones relativas a la compatibilidad o no compatibilidad de una medida 
de aplicación con un acuerdo abarcado.  En el caso  de desacuerdo acerca de la  compatibilidad de una 
medida de aplicación, el párrafo 5 del artículo 21 del ESD exige que "esta diferencia se resolverá 
conforme a los presentes procedimientos de solución  de diferencias, con intervención, siempre que 
sea posible, del grupo especial que haya entendido inicialmente en el asunto".  Una evaluación 
implícita realizada por el árbitro en virtud del párra fo 6 del artículo 22, respecto de la compatibilidad 
de una medida con un acuerdo abarcado, usurparía la tarea del grupo especial previsto en el párrafo 5 
del artículo 21 del ESD y, por ende, si un ár bitro realizara tal evaluación, estaría actuando ultra vires . 
 
                                                      
40 Véase WT/DS27/RW/EEC, párrafo 2.18 (cursivas del original). 
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Pregunta
 
  Sírvanse referirse a la práctica de los Miembros de la OMC en la utilización de los procedimientos previstos en el párrafo  5 del artículo 21 y el artículo 22. 
 Respuesta
 
  Las CE ya examinaron la práctica de los Miem bros de la OMC cuando recurren al párrafo 5 
del artículo 21 y al artículo 22 en el párrafo 20 de su comunicación oral en la primera reunión 
sustantiva de las partes con el Grupo Especial, celebrada el 16 de diciembre de 1999. 
 
Preguntas del Grupo Especial a las CE 
  Sírvanse comentar las alegaciones de los Es tados Unidos de que las CE bloquearon la 
adopción de una medida al amparo del párrafo 5 del artículo 21 antes de la expiración del plazo 
prudencial.  Si las CE consideraran que el proced imiento previsto en el párrafo 5 del artículo 21 
debe preceder a una autorización con arreglo al  artículo 22, ¿por qué las CE se rehusaron 
reiteradamente a participar en el procedimiento solicitado por los Estados Unidos en virtud del 
párrafo 5 del artículo 21 antes del plazo prudencial? 
 
Respuesta común a las preguntas 11 y 12
 
 
 Es incorrecto decir que las CE "bloquearon la adopción de una me dida al amparo del 
párrafo 5 del artículo 21 antes de la expiración de l plazo prudencial" y que "se hayan reiteradamente 
rehusa[do] a participar en el procedimiento solicita do por los Estados Unidos en virtud del párrafo 5 
del artículo 21 antes del plazo prudencial", como alegan los Estados Unidos.  En realidad, de 
conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 del ESD, "[e]n caso de desacuerdo en cuanto a la 
existencia de medidas destinadas a cumplir las r ecomendaciones y resolucion es o a la compatibilidad 
de dichas medidas con un acuerdo abarcado, esta di ferencia se resolverá conforme a los presentes 
procedimientos de solución de diferencias " (subrayado añadido).  Por lo tanto, el párrafo 1 del 
artículo 6 del ESD es aplicable con respecto al  procedimiento que de be seguirse para el 
establecimiento de un grupo especial de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 del ESD.  Esto 
significa que la parte demandada no está en situaci ón de "bloquear" el establecimiento de un grupo 
especial porque la decisión es adoptada por el OS D con arreglo a la norma del consenso "en 
contrario", ni tampoco la parte demandada puede ne garse a participar sin poner en serio riesgo su 
situación jurídica.  
 Desde luego, la referencia a los "presentes procedimientos de solución de diferencias" 
también guarda relación con otros elementos del pr ocedimiento que se debe aplicar, incluidas las 
consultas previstas en el artículo 4 del ESD.  Por consiguiente, las CE expresaron la opinión de que 
tales consultas deben preceder al establecimiento  de un grupo especial según lo previsto en el 
párrafo 5 del artículo 21 del ESD.
41  Resulta sorprendente observar en este contexto que, por una 
parte, los Estados Unidos alegaron que la posición de las CE sobre la  necesidad de celebrar consultas 
en el marco de un procedimiento previsto en el  párrafo 5 del artículo 21 da lugar a "medidas de 
procedimiento innecesarias y sin contenido"42, mientras que, por otra parte, los Estados Unidos alegan 
en la presente diferencia que las CE no estuvieron dispuestas a entablar consultas durante el plazo prudencial.
43  Esta última reclamación es si mplemente incorrecta desde el punto de vista fáctico, como 
                                                      
41 Véase la declaración form ulada por el representante de las CE en  la reunión celebrada por el OSD el 
22 de septiembre de 1998, DSB/M/48, páginas 8 y siguientes. 
 
42 Véase WT/DS27/18, de 31 de agosto de 1998. 
 
43 Véase la primera comunicación escrita de los Estado s Unidos, de 6 de diciem bre de 1999, párrafo 3.  WT/DS165/R/Add.1 
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se demuestra mediante las declaraciones formulad as por sus representantes en las reuniones del OSD 
en el momento oportuno.44  
  Las CE consideran que estas declaraciones demuestran claramente que las CE no "bloquearon" el establecimiento de un grupo especial previsto en el párrafo 5 del artículo 21 del ESD 
ni alegaron que dicho grupo especial no se podía establecer durante el plazo prudencial.  En cambio, 
los argumentos versaron acerca de la necesidad de ce lebrar consultas con arreglo al artículo 4 del ESD 
antes de recurrir al establecimiento de un grupo esp ecial al amparo del párrafo 5 del artículo 21 del 
ESD y también se refirieron a la cuestión de si los procedimientos de solución de diferencias previstos 
en el párrafo 5 del artículo 21 del ESD se podían iniciar antes de que se hubieran adoptado las 
medidas de aplicación pertinentes ( quod non ). 
  Como han mostrado los hechos ocurridos a fines de 1998 y comienzos de 1999, las CE 
hicieron todo lo posible por convencer  a los Estados Unidos de inicia r un procedimiento al amparo del 
párrafo 5 del artículo 21, y llegar on incluso a adoptar la medida sin precedentes de solicitar por su 
propia iniciativa un grupo especial al amparo del párrafo 5 del artículo 21 del ESD.
45  Así, el acta 
demuestra que las CE no "bloquearon" un procedimie nto de un grupo especial con arreglo al párrafo 5 
del artículo 21 ni se negaron a partic ipar en tal procedimiento.  Muy al contrario, fueron los Estados 
Unidos los que decidieron "saltarse" el procedimient o previsto en el párrafo 5 del artículo 21 del ESD 
porque deseaban invocar el artículo 22 del ESD ta n pronto como hubiera vencido el plazo prudencial 
a fin de poder cumplir los requisitos del calendario prev isto en su legislación interna, en virtud de los 
artículos 306 (b) y 305 (a) de la Ley de Comercio Exterior de 1974, modificada. 
 
 
Pregunta de los Estados Unidos a las CE  
 En el párrafo 16 d) de la primera comunicaci ón escrita de las CE y el párrafo 6 e) de su 
comunicación oral, las CE plantean varios argu mentos con respecto a su alegación de que la 
medida del 3 de marzo impuso "otra carga" incompat ible con lo dispuesto en el apartado a) del 
párrafo 2 del artículo II y el párrafo  1 del artículo VIII del GATT de 1994. 
 a) ¿Consideran las CE que esta "otra ca rga" aparece sólo en relación con la 
medida del 3 de marzo? 
 b) ¿Podrían las CE confirmar que no cons ideran que los sistemas de garantías de 
carácter general, previstos en el artícu lo 13 del Acuerdo sobre Valoración en 
Aduana y mantenidos por numerosos Mi embros (incluidas las CE) imponen 
"otra carga"? 
 
c) En tal caso, ¿cómo diferencian las CE la "otra carga" que, según alegan, se 
vincula a los requisitos en materia de garan tías adoptados el 3 de marzo, de estos 
requisitos de garantías de carácter general? 
                                                     
 
44 Véase WT/DSB/M/48, páginas 8 y siguientes (reunión del OSD de 22 de septiembre de 1998);  
WT/DSB/M/49, página 5 (reunión del OSD de 21 de octu bre de 1998);  WT/DSB/M/51, página 3 (reunión del 
OSD de 25 de noviembre de 1998) y WT/DSB/M/51/Add.1, página 2 (reunión del OSD de 21 de diciembre 
de 1998). 
 
45 Véase WT/DS27/40, de 15 de diciembre de 1998. WT/DS165/R/Add.1 
Página 28  
 
Respuesta a la pregunta general de los Estados Unidos
 
  La pregunta se refiere al párrafo 16 d) de la  primera comunicación escrita de las CE, que en 
su parte pertinente decía lo siguiente:  
 "El apartado a) del párrafo 2 del artículo II y el párrafo 1 del artículo VIII del GATT de 1994, 
ya que el requisito de presentar o constituir fianzas superiores al tipo de derecho consolidado 
al importarse determinados  productos de las CE da lugar a un aumento de los gastos para los 
importadores, que constituye "otras cargas" impuestas en relación con la importación, y que están prohibidas." 
 
 Como se desprende claramente del contexto, la  referencia al apartado a) del párrafo 2 del 
artículo II alude en realidad al apartado c) del párrafo 2 del artículo II.   Resulta incuestionable que el aumento de las cargas y gastos para los importadores, debido a 
que se calculan sobre la base de un derecho supe rior al tipo consolidado sin ninguna autorización o 
justificación multilateral, no se limitan a una cuantía ap roximada a los gastos de administración, de 
conformidad con el apartado a) del párrafo 1 del artículo VIII y el apartado c) del párrafo 2 del 
artículo II y, por lo tanto, violan lo dispuesto en el apartado b) del párrafo 1 del artículo II del 
GATT.
46  
 
Respuesta a la subpregunta a ) 
  Al parecer, esta pregunta se basa en una di stinción artificial entre diferentes "medidas", que 
las CE no aceptan.  Las CE han demostrado que el aumento de gastos y cargas resultantes de la medida de los Estados Unidos infringen lo dispuesto en los artículos II y VIII del GATT. 
 
Respuesta a las subpreguntas b) y c
) 
  Las CE no comprenden de qué modo la cuestión de la valoración en aduana guarda alguna 
relación con el caso presente.  Las CE no consider an que el artículo 13 del Acuerdo sobre Valoración 
en Aduana sea aplicable a las medidas impugnadas en el presente procedimiento. 
 
 Además, como señaló claramente el Grupo Especial que examinó el asunto " CEE - Programa 
de precios mínimos, licencias y depósitos de gar antía para la importación de determinadas frutas, 
legumbres y hortalizas elaboradas " (mencionado en la nota 9 de este documento), el aumento de los 
gastos y cargas resultantes de la imposición de una garantía exigida además de los der echos de aduana 
ordinarios excede del tipo consolidado y, por ta nto, no están incluidos en las prescripciones del 
apartado b) del párrafo 1 del artículo II del GATT, sino en lo previsto en el apartado c) del párrafo 2 
del artículo II del GATT, en la medida en que la  cuantía del aumento de cargas o gastos se limite 
aproximadamente a los gastos de administración, de  conformidad con el apartado a) del párrafo 1 del 
artículo VIII del GATT.  
 Por consiguiente, véase lo ya menciona do al responder a la pregunta general. 
 
                                                     
 
46 Véase el informe de l Grupo Especial en CEE - Programa de precios mínimos, licencias y depósitos 
de garantía para la importación de determinadas frutas, legumbres y hortalizas elaboradas , IBDD 25S/75, 
párrafo 4.6. 
  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 29 
 
 
Apéndice 1.5 
Comunicación de réplica de las Comunidades Europeas 
(21 de enero de 2000) 
  I. INTRODUCCIÓN 
1. Las Comunidades Europeas consideran que esta segunda comunicación cumple 
principalmente dos funciones: 
 - recordar las principales alegaciones y ar gumentos de las CE en el caso presente, y 
 - refutar ciertas afirmaciones y declaraciones de los Estados Unidos, expresadas 
durante la primera reunión sustantiva del Grupo Especial, y las respuestas de los 
Estados Unidos a las preguntas formuladas por el Grupo Especial y las CE. 
Naturalmente, se deberán considerar confirmad as aquí las demás cuestiones de derecho y de 
procedimiento expuestas por las CE durante las prim eras etapas de este procedimiento de solución de 
diferencias (incluidas las respuestas a las preguntas  del Grupo Especial y de los Estados Unidos).  
Esto se aplica especialmente a las alegaciones y argume ntos de las CE relativas a la infracción de los 
artículos I y XI del GATT de 1994 y los artículos 3 y 23 del ESD causada por la medida adoptada por 
los Estados Unidos. 
2. Como una breve cuestión preliminar, las CE sostienen también que los datos estadísticos 
facilitados por los Estados Unidos en su Prue ba documental 5 no refutan la afirmación del 
Representante Comercial Adjunto, Sr. P. Scher
47, en el sentido de que "hemos adoptado medidas de 
retorsión frenando efectivamente el comercio a par tir del 3 de marzo para responder al perjuicio 
causado por el régimen de los bananos de  las CE, incompatible con la OMC". 
Por una parte, los datos estadísticos correspondient es a marzo y abril de 1999 abarcan períodos que 
preceden y siguen a la entrada en vigor de la medi da del 3 de marzo y a su confirmación del 19 de 
abril para una lista reducida.   
Por otra parte, estas estadísticas demuestran, en el caso de numerosos productos, una espectacular 
reducción de las importaciones a partir de marzo de 1999.  Esto confirma el argumento de las CE, de 
que las suspensiones discriminatorias de concesion es y otras obligaciones estaban en vigor desde el 
3 de marzo de 1999. 
Por último, la intención de las autoridades estadouni denses el 3 de marzo de 1999 era explícita y esto 
se ve irrefutablemente demostrado por sus declaraciones públicas;  la medida que entró en vigor el 3 
de marzo de 1999 infringe por sí misma las obligacion es que tienen los Estados Un idos en virtud de la 
OMC, con independencia de si en la prácti ca los intercambios comerciales correspondieron 
finalmente a las expectativas iniciales de  las autoridades de los Estados Unidos. 
II. EL ALCANCE DE LA PRESENTE DIFERENCIA 
3. Los Estados Unidos han planteado en sus res puestas a las preguntas del Grupo Especial y de 
las CE tres objeciones relativas al alcance del procedimiento de este Grupo Especial.  Las 
examinaremos en los siguientes apartados. 
                                                      
47 Los Estados Unidos intentan llevar al Grupo Especial a conclusiones erróneas cuando pretenden, en 
su respuesta a las pregunta Nº 21 del Grupo Especial, que esa afirmación fue pronunciada por las CE. 
 WT/DS165/R/Add.1 
Página 30  
 
A. L
A MEDIDA DE LOS ESTADOS UNIDOS , EFECTIVA DESDE EL 3 DE MARZO DE 1999,  Y SU 
CONFIRMACIÓN DEL 19 DE ABRIL DE 1999 
4. Como las CE señalaron en su solicitud de estab lecimiento de este Grupo Especial, la medida 
en litigio "[ha impuesto] una obligación contingent e correspondiente a derechos del 100 por ciento" y 
"ha privado a las importaciones en los Estados Unidos  de los productos en cuestión procedentes de las 
CE del derecho a un arancel no superior al tipo conso lidado en la Lista de los Estados Unidos".  Esta 
solicitud también contenía, en su anexo, las listas de productos publicadas por los Estados Unidos el 3 
de marzo y  el 19 de abril de 1999, lo que demuestra que las CE consideran que ambas forman parte de 
una única y misma medida.  Los Estados Unidos nunca plantearon ninguna objeción contra esta solicitud, ni durante la reunión del OSD en la que la solicitud fue adoptada ni en ningún otro 
momento. 
5. La cuestión de la responsabilidad potencial por el pago de derechos está íntimamente 
vinculada a la cuestión del alcance de la presente diferencia. 
6. Contrariamente a la postura expresada por los Es tados Unidos ante el Grupo Especial, las CE 
consideran que la medida en litigio en  la presente diferencia no se limita
 a un aumento de los 
requisitos en materia de depósitos de garan tías, sino que también incluye necesariamente  un aumento 
de la responsabilidad por el pago de derechos  correspondiente a las importaciones de los productos 
enumerados en las instrucciones dadas a conocer por el  Servicio de Aduanas de los Estados Unidos el 
3 de marzo de 1999 con el ilustrativo título de "Sanciones europeas".48 
En opinión de las CE, el aumento de la responsab ilidad por el pago de der echos comenzó a funcionar 
en esa fecha y no únicamente en una fecha posterior, como los Estados Unidos pretenden actualmente.  
A juicio de las CE, todo lo que sucedió el 19 de ab ril fue que el aumento de la responsabilidad por el 
pago de derechos simplemente fue confirmada  para la mayor parte de los productos incluidos en una 
lista, mientras que otros productos fueron en ese momento excluidos de la lista.49  Por lo tanto, la 
responsabilidad "contingente" por el pago de de rechos se transformó en una responsabilidad 
"definitiva" (si bien con algunas excepciones).50 
7. No existe ninguna diferencia, ni en términos  económicos ni con arreglo a la legislación de 
la OMC, si se denomina a un derecho superior al tipo consolidado "potencial" o "contingente" o 
derecho "final" o "definitivo".  Lo que importa so n los efectos previsibles de la medida sobre el 
comercio.  Esos efectos comerciales son exactamente los mismos, sea el derecho "potencial" o "final", sobre todo porque los procedimientos aduanero s de los Estados Unidos no permiten que los 
                                                     
 
48 Véase el Anexo VIII de la prim era comunicación escrita de las CE, de 10 de noviembre de 1999. 
 
49 Las CE consideran que esta interpretación de las listas de productos publicadas el 3 de marzo y el 
19 de abril de 1999 se ve corro borada por los Estados Unidos en el párrafo 35 de su primera comunicación 
escrita, de 6 de diciembre de 1999, en la que se afirma que los Estados Unidos impusieron "derechos del 100 por a un grupo reducido
 de productos indicados previamente el 3 de marzo de 1999" y cuando se denomina "lista 
reducida " a la lista publicada el 19 de ab ril de 1999.  Esta elección de pala bras indica que la publicación del 
19 de abril es una confirmación de la publicación anterior del 3 de marzo, en la medida en que la lista contiene 
los mismos productos, así como un desistimiento respecto del resto de los productos que ya no se mencionan en 
la lista reducida. 
 
50 Por razones obvias, las CE no reclaman respecto de la supresión de productos de la lista, pero su 
reclamación se refiere al aumento de la responsabilidad por  el pago de derechos, efectiva desde el 3 de marzo, 
que se introdujo mediante las instrucciones impartidas al Servicio de Aduanas en esa fecha.  También reclaman 
por los gastos adicionales que supuso el incremento de los requisitos en materia de depósitos de seguridad, que 
son incompatibles con lo dispuesto en el artículo VIII del GATT de 1994. 
  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 31 
 
 
importadores obtengan una confirmaci ón inmediata de la cuantía exacta del derecho en el momento 
en que se produce la entrada física del producto. 
Además, no existe diferencia alguna, ni en términos económic os ni con arreglo a la legislación interna 
de los Estados Unidos, si un depósito de garantía  superior al costo aproximado de los servicios 
prestados es "contingente" o "potencial" o "final" o "definitivo".  Como reconocen los Estados Unidos 
en sus respuestas a las preguntas 22 y 23 del Grupo Es pecial, el Servicio de Aduanas de los Estados 
Unidos no reembolsa ninguna tasa que los asegur adores privados puedan haber cobrado a los 
importadores estadounidenses (o, para el caso, a los exportadores comunitari os) ni pagan ningún 
interés con respecto a un requisito adicional en mate ria de fianzas o a un aumento de la cuantía de las 
fianzas. 
8. Los aspectos técnicos de la manera en que los Estados Unidos incrementaron la 
responsabilidad por el pago de derechos a partir del 3 de marzo de 1999 tienen una importancia 
limitada en la presente diferencia.  Las cuestiones relativas al carácter accesorio del depósito de garantía y a la fecha en la que una deuda aduanera se contrae revisten mucho mayor importancia en el 
contexto de la presente diferencia. 
1. El carácter accesorio del depósito de garantía 
9. Resulta claro que los depósitos de garantía aduanera tienen la fi nalidad de asegurar el pago de 
los derechos y tasas debidos por el importador.  En este sentido, esos depósitos de garantía son 
accesorios
 de los importes (previstos) de derechos y ta sas aduaneras cuyo pago garantizan.  La cuantía 
de cualquier depósito de garantía  está determinada por la responsab ilidad prevista en materia de 
derechos y depende enteramente de ésta. 
10. Por lo tanto, un depósito de garantía aut ónomo no puede justificarse en el marco de la 
legislación de la OMC.  En realidad, ese depósito equivaldría a los "derechos o cargas de cualquier 
clase aplicados a la importación o con motivo de ésta  que excedan" los tipos consolidados, lo que es 
incompatible con lo dispuesto en los artículos II y VIII del GATT.51 
11. Los Estados Unidos aceptan esta cuestión de principio fundamental.  Como señalaron en su 
declaración oral en la primera reunión sustantiva del Grupo Especial (párrafo 4): 
"el Servicio de Aduanas de los Estados Un idos autoriza [...] el despacho a consumo 
[...] de mercancías en los Estados Unidos [...] siempre que el importador [...] haya 
dado garantías, en la forma de un depósito en  efectivo o una fianza, de que pagará los 
derechos y tasas que eventualmente adeude ." (Subrayado añadido.) 
2. Fecha en que se contrae una deuda aduanera 
12. En virtud de la legislación de la OMC, la obligación de no someter los productos importados 
a derechos y otras cargas superiores a los tipos consolidados en la Lista de concesiones arancelarias pertinente se relaciona con el  momento de la importación.
52 
                                                      
51 Informe del Grupo Especial en CEE – Programa de precios mínimos, licencias y depósitos de 
garantía para la importación de determinadas frutas, legumbres y hortalizas elaboradas, adoptado el 18 de 
octubre de 1978, IBDD 25S/75, párrafo 4.15. 
 
52 Véanse los apartados b) y c) del párrafo 1 del ar tículo II del GATT de 1994, que utilizan los términos 
"al ser importados en el territorio a que se refiera esta lis ta" (apartado b) del párrafo 1 del artículo II) o "para la 
importación en el territorio a que se refiera esta lista" (a partado c) del párrafo 1 del ar tículo II).  Esta redacción 
se refiere claramente al momento de la importación y no a ninguna otra fecha. WT/DS165/R/Add.1 
Página 32  
 
Esto significa que, en una situación en la que la r esponsabilidad por el pago de derechos varía a lo 
largo del tiempo, la fecha pertinen te de la que depende la cuantía de esta responsabilidad es la fecha 
de importación del producto en el territorio ad uanero del Miembro de la OMC importador, y no 
ninguna otra fecha (en la terminol ogía aduanera de las CE, esta fecha es aquella en la que la "deuda 
aduanera se contrae"). 
13. Por lo tanto, suponiendo que la deuda aduane ra correspondiente a un producto dado se reduce 
el 1º de enero de un año determinado como consecu encia, por ejemplo, de un compromiso incluido en 
la Lista del Miembro de la OMC importador, la responsabilidad por el pago de derechos 
correspondiente a un producto similar importado el 30 de diciembre del año precedente no se vería 
afectada por esta reducción.  Lo mismo sucede cuando el derecho aduanero aumenta a lo largo del 
tiempo.
53 
14. Por ende, no puede existir un de recho que tenga un nivel X en el momento de la entrada del 
producto en el territorio aduanero de un Miembro de la OMC y que este nivel se reduzca a X-1 o se 
aumente a X+1 en algún momento posterior, en lo que se refiere al producto ya importado. 
El argumento de que la responsabilidad por el pago de  derechos puede variar después de la entrada del 
producto en el territorio aduanero al que se refiere la Lista simplemente no está en consonancia con la 
legislación vigente de la OMC (ni lo estaría con la  legislación y la práctica aduanera vigente de los 
Estados Unidos, como los Estados Unidos han reconocido ante este Grupo Especial). 
Resulta obvio que si la legislación aduanera de un Miembro de la OM C fuera diferente en este punto, 
ello justificaría una reclamación basada en la in fracción del artículo II del GA TT de 1994 por parte de 
ese Miembro de la OMC. 
3. Aplicación de los principios antes menciona dos a la medida adoptada por los Estados 
Unidos 
15. De lo expuesto se desprende que el aumento del depósito de garantía correspondiente a 
determinados productos, dispuesto el 3 de marz o de 1999, no podría tener ninguna justificación que 
no fuera el aumento de la responsabilidad por el pa go de derechos que comenz ó a regir también el 3 
de marzo de 1999 con efecto inmediato, y no en ni ngún momento posterior.  Sólo de este modo los 
Estados Unidos podían exigir  a los importadores un aumento de los depósitos de garantía y justificar 
la confirmación del aumento de la responsabilidad por  el pago de derechos el  19 de abril, para ser 
efectivo  a partir del 3 de marzo.  Sólo de este m odo podían los Estados Unidos recaudar el aumento 
de derechos del 100 por ciento sobre las importaciones de productos incluidos en la lista a partir del 3 
de marzo de 1999 . 
Por las razones ya explicadas, un aumento de derechos aplicado el 19 de abril no podía tener ningún 
efecto sobre los productos importados en el territori o de los Estados Unidos en una fecha anterior . 
16. Las CE reiteran que el aumento de la responsab ilidad por el pago de derechos, sea potencial o 
definitiva, y el correspondiente incremento de los re quisitos relativos a los depó sitos de garantía ante 
la Aduana de los Estados Unidos son incompa tibles con las obligaciones impuestas a los Estados 
Unidos por el apartado b) del párrafo 1 del artículo II, el apartado c) del párrafo 2 del artículo II y el 
apartado a) del párrafo 1 del artículo VIII del GATT de  1994.  Esto se ve corroborado, a juicio de las 
CE, por el Informe adoptado del Grupo  Especial que examinó el asunto CEE – Programa de precios 
                                                      
53 Los Estados Unidos han confirmado, al responder a una pregunta de las CE, que esta regla general 
también es aplicable en los Estados Unidos (véase la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 3, párrafos 6 
y 7). 
  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 33 
 
 
mínimos, licencias y depósitos de garantía para la  importación de determinadas frutas, legumbres y 
hortalizas elaboradas .54 
17. Estas alegaciones forman parte expresamente del "asunto" sometido al examen de este Grupo 
Especial de conformidad con lo dispuesto en  el artículo 7 del ESD según la solicitud de 
establecimiento del Grupo Especial.55 
La medida adoptada por los Estados Unidos el 3 de  marzo de 1999 contenía ya estos dos elementos y 
fue meramente confirmada el 19 de abril de 1999 (a parte de la retirada parcial, dispuesta en esa 
fecha).  Por lo tanto, no se trata de dos medidas diferentes adoptada en fechas diferentes (excepto en 
lo relativo a la retirada parcial de la medida del 3 de marzo, dispu esta el 19 de abril, lo que no es 
objeto de la presente diferencia). 
18. Por consiguiente, las CE discrepan fundamentalme nte de la errónea descripción de la medida 
en litigio que figura en las comunicaciones present adas por los Estados Unidos hasta la fecha.  
También se oponen a todo intento de los Estados Un idos de reducir el alcance de la presente 
diferencia. 
B. EL MANDATO DEL PRESENTE GRUPO ESPECIAL EXPRESAMENTE ABARCA LA CUESTIÓN DE 
QUE UN MIEMBRO ESTÁ OBLIGADO A RECURRIR A UN PROCEDIMIENTO ANTE UN GRUPO 
ESPECIAL CON ARREGLO AL PÁRRAFO 5 DEL ARTÍCULO 21 DEL ESD  ANTES DE RECURRIR A LA 
SUSPENSIÓN DE CONCESIONES U OTRAS OBLIGACIONES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 22 DEL 
ESD  EN EL CASO DE DESACUERDO SOBRE LA COMPATIBILIDAD CON UN ACUERDO ABARCADO 
DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA APLICAR UNA RECOMENDACIÓN O UNA RESOLUCIÓN DEL 
OSD 
19. La medida de los Estados Unidos fue adoptada en  el contexto de un procedimiento arbitral en 
curso con arreglo al artículo 22 del ESD.  Las CE resumirán a continuación las razones imperiosas que justifican su alegación de que la medida de los Estados Unidos infringió el artículo 22 del ESD. 
Sin perjuicio de ello, las CE alegan también que  la medida de los Estados Unidos infringió el 
párrafo 5 del artículo 21 del ESD. 
Esta alegación forma parte explícitamente de la solicitud de establecimiento  de este Grupo Especial 
formulada por las CE y que figura en el documento  de la OMC WT/165/8, de 11 de mayo de 1999.  
Esta última alegación es distinta de la anterior, ya que tiene consecuencias de más amplio alcance, 
como las CE demostrarán a continuación. 
20. En el contexto de la presente diferencia, el núc leo de las alegaciones de las CE es el hecho de 
que los Estados Unidos hicieron justicia por su  propia mano y decidieron unilateralmente que el 
régimen revisado para los bananos de las CE que entró en vigor el 1º de enero de 1999 infringió las 
obligaciones que tenían las CE en el marco de la OMC. 
Se debe recordar aquí que el ré gimen revisado para los bananos der ogó y sustituyó el régimen anterior 
de las CE, que había sido declarado incompatible con las obligaciones de las CE en el marco de la OMC en los informes adoptados de un grupo especial y del Órgano de Apelación. 
La solicitud de suspensión de concesiones u otras obligaciones formulada por los Estados Unidos de 
conformidad con el artículo 22 del ESD se basó en  una determinación unilateral de que el régimen 
                                                     
 
54 Informe del Grupo Especial adoptado el 18 de octubre de 1978, IBDD 25S/75, párrafos 4.6 y 4.15. 
 
55 Véase el documento de la OMC WT/DS165/8. 
 WT/DS165/R/Add.1 
Página 34  
 
revisado para los bananos de las CE era incompatible  con las obligaciones de las CE en el marco de la 
OMC.
56  La medida adoptada por los Es tados Unidos el 3 de marzo de 1999, confirmada el 19 de abril 
del mismo año, dependía directamente de esta de terminación unilateral de incumplimiento formulada 
por los Estados Unidos, que se efectuó sin una verificación objetiva a cargo de un grupo especial aplicando las disposiciones del pá rrafo 5 del artículo 21 del ESD. 
21. Las CE examinarán más a fondo (véase el capítulo 4 infra ) las razones jurídicas de fondo en 
las que se basan sus alegaciones sobre esta cuestión. 
No obstante, como cuestión preliminar relativa al mandato de este Grupo Especial, las CE desearían 
repetir que la cuestión de la relación existente entr e un procedimiento arbitral en virtud del artículo 22 
del ESD y las constataciones de incompatibilidad en virtud del párrafo 5 del artículo 21 del ESD, 
necesariamente previas, resulta fundamental para reso lver correctamente esta diferencia y, por tanto, 
dicha cuestión no se puede eludir. 
22. Los Estados Unidos no sólo no deberían haber adoptado la medida de l 3 de marzo de 1999, 
sino que tampoco había ninguna justificación para co nfirmarla el 19 de abril de 1999, aplicándola a 
una lista reducida.  Como se demostrará infra , la incompatibilidad de la me dida del 3 de marzo con la 
OMC no fue "subsanada" ni de modo alguno "anulada " por la autorización del OSD del 19 de abril 
de 1999, y menos aún por la confir mación de la medida del 3 de marzo dispuesta por los Estados 
Unidos en esta última fecha. 
En opinión de las CE, la medida adoptada por los Estados Unidos sigue sie ndo incompatible con las 
obligaciones que imponen a los Estados Unidos el párr afo 5 del artículo 21 y los artículos 22 y 23 del 
ESD (y varias obligaciones sustantivas dimanantes del GATT de 1994) y debe ser retirada. 
23. Los Estados Unidos alegan ahora que "[a] l igual que el Grupo Especial sobre los 
artículos 301 a 310 , el presente Grupo Especial no tiene necesidad de examinar la cuestión de la 
relación entre el párrafo 5 del artículo 21 y el artículo 22."
57 
24. Las CE responden que, a su juicio, el Grupo Especial no tiene otra opción:  a fin de 
desempeñar correctamente su labor, según se describe en el artículo 11 del ESD, se debe abordar la 
relación entre el párrafo 5 del artículo 21 y el artículo 22, a la luz de lo dispuesto en el artículo 23 del 
ESD, según se interpretó en el Informe del Grupo Especial que examinó el asunto Artículo 301 . 
25. En el Informe del Grupo Especial que examinó el asunto Artículo 301 , distribuido el 22 de 
diciembre de 1999, se expresó lo siguiente: 
"Cualquiera sea el resultado de los proced imientos en curso ante otros grupos 
especiales, sobre los que no nos pronunciamo s, el hecho de que el USTR formulara 
una determinación de no aplicación antes de  terminados los procedimientos del 
párrafo 5 del artículo 21 en el asunto Bananos III , incluso si resultara posteriormente 
que esta medida no fue lícita, no constituye, en  nuestra opinión, un acto de mala fe." 
26. Según se desprende claramente de esta cita , el Grupo Especial que examinó el asunto 
Artículo 301  estaba convencido de que esta cuestión estaba sub-judice  en el momento en que adoptó 
su decisión definitiva.  Las CE no consideran proced ente ni necesario debatir  aquí la corrección de 
                                                      
56 Véase la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 10 del Grupo Especial, párrafo 25:  "Al 
expirar el plazo prudencial , el Miembro reclamante tiene derecho a solicitar la autorización del OSD para la 
suspensión de concesiones conforme al párrafo 2 del artículo 22 si estima  que el Miembro que ha de aplicar las 
recomendaciones y resoluciones no lo ha hecho". 
 
57 Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 9 del Grupo Especial, párrafo 23. 
  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 35 
 
 
esta apreciación del Grupo Especial que examinó el asunto Artículo 301  sobre una cuestión respecto 
de la cual ese Grupo Especial reconoció que "no se pronunciaba".  La cuestión importante aquí es que 
las CE, como Miembro de la OMC, tienen derecho,  en virtud de los acuerdos abarcados, a que esta 
cuestión jurídica fundamental se re suelva, tal como está planteada , en el marco del único 
procedimiento correcto de la OMC, esto es, el  procedimiento de solución de diferencias. 
27. Un debate de lege ferenda  no puede ni debe tener influenc ia alguna sobre los deberes que 
debe cumplir un grupo especial en virtud de los artículos 7 y 11 del ESD en un procedimiento 
determinado de solución de diferenc ias.  En cambio, una práctica reiterada de los Miembros de la 
OMC puede tener influencia en la  interpretación de las disposiciones vigentes y aplicables de la 
OMC, tales como el párrafo 5 del artículo 21 y el  artículo 22 del ESD (véase nuevamente el capítulo 4 
infra ). 
28. Las CE pueden entender que un grupo especial, tal como el que examinó el asunto 
Artículo 301 , pueda decidir que otro grupo especial que lleva a cabo un procedimiento en curso es un 
foro más adecuado para tratar la interpretación de determinadas dis posiciones de la OMC, incluso si 
tales disposiciones formaran parte de su mandato.  Sin embargo, no están dispuestas a aceptar el curso 
de acción sugerido por los Estados Un idos conforme al cual, no obstante el mandato explícito de un 
grupo especial establecido por el OSD, ningún  procedimiento de grupo especial es el foro correcto 
para interpretar y aplicar normas del ESD vigentes  y plenamente aplicables. 
29. Por consiguiente, las CE solicitan que el Grupo Especial desestime esta petición injustificada 
de los Estados Unidos que, si se concediera , equivaldría a una denegación de justicia. 
C. EL MANDATO DE ESTE GRUPO ESPECIAL INCLUYE LA CUESTIÓN DE CUÁL DE LOS MIEMBROS 
TIENE QUE SOPORTAR LA CARGA DE PR OBAR QUE UNA MEDIDA ADOPTADA POR UN MIEMBRO 
PARA CUMPLIR RECOMENDACIONES Y RESOLUCIONES ANTERIORES DEL OSD  ES 
INCOMPATIBLE CON LAS OBLIGACIONES DE ESE MIEMBRO EN EL MARCO DE LA OMC 
30. Como hemos mencionado en el apartado precedente, el núcleo de las alegaciones de las CE es 
el hecho de que los Estados Unidos hicieron justic ia por su propia mano y decidieron unilateralmente 
que el régimen revisado para los ba nanos de las CE que entró en vigor el 1º de enero de 1999 infringió 
las obligaciones de las CE en el marco de la OMC (después de haber derogado y sustituido el régimen 
comunitario anterior que un informe de un grupo especial adoptado por el OSD había declarado incompatible con las obligaciones de las CE en el marco de la OMC). 
La solicitud de suspensión de concesiones u otras obligaciones formulada por los Estados Unidos al 
amparo del artículo 22 del ESD se basó en esa determinación unilateral.
58  La medida adoptada por los 
Estados Unidos el 3 de marzo de 1999, confirmada el 19 de abril de 1999, dependía directamente de 
la determinación unilateral de incumplimiento a doptada por los Estados Unidos sin una verificación 
objetiva a cargo de un grupo especial de confor midad con las disposiciones del párrafo 5 del 
artículo 21 del ESD. 
31. En opinión de las CE, al abordar la cuestión de la interpretación y aplicación correcta del 
párrafo 5 del artículo 21 y el artículo 22 del ESD, el Grupo Especial tendrá también que abordar otra 
cuestión que reviste igual importancia (y está vinculada a ella lógica y jurídicamente), esto es, la cuestión de a qué Miembro incumbe la carga de  probar que una nueva medida adoptada por un 
Miembro para cumplir recomendaciones y resolucion es anteriores del OSD es incompatible con las 
obligaciones de ese Miembro en el marco de la OMC. 
                                                     
 
58 Véase la cita de la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 10 del Grupo Especial que se 
reproduce en la nota de pie de página 9. 
 WT/DS165/R/Add.1 
Página 36  
 
32. Como las CE ya indicaron en la respuesta a la pregunta Nº 4 del Grupo Especial y se 
examinará más ampliamente en el capítulo 5 de esta comunicación, la carga de la prueba sigue las reglas normales señaladas por el Órgano de Apelación en su Informe en el asunto Estados Unidos – 
Medida que afecta a las importaciones de cami sas y blusas procedentes de la India
59 e incumbe al 
Miembro que alega la incompatibilidad de la me dida adoptada por otro Miembro.  Los Estados 
Unidos nunca han aportado esa prue ba ante un grupo especial con r especto al régimen revisado para 
los bananos de las CE. 
33. Por consiguiente, las CE solicitan al Grupo Especi al que rechace el intento injustificado de los 
Estados Unidos de reducir el alcance del presente pr ocedimiento mediante la s ugerencia de que "no es 
necesario, ni apropiado, examinar en el contexto de  la presente diferencia una conclusión relativa a la 
carga de la prueba tras el plazo prudencial."60 
III. LA VIOLACIÓN DE LOS REQUISITOS  PROCESALES PREVISTOS EN LOS 
ARTÍCULOS 22 Y 23 DEL ESD 
A. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA UN MIEMBRO DE LA OMC  ESTÁ AUTORIZADO PARA 
ADOPTAR Y /O APLICAR UNA SUSPENSIÓN DE CONCES IONES U OTRAS OBLIGACIONES CONTRA 
OTRO MIEMBRO ANTES DE QUE CONCLUYA UN PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE EN CURSO Y 
ANTES DE LA AUTORIZACIÓN DEL OSD 
34. El aumento de la responsabilidad (potencial) por  el pago de derechos y de los requisitos en 
materia de depósitos de seguridad aplicables a los pr oductos incluidos en la lista, a partir del 3 de 
marzo de 1999, infringe claramente la obligación de los Estados Unidos dimanante del párrafo 6 del 
artículo 22 (última frase) del ESD, de no recurrir a la suspensión de concesiones u otras obligaciones 
antes de la conclusión del procedimiento de arbitraje, y de la obligación establecida en el apartado c) 
del párrafo 2 del artículo 23 del ESD, de esperar la autorización del OSD antes de adoptar esa medida. 
35. Sobre la base del Informe del Gr upo Especial que examinó el asunto CEE – Programa de 
precios mínimos, licencias y depósitos de garant ía para la importación de determinadas frutas, 
legumbres y hortalizas elaboradas , el mero incremento de los requisitos en materia de depósitos de 
garantía correspondientes a derechos superiores a lo s tipos arancelarios consolidados constituye ya 
una violación de lo dispuesto en el  apartado b) del párrafo 1 del artícul o II, el apartado c) del párrafo 2 
del artículo II y el párrafo 1 de l artículo VIII del GATT de 1994. 
36. El aumento de la responsabilidad por el pago de  derechos constituye aún más claramente una 
violación de lo dispuesto en el apartado b) del párrafo 1 del artículo II del GATT de 1994. 
37. Las medidas de este tipo, cuando se adoptan con carácter discriminatorio , quedan incluidas en 
la definición de "suspensión de concesiones u ot ras obligaciones" que figura en el párrafo 6 del 
artículo 22 (última frase) y el apartado c) del párra fo 2 del artículo 23 del ESD.  Se trata de un 
concepto amplio que abarca las medidas discriminat orias adoptadas como reacción ante la violación 
por otro Miembro de obligaciones que le incumben en el marco de la OMC. 
38. Del párrafo 7 del artículo 3 (última frase) del ESD  se desprende claramente que el elemento 
de discriminación es una parte integrante del c oncepto de suspensión de concesiones u otras 
obligaciones;  esa disposición establece lo siguiente: 
                                                      
59 Véase WT/DS33/AB/R, página 16. 
 
60 Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta Nº 10 del Grupo Especial, párrafo 26. 
  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 37 
 
 
"El último recurso previsto en el presente  Entendimiento para el Miembro que se 
acoja a los procedimientos de solución de di ferencias es la posibilidad de suspender, 
de manera discriminatoria contra el otro Miembro , la aplicación de concesiones o el 
cumplimiento de otras obligaciones en el marco de los acuerdos abarcados siempre 
que el OSD autorice la adopción de estas medidas.  (Subrayado añadido.) 
39. La medida adoptada por los Estados Unidos el 3 de marzo de 1999 se ajusta perfectamente a 
la definición de suspensión discriminatoria de concesiones u otras obligaciones.61  Esa medida fue 
adoptada contra determinadas importaciones procedent es de las CE antes de que el procedimiento de 
arbitraje hubiera concluido y obviamente cuando el  OSD no había concedido ninguna autorización.  
Este desprecio de los Estados Unidos por sus ob ligaciones en el marco de la OMC llegó incluso a 
adoptar la suspensión de concesiones y otras obligacion es el día siguiente a la fecha en que el Árbitro 
diera a conocer la siguiente "decisión inicial"62: 
"El 2 de marzo de 1999, el Presidente de los Árbitros comunicó al Presidente 
del OSD lo siguiente (WT/DS27/48): 
"Le escribo para informarle de que los Ár bitros hemos dado hoy traslado a las partes 
de una decisión inicial en la que resolvem os cuestiones relacionadas con el alcance de 
nuestra labor y con ciertos aspectos de la metodología y los cálculos de los Estados 
Unidos para determinar el nivel de la suspensión de concesiones.  Además, hemos 
pedido a las partes que nos suministren información adicional.  Esta información ha de permitirnos adoptar una opinión defin itiva con respecto al nivel de anulación o 
menoscabo sobre la base de la incompatibilid ad, de haberla, del régimen revisado de 
la CE para el banano con la OMC y, si pro cede, determinar el nivel de la suspensión 
de concesiones u otras obligaciones equivalente al nivel de esa anulación o menoscabo.  Pensamos que, una vez recibida y analizada esa información, estaremos pronto en condiciones de pronunciar una decisión definitiva sobre este asunto." 
40. Las CE reiteran que la medida adoptada por lo s Estados Unidos el 3 de marzo de 1999 violó 
lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo 22 (última frase) y el apartado c) del párrafo 2 del artículo 23 
del ESD.  No puede existir ninguna excusa ni jus tificación para tal infracción en el marco de los 
acuerdos abarcados.  La única razón (r econocida por los propios Estados Unidos
63) para adoptar esta 
línea de acción incompatible con la OMC era que lo s Estados Unidos decidieron otorgar prioridad a 
su legislación nacional sobre sus oblig aciones en el marco de la OMC, en particular las exigencias de 
los artículos 301 a 310. 
                                                      
61 Esta conclusión no es sorprendente si se tiene en  cuenta la declaración pública formulada el 3 de 
marzo de 1999 por el Representante Comercial Adjunto:  "hemos adoptado medidas de retorsión frenando 
efectivamente el comercio a partir del 3 de marzo  para responder al perjuicio causado por el régimen de los 
bananos de las CE, incompatible con la OMC". 
 
62 Decisión arbitral en el asunto Bananos  (WT/DS27/ARB), párrafo 2.10. 
 
63 Véase el aviso publicado en el Federal Register  de los Estados Unidos, vol. 63, Nº 204, del jueves 
22 de octubre de 1998 (Anexo I de las CE):  "El artículo 306 b) [de la Ley de Comercio Exterior de 1974, 
modificada] exige  que el USTR determine qué nuevas medidas adoptará de conformidad con el artículo 301(a) 
de la Ley de Comercio Exterior si el USTR considera que un país extranjero no ha aplicado una recomendación formulada de conformidad con el procedimiento de solución de diferencias de la OMC.  El USTR formulará
 
esta determinación a más tardar 30 días después de la expiración del plazo prudencial previsto para esa 
aplicación en el párrafo 3 del artículo 21 de l ESD.  El artículo 305 a) 1) exige  que el USTR aplique esa medida a 
más tardar 30 días después de la fecha en que se ha formulado la determinación". WT/DS165/R/Add.1 
Página 38  
 
B. E
N TODO CASO , EL PÁRRAFO 6 DEL ARTÍCULO 22 NO GARANTIZA LA COMPATIBILIDAD CON LA 
OMC  DE LA ADOPCIÓN DE UNA SUSPENSIÓN DE  CONCESIONES U OTRAS OBLIGACIONES 
CUANDO EXISTEN DEFICIENCIAS PROCESALES  
41. Como se indicó en el apartado precedente, las medidas tales como la de suspender 
concesiones y otras obligaciones adoptada por los Estados Unidos, cuando se toman con carácter 
discriminatorio , quedan incluidas en la definición de "sus pensión de concesiones u otras obligaciones" 
que figura en el párrafo 6 del artículo 22 (última fra se) y el apartado c) del párrafo 2 del artículo 23 
del ESD. 
Las CE sostienen que tales acciones pueden adoptarse y aplicarse únicamente  con el fundamento de 
una violación de obligaciones en el marco de la OMC por otro Miembro de la OMC, establecida 
positivamente mediante las constataciones contenid as en el informe de un grupo especial o del 
Órgano de Apelación, adoptado por el OSD. 
42. El párrafo 6 del artículo 22 comienza con las siguientes palabras: 
 "Cuando se produzca la situación descrita en el párrafo 2, [...]" El párrafo 2 del artículo 22 describe la "situación" del modo siguiente: 
"Si el Miembro afectado no pone en confor midad con un acuerdo abarcado la medida 
declarada incompatible con él o no cumple de otro modo las recomendaciones y resoluciones adoptadas dentro del plazo prud encial determinado de conformidad con 
el párrafo 3 del artículo 21 [...]." 
Por otra parte, el artículo 23 del ESD aclara que: 
"Cuando traten de reparar el incumplimiento  de obligaciones u otro tipo de anulación 
o menoscabo de las ventajas resultantes de los acuerdos abarcados, [...] los Miembros 
[...] 
 En tales casos, los Miembros: 
a) No formularán una determinación de que se ha producido una infracción, se 
han anulado o menoscabado ventajas [...] excepto  mediante el recurso a la solución de 
diferencias de conformidad con las normas y procedimientos del presente 
Entendimiento [...]." 
Por último, el párrafo 5 del artículo 21 del ESD dispone que: 
"En caso de desacuerdo en cuanto a la existe ncia de medidas destinadas a cumplir las 
recomendaciones y resoluciones o a la co mpatibilidad de dichas medidas con un 
acuerdo abarcado, esta diferencia se resolverá conforme a los presentes 
procedimientos de solución de diferencias, con intervención, siempre que sea posible, 
del grupo especial que haya entendido inicia lmente en el asunto.  El grupo especial 
distribuirá su informe dentro de los 90 días siguientes a la fecha en que se le haya sometido el asunto [...]." 
43. En el caso presente, nunca
 se determinó que el régimen revi sado de las CE para los bananos 
que entró en vigor el 1º de enero de 1999 era incompatible  con las obligaciones de las CE en el marco 
de la OMC en un procedimiento de solución de  diferencias iniciado por los Estados Unidos .  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 39 
 
 
44. Los Estados Unidos tratan de justificar su medida, efectiva a partir del  3 de marzo de 1999 y 
confirmada el 19 de abril de 1999, mediante la al egación de que la "responsabilidad" de un Miembro 
de la OMC por su incumplimiento de r ecomendaciones y resoluciones del OSD "nace"64 el día 
siguiente a la expiración del "plazo prudencial" mencionado en el párrafo 3 del artículo 21 del ESD. 
45. Las CE no cuestionan el hecho de que la expir ación del plazo prudencial es pertinente cuando 
se examina si un Miembro de la OMC ha aplic ado las recomendaciones y resoluciones cuyo 
cumplimiento se le ha pedido.  Sin embargo, l as CE impugnan el vacuo concepto de "responsabilidad" 
que, según sostienen, carece de todo sentido en el contex to de la OMC.  Por el contrario, el examen 
del ESD muestra un panorama radicalmente distinto. 
46. De conformidad con el párrafo  7 del artículo 3 del ESD, ex iste una opción inicial:   
 - o bien el Miembro retira la medida decl arada incompatible con sus obligaciones en el 
marco de la OMC, o 
  -  no lo hace.  
47. En el caso de que no se retire la medida
, a más tardar a la expiración del plazo prudencial, el 
Miembro afectado no habrá aplicado las recomendaciones y resoluciones del OSD en tiempo oportuno.  Por lo tanto, tendrá que aceptar el ofre cer una compensación o hacer frente a la perspectiva 
de que el OSD autorice la suspensión de concesi ones u otras obligaciones por parte del Miembro o 
Miembros reclamantes. 
Esta situación ocurrió en la diferencia " CE – Hormonas ", cuando las CE decidieron por razones de 
salud pública no retirar las medidas declaradas incompatibles con su obligación en el marco de la 
OMC.
65  En consecuencia, ofreció una compensación.  Los Estados Unidos rechazaron el 
ofrecimiento y, por lo tanto, las CE hicier on frente a la suspensión de concesiones u otras 
obligaciones, después de que un árbitro hubiera determ inado el nivel de tal suspensión con respecto a 
la anulación y menoscabo causados por la medida de las CE, incompatible, que aún estaba en vigor. 
48. En el caso de que la medida se retire , como sucedió en el asunto relativo al régimen de los 
bananos de las CE, de conformida d con el párrafo 7 del artículo 3 del ESD, el Miembro afectado ha 
logrado el "primer objetivo del mecanismo de solución de diferencias [que es] en general conseguir la 
supresión de las medidas de que se trate si se constata que éstas son incompatibles con las 
disposiciones de cualquiera de los acuerdos abarcados". 
49. No obstante, si la medida que se ha retirado es sustituida por otra  medida, como también 
sucedió con el régimen revisado  para los bananos de las CE, entonces  puede plantearse la cuestión de 
si ésta nueva  medida es compatible con las obligaciones en el marco de la OMC del Miembro que ha 
adoptado la medida según se ha expuesto en las an teriores recomendaciones y resoluciones del OSD.  
En el caso de desacuerdo y en este sentido, el ESD prevé un procedimiento acelerado en el párrafo 5 
del artículo 21. 
50. En ningún caso la autorización para suspe nder concesiones u otras obligaciones puede ser 
concedida inmediatamente una vez expirado el pl azo prudencial porque el ESD prevé claramente 
algunos pasos procesales adicionales después de expi rado el plazo prudencial, antes de que se pueda 
conceder la autorización para suspe nder concesiones u otras obligaciones. 
                                                      
64 Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta Nº 9, párrafo 17. 
 
65 Por lo tanto, la mención de este caso en la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta Nº 16 no es 
pertinente. 
 WT/DS165/R/Add.1 
Página 40  
 
51. Por tanto, en el contexto jurídico mencionado,  las normas de la OMC procuran establecer un 
procedimiento adecuado que se debe seguir antes de que se puedan suspender concesiones u otras 
obligaciones. 
Si la nueva medida que sustituye a la medida re tirada se declara incompatible con las anteriores 
recomendaciones y resoluciones del OSD, y no se puede alcanzar ningún acuerdo ni compensación 
dentro del calendario previsto en el párrafo 2 de l artículo 22 del ESD, la parte reclamante puede 
solicitar autorización para suspende r concesiones u otras obligaciones. 
52. Sin embargo, en ninguna parte del ESD se dete rmina que la compensación o la suspensión de 
concesiones u otras obligaciones deba hacerse efectiva a partir del día inmediatamente siguiente a la 
expiración del plazo prudencial.  La compensación es una solución negociada de  la diferencia, y no 
existe ninguna obligación legal de conceder tal co mpensación a partir de un momento determinado. 
53. El nivel de la suspensión de concesiones u otras obligaciones puede evaluarse durante un 
procedimiento de arbitraje que puede ser solicitado por el Miembro al que tal suspensión se aplicaría. 
Como ya se ha mencionado, ese arbitraje supone ot ros pasos procesales que sólo pueden adoptarse 
después de expirado el plazo prudencial y que cu lminarán en algún momento posterior.  Como el 
párrafo 6 del artículo 22 del ESD dispone concretamente que las concesiones u otras obligaciones no 
pueden suspenderse durante el trámite del procedim iento de arbitraje, tal suspensión necesariamente 
sólo será posible algún tiempo después de expirado el plazo prudencial. 
54. En el caso presente, aparte de la cuestión de la aplicación del párrafo 5 del artículo 21 
del ESD, que se examinará en el capítulo siguiente, el  procedimiento de arbitraje relativo a la petición 
de los Estados Unidos para obtener autorización a fin de suspender concesiones u otras obligaciones 
aún estaba en curso cuando los Estados Unidos adoptaron y aplicaron
 la medida del 3 de marzo 
de 1999. 
55. Además, las normas de la OMC se refieren al c oncepto de equivalencia entre el nivel de 
anulación o menoscabo sufrido por el Miembro reclaman te y el nivel de la suspensión de concesiones 
u otras obligaciones que puede autorizar el OSD (véan se en particular los párrafos 4 y 7 (primera 
frase) del artículo 22 del ESD). 
Recordamos que en el momento en que los Estados Unidos adoptaron y aplicaron  la medida del 3 de 
marzo de 1999, el Árbitro aún no había adoptado ni nguna decisión sobre la equivalencia y que los 
Estados Unidos aplicaron una medida que era casi tr es veces superior al nivel eventualmente fijado 
por el Árbitro. 
56. En consecuencia, el concepto de "responsabilid ad inmediata por incumplimiento", alegado 
por los Estados Unidos en la presente diferencia, carece de todo fundamento en la legislación de la 
OMC.  En opinión de las CE, no cabe duda alguna de  que la medida adoptada por los Estados Unidos 
ha infringido las disposiciones del artículo 22 del ESD. 
IV. LA OBLIGACIÓN DE RECURRIR A LOS PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN EL 
PÁRRAFO 5 DEL ARTÍCULO 21 DEL ESD EN EL CASO DE DESACUERDO 
SOBRE LA COMPATIBILIDAD DE UNA MEDIDA DE APLICACIÓN CON UN 
ACUERDO ABARCADO 
57. Los Estados Unidos siguen alegando que no existe ninguna obligación de recurrir al 
procedimiento previsto en el párrafo 5 del artícul o 21 del ESD en el caso de desacuerdo acerca de la 
existencia o la compatibilidad de una medida  de aplicación con un acuerdo abarcado, antes de 
solicitar la autorización para suspender concesion es u otras obligaciones de conformidad con el 
párrafo 2 del artículo 22 del ESD.  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 41 
 
 
58. Esta postura no sólo está en flagrante contradi cción con el texto del párrafo 5 del artículo 21 
del ESD, que contiene en la versión inglesa el ve rbo auxiliar "shall", lo que hace este procedimiento 
obligatorio.  También está en contradicción con la práctica de los Miembros de la OMC tal como se 
ha desarrollado incluso en casos en los que participaron los propios Estados Unidos. 
59. Los Estados Unidos omiten mencionar en sus respuestas a las preguntas del Grupo Especial 
presentadas el 13 de enero de 2000 que han con certado, en el contexto de la diferencia Estados 
Unidos – Prohibición de las importaciones de determinados camarones y productos del camarón  
(WT/DS58), un entendimiento con Malasia el 22 de diciembre.66  Este entendimiento incluye los 
siguientes elementos (véase el párrafo 2 del canje de notas): 
"Si [...] Malasia decidiera iniciar accion es de conformidad con el párrafo 5 del 
artículo 21 y el artículo 22 del ESD, Malasia iniciaría las acciones en el marco del 
párrafo 5 del artículo 21 con anterioridad a cualquier acción en virtud del artículo 22.  
[...] Malasia no pedirá autorización para suspender la aplicación de concesiones u 
otras obligaciones en virtud del artículo 22 hasta que quede adopt ado el informe del 
grupo especial establecido de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21.  Si, sobre 
la base de las acciones en el marco del párrafo 5 del artículo 21, Malasia decide 
iniciar acciones de conformidad con el artícul o 22, los Estados Unidos no sostendrán 
que Malasia no puede obtener la autorización del OSD porque Malasia presentó su petición después de vencido el plazo de 30 días estipulado en la primera frase del 
párrafo 6 del artículo 22." 
60. Esto es exactamente lo que, según las CE exp licaron en 1998 y 1999, es su interpretación de 
la relación entre el párrafo 5 del artículo 21 y el artículo 22 del ESD. 
61. Las CE no están convencidas de que sea necesario alcanzar este tipo de acuerdo bilateral para 
aplicar correctamente el párrafo 5 del artículo 21  y el artículo 22 del ESD.  En rigor, las CE no 
consideran que el derecho legal que corresponde a cualquier Miembro de la OMC que ha reclamado 
con éxito en un procedimiento de solución de difere ncias en el marco del ESD, de solicitar y obtener 
autorización para suspender concesiones u otras ob ligaciones, pueda ser puesto en riesgo por la 
actitud de la parte demandada en esa diferencia particular. 
El único elemento determinante en esta cuestión es que la parte reclamante vencedora debe
 seguir 
correctamente todos  los procedimientos establecidos en el ESD. 
62. Las CE desearían señalar a la atención del Grupo Especial el hecho siguiente. 
Suponiendo, a los fines de la argumentación, que la interpretación de la secuencia entre el párrafo 5 
del artículo 21 y el artículo 22 del ESD sugerida por  las CE haría que la "regla del consenso negativo 
fuera una nulidad en los casos en que la parte que  ha de aplicar las recomendaciones y resoluciones no 
las cumple hasta la expiración del plazo prudencial"67, quod non , entonces un entendimiento bilateral 
como el acuerdo concertado entre los Estados Unidos  y Malasia sería totalmente insuficiente para 
evitar ese riesgo. 
Cualquier Miembro podría en realidad impedir la  concesión de la autorización para suspender 
concesiones u otras obligaciones oponién dose al consenso en el OSD. 
                                                      
66 Véase el documento de la OMC WT/DS58/16, de 12 de enero de 2000. 
 
67 Véase la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta Nº 12 del Grupo Especial, párrafo 33. 
 WT/DS165/R/Add.1 
Página 42  
 
63. Con arreglo a la interpretación sugerida por los Estados Unidos, la firma de un entendimiento 
(esto es, de un acuerdo bilateral como el concertado entre los Estados Unidos y Malasia) carecería de todo efecto real en el caso de oposición de otro Miem bro de la OMC, que incluso podría actuar en el 
OSD como aliado del Miembro demandado. 
64. El Grupo Especial no debe pasar por alto esta hipótesis, inspirada por los Estados Unidos, de 
procedimientos de solución de diferenci as "hechos a medida" con carácter bilateral. 
No hay simplemente ninguna razón legal imperativa por la que el párrafo 5 del artículo 21 y el 
artículo 22 del ESD no se deban aplicar en su secu encia lógica, según se desprende de sus términos 
(las CE mencionan nuevamente en particular el te xto del párrafo 5 del artículo 21 y el párrafo 2 
(primera frase) del artículo 22 del ESD), evitando  así una confusión inútil y una prolongación 
innecesaria del presente debate. 
Una interpretación de buena fe
68 del párrafo 5 del artículo 21 y del artículo 22 en su secuencia lógica 
y teniendo en cuenta los requisitos del artícul o 23 del ESD no produce ninguna modificación (ni 
pérdida) de las reglas de votación sobre el consenso "en contrario" en el OSD. 
Con arreglo a estos artículos, la regla del consenso  "en contrario" se justifica plenamente cuando el 
Miembro afectado sigue correctamente el procedimie nto de solución de diferencias.  Cuando no se 
sigue este procedimiento, la aplicación de la regla del consenso "en contrario" pasa a ser un 
instrumento para imponer determin aciones unilaterales bajo un disfr az multilateral, lo que entra en 
conflicto con el objetivo fundame ntal de estas disposiciones. 
65. El hecho de que la interpretación de las dis posiciones del ESD antes mencionadas que ha sido 
siempre sugerida por las CE haya sido aceptada tanto por los reclamantes como por los demandados 
en todos  los procedimientos de solución de difere ncias que han llegado a la etapa de aplicación 
después de la entrada en vigor del Acuerdo sobr e la OMC, con la única excepción de los Estados 
Unidos en la diferencia relativa a los Bananos , demuestra que el proc edimiento del ESD es 
perfectamente viable y que puede aplicarse correctamen te, en su forma actual, en interés de todos los 
Miembros interesados. 
Como demuestran los cinco años de experiencia del Acuerdo sobre la OMC, el cumplimiento de 
buena fe de las normas vigentes  en el marco del ESD es, por ende, la receta obvia y suficiente para 
alcanzar una conclusión correcta y satisfactoria de la etapa de aplicación en todo procedimiento de 
solución de diferencias. 
66. Como ya hemos mencionado en nuestra declaración oral en la primera reunión sustantiva del 
Grupo Especial, celebrada el 16 de diciembre de 1999 (párrafo 20), los Estados Unidos han podido 
aceptar este tipo de procedimiento en el asunto Cuero para automóviles  contra Australia, es decir, 
incluso en una situación en que actuaron como parte reclamante. 
En cualquier caso, un acuerdo de esta naturaleza era aceptable para las CE en el contexto de la 
diferencia relativa a los Bananos , y las CE han reiterado su disposición a seguir una línea similar 
durante todo el debate llevado a cabo con los Es tados Unidos en el segundo semestre de 1998 y 
comienzos de 1999.69 
                                                      
68 En consonancia con los artículos 26 y 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados, aplicable en virtud del párrafo 2 del artículo 3 del ESD. 
 
69 Las referencias a las declaraciones pertinentes de los representantes de las CE en el OSD figuran en 
la nota de pie de página 8 a las respuestas de las Com unidades Europeas a las preguntas del Grupo Especial y de 
los Estados Unidos, de 13 de enero de 2000. 
  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 43 
 
 
67. Los Estados Unidos alegan que el Canadá comp arte su anterior postura de no avenimiento, 
pero esto no se basa en los hechos.  En los dos pro cedimientos de solución de diferencias pertinentes 
en los que el Canadá participó como parte reclamante, Australia – Salmón  y Brasil – Aeronaves , el 
Canadá permitió que el procedim iento del párrafo 5 del artículo 21 del ESD se concluyera antes  de 
recurrir a la suspensión de c oncesiones u otras obligaciones. 
68. En un caso ( Australia – Salmón ), esto se logró mediante la suspensión del procedimiento 
previsto en el artículo 22 del ESD a fin de hacer  posible que el procedimiento del párrafo 5 del 
artículo 21 siguiera su curso.  En el otro caso, el Canadá no recurrió al procedimiento del artículo 22 
del ESD, sino que simplemente solicitó en primer lugar que se iniciara el procedimiento previsto en el 
párrafo 5 del artículo 21. 
69. En todo caso, como se explicó en el capítulo in icial de la presente comunicación, cualquiera 
sea la postura de los distintos Miembros de la OM C, de conformidad con el  artículo 11 del ESD el 
grupo especial debe hacer una evaluación objetiva del asunto que se le haya sometido, sin dar 
demasiada importancia a las posturas tácticas de determinados Miembros de la OMC. 
70. Por la misma razón, los debates relativos a la revisión del ESD tienen escasa pertinencia a los 
efectos de la presente diferencia, que está sometida a las disposiciones existentes  del ESD.  
Naturalmente, siempre es posible alcanzar mejora s mediante negociaciones, que pueden dar lugar a 
una modificación de las presentes normas y proced imientos.  Esto no significa que los grupos 
especiales no estén obligados, según lo dispone conc retamente el párrafo 2 del artículo 3 del ESD, a 
aclarar los derechos y obligaciones de los Miembr os de la OMC de conformidad con las normas y 
procedimientos de solución de diferencias en su forma actual . 
71. La denegación de justicia no constituye una solución y no ayudará a los Miembros de la OMC 
a abordar las posturas divergentes que están en el origen de la diferencia relativa a los Bananos , que 
incluso los Estados Unidos no parecen defe nder en ninguna otra ocasión excepto en este 
procedimiento. 
72. Por último, las CE consideran que corresponde  refutar algunas declaraciones formuladas por 
los Estados Unidos al responder a la pregunta Nº 14  del Grupo Especial.  No obstante, desean dejar en 
claro que no aceptan ni comparten ninguna de las otras afirmaciones formuladas por los Estados Unidos con respecto a la interpretación del párra fo 5 del artículo 21 del ESD, según se ha expresado 
en este procedimiento del Grupo Especial. 
73. Al responder a la pregunta Nº 14 del Grupo Esp ecial sobre quién determina si una nueva 
medida anula beneficios en el marco de  la OMC, los Estados Unidos declararon
70 lo siguiente: 
"Conforme a la definición que figura en el párrafo 7 del artículo 22 del ESD, la tarea 
del árbitro del párrafo 6 del artículo 22 es de terminar 'si el nivel de esa suspensión es 
equivalente al nivel de la anulación o el menoscabo'.  Como señaló el árbitro en el asunto Bananos , el concepto de equivalencia entr e la suspensión propuesta y el nivel 
de la anulación o menoscabo 'seguirá car eciendo de contenido' si no se conoce 
cualquiera de las dos variables.
71  En consecuencia, el árbitro del párrafo 6 del 
artículo 22 debe examinar la nueva medida para determinar el nivel de anulación o 
                                                      
70 Párrafo 37. 
 
71 [Nota de pie de página en el original] "Arbitraje en virtud del párrafo 6 del artículo 22, párrafo 4.7". 
 WT/DS165/R/Add.1 
Página 44  
 
menoscabo antes de que pueda determinar si ese nivel es equivalente al nivel de la 
suspensión propuesto por la parte reclamante."
72 
74. La decisión adoptada por el Árbitro en la diferencia relativa a los Bananos  entre los Estados 
Unidos y las CE, citada supra , como cualquier otra decisión adoptada en un procedimiento de 
arbitraje, no  fue adoptada por el OSD.  Por lo tanto, una decisión arbitral no puede tener los efectos 
que se reservan a los informes de los grupos esp eciales o del Órgano de Apelación adoptados, de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 7 del artículo 3 y los artículos 16, 19 y 23 del ESD. 
Casi no es necesario reiterar aquí lo que resulta obvio:  en el sistema de solución de diferencias de la 
OMC, los informes de los grupos especiales y de l Órgano de Apelación constituyen la base de las 
recomendaciones y resoluciones del OSD.  Las facu ltades de adoptar y formular recomendaciones y 
resoluciones en un procedimiento de solución de dife rencias determinado, que resulta vinculante para 
los Miembros de la OMC afectados , incumbe exclusivamente  al OSD, es decir, a los Miembros de la 
OMC colectivamente. 
75. En lo que respecta a las tareas del Árbitro, se li mitan a lo establecido en los párrafos 6 y 7 del 
artículo 22, que no incluyen ninguna tarea enumerad a en el artículo 11 del ESD (cuyo título, lo que no 
resulta sorprendente, es "Función de los grupos espec iales") y no están sujetas a las disposiciones del 
párrafo 2 del artículo 6 y del artículo 7 del ESD, ni  a apelación con arreglo al artículo 17 del ESD. 
76. Por esta razón, con independencia de la mane ra en que el Árbitro citado por los Estados 
Unidos decidió justificar su decisión relativa al nivel de suspensión u otras obligaciones solicitada por 
los Estados Unidos, que no es pertinente en este contexto73, su decisión no es vinculante y no puede 
                                                      
72 [Nota de pie de página en el original] " Idem , párrafos 4.7 y 4.8". 
 
73 Las CE señalan a la atención del Grupo Especial el evidente non sequitur  contenido en la respuesta 
de los Estados Unidos a la pregunta Nº 14.  Los Estados Unidos afirman, siguiendo al Árbitro, que "el concepto de equivalencia 'seguirá careciendo de contenido' si no se conoce cualquiera de las dos variables (es decir, el 
nivel de la suspensión y el nivel de la anulación o menoscabo)".  Concluyen después de este modo:  "En 
consecuencia , el árbitro del párrafo 6 del artículo 22 debe examin ar la nueva medida para determinar el nivel de 
anulación o menoscabo antes de que pueda determinar si ese nivel es equivalente al nivel de suspensión 
propuesto por la parte reclamante". 
 La conclusión sugerida por los Estados Unidos es in compatible con las tareas del árbitro en virtud de 
los párrafos 6 y 7 del artículo 22 del ESD.  En opinión de las CE, existen sólo dos consecuencias alternativas 
que pueden extraerse, en el marco del ESD, del hecho de que una de las dos "variables" sea desconocida: 
 
1) O bien
 la anulación o menoscabo no se determina "de forma coherente con las constataciones 
que figuren en el informe del grupo especial o del Órgano de Apelación, adoptado por el OSD" porque el Miembro reclamante no ha impugnado el cumplimiento de anteriores recomendaciones y resoluciones del OSD 
por las nuevas
 medidas adoptadas por el Miembro demandado.  En este caso, una alegación de anulación o 
menoscabo no es, por ende, compatible con el artículo 23 del ESD.  En tal caso, como falta esta "variable", los Árbitros deben fijar el nivel en cero. 
 
2) O
 la alegación de que las nuevas  medidas infringen un acuerdo abarcado se ha realizado "de 
forma coherente con las constataciones que figuren en el informe del grupo especial o del Órgano de Apelación, 
adoptado por el OSD" (y, por ende, con el artículo 23 del ESD) pero el Miembro reclamante no ha indicado correctamente el nivel de las concesiones u otras obligacion es cuya suspensión propone.  También en este caso, 
como falta la otra "variable", el Árbitro debe fijar el nivel en cero si así se solicita. 
 La afirmación de los Estados Unidos citada anteriormente se refiere sólo a la primera alternativa.  
Las CE no alcanzan a comprender cómo podría justificar se en el marco del ESD que un Árbitro usurpara las 
tareas de un grupo especial previsto en el párrafo 5 del artículo 21. 
  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 45 
 
 
obligar a ningún Miembro de la OMC más allá del al cance de su mandato en virtud de los párrafos 6 
y 7 del artículo 22 del ESD. 
77. La decisión relativa a la compatibilidad con un acuerdo abarcado de las medidas adoptadas 
por un Miembro, in casu  las CE, para cumplir anteriores recomendaciones y resoluciones del OSD, 
sólo incumbe al OSD cuando adopta el informe de un grupo especial o del Órgano de Apelación al 
concluir un procedimiento tr amitado con arreglo al párrafo  5 del artículo 21 del ESD. 
78. No obstante, en el caso de los Estados Unidos , tal decisión del OSD no existía el 3 de marzo 
de 1999, tampoco existía el 19 de abril de  1999 y no existe en el día de hoy. 
79. Los Estados Unidos no pueden basarse en la decisión del OSD cuando adoptó, el 6 de mayo 
de 1999, el informe emitido en el procedimiento separado del Grupo Especial que examinó el asunto 
"Bananos – Recurso al párrafo 5 del artículo 21 por el Ecuador ".  Según lo expresado en el informe 
del Órgano de Apelación en " Japón – Bebidas alcohólicas ".74 
"Los informes adoptados de los grupos especi ales son una parte importante del acervo 
del GATT.  Los grupos especiales posteriores su elen examinarlos.  [...] Sin embargo, 
no son obligatorios, sino para solucionar la  diferencia específica entre las partes en 
litigio."75 
80. Por otra parte, como expresó el Grupo Especial que examinó el asunto India – Protección 
mediante patente – Reclamación de las Comuni dades Europeas y de sus Estados miembros76 
(párrafo 7.30): 
"[P]or consiguiente, cabe concluir que las decisiones anteriores de grupos especiales 
o del Órgano de Apelación no vinculan a los grupos especiales, aunque esas 
decisiones se refieran a la misma cuestión." 
81. Como conclusión, las CE reiteran que la medida  impugnada, adoptada por los Estados Unidos 
el 3 de marzo de 1999 y confirmada  el 19 de abril de 1999, es incompatible con lo dispuesto en el 
párrafo 5 del artículo 21 del ESD. 
82. Esta incompatibilidad no fue subsanada por el h echo de que el OSD adoptara el informe de un 
grupo especial en el contexto de un procedimiento distinto  iniciado por otro  Miembro de la OMC de 
conformidad con el párrafo  5 del artículo 21 del ESD. 
Tampoco fue subsanada por la autorización de suspender concesiones u otras obligaciones que 
beneficiaran a las CE, concedida por el OSD el 19 de abril de 1999, por una cuantía equivalente a 191,4 millones de dólares EE.UU.  Esa autorización es una condición necesaria
, pero no suficiente  
para justificar la compatibilidad con la OMC de  una medida de suspensión de concesiones u otras 
obligaciones, que fue adoptada por los Estados Un idos sin tener en cuenta las normas procesales y 
sustanciales del ESD. 
                                                      
74 WT/DS8, 10, 11/AB/R, página 18.  En el muy reciente informe correspondiente al asunto " Turquía – 
Textiles " (WT/DS34/R, párrafo 9.11) el Grupo Especial ex presó que "recordamos en este contexto que los 
informes de los grupos especiales y del Órgano de Apelación sólo son vinculantes para las partes". 
 
75 [Nota de pie de página en el original]  "Cabe señalar que el Estatuto de la Corte Internacional de 
Justicia recoge explícitamente en su artículo 59 una disposición análoga.  Esto no ha impedido que esta Corte (y 
su predecesora) haya desarrollado una jurisprudencia en la  que se distingue claramente el valor que se otorga a 
las decisiones anteriores." 
 
76 WT/DS79. 
 WT/DS165/R/Add.1 
Página 46  
 
V. PRESUNCIÓN DE BUENA FE 
83. Los Estados Unidos alegan en sus re spuestas a las preguntas del Grupo Especial
77 que el 
concepto de una "presunción" de compatibilidad o no compatibilidad de la aplicación realizada por un 
Miembro no se desprende del ESD. 
84. Esta afirmación está en abierta contradicción con el reciente informe del Órgano de Apelación 
en Chile – Impuestos a las bebidas alcohólicas78, que incluye la siguiente declaración (párrafo 74): 
"De ninguna manera se debería presu mir que los Miembros de la OMC continúan  una 
protección o discriminación anterior mediante  la adopción de una nueva medida.  
Esto se parecería mucho a presumir su mala fe."  (Cursivas del original.) 
85. También está en contradicción con el texto del ESD, particularmente el párrafo 7 del 
artículo 3 y el artículo 23. 
El párrafo 7 del artículo 3 (cuarta frase) del ESD  contiene el siguiente principio orientador: 
"De no llegarse a una solución de mutuo acuerdo, el primer objetivo del mecanismo 
de solución de diferencias será en general conseguir la supresión de las medidas de 
que se trate si se constata  que éstas son incompatibles con las disposiciones de 
cualquiera de los acuerdos abarcados."  (Subrayado añadido.) 
86. El párrafo 1 del artículo 23 y el apartado a) del párrafo 2 del artículo 23 del ESD establecen 
que tal constatación (que en la terminología del artículo 23 se denomina "determinación") sólo puede 
llevarse a cabo de conformidad con l as normas y procedimientos del ESD. 
87. La única presunción a la que hace referencia el ESD es la mencionada en el párrafo 8 del 
artículo 3, con arreglo al cual 
"normalmente existe la presunción de  que toda transgresión tiene efectos 
desfavorables para otros Miembros que sean parte en el acuerdo abarcado, y en tal caso corresponderá al Miembro contra el  que se haya presentado la reclamación 
refutar la acusación." 
88. Por lo demás, se aplican a la carga de la prueba las reglas normales indicadas por el Órgano 
de Apelación en su informe en el asunto Estados Unidos – Medida que afecta a las importaciones de 
camisas y blusas procedentes de la India
79 y ella incumbe al Miembro que alega la incompatibilidad 
de la medida adoptada por otro Miembro.  No hay fundamento alguno en el ESD para adoptar otro 
enfoque. 
VI. CONCLUSIONES 
89. Las CE reiteran que la medida adoptada por lo s Estados Unidos el 3 de marzo de 1999 y 
confirmada el 19 de abril de 1999 es incompatible con lo dispuesto en los artículos 3, 21, 22 y 23 del 
ESD y los artículos I, II, VIII y XI del GATT de 1994.  Solicitan respetuosamente al Grupo Especial 
que recomiende al OSD que pida a los Estados  Unidos que pongan la medida en cuestión en 
conformidad con las obligaciones que incumben  a ese país en el marco de la OMC. 
                                                      
77 Véase la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta Nº 10 del Grupo Especial, párrafo 24. 
 
78 WT/DS87/AB/R y WT/DS110/AB/R. 
 
79 Véase WT/DS33/AB/R, página 16. 
  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 47 
 
 
Apéndice 1.6 
Carta de las CE de fecha 25 de enero de 2000 sobre la amplitud 
del mandato del Grupo Especial 
(25 de enero de 2000) 
 
 
Sr. Presidente: 
 
 Las Comunidades Europeas observan con cierta sorpresa la petición de los Estados Unidos 
contenida en la carta de remisión de su segunda comunicación escrita de fecha 21 de enero de 2000, 
de que el Grupo Especial aclare "antes del comien zo de la segunda reunión sustantiva, las medidas 
que considera incluidas en el mandato del Grupo Especial".  El Grupo Especial no debería acceder a esta petición en esta etapa tardía del procedimiento que tramita ante él. 
 
 De conformidad con el párrafo 11 de los proced imientos de trabajo, en esta etapa tardía del 
procedimiento, no se puede solicitar que se adopte un a resolución preliminar, a menos que los Estados 
Unidos puedan demostrar la existenc ia de una "causa apropiada" para que se conceda una excepción.  
Los Estados Unidos ni siquiera intentan demo strar la existencia de dicha causa apropiada. 
 
 El mandato del Grupo Especial figura en el documento WT/DS165/8, en cuyo cuerpo 
principal y anexos se hace referencia a las list as de productos publicadas por los Estados Unidos  
el 3 de marzo de 1999 y el 19 de abril de 1999.  No cabe por lo tanto ninguna sorpresa porque la CE, 
desde su primera comunicación escrita, se hayan b asado en ambos documentos, que constituían la 
base para el establecimiento de un grupo especial por parte del OSD.  Los Estados Unidos no 
plantearon nunca ninguna objeción cont ra esa solicitud, ni en la reunión del OSD en que se estableció 
el Grupo Especial, ni en una etapa anterior del pro cedimiento del Grupo.  De hecho, solamente en las 
observaciones finales formuladas el 17 de diciembr e de 1999, los Estados Unidos manifestaron una 
duda por primera vez al afirmar que "acaso tengamos que volver al Grupo Especial para que éste dicte 
una resolución preliminar". 
 
 Ahora que se han intercambiado ya las segund as comunicaciones escritas, y ha pasado más de 
un mes desde que los Estados Unidos manifestaron una  duda por primera vez, las CE no ven ninguna 
"causa apropiada" para que el Grupo se desvíe de su procedimiento de trabajo. 
 
 Tal como señalaron las CE en su segunda co municación escrita de 21 de enero de 2000, el 
Grupo Especial tendrá que considerar como cuesti ón sustantiva el alcance de  la reclamación.  La 
solicitud de los Estados Unidos sobre la "aclaraci ón del mandato" que el Gr upo tiene que abordar en 
esta etapa tardía no implica ninguna cuestión de procedimiento distinto. 
 
Atentamente, 
J.J. BOUFLET Ministro Consejero  WT/DS165/R/Add.1 
Página 48  
 
Apéndice 1.7 
Respuestas de las CE a nuevas preguntas del Grupo Especial  
(8 de febrero de 2000) 
 
Pregunta 48
 
 Los Estados Unidos afirman en el párrafo 35 de su comunicación de réplica que 
"suponiendo, a efectos de la argumentación que … los requisitos en materia de fianzas 
establecidos el 3 de marzo imponen una 'carga' co n arreglo al artículo II o al artículo VIII, 
entonces estos requisitos de fianzas no pueden, por definición, estar sujetos a lo dispuesto en el 
artículo XI …".  Sírvanse explicar de forma más detallada la distinción entre el ámbito de 
aplicación de los artículos II y VIII, y el del ar tículo XI, teniendo en cuenta los requisitos en 
materia de fianzas en cuestión. 
Respuesta  
1. En este caso, el fundamento jurí dico del aumento de los requisitos en materia de fianzas 
depende, en opinión de las CE, del carácter (autónom o o accesorio) de dichos requisitos.  Tal como 
señaló el Sr. Peter Scher, Representante Adjunt o de los Estados Unidos para las Cuestiones 
Comerciales Internacionales, en una conferencia de prensa celebrada el 3 de marzo de 1999, la 
intención de los Estados Unidos era "frenar todo el comercio" de los productos incluidos en la lista de 
las CE.80  En la medida en que el aumento de los re quisitos en materia de fianzas tiene un carácter 
autónomo, tal como sostienen los Estados Unidos en  la presente diferencia, se trata en opinión de las 
CE de una restricción al comercio, "aparte de los de rechos de aduana, impuestos u otras cargas" en el 
sentido del párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994. 
2. Las CE son conscientes que en el GATT de 1 994 no hay ninguna disposición relativa a las 
medidas "equivalentes a restricciones cuantitativas" que  equivalga a derechos de aduana, impuestos u 
otras cargas.  El fundamento jurídico del incremen to de los requisitos en materia de fianzas depende 
pues de si una medida restrictiva del comercio que puede ser "anulada" mediante el pago de una 
cantidad de dinero podría, solamente por esta mera  razón formal, considerarse un derecho, una carga 
o un impuesto. 
3. Suponiendo, como mera hipótesis, que en un determinado Miembro de la OMC, el despacho 
de aduana sólo pudiera hacerse sobornando a los f uncionarios, y que el Miembro de la OMC en 
cuestión tolerara esta práctica, ¿podría calificarse la  misma como derecho, impuesto o carga o, por el 
contrario, como una restricción al comercio distinta de esos tres elementos?  Si la primera alternativa 
fuera correcta ( quod non  a juicio de las CE), cualquier restri cción al comercio cuyo incumplimiento 
pudiera provocar la imposición de una multa, pod ría presumiblemente considerarse también un 
"derecho, impuesto o carga".  Por lo tanto, las CE  consideran que resulta más apropiado basar el 
fundamento jurídico en la sustancia, y no en la forma, de la medida en cuestión. 
4. De estas consideraciones se desprende que una restricción al comercio cuyo objetivo principal 
sea "frenar el comercio" y que no aporte ningún ingreso  fiscal a la hacienda pública del Miembro de la 
OMC importador, no puede calificarse como "derecho, impuesto o carga" sino como una restricción al comercio de distinta naturaleza. 
                                                     
 
80 Véase asimismo la cita que aparece en el reciente  artículo de la revista "Time" de 7 de febrero 
de 2000 sobre "How to Become a Top Banana" (anexo XI de las CE), según el cual un funcionario de la oficina 
del Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales manifestó su "asombro" por el hecho de que un importador de los Estados Unidos estuviera todavía realizando operaciones comerciales con uno de 
los productos de la lista, ya que las autoridades estadounidenses tenían la impresión de que el incremento del 
derecho arancelario había "acabado con la industria - la había cerrado" (la página 38, de la columna superior 
izquierda).  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 49 
 
 
5. No obstante, como sabe el Grupo Especial, las CE han considerado los requisitos en materia 
de fianzas en este caso como accesorios a un aumento simultáneo de la obligación (contingente) del pago de un derecho por los productos incluidos en la lista.  El principal argumento de las CE, por lo 
tanto, es que el aumento de los requisitos en materia de fianzas debería gozar de la calificación jurídica de carga, en estrecha relación con el (aumen to) del derecho de aduana, cuyo pago sirve para 
garantizar, y para el cual no hay ninguna justific ación según los artículos II y VIII del GATT de 1994.  
Solamente en el caso de que el Grupo Especial cons idere establecido que los Estados Unidos en el 
caso presente han introducido un aumento en los re quisitos en materia de fianzas sin haber hecho 
efectivos al mismo tiempo los correspondientes der echos de aduana, cobra significado el argumento 
expuesto en los párrafos anteriores y llevaría a la conc lusión de que el incremento de los requisitos en 
materia de fianzas constituyen un incumplimiento de l párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994. 
6. En cualquier caso, los dos fundamentos jurídico s que se examinan deberían complementarse 
entre sí sin fisuras, y por lo tanto induciría siem pre a la constatación de un incumplimiento de las 
obligaciones de los Estados Unidos con respecto al Acuerdo sobre la OMC. 
Pregunta 49
 
 Al alegar que un aumento de la cantidad de una garantía necesaria está destinado a cubrir 
los derechos del 100 por ciento que podrían deb erse eventualmente (después de que el grupo 
especial de arbitraje haya concluido su trabajo), los Estados Unidos parecen garantizar que la obligación aplicable, en forma de derech os de aduana, puede cambiar después
 de la entrada de un 
producto incluido en la lista en el territorio adu anero del Miembro de la OMC.  ¿Es este cambio 
retroactivo del derecho y de la obligación aplicab le, aceptable según el derecho internacional? 
Respuesta  
7. Como se explica en su segunda comunicación escrita, del 21 de enero de 2000, a las CE no le 
convencen los argumentos de los Estados Unidos de  que en este caso el aumento de los derechos de 
aduana se impusieran el 19 de ab ril de 1999, con efecto retroactivo a partir del 3 de marzo de 1999.  
Las CE consideran más bien que los derechos de bidos por los productos incluidos en la lista se 
aumentaron de hecho a partir del 3 de marzo de 1999 y no fueron confirmados hasta el 19 de abril de 
ese mismo año, sobre la base de una lista reducida.  Como han señalado las CE, la imposición retroactiva del aumento de los derechos de im portación está en desacuerdo con lo que exige el 
derecho de aduanas de los Estados Unidos, como ello s mismos han aclarado, a lo largo de la presente 
diferencia, en especial en respuesta a las preguntas escritas de las CE. 
 Las CE desearían recordar que, de acuerdo con los principios jurídicos aduaneros, un 
requisito de pagos de fianza so lamente puede justificarse si existen dudas con respecto a un producto 
importado específico (por ejemplo, con respecto a la clasificación, a la valoración o al origen), pero nunca por un imprevisto sobre un futuro cambio en la legislación o una duda sobre la legislación 
propiamente dicha. 
8. Así pues, a juicio de las CE, dadas las circunstancias del presente caso, no se plantea la 
cuestión de las restricciones legales con respecto a la imposición retroactiva de impuestos u otras 
cargas financieras.  A pesar de ello, las CE están  por supuesto dispuestas a dar a conocer su opinión 
en el caso improbable de que el Grupo Especial adoptara una posición diferente sobre esta cuestión 
preliminar. 
9. Las restricciones relativas a la  retroactividad de los instrumentos jurídicos que imponen 
obligaciones legales o cargas financieras a las partes  a las que se aplica, se basan en los problemas 
creados con respecto a la certidumbre jurídica y, cu ando proceda, a la protección legal de los derechos 
adquiridos. WT/DS165/R/Add.1 
Página 50  
 
10. Uno de los objetivos básicos de la OMC y de su sistema de solución de diferencias, es 
también alcanzar la certidumbre jurídica.  Según el  párrafo 2 del artículo 3 del ESD, "el sistema de 
solución de diferencias de la OMC es un elemento e sencial para aportar seguridad y previsibilidad al 
sistema multilateral de comercio".  Tal como cons tata el Órgano de Apelación:  "La seguridad y 
previsibilidad de los 'acuerdos enca minados a obtener, sobre la base de la reciprocidad y de mutuas 
ventajas', la reducción sustancial de los aranceles aduaneros y de los demás obstáculos al comercio" es 
uno de los objetos y fines del Acuerdo sobre la OMC  en general, así como del GATT de 1994.
81 
11. La certidumbre jurídica requiere que las cargas sobre la importación no se aumenten 
retroactivamente después de que un artículo se haya importado legalmente en el territorio aduanero de 
un Miembro de la OMC.  Este aume nto retroactivo está en abierta c ontradicción con la finalidad de la 
OMC de permitir que el comercio internacional se r ealice sobre una base previsible desde los puntos 
de vista jurídico y económico.  Mientras que la imposición de derechos arancelarios a los productos 
importados constituye en principio un instrume nto normativo permisible a disposición de los 
Miembros de la OMC, siempre que se respeten l as consolidaciones arancelarias de la correspondiente 
Lista de concesiones arancelarias del GATT, y la nor ma NMF, el aumento retroactivo de un derecho 
aduanero, incluso en situaciones en que no se in frinja con dicha acción la consolidación arancelaria, 
incumple claramente una de las principales obligaci ones básicas de la OMC, que es hacer posible el 
comercio internacional sobre una base segura y previsible. 
12. Por razones similares, el artículo 28 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados, presume la no retroactividad de los trat ados internacionales, lo que significa que, a menos 
de que se pueda establecer una intención diferente,  ningún tratado internacional se aplica a los actos o 
hechos que se realizaron, o a las situaciones que ces aron de existir, antes de la entrada en vigor del 
tratado.  Sobre esta base, se ha dispuesto que, de conformidad con la Convención Europea de 
Derechos Humanos, no es admisible una reclamación de violación, ratione temporis,  con respecto a 
actos que tuvieron lugar antes de que entrara en vigor la Convención para la parte contratante 
interesada, aun cuando las con secuencias del acto al que se refiere la reclamación sigan operando 
después de la entrada en vigor de la misma (por ejemplo, en caso de una expropiación sin la debida 
indemnización).82 
13. Frente a estos antecedentes legales, y en especi al con respecto a la prescripción de garantizar 
certidumbre jurídica, puede excluirse que el OSD autorizase la suspensión de concesiones u otras obligaciones en virtud de los párrafos 2 y 7 del artíc ulo 22 del ESD, con efecto retroactivo.  Tampoco 
podrá aplicarse retroactivamente la suspensión de concesiones y otras obligaciones, una vez que el 
OSD lo haya autorizado en virtud de dichas disposic iones.  Ese efecto retroactivo de la autorización 
no solamente carece de base en las disposicion es pertinentes del artículo 22 del ESD, sino que 
también podrían entrar en conflicto con los princi pios básicos del derecho internacional y con el 
objeto y la finalidad del Acuerdo sobre la OMC en ge neral y el sistema de solución de diferencias en 
particular, tal como atestiguan el párrafo 2 del artículo 3 del ESD y el informe del Órgano de 
                                                     
 
81 Véase el informe del Ór gano de Apelación sobre " Comunidades Europeas - Clasificación aduanera 
de determinado equipo informático " de fecha 5 de junio de 1998, documentos WT/DS62/AB/R, 
WT/DS67/AB/R y WT/DS68/AB/R, párrafo  82.  Véase asimismo el reciente  informe del Grupo Especial sobre 
"Estados Unidos - Artículos 301 a 310 de la Ley de Comercio Exterior de 1974 " aprobado el 27 de enero 
de 2000, documento WT/DS152/R, según el cual "… la seguridad y la previsibilidad del sistema multilateral de 
comercio son otro de los principales objetos y fines del sistema" (párrafo 7.75). 
 
82 Las expropiaciones se consideraban actos instantáneos y no violaciones continuas, véase por 
ejemplo, las aplicaciones adjuntas Nos 18890/91, 19048/91, 19342/92 y 19549/92, Mayer et al. v. Germany , 
decisión de 4 de marzo de 1996. 
  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 51 
 
 
Apelación en el caso (ya citado) " Comunidades Europeas - Clasific ación aduanera de determinado 
equipo informático ".83 
14. En el presente caso, no existe por tanto la so mbra de una duda en el sentido de que un 
aumento retroactivo de los aranceles por parte de  los Estados Unidos aplicable a los artículos 
incluidos en la lista importados de las CE, infringi ría tanto las actuales consolidaciones arancelarias, y 
por lo tanto las obligaciones de los Estados Unidos  con respecto al GATT, como la norma básica de 
que los derechos arancelarios no se pueden aumentar retroactivamente  para ningún artículo que haya 
pasado por el despacho de aduanas para su utili zación en el país del Miembro importador.  Los 
Estados Unidos no pueden tampoco apoyarse en la  decisión del OSD de 19 de abril de 1999 para 
justificar la imposición retroac tiva de los derechos de aduana. 
 
                                                      
83 Véase la nota 2 supra . 
 WT/DS165/R/Add.1 
Página 52  
 
Apéndice 1.8 
Intervención oral de las CE en la segunda reunión sustantiva 
(9 de febrero de 2000) 
  I. RESPUESTA DE LAS CE A LA DECLARACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS 
SOBRE "CUESTIONES RELATIVAS AL  ÁMBITO DE LA PRESENTE 
DIFERENCIA" 
 Las CE consideran inoportuna la solicit ud de los Estados Unidos de que se adopte una 
resolución preliminar para las cuestiones relativas al  alcance de la diferencia.  Cuando solicitaron que 
se creara el Grupo Especial, las CE se refirieron a dos listas de productos de terminados, provenientes 
de la Comunidades Europeas, a saber, una lista más amplia publicada el 3 de marzo y otra reducida en 
la que figura un "subconjunto" de productos, publicada el 19 de abril de 1999.   Resultaba por lo tanto evidente para los Estados Unidos desde un principio que las CE 
intentaban abordar las infracciones de las dispos iciones de la OMC señaladas en la solicitud, 
utilizando ambas listas.   Además, las consultas solicitadas el 4 de marz o de 1999 se referían a la lista más larga de 
productos, que abarcaba todos los contenidos en la del 19 de abril.  No podemos por lo tanto comprender cómo los Estados Unidos pueden afirmar a hora que la referencia a una lista reducida, que 
no contenía ningún nuevo producto, pu eda ampliar el alcance de la presente diferencia y afectar así 
sus derechos de defensa.   Por último, el fundamento jurídico de la in strucción de 3 de marzo de 1999 forma parte del 
fondo de la presente diferencia y no se puede abordar,  o tomar una decisión sobre ella, en el contexto 
de una resolución preliminar relativa exclus ivamente a cuestiones de procedimiento. 
 
II. LOS ESTADOS UNIDOS NO HAN RECURRIDO A LOS PROCEDIMIENTOS 
MULTILATERALES DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 23, 21 Y 22 DEL ESD ANTES DE RECURRIR A LA SUSPENSIÓN DE CONCESIONES 
 Después del debate sobre cuestiones de proced imiento que hemos tenido al comienzo de la 
reunión de hoy, desearíamos entrar en el fondo de l caso que nos ocupa.  Dicho fondo depende 
también por supuesto en gran medida del alcance de la presente diferencia, que es la primera cuestión 
a la que desearíamos referirnos en nuestra declaración oral de hoy.  
Sr. Presidente, Sres. miembros del Grupo Especial, 
  Ya están ustedes enterados de cuál es el al egato básico de las CE, a saber, que las medidas 
adoptadas por los Estados Unidos resultan incompa tibles con la norma fundamental de la OMC según 
la cual ningún Miembro puede toma rse la justicia por su mano, sino que ha de seguir las normas y 
procedimientos que rigen la solución de diferencias y que figuran en el ESD, antes de poder tratar de 
reparar cualquier incumplimiento aparente de las ob ligaciones dimanadas de la OMC por parte de otro 
Miembro de la Organización.  Tal como ha constatado el Órgano de Apelación en el reciente informe 
sobre el caso Chile - Impuestos sobre bebidas alcohólicas , existe además una pr esunción de buena fe 
en el cumplimiento de las obligaciones para con la OMC por parte de los Miembros de ésta, que equivale a la presunción de inocencia reconocida en el derecho penal como uno de los principios de la 
ley reconocido por todas las naciones civilizadas. 
  Es la infracción de este precepto básico de la OMC en general y del ESD en particular lo que ha inducido a los Estados Unidos en la diferencia relativa a los Bananos  a recurrir a una solicitud de  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 53 
 
 
autorización de la suspensión de concesiones u otras obligaciones basándose en una presunción 
unilateral de que las CE habían incumplido sus obligaciones en el marco de la OMC.   Así pues, los Estados Unidos, se abstuvieron de  seguir los procedimientos previstos en el 
párrafo 5 del artículo 21 del ESD en caso de d esacuerdo sobre la conformidad con un acuerdo 
abarcado de una medida adoptada para aplicar l as recomendaciones y normas del OSD sobre la base 
de un informe anterior de un grupo especial o de un Órgano de Apelación.   Esto ha desembocado en la presente situación, en  la que los Estados Unidos aplican derechos 
aduaneros más altos a una serie de artículos  importados de las CE, sin haber seguido los 
procedimientos adecuados, prescritos por el ESD. 
  En este sentido, los Estados Unidos no pueden  invocar el hecho de que, el 19 de abril 
de 1999, el OSD les autorizó a suspender las concesiones u otras obligaciones por una cantidad 
establecida mediante arbitraje, tal como se prescribe en el párrafo 6 del artículo 22 del ESD.  La 
autorización del OSD es una condición necesaria, pero  no suficiente, para que se puedan suspender 
lícitamente las concesiones u otras obligaciones.  Lo s Estados Unidos tenían también la obligación de 
respetar los procedimientos sobre solución de di ferencias con respecto al desacuerdo sobre la 
compatibilidad con un acuerdo abarcado de las medidas de aplicación adoptadas por las CE. 
  Como ya sabe el Grupo Especial, en la solic itud de las CE de que se estableciera este Grupo 
Especial, se mencionaba concretamente el incumplimi ento de los artículos 21 y 23 del ESD y, por lo 
tanto, forma parte de su mandato.   Este aspecto del presente caso tiene una reperc usión no solamente en el fundamento jurídico 
de las violaciones sobre las que las CE formulan su  reclamación, sino también en si la violación tiene 
un carácter continuo.  Como comprenderá fácilmente  el Grupo Especial, este aspecto del caso resulta 
de importancia decisiva para las CE.  Si el Grupo Es pecial da la razón a las CE en este punto clave, la 
suspensión de concesiones es, y sigue siendo, in compatible con las obligaciones de los Estados 
Unidos tanto en lo que respecta a la lista inicial de  3 de marzo de 1999, que c onstituye el anexo 1 a la 
solicitud de las CE de establecimiento de un grupo esp ecial, como a la lista reducida de 19 de abril 
de 1999, que figura como anexo 2 a la solicitud de l as CE de establecimiento del grupo especial.  En 
opinión de éstas, las CE tienen derecho a recibir una respuesta del Grupo Especial con respecto a esta 
importante alegación sobre la que las partes están  claramente en desacuerdo, con consecuencias 
jurídicas y prácticas muy importantes en el presente  caso.  La negación de justicia sobre este punto 
provocaría necesariamente la continuación de la incer tidumbre jurídica y de la actividad contenciosa. 
 
 Las CE han señalado ya en sus comunicaciones escritas que no había ninguna justificación 
para recurrir a la suspensión de concesiones u otras ob ligaciones en el caso presente, ni el 3 de marzo 
de 1999 ni el 19 de abril de 1999.  La incompatibilid ad de la medida adoptada el 3 de marzo con las 
normas de la OMC no podía "subsanarse" con la  autorización del OSD del 19 de abril de 1999 
simplemente porque estaba jurídicamente viciada d esde su inicio.  Las CE repiten que, en este 
contexto, la autorización del OSD de 19 de ab ril de 1999 era un requisito necesario, pero no 
suficiente, para la suspensión de  concesiones u otras obligaciones. 
 WT/DS165/R/Add.1 
Página 54  
 
III. EXAMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS JURÍDICAS DE LA MEDIDA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS Y OTRAS OBSERVACIONES 
Sr. Presidente, 
 Distinguidos miembros del Grupo Especial, 
 
 Las CE sugieren que comencemos por el princi pio, es decir que examinemos una vez más la 
medida de los Estados Unidos que nos ocupa.  Gracias a su petición, las CE pueden ahora examinar el 
texto de las instrucciones no publicadas que el Re presentante de los Estados Unidos para las 
Cuestiones Comerciales (USTR) dirigió al Servicio de  Aduanas de los Estados Unidos el 3 de marzo 
de 1999 (Prueba documental 12 de los Estados Unidos). 
  El texto es muy revelador:   a) el USTR describe el objetivo de la instrucción de la forma siguiente:  "el USTR trata 
actualmente
 de preservar su derecho  a imponer derechos arancelarios del 100 por 
ciento a partir del 3 de marzo , mientras  esté pendiente la comunicación de la decisión 
definitiva de los árbitros" (subrayado añadido); 
  b) como consecuencia, se dio la siguiente in strucción: "por consiguiente, le solicito por 
la presente que, hasta que se le curse una nueva notificación
, el Servicio de Aduanas 
suspende la liquidación  de las importaciones de todos los artículos indicados en el 
anexo de esta carta (…)" (subrayado añadido); 
  c) además, como consecuencia ulterior, se dio la siguiente instrucción adicional:  
"solicito también al Servicio de Aduan as que dé instrucciones en el día de hoy
 a los 
directores de puertos para que examinen la suficiencia de las fianzas  depositadas con 
respecto a las importaciones descritas en la frase precedente, y adopte medidas para que se ofrezca una garantía
 suficiente o adicional  (…) (subrayado añadido); 
  d) por último, hay que señalar que la inst rucción se refiere explícitamente a (…) 63 Fed. 
Reg. 63099
 y 63 Fed. Reg. 71665, donde se notifica el aumento de los derechos 
propuesto para determinados productos. 
  Lo que antecede confirma por lo tanto que:  
a) El 3 de marzo de 1999, las autoridades de  los Estados Unidos consideraban que tenían 
derecho a imponer el 100 por ciento de de rechos de aduana para determinados 
productos por un valor total de 520 millones de dólares, a partir de esa fecha.  Sin embargo, los Estados Unidos no indican , una vez más, de dónde se deriva ese 
presunto "derecho".  Las CE reiteran que  esta determinación de un "derecho" 
autoatribuido está en franca contradicción con las principales disposiciones de los artículos 23, 21 y 22 del ESD. 
 
b) Los Estados Unidos determinaron que te nían derecho a imponer un aumento de los 
derechos del 100 por ciento a partir del 3 de marzo, incluso mientras esté pendiente
 la 
decisión de los árbitros, lo cual demuestra lo acertado de la opini ón defendida por las 
CE en el sentido de que las medidas de lo s Estados Unidos infringen la última frase 
del párrafo 6 del artículo 22 del ESD, que  dice lo siguiente: "no se suspenderán 
concesiones u otras obligaciones durante el curso del arbitraje". 
 c) En el texto se dan instrucciones a la adua na para que "suspenda la liquidación".  Las 
CE recordarán que, hasta ahora, los Estados Unidos han mantenido que esta  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 55 
 
 
expresión no tiene ninguna significación jurídica y estaba destinada solamente al comunicado de prensa.  Las CE señalan asimismo que esta medida está formulada en términos absolutos y da instrucciones pa ra que no se permita a la aduana la 
liquidación de mercancías al tipo conso lidado NMF.  Lo que interesa para la 
resolución de este caso es el contenido y los efectos de una instrucción concreta dada 
por el USTR de "suspender la liquidación", es decir de no proceder a la liquidación de 
los derechos de aduana.  El efecto de est a instrucción era impedir que, a partir del 3 
de marzo de 1999, cualquier importador de determinados productos procedentes de 
las CE pudiera proceder al despacho de aduana de los productos a un tipo arancelario que no excediera el tipo consolidado en la Lista de los Estados Unidos de concesiones 
arancelarias al que tienen derecho de acuerdo con las normas de la OMC.   
 d) La "suspensión" de la liquidación se hi zo efectiva "hasta nuevo aviso", es decir de 
forma totalmente indefinida.  Las instru cciones dadas socavan así "la seguridad y 
previsibilidad de los 'acuerdos encamin ados a obtener, sobre la base de la 
reciprocidad y de mutuas ventajas, la redu cción sustancial de los aranceles aduaneros 
y de los demás obstáculos al comercio' [que] es uno de los objetos y fines de los Acuerdos sobre la OMC  en general así como del GATT de 1994" tal como se 
indicaba en el informe del Organo de Apelación " Comunidades Europeas - 
Clasificación aduanera de de terminado equipo informático " (párrafo 82). 
 
e) Las instrucciones del USTR contienen tamb ién una orden complementaria de "revisar 
la suficiencia de las fianzas" y propor cionan "suficiente seguridad adicional
" para 
garantizar la aplicación de la suspensión de  las concesiones arancelarias a partir del 3 
de marzo de 1999. 
 
f) Las referencias cruzadas de las instrucciones del USTR con el texto de una nota 
publicada en el Federal Register  de 10 de noviembre de 1998, en la página 63099, 
que dice lo siguiente: "(…) las fechas en que  el USTR tiene intención de aplicar la 
medida -1º de febrero o a más tard ar 3 de marzo de 1999- corresponden a las fechas 
previstas en los artículos 306(b) y 305(a) de la Ley de Comercio  Exterior , así como 
en el artículo 22 del ESD". 
 
 Como resulta evidente de lo anterior, las in strucciones de los Estados Unidos del 19 de abril 
de 1999 no añadieron ninguna carga suplementaria a la importación de dete rminados productos de 
las CE.  Más bien, al mismo tiempo que confirmaban la  instrucción de 3 de marz o, reducían la lista de 
productos y la reclamación de las CE no se refiere a esa reducción. 
 
Sr. Presidente, Sres. miembros del Grupo Especial,   Las explicaciones de los Estados Unidos en respuesta a las nuevas preguntas del Grupo 
Especial son simplemente no creíbles.  
 Por ejemplo, la intención de las autoridad es de los Estados Unidos manifestada en la 
instrucción del 3 de marzo era que la suspensión de concesiones se hiciera efectiva inmediatamente
 
("ahora"), el 3 de marzo, sin cumplir con los proced imientos multilaterales de solución de diferencias, 
de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 y con el artículo 23 del ESD.  Se trata pues de una 
clara violación de los principios básicos de la OMC, que persiste todavía hoy. 
 
 Además, los Estados Unidos no se molestaron en esperar a que se determinara el nivel  de 
anulación y menoscabo, en caso de haberlos, antes de recurrir a la aplicación de suspensión de concesiones, en clara contradicción de la última frase  del párrafo 6 del artículo 22 del ESD.  Por lo 
tanto, cualquier referencia a un "riesgo especial" o a otro tipo de "riesgo" citado por los Estados WT/DS165/R/Add.1 
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Unidos en sus contestaciones a las preguntas del Grupo Especial, equivale a un intento de confundir a éste sobre la realidad de la situación.   Además, ninguna explicación detallada relativa a la instrucción de 19 de abril puede disimular 
los acontecimientos del 3 de marzo. 
 
 La frase que figura en el párrafo 18 del documento  de los Estados Unidos de 8 de febrero es 
reveladora:  
"de no existir la medida del 19 de abril, todas y cada una de las importaciones sujetas 
al cambio de los requisitos en materia de  fianzas, se liquidarían al tipo NMF aplicado 
a la entrada, precisamente porque el 3 de marzo no se había impuesto ninguna 
obligación". 
 Esto ignora abiertamente el objetivo declarado
 de las instrucciones del 3 de marzo: 
 
"el USTR trata de proteger su derecho a imponer, a partir del 3 de marzo, unos 
derechos del 100 por ciento". 
 El texto de la instrucción del 3 de marzo si mplemente no permite sostener, como hacen los 
Estados Unidos en el párrafo 20 de su documento de 8 de febrero, que: 
 
"no había ninguna relación legal entre la me dida del 3 de marzo (cambios de los 
requisitos en materia de fianzas) y la medi da del 19 de abril (aumento del tipo del 
derecho para determ inados productos)". 
 Tampoco resulta creíble el intento de los Esta dos Unidos de reescribir el informe adoptado 
del Grupo Especial del GATT de 1947 sobre "precios mínimos de importación".  
 En contra de las afirmaciones que figuran en el  párrafo 30 del documento de 8 de febrero, de 
que el Grupo aceptó el argumento de los Estados Unidos
 en el sentido de que 
 
"las cargas y gastos en concepto de inte reses [en relación con la constitución de una 
fianza] se añadían a los derechos consolidados (…)". 
 Los Estados Unidos reconocen que hay cargas y gastos por concepto de intereses derivados 
del aumento  de los requisitos en materia de fianzas a un nivel determinado por los Estados Unidos, de 
hasta 20 dólares por 1.000 dólares del valor de la fi anza (párrafo 12 del documento de 8 de febrero). 
  El efecto acumulativo de tal medida aplicado al valor total de los productos seleccionados por un valor de 520 millones de dólares alcanza aproxi madamente los 10 millones de dólares, cantidad 
que razonablemente no se puede  considerar insignificante. 
  Según la instrucción del 3 de marzo, el aumento de los requisitos en materia de fianzas son una condición previa necesaria para poder recauda r los derechos aduaneros (aumentados), a cuyo 
pago sirve de garantía.  Tal aumento deberá c onsiderarse como una carga en relación con la 
importación en exceso del tipo consolidado para los Estados Unidos, para el que no existe 
justificación en los artículos II y VIII del GATT de 1994. 
  Al igual que sucedió con el informe del Grupo Especial sobre "precios mínimos de importación", los depósitos de garantía suelen adoptar  la forma de garantía bancaria, sin la cual no se 
realizaría ninguna importación.  También en este caso, es importante el informe del Grupo Especial 
para la solución de la di ferencia que nos ocupa.  
  WT/DS165/R/Add.1 
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 Como recordará el Grupo Especial, en el párrafo 6 de su documento de 13 de enero reafirmaba que:  
"la obligación del pago de derechos se origin a en el momento en que las mercancías 
llegan en un buque a un puerto aduanero y existe el intento de descargar ( sic) las 
mercancías en ese puerto, o, si la llegada  se produce por un medio distinto de un 
buque, en el momento de llegada al territo rio aduanero de los Estados Unidos". 
 Así pues, de acuerdo con los Estados Unidos, la obligación no puede cambiar después de la 
llegada de la mercancía importada al terr itorio aduanero de los Estados Unidos.   
 
 Las CE están de acuerdo con esta explicación.  De hecho, en ellas se aplica la misma norma. 
  ¿Cómo pueden afirmar los Estados Unidos al mi smo tiempo que "la medida  de 19 de abril ha 
cambiado este tipo de derecho aduane ro para algunos productos" (pá rrafo 23 del documento de 8 de 
febrero), aunque los productos hubieran entrado en el territorio aduanero antes de dicha fecha? 
 
 Como sabe el Grupo Especial, la realidad es que a partir del 3 de marzo de 1999 los derechos 
adeudados se calcularon sobre la ba se del 100 por ciento de derecho ad valorem , sujeto a la 
confirmación en fecha posterior, es decir el 19 de abril del mismo año.   Como cuestión de principio, al importar un producto en los Estados Unidos, el despacho de 
aduanas se basa en dos tipos diferentes de factores: 
  - un factor relativo a la evaluación de la exactitud en la clasificación, valoración en 
aduana y origen de las mercancías, que depende de las particularidades de cada 
operación de importación, que debe ser declarada por el importador;  y 
 
 -  otro factor determinado por la legislaci ón aduanera pertinente, aplicable en la fecha 
en que se genera la obligación aduanera, es d ecir, en el caso de los Estados Unidos, la 
fecha de entrada en el  territorio aduanero estadounidense.   Esta legislación fija, entre 
otras cosas el tipo de derecho aplicable. 
 
 Los requisitos en materia de fianzas cumplen el fin de garantizar la corrección de las 
declaraciones presentadas por los operadores con respecto al primer
 factor.  No obstante, la 
instrucción del 3 de marzo de los Estados Uni dos, impuso explícitamente un incremento de los 
requisitos en materia de fianzas con objeto de gara ntizar el pago del aumento de los derechos que 
pudiera resultar de un cambio del segundo  factor.  No obstante, la normativa de la OMC no permite a 
los Miembros crear o mantener incertidumbre con respecto al límite superior del tipo de derecho 
aplicable, que no podrá exceder el tipo consolidado.   Los Estados Unidos no pueden recurrir a ninguna  otra base jurídica para su acción, que es 
incompatible con las normas de la OMC.  El h echo de que el Acuerdo de la OMC sobre medidas 
antidumping permita la im posición retroactiva de los derechos  antidumping en circunstancias muy 
determinadas, no da la razón a los Estados Unidos en este
 caso.  Por el contrario, se trata claramente 
de una excepción limitada al principio básico corre spondiente al artículo II del GATT de 1994 y, por 
lo tanto, será aplicable solamente cuando haya una disposición específica al respecto (Nota Interpretativa General al Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC). 
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 Por otra parte, el Convenio de Kyoto establece que ("la legislación" nacional)  
"estipulará el momento a tener en cuenta para determinar los tipos de los derechos e impuestos de importación que se aplican a las mercancías declaradas para despacho a consumo" (norma 47 del Anexo B.1). 
 Como se acaba de mencionar, los Estados Un idos han elegido efectivamente el momento a 
tener en cuenta, que es la fecha de entrada de las mercancías importadas al territorio aduanero 
estadounidense.  En este contexto y como cuestión de  pura lógica, no resulta pertinente la medida de 
"suspender" la liquidación de una  deuda aduanera para la determ inación del momento en que se ha 
adquirido esa deuda aduanera. 
 
 En consecuencia, no existía ningún "riesgo"  adicional relacionado con la operación de 
importar determinados produc tos de las CE que pudieran justificar un aumento de los requisitos en 
materia de fianzas.  Ningún otro "riesgo" podría ju stificar la "suspensión"  de la liquidación o un 
aumento del derecho adeudado. 
 
 Las explicaciones de los Estados Unidos no s on por lo tanto más que una cortina de humo 
destinada a disimular el aumento del derecho ad eudado a partir del 3 de  marzo de 1999, medida 
adoptada en esa fecha en violación de los artículos  I, II, VIII y/u XI del GATT, y 3, 21, 22 y 23 
del ESD.  
 Con esto concluye la intervención de las Com unidades Europeas.  Sr. Presidente, distinguidos 
miembros del Grupo Especial, muchas gracias por su atención.   WT/DS165/R/Add.1 
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Apéndice 1.9 
Declaración final de las CE en la segunda reunión sustantiva 
(9 de febrero de 2000) 
  
Sr. Presidente, 
Distinguidos miembros del Grupo Especial 
 Los Estados Unidos parecen tener dificultad en la percepción de la realidad del caso que nos 
ocupa. 
 Parecen olvidar que el Representante Adjunto de los Estados Unidos para las Cuestiones 
Comerciales Internacionales (USTR), Sr. P. Scher,  declaró el 3 de marzo de 1999 a la prensa: 
"respondimos suspendiendo efectivamente el comercio  a partir del 3 de marzo en respuesta a los 
daños ocasionados por el régimen sobre el banano de las CE, incompatible con las normas de 
la OMC".  Olvidan asimismo las declaraciones de lo s funcionarios del USTR realizadas después del 
3 de marzo cuando el sector industria l de los Estados Unidos se lamentó de los efectos de la medida.  
En recientes publicaciones estadounidenses se recogen c itas de los funcionarios del USTR en las que 
se afirma que, en su opinión "el derecho arancelario interrumpiría la actividad industrial, provocaría el 
cierre". 
 Descubrimos ahora que los representantes de los Estados Unidos en el presente procedimiento 
no son plenamente conscientes de estas realidades, que forman parte de las pruebas irrebatibles que 
tiene ante sí el Grupo Especial.  Esta mañana han declarado que, según las CE los requisitos en 
materia de fianzas frenan realmente el comercio.  No es así. 
 Las CE han examinado una vez más las pruebas documentales 5, 7 y 10 presentadas por los 
Estados Unidos en este procedimie nto y han convertido en gráfico las cifras sometidas por los Estados 
Unidos. 
 Sr. Presidente y Miembros del Grupo Especial:  si las afirmaciones de los Estados Unidos de 
esta mañana fueran correctas, es decir, si no se hubieran dado instrucciones a las autoridades 
aduaneras, no se hubiera suspendido la liquidación, y no se hubiera elevado la cantidad adeudada en 
concepto de derechos, ¿cómo se habrían pr oducido estos efectos sobre el comercio? 
 Las CE afirman que el texto de la s notas del USTR publicado en el Federal Register  en 1998 
y de las instrucciones del USTR del 3 de marzo son de gran claridad:  estos efectos sobre el comercio fueron el resultado directo, intencionado e inequívoc o de la medida adoptada por los Estados Unidos, 
mediante la cual la obligación del pago de derechos se elevó al 100 por ciento ad valorem  a partir 
del 3 de marzo, con objeto de frenar el comercio a partir de esa fecha. 
 Los Estados Unidos afirmaban que su ciclo de liquidación aduanera permitía el despacho 
inmediato de las mercancías importadas después de  la evaluación provisional de los elementos 
pertinentes en relación con los derechos.  Des pués de esa evaluación provisional, las obligaciones 
financieras resultantes de la importación se liquida n en un plazo comprendido entre 314 días y un año, 
después de la entrada de las mercancías importadas. 
 Las CE utilizan un sistema simi lar, si bien los períodos de liquidación financiera son mucho 
más cortos. 
 Sin embargo, como ya se ha afirmado y en aras de la lógica, cualquier requisito en materia de 
fianzas en el presente contexto ha de estar destina do a garantizar el pago diferido, o a cubrir posibles 
equivocaciones cometidas en la evaluación inicial de los elementos relacionados con los derechos 
(error de clasificación, infravaloración, falsa atri bución de origen).  Todos estos elementos "se WT/DS165/R/Add.1 
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refieren o bien a la solvencia crediticia del im portador o bien a las mercancías que se importan" 
(párrafo 29 de la segunda comunicación de los Estados Unidos). 
 Cuando comparamos esos principios con la situación que se da en el caso presente, 
descubrimos que las obligaciones financieras, cuyo  pago de derechos fue diferido el 3 de marzo 
de 1999, o después de dicha fecha, en lo que r especta a los productos enumerados, se basaba más bien 
en la medida adoptada por el gobierno de aumentar el tipo del derecho al 100 por ciento ad valorem , 
infringiendo así las consolidaciones de los Estados Unidos en el marco del GATT. 
 Además, el Convenio de Kyoto no prevé ninguna justificación que permita aumentar las 
garantías para cubrir los cambios introducidos en los tipos de derechos aplicables después
 del 
momento en que se adquiere la obligación del pago del derecho.  Las CE señalan a la atención de los 
miembros del Grupo Especial asimismo el objet ivo del Convenio de Kyoto que es facilitar y 
simplificar los procedimientos aduaneros.  Ninguna interpretación de la buena  fe de dicho Convenio 
podría justificar medidas como las adoptadas por los Estados Unidos, que socavan la seguridad y 
previsibilidad del sistema de comercio internacional. 
 Otro aspecto que conviene aclarar se refiere al  alcance del examen del Grupo Especial sobre 
la medida adoptada por los Estados Unidos.  El representante de ese país ha afirmado repetidamente 
esta mañana que las CE están pidiendo al Grupo Esp ecial que infrinja varias disposiciones de la OMC 
a fin de poder constatar que el grupo arbitral previsto  en el párrafo 6 del artículo 22 en el asunto del 
Banano  violaba de algún modo otras disposiciones del ESD.  (Párrafo 12 de la declaración de los 
Estados Unidos del 9 de febrero). 
 Las CE afirman que son los Estados Unidos  los que están complicando en este caso el 
procedimiento.  Confirmamos que este Grupo Especial no necesita ni siquiera mencionar la decisión 
de los árbitros en el marco del párrafo 6 del artículo 22, ya que las CE no están pidiendo al Grupo Especial que revisen el nivel
 de anulación o menoscabo determinado según ese procedimiento, 
independientemente de cómo se justificara. 
 Las CE insisten, sin embargo, en el hecho de que ningún  Grupo Especial u Órgano de 
Apelación aprobado  por el OSD y  en el que intervengan los Esta dos Unidos ha determinado nunca 
que las CE no hayan puesto "en conformidad con un acuerdo abarcado la medida declarada 
incompatible con él o no cumpla de otro modo las recomendaciones y resoluciones adoptadas dentro 
del plazo prudencial determinado de conformidad con el párrafo 3 del artíc ulo 21" (párrafo 2 del 
artículo 22 del ESD). 
 Así pues, las CE repiten que, si bien la autorización del OSD en virtud del artículo 22 
del ESD, es un requisito necesario para aplicar una suspensión de concesiones u otras obligaciones, no 
es suficiente cuando existe un desacuerdo sobre la "conformidad con un acuerdo abarcado de las 
medidas destinadas a cumplir las recomendaciones y r esoluciones" del OSD (párrafo 5 del artículo 21 
del ESD).  Esta condición necesaria se cumple sola mente cuando el OSD ha aprobado el informe del 
Grupo Especial o del Órgano de Apelación en virtud del párrafo 5 del artículo 21 del ESD. 
 Si se da la razón a los Estados Unidos en este aspecto primordial, ello equivaldría a aceptar 
que un Miembro de la OMC puede tomarse la justic ia por su mano, lo cual socavaría el carácter 
multilateral del sistema de solución de diferencias y,  en consecuencia, del sistema de la OMC en su 
conjunto. 
  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 61 
 
 
Importaciones de los Estados Unidos de productos de la UE NO incluidos en la lista final* - de enero de 
1997 a septiembre de 1999 
010,000,00020,000,00030,000,00040,000,00050,000,00060,000,000
Serie1 18,34619,49020,11820,74129,22330,70237,67026,13021,89323,94120,95822,77430,87337,42547,73730,27423,33516,22812,40920,12225,8523 5,296ene-
97mar-
97abr-
97jun-97 jul-97sep-
97oct-97 dic-97ene-
98mar-
98abr-
98jun-98 jul-98sep-
98oct-98 dic-98ene-
99mar-
99abr-
99jun-99 jul-99sep-
99
* (Prosciutto, pecorino, cookies, candles, plastic film, sweaters, coffee makers). Fuente :  Pruebas documentales 5, 7 y 10 de los EE.UU.
 
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Página 62  
 
Apéndice 1.10 
Respuesta de las CE a nuevas preguntas del Grupo Especial 
(10 de febrero de 2000) 
 
 
Pregunta 50
 
  ¿Consideran las partes que existe un cost o de oportunidad como consecuencia de los 
requisitos en materia de fianzas, en particular si deposita dinero en efectivo en lugar de constituir fianza? 
 
Respuesta
 
  Las CE desean reiterar que el proceso de liquidación financiera vinculado con el pago 
diferido de derechos es mucho más breve en el régi men de las CE que en el régimen de los Estados 
Unidos. 
  Conforme al régimen de los Estados Unidos, el  depósito de dinero en efectivo en lugar de 
fianza queda a disposición del Gobierno de los Estados  Unidos hasta la conclusión del proceso de la 
liquidación financiera relacionado con la import ación, esto es, durante un período no inferior a 
314 días.  Esa suma de dinero, según interpretan las CE, se añade
 a la cuantía equivalente a los 
derechos adeudados (que posible mente ya se han depositado con la mira de la liquidación final) 
respecto de esa importación.   Por lo tanto, el Gobierno de los Es tados Unidos devenga ría intereses positivos
 durante casi un 
año sobre esa suma adicional de dinero y, corre lativamente, el importador perdería una suma de 
dinero equivalente a los intereses negativos  sobre dicha cuantía, aumentados por la tasa de inflación.  
Además, el importador ve restringidas las oportunida des financieras que entrañaría la disponibilidad 
de esa cuantía de dinero, pues se rest ringe o encarece su acceso al crédito. 
  En el caso que se examina, la mayor parte de  las mercancías originarias de las CE que se 
enumeran en la medida de los Estados Unidos est aban sujetas a un pago de derechos igual a cero o 
marginal hasta el 2 de marzo de 1999.  El 3 de ma rzo de 1999, la medida unilateral de los Estados 
Unidos aumentó la obligación de pago de derec hos correspondiente a esas mercancías al 100 por 
ciento ad valorem . 
  Todo comerciante que deseara hacer un depósito en  efectivo en lugar de constituir una fianza, 
en esa fecha o a partir de ella, se habrá visto suje to a un requisito desproporcionado de constitución de 
depósitos, en comparación con el depósito insignifica nte o nulo anterior a la fecha del 3 de marzo.  
Esta cuestión se plantea en el contexto de una s ituación en la cual se impuso un aumento del depósito 
en dinero en efectivo a fin de sufragar derechos au mentados en forma unilate ral, una medida oficial 
que carece de toda relación con el objeto de un depós ito en efectivo, esto es, cubrir incertidumbres 
relacionadas con una determinada importación. 
 En todo caso, en la hipótesis descrita en la pregunta formulada por el Grupo Especial, cabe 
decir que la medida de los Estados Unidos pr odujo un aumento significativo de los "costos de 
oportunidad", que no tiene justificación alguna en el marco de los Acuerdos de  la OMC o en ningún 
otro instrumento jurídico. 
  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 63 
 
 
Apéndice 2.1 
Primera comunicación de los Estados Unidos de América 
(6 de diciembre de 1999) 
 
 I. INTRODUCCIÓN 
1. El 3 de marzo de 1999, el Servicio de Aduan as de los Estados Unidos comenzó a exigir que 
las fianzas constituidas con respecto a determinadas  importaciones procedentes de las Comunidades 
Europeas (CE) cubrieran la responsabilidad potencial  debida en el caso de que el OSD autorizase la 
suspensión de concesiones por el reiterado incumplimient o de las CE en la diferencia relativa a los 
Bananos .  La única cuestión en la presente diferencia es dilucidar si, en el contexto específico de los 
esfuerzos desplegados por las Comunidades Europeas  para evitar a cualquier costo el cumplimiento 
de sus obligaciones dimanantes de la OM C en la diferencia relativa a los Bananos , la respuesta de los 
Estados Unidos fue procedente.  Las CE no cu estionan su omisión en poner su régimen de 
importación de bananos en conformidad con sus obl igaciones dimanantes de la OMC al 1º de enero 
de 1999, en que expiró el "plazo prudencial" pa ra hacerlo.  Las CE tampoco cuestionan que los 
árbitros de la OMC llegaron a esta conclusión el 6 de abril de 1999.  Y tampoco discuten que el 
Órgano de Solución de Diferencias (OSD) aprobó un a petición de los Estados Unidos de suspensión 
de concesiones, en plena conformidad con lo dispu esto en el artículo 22 del Entendimiento relativo a 
las normas y procedimientos por los que se rige la  solución de diferencias (ESD) el 19 de abril 
de 1999.  En cambio, las CE alegan que, pese a la co nfirmación de los árbitros de que las CE habían 
violado sus obligaciones en el marco de la OMC desde el 1º de enero de 1999, los Estados Unidos no 
tenían derecho a aumentar los requisitos en materia de  fianzas el 3 de marzo de 1999 para preservar su 
capacidad de reparar ese incumplimiento a partir de la fecha siguiente a la aprobación por el OSD de 
la cuantía de la anulación o menoscabo.  Como se demuestra en la presente comunicación, los requisitos en materia de fianzas establecidos el 3 de marzo fueron compatibles con la letra y el espíritu 
del ESD. 
2. De conformidad con el ESD, las Comunidad es Europeas fueron responsables de la anulación 
o menoscabo a partir del 2 de enero de 1999, un día después de la expiración de l plazo prudencial.  La 
fecha finalmente escogida, el 3 de marzo, fue un día posterior a la fecha en que según el párrafo 6 del 
artículo 22, los árbitros de la OMC en el asunto relativo a los Bananos  debían determinar el nivel de 
anulación o menoscabo de las ventajas resultantes pa ra los Estados Unidos de la violación de las 
obligaciones impuestas por la OMC a las CE. 
3. El Grupo Especial encargado del arbitraje no pudo culminar su labor el 2 de marzo de 1999, 
debido en gran parte a los esfuerzos desplegados por  las CE para retrasar la remisión del asunto al 
Grupo Especial y para demorar la subsiguiente la bor de éste.  Estos esfuerzos no fueron sino los 
últimos realizados por las CE para demorar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales 
relativas a su régimen de importación de los bananos.  Los esfuerzos de las CE fueron incluso 
anteriores a la creación de la OMC en 1995 y abarcar on la negativa de las CE a dar cumplimiento a 
dos decisiones adversas de grupos especiales del GATT sobre los bananos.  Estos esfuerzos 
prosiguieron después de que un grupo de soluci ón de diferencias de la OMC y el Órgano de 
Apelación de la OMC constataran nuevamente que el  régimen de importación de bananos de las CE 
violaba sus obligaciones internacionales.  Las CE se negaron a entablar consultas con las partes 
reclamantes, durante el plazo prudencial, sobre las revisiones hechas por las CE de su régimen de 
importación de los bananos, introduciendo en cambio modificaciones que nuevamente fueron declaradas incompatibles con las obligaciones de las CE.  Además, durante el plazo prudencial, las 
CE en primer lugar obstruyeron reiteradamente el establecimiento de un grupo especial con arreglo al 
párrafo 5 del artículo 21 sobre la cuestión del incumpli miento de las CE, y después trataron de retrasar 
hasta el 31 de enero de 1999 toda petición de los Estados Unidos de suspender concesiones, lo que 
habría privado a los Estados Uni dos del beneficio del consenso en contrario  según lo previsto en los 
párrafos 6 o 7 del artículo 22 del ESD.  Mientras que las CE no tuvieron éxito en sus esfuerzos WT/DS165/R/Add.1 
Página 64  
 
destinados a impedir que los Estados Unidos presentara n ante el OSD su petición, ajustada a derecho, 
de suspender concesiones, lograron retrasar la labor de  los árbitros designados con arreglo al párrafo 6 
del artículo 22 más allá del plazo establecido en el ESD para la realización de su labor, o sea el 2 de marzo de 1999.  De este modo, en el año que pr ecedió al 3 de marzo de 1999, las CE, de forma 
reiterada y sin excepciones, obstruyeron los mecan ismos previstos en el ESD para abordar el 
incumplimiento de las CE. 
4. Cuando la OMC remplazó al GATT en 1995, se pr evió que el ESD sería uno de los adelantos 
más importantes, ya que se había estructurado de modo de asegurar la rápida solución de las 
diferencias y, en particular, el pronto cumplimiento.
84  El historial de la OMC en materia de solución 
de diferencias entre 1995 y 1998 fue bueno, pero el incumplimiento de las CE en el asunto relativo a 
los bananos amenazó con modificar esta pauta.  El asunto Bananos  supuso por primera vez que una 
parte demandada utilizara el plazo prudencial pa ra introducir modificaciones que claramente no 
entrañaban el pleno cumplimiento al vencimiento de dicho plazo, y posteriormente obstruyera el procedimiento previsto en el ESD para abordar la situación.  Esta actuación anterior al 3 de marzo 
de 1999 amenazó seriamente la credibilidad del nuevo sistema de solución de diferencias. 
5. La medida adoptada por los Estados Unidos el 3 de marzo de 1999 abordó la amenaza 
planteada a la credibilidad del si stema de solución de diferencias de la OMC por la estrategia 
concertada de demora de las CE, y lo hizo de ma nera compatible con las obligaciones de los Estados 
Unidos en el marco de la OMC.  Al exigir a los importadores que constituyeran fianzas suficientes 
para cubrir todo derecho que el OSD pudiera fina lmente autorizar como resultado del permanente 
incumplimiento de las obligaciones que la OMC imp onía a las CE, los Estados Unidos preservaron su 
capacidad de recaudar derechos autorizados por el OSD y al mismo tiempo demostraron a las CE que 
no podían esperar beneficiarse de sus esfuerzos en caminados a socavar mediante demoras las normas 
del ESD.  Esta medida fue compatible con las oblig aciones de los Estados Unidos en el marco de la 
OMC, y el Grupo Especial deberá desestimar las alegaciones de las CE en sentido contrario. 
II. ANTECEDENTES DEL PROCEDIMIENTO 
6. Mediante una carta de fecha 4 de marzo de  1999, las CE solicitaron la celebración de 
consultas con los Estados Unidos, relativas a la d ecisión adoptada por los Estados Unidos el 3 de 
marzo, de exigir que las fianzas constituidas c on respecto a determinadas importaciones procedentes 
de las CE cubrieran la responsabilidad potencial debida en el caso de que el OSD autorizase la 
suspensión de concesiones con respecto a importaci ones procedentes de las CE, por el reiterado 
incumplimiento de las CE en la diferencia relativa a los Bananos  (WT/DS165/1).  Las consultas se 
celebraron el 21 de abril de 1999, pero no lograron resolver la diferencia. 
7. Mediante una carta de fecha 11 de mayo de 1999,  las CE solicitaron el establecimiento de un 
grupo especial con el mandato uniforme, de confor midad con el artículo 7 del ESD (WT/DS165/8).  
El 16 de junio de 1999, el Órgano de Solución de  Diferencias ("OSD") estableció un Grupo Especial 
de conformidad con la solicitud de las CE (WT/DS165/9). 
8. Se aplica a este procedimiento el siguiente mandato: 
Examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes de los acuerdos abarcados 
invocados por las Comunidades Europeas en el documento WT/DS165/8, el asunto sometido al OSD por las Comunidades Europeas en ese documento y formular conclusiones que ayuden al OSD a hacer las recomendaciones o dictar las resoluciones previstas en dichos acuerdos. 
                                                     
 
84 Véase el párrafo 3 del artículo 3 y el párrafo 1 del artículo 21 del ESD. 
  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 65 
 
 
9. El 29 de septiembre de 1999, las CE pidieron al Director General que, de  conformidad con el 
párrafo 7 del artículo 8 del ESD, estableciera la co mposición del Grupo Especi al.  El 8 de octubre 
de 1999, el Director General anunció  la composición del Grupo Especial. 
10. Dominica, el Ecuador, la India, Jamaica, el  Japón y Santa Lucía se reservaron su derecho a 
participar en calidad de terceros en la diferencia.  (WT/DS165/9, WT/DS165/9/Corr.1) 
III. ANTECEDENTES FÁCTICOS 
11. La recapitulación completa de la actuación de las CE en el año y medio anterior al 3 de marzo 
de 1999 pone de relieve la amenaza que esa actuación supuso para la credibilidad del ESD y brinda la 
perspectiva necesaria sobre la medida adoptada por los Estados Unidos en esa fecha para abordar esta 
amenaza y preservar sus derechos en el marco del ESD. 
12. El 25 de septiembre de 1997, el Órgano de Solu ción de Diferencias adoptó las resoluciones 
del Grupo Especial y del Órgano de Ap elación contra las CE en el asunto Comunidades Europeas - 
Régimen para la importación, venta y distribución de bananos , en la que se abordaron las 
reclamaciones formuladas por el Ecuador, Guatem ala, Honduras, México y los Estados Unidos.85  
Esas constataciones fueron amplias y detalladas, e incluyeron constataciones de que el régimen de 
importación de bananos de las CE:  1) distribuía incorrectamente su mercado entre las oportunidades 
de acceso concedidas a los países de América Latina y a los de África, el Caribe y el Pacífico (ACP), 
respectivamente;  y 2) discriminaba en favor de los proveedores de servicios de distribución de 
bananos de las CE y en contra de los proveedores de servicios de los Estados Unidos y de América 
Latina en contradicción con lo dispuesto en el Ac uerdo General sobre el Comercio de Servicios 
(AGCS). 
13. En la reunión celebrada por el OSD en la que se solicitó a las CE que declarasen sus 
intenciones con respecto a la aplicación, y en las posteriores negociaciones con las partes reclamantes entabladas con arreglo al párrafo 3 del artículo 21 con respecto al "plazo prudencial" para el 
cumplimiento, las CE se negaron a comprometerse a aplicar "todas" las recomendaciones y resoluciones del OSD.  Las CE se expresaron sólo de manera vaga acerca del cumplimiento de sus 
"obligaciones internacionales" y se negaron a comp rometerse a aplicar todas las resoluciones y 
recomendaciones del OSD en el plazo prudencial.
86  Finalmente reconocieron sus obligaciones 
durante las preguntas formuladas por el árbitro designado de conformidad con el párrafo 3 del 
artículo 21 del ESD sobre el plazo prudencial.87 
14. Como resultado de ese arbitraje, se concedió a las CE un "plazo prudencial" de 15 meses para 
poner su régimen de importación de  bananos en conformidad con las obligaciones de las CE en el 
marco de la OMC, que finalizaba el 1º de enero de 1999.88  No obstante, a pesar del alcance de las 
constataciones de la OMC y la complejidad de las me didas de las CE, los funcionarios de la Comisión 
Europea se negaron a consultar con los Estados Unidos  después de las resoluciones de la OMC, en el 
otoño de 1997.  En cambio, la Comisión comenzó a elaborar propuestas de modificaciones al régimen 
de los bananos de las CE que hacían caso omis o de las preocupaciones que habían expresado las 
partes reclamantes. 
                                                      
85 WT/DSB/M/37. 
 
86 Véase WT/DSB/M/38. 
 
87 Véase WT/DS27/15, párrafo 12. 
 
88 WT/DS27/15, párrafo 20. 
 WT/DS165/R/Add.1 
Página 66  
 
15. El 14 de enero de 1998, la Comisión presentó una propuesta a sus Estados miembros.  La 
incompatibilidad de esa propuesta con las recomendaciones del OSD se pusieron pronto de manifiesto.  La propuesta de la Comisión sólo in trodujo modificaciones simbólicas en su distribución 
del mercado y dejó abierta la posibilidad de mant ener la discriminación contra los proveedores de 
servicios estadounidenses, contrariamente a lo dis puesto en el AGCS.  Los funcionarios de la 
Comisión simplemente afirmaron que su propuesta era plenamente compatible con la OMC.  Durante 
las reuniones celebradas con funcionarios de los Estados Unidos a comienzos de 1998, los 
representantes de la Comisión subrayaron que en  esa ocasión no tenían ninguna flexibilidad para 
introducir cambios sustantivos en esta propuesta. 
16. A comienzos de enero de 1998, los Estados Uni dos, los cuatro países de América Latina que 
fueron partes reclamantes en el caso inicial, y Panamá, un Miembro más reciente de la OMC, 
comenzaron también a plantear la cuestión de  los bananos mensualmente ante el OSD.
89  Las partes 
reclamantes explicaron a las CE y a los demás Miembros de la OMC muy detalladamente las incompatibilidades de la propuesta de las CE con la OMC y pidieron la celebración de negociaciones 
sobre la base de un nuevo enfoque.  En su respu esta, las CE sugirieron únicamente que las partes 
reclamantes estaban alterando el procedimiento del OSD y se negaron a entablar negociaciones 
sustantivas. 
17. Durante los meses siguientes, la postura de las CE se hizo aún más pertinaz, pese a los 
esfuerzos realizados por los Estados  Unidos para presionar en favor de una solución negociada.  En 
junio de 1998, el Consejo de Agricultura de las CE aceptó la propuesta de la Comisión, sobre la base 
de un acuerdo del que se dejó constancia en acta públi ca, de que el régimen de licencias se basaría en 
el período de referencia 1994- 96, lo que tendría el efecto de perpetuar el trato discriminatorio aplicado 
para favorecer a las empresas de distribución europeas que recibieran licencias.
90  El Consejo de las 
CE adoptó la propuesta mediante el Reglamento (C E) 1637/98, de 20 de julio de 1998, que, como 
explicaron las CE en su primera comunicación91, entró en vigor el 31 de julio de 1998 y fue aplicable 
desde el 1º de enero de 1999.  Las CE dictaron el 28 de octubre de 1998 otras normas de aplicación 
del régimen de licencias, sobre la base del período de referencia 1994-1996 aprobado por el Consejo.  
Estas normas entraron en vigor el 1º de noviembre de 1998 y fueron aplicables en su totalidad desde 
el 1º de enero de 1999. 
18. A partir de comienzos de julio de 1998, los Es tados Unidos y las demás partes reclamantes 
solicitaron reiteradamente a las CE que presentaran ante un grupo especial designado con arreglo al 
párrafo 5 del artículo 21 del ESD su alegación de que sus medidas reciente mente adoptadas eran en 
realidad compatibles con la OMC.  El 8 de julio,  la Representante de los Estados Unidos para las 
Cuestiones Comerciales Internacionales, Sra. Charle ne Barshefsky, pidió al Vicepresidente de la 
Comisión Europea, Sir Leon Brittan, que aceptara vol ver a hacer intervenir al grupo especial que 
había entendido inicialmente en el  asunto de conformidad con el pá rrafo 5 del artículo 21 del ESD, a 
                                                      
89 Véase WT/DSB/M/41 (reunión del OSD del 22 de enero); WT/DSB/M/42 (reunión del 13 de 
febrero); WT/DSB/M/44 (reunión del 25 de marzo); WT/DSB/M/45 (reunión del 22 de abril); WT/DSB/M/46 
(reunión del 22 de junio); WT/DSB/M/47 (reunión del 23 de julio); WT/DSB/M/48 (reunión del 22 de septiembre); WT/DSB/M/49 (reunión del 21 de octubre); WT/DSB/M/51 (reunión del 25 de noviembre). 
 
90 Véase el informe de la 2110ª reunión del Consejo-Agricultura-Luxemburgo, 22 a 25 de junio 
de 1998, 9558/9 (Presse 214-G), página 18 ("La Comisión ha confirmado que, al gestionar las licencias de 
importación según el método "tradicionales/recién llegados", considerará los años 1994 a 1996 como el período inicial de referencia para determinar los derechos de los operadores.")  El período de referencia acordado, 
1994 1996, fue uno de los períodos en que había estado en vigor el régimen incompatible con el AGCS, y en 
consecuencia podía predecirse que perpetuaría las inco mpatibilidades constatadas previamente por el OSD, 
como concluyeron finalmente los árbitros. 
 
91 Primera comunicación escrita de la s Comunidades Europeas, párrafo 3. 
  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 67 
 
 
fin de que examinara las medidas comunitarias an tes de la expiración de l "plazo prudencial".92  Señaló 
que si las CE no cumplían sus obligaciones antes de fin de año, los Estados Unidos invocarían su derecho de suspender concesiones comerciales en virtud del artículo 22 del ESD.  Las CE 
respondieron a fines de julio que no veían "razón al guna" para hacer intervenir al grupo especial y 
afirmaron que se seguirían los "procedimientos normales", que comenzarían con una solicitud de 
celebración de consultas.
93  Las partes reclamantes solicitaron lo mismo a las CE en la reunión del 
OSD del 23 de julio;  el representante de las CE contestó que no estaba en condiciones de dar una respuesta.
94 
19. En agosto de 1998, las CE insistieron en celeb rar consultas formales con arreglo al artículo 4 
del ESD antes de aceptar que se hiciera intervenir al  grupo especial que había entendido inicialmente 
en el asunto.95  En su respuesta, las partes reclamantes solicitaron la celebración de consultas con las 
CE, al mismo tiempo que hacían reserva de su posic ión jurídica de que esta medida no era necesaria.  
No obstante, la insistencia de las CE en la celeb ración de consultas formales de 60 días resultaron ser 
otra táctica para retrasar la in tervención del Grupo Especial.  Durant e las consultas, las CE meramente 
reiteraron nuevamente su postura en el sentido de que las revisiones de su régimen de los bananos 
eran compatibles con la OMC y se negaron a aceptar el nuevo establecimiento de un grupo especial en 
la próxima reunión del OSD. 
20. En septiembre de 1998, las part es reclamantes pidieron la in tervención del Presidente del 
OSD a fin de ayudar a convencer a las CE de que ac eptasen los procedimientos para hacer intervenir 
al grupo especial a comienzos de noviembre.  Las CE  dijeron que sólo aceptarí an hacer intervenir al 
grupo especial si su examen se limitaba a las viol aciones del GATT.  Las CE insistieron en que todo 
examen de sus medidas en materi a de servicios por parte de un gr upo especial en el marco del AGCS 
debía llevarse a cabo separadamente, en alguna fech a posterior que no determinaron.  Las partes 
reclamantes no pudieron estar de acuerdo con esta di visión del asunto, que hubiese sido contraria a la 
manera en que el Grupo Especial lo había consid erado inicialmente.  Como hizo notar el Grupo 
Especial que había entendido inicialmente en el as unto, en este caso las infracciones del GATT y del 
AGCS estaban relacionadas entre sí.  Además, no ex iste ningún fundamento en el ESD para que una 
parte demandada condicione su participación en el pr ocedimiento de solución de diferencias a que la 
parte reclamante limite su derecho a hacer valer alguna reclamación en el marco de la OMC.  La 
solicitud de las CE de procedimientos separa dos hubiera simplemente alcanzado su objetivo de 
retrasar el procedimiento del grupo especial. 
21. Las CE dedicaron por primera vez una atención seria a las partes r eclamantes en noviembre 
de 1998, después de que los Estados Unidos come nzaran sus preparativos de contingencia para 
suspender concesiones.  Los preparativos de los Es tados Unidos se basaron en el calendario previsto 
en el artículo 22 del ESD.  En virtud del párrafo 6 del artículo 22, el OSD debe autorizar la solicitud 
de suspender concesiones dentro de los 30 días si guientes a la expiración del plazo prudencial, a 
menos que decida por consenso desestimar la pe tición, o a menos que el Miembro afectado impugne 
                                                      
92 Carta de la Sra. Charlene Barshefsky al Honorable Sir Leon Brittan, 13 de julio de 1998 (Prueba 
documental 1 de los Estados Unidos). 
 
93 Carta de Sir Leon Brittan a la Sra. Charlene Ba rshefsky, 30 de julio de 1998 (Prueba documental 1 
de los Estados Unidos). 
 
94 Véase WT/DSB/M/47. 
 
95 Las CE alegaron que, con excepción del plazo de 90 días para la distribución del informe y el recurso 
al grupo especial que había entendido inicialmente en el asunto, los procedimientos del párrafo 5 del artículo 21 suponían "procedimientos normales de solución de diferencias", tales como las consultas y, presumiblemente, 
otro plazo prudencial para el cumplimiento.  Véase WT/DSB/M/48 (acta de la reunión del OSD del 22 de 
septiembre de 1998). 
 WT/DS165/R/Add.1 
Página 68  
 
el nivel de la suspensión propuesta.  En tal caso, el asunto se debe someter al arbitraje de un grupo especial, que determinará si el nivel de la susp ensión de concesiones es equivalente al nivel de 
anulación o menoscabo.  De conformida d con lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo 22, los árbitros 
deben concluir su labor dentro de los 60 días siguien tes a la fecha de expiración del plazo prudencial, 
tras lo cual el OSD debe, en virtud del párrafo 7 de l artículo 22, autorizar la suspensión por la cuantía 
constatada por los árbitros, a menos que decida por c onsenso lo contrario.  Para que fuera incluida en 
el orden del día de una reunión del OSD que se cel ebraría el 31 de enero de 1999 -dentro de los 
30 días de la expiración del "plazo prudencial"- lo s Estados Unidos tenían que solicitar la suspensión 
antes del 21 de enero de 1999. 
22. Lamentablemente, a fines de noviembre -cinco meses después de la solicitud inicial de los 
Estados Unidos- las perspectivas de concluir el procedimiento de un grupo es pecial con arreglo al 
párrafo 5 del artículo 21 para el 21 de enero eran cada vez más escasas.  No obstante, el 19 de noviembre de 1998, en reuniones celebradas con el  Presidente del OSD,  los Estados Unidos 
formularon una tercera propuesta de hacer interven ir al grupo especial de conformidad con el 
párrafo 5 del artículo 21, con arreglo a un calenda rio acelerado que permitiría que el informe del 
grupo especial se emitiera antes del 21 de enero. 
23. Entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre de 1998, los Estados Unidos y las CE entablaron 
intensas consultas sobre un procedimiento acelerad o de un grupo especial.  Estas conversaciones no 
resolvieron las cuestiones procesales pendientes por tres razones principales.  En primer lugar, las CE 
exigieron como condición previa a hacer interven ir al grupo especial que los Estados Unidos 
renunciaran a su derecho de suspender concesion es comerciales a tenor del ESD, es decir, que 
renunciaran a presentar su solicitud al OSD entre el 21 y el 31 de enero, justamente el estrecho 
período previsto en el artículo 22.  En segundo luga r, las CE no estaban dispuestas a permitir que las 
otras partes reclamantes en el caso inicial -el Ecuador, Guatemala, Honduras y México- participaran 
en el procedimiento acelerado.  En tercer lugar, el  calendario propuesto por las CE llegaba hasta junio 
de 1999, con ninguna fecha precisa ni disposic iones para que los Estados Unidos obtuvieran 
autorización del OSD para suspender concesiones.
96 
24. El 14 de enero de 1999, los Estados Unidos pidieron autorización para suspender concesiones 
por una cuantía de 520 millones de dólares en virtud del párrafo 2 del artículo 22 e incluyeron esta petición en el orden del día de la reunión que  celebraría el OSD el 25 de enero de 1999.
97  Reiteramos 
que el párrafo 6 del artículo 22 exige que el OS D, previa petición, conceda autorización para 
suspender concesiones u otras obligaciones dentro de los 30 días siguientes a la expiración del "plazo 
prudencial", a menos que decida por consenso desestimar la petición. 
25. Ante esta perspectiva, las CE respondieron c on la medida sin precedentes de tratar de 
bloquear la adopción del orden del día de la re unión del Órgano de Solución de Diferencias.98  Tras 
haber demorado y obstruido el establecimiento de un grupo especial con arreglo al párrafo 5 del 
artículo 21, las CE insistieron en que ese proced imiento de un grupo especial precediera a toda 
solicitud de suspender concesiones a tenor del artículo 22.  En consecuencia, las CE solicitaron que la 
petición de los Estados Unidos con arreglo al artíc ulo 22 se suprimiera del orden del día antes de que 
éste pudiera ser adoptado por consenso.  En el deba te celebrado el 25 de enero de 1999 sobre la 
adopción del orden del día, el Presidente observó:   
                                                      
96 Aunque los Estados Unidos y las CE también estaban en desacuerdo sobre el número estimado de 
días que requeriría la conclusión del procedimiento, fueron estas tres demandas de las CE las que impidieron un 
acuerdo. 
 
97 WT/DS27/43. 
 
98 Véase WT/DSB/M/54, páginas 3 a 11.  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 69 
 
 
"De acuerdo con la práctica anterior y con el espíritu de la OMC, la norma del consenso [para la adopción del orden del día] nunca ha impedido el derecho de que 
un gobierno incluya asuntos en el orden del día".
99  Al argumentar en favor del 
aplazamiento de la reunión de ese día, el Director General afirmó que varias 
delegaciones, incluidas las de Turquía y Mé xico, habían subrayado correctamente las 
cuestiones sistémicas fundamentales que se deba tían, y que no sólo se referían a los 
bananos, sino a todo el sistema y a su func ionamiento.  La propuesta de aplazar la 
reunión [en lugar de levantarla como con secuencia de la no adopción del orden del 
día] [...] era el mejor modo de oponerse a la idea de que unas pocas delegaciones 
podrían bloquear un punto del orden del día o la adopción de éste.  Era correcto 
oponerse a esto, suspendiendo la reunión [...].100 
Al reanudar la sesión el 28 de enero de 1999, el  OSD adoptó el orden del día y, tras un prolongado 
debate y otras objeciones procesales de las CE que se  extendieron durante dos días, aceptó la petición 
de las CE presentada el 29 de enero de 1999 para que se sometiera a arbitraje el nivel de suspensión y 
de anulación o menoscabo de c onformidad con el artículo 22.101 
26. En virtud del párrafo 6 del artículo 22, el grupo especial que debía resolv er mediante arbitraje 
el nivel de suspensión tenía que concluir su labor dentro de los 30 días siguientes a la expiración del 
plazo prudencial, o sea el 2 de marzo de 1999.102  Debido a las tácticas dilatorias de las CE, los 
árbitros no pudieron hacerlo.  Las CE obstaculizaron la  labor de los árbitros de varias maneras.  En 
primer lugar, el bloqueo del orden del día del OS D retrasó la remisión del asunto a los árbitros 
previstos en el párrafo 6 del artículo 22 y la organi zación de los trabajos durante toda una semana, en 
un calendario ya apretado.  En segundo lugar, durante el procedimiento arbitral, las CE insistieron en 
que los árbitros aceptaran la presunción del cumplimi ento de las CE, declararon que los árbitros no 
podían investigar el cumplimiento y se negaron, hast a la celebración de la audiencia, a entablar un 
debate amplio acerca de las cualidades de su régimen. 
27. En consecuencia, el 2 de marzo de 1999 los ár bitros dieron traslado a las partes sólo de una 
decisión inicial sobre asuntos relativos al alcance del arbitraje y a algunos aspectos de la metodología 
para determinar el nivel de  suspensión de concesiones.103  Los árbitros rechazaron los argumentos de 
las CE sobre la relación entre el párrafo 5 del ar tículo 21 y el artículo 22.  También rechazaron la 
alegación de las CE de que el procedimiento previs to en el artículo 22 debe suspenderse, como 
cuestión de derecho, hasta la conclusión de l procedimiento del párrafo 5 del artículo 21.104  L o s  
árbitros sostuvieron que, contrariamente a lo es grimido por las CE, estaban obligados por el 
artículo 22 a examinar si el régimen revisado de las CE era compatible con las obligaciones que 
imponía la OMC a las CE.  No obstante, como las CE no habían abordado los argumentos de los Estados Unidos sobre esta cuestión, los árbitros  afirmaron que no estaban en condiciones en ese 
                                                     
 
99 Idem , página 6. 
 
100 Idem , página 10. 
 
101 Idem , páginas 11 a 39. 
 
102 El párrafo 6 del artículo 22  dispone que el arbitraje " se concluirá  dentro de los 60 días siguientes a 
la fecha de expiración del plazo prudencial".  (Cursivas añadidas.) 
 
103 Véase WT/DS27/48 (2 de marzo de 1999);  Recurso de las Comunidades Europeas al arbitraje 
previsto en el párrafo 6 del artículo 22 del ESD - Comunidades Europeas - Régimen para la importación, venta 
y distribución de bananos (Arbitraje en virtud del párrafo 6 del artículo 22) , WT/DS27/ARB, párrafos 2.10 a 
2.13, partes III, IV y VI (6 de abril de 1999). 
 
104 Arbitraje en virtud del párrafo 6 del artículo 22 , párrafos 2.9 y 4.11 a 4.15. 
 WT/DS165/R/Add.1 
Página 70  
 
momento de formular esa determinación, y solicitar on otras informaciones a las partes para ayudarlos 
a emitir un informe.
105 
28. Tras examinar la información adicional presenta da por las partes, los árbitros dieron a 
conocer su decisión final el 6 de abril de 1999, determinando que el nivel de anulación o menoscabo 
sufrido por los Estados Unidos co mo consecuencia de las persistentes infracciones de las CE 
ascendían a 191,4 millones de dólares por año.106  Los árbitros concluyeron que las revisiones 
introducidas en 1998 por las CE en su régimen de  importación de bananos seguían infringiendo el 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Co mercio de 1994 y el Acuerdo General sobre el 
Comercio de Servicios.107  En particular, los árbitros conclu yeron que el contingente arancelario 
separado de las CE para 857.000 toneladas de im portaciones de bananos procedentes de los Estados 
ACP era incompatible con los párrafos 1 y 2 del artículo XIII del GATT de 1994, del mismo modo en 
que lo eran las asignaciones sumadas iniciales que ascendían a 857.000 toneladas y que el régimen 
revisado había sustituido.108  Los árbitros constataron análogamente que las disposiciones del régimen 
revisado de licencias tenían el efecto de trasladar la  discriminación anterior contra los proveedores de 
servicios estadounidenses;  esa discriminación, se gún se había constatado inicialmente, violaba el 
AGCS.109  Por lo tanto, las ventajas para los Estados Unidos han seguido siendo anuladas y 
menoscabadas sin interrupción. 
29. Por consiguiente, los árbitros  concluyeron que lo que ahora las CE describen como un 
"conjunto completamente nuevo de normas"110 para su régimen de los bananos fue en gran parte una 
nueva combinación de los mismos elementos que el Grupo Especial y el Órgano de Apelación declararon inicialmente incompatibles con las obligaciones de las CE en el marco de la OMC, y que 
las CE se habían finalmente comprometido a poner en  conformidad después de la expiración del plazo 
                                                     
 
105 Véase Arbitraje en virtud del párrafo 6 del artículo 22 , párrafos 2.11 y 5.1. 
 
106 Arbitraje en virtud del párrafo 6 del artículo 22 , párrafo 8.1.  También se dio traslado a las partes el 
6 de abril de 1999 de los informes de los dos procedimie ntos en virtud del párrafo 5 del artículo 21.  Informe del 
Grupo Especial en Comunidades Europeas - Régimen para la importación, venta y distribución de bananos - 
Recurso al párrafo 5 del artículo 21 por el Ecuador  (WT/DS27/RW/ECU); Comunidades Europeas - Régimen 
para la importación, venta y distribución de bananos - Recurso al párrafo 5 del artículo 21 por las Comunidades Europeas (WT/DS27/RW/EEC). 
 
107 Los árbitros concluyeron que el régimen de las CE infringía los párrafos 1 y 2 del artículo XIII del 
GATT de 1994 y los artículos II y XVII del AGCS.  Recurso de las Comunidades Europeas al arbitraje previsto 
en el párrafo 6 del artículo 22 del ESD en Comunidades Europeas - Régimen para la importación, venta y 
distribución de bananos (Arbitraje en virtud del párrafo 6 del artículo 22) , WT/DS27/ARB, párrafos 5.17, 5.33 
y 5.97 (9 de abril de 1999). 
 
108 Arbitraje en virtud del párrafo 6 del artículo 22 , WT/DS27/ARB, párrafos 5.33 y 5.97. 
 
109 Además, el Grupo Especial concluyó que las asignaciones del contingente por países a los 
abastecedores con un interés sustancial  es incompatible con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo XIII del 
GATT de 1994, y que los criterios para adquirir la condición de "recién llegado" en los procedimientos de 
licencias revisados de las CE conceden a los proveedores de servicios estadounidenses de hecho un trato menos 
favorable que el concedido a los proveedores de servicios comunitarios, contraviniendo el artículo XVII del 
AGCS.  Arbitraje en virtud del párrafo 6 del artículo 22 , WT/DS27/ARB, párrafos 5.33, 5.95 y 5.97.  Los 
árbitros llegaron a las mismas conclusiones en su calidad de miembros del Grupo Especial convocado con arreglo al párrafo 5 del artículo 21.  Informe del Grupo Especial en virtud del párrafo 5 del artículo 21 en el 
asunto Comunidades Europeas - Régimen para la importación, venta y distribución de bananos - Recurso al 
párrafo 5 del artículo 21 por el Ecuador (Informe en virtud del párrafo 5 del artículo 21 - Ecuador) , 
WT/DS27/RW/ECU, párrafos 6.160 a 6.163 (12 de abril de 1999). 
 
110 Primera comunicación escrita de la s Comunidades Europeas, párrafo 4. 
  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 71 
 
 
prudencial.  De hecho, los comentarios formulados por funcionarios superiores de las CE después de 
la decisión inicial y la decisión definitiva aclar aron que las CE sabían desde hacía mucho que sus 
revisiones del régimen de importación de los bana nos seguían violando sus obligaciones en el marco 
de la OMC.  Por ejemplo, el Comisario de Relaci ones Exteriores, Sir Leon Brittan, declaró después de 
la decisión inicial del 2 de marzo que la solicitud de los árbitros a los Estados Unidos para que 
estimasen nuevamente los daños significaba que los ár bitros de la OMC probablemente constatarían 
que éstos ascendían a una cantidad que oscila ba entre 200 y 300 millones de dólares, lo que 
representaba un aparente reconocimiento de que la infracción de las CE continuaba.111  Más explícitos 
fueron los comentarios del Comisario de Industr ia, Sr. Bangemann, quien admitió que, aunque se 
había visto obligado a defender la postura  de las CE, ésta carecía de fundamento.112 
30. Teniendo en cuenta el calendario previsto en el párrafo 6 del artículo 22 del ESD, los Estados 
Unidos adoptaron planes de contingencia para su spender concesiones a comienzos de marzo, de 
conformidad con el laudo de los árbitros y las nor mas del ESD.  Como cuestión de derecho, el ESD 
prevé la reparación después de la  expiración del plazo prudencial.113  Esto significaba que, después de 
dicho plazo, el 1º de enero de 1999, las CE  ya no podrían negar impunemente ventajas 
correspondientes a los Estados Unidos.  Los planes  estadounidenses se basaban en esta suposición.  
No obstante, los Estados Unidos se proponían aplicar  toda suspensión autorizad a sólo después de la 
fecha en la que, según el ESD, los árbitros deben concluir su labor, o sea el 2 de marzo de 1999. 
31. Como las tácticas dilatorias de las CE impidier on que los árbitros concluyeran su labor antes 
del 2 de marzo de 1999, fecha prevista en el ca lendario del ESD, los Estados Unidos adoptaron 
medidas para preservar su capacidad de suspe nder concesiones a partir de esa fecha.  En 
consecuencia, el 3 de marzo de 1999 los Estados Unidos anunciaron que su Servicio de Aduanas 
revisaría la suficiencia de l as fianzas correspondientes a determ inadas mercancías de las CE 
importadas a partir del 3 de marzo de 1999, a fin de asegurar que todo derecho finalmente autorizado 
por los árbitros pudiera imponerse a esas import aciones.  Como todo derecho que pudiera imponerse 
sería igual al 100 por ciento del valor calculado de las mercancías, el Servicio de Aduanas de los 
Estados Unidos comenzó a exigir una fianza única por transacción igual al valor declarado de las 
mercancías, o una "fianza continuada" que cubriera entradas múltiples, igual al 10 por ciento del valor 
declarado total de las mercancías abarcadas, importadas por un importador particular durante el año anterior.
114  Este requisito no imponía efectivamente derec hos ni prejuzgaba la cuantía del valor total 
de los productos a los que se im pondrían derechos más elevados. 
32. Los importadores de los Estados Unidos están ob ligados a depositar los derechos estimados 
en el momento de la entrada;  en el caso de que se deban derechos o tasas adicionales, el Servicio de 
Aduanas está obligado a recaudarlos cuando se real iza la liquidación, esto es, cuando ese Servicio 
formula la determinación definitiva del tipo y la cuantía del derecho.115  Los procedimientos de 
entrada aplicables en los Estados Unidos permiten el despacho de aduana oportuno o inmediato de los 
productos en los Estados Unidos.  Como la liqui dación de una entrada se realiza habitualmente 
                                                      
111 Véase Inside U.S. Trade , 12 de marzo de 1999, página 3. 
 
112 En un informe de prensa se indicó que el Co misario Bangemann acogió c on satisfacción la decisión 
de los árbitros contra las CE y declaró:  "como Comisario he tenido que defender nuestra postura, pero puedo 
decirles que es una tontería".  The Wall Street Journal Europe , 22 de abril de 1999, página 1. 
 
113 Esta cuestión jurídica se examina má s detenidamente en la sección IV.A infra . 
 
114 Memorandum to Customs Area and Port Directors, CMC Directors From Director, Trade 
Compliance Division, U.S. Customs Service, Regarding European Sanctions (3 de marzo de 1999). 
 
115 19 U.S.C. § 1505. 
 WT/DS165/R/Add.1 
Página 72  
 
después de que los productos han entrado en la corriente del comercio, se exigen fianzas para 
garantizar el pago de esos derechos o tasas adicionales. 
33. El Servicio de Aduanas exige fianzas únicas por transacción o fianzas continuadas para las 
entradas de mercancías como una cuestión de rutina.  Como regla general, todas las entradas deben ir 
acompañadas de pruebas que demuestren que se ha c onstituido una fianza ante el Servicio de Aduanas 
para cubrir todos los derechos, impuestos y tasas potenciales que puedan devengarse.  De 
conformidad con sus facultades reglamentarias
116, un director de puerto puede  solicitar la constitución 
de fianzas adicionales o garantías adicionales a fin de asegurar que la aceptación de una entrada 
quedará suficientemente protegida con respecto al  pago de cualquier derecho u otras obligaciones 
impuestas por la ley.  En el caso que nos ocupa , fue necesario imponer requisitos adicionales en 
materia de fianzas para asegurar que se pa garían los derechos del 100 por ciento ad valorem si así se 
imponían como resultado de la autorización del OSD.  Por lo tanto, el 3 de marzo el Servicio de 
Aduanas exigió un aumento de la cuantía de la  fianza correspondiente a los productos que podían 
quedar sujetos posiblemente a la imposici ón del tipo arancelario del 100 por ciento. 
34. El incremento de los requisitos en materi a de fianzas constituyó la única medida legal 
adoptada por los Estados Unidos el 3 de marzo de  1999.  Si bien los anuncios de prensa hicieron 
referencia a la "suspe nsión de la liquidación", no cabe atribuir a esta expresión ningún significado 
jurídico especial.  Las entradas de  mercancías se consideran liquidadas legalmente un año después de 
la fecha de entrada, a menos que la liquidación se prorrogue o se suspenda por exigencia de la ley o por orden judicial.
117 1  El Servicio de Aduanas puede liquidar una entrada en cualquier momento 
dentro de ese año.  No obstante, a fin de preserva r la flexibilidad administrativa y para dar tiempo 
suficiente al examen de las entradas antes de que se realice la determinación definitiva de los derechos 
al llevarse a cabo la liquidación, el Servicio de A duanas no inicia normalmente  la liquidación de una 
entrada hasta el día 314º des pués de la fecha de entrada.118  La referencia a la "suspensión de la 
liquidación" simplemente indicaba que el Servicio de  Aduanas no adoptaría medidas al margen de su 
procedimiento administrativo normal, esto es, que no  iniciaría la liquidación antes del 314º día.  En 
realidad, no se introdujo ninguna modificación en los procedimientos del Servicio de Aduanas como 
consecuencia de la intención anuncia da de "suspender la liquidación". 
35. El 19 de abril de 1999, después de la auto rización del OSD para suspender concesiones de 
conformidad con el laudo arbitral di ctado con arreglo al párrafo 6 de l artículo 22, los Estados Unidos 
publicaron un aviso en el que anunciaban que impondrí an efectivamente derechos del 100 por ciento a 
un grupo reducido de productos indicados previamente el 3 de marzo de 1999.  Esta lista reducida se 
ajustaba al nivel de anulación y menoscabo, fijado por los árbitros en 191,4 millones de dólares.  Los 
derechos aplicables a los demás productos incluido s en la lista del 3 de marzo se aplicarán de 
conformidad con los tipos usuales, NMF, estableci dos en el Arancel de Aduanas Armonizado de los 
Estados Unidos. 
                                                      
116 19 Code of Federal Regulations § 113.13. 
 
117 19 U.S.C. § 1504(a). 
 
118 Véase el Memorándum de fecha 26 de mayo de 1997, file number ENT-1 FO:TC:C:E AD to all 
interested parties, 
http://www.cebb.customs.treas. gov/public/cgi/cebb.exe?mode=f i&area=13&name=T-ENTRY5.TXT  
  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 73 
 
 
IV. ARGUMENTACIÓN JURÍDICA 
A. LA REVISIÓN DE LOS REQUISITOS EN MATERIA DE FIANZAS DEL 3 DE MARZO NO FUE 
INCOMPATIBLE CON EL PÁRRAFO 6 DEL ARTÍCULO 22 NI CON LOS ARTÍCULOS I, II, XI Y VIII  
DEL GATT 
36. Las CE afirman que la medida adoptada el 3 de marzo de 1999 constituye una suspensión de 
concesiones u otras obligaciones mientras estaba pendien te un procedimiento previsto en el párrafo 6 
del artículo 22, lo que violaría ese artículo.119  Las CE alegan asimismo que la medida adoptada por 
los Estados Unidos el 3 de marzo de 1999 es inco mpatible con los artículos I, II, XI y VIII del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.120 
37. El Grupo Especial deberá desestimar estas al egaciones porque las CE fueron responsables de 
la anulación o menoscabo de ventajas correspondientes a los Estados Unidos inmediatamente después 
de concluido el "plazo prudencial", esto es, d espués del 1º de enero de 1999.  Como las CE 
impugnaron el nivel de suspensión propuesto, ese ni vel debía ser confirmado por un grupo especial 
arbitral designado con arreglo al párrafo 6 del ar tículo 22.  Sin embargo, dicha responsabilidad, una 
vez confirmada por el OSD, comenzaba a partir de la expiración del plazo prudencial.  Como cuestión 
de política, los Estados Unidos prefirieron aplicar derechos a las entradas a partir del 3 de marzo 
de 1999, 60 días después, ya que ésta era la fecha en la cual el ESD exigía que  los árbitros designados 
con arreglo al párrafo 6 del artícul o 22 concluyeran su labor.  Al revisar la suficiencia de las fianzas 
constituidas para las entradas a partir del 3 de marz o de 1999, el Servicio de Aduanas no hizo más que 
preservar la capacidad de los Estados Unidos pa ra recaudar derechos de  conformidad con la 
determinación de los árbitros designados con arregl o al párrafo 6 del artículo 22, previa autorización 
del OSD. 
38. Esa autorización fue otorgada el 19 de abril de 1999.  El OSD acordó conceder autorización 
para suspender la aplicación a las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, de concesiones 
arancelarias y obligaciones conexas en el marco del GATT de 1994, de forma compatible con la decisión de los árbitros incluida en el documento WT/DS27/ARB.
121  Como los Estados Unidos 
observaron en la reunión del OSD del 19 de abril122, los árbitros nada dijeron con respecto a la fecha 
concreta de la suspensión de concesiones, e hicier on referencia únicamente a la cuantía máxima de 
191,4 millones anuales. 
39. Las disposiciones del ESD tampoco dicen nada sobre la fecha concreta de aplicación de la 
suspensión de concesiones.  El párrafo 7 del artíc ulo 22 del ESD sólo establece que la petición de 
suspensión debe ser acorde con la decisión de los árbitros.123  Si bien el ESD nada dice sobre la fecha 
en que se debe aplicar una suspensión autorizada por  el OSD, el contexto y la finalidad de las 
disposiciones sobre suspensión de concesiones dejan en claro que esta fecha puede ser cualquier día 
posterior a la expiración del plazo prudencial. 
                                                      
119 Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 13 a 15. 
 
120 Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 16 y 17. 
 
121 WT/DSB/M/59. 
 
122 Idem . 
 
123 El párrafo 7 del artículo 22 dispone en la parte pertinente:  "Se informará sin demora de la decisión 
del árbitro al OSD:  y éste, si se le pide, otorgará autorización para suspender concesiones u otras obligaciones 
siempre que la petición sea acorde con la decisión del árbitro, a menos que decida por consenso desestimarla". 
 WT/DS165/R/Add.1 
Página 74  
 
40. Una violación de las normas de la OMC altera  el equilibrio de derechos y obligaciones 
acordado por los Miembros de la OMC.  Aunque este efecto sobre el equilibrio de derechos y 
obligaciones es inmediato, el procedimiento de solu ción de diferencias de la OMC permite que la 
anulación o menoscabo resultantes, de los beneficios  correspondientes a un Miembro, prosigan hasta 
que el OSD adopte resoluciones y recomendaciones.  Incluso entonces, el párrafo 3 del artículo 21 del 
ESD concede a la parte que no ha cumplido su oblig ación un nuevo "plazo prudencial" para poner su 
medida en conformidad con sus obligaciones, si el cumplimiento inmediato no es factible.  Como los 
derechos del Miembro reclamante  siguen siendo violados y sus be neficios menoscabados mientras 
dura el "plazo prudencial", ese período debe ser lo m ás breve posible, en el marco del sistema jurídico 
nacional del Miembro que no ha cumplido su obligac ión, para poner la medi da en conformidad con 
sus obligaciones.
124 
41. Reconociendo que los gobiernos pueden en algunos  casos necesitar tiempo para concluir sus 
procedimientos nacionales, el ESD tolera que pros iga la anulación y menoscabo durante el trámite del 
procedimiento de solución de diferencias y el plazo prudencial subsiguien te.  No obstante, esa 
tolerancia termina cuando expira el  plazo prudencial.  El párrafo 1 del artículo 22 del ESD explica que 
se puede recurrir a la suspensión de concesiones u otras obligaciones "en caso de que no se apliquen 
en un plazo prudencial las recomendaciones y resoluci ones [del OSD]".  El plazo prudencial puede ser 
utilizado únicamente por los Miembros que se comprometen a aplicar las resoluciones y recomendaciones del OSD, y el incumplimiento  de este compromiso aumenta el menoscabo 
ininterrumpido de las ventajas del otro Miembro,  intrínseco en la infracción original.  En ese 
momento, el Miembro debe soportar las cons ecuencias de su incump limiento y pasa a ser 
potencialmente responsable por el menoscabo in interrumpido, con la única condición de la 
autorización del OSD y la confirmación de un grupo especial arbitral designado con arreglo al párrafo 6 del artículo 22, en su caso, al que se haya sometido el asunto. 
42. El párrafo 2 del artículo 3 del ESD dispone que el sistema de solución de diferencias de la 
OMC "sirve para preservar los derechos y obligacion es de los Miembros en el marco de los acuerdos 
abarcados".  Este sistema logra su finalidad en pa rte al asegurar que la violación de los derechos de 
otros Miembros tenga consecuencias, consistentes en una compensación o una suspensión de concesiones.  Este propósito se vería dificultado si un Miembro que no ha cumplido sus obligaciones no quedara sujeto a las consecuencias del incumpli miento una vez expirado el plazo prudencial, sino 
sólo desde la conclusión del procedimiento qu e confirma que ha seguido anulando o menoscabando 
las ventajas correspondientes a otro Miembro.  En rigor, esta última interpretación crearía un 
incentivo perverso para que un Miembro que no  cumple sus obligaciones tratase de retrasar la 
conclusión de ese procedimiento. 
43. En realidad, esto es precisamente lo que ocurrió en el arbitraje realizado de conformidad con 
el párrafo 6 del artículo 22 en el asunto relativo a los Bananos .  Además de demorar la remisión del 
asunto al grupo especial arbitral
125, las CE inicialmente se negaron a abordar los argumentos 
expuestos por los Estados Unidos en sus comuni caciones acerca de la compatibilidad del régimen 
revisado de las CE con los Acuerdos de la OMC.   Esto obligó al Grupo Especial a agregar a su 
decisión inicial del 2 de marzo de  1999 una petición a las CE para que respondieran a los argumentos 
de los Estados Unidos a más tardar el 15 de ma rzo de 1999 porque eran "respuestas que precisábamos 
para completar nuestros trabajos".126  En su informe final, los árbitros explicaron:  "A solicitud 
                                                      
124 Laudo arbitral en virtud del apartado c) del párrafo 3 del artículo 21 en CE - Medidas que afectan a 
la carne y los productos cárnicos (hormonas) , WT/DS26/15 y WT/DS48/13, párrafo 26 (29 de mayo de 1998). 
 
125 Véase WT/DSB/M/54, páginas 3 a 11;  supra  párrafos 24 y 25. 
 
126 Arbitraje en virtud del párrafo 6 del artículo 22, párrafo 2.11. 
  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 75 
 
 
nuestra, las Comunidades Europeas respondieron  a los argumentos de los Estados Unidos".127  Por lo 
tanto, las CE trataron de explotar, con fines d ilatorios, precisamente la interpretación que propugnan 
en este caso, o sea que toda suspensión de concesiones se debe aplicar únicamente después de concluido el procedimiento previsto  en el párrafo 6 del artículo 22. 
44. Aunque las normas del ESD sometían a las CE a una posible responsabilidad por anulación o 
menoscabo, de las ventajas correspondientes a los Es tados Unidos a partir del 2 de enero de 1999, 
fecha en que expiraba el plazo prudencial, los Esta dos Unidos prefirieron, como cuestión de política, 
aplicar cualquier derecho autorizado por el OSD sólo  a partir del 3 de marzo de 1999, un día después 
de la fecha prevista en las normas del ESD pa ra que el grupo especial designado con arreglo al 
párrafo 6 del artículo 22 concluyera su cálculo del nivel de anulación o menoscabo (60 días después 
de la expiración del plazo prudenc ial).  Todo otro retraso en la aplicación de derechos después del 
2 de marzo recompensaría a las CE por sus esfuerz os desplegados para de morar la labor de los 
árbitros.  También contribuiría a que se considerase que el sistema de solución de diferencias de la 
OMC padece la misma deficiencia que destruyó la cr edibilidad del sistema de solución de diferencias 
del GATT, esto es, que las partes que no cumplían sus obligaciones podían obstruir la acción 
multilateral de imponer consecuencias por el incumplimiento. 
45. Cuando finalmente las CE lograron demorar la  labor del grupo especial designado con arreglo 
al párrafo 6 del artículo 22, los Estados Unidos actuaron solamente para preservar su capacidad de 
aplicar cualquier derecho que fuera finalmente autori zado por el OSD a partir del 3 de marzo de 1999.  
Cabe reiterar que, al incrementar los requisitos en materia de fianzas para las entradas posteriores al 3 de marzo, el Servicio de Aduanas simplement e se colocó en situación de suspender concesiones 
sobre esas entradas después de la autorización del OS D.  No impuso efectivamente tales derechos. 
B. L
AS CE NO HAN DEMOSTRADO QUE LA REVISIÓN DEL 3 DE MARZO SEA INCOMPATIBLE CON EL 
ARTÍCULO 23 DEL ESD  NI HAN ALEGADO UNA INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 3 DEL ESD 
46. Las CE alegan en los párrafos 18 a 22 de su primera comunicación escrita que la revisión del 
3 de marzo de los requisitos en materia de fian zas fue incompatible con los párrafos 1 y 2 del 
artículo 23 y con el artículo 3 del ESD.  Resulta di fícil responder a los vagos argumentos de las CE 
con respecto al artículo 23, sobre todo porqu e las CE nunca determinaron con precisión las 
obligaciones en cuestión ni tampoco de qué modo la  revisión del 3 de marzo fue incompatible con 
esas obligaciones. 
47. Las CE hacen referencia a la "oportunidad" y la  "cuantía" y al "hecho de dejar totalmente de 
lado los procedimientos de la OM C", que habría supuesto la medida  adoptada por los Estados Unidos, 
pero, como se explicó supra , la revisión del 3 de marzo se limitó a preservar la capacidad de los 
Estados Unidos de recaudar derechos a partir de esa  fecha si, como ocurrió finalmente, los árbitros 
designados con arreglo al párrafo 6 del artículo 22 confirmaban que las CE seguían anulando o 
menoscabando ventajas correspondientes a los Estados Unidos en el marco de la OMC.  Como se 
describió supra , las CE eran potencialmente responsables por su anulación o menoscabo 
ininterrumpidos a partir de la expiración del plazo prudencial, el 1º de enero de 1999.  La revisión 
del 3 de marzo de los requisitos en materia de  fianzas no impusieron efectivamente derechos ni 
prejuzgaron sobre el valor total de los productos a los que se aplicarían derec hos.  Estas decisiones se 
tomaron en abril como consecuencia del procedimie nto de la OMC que autorizó la suspensión de 
concesiones, y de conformidad con él. 
48. De igual modo, las CE presentan sólo un esboz o de argumento sumamente vago con respecto 
al artículo 3 del ESD.  No alegan ninguna violación,  sino únicamente que la revisión del 3 de marzo 
socava los objetivos del artículo 3, es decir, la a portación de seguridad y previsibilidad.  En realidad, 
                                                      
127 Idem , párrafo 5.1. 
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Página 76  
 
ninguna violación de esta disposición es posible, ya  que se trata de una disposición descriptiva y no 
prescriptiva.  Como las CE no alegan ninguna violación, los Estados Unidos hacen notar únicamente que la decisión estadounidense del 3 de marzo, de  preservar su capacidad de recaudar derechos a 
partir de esa fecha, fue una respuesta a una larg a serie de medidas de las CE que plantearon una 
auténtica y grave amenaza a la autoridad y credibili dad del sistema de solución de diferencias de la 
OMC.  En la primera ocasión en que perdieron un procedimiento de solución de diferencias en la 
OMC, las CE no sólo se negaron al cumplimiento, sino que se negaron a declarar claramente desde el comienzo que ésta era en realidad la línea de  acción que se proponían seguir, según lo exige el 
párrafo 3 del artículo 21 del ESD.  Incluso a hora, las CE siguen presentando las modificaciones 
cosméticas que han introducido en su régimen de importación de los bananos como "un conjunto 
completamente nuevo de normas".
128  Además, las CE han frustrado reiteradamente los intentos 
realizados por los Estados Unidos para recurrir a lo s procedimientos del ESD con arreglo al párrafo 5 
del artículo 21 y el artículo 22 a fin de abordar el  incumplimiento de las CE, llegando incluso a 
bloquear la adopción del orden del día de la reunión celebrada por el OSD el 25 de enero de 1999 con 
el objeto de evitar la autorización automática de la suspensión de concesiones garantizada por el 
artículo 22 del ESD.129  Lejos de socavar la autoridad del si stema de solución de diferencias de la 
OMC, como alegan las CE, la respuesta de los Estados Unidos a las CE garantizó que el sistema de solución de diferencias de la OM C no se vería, como el del GATT, incapacitado por los esfuerzos 
desplegados por las partes que no cumplen sus ob ligaciones, encaminados a evitar las consecuencias 
de su incumplimiento. 
49. Por último, las CE formulan la alegación inex acta y no pertinente, de que los Estados Unidos 
estaban obligados en virtud de los artículos 301 a 31 0 a adoptar medidas el 3 de marzo de 1999.  La 
revisión del 3 de marzo de los requisitos en ma teria de fianzas no se realizó con arreglo al 
artículo 301, ni los Estados Unidos estaban obligados a adoptar esta me dida en virtud de la legislación 
estadounidense.  En cambio, como se explicó supra , la decisión de los Estados Unidos de revisar los 
requisitos en materia de fianzas se adoptó, como cues tión de política, para preservar la capacidad de 
los Estados Unidos de recaudar derechos a partir  de esa fecha si, como sucedió finalmente, los 
árbitros designados con arreglo al párrafo 6 del ar tículo 22 confirmaban la responsabilidad de las CE 
por su anulación y menoscabo ininterrumpido de l as ventajas correspondientes a los Estados Unidos 
en el marco de la OMC. 
C. L
AS CE NO HAN DEMOSTRADO QUE LA REVISIÓN DEL 3 DE MARZO INFRINGE EL PÁRRAFO 5 
DEL ARTÍCULO 21 DEL ESD 
50. Las CE vuelven a plantear su argumento de que el párrafo 5 del artículo 21 del ESD exige que 
los Estados Unidos recurran en primer lugar a un gr upo especial con arreglo a esa disposición antes de 
solicitar autorización para suspender concesi ones de conformidad con el artículo 22.130  E l  G r u p o  
Especial deberá desestimar el argumento de las CE por las mismas razones por las que los árbitros que tramitaron el procedimiento previsto en el pá rrafo 6 del artículo 22 y los grupos especiales 
constituidos de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 a pe tición del Ecuador y de las CE 
rechazaron el mismo argumento.
131 
51. El artículo 22 no exige, por sus términos, su contexto o su finalidad, que un Miembro recurra 
en primer lugar al procedimiento previsto en el párrafo 5 del artículo 21.  Todos los plazos 
                                                      
128 Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 4. 
 
129 Véase supra , párrafos 24 y 25. 
 
130 Véase la primera comunicación escrita de las CE, párrafos 23 a 29. 
 
131 Los Estados Unidos observan que las CE formularon los mismos argumentos ante el Grupo Especial 
que examinó el asunto Estados Unidos - Artículos 301 a 310 de la Ley de Comercio Exterior de 1974 . 
  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 77 
 
 
establecidos en el artículo 22 se calculan en relaci ón con la expiración del plazo prudencial, y el 
párrafo 5 del artículo 21 no se menciona ni siquier a una vez.  De igual modo, el párrafo 5 del 
artículo 21 no se menciona en absoluto en el aparta do c) del párrafo 2 del artículo 23, que sólo exige 
que se siga el procedimiento del artículo 22 antes de que se adopte la suspensión de concesiones.  El artículo 22 constituye un elemento básico para la credibilidad y eficacia del sistema de solución de 
diferencias de la OMC, ya que dispone que los Mi embros que no cumplen sus obligaciones no podrán 
ya bloquear la suspensión de concesiones adoptada c ontra ellos.  Ahora bien, la alegación de las CE 
de que se debe concluir en prim er lugar el procedimiento del párr afo 5 del artículo 21 privaría a las 
partes ganadoras de su derecho a suspender concesiones,  ya que el artículo 22 sólo aplica la regla del 
consenso en contrario  a las peticiones de suspender concesiones si tales peticiones se formulan dentro 
de los 30 días de la expiración del plazo prudenc ial.  Los Miembros cuyos derechos han sido 
declarados violados y ya han soportado estas vi olaciones durante el año y medio de duración del 
procedimiento de un grupo especial y otro año des tinado a la aplicación, se encontrarían nuevamente, 
como sucedía en el marco del GATT de 1947, a mer ced de la parte que había negado sus derechos y 
menoscabado sus intercambios comerciales.  El argumento de las CE sobre la "secuencia" fue 
desestimado en enero de 1999 por estas razones y deber ser desestimado nuevamente por este Grupo 
Especial.
132 
52. Además, en respuesta a la preocupación de que debe haber en primer lugar una determinación 
multilateral de la infracción, observamos que, como c onstataron los árbitros de signados con arreglo al 
artículo 22, el procedimiento del artículo 22 no puede dar lugar a la suspensión de concesiones cuando 
un Miembro ha puesto de hecho su medida en conf ormidad, porque en ese caso el nivel de anulación 
o menoscabo sería igual a cero.133 
53. Las CE afirman en el párrafo 28 de su comunicación que los Estados Unidos ya han 
"determinado unilateralmente" que las CE incump lieron normas de la OMC "mucho antes de la 
expiración del 'plazo prudencial' y en un momento en que las instituciones competentes de las CE aún 
no habían adoptado todas las medidas comunitarias necesarias para aplicar las recomendaciones y 
resoluciones del OSD".134 
54. Estos argumentos de las CE resultan particul armente vacuos si se tienen en cuenta sus 
esfuerzos encaminados a frustrar el establecimiento de un grupo especial con arreglo al párrafo 5 del 
artículo 21 que abordase sus revisiones de julio de 1998 del régimen aplicable a los bananos.  Las CE 
impidieron todo intento de los Estados Unidos y ot ras partes reclamantes de lograr que el régimen 
revisado de las CE fuera examinado multilateralmente  por un grupo especial designado con arreglo al 
párrafo 5 del artículo 21.  Los Estados Unidos pidieron a las CE todos los meses, entre julio y 
noviembre de 1998, que se hiciera intervenir al gr upo especial que había entendido inicialmente en el 
asunto;  en todas las ocasiones,  las CE se negaron o bien insistieron en plantear condiciones que 
hubieran exigido que los Estados Unidos renuncia ran a sus derechos en el marco de la OMC.135 
                                                      
132 Además, el Grupo Especial no debe abordar esta cuestión porque si lo hiciera se anticiparía a las 
negociaciones en curso sobre la revisión del ESD y usurparía los derechos de todos  los Miembros de la OMC  
(y no sólo de las partes en una determinada diferencia) de negociar el equilibrio de derechos y obligaciones del 
Acuerdo sobre la OMC.  Sólo los Miembros pueden modificar o adoptar interpretaciones del ESD (párrafo 2 del 
artículo IX y artículo X del Acuerdo sobre la OMC) y los grupos especiales no pueden aumentar ni reducir los derechos y obligaciones establecidos en los acuerdos abarcados (párrafo 2 del artículo 3 y párrafo 2 del 
artículo 19 del ESD).  Es probable que los resultados de la acción de la Ter cera Conferencia Ministerial sobre el 
ESD den lugar a una modificación de las disposiciones del ESD, incluido el párrafo 5 del artículo 21. 
 
133 Véase Arbitraje en virtud del párrafo 6 del artículo 22 , WT/DS27/ARB, párrafo 4.11. 
 
134 Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 28. 
 
135 Véase supra  párrafos 18 a 23. WT/DS165/R/Add.1 
Página 78  
 
55. Como respuesta a la alegación de las CE de  que aún no habían concluido su aplicación, 
observamos que el reglamento de julio de 1998 est ableció un contingente arancelario separado para 
857.000 toneladas de bananos importados de los Es tados de África, el Caribe y el Pacífico, 
disposición que los árbitros designados con arreglo al  artículo 22 y el Grupo Especial que intervino de 
conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 conc luyeron finalmente que es incompatible con los 
párrafos 1 y 2 del artículo XIII del GATT de 1994.
136  Como explican las CE137, el Reglamento de las 
CE dispuso que este contingente arancelario entr ara "en vigor el 31 de julio de 1998 y [fuera] 
aplicable a partir del 1º de enero de 1999".  De  igual modo, la decisión comunitaria de julio, de 
adoptar un período de referencia que  iba de 1994 a 1996, fue el elemento central de la conclusión de 
los árbitros, en el sentido de que el régimen revisado de los bananos seguía infringiendo el AGCS.138 
En virtud de precedentes reconocidos de los grupos especiales del GATT y la OMC, un grupo 
especial puede constatar que una medida es incomp atible con las normas del GATT o de la OMC si 
dicha medida ordena tal infracción en algún momento futuro.139  Un pronto examen, con arreglo al 
párrafo 5 del artículo 21, del contingente arancelario  y de la elección del perí odo de referencia hubiera 
sido, pues, plenamente compatible con la jurisp rudencia del GATT y de la OMC, y también hubiera 
dejado en claro a las CE que su aplicación era defici ente, antes de que hubiera expirado el plazo para 
hacer ajustes.  En cambio, las CE trataron de demorar y de describir como "determinaciones unilaterales" los intentos realizados por los Estados  Unidos por resolver este asunto por medio de los 
procedimientos previstos en el ESD. 
56. La revisión del 3 de marzo sobre la suficien cia de las fianzas de ningún modo infringe el 
párrafo 5 del artículo 21, y el Grupo Esp ecial deberá desestimar esta reclamación. 
V. CONCLUSIÓN 
57. Por las razones precedentes, los Estados Un idos solicitan respetuosamente que el Grupo 
Especial desestime las reclamacion es de las CE en su totalidad, y c onstate que la medida adoptada por 
los Estados Unidos el 3 de marzo no es incompatible con el artículo 3,  el párrafo 5 del artículo 21, el 
párrafo 6 del artículo 22 o el artículo 23 del ESD, ni con los artículos I, II, XI u VIII del GATT 
de 1994.  Además de incumplir su carga de demost rar toda infracción real, las CE están tratando de 
obtener un resultado que recompensaría sus esfuerzos encaminados a negar a los Estados Unidos la posibilidad de recurrir prontamente a los procedimientos del artículo 22, y permitiría injustamente que 
las CE aplazaran la responsabilidad por no haber utilizado el plazo prudencial para cumplir sus 
obligaciones. 
 
                                                     
 
136 Arbitraje en virtud del párrafo 6 del artículo 22, párrafos 5.17 y 5.96;  Informe en virtud del 
párrafo 5 del artículo 21, Ecuador, párrafo 6.160. 
 
137 Primera comunicación escrita de la s Comunidades Europeas, párrafo 3. 
 
138 Arbitraje en virtud del párrafo 6 del artículo 22, párrafo 5.78. 
 
139 Informe del Grupo Especial en Estados Unidos - Impuestos sobre el petróleo y sobre determinadas 
sustancias importadas , adoptado el 17 de junio de 1987, IBDD 34S/157, 184 y 185, párrafo 5.2.2  
("Estados Unidos - Superfondo "). 
  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 79 
 
 
Apéndice 2.2 
Intervención oral de los Estados Uni dos en la primera reunión sustantiva 
(16 de diciembre de 1999) 
  Introducción 
1. Sr. Presidente y miembros del Grupo Especia l:  Tengo hoy el honor de representar a los 
Estados Unidos ante ustedes.  Mis observacion es serán breves.  Comenzaré por responder a dos 
errores fácticos mayores de las CE en su intervención  del día de hoy.  Las CE aciertan al decir que los 
hechos en esta diferencia son simples, pero los "h echos", como los llaman, son erróneos.  Primero, 
contrariamente a lo que acabamos de oí r, el 3 de marzo no se aumentó ningún
 derecho.  Las CE no 
han allegado prueba alguna en sustento de su pr etensión, ni tampoco pueden hacerlo.  Segundo, la 
medida del 3 del marzo no se sustentó en el artícul o 306, ni tampoco tiene na da que ver con él.  Las 
CE tampoco han allegado pruebas que así lo demuestren.  Al final de mi intervención, volveré a hacer 
referencia brevemente a este aspecto. 
2. Sr. Presidente, miembros del Grupo Esp ecial:  Estamos aquí reunidos porque las 
Comunidades Europeas ("CE") se encontraron en la  embarazosa situación de no dar cumplimiento a 
sus obligaciones de la OMC en la diferencia Bananos , siendo así el primer Miembro de la OMC que 
se encontró en esa situación (dudosa distinción qu e las CE desde entonces han repetido en otra 
diferencia).  La situación embarazosa de las CE se vio agravada por sus vigorosas afirmaciones de que 
habían cumplido y de que eran víctimas de acu saciones indebidas de incumplimiento, aseveraciones 
que juzgaron infundadas el árbitro previsto en el  artículo 22 y el Grupo Especial del párrafo 5 del 
artículo 21 en el asunto Bananos .  La respuesta de las CE ante esta situación ha sido entablar esta 
instancia a fin de continuar presentándose como ví ctima y defensora de los procedimientos de 
solución de diferencias.  Esa posic ión es notable, por cuanto fue la negativa de las CE de atenerse a 
esos procedimientos del ESD y su intento por "mani pularlos" con fines dilatorios lo que dio lugar 
justamente a la crisis que tuvieron ante sí los Miembros de la OMC este año.  Ahora, con la mira de 
convalidar sus propias tácticas dilatorias, las CE han recurrido a esos mismos procedimientos de 
solución de diferencias para impugna r la medida adoptada por los Estados Unidos el 3 de marzo. 
3. La medida adoptada por los Estados Unidos el 3 de marzo consistió en revisar la suficiencia 
de las fianzas que deben constituir los impor tadores en relación con ciertas importaciones 
provenientes de las CE.  Esa revisión tuvo por objeto  velar por que los Estados Unidos estuvieran en 
condiciones de percibir los derechos que pudiera au torizar el OSD, conforme a la normativa y a los 
plazos del ESD.  La medida adoptada por los Estados  Unidos el 3 de marzo fue compatible con los 
derechos y obligaciones de los Estados Unidos y, le jos de menoscabar, realzó la credibilidad de los 
procedimientos de solución de diferencias de la OMC a la luz de la obligación de las CE de haber 
puesto sus medidas de conformidad a partir del 1º  de enero de 1999 y a la luz del derecho de los 
Estados Unidos, al amparo del ESD, a que el árbitr o previsto en el artículo 22 adoptara una decisión 
no más tarde del 2 de marzo de 1999. 
El régimen de entrada de mercancías en los Estados Unidos y el riesgo creado por el 
incumplimiento de las CE 
4. En primer lugar, quisiera reseñar el funcionamiento del régimen aplicable en los Estados 
Unidos a la entrada de mercancí as.  Entendemos que las CE no impugnan ese régimen.  Conforme a 
lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994  -el Acuerdo de Valoración en Aduana-, los 
Estados Unidos han utilizado desde larga data un ré gimen de garantías que permite el pronto despacho 
a consumo de mercancías en los Estados Unidos.  En lugar de retener las mercancías durante los días, semanas o meses que puedan ser necesarios para c onfirmar la valoración o clasificación apropiada de 
un producto, o el cumplimiento por el importador  de todas las formalidades administrativas, el WT/DS165/R/Add.1 
Página 80  
 
Servicio de Aduanas de los Estados Unidos autori za el despacho a consumo virtualmente inmediato 
de las mercancías en los Estados Unidos -muchas veces en cuestión de horas-, siempre que el importador haya suministrado una información mí nima sobre el producto  importado y haya dado 
garantías, en la forma de un depósito en efectivo o de una fianza, de que paga rá los derechos y tasas 
que eventualmente adeude.  Esas garantías son ne cesarias para atender a los riesgos que asume el 
Servicio de Aduanas, que a partir de entonces deja de tener el control físico de las mercancías y, por 
lo tanto, no puede hacerse pago en ellas, de que en última instancia no se pague la cuantía total de 
derechos y tasas que se adeuden. 
5. El persistente incumplimiento de las CE de sus obligaciones en el marco de la OMC en la 
diferencia Bananos  y la circunstancia de que no hubiera dado una compensación adecuada 
significaron que las importaciones de las CE, cuan do se recibiera la autorización del OSD, podían 
estar sujetas a una suspensión de concesiones arance larias por valor de la anulación o el menoscabo 
de los beneficios de los Estados Unidos;  en ese caso, por lo tanto, las fianzas constituidas bien podían 
ser insuficientes.  Las CE, pues, crearon un ries go nuevo para los Estados Unidos en cuanto a la 
capacidad de éstos de recaudar la cuantía to tal de derechos que pudieran adeudarse. 
6. La revisión de la suficiencia de las fianzas, de  fecha 3 de marzo, tuvo por objeto atender a 
este riesgo.  Al aumentar los niveles de las fi anzas, los Estados Unidos no suspendieron ninguna 
concesión, no impusieron derechos ni prejuzgaron el valor total de las importaciones que podrían 
quedar sujetas a tipos más elevados de resultas de  la autorización del OSD.  Los Estados Unidos no 
decidieron aplicar derechos más elevados ni tampoco decidieron qué importaciones serían objeto de esos derechos, hasta que se recibió la autorización del OSD el 19 de abril de 1999.  Observamos, sin 
embargo, que dichas decisiones no figuran dentro  del mandato del presente Grupo Especial.  El 
mandato del Grupo Especial es examinar la medida  adoptada en una sola fecha, el 3 de marzo 
de 1999. 
La responsabilidad de las CE por su incumplimiento 
7. La decisión de los Estados Unidos de aumentar los niveles de las fianzas el 3 de marzo reflejó 
su intento por preservar su capacidad de aplicar cu alquier suspensión de las concesiones que el OSD 
autorizara a partir de esa fecha.  La elección de la  fecha se hizo de acuerdo con el calendario previsto 
en el ESD.  La fecha del 3 de marzo cayó 61 días después de la expiración del "plazo prudencial" de las CE para poner de conformidad sus medidas y es la  fecha después de los árbitros del párrafo 6 del 
artículo 22 debían, conforme a esa disposición, po ner fin a su labor respecto de si el nivel de 
suspensión propuesto era equivalente al nivel de la anulación o el menoscabo de los beneficios de los 
Estados Unidos. 
8. Aunque los Estados Unidos habían decidido que  no aplicarían ninguna suspensión autorizada 
por el OSD antes del 3 de marzo, la respon sabilidad de las CE por su anulación o menoscabo 
continuados de los beneficios de lo s Estados Unidos nació, en verdad, el 2 de enero, al día siguiente a 
la expiración del plazo prudencial.   Como se explicó en la comunicación de los Estados Unidos, el 
ESD tolera la anulación o el menoscabo en curso por un Miembro de los benefi cios de otro Miembro 
mientras duren las actuaciones del grupo especi al inicial y hasta que el OSD adopte sus 
recomendaciones y resoluciones, así como hasta el fin de un "plazo prudencial" para el cumplimiento cuando un Miembro no puede dar cumplimiento inmedi atamente a sus obligaciones.  Sin embargo, 
esta tolerancia termina cuando expira el plazo prud encial.  Como se explica en el párrafo 1 del 
artículo 22, se puede entonces recurrir a la suspensi ón de concesiones.  En verdad, poca lógica habría 
en establecer un "plazo prudencial" para el cumplimien to -y poco sentido tendría el requisito de que el 
Miembro estuviera en situación de cumplimiento al fin de ese plazo- si un Miembro tuviera derecho a persistir en su incumplimiento mucho después de e xpirar el plazo prudencial sin que ello le acarreara 
consecuencias.  La ausencia de esas consecuencias constituiría una invitación a emplear las mismas 
tácticas dilatorias que las CE emplear on con tal resultado en la diferencia Bananos .  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 81 
 
 
9. Como se expone con detalle en la comunicaci ón de los Estados Unidos, el historial de 
incumplimiento y demoras de las CE en relación c on su régimen de importaci ón de bananos data de 
muchos años, y persistió durante t odo el plazo prudencial (y, en verdad , persiste incluso hasta ahora, 
casi ocho meses después de conocidas las conclusiones del árbitro).  Las CE se negaron a celebrar 
consultas con los Estados Unidos y otras partes reclam antes antes de decidir sobre las revisiones de su 
régimen del banano, ignoraron las exp licaciones de las partes reclamante s respecto de la forma en que 
las revisiones seguirían siendo incompatibles con las obligaciones de las CE e impidieron la formación temprana de un grupo especial al amparo  del párrafo 5 del artícul o 21 para confirmar ese 
incumplimiento.  Seguidamente, las CE tomaron la ex traordinaria medida de tratar de obstaculizar la 
aprobación del orden del día de la reunión del OSD de  enero de 1999, en la cual se debía examinar la 
petición de los Estados Unidos de que se suspendieran las concesiones.  Tras demorar la aprobación 
del orden del día y la remisión de la  cuestión relativa al nivel de la suspensión al árbitro previsto en el 
párrafo 6 del artículo 22, las CE se negaron a res ponder a los argumentos de los Estados Unidos sobre 
su anulación y menoscabo continuados de los beneficios de los Estados  Unidos.  De resultas de ello, 
el grupo especial no pudo completar su cometido para el plazo del 2 de marzo determinado conforme 
al ESD. 
10. El esfuerzo dilatorio concertado de las CE pus o de manifiesto su falta de respeto por los 
procedimientos del ESD y por la admonición de  éste de que se busquen soluciones mutuamente 
satisfactorias, y amenazó con menoscabar la auto ridad y la credibilidad mismas del ESD.  Las 
medidas de las CE hicieron record ar sus esfuerzos, al amparo de l GATT de 1947, por obstruir las 
actuaciones del grupo especial contrarias a sus inte reses, e hicieron dudar a muchos de que los 
procedimientos de solución de diferencias de la OMC pudieran estar a la altura de su promesa inicial.  
La medida de los Estados Unidos de fecha 3 de marzo fue una respuesta contenida con el objeto de 
dejar en claro que las maniobras dilatorias de las CE no prosperarían.  Al asegurar que el Servicio de 
Aduanas de los Estados Unidos estuviera en cond iciones de percibir los derechos que el OSD 
autorizara a partir del 3 de marzo, se reafirmó que el nuevo régimen de  solución de diferencias de la 
OMC, a diferencia del antiguo régimen del GATT, no podía ser manipulado para evitar el 
cumplimiento o las consecuencias del incumplimiento. 
11. Quisiera ahora referirme también a varios error es contenidos en la intervención oral de las 
CE.  Primero, como se dijo antes, la medida de l 3 de marzo no aumentó los derechos sobre productos 
provenientes de las CE.  Las CE dicen en el párrafo 6 a) de su intervención oral que, de resultas de la medida del 3 de marzo, el importa dor debía pagar el derecho aumenta do (prohibitivo) al tiempo de la 
liquidación de la deuda aduanera.  Esta aseveración es sencillamente incorrecta.   Los Estados Unidos 
no exigieron derechos adicionales sobre las mercancías importadas hasta el 19 de abril, tras recibirse la autorización del OSD.  Análogamente, en el párra fo 6 c), las CE afirman incorrectamente que la 
medida del 3 de marzo impidió la liquidación inmediat a de las deudas aduaneras.  La medida del 3 de 
marzo no incidió en modo alguno en la oportunidad de la liquidación.  Conforme al derecho 
norteamericano, no existe un derecho a la liquidación inmediata.  El ciclo ordinario de liquidación del 
Servicio de Aduanas es de 314 dí as, y los importadores no habrían r ecibido la liquidación antes de ese 
ciclo. 
12. Las CE, además, en diversos puntos de su in tervención, hacen alegaciones respecto de la 
relación entre el párrafo 5 del artículo 21 y el artíc ulo 22 del ESD.  Pido al Grupo Especial que, como 
lo han hecho todos los grupos especiales y árbitros an teriores y el Consejo General, se abstenga de 
hacer suyo la errónea tesis de las CE respecto de la relación entre el párrafo 5 del artículo 21 y el 
artículo 22 del ESD.  Con mucho gusto responderé a l as respuestas que el Grupo Especial pueda tener 
respecto de los ejemplos específicos citados en la intervención de las CE.  Por último, con respecto al 
artículo 301, quiero reiterar el punto antes señalado de  que ni esta disposición ni otras disposiciones 
de la legislación conexa sirvier on de fundamento a la medida del 3 de marzo.  Me sorprende que 
aparentemente las CE digan que conocen mejor que lo s Estados Unidos el fundamento jurídico de los 
actos jurídicos internos de este país.  Además, l as CE persisten en varias interpretaciones erróneas 
relativas al artículo 301, cosa que llena de asombro cuando se tiene en cuenta la circunstancia de que WT/DS165/R/Add.1 
Página 82  
 
acabamos de concluir un largo proceso en el Grupo Especial en el cual se abordaron in extenso los 
detalles relativos a la aplicación de esta ley.  El informe de ese Grupo Especial se publicará en breve. 
Conclusión 
13. Las CE aseveran atinadamente que la presente  diferencia pone en juego la autoridad y 
credibilidad del régimen de solución de diferenc ias de la OMC y las medidas de un Miembro que 
menoscabaron esa autoridad.  Ese Miembro son las CE.  El Grupo Especial debiera rechazar la 
tentativa de las CE por obtener, mediante este procedimiento, la convalidación de sus esfuerzos por 
demorar y obstruir el funcionamiento del ESD. 
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 Página 83 
 
 
Apéndice 2.3 
Observaciones finales de los Estados Unidos 
en la primera reunión sustantiva 
(17 de diciembre de 1999) 
 
 
1. Señor Presidente, miembros del Grupo Especia l:  no recapitularé, nuevamente, la larga serie 
de medidas por conducto de las cuales las CE han manifestado su falta de respeto por los procedimientos de solución de diferencias de la OM C;  sólo diré que no condice con su actual tesitura 
de defensoras del ESD. 
2. Dicho esto, deseo aclarar nuevamente la naturaleza precisa de la medida adoptada el 3 de 
marzo de 1999.  Esa medida consistió exclusivamente  en revisar los requisitos en materia de fianzas 
aplicables a ciertas importaciones de las CE.  Nada más.  La medida por sí misma no impuso derechos a esas importaciones.  No se adoptó ninguna medida a ese respecto hasta el 19 de abril. 
3. Tomamos nota de que las CE, en la intervención final que acaban de hacer, por primera vez se 
plantearon la cuestión relativa al mandato del pr esente Grupo Especial.  Estoy leyendo ahora la 
solicitud de las CE respecto del establecimiento de un grupo especial, y en dicha solicitud se indicó 
que la medida en cuestión era la decisión, efectiva del 3 de marzo de 1999, relativa a la suspensión de 
la liquidación, las obligaciones contingentes y los requis itos en materia de fianzas.  En otras palabras, 
eso es lo que las CE interpretaron que era la medida adoptada el 3 de marzo de 1999.  Dado que 
las CE plantean esta cuestión en relación con el ma ndato en esta fase tan avanzada del procedimiento, 
acaso tengamos que volver al Grupo Especial para que éste dicte una resolución preliminar. 
4. Muchas gracias. 
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Apéndice 2.4 
Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas 
del Grupo Especial y de las Partes 
(13 de enero de 2000) 
Pregunta 1 
 En la hipótesis de que el 4 de marzo de  1999 un importador hubiera deseado declarar a 
consumo ante la Aduana de los Estados Unidos un a tonelada de "Papel y cartón fieltro y papel y 
cartón lana, sin estucar ni recubrir, en bobinas o en hojas" (Arancel de Aduanas Armonizado 
de los Estados Unidos 4805 50 00), proveniente de Suiza, ¿cuál habría sido su obligación de pago 
de derechos por esa importación en esa fech a? ¿Cuál sería la respuesta si ese producto se 
hubiera originado en las CE? 
1. La obligación de pago de de rechos se habría basado en la franquicia arancelaria, con 
prescindencia de que el producto tuviera su orig en en Suiza o en un Estado miembro de las CE. 
Pregunta 2 
 En la hipótesis de que el 4 de marzo de  1999 un importador hubiera deseado declarar a 
consumo ante la Aduana de los Estados Unidos una tonelada de "Galletas dulces;  'gaufres' o 
'waffles', barquillos y obleas" (Arancel de Aduanas Armonizado de los Estados 
Unidos 1905 30 00), proveniente de Suiza, ¿qué  requisitos se habrían exigido en esa fecha 
(en particular en cuanto a la suma por garanti zar) en relación con la constitución de una 
garantía (fianza) respecto de una importación individual o en cuanto a la constitución de una garantía general (fianza continuada)?  ¿Cuál sería la respuesta si la situación se hubiera 
planteado en relación con el mismo producto proveniente de las CE? 
2. En la hipótesis de que se hubiera presentado una declaración oficial de importación de una 
mercancía, se habría exigido la  constitución de una fianza.  La fianza se podría haber instrumentado 
mediante una garantía o mediante un depósito en ef ectivo en lugar de una garantía.  La fianza podría 
haber sido una fianza continuada o una fianza única por transacción. 
3. El importador del producto de or igen suizo habría debido constituir: 
 a) o bien una fianza única por transacción igual a tres veces el valor declarado de la 
mercancía; 
 b) o bien una fianza continuada igual al 10 por ciento de los derechos, impuestos y tasas 
pagados por el importador designado por to dos los productos importados durante el 
año civil anterior a la fecha de la solicitud de fianza, pero en t odo caso de valor no 
inferior a 50.000 dólares EE.UU. 
4. El importador de esas mercancías originari as de un Estado miembro de las Comunidades 
Europeas que no estuvieran enumeradas en la instrucción del Servicio de Aduanas
140 habría estado 
sujeto a los requisitos enumerados supra .  El importador de esas mercancías enumeradas habría 
debido constituir: 
 a) o bien una fianza única por transacción igual a tres veces el valor declarado de la 
mercancía; 
                                                      
140 Véanse  la Prueba documental 7 de los Estados Unidos y el anexo VIII de las CE.  WT/DS165/R/Add.1 
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 b) o bien una fianza continuada igual al  10 por ciento del valor declarado de la 
mercancía abarcada que el importador hubiera importado durante el año anterior. 
5. La cuantía de la fianza única por tran sacción en relación con el producto mencionado supra  
hubiera triplicado el valor declarado porque éste est aba sujeto a otros requisitos dimanantes de la 
Administración de Productos Alimenticios y Farmacéutic os de los Estados Uni dos relacionados con la 
salud pública o la seguridad.  Respecto de las me rcancías que no hubieran estado sujetas a esos 
requisitos se habría exigido la constitución de una fianza única por transacción, a saber: 
 producto no enumerado en la lista :  una fianza única por transacción igual al valor declarado 
de la mercancía, más los derechos, impuestos y tasas de entrada; 
 producto enumerado en la lista :  una fianza única por transacción igual al valor declarado de 
la mercancía. 
Pregunta 3  
 ¿En qué fecha, conforme al derecho aduan ero de los Estados Unidos, nace la deuda 
aduanera (a fin de determinar el derecho ap licable a las importaciones de un producto)? 
 - ¿En la fecha de la importación física? 
 - ¿En la fecha de liquidación final de la deuda aduanera? 
 - ¿O en otra fecha? 
6. La obligación del pago de derechos se origin a en el momento en que las mercancías llegan en 
un buque a un puerto aduanero y existe  el intento de descargar las mercancías en ese puerto, o, si la 
llegada se produce por un medio distinto de un buque, en el momento de llegada al territorio aduanero 
de los Estados Unidos.  El tipo de derecho aplic able es el correspondiente a la fecha en que la 
mercancía fue declarada a consumo o en que se autori zó el transporte inmediato de los productos de 
un puerto de los Estados Unidos a otro (de modo que  la documentación aduanera pueda presentarse en 
este último puerto). 
Pregunta 4  
 ¿Qué práctica sigue a este respecto el Servicio  de Aduanas de los Estados Unidos en el 
caso de que un derecho disminuya en el curso del tiempo de resultas, por ejemplo, de las 
obligaciones asumidas por los Estados Unidos en virtud de un Acuerdo de la OMC?  ¿Sigue el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos una pr áctica distinta en el caso de un derecho que 
aumente en el curso del tiempo de resultas, po r ejemplo, de una medida adoptada por los 
Estados Unidos para dar efecto a un instrumento de defensa comercial? 
7. Como se indicó en el párrafo anterior, el derecho que en última instancia se paga es el 
aplicable en la fecha de entrada.  Por lo tanto, carece de importancia que el  derecho pueda disminuir 
en alguna fecha posterior a ésa, salvo que la reducci ón hubiera entrado en vigor en esa fecha o antes 
de ella.  La práctica no sería distinta en  el caso de un aumento de los derechos. 
Pregunta 5  
 A la luz de las respuestas a las preguntas  anteriores, ¿pueden los Estados Unidos 
explicar el significado de la afirmación que hicieron en su Intervención oral del 16 de diciembre 
de 1999 (párrafos 3, 4 y 5), en la que inicialmente se refieren a "los derechos que eventualmente [se adeuden]" de resultas del "riesgo creado por el  incumplimiento de las CE", para decir luego 
que "[l]a revisión de la suficiencia de las fianzas, de fecha 3 de marzo, tuvo por objeto atender a este riesgo"?  ¿En qué consistía ese "posible riesgo" el 3 de marzo de 1999? WT/DS165/R/Add.1 
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8. Como se explicó en la Primera comunicación de los Estados Unidos, en los párrafos 37 a 42, 
y en la Intervención oral de los Es tados Unidos, en los párrafos 7 y 8,  la responsabilidad de las CE por 
la circunstancia de que no corrigieron su medida  al término del plazo prudencial comenzó en esa 
fecha.  La circunstancia de que las CE no dier an cumplimiento a las recomendaciones y resoluciones 
del OSD significó que las importaciones de los Esta dos miembros de las CE en los Estados Unidos 
con posterioridad a esa fecha podían estar sujetas a la aplicación de derechos superiores a los tipos 
consolidados, sujeta a la confirmación del árbitr o previsto en el artículo 22 y a la autorización 
del OSD.  Existía el riesgo de que el árbitro, como  ocurrió, confirmara que el nivel de la anulación o 
el menoscabo era superior a cero (esto es, que las CE estaban incumpliendo sus obligaciones) y de que el OSD, en consecuencia, auto rizara la suspensión de las concesi ones.  Desde la perspectiva del 
Servicio de Aduanas de los Estados Unidos, el riesgo resultante era que las fianzas correspondientes a 
las mercancías entradas en el país a partir del 3 de marzo fueran insuficientes para sufragar los 
derechos más elevados (100 por ciento ad valorem ) que se adeudarían de autorizarse la suspensión en 
la eventualidad de que sus importadores no pagara n los derechos adicionales al tiempo de la 
liquidación.  Los Estados Unidos aumentaron los re quisitos en materia de fianzas para asegurarse de 
que esos derechos, si los hubiera, pudieran percibirse. 
Pregunta 6 
 En la hipótesis ad arguendo  de que existiera ese riesgo, ¿en qué fundamento se 
sustentaron los Estados Unidos para tomar medi das a partir del 3 de marzo de 1999 en ausencia 
de una determinación multilateral sobre el rég imen revisado de las CE para el banano? 
9. La medida se fundó en la necesidad de vela r por que pudieran percibirse todos los derechos 
correspondientes a mercancías importadas que hubier an sido despachadas a consumo en los Estados 
Unidos y que, por lo tanto, estarían fuera del co ntrol físico del Servicio de Aduanas.  Las CE 
presumiblemente no hubieran deseado que la Adua na retuviera las mercan cías hasta que hubieran 
concluido los procedimientos del artícul o 22 que estaban tratando de demorar. 
10. Como se dijo antes
141, los requisitos de fianzas revisados no impusieron, en realidad, derechos 
más elevados.  La medida de los Estados Unidos  que impuso derechos más elevados se adoptó el 
19 de abril de 1999, tras la determinación multila teral del árbitro y la autorización multilateral 
del OSD.  En ausencia de la determinación del árb itro, de la autorización del OSD y de la medida 
adoptada por los Estados Unidos el 19 de abril, lo s derechos que hubieran debido pagarse respecto de 
cada una de las importaciones sujetas al régimen revi sado de fianzas se habría n calculado al tipo NMF 
aplicado.  En consecuencia, las CE afirman incorrect amente que la medida del 3 de marzo privó a los 
importadores del derecho de importar me rcancías a los tipos consolidados.142 
Pregunta 7  
 ¿Es la retención de la suspensión de liquidaci ón (incluido el requisito de la fianza) una 
suspensión de concesiones u otras ob ligaciones en el contexto del ESD? 
11. Queremos hacer, nuevamente, hincapié en que la única medida adoptada el 3 de marzo fue la 
modificación de los requisitos de fianza aplicables a ciertas importaciones.  Como señalamos en el 
párrafo 34 de la Primera comunicación de los Esta dos Unidos, no se adoptó medida alguna en relación 
con la "retención" o "suspensión" de la liquidación, pese a las declaraciones de prensa respecto de este 
punto.  Las importaciones declaradas el 3 de ma rzo y a partir de esa fecha estuvieron sujetas a 
                                                      
141 Véanse  Primera comunicación de los Estados Unidos, pá rrafos 31 y 45, e Interv ención oral de los 
Estados Unidos, párrafo 6. 
 
142 Véase  Intervención oral de las CE, párrafo 7. 
  WT/DS165/R/Add.1 
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exactamente el mismo ciclo de liquidación que las declaradas antes del 3 de marzo, esto es, debían liquidarse entre 314 días y 1 año de la declaración.
143  El ciclo ordinario de liquidación de 314 días da 
tiempo suficiente para que se reúna toda la info rmación relacionada con las mercancías declaradas 
(análisis y resultados de las pruebas, presentaci ón por los importadores de información corregida o 
suplementaria y verificación de las informaciones)  y para que se pueda hacer una determinación 
apropiada del valor y la clasificación de la mercancía declarada.  El ciclo ordinario de liquidación de 
314 días que se usa en los Estados Unidos no está de ntro del mandato de la presente diferencia.144 
12. Análogamente, los requisitos ordinarios de fi anza en relación con los regímenes de garantías 
tampoco figura dentro del mandato de  la presente diferencia.  Esos requisitos de fianza se aplicaron a 
las mercancías importadas antes y después del 3 de  marzo de 1999.  Eran aplicables, y continúan 
siendo aplicables, a toda  importación comercial oficial de mercancías en los Estados Unidos, con 
prescindencia de su origen.  El artículo 13 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994  -el "Acuerdo sobre Valoración en 
Aduana"- contempla específicamen te el uso de regímenes de ga rantías que permitan el despacho 
anticipado de las mercancías.145  La alternativa al régimen de gara ntías de los Estados Unidos sería un 
método mucho más restrictivo del comercio que consis tiría en retener la mercancía por el número de 
días, semanas o meses necesarios para confirmar la valoración o clasificación apropiada de un producto o la observancia por el importador de todas las formalidades administrativas. 
13. En la primera reunión sustantiva del Grupo Esp ecial, las CE por primera vez cuestionaron el 
ámbito del mandato del Grupo Especial.  Los Esta dos Unidos tomaron nota de esa circunstancia y 
señalaron que la única medida dentro del mandato de la presente diferencia era la adoptada el 3 de 
marzo
146:  la modificación de los requisitos de fianzas aplicables a ciertos productos originarios de los 
Estados miembros de las CE.  Como se dice en la Primera comunicación de los Estados Unidos y en la Intervención oral de los Estados Unidos, las CE no han cumplido su obligación de demostrar que 
esa medida constituye una suspensión de concesione s u otras obligaciones en el contexto del ESD. 
Pregunta 8 
 ¿Qué repercusión tiene sobre el comerci o y los comerciantes involucrados en una 
suspensión de la liquidación (incluidos los requisitos en materia de fianzas)? 
                                                     
 
143 Véase  el Memorando, de fecha 26 de mayo de 1997, expediente ENT-1 FO:TC:C:E AD, dirigido a 
todos los interesados, en http://www.cebb.customs.t reas.gov/public/cgi/cebb.exe?mode=fi&area=13&name= 
T-ENTRY5.TXT (Prueba documental 2 de los Estados Unidos). 
 
144 Si bien la expresión "r etención de la liquidación" carece de si gnificación jurídica en la legislación de 
los Estados Unidos, la "suspensión de la liquidación" es un término de técnica legislativa que se refiere al 
retraso de la liquidación por más de un año en virtud de ley o decisión judicial.  El derecho de los Estados Unidos prevé también una "prórroga de la liquidación" por más de un año, por decisión de la Aduana, bien por 
propia iniciativa de ésta o bien a petición del importador, a fin de obtener la información faltante sobre la 
valoración o clasificación o para velar por que el impor tador se conforme al derecho aplicable.  La medida 
adoptada por los Estados Unidos el 3 de marzo no fue ni una "prórroga" ni una "suspensión". 
 
145 Análogamente, el Convenio de Ky oto para la Simplificación y Arm onización de los Procedimientos 
Aduaneros estipula que las autoridades aduaneras podrán exigir a los importadores que constituyan garantías 
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones con la aduana y que podrán condicionar el despacho a 
consumo a la constitución de garantías a fin de asegurar la percepción de los derechos de importación e 
impuestos adicionales que pudieran resultar aplicable s.  Convenio de Kyoto para la Simplificación y 
Armonización de los Procedimientos Aduaneros (hecho en Kyoto el 18 de mayo de 1973;  entró en vigor el 
25 de septiembre de 1974), anexo B.1, 59-61 (sobre el despacho a consumo de las mercancías). 
 
146 El Servicio de Aduanas hizo efectiva esa medida a partir del 4 de marzo de 1999. 
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14. Cabe repetir que no hubo "suspe nsión de la liquidación" el 3 de marzo de 1999.  Para elucidar 
mejor el régimen de los Estados Unidos, cabe d ecir que las mercancías importadas no se liquidan de 
ordinario antes de transcurridos 314 días de la fech a de entrada, aunque por ley deben ser liquidadas 
dentro del año de la fecha de entrada, salvo que  la liquidación sea "prorrogada" o "suspendida".  Por 
ejemplo, habría suspensión de la liquidación si se estuviera incoando un procedimiento antidumping 
en el cual los derechos antidumping finales no se pu dieran calcular y determinar dentro del año de 
entrada la mercancía.  Habría prórroga, por ejemplo, para obtener la información necesaria sobre la clasificación o valoración. 
15. En consecuencia, como no hubo "suspensión de la liquidación", ta mpoco hubo repercusión 
sobre el comercio y los comerciantes a causa de esa suspensión.  Sin embargo, los Estados Unidos 
señalan que, los efectos de las reclamaciones que se litiga en la presente diferencia, la repercusión 
sobre el comercio y los comerciantes no constituye  un factor para determinar si ha habido o no 
infracción.  Los Estados Unidos señalan, además, que , como se dijo en la respuesta a la pregunta 
anterior, el uso de un régimen de garantías y fianzas es un factor que facilita el comercio, pues permite el pronto despacho de mercancí as al consumo en los Estados Unidos. 
Pregunta 9  ¿Cuál es el nexo jurídico entre la fecha de  evaluación de la anulación dimanante del 
incumplimiento por las CE de la s recomendaciones en el asunto Bananos III  y la necesidad de 
estar en condiciones de suspender concesiones a partir del 3 de marzo de 1999? 
16. Como se explicó en los párrafos 39 a 42 de la Primera comunicación de los Estados Unidos, 
la responsabilidad de un Miembro por su incu mplimiento de las recomendaciones y resoluciones 
del OSD dentro del "plazo prudencial" nace en esa fecha.  El párrafo 1 del artículo 22 del ESD es 
claro.  Autoriza la suspensión de concesiones y otras obligaciones "en caso de que no se apliquen en 
un plazo prudencial las recomendaciones y resoluciones adoptadas [por el OSD]".  El objeto del plazo prudencial -dar un período de gracia para que un  Miembro pueda poner sus medidas de conformidad 
con sus obligaciones sin incurrir en consecuenci as- en su enunciado mismo implica que las 
consecuencias del incumplimiento nacen a la c onclusión de ese plazo.  Denegar un recurso a un 
Miembro cuando otro Miembro no ha puesto sus medidas de conformidad con sus obligaciones al fin del plazo cautelar sería alterar el equilibrio de der echos y obligaciones en el contexto de la OMC.  
Además, el requisito de que un Miembro ponga una medida en conformidad con los acuerdos 
abarcados al fin del plazo prudencial carecería de  todo significado si, en verdad, un Miembro pudiera 
persistir en su infracción sin incurrir en consecuenci as.  Esa interpretación de los requisitos del ESD 
sería contraria al propósito mismo del ESD, esto es , "preservar los derechos y obligaciones de los 
Miembros en el marco de los acuerdos abarcados"
147, pues los Miembros se inclinarían entonces a 
seguir la iniciativa de las CE de retrasar los proced imientos del ESD relativos a la autorización de la 
suspensión de concesiones por el OSD.148 
17. Otro elemento contextual que sustenta la conclusión de que la responsabilidad de un Miembro 
por el incumplimiento nace a la expiración del pl azo prudencial es la circunstancia de que la 
compensación al amparo del párrafo 2 del artículo 22 es un recurso que está disponible inmediatamente después de la expiración del plazo  prudencial.  El párrafo  2 del artículo 22 dispone 
que las negociaciones sobre compensación han de comenzar no más tarde  de la expiración del plazo 
prudencial.  Poca lógica tendría que hubiera una re sponsabilidad inmediata por el incumplimiento en 
el caso de la compensación, pero no de la susp ensión de concesiones.  Además, esa distinción en 
                                                     
 
147 Párrafo 2 del artículo 3 del ESD. 
 
148 Véanse  Primera comunicación de los Estados Unidos , párrafos 24 a 27 y 43, y WT/DSB/M/54, 
párrafos 3 a 10.  WT/DS165/R/Add.1 
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cuanto al momento en que nace la  responsabilidad constituiría un fuer te desincentivo a la consecución 
del recurso mutuamente convenido de la compens ación, y sería otro aliciente para el retraso. 
18. La intención de los Estados Unidos de aplicar la suspensión de las concesiones autorizada por 
el OSD a partir del 3 de marzo de 1999 se ha de in terpretar a la luz de la responsabilidad jurídica de 
las CE por su incumplimiento en el asunto Bananos  que nació a partir del 2 de enero de 1999.  No 
obstante esta responsabilidad jurídi ca, los Estados Unidos tuvieron la intención de aplicar la 
suspensión sólo después de la fecha para la cual el ESD exigía que el árbitro previsto en el artículo 22 
concluyera su cometido, esto  es, el 2 de marzo de 1999.149  La medida del 3 de marzo de modificar las 
cuantías de las fianzas fue una respuesta al largo hist orial de retrasos de las CE, incluido el retraso de 
los procedimientos del artículo 22, y puso a lo s Estados Unidos en condiciones de suspender las 
concesiones a partir de esa fecha de acuerdo con sus derechos una vez que se obtuviera la autorización 
del OSD. 
Respuesta general a las preguntas 10 a 16 
19. Las preguntas 10 a 16 se refieren, en general, a los procedimientos aplicables en el contexto 
del párrafo 5 del artículo 21 y del artículo 22 de l ESD.  Estas cuestiones no guardan una relación 
directa con la presente diferencia, pues ya se ha  determinado conforme a esas disposiciones que 
las CE, en verdad, habían incumplido las recome ndaciones y resoluciones del OSD, del mismo modo 
que el árbitro ya ha decidido que el nivel de la suspensión propuesto por los Estados Unidos, en 
calidad de respuesta, era equivalente al nivel de la anulación o el menoscabo.  Dicho en esos términos, 
la meta de las CE respecto de la  reclamación del párrafo 5 del artíc ulo 21 es aparente:  volver a litigar 
un asunto que perdió ante otros grupos especiales, a saber, la cuestión relativa a saber si esos grupos 
especiales tenían jurisdicción conforme al ESD para examinar cuestiones relacionadas con el nivel de 
suspensión de concesiones sin convocar al grupo espec ial previsto en el párrafo 5 del artículo 21. 
20. El Grupo Especial debe recono cer que la consecuencia de aceptar el argumento de las CE de 
que la constitución del grupo especial previsto en el  párrafo 5 del artículo 21 es un requisito previo a 
la petición de suspensión de concesiones al amparo  del artículo 22 equivaldrí a a determinar que el 
procedimiento del párrafo 6 del artículo 22 en el asunto Bananos , y la suspensión de concesiones 
autorizada por el OSD en dicho caso, eran ilegítimos e ilegales, en violación de las normas del ESD.  Las CE, en su Intervención oral, opinan que el Grupo Especial no está obligado a examinar la labor de 
otros órganos establecidos por el OSD en el c ontexto de otro procedimiento de solución de 
diferencias.
150  Las CE, pues, alientan al Grupo Especial a que ignore el razonamiento y las 
conclusiones del árbitro y los miembros del Grupo Especial en el asunto Bananos  y a que, innecesaria 
e incorrectamente, haga determinaciones contrarias a las de esos órganos.  En otras palabras, las CE 
piden al Grupo Especial que haga causa común con ellas para expresar su falta de respeto por el 
árbitro en el asunto Bananos y sus decisiones, y por la suspensión de concesiones aprobada por 
el OSD que se sustentó en esas decisiones.  Esta ac titud ejemplifica la indiferencia de las CE por la 
repercusión de sus medidas y posici ones sobre la integridad del régime n de solución de diferencias en 
todas las actuaciones relacionadas con el asunto Bananos , actitud que se refleja en la negativa de 
las CE a celebrar consultas con las partes reclamantes, en su negativa a que se vuelva a convocar al grupo especial previsto en el párrafo 5 del artículo 21 y en sus empeños por obstruir el orden del día 
de una reunión del OSD.
151 
                                                      
149 Véase  Primera comunicación de los Estados Unidos, pá rrafos 37 y 44.  Los Estados Unidos, claro 
está, tienen derecho a demorar la aplicación de la suspensi ón de concesiones hasta la fecha ulterior que sea más 
apropiada, por ejemplo, para dar una notificación anticipada a sus importa dores de la posible modificación. 
 
150 Intervención oral de las CE, párrafo 3. 
 
151 Véase  Primera comunicación de los Estados Unidos, párrafos 18 a 27. 
 WT/DS165/R/Add.1 
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21. La extrema sensibilidad de la relación entr e el párrafo 5 del artículo 21 y el artículo 22 
del ESD es evidente cuando se examinan las cons tancias de las deliberaciones del OSD sobre este 
tema durante el período prudencial y en  el contexto del examen del ESD.
152  La confusión derivada de 
la imposibilidad de realizar el procedimiento de  90 días previsto en el párrafo 5 del artículo 21153 
dentro de los plazos para solicitar la suspensión (30 días contados a partir de la expiración del período 
prudencial) y para el arbitraje sobre la cuantía de  la suspensión (60 días desde la expiración del plazo 
prudencial) ha llevado a los Miembros a la conclu sión de que el párrafo 5 del artículo 21 debiera 
suprimirse y redactarse nuevamente en su totalidad.154 
22. Como los Estados Unidos señalaron en la nota 49 de su Primera comunicación, el Grupo 
Especial no podrá examinar la cuestión de la relaci ón entre el párrafo 5 del artículo 21 y el artículo 22, 
porque si lo hiciera se sustituiría a las negociacion es en curso respecto del examen del ESD y obraría 
en menoscabo de los derechos de todos  los Miembros de la OMC (y no sólo de los de las partes en 
una diferencia) a negociar el e quilibrio de derechos y obligaciones en virtud del Acuerdo sobre 
la OMC.  Sólo los Miembros pueden enmendar el ES D o adoptar interpretaciones de él (párrafo 2 del 
artículo IX y artículo X del Acuer do sobre la OMC), y los grupos especiales no pueden ni aumentar ni 
disminuir los derechos y obligaciones previstos en lo s acuerdos abarcados (párrafo 2 de los artículos 3 
y 19 del ESD).  Adoptar la posición de las CE en la presente diferencia cons tituiría efectivamente una 
enmienda del artículo 22 del ESD, pues eliminaría la  aplicación de la regla del consenso negativo a 
                                                      
152 La relación entre el párrafo 5 del artículo 21 y el artículo 22 ha sido objeto de una amplia 
deliberación entre los Miembros de la OMC.  Los Miembros reconocen, en general, que la relación entre los artículos 21 y 22 requiere una elucidación adicional.  Véanse, por ejemplo , Examen del ESD, documento de 
debate presentado por las Comunidades Europeas (30 de junio de 1999), documento Nº 3864 (en el que se 
reconoce que "algunos otros Miembros han interpretado" los artículos 21, 22 y 23 en forma diferente que las CE y en que se proponen principios para aclarar y exponer en detalle esos artículos);  Examen del Entendimiento 
sobre Solución de Diferencias (ESD), nota de la Secret aría, compilación de las observaciones formuladas por los 
Miembros - Rev.3 (12 de diciembre de 1998) (párrafo  296 - Australia señala que los procedimientos de 
aplicación carecen de claridad;  párr afo 298 - Guatemala sugiere que los procedimientos del párrafo 5 del 
artículo 21 debieran incluir expresamen te la autorización de aplicar medida s de retorsión para aclarar que dos 
procedimientos son innecesario s;  párrafos 306 a 316 - en los cuales se  expresan diversas opiniones respecto del 
artículo 22;  párrafo 316 - Singapur observa que el párrafo 5 del artículo 21 no incluye una moratoria de la 
suspensión de concesiones hasta la conclusión de procedimientos como la prevista en el párrafo 6 del artículo 22, y sugiere que se incluya esa moratoria);  Ex amen del ESD, Resumen elabor ado por el Presidente de 
la reunión informal que el OSD celebró el 16 de marzo de 1999 (22 de marzo de 1999), documento Nº 1660 
(que resume el debate sobre cuestiones relacionadas con los artículos 21 y 22 y las presunciones en los procedimientos del párrafo 5 del artículo 21 y del artículo 22, incluidas declaraciones de los Miembros en el 
sentido de que debería modificarse el  artículo 22 para hacer referencia a la terminación de las actuaciones 
previstas en el párrafo 5 del artículo 21 en lugar de la expiración del plazo prudencial (párrafo 19));  Examen del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias, Resumen 
hecho por el Presidente de la reunión informal que el OSD celebró el 19 de mayo de 1999 (25 de mayo 
de 1999), documento Nº 2957 (en el cual se observa que "[a]lgunos Miembros expresaron la opinión de que las recientes dificultades encontradas con respecto a la aplicación y la suspensi ón de concesiones se debían, en 
parte, a la falta de claridad de la redacción actual del ESD" y que se habían hecho propuestas de que se 
suprimiera el párrafo 5 del artículo 21 del ESD y se lo reemplazara);  Examen del Entendimiento relativo a las 
normas y procedimientos por los que se rige la soluci ón de diferencias, Proyecto de  propuesta sobre aplicación 
(8 de junio de 1999), documento Nº 3276 (recopilación de propuestas formales e informales relativas a las 
disposiciones sobre aplicación).  Véase, también , Acta de la Reunión del Consejo General celebrada el 8 de 
marzo de 1999 (WT/GC/M/37) (el Director General dijo que existía "diferentes interpretaciones de los 
elementos que han de tenerse en cuenta al aplicar medi das compensatorias -la cuestión relativa al párrafo 5 del 
artículo 21 y el artículo 22 …"). 
 
153 Las CE añadirían a estos 90 días otros 60 días para celebrar consultas. 
 
154 Véase Propuesta de modificación del Entendimiento sobre Solución de Diferencias, WT/MIN(99)/8 
(22 de noviembre de 1999) (Prueba documental 3 de los Estados Unidos). 
  WT/DS165/R/Add.1 
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las solicitudes de suspensión de concesiones y dismi nuiría los derechos que caben a los Miembros en 
virtud del texto actual del artículo 22 del ESD, para  beneficiarse tanto de la regla del consenso 
negativo como de una decisión sobre el nivel de la suspensión en fecha tan temprana como los 60 días 
siguientes a la expiración del plazo prudencial.  Los Miembros bien pueden todavía convenir en 
prorrogar los plazos correspondientes a las decisiones ar bitrales sobre el nivel de la suspensión y a la 
autorización de suspensión, pero ello debe hacers e por conducto de una enmienda del ESD convenida 
por todos los Miembros, y no por medio de l as actuaciones de un grupo especial establecido a 
instancia de un solo Miembro. 
23. No sólo el árbitro y los grupos especiales del párrafo 5 del artículo 21 en relación con el 
asunto Bananos , sino también el Grupo Especial sobre los  Artículos 301 a 310 , reconocieron que en 
el examen del ESD se aborda la cuestión de la relación entre el párrafo 5 del artículo 21 y el 
artículo 22.155  Al igual que el Grupo Especial sobre los Artículos 301 a 310 , el presente Grupo 
Especial no tiene necesidad de examinar la cuestión de  la relación entre el párrafo 5 del artículo 21 y 
el artículo 22.  Las CE aducen que la medida del 3 de marzo es incompatib le con el párrafo 5 del 
artículo 21.  Las CE no han atinado a explicar, si n embargo, en qué forma la modificación de los 
requisitos en materia de fianzas pueden ser incomp atibles con una disposición que se refiere a los 
procedimientos de solución de diferencias a los que se puede recurrir cuando existe una discrepancia 
sobre la aplicación.  Las CE no han demostrado, ni pueden tampoco demostrar, que la medida 
(la modificación de los requisitos en materia de fian zas) es incompatible con una obligación prevista 
en el párrafo 5 del artículo 21.  No existe, sen cillamente, ningún nexo plausible a ese respecto. 
Pregunta 10 
 ¿Se presume que una nueva medida (una medida de aplicación) es compatible o 
incompatible con las obligaciones de la OMC desp ués del plazo prudencial?  ¿Cuál de las partes 
corre con la carga tras el plazo prudencial de probar la compatibilidad (o incompatibilidad) de una medida con las disposiciones de la OMC?  ¿Es correcto decir que la parte perdedora pasa a 
ser responsable a la expiración del plazo pr udencial?  En ese caso, ¿responsable por qué? 
24. Por las razones descritas en la respuesta a la pregunta 9 y en la Primera comunicación de los 
Estados Unidos, es correcto decir que la parte pe rdedora es responsable a la expiración del plazo 
prudencial si no ha cumplido con las recomendaciones y resoluciones del OSD.  Es responsable por la 
anulación o el menoscabo continuados de los benefici os de la parte reclamante al amparo de los 
acuerdos abarcados.  El artículo 22 prevé la comp ensación o suspensión de concesiones por la cuantía 
de esa responsabilidad. 
25. El concepto de una "pres unción" de compatibilidad o incompatibilidad de la aplicación por 
parte de un Miembro no está previsto en el ESD, y es innecesario para la resolución de cuestiones vinculadas con la suspensión de concesiones tras el pl azo prudencial.  Al expirar el plazo prudencial, 
el Miembro reclamante tiene derecho a solicitar la autorización del OSD para la suspensión de concesiones conforme al párrafo 2 del artículo 22 si estima que el Miembro que ha de aplicar las 
                                                     
 
155 Véanse  Informe del Grupo Especial encargado de ex aminar el asunto "Comunidades Europeas - 
Régimen para la importación, venta y distribución de bananos - Recurso al párrafo 5 del artículo 21 por las 
Comunidades Europeas", WT/DS27/RW/EEC, párrafo 4.17 (12 de abril de 1999) (el Grupo Especial dijo lo 
siguiente:  "en lo concerniente a los argumentos de la CE relativos a los artículos 21, 22 y 23 del ESD, somos 
perfectamente conscientes de la controversia que hay en el  OSD sobre la interpretación de esos artículos y sobre 
la relación que existe entre ellos, pero consideramos que esa cuestión se resolverá mejor en el contexto del 
actual examen del ESD …");  Decisión de los Árbitros sobre "Comunidades Europeas - Régimen para la 
importación, venta y distribución de bananos - Recurso al arbitraje previsto en el párrafo 6 del artículo 22" (Arbitraje previsto en el párrafo 6 del artículo 22 ), WT/DS27/ARB, párrafo 4.11, nota 11 (6 de abril de 1999);  
Informe del Grupo Especial encargado de examinar el asunto "Estados Unidos - Artículos 301 a 310 de la Ley 
de Comercio Exterior de 1974", WT/DS152/R, párrafo 7.154 (22 de diciembre de 1999). 
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recomendaciones y resoluciones no lo ha hecho.  Si el Miembro que ha de aplicar las recomendaciones y resoluciones se abstiene de impugna r el nivel de la suspensión, ello significa que 
efectivamente ha consentido en la c onclusión de que ha incumplido.  Por otra parte, si el Miembro que 
ha de aplicar las recomendaciones y resolucion es cree que ha cumplido sus obligaciones, tiene 
análogamente derecho al amparo del párrafo 6 del artíc ulo 22 a solicitar el arbitraje sobre el nivel de 
la suspensión y a aducir que el nivel es cero debi do a que ha cumplido sus obligaciones.  Así ocurrió, 
en verdad, en el asunto Bananos .  (En cambio, en el asunto Hormonas , las CE sólo impugnaron el 
nivel de la suspensión y no alegaron que habían cumplido sus obligaci ones.)  Como señaló el árbitro 
previsto en el párrafo 6 del artículo 22 en el asunto Bananos , "la evaluación del nivel de anulación o 
menoscabo presupone la evaluación de la compatib ilidad o incompatibilidad  de las medidas de 
aplicación adoptadas por las Comunidades Europeas … con las normas de la OMC".
156 
26. Del mismo modo que no es necesario, ni apropia do, que el presente Grupo Especial aborde la 
cuestión de si existe una presunción de cump limiento o incumplimiento, no es necesario, ni 
apropiado, examinar en el contexto de la presente  diferencia una conclusión relativa a la carga de la 
prueba tras el plazo prudencial.  En el procedimie nto previsto en el párrafo 6 del artículo 22 en el 
asunto Bananos , el árbitro no adoptó una decisión explícita s obre la cuestión.  Por otra parte, en el 
asunto Hormonas , el árbitro llegó a la conclusión de que  la carga de probar que un nivel de 
suspensión propuesto es incompatible con el requisito  del párrafo 4 del artícul o 22 de que dicho nivel 
sea equivalente al nivel de la anulación o el menos cabo corresponde a la parte que impugna el nivel 
de suspensión propuesto, a saber, la parte que ha de cumplir las recomendaciones y resoluciones.157 
27. Con prescindencia de a quién correspondan las presunciones o cargas en un procedimiento 
relativo a un problema de cumplimiento, toda conclu sión dimanante de ese procedimiento de que el 
Miembro que ha de aplicar las recomendaciones y resoluciones no ha cumplido sus obligaciones 
significa necesariamente que el Miembro no ha estado cumpliendo -y que ha anulado y menoscabado los beneficios del Miembro reclamante-, desde la adopción de las recomendaciones y resoluciones 
del OSD, y desde la expiración del plazo prudencial .  Por las razones expuestas en la respuesta a la 
pregunta 9, el Miembro que no ha cumplido sus obligaciones es responsable por esa anulación o 
menoscabo desde el fin del plazo prudencial. 
Pregunta 11 
 ¿A quién corresponde la responsabilidad de interponer un recurso al amparo del 
párrafo 5 del artículo 21?  ¿Cuándo debe presen tarse esa petición al amparo del párrafo 5 del 
artículo 21? 
28. La parte reclamante puede solicitar un exam en del párrafo 5 del artículo 21 de las medidas 
adoptadas por la parte que ha de cumplir las r ecomendaciones y resoluciones (pero no está obligada a 
hacerlo).  El ESD no establece un límite de tiem po a la oportunidad en que se puede solicitar un 
examen del párrafo 5 del artículo 21.  El árbitro prev isto en el párrafo 6 del artículo 22 en el asunto 
Bananos observó lo siguiente:  "El texto del párrafo  5 del artículo 21 del ESD no excluye la 
posibilidad de iniciar el procedimiento antes  o después  de la expiración del plazo prudencial."
158 
29. Los Estados Unidos decidieron instaurar un procedimiento al ampa ro del párrafo 5 del 
artículo 21 antes de la expiración del plazo prudencial en el asunto Bananos porque era evidente que 
                                                      
156 Arbitraje previsto en el párrafo 6 del artículo 22 , párrafo 4.3. 
 
157 Véase Arbitraje previsto en el párrafo 6 del artículo 22 , párrafo 4.13;  Arbitr aje previsto en el 
párrafo 6 del artículo 22 del ESD en "Comunidades Europeas - Medidas que afectan a la carne y los productos cárnicos (Hormonas)", WT/DS26/ARB, párrafo 9 (12 de julio de 1999). 
 
158 Arbitraje previsto en el párrafo 6 del artículo 22 del ESD , nota 11. 
  WT/DS165/R/Add.1 
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las medidas de aplicación que las CE ya habían  adoptado eran insuficientes para cumplir las 
obligaciones de éstas en la OMC.  Al solicitar una resolución temprana del Grupo Especial al amparo 
del párrafo 5 del artículo 21 antes de la expiración del plazo prudencial, los Estados Unidos abrigaban 
la esperanza de evitar la necesidad de su spender concesiones, haciendo ver a las CE, antes  de que 
expirara su plazo prudencial para poner sus medi das de conformidad con sus obligaciones, que sus 
infracciones no se habían subsanado y que, por lo tanto, eran necesarias otras medidas, de modo que 
las CE pudieran prontamente adoptar esas otras medid as.  Las CE prefirieron, en cambio, dilatar el 
procedimiento. 
30. En consecuencia, la solicitud de los Estados  Unidos de que se constituyera un grupo especial 
al amparo del párrafo 5 del artículo 21 no fue, como lo interpretan las CE159, una admisión de que una 
parte reclamante debe  recurrir a los procedimientos del párrafo  5 del artículo 21 antes de instaurar una 
acción al amparo del artículo 22.  Los Estados Unidos  refutan enérgicamente la afirmación de las CE 
de que éste u otros puntos no están siquiera en litigio.160 
31. Además, como se señaló en la Primera comunicación de los Estados Unidos161, el árbitro del 
párrafo 6 del artículo 22 rechazó el argumento de la s CE de que una parte reclamante debe instaurar 
un procedimiento al amparo del párrafo 5 del artículo 21 antes de presentar una solicitud del 
artículo 22 para suspender concesiones.162  Las CE no han refutado la lógica ni del árbitro ni de los 
Estados Unidos sobre este punto. 
Pregunta 12 
 ¿Qué consecuencia tiene el que no se presen te una reclamación al amparo del párrafo 5 
del artículo 21 antes de la expiración del plazo prudencial?  Si esa acción no se entabla durante 
ese plazo, ¿caduca entonces el derecho a recurrir a un procedimiento al amparo del párrafo 5 
del artículo 21? 
32. Como se observó en la respuesta a la pregunta 11,  el árbitro del párrafo 6 del artículo 22 en el 
asunto Bananos  explicó lo siguiente:  "El texto del párra fo 5 del artículo 21 del ESD no excluye la 
posibilidad de iniciar el procedimiento antes  o después  de la expiración del plazo prudencial."163  Por 
lo tanto, el derecho a solicitar la constitución de  un grupo especial al amparo del párrafo 5 del 
artículo 21 no caduca si no se presenta una petici ón durante el plazo prudencial y no dimanan 
consecuencias de la circunstancia de que no se pr esente una petición al amparo del párrafo 5 del 
artículo 21 antes de la expiración del plazo prudencial. 
33. El árbitro del párrafo 6 del artículo 22 hizo hi ncapié en la importancia  de dar efecto tanto al 
párrafo 5 del artículo 21 como al artículo 22.  Si bien el procedimiento al amparo del párrafo 5 del 
artículo 21 se puede solicitar en cualquier momento,  e incluso después de la expiración del plazo 
prudencial, la solicitud de suspensión al amparo del artículo 22 sólo se puede presentar en los términos estipulados en dicho artíc ulo -dentro de los 30 días contados  a partir de la expiración del 
plazo prudencial- si se ha de dar ef ecto a la regla del consenso negativo.
164  Por cuanto el 
                                                      
159 Intervención oral de las CE, párrafo 18. 
 
160 Véase ibid ., párrafo 18;  véase, también , ibid., párrafo 6 (los Estados Unidos impugnan todos y cada 
uno de los puntos que las CE aducen que no han sido impugnados). 
 
161 Véase  Primera intervención de los Estados Unidos, párrafo 50. 
 
162 Véase  Arbitraje previsto en el párrafo 6 del artículo 22 , párrafos 4.10 a 4.15. 
 
163 Arbitraje previsto en el párrafo 6 del artículo 22 , nota 11. 
 
164 Arbitraje previsto en el párrafo 6 del artículo 22 , párrafo 4.11.  El árbitro se explicó así: WT/DS165/R/Add.1 
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procedimiento al amparo del párrafo 5 del artículo 21, en sus propios términos, requiere 90 días, la 
conclusión de que un procedimiento al amparo de l párrafo 5 del artículo 21 debe preceder a una 
solicitud al amparo del artículo 22 haría, pues, que el derecho del artículo 22 a una autorización 
del OSD con la regla del consenso negativo fuera una  nulidad en los casos en que la parte que ha de 
aplicar las recomendaciones y resoluciones no las cumple hasta la expiración del plazo prudencial.  
Por otra parte, llegar a la conclusión de que una solicitud al amparo del artículo 22 no tiene 
necesariamente que ir precedida por un procedimiento al amparo del párrafo 5 del artículo 21 no privará de efecto al párrafo 5 del artículo 21, pues dicho procedimiento seguirá estando disponible 
para las partes reclamantes que no deseen suspender las concesiones y para las que estén dispuestas a 
que el OSD decida por consenso positivo si au torizará o no la suspensión de las concesiones.
165 
34. Además, como se explicó en la Primera comunicación de los Estados Unidos, en el 
párrafo 51, ni los párrafos 2 y 6 del artículo 22 ni el párrafo 2 c)  del artículo 23 hacen referencia 
alguna a los procedimientos del párrafo 5 del artícul o 21 como requisito previo para una solicitud de 
suspensión de concesiones, la autorización por el  OSD de la suspensión de concesiones o la 
aplicación de una suspensión de concesiones.  En cam bio, el artículo 22 establece plazos contados a 
partir de la expiración del plazo prudencial, y el párrafo 2 c) del artículo 23 estipula que se han de 
seguir los procedimientos del artículo 22 antes de su spender las concesiones.  Las CE yerran, pues, al 
sugerir que existe la obligación de instaurar un pr ocedimiento del párrafo 5 del artículo 21 antes de 
llevar adelante una suspensión de concesiones al amparo del artículo 22. 
Pregunta 13 
 En la hipótesis de que los Estados Unid os estén en lo cierto al aseverar que la 
constitución de un grupo especial al amparo de l párrafo 5 del artículo 21 debe ser solicitada 
(por cualquiera de las partes) dentro del plazo prudencial, ¿qué consecuencia se sigue de que 
nunca se haya solicitado o establecido este grupo  especial al amparo del párrafo 5 del 
artículo 21?  La ausencia de una determinación al  amparo del párrafo 5 del artículo 21, ¿tiene 
como consecuencia que haya una presunción de que la nueva medida es compatible o 
incompatible con las obligaciones asumidas en la OMC?  ¿Excluye la ausencia de un grupo 
especial al amparo del párrafo 5 del artículo 21 el recurso a los párrafos 6 y 7 del artículo 22? 
35. Los Estados Unidos no afirman que el grupo especial del párrafo 5 del artículo 21 se deba  
solicitar durante el plazo prudencial.  Como se dijo  en la respuesta a la pregunta 11, los Estados 
Unidos trataron de recurrir a los procedimientos  del párrafo 5 del artículo 21 durante el plazo 
prudencial en el asunto Bananos  a fin de demostrar a las CE, cuando las CE estaban todavía a tiempo 
de revisar su medida, que esa medida tendría que modificarse, a fin de conformarse a las 
recomendaciones y resoluciones del OSD.  La pos ibilidad de solicitar la constitución de un grupo 
especial al amparo del párrafo 5 del artículo 21 ant es de la expiración del plazo prudencial se presentó 
en el asunto Bananos porque las CE, en verdad, instituyeron cambios en su régimen mucho antes de la 
expiración del plazo prudencial, a pesar de que esos cambios no se debían aplicar antes de la 
                                                                                                                                                                     
El párrafo 5 del artículo 21 sigue constituyendo para los Miembros que por cualquier razón no deseen 
suspender concesiones el principal in strumento para impugnar las medidas de  aplicación.  Por el contrario, si 
aceptáramos el argumento de las CE, interpretaríamos en realidad el plazo del párrafo 6 del artículo 22, 
prescindiendo enteramente del ESD, puesto que pocas  veces o ninguna un proced imiento en el marco del 
párrafo 5 del artículo 21, que en opinión de las CE abar ca las consultas y la posibilidad de apelar, terminaría 
antes de que finalizara el plazo establecido en el párrafo 6 del artículo 22 (30 días contados a partir del plazo prudencial). 
 
165 Véase  ibid. 
  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 95 
 
 
expiración del plazo prudencial.166  Si las CE no hubieran tomado medidas hasta la expiración del 
plazo prudencial, esa opción no hubiera estado disponible.167 
36. Como se dijo en respuesta a las preguntas 10 y 12, que no se haya solicitado o constituido un 
grupo especial al amparo del párrafo 5 del artículo 21 carece de consecuencias, y no hay necesidad de 
examinar si existe o no una presunción de cumpli miento o incumplimiento a la expiración del plazo 
prudencial.  Además, como se señaló en la res puesta a la pregunta 11, la ausencia de un grupo 
especial al amparo del párrafo 5 del artículo 21 no im pide acogerse a lo dispuesto en los párrafos 6 y 7 
del artículo 22, como lo concluyó el árbitro previs to en el párrafo 6 del artículo 22 en el asunto 
Bananos . 
Pregunta 14 
 ¿Quién determina si una nueva medida anula los beneficios de la OMC? 37. Conforme a la definición que figura en el párrafo 7 del artículo 22 del ESD, la tarea del 
árbitro del párrafo 6 del artículo 22 es determinar "si el nivel de esa suspensión es equivalente al nivel 
de la anulación o el menoscabo".  Como señaló el árbitro en el asunto Bananos , el concepto de 
equivalencia entre la suspensión propuesta y el nivel de anulación o menoscabo "seguirá careciendo 
de contenido" si no se conoce cualquiera de las dos variables.
168  En consecuencia, el árbitro del 
párrafo 6 del artículo 22 debe ex aminar la nueva medida para de terminar el nivel de anulación o 
menoscabo antes de que pueda determinar si ese nive l es equivalente al nivel de suspensión propuesto 
por la parte reclamante.169 
38. Como se dijo en la respuesta a la pregunta 10, tras la expiración del plazo prudencial, el 
Miembro reclamante tiene derecho a solicitar la  autorización del OSD para la suspensión de 
concesiones conforme al párrafo 2 del artículo 22 si cree que la medida del Miembro que ha de aplicar 
las recomendaciones y resoluciones anula los beneficios que el acuerdo le reconoce.  Si el Miembro que ha de aplicar las recomendaciones y resoluci ones se abstiene de impugnar el nivel de la 
suspensión, básicamente ha consentido en la conclu sión de que su nueva medida anula los beneficios 
de la OMC.  Por otra parte, si es tima que su medida no anula benefi cios, el Miembro que ha de aplicar 
las recomendaciones y resoluciones tiene igualmente derecho conforme al párrafo 6 del artículo 22 a 
solicitar el arbitraje del nivel de la suspensión, y a aducir que el nivel es cero porque su medida no 
anula los beneficios de la OMC.  As í ocurrió, en realidad, en el asunto Bananos .  (En cambio, en el 
asunto Hormonas , las CE sólo impugnaron el nivel de la suspensión y no aseveraron que el nivel de 
anulación fuera de cero.) 
                                                     
 
166 Véase  Primera comunicación de los Estados Unidos, párrafo 55. 
 
167 Por ejemplo, en el asunto Australia - Salmón , el Canadá no podía solicitar la constitución de un 
grupo especial al amparo del párrafo 5 del artículo 21 antes de la expiración del plazo prudencial porque 
Australia no había aplicado ninguna medida.  El Canadá, por lo tanto, tuvo que solicitar la suspensión al amparo 
del artículo 22 dentro de los 30 días de la expiraci ón del plazo prudencial para conservar su derecho a la 
autorización del OSD con el beneficio de la regla de l consenso negativo.  Véanse  WT/DSB/M/66, párrafos 5 
y 6, y la respuesta supra  a la pregunta 16. 
 
168 Arbitraje previsto en el párrafo 6 del artículo 22 , párrafo 4.7. 
 
169 Ibid., párrafos 4.7 y 4.8. 
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Pregunta 15 
 ¿Existe una evaluación implícita de compatibilidad de una medida que sea objeto de un 
arbitraje previsto en los párrafos 6 y 7 del ar tículo 22 en vista del mandato del árbitro de 
evaluar si el nivel de suspensión es equival ente al nivel de anulación de beneficios? 
39. Esa es, a decir verdad, la conclusión a la que llegó el árbitro del párrafo 6 del artículo 22 en el 
asunto Bananos , conclusión con la que concurren los Estados  Unidos.  Como señaló el árbitro, "[N]o 
podemos cumplir nuestra función de evaluar la equivalencia  entre los dos niveles citados si no 
llegamos antes a una conclusión acerca de si el régimen revisado de las CE es … plenamente compatible con la OMC".
170  El árbitro dijo, también, que "la evaluación del nivel de anulación o 
menoscabo presupone la evaluación de la compatib ilidad o incompatibilidad  de las medidas de 
aplicación adoptadas por las Comunidades Europeas … con las normas de la OMC".171 
Pregunta 16 
 Sírvanse examinar la práctica de los Miembros de la OMC en su recurso a los 
procedimientos del párrafo 5 del artículo 21 y del párrafo 22. 
40. La práctica de los Miembros de la OMC susten ta la interpretación de los Estados Unidos y del 
árbitro en el asunto Bananos  de que los procedimientos del párra fo 5 del artículo 21 no se tienen que 
instaurar necesariamente como condición para suspe nder las concesiones al amparo del artículo 22.  
La descripción que hacen las CE de esta práctica en el párrafo 20 de su Intervención oral es 
sumamente equívoca a este respecto. 
41. Por ejemplo, las CE omiten señalar con respecto al asunto Cuero para automóviles que 
Australia y los Estados Unidos convinieron en pr orrogar los plazos del párrafo 6 del artículo 22 
del ESD en ese asunto en virtud de  la facultad explícita que para hacerlo les concedía el Acuerdo 
sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias.172  La nota 6 del Acuerdo sobre Subvenciones y 
Medidas Compensatorias explícitamente autoriza a las pa rtes en una diferencia en el contexto de ese 
Acuerdo a prorrogar de mutuo acuerdo los plazos previstos en el artículo 4 de ese Acuerdo, que 
incluyen los plazos del párrafo 6 del artículo 22 de l ESD.  Ese procedimiento fue posible sólo debido 
a la nota 6, como lo señalaron los Estados Unidos en  la reunión del OSD celebrada el 14 de octubre 
de 1999.  En dicha reunión, los Estados Unidos dijeron lo siguiente: 
 - "Sé, señor Presidente, que a muchas delegaciones acaso les sorprenda en alguna 
medida observar que los Estados Unidos han estado de acuerdo con Australia en 
llevar adelante ahora el procedimiento de l párrafo 5 del artículo 21 y sólo más 
adelante incoar los procedimientos del artículo 22 del ESD y/o del párrafo 10 del 
artículo 4 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias. 
 - No hay un cambio fundamental en la posici ón de los Estados Unidos en cuanto a la 
aplicabilidad de sus artículos.  Esta diferenc ia, por cuanto corresponde al contexto del 
artículo 4 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, presenta circunstancias especiales y brinda oport unidades singulares.  En particular, en 
contraste con los procedimientos ordinarios  de solución de diferencias, las partes 
pueden en este asunto prorrogar de mutuo acuer do el plazo para ejercer el derecho de 
solicitar los procedimientos del artículo 22.   Los Estados Unidos y Australia así lo 
                                                     
 
170 Arbitraje previsto en el párrafo 6 del artículo 22 , párrafo 4.8. 
 
171 Arbitraje previsto en el párrafo 6 del artículo 22 , párrafo 4.3. 
 
172 Véase WT/DS126/8, página 2, punto 6. 
  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 97 
 
 
han convenido.  Ello brinda a las partes un plazo adicional para recurrir a los procedimientos del párrafo 5 del artíc ulo 21, y hemos estado dispuestos a 
acomodarnos a los deseos de la otra parte a ese respecto. 
 - El enfoque que hemos convenido en aplicar en este asunto no es preceptivo en virtud 
del ESD.  Se trata de un acuerdo especial aplicable exclusivamente a esta diferencia.  
Refleja, sin embargo, un proceso que cuenta  con el favor de muchos Miembros en el 
actual examen del ESD, y abrigamos la esperanza de que demostrará que ese proceso -y ese calendario- es viable, eficiente y expeditivo."
173 
42. Al igual que en el asunto Cuero para automóviles , los dos asuntos  Aeronaves civiles entre el 
Brasil y el Canadá se refirieron al Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias.  Al igual 
que las partes en la diferencia Cuero para automóviles , el Brasil y el Canadá se fundaron 
explícitamente en el artículo 4 y en la not a 6 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 
Compensatorias para prorrogar de mutuo acuerdo los plazos del párrafo 6 del artículo 22 con la mira 
de que se pudieran concluir previamente los trab ajos de los grupos especiales del párrafo 5 del 
artículo 21, sin renunciar al benefici o de la regla del consenso negativo en la autorización por el OSD 
de la suspensión de concesiones.174 
43. Con respecto al asunto Australia - Salmón , el Canadá no  recurrió primero a los 
procedimientos del párrafo 5 del artículo 21 antes de  solicitar la suspensión al amparo del artículo 22.  
Preservó primero sus derechos al amparo del ar tículo 22 mediante una solicitud de suspensión 
presentada dentro de los 30 días de la expiración del plazo prudencial, sin una solicitud de que se 
constituyera un grupo especial de l párrafo 5 del artículo 21.175  En la reunión del OSD, celebrada los 
días 27 y 28 de julio de 1999, el Canadá, en última  instancia, convino en entablar un procedimiento 
del párrafo 5 del artículo 21, pero insistió en la necesidad de constituir ta mbién un grupo especial al 
amparo del artículo 22 (porque Australia había di screpado con el nivel de suspensión propuesto), que 
estaba dispuesto a suspender a la espera del resultado del grupo especial del párrafo 5 del artículo 21.  
El Canadá observó que, si bien había presentado una propuesta en el examen del ESD en virtud de la 
cual se requeriría la constitución de un grupo especi al del párrafo 5 del artículo 21 antes de que se 
pudiera presentar una solicitud de suspensión al ampa ro del artículo 22, aún no se había llegado a un 
acuerdo respecto de la propuesta.  En ausencia de dicho acuerdo, 
… el Canadá debe hacer valer sus derechos de conformidad con las disposiciones del 
ESD vigentes .  En esta fase, el Canadá no puede seguir únicamente el procedimiento 
relativo al grupo especial previsto en el pá rrafo 5 del artículo 21, dado que el mismo 
concluiría después de la expiración del pl azo de 30 días establecido en el artículo 22, 
dentro del cual el Canadá tiene derech o de solicitar la suspensión de concesiones 
mediante la aplicación de la regla del c onsenso negativo.  El Canadá podía haber 
iniciado tales procedimientos durante el pe ríodo previsto para el cumplimiento, si 
Australia hubiese establecido sus medidas de aplicación, lo que no ha hecho.176 
                                                      
173 Exposición de los Estados Unidos en la reunión del OSD celebrada el 14 de octubre de 1999;  véase 
WT/DSB/M/69. 
 
174 Véanse WT/DS70/9, de fecha 23 de noviembre de 1999, anexo, punto 5, y WT/DS46/13, de fecha 
26 de noviembre de 1999, anexo, punto 5. 
 
175 El Canadá solicitó una reunión especial del OS D para recabar la auto rización de suspender las 
concesiones en una comunicación de fecha 15 de julio de  1999.  En la comunicación no se hizo mención alguna 
del párrafo 5 del artículo 21.  Véase  WT/DS18/12, de fecha 15 de julio de 1999. 
 
176 WT/DSB/M/66, página 5 (cursivas añadidas). 
 WT/DS165/R/Add.1 
Página 98  
 
44. El Canadá, pues, concordó con la interpretaci ón de los Estados Unidos de que el artículo 22 
requiere
 una solicitud de suspensión dentro de los 30 días de la expiración del plazo prudencial, con 
prescindencia de que se hayan o no incoado los proced imientos del párrafo 5 de l artículo 21, y de que 
los procedimientos del párrafo 5 del artículo 21  se pueden incoar durante el plazo prudencial 
únicamente si durante ese período se ha aplicado una medida.  El Canadá, decidió, sí, hacer lugar al 
deseo de Australia de que se cons tituyera un grupo especial del párrafo  5 del artículo 21, consintiendo 
en renunciar a su derecho, al amparo del artículo 22 , a que un árbitro completara su cometido dentro 
de los 60 días de la expiración del plazo prudencia l.  Sin embargo, la decisión del Canadá de 
renunciar a este derecho del artículo 22 no se puede interpretar en el se ntido de que estos derechos no 
existen. 
45. Análogamente, al solicitar la constitución de un grupo especial del párra fo 5 del artículo 21 en 
la diferencia Bananos , sin solicitar la suspensión dentro de los 30 días de la expiración del plazo 
prudencial, el Ecuador renunció a su derecho de recibir autorización del OSD de suspender 
concesiones con el beneficio de la regla del con senso negativo.  Aunque las CE presuntamente han 
convenido en no oponerse a la solicitud de suspensi ón del Ecuador, el Ecua dor no puede tener la 
seguridad de que un tercero no lo hará.  La decisi ón del Ecuador de renunciar a sus derechos en este 
caso no se puede interpretar en el sentido de que re nuncia los derechos de otros Miembros en otras 
diferencias.  Además, la solicit ud del Ecuador de que se constituya un grupo especial del párrafo 5 del 
artículo 21 confirma meramente lo señala do por el árbitro en la diferencia  Bananos  en el sentido de 
que el párrafo 5 del artículo 21 está siempre a di sposición de las partes que no deseen suspender 
concesiones con el beneficio de la regla del consen so negativo y que llevar adelante la suspensión 
conforme al artículo 22 sin un grupo especial del párrafo 5 del artículo 21 no privará de efecto al 
artículo 21.177 
46. Por último, las CE omiten mencionar su propia decisión en el asunto CE - Hormonas  de 
participar en los procedimientos del párrafo 6 del artículo 22 sobre el  nivel de la suspensión propuesta 
por los Estados Unidos y sin insistir en los procedimientos del pá rrafo 5 del artículo 21 para confirmar 
su falta de conformidad. 
47. Por lo tanto, los ejemplos de los asuntos Aeronaves civiles y Cuero para automóviles  son 
inaplicables porque el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias autorizaba a prorrogar 
plazos, en tanto que los ejemplos de los asuntos Salmón y Ecuador - Bananos meramente sustentan la 
tesis de que los Miembros pueden renunciar a sus der echos en una diferencia determinada.  Como se 
señaló, los actos del Canadá en el asunto Salmón , en verdad, sustentan la posición de los Estados 
Unidos de que el párrafo 5 del artículo 21 no es un re quisito previo para solicitar una suspensión, y de 
que dicha solicitud se debe interponer dentro de los 30 días de la expiración del plazo prudencial a fin 
de preservar los derechos del reclamante a suspe nder concesiones con el beneficio de la regla del 
consenso negativo. 
Pregunta 19 
 ¿Qué involucran concretamente desde el punto de vista administrativo la retención de la 
liquidación y los requisitos conexos en materia de  fianzas?  ¿Qué otros tipos de instrumentos 
sustitutivos acepta el Servicio de Aduana s respecto de la constitución de fianzas? 
48. Cabe decir, nuevamente, que el término "retención de la liquidación" carece de significado 
jurídico conforme al derecho norteamericano y que no se adoptó ninguna medida a ese respecto el 
3 de marzo de 1999 y ninguna medida a ese respecto entró en vigor en esa fecha.  El ciclo ordinario 
de liquidación del Servicio de Aduanas de los Esta dos Unidos es de entre 314 días y 1 año.  Ello sólo 
                                                      
177 Véanse Arbitraje previsto en el párrafo 6 del artículo 22 , párrafo 4.11, y el examen supra  en los 
párrafos 30 y 31. 
  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 99 
 
 
significa que el Servicio de Aduanas hace su determ inación final de derechos y otras tasas durante ese 
plazo y factura o reembolsa en consecuencia a los importadores (o liquida las importaciones tal como 
han sido declaradas).  Los sustitutos de las fianzas  de garantía se estipulan en 19 CFR § 113.40.  
Esencialmente, en lugar de fianzas, el director de l puerto puede aceptar moneda  de curso legal de los 
Estados Unidos, obligaciones de los Estados Uni dos (que no sean obligaciones de ahorro de los 
Estados Unidos), certificados de de uda de los Estados Unidos, pagarés del Tesoro o letras del Tesoro, 
en una cuantía igual a la suma de la fianza. 
Pregunta 20 
 ¿Cuántas de esas fianzas (y por qué cantidad y respecto de qué productos) se 
constituyeron durante el período comprendido entre el 3 de marzo y el 19 de abril de 1999? 
49. Como se dijo antes, se exigieron esas fianzas al  100 por ciento de las importaciones formales 
de todas las mercancías de fuentes comerciales, con prescindencia del país de origen, antes del 
período comprendido entre el 3 de marzo y el 19 de  abril de 1999, durante ese período y después de 
éste.  Los niveles ordinarios de las fianzas están estipulados en la Directiva Aduanera de 1991 que 
figura en la Prueba documental 4 de los Estados Unidos y se describen en la respuesta a la pregunta 2.  
Los requisitos aplicables a la mayor parte de los pr oductos de las CE enumerados en el anuncio de 
instrucciones del Servicio de Aduanas (véase la Prue ba documental 7 de los Estados Unidos) fueron 
como sigue:  una fianza única por transacción i gual al valor declarado de la mercancía178 o una fianza 
continuada igual al 10 por ciento del valor decl arado de la mercancía que el importador haya 
importado durante el año anterior.  El valor de las importaciones de todos los productos enumerados 
en la lista en los meses de marzo y abril (incluidos los períodos del 1º al 2 de marzo y del 20 al 30 de 
abril) fue de aproximadamente 42 millones de dólares  EE.UU.  El valor de los productos sujetos a los 
requisitos revisados en materia de fianzas fue la  fracción de esas importaciones declaradas entre el 
3 de marzo y el 19 de abril. 
Pregunta 21 
 Sírvanse allegar estadísticas sobre el nivel del intercambio entre las CE y los Estados 
Unidos respecto de cada producto enumerado en  la lista, en 1997, 1998 y 1999, por mes y año 
civil. 
50. Véase la Prueba documental 5 de los Estados Unidos.  Como se  desprende claramente de esas 
cifras, los requisitos adicionales de fianza, contra riamente a lo que aseveran las CE, no paralizarán 
concretamente el intercambio de los producto s afectados a partir del 3 de marzo de 1999.179 
Pregunta 22 
 Si se exige una fianza y luego no se aplican derechos o sólo se aplica a un nivel inferior, 
¿qué tipo de interés paga el Servicio de Aduanas al importador? 
51. El Servicio de Aduanas está autorizado a paga r, y debe pagar, intereses sobre el exceso de 
derechos, tasas e impuestos depositados  por un importador.  No se pa garán intereses por un aumento 
de los requisitos en materia de fianzas o un aumento de la cuantía de las fianzas. 
                                                      
178 Como se dice en la respuesta a la pregunta 2, ciertos productos están sujetos a niveles de fianza 
única por transacción iguales a tres veces el valor declarad o de la mercancía porque están sujetos a requisitos de 
otros organismos, como los requisitos de salud pública y seguridad de la Administración de Productos 
Alimenticios y Farmacéuticos.  Respecto de esos productos,  la medida del 3 de marzo no modificó los niveles 
de las fianzas únicas por transacción. 
 
179 Por ejemplo , Intervención oral de las CE, párrafo 7. 
 WT/DS165/R/Add.1 
Página 100  
 
Pregunta 23 
 Tras la reducción del nivel autorizado de suspensión de concesiones el 19 de abril 
de 1999, ¿se reembolsó a los importadores de la s CE por costos adicionales?  En caso 
afirmativo, ¿en qué cuantía? ¿De qué manera, si la hubo, compensaron los Estados Unidos a los 
importadores y exportadores que se vieron inhibi dos de realizar su giro comercial antes del 
19 de abril? 
52. No hubo reembolso oficial de las tasas que los garantes privados puedan haber cobrado a 
importadores norteamericanos de los productos enumera dos en la lista de resultas de los requisitos 
adicionales en materia de fianzas.  Los requisitos adicionales en materia de fianzas no dieron lugar a 
ningún pago adicional al Gobierno. 
Pregunta 24  ¿Cuál es el plazo medio de retraso de liquidación de estos tipos de productos? 
53. La liquidación de estos productos se basó en el ciclo ordinario de liquidación aplicable a todas 
las mercancías comerciales que entran en los Estados Unidos, esto es, un plazo de entre 314 días 
y 1 año. 
Pregunta 25  ¿Cuáles son las diferencias precisas que ex isten en el derecho interno de los Estados 
Unidos entre la práctica ordinaria y com ún del Servicio de Aduanas respecto de las 
importaciones y lo que se decidió el 3 de marzo de 1999 respecto de las importaciones 
enumeradas en la lista?  Sírvanse indicar cada una de estas diferencias. 
54. Como se dijo en la respuesta a la pregunta 2,  en el caso de las importaciones de mercancías 
enumeradas en la lista que se despacharon o retiraron  de depósito para cons umo el 3 de marzo o a 
partir de esa fecha, el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos examinó la suficiencia de la fianza y 
exigió una fianza única por transacción igual al valor declarado de la mercancía
180 o una fianza 
continuada igual al 10 por ciento del valor decl arado de la mercancía que el importador hubiera 
importado durante el año anterior.  Esas cuantías fueron ligeramente distintas de los niveles de 
constitución de fianzas aplicables a otras importaciones,  de los cuales en la respuesta a la pregunta 2 
se menciona un ejemplo típico.  Todos los niveles de constitución de fianzas están estipulados en la 
Directiva Aduanera que figura en la Prue ba documental 4 de los Estados Unidos. 
55. Aparte de esta modificación de los ni veles de las fianzas, no se introdujeron otras 
modificaciones en los procedimientos ordinarios aplicados a las mercancías importadas.  Todas las 
mercancías estuvieron sujetas al plazo de liquidación ordinario (esto es, entre 314 días y 1 año). 
Pregunta 26  ¿En qué fundamento de derecho nacional sustentó el USTR su decisión de que el 
Servicio de Aduanas comenzara la suspensi ón de la liquidación?  ¿Fue éste un acto 
administrativo que podía adoptarse en cualquier momento? 
                                                     
 
180 Como se dice en la respuesta a la pregunta 2, ciertos productos están sujetos a niveles de fianza 
única por transacción iguales a tres veces el valor declarad o de la mercancía porque están sujetos a requisitos de 
otros organismos, como los requisitos de salud pública y seguridad de la Administración de Productos 
Alimenticios y Farmacéuticos.  Respecto de esos productos,  la medida del 3 de marzo no modificó los niveles 
de las fianzas únicas por transacción. 
  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 101 
 
 
56. Como se dijo antes, de resultas de la medida del 3 de marzo no se exigió ni hubo una 
suspensión de la liquidación.  En cuanto a la revisión de los niveles de las fianzas, como se dijo en el 
párrafo 33 y en la nota 33 de la Primera comuni cación de los Estados Unidos, las disposiciones 
contenidas en 19 CFR § 113.13 facultan a los di rectores de puertos exigir fianzas o garantías 
adicionales para velar por que la aceptación de una mercancía importa da esté adecuadamente 
protegida contra el riesgo de la falta de pago de derechos u otras obligaciones impuestas por ley.  Esta 
facultad discrecional se puede ejercer en cualquier mo mento en que el Servicio de Aduanas advierta 
que se corre el riesgo de que los requisito s ordinarios de fianza serán inadecuados.181  La revisión de 
los niveles de las fianzas del 3 de marzo fue aplicada por el Servicio de Aduanas ante la circunstancia 
de que las mercancías en cuestión podrían, de obt enerse la autorización del OSD, estar sujetas a un 
tipo arancelario considerablemente superior.  El USTR  había informado al Serv icio de Aduanas de ese 
riesgo. 
Pregunta 27 
 Sírvanse allegar copias de las disposicion es legislativas y reglamentarias conexas que 
sirvieron de fundamento al USTR y al Servicio de Aduanas. 
57. En la Prueba documental 6 de los Estados Un idos se reproduce el texto de 19 CFR § 113.13. 
Pregunta 28 
 ¿Tenían realmente los Estados Unidos que est ar en condiciones de calcular el nivel de 
los derechos entre el 3 de marzo y el 19 de abril a fin de preservar sus derechos a imponer eventualmente una suspensión de las concesi ones u otras obligaciones?  ¿De qué manera 
exactamente se hubiera visto menoscabada la capaci dad de los Estados Unidos de suspender las 
concesiones u otras obligaciones si no hubieran procedido a la retención de la liquidación el 3 de 
marzo? 
58. Cabe reiterar nuevame nte que los Estados Unidos no adoptar on ninguna medida el 3 de marzo 
para "retener" o "suspender" la liquidación.  La  única medida que se adoptó fue la de revisar los 
niveles de las fianzas aplicables a ciertas import aciones.  En ausencia de  esas modificaciones de los 
niveles de las fianzas aplicables a las mercancías impo rtadas entre el 3 de marzo y el 19 de abril, esas 
mercancías hubieran sido despachadas a consumo en los Estados Unidos con fianzas inadecuadas para 
sufragar la cuantía total de derechos que, en última instancia, autorizara el OSD.  Por esa razón, y por 
la circunstancia de que los pagos de derechos estimados durante el  período comprendido entre el 3 de 
marzo y el 19 de abril se hicieron a los tipos NMF or dinariamente aplicables, el Servicio de Aduanas 
no habría tenido recursos suficientes ni contra el garante ni contra la mercancía en caso de que el 
importador no pagara la diferencia  entre los derechos estimados y lo s derechos que en última instancia 
hubiera autorizado el OSD. 
Pregunta 29 
 ¿Respecto de qué productos comenzaron lo s Estados Unidos la suspensión de la 
liquidación a partir del 3 de marzo de 1999?  ¿De acuerdo con qué principios se escogieron los 
productos enumerados en la lista?  ¿Qué producto s se eliminaron de esa lista con posterioridad 
al 19 de abril de 1999 y con arreglo a qué criterios? 
59. Los Estados Unidos no "suspendi eron" o "retiraron" la liquidación  de ningún producto a partir 
del 3 de marzo de 1999.  Los Estados  Unidos revisaron los requisitos en materia de fianzas.  La lista 
de productos sujetos a los requisitos revisados en ma teria de fianzas figura en la Prueba documental 7 
                                                     
 
181 En la Directiva Aduanera de 1991, que figura en la Prueba documental 4 de los Estados Unidos, se 
examina también la función de la evaluación del riesgo para determinar los niveles de las fianzas. WT/DS165/R/Add.1 
Página 102  
 
de los Estados Unidos.  Los productos se escogieron en  función de los principios estipulados en el 
párrafo 3 del artículo 22 del ESD.  Se  retiraron productos de la lista final a fin de velar por que los 
derechos se aplicaran en un nivel equivalente al nivel de la anulación o el menoscabo calculados por 
el árbitro del párrafo 6 del artículo 22 y autorizados por el OSD.  Las partidas retiradas de la lista final 
se indican en la Prueba documen tal 7 de los Estados Unidos. 
Pregunta 30  ¿Cuál fue la cuantía anual total de exportacio nes de las CE a los Estados Unidos en los 
años civiles de 1997, 1998 y 1999? 
60. La cuantía anual total de importaciones nort eamericanas de los Estados miembros de las CE 
fueron como sigue: 
 1997:  157.500 millones de dólares EE.UU. 
 1998:  176.400 millones de dólares EE.UU.  1999 (primeros 10 meses):  159.800 millones de dólares EE.UU. 
Pregunta 31 
 ¿Cuáles eran y son los aranceles conso lidados y los tipos aplicados sobre las 
importaciones enumeradas en la lista en ausencia de la decisión del 3 de marzo? 
61. Los tipos aplicados a las importaciones enumer adas en la lista (que son también los tipos 
consolidados) se consignan en la Prueba documental 7 de los Estados  Unidos.  Esos tipos no fueron 
modificados por la decisión del 3 de marzo.  Si  no se hubiera adoptado una nueva medida el 19 de 
abril de 1999, todas y cada una de las importaciones de  una mercancía sujeta a los requisitos revisados 
en materia de fianzas se habrían liquidado a esos tipos.  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 103 
 
 
Apéndice 2.5 
Comunicación de réplica de los Estados Un idos (incluida la carta de remisión) 
(21 de enero de 2000) 
Estimado Sr. Presidente: 
 
 Se adjunta la segunda comunicación de los Estados Unidos en la diferencia Estados Unidos - 
Medidas aplicadas a la importa ción de determinados produ ctos procedentes de las  Comunidades 
Europeas.  
 
 En la parte 11 de esta com unicación se aborda la cuestión del alcance del mandato del Grupo 
Especial.  Esta cuestión, que sólo se señaló en la primera reunión sustantivo del Grupo Especial, reviste 
gran importancia.  En c onsecuencia, los Estados Unidos piden respetuosamente al Grupo Especial que 
aclare, antes del comienzo de la segunda reunión sustantivo, cuáles son la s medidas que considera 
incluidas en su mandato, a fin de que los Estados Un idos puedan, de conformida d con las reglas básicas 
del debido proceso, tener pleno conocimiento de  las medidas en litigio, así como una oportunidad 
adecuada para responder a todas la s alegaciones pl anteadas contra las me didas estadounidenses que 
puedan ser objeto del informe del Grupo  Especial.  Si esta cuestión se hubiese planteado en el comienzo, 
los Estados Unidos habrían solicita do una resolución preliminar de conf ormidad con lo dispuesto en el 
párrafo 11 de los procedimientos de trabajo del Grupo Especial.  No es menos importante que esta 
cuestión se aclare ahora con prontitud.  
 Se ha facilitado dire ctamente a las Comunidades Europeas una copia de esta comunicación y 
solicitud de una resolución preliminar.   Lo saluda atentamente,  
 
Comunicación de réplica de los Estados Unidos 
 
 
I. INTRODUCCIÓN 
1. Aunque las CE tienen razón al afirmar que lo s hechos del caso presente son sencillos, están 
equivocadas en cuanto a esos hechos.  El 3 de marz o de 1999, el día siguiente a la fecha en que el 
Árbitro designado con arreglo al párrafo 6 del artículo 22 en la diferencia relativa a los Bananos  debía 
concluir su labor según lo exigido por el ESD, los Estados Unidos decidieron modificar los requisitos 
en materia de fianzas aplicables a determinadas importaciones de las CE.  Los Estados Unidos 
adoptaron esta medida para preservar su capacidad de recaudar todo derecho que finalmente pudiera 
autorizar el OSD como resultado del incumplimien to de las CE de resoluciones y recomendaciones 
del OSD en el asunto Bananos .  Los requisitos en materia de fianzas no aumentaron la 
responsabilidad por el pago de derechos correspon dientes a esas importaciones.  El 4 de marzo, 
las CE solicitaron la celebración de consultas sobre la  decisión adoptada el 3 de marzo, y finalmente 
pidieron el establecimiento de este Grupo Especial s obre la base de esas consultas, limitando así la 
medida en litigio a los requisitos en  materia de fianzas adoptados el 3 de marzo.  La tarea del Grupo 
Especial en este procedimiento es formular constataciones sobre si las CE han cumplido la carga de 
demostrar que los requisitos en materia de fianzas adoptados el 3 de marzo son incompatibles con los 
artículos I, II, VIII y XI del GATT de 1994.  Co mo las CE no han cumplido esta carga, el Grupo 
Especial debe constatar que los requisitos en ma teria de fianzas adoptados  el 3 de marzo no son 
incompatibles con esos artículos ni con el párrafo 6 del artículo 22 o el apartado c) del párrafo 2 del 
artículo 23. 
 WT/DS165/R/Add.1 
Página 104  
 
2. El Grupo Especial deberá también rechazar las alegaciones de las CE relativas al artículo 3 y al párrafo 5 del artículo 21.  En la  presente diferencia, las CE tratan de que el Grupo Especial declare 
ultra vires  la labor del Árbitro designado con arregl o al párrafo 6 del artículo 22 en el asunto Bananos  
sobre la base de argumentos rela tivos a la relación entre el párraf o 5 del artículo 21 y el artículo 22 
del ESD que las CE han presentado en cuatro procedim ientos anteriores.  En cada ocasión, los grupos 
especiales y los Árbitros han desestimado o rechazado estos argumentos de las CE.  Este Grupo 
Especial deberá hacer lo mismo.  
II. LA ÚNICA MEDIDA INCLUIDA EN EL MANDATO ES LA DECISIÓN DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE INCREMENTAR LOS REQUISITOS EN MATERIA DE 
FIANZAS 
3. Las CE han tratado a lo largo de todo este procedimiento de evitar la identificación de la 
medida concreta de los Estados Unidos que impugnan.  Sus razones se entienden fácilmente:  las CE 
han basado sus argumentos en una errónea compre nsión de las medidas que los Estados Unidos 
tomaron efectivamente el 3 de marzo y todo reconocim iento de su parte en este sentido destruiría sus 
alegaciones.  Además, las CE esperan obtener c onstataciones del Grupo Especial sobre medidas que 
no están abarcadas por el mandato correspondiente a esta diferencia.  El Grupo Especial deberá 
rechazar estos esfuerzos de las CE por sembrar la confusión, confirmar que la única medida incluida 
en el mandato de la presente diferencia es la modificación de los requisitos en materia de fianzas introducida por los Estados Unidos y basar sus cons tataciones en una determinación de si las CE han 
cumplido su carga de demostrar que esta medida es incompatible con las disposiciones de la OMC 
indicadas en la solicitud de establecimien to de un grupo especial por las CE. 
 4. El mandato establece que este Grupo Especial examine "el asunto sometido al OSD por las Comunidades Europeas en" el documento WT/DS165/8.
182  Ese documento es la solicitud de 
establecimiento de este Grupo Especial, presentada por las CE el 11 de mayo de 1999.  En ese 
documento, las CE indicaron que la medida era 
 
la decisión de los Estados Unidos, efectiva desde el 3 de marzo de 1999, de suspender 
la liquidación de las importaciones procedentes de la CE de productos (incluidos en una lista) que representan en conjunto un valor de 520 millones de dólares anuales, e 
imponer una obligación contingente correspondi ente a derechos del 100 por ciento 
sobre cada una de las importaciones de productos afectados a partir de esa fecha [...].  
Esta medida incluye disposiciones admini strativas que prevén, entre otras cosas, la 
constitución de una fianza para cubrir la totalidad de obligación eventual.
183 
5. La solicitud de establecimiento de un gr upo especial presentada por las CE siguió a su 
solicitud de consultas de 4 de ma rzo de 1999, en la que describier on la medida empleando un lenguaje 
similar: 
 
la decisión de los Estados Unidos, efectiva desde el 3 de marzo de 1999, de suspender 
la liquidación de las importaciones proceden tes de las CE de una serie de productos 
[...] que representan en conjunto un valor superior a 500 millones de dólares anuales, 
e imponer una obligación contingente corres pondiente a derechos del 100 por ciento 
sobre cada una de las importaciones de productos afectados a partir de esa fecha [...].  
Según la información suministrada por el Re presentante de los Estados Unidos para 
las cuestiones comerciales, esta medida incluye disposiciones administrativas que 
                                                      
182 WT/DS165/9. 
 
183 Véase WT/DS165/8. 
  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 105 
 
 
prevén, entre otras cosas, la constitución de una fianza para cubrir la totalidad de 
obligación eventual.184 
6. Como se describió en la primera comunicación de los Estados Unidos, la comunicación oral y 
las respuestas a las preguntas del Grupo Especial y de las CE185, la referencia de las CE a la 
"suspen[sión de] la liquidación" no describe ni nguna decisión adoptada por los Estados Unidos 
"efectiva desde el 3 de marzo de  1999".  La expresión "suspender  la liquidación" no tiene ningún 
significado jurídico en la legislación de los Esta dos Unidos, y los Estados Unidos no "suspendieron" 
ni "prorrogaron" la liquidación con respecto a las importaciones de ninguno de los productos incluidos en una lista y mencionados en la solicitud de est ablecimiento de un grupo especial presentada por las 
CE.
186  Los Estados Unidos siguen aplicando su cicl o de liquidación normal de 314 días con respecto 
a estos productos.  Como ese ciclo de liquidaci ón de 314 días no constituye una "decisión, efectiva 
desde el 3 de marzo de 1999"187, no puede ser considerada, en virtud de ninguna interpretación, como 
incluida en el mandato de la presente diferencia.  7. Del mismo modo, los requisitos en materia de fianzas impuestos normalmente por el Servicio 
de Aduanas de los Estados Unidos no pueden ser considerados como pa rte de la medida a la que se 
refiere la presente diferencia.  El requisito de que los importadores constituyan fianzas ha formado 
parte de la práctica de la Aduana durante decenios,  y los requisitos específicos en materia de fianzas 
que están ahora en vigor fueron establecidos en 1991.
188  No fueron consecuencia de ninguna 
"decisión, efectiva desde el 3 de marzo de 1999".  En sus comunicaciones, las CE parecen reconocer que los requisitos normales de los Estados Unidos  en materia de fianzas no forman parte de la 
presente diferencia, y en ocasiones no parecen impugnarl os.  Por ejemplo, en el párrafo 16 d) de su 
primera comunicación escrita, las CE pretenden describir los requisitos en materia de fianzas impuestos por la medida en cuestión y después d eclaran en el párrafo 17 que estos requisitos 
"suponían una carga adicional  a lo exigido por las autoridades a duaneras de los Estados Unidos al 
aplicar los derechos de aduana ordinarios".
189  Del mismo modo, en sus respuestas a las preguntas del 
Grupo Especial y de los Estados Unidos, las CE, aclarando el párrafo 16 d), hacen referencia al 
"aumento  de las cargas y gastos para los importadores [ ...] que se calculan sobre la base de un derecho 
superior al tipo consolidado"190, lo que sugiere que no impugnan ni nguna carga ni gasto que, según 
alegan, podrían existir con respecto a los requisitos normales en materia de fianzas en vigor.  Por las 
razones descritas infra  en la sección III.B, los Estados Unidos ni egan que existan cargas o gastos en el 
sentido del apartado c) del párrafo  2 del artículo II y el párrafo 1 del artículo VIII del GATT de 1994 
                                                      
184 Véase WT/DS165/1. 
 
185 Véase la primera comunicación de los Estados Un idos, párrafo 34;  comunicación oral de los 
Estados Unidos, párrafo 11;  respuestas de los Estados Unidos a las preguntas del Grupo Especial y de las CE, respuestas a las preguntas 7, 8, 19, 25, 28 y 29. 
 
186 Las expresiones "prorrogar la liquidación" o "suspender la liquidación" se explican en el párrafo 14 
y la nota 5 de las respuestas de los Estados Unidos a las preguntas del Grupo Especial y de las CE. 
 
187 El ciclo de liquidación de 314 días fue instituido el 26 de mayo de 1997.  Véase el Memorándum de 
fecha 26 de mayo de 1997, file number ENT-1 FO:TC:C:E AD to all interested parties, 
htpp://www.cebb.customs.tr eas.gov/public/cgi/cebb.exe?mode=fi& area=13&name=T-ENTRY5.TXT (Prueba 
documental 2 de los Estados Unidos). 
 
188 Véase Customs Directive Regarding Monetary Guidelines for Setting Bond Amounts  (Prueba 
documental 4 de los Estados Unidos). 
 
189 Primera comunicación de las CE, párrafos  16 d) y 17.  (Cursivas añadidas.) 
 
190 Respuestas de las CE a las preguntas del Grupo Especial y de los Estados Unidos, páginas 6 y 7 de 
la versión inglesa (respuesta a la pregunta de los Estados Unidos) (cursivas añadidas). 
 WT/DS165/R/Add.1 
Página 106  
 
vinculados a los requisitos normales en materia de fianzas o a los requisitos adicionales nominalmente impuestos el 3 de marzo.
191  No obstante, la distinción que las CE parecen trazar demuestra que no 
consideran que los requisitos normales de los Estados Unidos en materia de fianzas forman parte de la 
medida en litigio.  
8. Por otra parte, las CE se han negado a responde r a la invitación formulada en la pregunta de 
los Estados Unidos a las CE, en el sentido de trazar una distinción sostenible  entre los requisitos en 
materia de fianzas modificados el 3 de marzo y lo s requisitos normales en esa materia en los Estados 
Unidos, ya que los argumentos de las CE incluían a ambos.
192  La pregunta de los Estados Unidos 
respondía al hecho de que el argumento de las CE  de que los requisitos en materia de fianzas 
constituyen una de las "otras cargas" prohibidas, si se aceptara, convertiría a todos esos sistemas de 
fianzas, utilizados en los Estados Unidos y en otro s países (con inclusión de las CE) en una infracción 
a las normas de la OMC.  En lugar de abordar est a cuestión, las CE respondieron vagamente que "esta 
pregunta se basa en una distinción artificial entre di ferentes 'medidas', que las CE no aceptan".  Dada 
la posible consecuencia de que las CE consideren que los requisitos normales en materia de fianzas 
aplicados por los Estados Unidos son objeto de la  presente diferencia, el Grupo Especial deberá 
aclarar que no es así y deberá basar su análisis en el hecho de que sólo los requisitos adicionales en 
materia de fianzas impuestos el 3 de marzo están incluidos en su mandato.  9. El Grupo Especial deberá también rechazar el intento de las CE de adjudicar a los requisitos 
en materia de fianzas impuestos el 3 de marzo consecuencias jurídicas o prácticas que simplemente no 
tienen.  Por lo tanto, el Grupo Especial deberá r echazar las afirmaciones inju stificadas de las CE de 
que la medida "impone de hecho sobre cada impor tación unos derechos del 100 por ciento a partir 
del 3 de marzo de 1999, cuya devolución es incier ta, puesto que depende de decisiones futuras de los 
Estados Unidos"
193 o de que el efecto de la medida consistió en privar a partir del 3 de marzo de 1999 
a los importadores de su derecho de importar eso s productos sujetos a un derecho no superior al 
arancel consolidado con arreglo a la Lista de concesiones arancelarias de los Estados Unidos.194  
Como los Estados Unidos han explicado desde el comienzo de esa diferencia195, los requisitos en 
materia de fianzas impuestos el 3 de marzo no cr earon ninguna responsabilidad adicional por el pago 
de derechos.  Si los Estados Unidos no hubieran to mado ninguna nueva medida el 19 de abril después 
de la autorización del OSD, todas las importaciones sujetas a los requisitos modificados en materia de 
fianzas hubiesen sido liquidadas con arreglo al tipo declarado NMF. 
 
                                                      
191 A título de aclaración, cabe decir que si bien lo s Estados Unidos anunciaron el incremento de los 
requisitos en materia de fianzas el 3 de marzo, las instrucciones al Servicio de Aduanas para aumentar esos 
requisitos se dieron a conocer en realidad el 4 de marzo, y fueron efec tivas para las importaciones a partir de esa 
fecha. 
 
192 Véase la pregunta de los Estados Unidos a las CE;  respuestas de las CE a las preguntas del Grupo 
Especial y de los Estados Unidos, páginas 6 y 7 de la versión inglesa. 
 
193 WT/DS165/8. 
 
194 Comunicación oral de las CE, párrafo 7.  De m odo análogo y también incorrecto, las CE afirman 
que, como consecuencia de los requisitos en materia de fianzas del 3 de marzo, el importador quedó obligado a 
pagar el aumento (prohibitivo) de derechos en el moment o de la liquidación de la deuda aduanera.  Declaración 
oral de las CE, párrafo 6 a). 
 
195 Primera comunicación de los Estados Unidos, párra fos 31 y 45;  declaración oral de los Estados 
Unidos, párrafo 6;  respuestas de los Estados Unidos a las preguntas del Grupo Especial, párrafos 10 y 60. 
  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 107 
 
 
10. Un elemento importante del procedimiento de  entrada de mercancías es el depósito de los 
derechos estimados, lo que se debe realizar en  el momento de la entrada o muy poco después.196  Una 
fianza brinda seguridades a las autoridades de los Estados Unidos de que, en el momento de la 
liquidación, todo derecho no abarcado por esa esti mación podrá recaudarse si el importador omite 
pagarlos.  Esto es necesario precisamente porque el requisito en materia de fianzas no  impone por sí 
mismo ninguna responsabilidad adicional.  Si hubi ese existido tal responsabilidad adicional en el 
momento de la entrada, el Servicio de Aduan as hubiera exigido depósitos más elevados por los 
derechos estimados . 
 11. Los depósitos por derechos est imados correspondientes a las entr adas realizadas entre el 3 de 
marzo y el 19 de abril sólo se ajustaron a la cuantía de derecho NMF porque ésta era la única 
responsabilidad por derechos a que estaban sujeta s esas importaciones.  No obstante, se sabía que, 
como resultado de la autorización del OSD, los derechos correspondientes a esas entradas podrían 
resultar finalmente más elevados.  En consecuencia,  si no se disponía el incremento de los requisitos 
en materia de fianzas, el Servicio de Aduanas no podría haberse asegurado de que los importadores 
pagarían la diferencia entre lo s depósitos por derechos NMF y to do derecho más elevado que pudiera 
ser autorizado finalmente por el OSD.  Cuando esa autorización llegó, el día 19 de abril, la responsabilidad por el pago de derechos aumentó h asta el 100 por ciento, y el Servicio de Aduanas 
comenzó a exigir depósitos más elevados corr espondientes a los derechos estimados.  Una vez 
realizados estos depósitos más elevados, ya no existe  una diferencia entre los depósitos por derechos 
estimados y la responsabilidad con tingente conocida.  El riesgo de que el Servicio de Aduanas no 
pudiera recaudar la totalidad de los der echos debidos volvió a niveles normales
197, y se aplicaban los 
requisitos normales en materia de fianzas.  12. Las CE confunden el efecto de la medida adopt ada por los Estados Unidos el 3 de marzo con 
los de la medida tomada el 19 de abril.  Ahor a bien, esta última medida no está en litigio en este 
procedimiento porque no podía haber sido objeto de la  celebración de consultas formulada el 4 de 
marzo.  Un Miembro puede solicitar el estableci miento de un grupo especial con respecto a una 
medida sólo si primero ha solicitado la cel ebración de consultas sobre dicha medida.
198  E l  4  d e  
marzo, las medidas adoptadas el 19 de abril no existían.  Las CE pudieron, después del 19 de abril, solicitar la celebración de consultas sobre las medi das adoptadas el 19 de abril, pero prefirieron no 
hacerlo.  No se les debe permitir ahora eludir l as normas del ESD mediante una descripción incorrecta 
de las medidas del 3 de marzo en el sentido de  que incluyen las adop tadas el 19 de abril. 
 13. Las propias CE han reconocido desde hace mucho tiempo y se han basado en el principio de que el procedimiento de solución de diferencias no puede llevarse a cabo antes de que la medida en 
cuestión haya sido adoptada.  Por ejemplo, las CE in sistieron durante los esfue rzos realizados por los 
Estados Unidos para que se constitu yera un grupo especial con arreglo al párrafo 5 del artículo 21 en 
                                                     
 
196 Se describen los detalles de éste y otros aspectos del procedimiento de entrada en el sitio Web del 
Servicio de Aduanas de los Estados Unidos, http://www.customs.ustreas.gov/imp-
exp2/pubform/import/index.htm .  En la Prueba documental 8 de los Estados Unidos se ofrecen extractos de este 
sitio. 
 
197 En circunstancias normales, el ri esgo, después del depósito de los derechos estimados, sería cubierto 
por los requisitos normales en materia de fianzas correspondientes a esos productos y se refiere a la posibilidad, 
por ejemplo, de que las mercancías es tuvieran erróneamente clasificadas o valoradas, o de que se comprobara 
que los productos son inadmisibles porque no cumplen los requisitos estadounidenses en materia de salud o de seguridad. 
 
198 Véase ESD, párrafos 2 a 5 y 7 del artículo 4.  El párrafo 2 del artículo 4 prevé la celebración de 
consultas con respecto a "medidas  adoptadas dentro [del] territorio" de un Miembro.  Por lo tanto, la solicitud de 
consultas formulada por las CE no podía haberse realizado con respecto a una medida que no había sido 
"adoptada" el 4 de marzo, esto es, la medida del 19 de abril. 
 WT/DS165/R/Add.1 
Página 108  
 
que ese grupo especial no podía constituirse porque un aspecto de la aplicación a cargo de las CE, el régimen de licencias, supuestamente aún no se ha bía adoptado hasta fines de octubre de 1998.  
Las CE afirmaron en la reunión celebrada por el OSD el 22 de septiembre de 1998,  
Por consiguiente, la Comunidad no está en condiciones de aceptar ese punto, puesto 
que aún no se han adoptado medidas.  A unque esta cuestión ha sido también objeto 
de consultas, la Comunidad no puede acepta r la posición de las partes reclamantes, 
puesto que jurídicamente las medidas no se  han adoptado aún ni existe decisión 
alguna sobre el régimen de licencias de importación
199 
14. Las CE llegaron incluso a amenazar con bloqu ear el orden del día de la reunión celebrada por 
el OSD en septiembre de 1998 hasta que recibier an seguridades de que el OSD no adoptaría medidas 
con respecto a la solicitud de establecimiento de  un grupo especial con arreglo al párrafo 5 del 
artículo 21 presentada por las partes reclamantes en el asunto Bananos .200  Así es como las CE 
lograron eludir la norma del ESD en el sentido de que el OSD debe establecer un grupo especial si no existe consenso "en contrario", una norma que las CE citan para negar que pudieran haber 
"bloqueado" el establecimiento de un grupo especi al con arreglo al párrafo 5 del artículo 21.
201  Las 
CE tienen razón desde el punto de vista técnico:  no bloquearon el establecimiento de un grupo especial, sino que amenazaron con bloquear toda la labor de la reunión celebrada por el OSD en 
septiembre, con inclusión  del establecimiento de un grupo especial.  (Su voluntad de llevar a cabo esta 
amenaza fue confirmada por los acontecimientos sucedidos en la reunión celebrada por el OSD el 27 de enero de 1999.
202) 
 
15. A diferencia de las CE, los Estados Unidos  no habrían alegado ningún derecho a bloquear la 
constitución de este Grupo Especial si hubiesen consid erado que las CE tratarían de incluir en la 
diferencia medidas no sometidas a la solicitud de consultas.  Una decisión sobre estas cuestiones 
incumbe al Grupo Especial constituido con arreglo a reglas multilaterales y no depende de la decisión 
unilateral de una de las partes.  Dejando de lado la exactitud de las alegaciones de las CE en cuanto a 
si había llegado el momento de someter una parte de su medida de aplicación al examen previsto en el 
párrafo 5 del artículo 21, o su postura en el sen tido de que la parte demandada -y no un grupo 
especial- debe decidir esa cuestión, la explicación de las CE acerca de cuándo es oportuno que un 
grupo especial examine si una medida es correcta:  si una medida aún no ha  sido adoptada, no puede 
ser objeto de un procedimiento de solución de di ferencias, incluidas las consultas, que son un 
requisito previo al establecimiento de un grupo esp ecial.  Seis años atrás las CE también enunciaron 
este principio, cuando explicaron que en una reunión  celebrada en diciembre de 1992 por el Consejo 
de las CE:  
                                                     
 
199 WT/DSB/M/48 (Acta de la reunión del OSD del 22 de septiembre de 1999). 
 
200 Véase idem , páginas 1 y 2 ("Con anterioridad a la adopción del orden del día, el representante de las 
Comunidades Europeas [...] pregunta si [el] punto [4 del orden del día titulado "Recurso al párrafo 5 del 
artículo 21 del ESD por el Ecuador, Guat emala, Honduras, México y los Estado s Unidos"] se ha incluido en el 
orden del día únicamente a título informativo.  Según la respuesta que reciba, indicará si puede aceptar que 
siga en él.   (Cursivas añadidas.)). 
 
201 En su respuesta a la pregunta del Grupo Especial sobre la reiterada negativa de las CE a participar 
en un procedimiento con arreglo al párrafo 5 del artículo 21, las CE afirmaron que era incorrecto aseverar que habían bloqueado una medida con arreglo al párrafo 5 del artículo 21.  Las CE explicaron:  "la parte demandada 
no está en situación de 'bloquear' el establecimiento de un grupo especial porque la decisión es adoptada por 
el OSD con arreglo a la norma del consenso 'en contrario'".  Respuestas de las CE a las preguntas del Grupo Especial y de los Estados Unidos, páginas 5 y 6 de la versión inglesa (respuestas 11 y 12). 
 
202 Véase WT/DSB/M54, páginas 3 a 10;  primera co municación de los Estados Unidos, párrafo 25. 
  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 109 
 
 
no se adoptó una decisión oficial sobre dic ho régimen [el régimen de importación de 
bananos de las CE];  el resultado del de bate fue únicamente una orientación política 
acerca de algunos de los rasgos de la futura organización común del mercado en el sector del banano, a la que aún no se ha dado carácter formal en el proceso interno de adopción de decisiones de las instituci ones comunitarias.  Por tanto, no cabe 
considerar que los actuales trabajos prep aratorios constituyan una medida, en el 
sentido del párrafo 1 del artículo XXII o de l párrafo 1 del artículo XXIII del Acuerdo 
General, que dé lugar a la celebración de consultas al amparo de cualquiera de esos 
dos preceptos.
203 
Las medidas adoptadas el 19 de abril, que aumentar on la responsabilidad por el pago de derechos, no 
se habían adoptado cuando el día 4 de marzo las CE solicitaron la celebración de consultas y, por 
tanto, no podían ser medidas previstas en esa solicit ud ni en la solicitud de establecimiento de un 
grupo especial presentada posteriormente.  16. En su declaración final formulada en la pr imera reunión sustantiva del Grupo Especial, las CE 
trataron de volver a formular su descripción de la medida, con la esperanza de incluir en este 
procedimiento las medidas adoptadas el 19 de abril.  Las CE afirmaron que el asunto planteado ante el 
Grupo Especial es "la medida adoptada por los Estados Unidos, efectiva
 desde el 3 de marzo de 1999, 
sobre una lista de productos, que figura en el Ane xo 1, y confirmada para una parte de los productos 
en una "lista reducida" adoptada el 19 de ab ril de 1999, y que figura en el Anexo 2."204  Esta nueva 
formulación de la medida no corres ponde a la incluida en las solic itudes de las CE de constitución de 
un grupo especial o de celebración de consultas.  La  solicitud de celebración de consultas de las CE 
obviamente no hace referencia a la medida del 19 de abril, porque ésta aún no había sido adoptada y 
porque no estaba claro aún durante cuánto más tiempo podrían las CE retrasar el grupo especial 
previsto en el artículo 22.  Además, la solicit ud de constitución de un grupo especial de las CE no 
hace referencia a la medida del 19 de abril, sino que sólo indica que ésta ha "confirmado" la 
responsabilidad impuesta por la decisión del 3 de  marzo.  Ninguna de estas formulaciones pueden 
permitir que se incluyan en la presente diferencia las medidas adoptadas el 19 de abril.  Estas medidas 
no estuvieron incluidas en la solicitud de celebración de consultas de las CE, y la medida del 3 de 
marzo no  creó ninguna responsabilidad por el pago de derechos que pudiera ser "confirmada" el 19 de 
abril. El Grupo Especial debe rechazar el intento de las CE de redefinir el mandato de la presente 
diferencia. 
 
17. El Órgano de Apelación, en el asunto Camisas y blusas , expresó con respecto a la carga de la 
prueba:  "encontramos que es verdaderamente difícil concebir que ningún sistema de solución judicial 
de diferencias pueda funcionar si acoge la idea de que la mera afirmaci ón de una alegación puede 
equivaler a una prueba [...].  [L]a parte que  alega un hecho [...] debe aportar la prueba 
correspondiente".205  En el presente procedimiento, las CE han tratado de alegar, mediante meras 
afirmaciones, que los Estados Unidos adoptaron el 3 de marzo una medida que  los Estados Unidos no 
adoptaron.  Los Estados Unidos han respondido a las CE con hechos  relativos a las medidas que 
adoptó y no adoptó el 3 de marzo.  La única medi da en litigio en la presente diferencia es la 
modificación, adoptada el 3 de marzo, de lo s requisitos en materia de fianzas aplicables a 
determinados productos procedentes de las CE.  El  Grupo Especial deberá considerar únicamente los 
                                                      
203 DS38/4, citado en el Índice Analítico (6ª edición), página 680. 
 
204 Declaración final de las CE en la primera reunión sustantiva del Grupo Especial (17 de diciembre 
de 1999). 
 
205 Informe del Órgano de Apelación en Estados Unidos – Medida que afecta a las importaciones de 
camisas y blusas de tejidos de lana procedentes de la India (Camisas y blusas) , adoptado el 25 de abril de 1997, 
WT/DS33/AB/R, página 16. 
 WT/DS165/R/Add.1 
Página 110  
 
argumentos relativos a esa medida.  Por las razones expuestas en la primera comunicación de los Estados Unidos y en las secciones siguientes de la presente comunicación, las CE no han logrado demostrar que los requisitos en materia de fianzas a doptados el 3 de marzo son incompatibles con las 
obligaciones de los Estados Unidos en el marco de la OMC.  III. LAS CE NO HAN CUMPLIDO SU CARGA DE DEMOSTRAR QUE LA MEDIDA 
DEL 3 DE MARZO FUE INCOMPATIBLE CON LOS ARTÍCULOS I, II, VIII Y XI DEL GATT DE 1994 
18. Incumbe a las CE, como parte reclamante en esta diferencia, el presentar argumentos y 
pruebas suficientes para establecer una presunción prima facie  con respecto a los diversos elementos 
de sus alegaciones.  La tarea del Grupo Especial consiste en evaluar todas las pruebas presentadas y 
decidir si las CE, como parte a la que incumbe la car ga de la prueba original , ha convencido al Grupo 
Especial de la validez de sus alegaciones.  En ca so de incertidumbre, es de cir, cuando las pruebas y 
los argumentos están equilibrados, el Grupo Especial debe conceder el beneficio de la duda a los 
Estados Unidos, en su calidad de parte demandada.
206  Las CE no han cumplido su carga en esta 
diferencia con respecto a ninguna de sus alegaciones. 
 A. L
AS CE NO HAN DEMOSTRADO QUE LA MEDIDA DEL 3 DE MARZO FUE INCOMPATIBLE CON EL 
ARTÍCULO I DEL GATT  DE 1994 
 
19. Las CE han afirmado que los requisitos en ma teria de fianzas adoptados el 3 de marzo son 
incompatibles con el artículo I porque presuntamente  discriminan entre los productos procedentes de 
las CE y los procedentes de otros países.207  Esta afirmación es incorrecta porque la medida de 
incremento de los requisitos en materia de fianz as adoptada por los Estados Unidos simplemente se 
refería a los riesgos particulares relacionados con esas importaciones, riesgos que no existían con 
respecto a las importaciones de otros productos procedentes de otros países. 
 
20. Los riesgos particulares relacionados con est as importaciones procedentes de las CE fueron el 
resultado del incumplimiento de las CE en poner su régimen de importaci ón de los bananos en 
conformidad con las reglas y recomendaciones del OSD una vez expirado el plazo prudencial.  En 
consecuencia, después de la confirmación a cargo de l Árbitro designado con ar reglo al párrafo 6 del 
artículo 22, de la anulación de ventajas corres pondientes a los Estados Unidos, y la autorización 
del OSD para suspender concesiones, esas importaci ones procedentes de las CE quedarían sujetas a 
derechos más elevados.  Al no existir depósito s más elevados correspondientes a los derechos 
estimados (que el Servicio de  Aduanas no recibió porque la responsabilidad correspondiente a esas 
importaciones seguía establecida conforme a tipos NMF), el Servicio de Aduanas corría el riesgo de que las fianzas existentes no resultaran suficientes si  los importadores se negaban a pagar la diferencia 
entre los derechos estimados y los derechos más el evados que se podrían imponer ulteriormente.  Por 
lo tanto, al aplicar distintos requisitos en materi a de fianzas a estas importaciones, los Estados Unidos 
simplemente respondieron a los riesgos esp eciales vinculados a esas importaciones. 
 
                                                     
 
206 Informe del Órgano de Apelación en CE – Medidas que afectan a la ca rne y los productos cárnicos 
(hormonas)  adoptado el 16 de enero de 1998, WT/DS26/AB /R, WT/DS48/AB/R, párrafo 109;  véase también 
Camisas y blusas , WT/DS33/AB/R, página 19 ("una parte que alega la infracción de una disposición del 
Acuerdo sobre la OMC por otro Miembro debe afirmar y probar su alegación");  e Informe del Órgano de 
Apelación en India – Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos 
para la agricultura , adoptado el 16 de enero de 1998, WT/DS50/AB/R, párrafo 74 (en el que se observa que el 
Grupo Especial "exigi[ó] debidamente que [la parte reclam ante] estableciera [...] una presunción" antes de pasar 
al siguiente paso de su evalu ación de la alegación planteada);  Informe del Gru po Especial en Artículos 301 a 
310 de la Ley de Comercio Exterior de 1974 , WT/DS152/R, párrafo 7.14 (22 de diciembre de 1999). 
 
207 Primera comunicación de las CE, párrafo 16 a). 
  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 111 
 
 
21. Por último, los Estados Unidos observan que, in cluso si el Grupo Especial considerase que los 
requisitos en materia de fianzas aplicados el 3 de marzo dan un trato diferente a las importaciones de 
determinados productos procedentes de las CE del trato dado a otros Miembros, sin tener en cuenta 
los riesgos particulares vinculados a estas importaci ones procedentes de las CE, sólo se podría alegar 
que únicamente los requisitos aplicados a las fian zas continuadas podrían considerarse como menos 
favorables  Como se indicó en la respuesta a la pregunta Nº 2 de las CE y a la pregunta Nº 20 del 
Grupo Especial, los requisitos en materia de fi anzas únicas por transacción aplicados a los productos 
incluidos en la lista fueron en realidad inferiores  a los aplicados a las importaciones normales de la 
mayor parte de los productos, e iguales a los aplicados a otros.208 
 
22. Sin embargo, el Grupo Especial deberá r echazar, juntamente con las demás alegaciones de 
las CE, el argumento de las CE de que los requisitos en materia de fianzas establecidos el 3 de marzo daban a las importaciones procedentes de las CE  un trato diferente y menos favorable que el 
concedido a los productos de otros Miembros.  Los requisitos en materia de fianzas establecidos el 
3 de marzo fueron compatibles con lo dis puesto en el artículo I del GATT de 1994. 
 
B. L
AS CE NO HAN DEMOSTRADO QUE LA MEDIDA DEL 3 DE MARZO FUE INCOMPATIBLE CON LOS 
ARTÍCULOS II Y VIII  DEL GATT  DE 1994 
 
23. Los requisitos en materia de fianzas estableci dos el 3 de marzo no im pusieron ninguna "otra 
carga" en el sentido del apartado b) del párrafo 1 del artículo II y el párrafo 1 del artículo VIII 
del GATT de 1994, o, si lo hicieron, esas cargas son "proporcionales al costo de los servicios 
prestados" y, por tanto, están autorizadas por el apar tado c) del párrafo 2 del artículo II y el párrafo 1 
del artículo VIII.  Con arreglo a cualquiera de est as interpretaciones, los requisitos en materia de 
fianzas establecidos el 3 de marzo no son incompatibles con estas disposiciones. 
 
24. Como se ha descrito supra , la única medida incluida en el ma ndato de la presente diferencia 
es la modificación de los requisitos en materia de fianzas introducida el 3 de marzo.  Los requisitos 
normales de los Estados Unidos en materia de fianza s no están incluidos en el mandato de la presente 
diferencia ni parece que la s CE impugnen tales requisitos.209  No obstante, las CE no han trazado una 
distinción sostenible entre los requisitos en mate ria de fianzas modificados del 3 de marzo y los 
requisitos normales en esta materia aplicados en  los Estados Unidos y numerosos Miembros de 
la OMC, incluidos varios Estados miembros de las CE.210  Al alegar simplemente que esos sistemas 
de fianzas imponen "otras cargas" incompatibles c on los artículos II y VIII porque pueden existir 
                                                      
208 Como se describe en la respuesta a las pr eguntas Nº 2 y Nº 20, los productos sujetos a 
prescripciones de organismos tales como la Administr ación de Productos Alimentic ios y Farmacéuticos estaban 
sujetos a fianzas únicas por transacción equivalentes a tres veces el valor declarado de la mercancía, estuvieran 
o no incluidos en la lista.  Los productos no sujetos a estas prescripciones de otros organismos están sometidos 
normalmente a una fianza única por transacción correspondiente al valor declarado de la mercancía más todos los derechos, impuestos y tasas correspondientes a la en trada, mientras que las fianzas únicas por transacción de 
los productos incluidos en la lista y procedentes de las CE sólo deben equivaler a la cuantía del valor declarado 
de la mercancía. 
 
209 Véase el análisis incluido en la sección II, párraf os 7 y 8, relativos al mandato, y al argumento de 
las CE de que impugna la carga "adicional" supuestamente creada por la medida del 3 de marzo y el "aumento" 
de las cargas presuntamente impuesto por esa medida. 
 
210 Entendemos que al menos varias administraciones aduaneras de Estados miembros de las CE (por 
ejemplo, las del Reino Unido y Alemania) prevén un sistema de garantías que permite el pronto despacho de las 
mercancías sin el pago definitivo de derechos.  También entendemos que tales sistemas pueden presentar diferencias entre los Estados miembros (por ejemplo, en algunos casos, sólo se pueden exigir garantías para los 
productos considerados de "alto riesgo" por razones de cumplimiento, tales como los licores y los cigarrillos), y 
no todos los Estados miembros (por ejemplo, Italia) han establecido un sistema de garantías. 
 WT/DS165/R/Add.1 
Página 112  
 
gastos relacionados con la obtención de las fianzas
211, las CE han incluido, presumiblemente de forma 
no intencional, todos los sistemas de fianzas.  25. El problema ha sido puesto de relieve por la  pregunta formulada por los Estados Unidos a 
las CE y la omisión de éstas en responderla.  Lo s Estados Unidos preguntaron expresamente a las CE 
si los sistemas de garan tías imponen en general "otras cargas" en el sentido de los artículos II y VIII y, 
si fuera así, de qué modo las CE las distinguirían de cualesquiera "otras cargas" relacionadas con la 
medida del 3 de marzo.  Las CE se negaron a responder la pregunta, reiterando meramente su 
argumento de que la medida del 3 de marzo imponía "otra carga" no limitada a los gastos de administración aproximados.
212 
 
26. En la pregunta de los Estados Unidos se  señaló que el artículo 13 del Acuerdo sobre 
Valoración en Aduana preveía expresamente sistemas de garantías, a lo que las CE respondieron que 
las cuestiones de valoración no eran pertinentes en la presente diferencia.213  La respuesta de las CE 
no cae en la cuenta de que las CE no pueden proponer una definición de  "otras cargas" en el marco del 
artículo II que llevaría a la conc lusión de que los sistemas de garantías en general infringen el 
artículo II, ya que tales sistemas están expresame nte previstos en el artículo 13 del Acuerdo sobre 
Valoración en Aduana.  La disposición de un acuerdo  no debe interpretarse de modo tal que cree un 
conflicto con otra disposición.214  Si, meramente porque pueda ha ber costos relacionados con los 
requisitos en materia de fianzas, todos los sistemas de garantías impondrían "otras cargas" prohibidas, 
entonces la interpretación que hacen las CE de l concepto de "otras cargas" estaría creando 
precisamente ese conflicto. 
 27. Además del artículo 13 del Acuerdo sobre Valo ración en Aduana, los sistemas de seguridad 
están expresamente previstos en el Conveni o Internacional de Kyoto sobre Simplificación y 
Armonización de Regímenes Aduaneros.
215  El Convenio, como el Acuerdo sobre Valoración en 
Aduana, alienta el pronto despacho de las mercancías  y permite la adopción de  sistemas de garantías 
para asegurar el cumplimiento de las obligaciones reglamentarias y para asegurar la recaudación de todos los derechos e im puestos a la exportación adicionales  que puedan resultar aplicables.
216  Por lo 
                                                      
211 Primera comunicación de las CE, párrafo 16 d). 
 
212 Primera comunicación de las CE, párrafo 16 d);  respuestas de las CE a las preguntas del Grupo 
Especial y de los Estados Unidos, páginas 6 y 7 de la versión inglesa (respuesta a la pregunta de los Estados 
Unidos). 
 
213 Respuestas de las CE a las preguntas del Grupo Especial y de los Estados Unidos, páginas 6 y 7 de 
la versión inglesa. 
 
214 Véase, por ejemplo, el In forme del Grupo Especial en Indonesia – Determinadas medidas que 
afectan a la industria del automóvil , adoptado el 23 de julio de 1998, WT/DS54/R, WT/DS55/R, WT/DS64/R, 
WT/DS69/R, párrafo 14.28 (el Grupo Especial expres ó:  "recordamos en primer lugar que el derecho 
internacional público establece una presunción contraria al  conflicto.  [Se omite la nota de pie de página.]  
Puesto que todos los Acuerdos de la OMC, incluido el GATT de 1994 modificado por Entendimientos cuando 
se consideró necesario, fueron negociados al mismo tiemp o, por los mismos Miembros y en el mismo foro."). 
 
215 Convenio Internacional de Ky oto sobre Simplificación y Armoni zación de Regímenes Aduaneros 
(hecho en Kyoto el 18 de mayo de 1973 y entrado en vigor el 25 de septiembre de 1974), Anexo B.1, 59 a 61 
(sobre el despacho de mercancías) ( Convenio de Kyoto ) (Prueba documental 9 de los Estados Unidos).  Entre los 
miembros del Convenio figuran [prácticamente todos] los Miembros de la OMC.  El Convenio es una norma pertinente del derecho internacional aplicable en las relaciones entre los Miembros y, por tanto, es pertinente a 
los efectos de la interpretación de una disposición del Acuerdo sobre la OMC, tales como el significado del 
concepto de "otras cargas" en el marco de los artículos II y VIII del GATT de 1994.  Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, apartado  c) del párrafo 3 del artículo 31. 
 
216 Convenio de Kyoto , Anexo B.1, 59 a 61.  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 113 
 
 
tanto, el Convenio prevé expresamente que, como consecuencia necesaria del pronto despacho de las 
mercancías, pueda resultar necesario imponer requis itos en materia de fianzas para asegurar la 
recaudación de derechos que excedan de aquellos de que sea responsable el importador basándose en 
la información disponible en el momento de la en trada, y que puedan resultar debidos como resultado 
de acontecimientos posteriores a la entrada de las mercancías.217 
 
28. Teniendo en cuenta que tanto el Acuerdo s obre Valoración en Aduana como el Convenio de 
Kyoto contienen disposiciones específicas relativas a los sistemas de garantías, este Grupo Especial 
deberá constatar que los sistemas de garantías utilizados por las au toridades aduaneras para asegurar 
la recaudación de derechos, impuestos y tasas y el cumplimiento de otras obligaciones de los 
importadores después del despacho de las mercancías  no constituyen "otras cargas" en el sentido de 
los artículos II y VIII del GATT.  Los hechos relati vos a la amplia gama de sistemas de garantías 
empleados por los Miembros en relación con el  pronto despacho de las mercancías no están 
planteados ante el Grupo Especial, y éste debe rá evitar las constataciones que pudieran tener 
consecuencias involuntarias sobre estas medidas de fomento del comercio.  El Acuerdo sobre 
Valoración en Aduana y el Convenio de Kyoto prev én sistemas de garantías precisamente porque se 
reconoce que éstos son un componente necesario de los sistemas aduaneros que permiten el despacho 
de las mercancías en el menor tiempo posible.  29. Los requisitos en materia de fianzas impue stos por los Estados Unidos no suponen ningún 
pago al Gobierno de los Estados Unidos. En camb io, los importadores deben ofrecer pruebas de que 
han obtenido fianzas únicas por transacción o bien fianzas continuadas (o metálico en lugar de una 
garantía mediante fianza) correspondientes a la en trada o entradas en cuestión.  Estas fianzas son 
concedidas por empresas privadas de seguros, que c obran una cantidad a los importadores sobre la 
base del riesgo que supone la transacción.  Ese ries go puede relacionarse con la solvencia crediticia 
del importador o con la naturaleza de las mercancí as importadas.  Si bien los gastos cobrados 
actualmente por las empresas de seguros variarán por éstas y otras razones comerciales, el costo 
habitual de una fianza por transacción única sería de 3,50 dólares por cada 1.000 dólares de valor de 
la fianzas (0,35 por ciento), mientras que el cost o habitual de una fianza continuada sería de 10 a 
20 dólares por cada 1.000 dólares de valor de la fianza.
218 
 30. Si, por otra parte, el Grupo Especial llegase a la conclusión de que los sistemas de garantías 
que prevén el pronto despacho de las mercancías imponen "otra carga", el Grupo Especial deberá 
también concluir que los gastos vinculados a los re quisitos en materia de fianzas establecidos el 3 de 
marzo son "proporcionales al costo de los servicios prestados" y limitados "al coste aproximado de los 
servicios prestados"
219, y, por lo tanto, justificados en vi rtud del apartado c) del párrafo 2 del 
                                                      
217 Análogamente, las Directrices Aduaneras Internacion ales de la Cámara Internacional de Comercio 
establecen en la Directriz 19 que una ad ministración de aduanas moderna, efic iente y eficaz:  "19.  Administra 
un sistema de fianzas de garantía ins titucional, u otro medio ap ropiado, tal como un sist ema de aplazamiento de 
derechos e impuestos, para proteger los ingresos fiscales y asegurar el cumplimiento de la legislación aduanera 
sin retrasar innecesariamente el despacho de las mer cancías."  Directrices Aduaneras Internacionales de la 
Cámara de Comercio Internacional, www.iccwbo.org/home/statements_rules/rules/1997/customsdoc.asp (10 de 
julio de 1997 ). 
 
218 Estos costos son sólo valores aproximados, basado s en averiguaciones informales y podrían variar 
ampliamente en función de las partes en la transacción. 
 
219 El Grupo Especial que  examinó el asunto Derecho de usuario de la aduana , llegó a la conclusión de 
que las diferencias de redacción entre el apartado c) del párrafo 2 del artículo II y el  párrafo 1 del artículo VIII 
no sugerían un significado diferente, sino que resultaba meramente de los diferentes caminos que siguieron las 
disposiciones para incorporarse al GATT de 1947.  Informe del Grupo Especial en Estados Unidos – Derecho 
de usuario de la aduana , adoptado el 2 de febrero de 1988, IBDD 35S/282, 317, párrafo 75. 
 WT/DS165/R/Add.1 
Página 114  
 
artículo II y el párrafo 1 del artículo VIII.
220  También en este caso, el Grupo Especial no deberá 
formular constataciones que harían que los sistem as de garantías previstos en el Acuerdo sobre 
Valoración en Aduana y el Convenio de Kyot o constituyeran infracciones del artículo II. 
 31. Así, pues, como han demostrado los Estados Unidos, el Grupo Especial deberá constatar que 
los sistemas de garantías utilizados en relación c on el pronto despacho de las mercancías no son "otras 
cargas" en el sentido de los artículos II y VIII, o bien deberá abstenerse de formular constataciones 
con respecto a estas alegaciones si no resultan n ecesarias para resolver la presente diferencia. 
 C. L
AS CE NO HAN DEMOSTRADO QUE LA MEDIDA DEL 3 DE MARZO FUE INCOMPATIBLE CON EL 
ARTÍCULO XI DEL GATT  DE 1994 
 32. Las CE se limitan a afirmar que el efecto de los requisitos en materia de fianzas establecidos 
el 3 de marzo consistieron en "frenar efectivamente el comercio de los productos afectados a partir del 
3 de marzo de 1999"
221, y sobre esta base piden que el Grupo Es pecial constate que los requisitos son 
incompatibles con el artículo XI.222  El argumento de las CE con respecto al artículo XI del GATT 
                                                      
220 El servicio en cuestión es el pronto despacho de  las mercancías en los Estados Unidos.  Como se 
indicó en la primera comunicación de los Estados Un idos, ese pronto despacho de las mercancías puede 
producirse dentro de algunas horas posteriores a su llega da, mientras que los derechos estimados no se depositan 
habitualmente hasta 10 días hábiles (o dos semanas) de spués.  Antes del amplio uso del pronto despacho, los 
importadores de los Estados Unidos pagaban frecuentemente cargas por el almacenamiento en los muelles, 
tenían gastos administrativos más elevados para obtener el despacho de sus productos y otros aumentos de 
gastos relacionados con su incapacidad para utilizar los inventarios "justo a tiempo". 
 
El costo que representa para el Servicio de Aduana s el pronto despacho es el riesgo de que no se 
paguen los derechos, impuestos y tasas, o de que las mer cancías entradas infrinjan pr escripciones en materia de 
contingentes u otras prescripciones reglamentarias.  En part e, este riesgo se relaciona con el valor total de la 
responsabilidad potencial de la tran sacción (por ejemplo, derechos, otras tasas o liquidación de daños y 
perjuicios).  También se relaciona con la solvencia crediticia del importador.  Por ejemplo, las fianzas 
continuadas serán utilizadas, por defi nición, por los importado res que tienen antecedentes de importaciones que 
acreditan antecedentes crediticios.  Al vincular los requis itos en materia de fianzas con el nivel de riesgo relativo 
a las importaciones, el Servicio de Aduanas "cobra" a los importadores sobre la base del costo del pronto despacho. 
 
La medida del 3 de marzo respondió al mayor nive l de riesgo vinculado a las importaciones de los 
productos procedentes de las CE (incluidos en una lista).  Los riesgos particulares relacionados con estas 
importaciones de las CE fueron el resultado, como se describió en comunicacione s anteriores (véanse las 
respuestas de los Estados Unidos a las preguntas del Grupo Especial y de las CE, párrafo 8;  comunicación oral 
de los Estados Unidos, párrafos 4 a 6), del incumplimiento de las CE en poner su régimen de importación de 
bananos en conformidad con las resoluciones y recomendaciones del OSD una vez expirado el plazo prudencial.  En consecuencia, tras la confirmación por parte del Árbitro designado con arreglo al párrafo 6 del artículo 22, de 
la anulación de las ventajas correspondientes a los Esta dos Unidos, y de la autorización del OSD para suspender 
concesiones, estas importaciones procedentes de las CE quedarían sujetas a derechos más elevados.  Al no existir depósitos más elevados correspondientes a los derechos estimados (que el Servicio de Aduanas no recibió 
porque la responsabilidad correspondiente a esas importaciones se mantenía a tipos NMF), el Servicio de 
Aduanas corría el riesgo de que las fianzas existentes no aportaran recursos suficientes si los importadores se 
negaban a pagar la diferencia entre los derechos es timados y los derechos más elevados que se podían 
finalmente imponer.  Por lo tanto, al aplicar a estas im portaciones diferentes requisitos en materia de fianzas, los 
Estados Unidos simplemente respondieron a los riesgos especiales relacionados con estas importaciones, y los 
requisitos adicionales en materia de fianzas constituyeron una "carga" adecuada, proporcional a su costo para el 
Servicio de Aduanas. 
 
221 Comunicación oral de las CE, párrafo 7. 
 
222 Por ejemplo, primera comunicación escrita de las CE, párrafo 16 c);  comunicación oral de las CE, 
párrafo 23.  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 115 
 
 
constituye una "mera afirmación"223, y lamentablemente no alcanza a cumplir la carga de las CE con 
respecto a esta alegación.  33. Incluso si el Grupo Especial concluyera que  la medida del 3 de marzo no constituye "otra 
carga", las CE no han cumplido su obligación de demostrar que esa medida es incompatible con el 
artículo XI.  El único argumento de las CE a este respecto es su afirmación de que la medida del 3 de 
marzo "frenó efectivamente el comercio".  Como cuestión fáctica, esto es simplemente incorrecto, 
como los Estados Unidos explicaron en la respuesta Nº 21.
224  La Prueba documen tal 5 de los Estados 
Unidos demuestra que después del 3 de marzo se si guió realizando un comercio sustancial de los 
productos incluidos en la lista.  En particular, si las consecuencias de la medida del 3 de marzo se 
separan de las consecuencias de la medida del 19 de abril, las cifras indican que la medida del 3 de 
marzo tuvo escasas consecuencias, si es que tuvo alguna.   Esto se desprende claramente de un examen 
de los valores de importación durante nueve meses de  los productos no incluidos en la lista definitiva 
(véase la Prueba documental 10 de los Estados Uni dos).  El total de las importaciones de estos 
productos en 1998 ascendió a un total de 213.991.343 dólares, mientras que la cifra correspondiente 
a 1999 fue de 212.574.917 dólares. 
 34. Por lo tanto, el argumento de las CE con r especto al artículo XI consiste en una afirmación 
única e inexacta.  Por esta razón, el Grupo Especial deberá constata r que las CE no han cumplido su 
carga con respecto a esta alegación, si el Grupo Especi al llegase a la conclusi ón de que la medida del 
3 de marzo queda incluida en el alcance del artícul o XI y no está excluida por tratarse de "otra carga". 
 
35. Como cuestión técnica, si supusiéramos, a los fines de la argumentación, que las CE tienen razón en que los requisitos en materia de fianzas establecidos el 3 de marz o imponen una "carga" con 
arreglo al artículo II o al artículo VIII, entonces est os requisitos de fianzas no pueden, por definición, 
estar sujetos a lo dispuesto en el artículo XI , que sólo abarca expresamente las prohibiciones o 
restricciones "aparte de los derechos de aduana, impu estos u otras cargas".  En la medida en que este 
Grupo Especial constatase  que la medida del 3 de  marzo constituye "otra carga" – esté o no incluida 
en el significado de los artículos II y VIII, y cumpla  o no los requisitos del apartado c) del párrafo 2 
del artículo II – la medida del 3 de marzo no puede quedar incluida en el alcance del artículo XI. 
 
IV. LAS CE NO HAN CUMPLIDO SU CARGA DE DEMOSTRAR QUE LA MEDIDA 
DEL 3 DE MARZO FUE INCOMPATIBLE CON EL APARTADO C) DEL 
PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 23 Y EL PÁRRAFO 6 DEL ARTÍCULO 22 DEL ESD 
36. En su comunicación oral en la primera reunión del Grupo Especial, las CE señalaron por 
primera vez la disposición del artículo 23 del ESD que, según alegan , los Estados Unidos habrían 
infringido:  el apartado c) del párrafo 2 del artículo 23.
225  El apartado c) del párrafo 2 del artículo 23 
del ESD exige que la parte reclamante siga el pr ocedimiento establecido en el artículo 22 y obtenga 
autorización del OSD antes de suspender concesion es u otras obligaciones.  De modo análogo, el 
párrafo 6 del artículo 22 (última frase), exige que  no se suspendan concesiones u otras obligaciones 
durante el curso del arbitraje.  Como las CE no han demostrado que los requisitos en materia de 
                                                      
223 El Órgano de Apelación expresó en el asunto Camisas y blusas , con respecto a la carga de la prueba:  
"encontramos que es verdaderamente di fícil concebir que ningún sistema de  solución judicial de diferencias 
pueda funcionar si acoge la idea de que la mera afirmación  de una alegación puede equivaler a una prueba [...].  
[L]a parte que alega un hecho [...] debe aportar la prueba correspondiente".  Informe del Órgano de Apelación 
en Estados Unidos – Medida que afecta a las importaciones de camisas y blusas de tejidos de lana procedentes 
de la India (Camisas y blusas) , adoptado el 25 de abril de 1997, WT/DS33/AB/R, página 16. 
 
224 Véanse las respuestas de los Estados Unidos a las preguntas del Grupo Especial y de las CE, 
párrafo 50. 
 
225 Comunicación oral de las CE, párrafo 15. 
 WT/DS165/R/Add.1 
Página 116  
 
fianzas establecidos el 3 de marzo son incompatibles con los artículos I, II, VIII u XI del GATT de 1994, no han demostrado que est os requisitos supongan una suspensión de concesiones u otras 
obligaciones impuesta por los Estados Unidos.  Por lo tanto, las CE no han cumplido su carga de demostrar que los requisitos en materia de fianzas establecidos el 3 de marzo fueron incompatibles 
con lo dispuesto en el apartado c) del párrafo 2 del artículo 23 o el párrafo 6 del artículo 22 (última 
frase) del ESD. 
 
V. LAS CE NO HAN CUMPLIDO SU CARGA DE DEMOSTRAR QUE LA MEDIDA 
DEL 3 DE MARZO FUE INCOMPATIBLE CON EL PÁRRAFO 5 DEL ARTÍCULO 21 DEL ESD 
37. Las CE piden que este Grupo Especial form ule constataciones que no debe ni necesita 
formular:  que el procedimiento previsto en el pá rrafo 5 del artículo 21 debe preceder a una solicitud 
de suspensión de concesiones con arreglo al artículo 22.  Es esta la quinta vez que las CE tratan de 
que un grupo especial se pronuncie sobre esta cuestión, que "aumente" y "reduzca" los derechos y 
obligaciones de los Miembros, infringiendo lo dispu esto en el párrafo 2 del artículo 3 del ESD.  
Ningún grupo especial anterior ha aceptado la invit ación de las CE a legislar, y este Grupo Especial 
también debe negarse a ello.  38. En sus respuestas del 13 de enero, las CE  sostienen expresamente que, como señalaron los 
Estados Unidos en su comunicación del 13 de enero
226, el objetivo de las CE es lograr que este Grupo 
Especial declare ilegítima e ilegal, constitutiva de  una infracción de las normas del ESD, la labor del 
Árbitro que actuó con arreglo al párrafo 6 del artícul o 22 y la consiguiente suspensión de concesiones 
autorizada por el OSD en el asunto relativo a los Bananos .  Según las CE, 
 
Una evaluación implícita realizada por el  Árbitro en virtud del párrafo 6 del 
artículo 22, respecto de la compatibilidad de una medida con un acuerdo abarcado, 
usurparía la tarea del grupo especial previsto  en el párrafo 5 del artículo 21 del ESD 
y, por ende, si un árbitro realizara tal evaluación, estaría actuando ultra vires .227 
Sin embargo, el Árbitro que actuó de conformida d con el párrafo 6 del artículo 22 en el asunto 
relativo a los Bananos  concluyó que tal evaluación implícita de compatibilidad era necesariamente 
parte de su tarea, y llevó a cabo tal evaluación.228 
 
39. El objetivo del mecanismo de solución de di ferencias es "hallar una solución positiva" a las 
diferencias229;  no consiste en tratar de justificar re iteradamente los esfuerzos realizados por un 
Miembro para retrasar y obstruir las consecuencias  de su no cumplimiento de las resoluciones y 
recomendaciones del OSD, ni en tratar de que un grupo especial condene la labor de otro por las 
ventajas políticas que esto podría ofrecer.  No habien do logrado justificar su postura con respecto a la 
relación entre el párrafo 5 del artículo 21 y el ar tículo 22 ante los dos grupos especiales que actuaron 
conforme al párrafo 5 del artículo 21 en el asunto Bananos , el Grupo Especial arbitral designado con 
arreglo al párrafo 6 del artí culo 22 en el mismo asunto Bananos  y el Grupo Especial que examinó el 
asunto Artículo 301 , las CE se dirigen ahora a este Grupo Especial.  Presumiblemente, si este Grupo 
                                                      
226 Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas del Grupo Especial y de las CE, párrafos 19 y 20. 
 
227 Respuestas de las CE a las preguntas del Grupo Especial y de los Estados Unidos, página 4 de la 
versión inglesa (respuesta Nº 9). 
 
228 El Árbitro declaró:  "no podemos cumplir nuestra función de evaluar la equivalencia  entre los dos 
niveles [de la anulación o menoscabo y de la suspensión propuesta] si no llegamos antes a una conclusión acerca de si el régimen revisado de las CE es [...] plenamente compatible con la OMC".  Arbitraje en virtud del 
párrafo 6 del artículo 22 , párrafo 4.8.  
229 Párrafo 7 del artículo 3 del ESD. 
  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 117 
 
 
Especial tampoco acepta el razonamiento de las CE , éstas solicitarán todavía otro grupo especial para 
que haga caso omiso o rechace la labor de este Grupo Especial.  Cabe esperar que se llegue a un 
pronto acuerdo sobre las modificaciones adecuadas del ESD que se examinaron en la revisión del ESD el año pasado, lo que equivaldría a red actar nuevamente por completo el procedimiento 
previsto en el párrafo 5 del artículo 21, de modo que los Miembros puedan declarar formalmente que 
esta cuestión es puramente académica, dejando atr ás de una vez para siempre las tentativas, 
aparentemente interminables, de las CE por ju stificar sus tácticas dilatorias en el asunto Bananos . 
 40. Los Estados Unidos no repetirán íntegramen te sus argumentos acerca de por qué este Grupo 
Especial no debe formular constataciones con respec to al párrafo 5 del artículo 21 que se anticiparían 
a las negociaciones sobre la revisión del ESD, ni modificar o adoptar una interpretación (funciones 
que sólo pueden ser llevadas a cabo por los Miem bros), ni aumentar o reducir los derechos y 
obligaciones de los Miembros.  En cambio, los Estado s Unidos remiten al Grupo Especial a la nota 49 
de la primera comunicación de los Estados Unidos y a los párrafos 19 y 23 de las respuestas de los 
Estados Unidos a las preguntas del Grupo Especial y de las CE. 
 
41. Los Estados Unidos tampoco volverán a expone r ampliamente el razonamiento del Árbitro 
que actuó con arreglo al párrafo 6 del artículo 22 acerca de esta relación, con el que los Estados 
Unidos coinciden.  Este razonamiento puede  hallarse en los párrafos 4.10 a 4.15 del Arbitraje en 
virtud del párrafo 6 del artículo 22 , y se examina en los párrafos 51 y 52 de la primera comunicación 
de los Estados Unidos y los párrafos 32 a 34 y 37 a 39 de las respuestas de los Estados Unidos a las 
preguntas del Grupo Especial y de las CE.  En resume n:  1) ni el artículo 22 ni el apartado c) del 
párrafo 2 del artículo 23 hacen referencia en absoluto  al procedimiento del párrafo 5 del artículo 21, y 
mucho menos como requisito previo para solic itar que el OSD autorice una suspensión de 
concesiones o para aplicar dicha suspensión;  2) la  interpretación de las CE privaría de efecto al 
derecho, previsto en el párrafo 6 del artículo 22, de obtener autorización del OSD para suspender 
concesiones con el beneficio de la regla del consenso  "en contrario", mientras que la interpretación del 
Árbitro que actuó con arreglo al párrafo 6 del artículo 22 daría efecto tanto al párrafo 5 del artículo 21 
como al artículo 22;  y 3) el objetivo de una de terminación multilateral acerca del no cumplimiento se 
alcanza mediante un examen de esta cuestión por un Árbitro designado con arreglo al párrafo 6 del 
artículo 22, en el que se establezca si el nivel de anulación o menoscabo es superior a cero.  
42. Además, como se examina en la respuesta a las preguntas 9, 10 y 14 del Grupo Especial, no 
es necesario ni procedente abordar en este procedim iento la existencia o inex istencia de presunciones 
u obligaciones en los procedimientos del párrafo 5 de l artículo 21 o del párrafo 6 del artículo 22, ya 
que el presente procedimiento no es uno de ellos.   El Grupo Especial que intervino en el 
procedimiento iniciado por las CE con arreglo al párrafo 5 del artículo 21 en el asunto Bananos  hizo 
notar que "el procedimiento más i dóneo para determinar la cuestión de si se puede formular una 
alegación en un procedimiento concreto es ese procedimiento".
230  De igual modo, el procedimiento 
más idóneo para abordar la cuestión de las obligaciones o presunciones previstas en los 
procedimientos del párrafo 5 del artículo 21 y el ar tículo 22 son estos procedimientos (o los Miembros 
que intervienen en la revisión del ESD).  Además, como se describió en la respuesta a la pregunta 
Nº 10, los procedimientos del ESD son suficient es para resolver las cuestiones relativas a la 
suspensión de concesiones después de expirado el  plazo prudencial, sin necesidad de recurrir al 
concepto de una "presunción" de  compatibilidad o incompatibilidad. 
 43. Por las razones expuestas, el Grupo Especial  no deberá formular constataciones sobre la 
relación existente entre el párrafo 5 del artículo 21  y el artículo 22, ni aceptar la interpretación de 
las CE sobre dicha relación.  Aparte de esto, empero, no hay necesidad de que este Grupo Especial 
                                                     
 
230 Informe del Grupo Especial en Comunidades Europeas – Régimen para la importación, venta y 
distribución de bananos – Recurso al párrafo 5 del artículo 21 por las Comunidades Europeas , 
WT/DS27/RW/EEC, párrafo 4.16 (12 de abril de 1999). 
 WT/DS165/R/Add.1 
Página 118  
 
adopte tal resolución porque las CE se han limitado a afirmar que se ha producido una infracción del 
párrafo 5 del artículo 21, sin establecer ningún víncul o sostenible entre la medida –el incremento de 
los requisitos en materia de fianzas– y cualquier obligación supuestamente contenida en el párrafo 5 
del artículo 21 de recurrir (exclusivamente) al pr ocedimiento del párrafo 5 del artículo 21 en caso de 
desacuerdo.  Incluso con arreglo a la interpretación de las CE sobre el párrafo 5 del artículo 21, la 
medida que presumiblemente quedaría incluida en el  párrafo 5 del artículo 21 sería una decisión de no 
recurrir al procedimiento previsto en el párrafo 5 del artículo 21 en el caso de desacuerdo sobre el 
cumplimiento.  Sin embargo, la medida impugnada  en esta diferencia es el incremento de los 
requisitos en materia de fianzas correspondientes a un riesgo relacionado c on la aduana, y no una 
decisión de no recurrir al procedimiento del párrafo  5 del artículo 21.  Las CE parecen sugerir que 
cualquier cosa  que un Miembro reclamante haga mientras esté pendiente la cuestión de la aplicación 
viola el párrafo 5 del artículo 21 si ese Miembro no ha solicitado y concluido el procedimiento del 
párrafo 5 del artículo 21.  Sin embargo, el propósito del párrafo 5 del artículo 21 no es dar un arma al 
Miembro que no ha cumplido para distraer la atención de su incumplimiento, sino establecer 
procedimientos para ayudar a resolver las diferencias. 
 
44. La manera en que las CE han tratado de hacer  servir el párrafo 5 del artículo 21 a sus propios 
fines se pone aún más de relieve en su respuesta a la pregunta del Grupo Especial relativa a cuándo se 
debe solicitar un procedimiento c on arreglo al párrafo 5 del artículo 21.  Las CE afirman que: 
 
no se puede solicitar un procedimiento en virt ud del párrafo 5 del artículo 21 antes del 
tiempo correspondiente a la adopción de la medida de aplicación.  Es obvio que en 
caso de desacuerdo sobre la existencia de medidas adoptadas para cumplir las 
recomendaciones y resoluciones del OSD, no es posible iniciar un procedimiento con 
arreglo al párrafo 5 del artículo 21 ant es del vencimiento del plazo prudencial.
231 
45. Por consiguiente, según las CE, la parte r eclamante debe recurrir al procedimiento del 
párrafo 5 del artículo 21 si existe desacuerdo sobre la aplicación, y puede declararse que ha infringido 
el párrafo 5 del artículo 21 (según lo decida el Mi embro que no aplica la medida si desea hacer valer 
esta alegación), salvo  que el Miembro que no ha cumplido la me dida determine unilateralmente que la 
medida no existe, en cuyo caso puede vetar el proc edimiento del párrafo 5 del artículo 21.  De este 
modo, se consideraron autorizadas para amenazar con bloquear la adopción del orden del día en la 
reunión celebrada por el OSD en septiembre de 1999, en la que se debía examinar la solicitud 
presentada por las partes reclamantes para que se  constituyera un grupo especial con arreglo al 
párrafo 5 del artículo 21, porque las CE consideraban  que eran ellas y no el grupo especial designado 
con arreglo al párrafo 5 del artícul o 21 quién debía decidir si la aplicación llevada a cabo por las CE 
estaba en condiciones de ser examinada.232  El párrafo 5 del artículo 21 establece que el procedimiento 
previsto en esa disposición es aplicable "en caso de desacuerdo en cuanto a la existencia de medidas 
destinadas a cumplir las recomend aciones y resoluciones o a la comp atibilidad de dichas medidas con 
un acuerdo abarcado".233  Las CE desearían que el Grupo Especial creara una obligación unilateral 
aplicable sólo a las partes que formulan la im pugnación y no a las partes que tienen a su cargo la 
aplicación. 
                                                      
231 Respuestas de las CE a las preguntas del Grupo Especial y de los Estados Unidos, página 3 de la 
versión inglesa (respuesta Nº 5). 
 
232 Véase WT/DSB/M/48 (acta de la reunión del OSD del 22 de septiembre de 1999), páginas 1 y 2 
("Antes de la adopción del orden del día, el representant e de las Comunidades Europeas [...] preguntó si [...] el 
punto [cuatro del orden del día titulado "Recurso al párrafo 5 del artículo 21 del ESD por el Ecuador, 
Guatemala, Honduras, México y los Estados Unidos"] se había incluido en el orden del día sólo con fines de 
información.  Según sea la respuesta, el orador indicará si puede aceptar que el punto 4 se mantenga en el 
orden del día ".  (Cursivas añadidas.)). 
 
233 Párrafo 5 del artículo 21 del ESD (cursivas añadidas). 
  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 119 
 
 
46. El Grupo Especial deberá negarse a crear tal obligación, aplicable a cualquiera de las partes.  
Simplemente, ello no guarda relación con la presente  diferencia porque la medida en cuestión es una 
decisión de incrementar los requisitos en materia de  fianzas, y nada en el párrafo 5 del artículo 21 se 
refiere a esto.  Las CE alegan que la medida  del 3 de marzo suspendió concesiones u otras 
obligaciones.  Las cuestiones relativas a las condici ones para la suspensión de concesiones u otras 
obligaciones figuran en el apartado c) del párrafo 2 de l artículo 23 y no en el párrafo 5 del artículo 21.  
El Grupo Especial debe rechazar el intento de las CE de lograr que este Grupo Especial desapruebe la 
labor del Árbitro que actuó de conformidad c on el párrafo 6 del artículo 22 en el asunto Bananos . 
 
VI. EL GRUPO ESPECIAL DEBERÁ RECHAZAR LAS AFIRMACIONES SIN 
FUNDAMENTO DE LAS CE, DE QUE LA MEDIDA DEL 3 DE MARZO FUE 
ADOPTADA CON ARREGLO A LOS ARTÍ CULOS 305 O 306 DE LA LEY DE 
COMERCIO EXTERIOR DE 1974 
47. Además de tratar de volver a plantear un litigio sobre cuestiones que perdieron en los 
procedimientos de los grupos especiales y de arbitraje en el asunto Bananos , las CE también tratan de 
volver a plantear un litigio sobre cuestiones que perd ieron en el procedimiento del Grupo Especial que 
examinó el asunto Artículos 301 a 310  de la Ley de Comercio Exterior de 1974.  Las CE tratan de 
adjudicar a los artículos 305 y 306 la responsabilid ad por los requisitos en materia de fianzas 
establecidos el 3 de marzo, haciendo caso omiso de las conclusiones del Grupo Especial que examinó 
el asunto Artículo 301 .  El Grupo Especial debe rechazar las afirmaciones injustificadas de las CE, 
que sólo sirven para poner de relieve los objeti vos políticos que persiguen las CE en este caso. 
 
48. Como se describió en el párrafo 33 y la nota 33 de la primera comunicación de los Estados 
Unidos y en el párrafo 55 de las respuestas de lo s Estados Unidos a las preguntas del Grupo Especial 
y de las CE, el fundamento de la modificación de lo s requisitos en materia de fianzas introducida el 
3 de marzo figura en 19 CFR § 113.13.  Esta dis posición faculta al Servicio de Aduanas para 
incrementar los requisitos en materia de fianzas a fin de hacer frente a los riesgos relacionados con 
determinadas importaciones.  Las CE no aportan ninguna prueba de ninguna  determinación o medida 
de los Estados Unidos que indique que los requisito s en materia de fianzas establecidos el 3 de marzo 
se basaron en los artículos 305 y 306 o se hicieron obligatorios en virtud de estos artículos.  49. Las CE alegan que los avisos publica dos en octubre y noviembre de 1998 en el Federal 
Register  indican que los artículos 305 y 306 de algú n modo obligaron a los Estados Unidos a adoptar 
los requisitos en materia de fianzas del 3 de marz o de 1999, o que aquellos artículos sirvieron de 
fundamento a estos últimos requisitos.
234  Sin embargo, las CE plantearon estos mismos argumentos 
con relación a los avisos publicados en 1998 en el Federal Register , en el procedimiento del Grupo 
Especial que examinó el asunto Artículo 301 , y ese grupo especial los rechazó.235  El Grupo Especial 
que examinó el asunto Artículo 301  concluyó que, como cuestión de hecho, los artículos 305 y 306 
dan al Gobierno de los Estados Unidos facultades discrecionales para esperar la conclusión de los 
procedimientos de la OMC relativos a la aplicaci ón, incluso si estos procedimientos se extienden 
bastante más allá de los 60 días posteri ores a la expiración del plazo prudencial.236  Dicho de otro 
                                                      
234 Por ejemplo, comunicación or al de las CE, párrafo 10. 
 
235 Véase Artículo 301 , párrafos 4.949 y 4.950. 
 
236 Artículo 301 , párrafos 7.147, 7.175 y 7.181;  notas 721, 722 y 724.  Entre otras conclusiones, el 
Grupo Especial que se ocupó del asunto Artículo 301  hizo notar su acuerdo con los Estados Unidos en el sentido 
de que el Gobierno de los Estados Unidos tiene facultades discrecionales para retrasar toda medida decidida por 
un total de 240 días después de la expiración del plazo prudencial, y que esto "bastaría para que el USTR esperara en todos los casos a la terminación de los procedimientos previstos tanto en el párrafo 5 del artículo 21 
como en el párrafo 6 del artículo 22, así como a la  autorización del OSD para suspender concesiones".  Idem , 
nota 724. 
 WT/DS165/R/Add.1 
Página 120  
 
modo, los artículos 305 y 306 no obligaron a los Esta dos Unidos a adoptar los requisitos en materia de 
fianzas del 3 de marzo, y ni siquiera esta conexión indirecta puede establecerse entre los artículos 305 
y 306 y dichos requisitos.  El Grupo Especial que examinó el asunto Artículo 301  analizó las 
cuestiones fácticas planteadas en esa diferencia con mucho detalle, antes de llegar a sus conclusiones, 
y este Grupo Especial deberá rechazar el intent o de las CE de que este Grupo Especial rechace 
sumariamente aquellas conclusion es con el propósito de beneficiar  los objetivos políticos que 
persiguen las CE en esta diferencia.  La medida del 3 de marzo no fue a doptada de conformidad con 
los artículos 305 y 306, y estos ar tículos no obligaron a adoptarla. 
 
VII. CONCLUSIÓN 
50. Por las razones expuestas, los Estados Uni dos solicitan respetuosamente al Grupo Especial 
que rechace las alegaciones de las CE en su tota lidad, y constate que la medida adoptada por los 
Estados Unidos el 3 de marzo no es incompatible c on el artículo 3, el párrafo 5 del artículo 21, el 
párrafo 6 del artículo 22 o el artículo 23 del ESD, ni con los artículos I, II, XI u VIII del GATT 
de 1994. 
  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 121 
 
 
Apéndice 2.6 
Respuestas de los Estados Unidos a las nuevas preguntas del Grupo Especial 
(8 de febrero de 2000) 
  
Pregunta 32
 
 Los cinco siguientes documentos jurídicos pa recen tener importancia para el examen del 
Grupo Especial: 
- las disposiciones legales pertinentes rela tivas a los procedimientos normales para 
el pronto despacho de la mercancía en  los Estados Unidos, incluidas las que 
autorizan al director de la oficina de aduanas a despachar la mercancía en los 
Estados Unidos antes de su liquidación, a condición de que se deposite una fianza; 
- la reglamentación federal para determinar la cuantía de las fianzas (Prueba 
documental 6 de los Estados Unidos); 
- la Directiva relativa a las directrices mo netarias para establecer las cuantías de 
las fianzas (la "Directiva") (Prueba documental 4 de los Estados Unidos); 
- el Memorándum dirigido a los directores de territorios aduaneros y de puertos, 
directores (CMC) por el Director de la División de Cumplimiento de Normas Comerciales del Servicio de Aduanas de los Estados Unidos, relativo a las sanciones europeas, de fecha 3 de ma rzo de 1999 (el "Memorándum") (Prueba 
documental VIII de las CE);  y 
- notificación y petición del USTR, tal como aparece en el Memorándum. 
 a) Sírvanse facilitar el texto de las correspondientes disposiciones legales, y la 
notificación y petición del USTR. 
 b) Sírvanse explicar la relación existente entre los documentos jurídicos 
enumerados anteriormente.  Por ejemplo, sírvanse explicar la base legal en la 
que se apoyó el Director de la División de Cumplimiento de Normas Comerciales para enviar el Memorándum a la zona a duanera y a los directores de puertos, y 
si el Memorándum invalidó la Directiva con respecto a la cuantía de las fianzas necesarias para los productos de la list a, procedentes de las CE, pasando así a 
ser vinculante para los directores de territorios aduaneros y de puertos. 
 c) Sírvase explicar brevemente el mecani smo ordinario en materia de fianzas para 
ayudar al Grupo Especial a entender me jor lo que sucedió el 3 de marzo 
de 1999. 
Respuesta
 
1. En la Prueba documental 11 de los Estados Un idos y en la carta del USTR a la aduana que 
figura como Prueba documental 12 de los Es tados Unidos, se dan las secciones normativas y 
reglamentarias pertinentes.  Las disposiciones legales son entre otra s, los artículos 1484, 1504 y 1623 
del Título 19 del Código de los Estados Uni dos.  En las secciones normativas se incluyen los 
artículos 142.4 y 142.12 del Título del Código de Reglamentos Federales. WT/DS165/R/Add.1 
Página 122  
 
2. En el estatuto y reglamentos no se hace referenc ia al "pronto despacho " como tal.  Más bien, 
disponen que la mercancía se despache despué s de depositar una fianza y la documentación 
pertinente, y que se liquide dentro del año siguiente al  de la entrada para el consumo (artículo 142.4 a) 
del Título 19 del Código de Reglamentos Federale s y artículo 1504 del Título 19 del Código de los 
Estados Unidos).  Así pues, el importador puede obtener un despacho rápido de la mercancía en la 
aduana simplemente presentando una fianza y forma lizando los documentos correspondientes.  Como 
comparación, un sistema en que no se permitiera el "pronto despacho" condicionaría éste a la determinación definitiva y al pago de todos los de rechos, impuestos y cargas, lo que puede durar 
semanas o meses, razón por la cual en muchos país es que carecen de un sistema de garantía o de un 
tipo similar de procedimiento, el despacho de  las mercancías importadas puede ser a menudo un 
proceso largo. 
3. El fundamento jurídico para enviar el Memorándum fue el del Título 19 del Código de 
Reglamentos Federales, artículo 113.13.  Esta dis posición establece que los directores de puertos con 
facultad para exigir una fianza o una garantía ad icional para asegurar la aceptación de una entrada 
estará suficientemente protegido contra cualquier derecho u otras obligaciones impuestas por la ley.  
Esta facultad discrecional puede ejercerse en cualquier  momento, cuando la aduana sea consciente del 
riesgo de que no resulten suficientes los requisitos normales en materia de fianzas.  El USTR había 
informado a la aduana de este riesgo, y en el  Memorándum se hizo llegar esta información a los 
directores de puertos. 
4. No es correcto afirmar que el Memorándum "inva lida" la Directiva de la Prueba documental 4 
de los Estados Unidos con respecto a la cuantía de las fianzas.  Por el contrario, la propia Directiva 
explica en la página 3 que las cantidades normale s de las fianzas se aplicarán a las entradas de 
mercancías,  
a menos que algún director de distrito te nga conocimientos de la existencia de 
circunstancias extraordinarias o de un mayor riesgo para el gobierno .  Cuando 
circunstancias extremas, el director de distrito que tenga dicho conocimiento se 
pondrá en contacto con el distrito en que se presenta la fianza y transmitirá los hechos 
justificantes para que se puedan adoptar las medidas adecuadas, si así procede.  Por ejemplo, cuando la cuantía de una fianza c ontinuada no cubra el derecho de un envío 
determinado, y el director de distrito sospeche que ello entraña un mayor riesgo para 
el gobierno , el director del distrito procederá a: 
1. exigir, en el momento del libramien to, el depósito del derecho estimado 
correspondiente al envío, o 
2. solicitar la prestación de una fian za de entrada única para ese envío, o 
3. solicitar que se presente una nueva  fianza continuada por una cuantía 
superior.
237 
5. La Directiva deja claro por lo tanto que, en el procedimiento ordinario de las operaciones 
aduaneras, y en el ejercicio de su f acultad reguladora en virtud del artículo 113.13238 del Título 19 del 
Código de Reglamentos Federales, puede resultar necesario que la aduana tenga que ajustar los 
requisitos en materia de fianzas para determinadas entradas, debido a que se dé un riesgo especial 
                                                      
237 Prueba documental 4 de los Estados Unidos, página 3 (cursivas añadidas). 
 
238 Véase la Prueba documental 4 de los Estados Unidos, página 1, 3.A ("La cuantía de las fianzas se 
fijará utilizando la información sobre la aplicación de las mismas prescrita en la sección 113.12, del Reglamento 
Aduanero (RA), en conjunción con los criterios establecido s en la sección 113.13 del RA, y las directrices que 
se adjuntan a esta Directiva.").  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 123 
 
 
relacionado con las mismas.  El riesgo especial relacionado con las entradas a las que afecta el Memorándum, era que el OSD podría autorizar un au mento de los derechos con respecto a dichas 
importaciones, y que la aduana podría no poder reca udar dichos derechos de los importadores.  La 
carta del USTR y el Memorándum informaban resp ectivamente a la aduana y a sus directores de 
puertos de ese riesgo, e indicaba que la respu esta adecuada sería introducir un cambio en los 
requisitos en materia de fianzas (opciones 2 y 3 supra ). 
6. Con respecto al funcionamiento del régimen or dinario de fianzas, tal como se expone en las 
comunicaciones anteriores, los importadores obtienen las fianzas de compañías privadas de seguros.  El importador presenta la fianza en el momento de la entrada oficial para el consumo, a fin de que la 
aduana proceda al despacho de la mercancía.  Los importadores que utilizan una fianza continuada 
que ha sido depositada ya en la aduana, se limita n a hacer referencia a ella en su documentación 
aduanera.  El 4 de marzo, como resultado de la  modificación de los requisitos de las fianzas, los 
importadores que deseaban utilizar sus fianzas con tinuadas tenían que hacer una declaración al 
director del puerto en el sentido de que la cuantía de esta fianza continuada era suficiente para cubrir 
la diferencia introducida por modificación.  Algu nos importadores optan por facilitar la declaración.  
Otros, por emplear una fianza única por transacción para  las entradas de los productos incluidos en la 
lista, en lugar de revisar la cuantía de sus fianzas continuadas.  La aduana no procedió a revisar una 
por una las fianzas continuadas en cada entrada pa ra asegurarse de que cumplían con los requisitos 
modificados. 
Pregunta 33
 
 La Directiva indica que "el objetivo de la fianza es proteger los ingresos y garantizar el 
cumplimiento" (párrafo 3.B).  Las "Directrices para  determinar la cuantía de las fianzas" (las 
"Directrices") adjunta a la Directiva, indica que la cuantía de una fianza continuada se determinará sobre la base, no solamente de los derechos aduaneros aplicables, sino también de 
los "impuestos y tasas".  (Sección "Actividad 1 - Importador o Intermediario - Continuada," 
párrafo a) de la página 4.) 
a) Sírvanse explicar si es posible distinguir legalmente la parte de una fianza continuada 
destinada a garantizar el pago de los derechos arancelarios, de la parte restante destinada a cubrir los "impuestos y tasas" y a "garantizar el cumplimiento", con las 
leyes y reglamentos aplicables.  Por ejemplo, ¿puede aplicarse la totalidad de una fianza 
exigida para el despacho rápido de una impo rtación determinada a cubrir las tasas (si la 
cantidad real de éstas supera la cuantía estimada en el momento de determinar la 
cuantía de la fianza), o al pago de una sanción u obligación financiera derivada del 
incumplimiento de las leyes o reglamentos co rrespondientes?  Si no se puede hacer esa 
distinción, sírvanse explicar si esas tasa s abarcadas (o cualquier otra obligación 
financiera distinta de los derechos arancel arios y los impuestos) se deben recaudar como 
pago de "servicios prestados a las importac iones" en el sentido que se da en el 
artículo VIII del GATT (suponiendo, a efec tos de la argumentación, que se considera 
que los requisitos en materia de fianzas impo nen "cargas" sobre las importaciones, en el 
sentido de los artículos II y VIII). 
Respuesta
 
7. No es posible distinguir legalmente una parte de una fianza continuada destinada a garantizar 
el pago de los derechos aduaneros de la parte destinada a los correspondientes impuestos y tasas y a 
garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamen tos aplicables.  En caso de falta de pago de los 
derechos, impuestos o tasas, o en el caso de que no se cumplan las leyes y reglamentos y se dé lugar a una liquidación de perjuicios, la aduana recurriría a la fianza hasta la cantidad debida por la falta de 
pago o de cumplimiento, o por la cuantía total de la  fianza, si ésta es menor.  La cantidad utilizada no 
se limitará a un porcentaje de la cuantía de la fianza. WT/DS165/R/Add.1 
Página 124  
 
8. Si bien no estamos de acuerdo con que los requi sitos en materia de fianzas constituyan cargas, 
si, a efectos de la argumentación, lo fueran, serían proporcionales al costo de los servicios prestados, independientemente del hecho de que estén destin ados a cubrir obligaciones financieras que no sean 
derechos arancelarios o impuestos.  Como se e xplica en la segunda comunicación de los Estados 
Unidos
239 el servicio que se presta al importador es el pronto despacho de las mercancías, sin que se 
demore hasta que se hayan determinado y pagado l as cuantías de los derechos, impuestos o tasas, y 
hasta que se haya determinado definitivamente el cu mplimiento de las demás obligaciones.  El costo 
para la aduana es el riesgo de que no pueda reca udar ninguna cantidad debida por los importadores si 
éstos no depositan los derechos, impuestos y tasas estim ados, en el caso de que el cálculo final de los 
derechos, impuestos y tasas difiera de la cuantía depositada, o de que las mercancías importadas no 
cumplen  con los requisitos de otros organismos.  Este riesgo existe realmente porque la mercancía 
habrá sido ya despachada antes de que se haya n depositado los derec hos, impuestos y tasas 
calculados, y antes de que se haya determinado defin itivamente la totalidad de  las cantidades debidas, 
por lo que si el importador se niega a pagar, no se po drá recurrir a la mercancía.  La cuantía del riesgo 
(el costo para la aduana) se refiere a la cuantía total que pueda deberse, que no son solamente los 
derechos.  Así pues, las CE no tienen razón cuando af irman que "la cuantía de cualquier depósito de 
garantía está determinada por la  responsabilidad prevista en ma teria de derechos y depende 
enteramente  de ésta".240  La cuantía de la garantía depositada se determina de hecho por el grado de 
riesgo, que depende no solamente de la responsabilidad  prevista en concepto de derechos, sino de la 
cuantía total de todas las respon sabilidades (impuestos, tasas, liquidación de perjuicios) que pudieran 
haberse acumulado.241 
9. En la pregunta se interroga sobre si las "t asas abarcadas" u otras obligaciones financieras se 
recaudan como pago de los "servicios prestados a las importaciones".  Esto dependería de las tasas en cuestión y no puede responderse en abstracto.  Con respecto a las obligaciones financieras 
relacionadas con las obligaciones con otros organi smos, también ello depende de la obligación 
concreta.  Tales tasas y otras obligaciones no entran en  el ámbito de esta diferencia, como tampoco los 
requisitos normales en materia de fianzas que garantizan el pago de estas tasas y otras obligaciones.
242  
La medida en cuestión incluye solamente los camb ios introducidos en los re quisitos en materia de 
fianzas el 3 de marzo, en relación con la posibilidad  de que para determina dos productos procedentes 
de los países de las CE, puedan imponerse derechos más altos.  Las constataciones del Grupo Especial 
con respecto a los artículos II y VIII deberán limita rse a esta medida y hacerse solamente si resulta 
necesario para resolver esta diferencia.  Nuestra opi nión, también en este caso, es que los requisitos en 
materia de fianzas no constituyen "otras cargas." 
b) ¿Cabe aplicar el mismo principio a una fianza  única por transacción, en particular en el 
caso en que la fianza ascienda a una ca ntidad tres veces mayor que el valor de las 
importaciones consignadas, por ejemplo, porque están sujetas a algún requisito 
administrativo impuesto por la Administración de Productos Alimenticios y 
Farmacéuticos?  
                                                      
239 Segunda comunicación de los Estados Unidos, nota 39. 
 
240 Segunda comunicación de las Comunidades Europeas, párrafo 9 (subrayado añadido). 
 
241 Igualmente, tal como se describe en la nota 29 de la segunda comunicación de los Estados Unidos, 
entendemos que el Reino Unido emplea un sistema de gara ntías con respecto a las mercancías de "alto riesgo" 
como el tabaco y el alcohol, lo que proporciona un ejemplo de que el riesgo va más allá de meros derechos 
adeudados. 
 
242 Aunque no tenga que ver con la presente diferenc ia, señalamos que el Convenio de Kyoto prevé que 
puede exigirse al importador que deposite una garantía para asegurar el cumplimiento de los compromisos con la aduana.  Véase la Prueba documental 9 de los Estados Unidos, Convenio de Kyoto, anexo B.1, 59-62.  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 125 
 
 
Respuesta  
10. Tampoco en este caso las multas impuestas por falta de cumplimiento de las leyes sobre salud 
y seguridad o de los requisitos en materia de fian zas que se exigen habitualmente para garantizar su 
cumplimiento, se encuentran dentro del ámbito  de esta diferencia.  Solamente los cambios  de los 
requisitos en materia de fianzas introducidos el 3 de marzo están dentro de dicho mandato.  Los 
requisitos relativos a la fianza única por transacción aplicables a los productos sujetos a requisitos de 
otros organismos, como la Administración de Pr oductos Alimenticios y Farmacéuticos, no cambiaron 
como consecuencia de la medida del 3 de marzo.  Una vez dicho esto, observamos que el Convenio de 
Kyoto prevé que las autoridades aduaneras deberán exig ir garantías para asegurar el cumplimiento de 
las obligaciones asumidas del pago de multas por falta  de cumplimiento, a fin de que la mercancía 
pueda ser despachada con rapidez.243 
Pregunta 34  
 ¿Pueden habitualmente los importadores el egir a su discreción entre una fianza 
continuada y una fianza única por transacción para una importación determinada?  Sírvanse 
facilitarnos sus datos estadísticos o estimaciones sobre el porcentaje de las importaciones (las 
procedentes de las CE y todas las demás) cubi ertas por fianzas continuadas en lugar de con 
fianzas únicas por transacción antes del 3 de marzo de 1999. 
Respuesta  
11. Habitualmente los importadores pueden elegir  a su discreción entre fianzas continuadas y 
fianzas únicas por transacción.  En el tiempo a dispos ición no ha sido posible recoger datos sobre este 
porcentaje de importaciones cubiertas por las fianzas continuadas y por las fianzas únicas.  Esperamos 
disponer en breve de esta información. 
Pregunta 35  
 En los párrafos 3 y 4 de la respuesta de lo s Estados Unidos a las preguntas del Grupo 
Especial y de las CE, de fecha 13 de enero de 2000, se indica que la cuantía de una fianza continuada para productos enum erados en la lista, no procedentes de las CE era del "10 por 
ciento de los derechos, impuestos y tasas pagados  por el importador designado por todos los 
productos importados en el año civil anterior a la  fecha de la solicitud de fianza", mientras que 
para las mercancías enumeradas en la lista de las CE era del "10 por ciento del valor declarado 
de la mercancía abarcada que el importador hubiera importado durante el año anterior".  
Sírvanse confirmar si la cuantía total de "l os derechos, impuestos y tasas pagados por el 
importador por todos los productos es inferior al  valor declarado de la mercancía abarcada". 
Respuesta
 
12. Esto dependerá de las circuns tancias del importador de que se trate.  Por ejemplo, si la 
mercancía abarcada representaba  solamente un porcentaje peque ño de los productos importados 
durante el año anterior, es posible que los derechos, impuestos y tasas de todos los productos excedieran el valor declarado de la mercancía abar cada incluido entre esos productos.  Para hacerlo 
más claro, en lo que respecta a las fianzas continuadas la aduana dio a los importadores de la 
mercancía abarcada la opción de prestar una declar ación de que sus fianzas continuadas depositadas 
cubrían los nuevos requisitos, o utilizar fianzas únicas por transacción para la mercancía abarcada.  
Los importadores que optaran por suplementar sus fian zas a fin de cubrir los nuevos requisitos, lo 
hacían aumentando el valor de la fianza en una canti dad igual al 10 por ciento del valor declarado de 
                                                     
 
243 Prueba documental 9 de los Estados Unidos, Convenio de Kyoto, Anexo B.1, 60, nota 2, 62. 
 WT/DS165/R/Add.1 
Página 126  
 
la mercancía abarcada incluido en la mercancía pa ra la cual se había calculado originalmente la 
fianza.  En otras palabras, si la fianza continuada  se había calculado sobre la base de las importaciones 
realizadas durante el año anterior valoradas en 1.000.000 de dólares, de los cuales 50.000 dólares eran 
de mercancía abarcada, la fianza continuada se suplementaría con 5.000 dólares (10 por ciento 
de 50.000 dólares).  Un garante privado suele cobrar  por esta cobertura adicional de 50 a 100 dólares 
aproximadamente (sobre la base de 10 a 20 dólares por cada 1.000 dólares de valor de la fianza, tal 
como se describe en el párrafo 29 de la segunda comunicación de los Estados Unidos). 
Pregunta 36
 
 Sírvanse facilitar al Grupo Especial las consolidaciones  (le han facilitado solamente los 
derechos arancelarios aplicados) de todos los produc tos enumerados en la lista del 3 de marzo. 
Respuesta  
13. Los tipos de los derechos que se dan en la Prueba documental 7 de los Es tados Unidos son los 
consolidados, además de los aplicados. 
Pregunta 37  
 A la pregunta de las CE "Suponiendo que un importador deseara despachar por la 
aduana de los Estados Unidos el 4 de marzo de 1999 una toneladas de 'papel y cartón fieltro y 
papel y cartón lana, sin estucar ni recubrir, en  bobinas o en hojas' (partida 4805 50 00 del 
Arancel de Aduanas Armonizado de los Estado s Unidos) procedentes de Suiza, ¿cuál hubiera 
sido en esa fecha el derecho adeudado por dich a importación?  ¿Cuál sería la respuesta si el 
producto procediera de las CE?", la respuest a de los Estados Unidos fue que el derecho 
adeudado se habría basado  en una "franquicia" arancelaria.  Sírvanse facilitar al Grupo 
Especial una explicación inteligente de las consecu encias de la decisión del 3 de marzo sobre las 
importaciones de los productos enumerados proceden tes de las CE, como "Papel y cartón fieltro 
y papel y cartón lana, sin estucar ni recubrir, en  bobinas o en hojas" en comparación con una 
situación en que ese mismo producto procediera de Suiza.   
Respuesta  
14. El derecho adeudado el 3 de  marzo habría sido cero, independientemente de si el producto 
procedía de Suiza o de un Estado miembro de las CE.  La decisión del 3 de marzo no tendría ninguna 
consecuencia en absoluto en lo que  respecta a la responsabilidad por el pago de derechos, y solamente 
afectaría a los requisitos en materia de fianzas.  Como se señalaba en las respuestas de los Estados 
Unidos a las preguntas del Grupo Especial y de las CE244, con respecto a todos los productos 
enumerados en la lista del 3 de marzo, de no haberse adoptado ninguna  nueva medida el 19 de abril, 
todos y cada uno de los productos se habrían liquidado al tipo NMF aplicado (y consolidado).  Como 
quiera que la medida adoptada el 19 de abril especi ficaba que iban a aumentar los derechos para 
"papel y cartón fieltro y papel y cartón lana, sin estucar ni recubrir, en bobinas o en hojas", las 
entradas de este producto procedentes de los países de las CE se están liquidando al tipo del 100 por 
ciento. 
Pregunta 38  
 En el párrafo 5 de las respuestas de lo s Estados Unidos, éstos parecen llegar a la 
conclusión de que los productos incluidos en la  lista podrían importarse en Estados Unidos 
                                                      
244 Véanse  respuestas a las preguntas del Grupo Especial y de las CE, párrafos 10, 60;  véase también  la 
segunda comunicación de los Estados Unidos, párrafo 9. 
  WT/DS165/R/Add.1 
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solamente previa presentación de una "fianz a única por transacción", por una cuantía 
equivalente al "valor declarado de las mercancías ", mientras que los productos no incluidos en 
la lista podrían importarse sujetos a más requisitos,  a saber, previa presentación de una fianza 
única por transacción en la cuantía del "val or declarado de la mercancía, más derechos, 
impuestos y tasas correspondientes a la entrada" .  ¿Afirman los Estados Unidos que, a partir 
del 3 de marzo de 1999, los productos de las CE incluidos en la lista se beneficiaban de una 
discriminación positiva frente a otras importac iones de productos similares procedentes de 
otros Miembros de la OMC?  
Respuesta  
15. La cuantía de la fianza única por transacción pa ra los productos enumerados era, de hecho, 
inferior a la correspondiente a productos no incluidos en la lista.  Con esto se intentaba reducir al 
mínimo la carga sobre los importadores que desearan emplear fianzas únicas por transacción en lugar de modificar sus fianzas continuadas.  Los im portadores que normalmente hubieran utilizado fianzas 
únicas por transacción estaban sujetos, de hecho, a menores requisitos en materia de fianzas, a 
excepción de los importadores de los productos enumer ados sujetos a requisitos de otros organismos, 
para los que la fianza era el triple del valor decl arado.  Este requisito no sufrió ninguna modificación 
por la medida adoptada el 3 de marzo. 
Pregunta 39
 
 La notificación oficial del USTR (anexo V II de las CE) titulada "Los Estados Unidos 
adoptan medidas aduaneras sobre importaciones eu ropeas" dispone que "a partir del día de la 
fecha, el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos comenzará a "suspender la liquidación" de 
importaciones por un valor superior a 500 mill ones de dólares de determinados productos 
procedentes de la Unión Europea (UE), de co nformidad con los derechos que incumben a los 
Estados Unidos en virtud de los Acuerdos de la OMC.  La suspensión de la liquidación impone 
una obligación contingente correspondiente a de rechos del 100 por ciento  sobre los productos 
afectados a partir del 3 de marzo de 1999". 
 En todas sus respuestas al Grupo Especial, los Estados Unidos repiten que, el 3 de marzo 
de 1999 no se tomó ninguna medida con resp ecto a la "suspensión o retención de la 
liquidación".  ¿Quieren con eso decir los Esta dos Unidos que, a partir del 3 de marzo se 
"liquidaron" realmente los derech os sobre las importaciones de los productos incluidos en la 
lista y que, efectivamente, se recaudaron derechos después de esa fecha? 
Respuesta  
16. Los Estados Unidos desean aclarar que la Prueba documental 7 es un comunicado de prensa, 
sin valor jurídico según la legislación estadounidense.  La referencia en el comunicado de prensa a la 
"suspensión de liquidación" es de hecho una referenc ia coloquial, que no tiene carácter técnico, para 
significar que esas entradas no se liquidarían fuera del ciclo normal de liquidación de 314 días.  Esto no significa que los derechos fueran o bien "liquidado s" o "efectivamente recaudados" el 3 de marzo.  
Como se explica en comunicaciones anteriores, la liq uidación (o determinación final de los derechos, 
impuestos y tasas) se realiza entre 314 días y un año d espués de la entrada.  En el momento de la 
liquidación, la aduana ha terminado el proceso de  confirmar la cantidad correcta de los derechos, 
impuestos y tasas adeudados por una importación de terminada (incluido el análisis de cuestiones 
relacionadas con la misma, como la clasificación y la  evaluación).  Si se da una diferencia entre los 
derechos, impuestos y tasas estimados depositados a la entrada de la mercancía y los derechos, 
impuestos y tasas definitivamente determinados , la diferencia se recauda o se devuelve. 
17. Para las entradas efectuadas entre el 3 de ma rzo y el 19 de abril, la aduana revisaría, al 
realizar la liquidación, las entradas de los productos incluidos en la lista.  En cuanto a los productos WT/DS165/R/Add.1 
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no enumerados el 19 de abril, la liquidación, se ha hecho, y se hará al tipo NMF aplicado a la entrada, 
y no es necesario recaudar o devolver ninguna otra cantidad para complementar los depósitos en 
concepto de derechos NMF consigna dos a la entrada.  En cuanto a los productos incluidos en la lista 
del 19 de abril, el tipo correcto aplicable a la entr ada de dichas mercancías sería del 100 por ciento del 
valor declarado, sobre la base de la autorización del OSD y de la medida del 19 de abril, recaudándose 
la diferencia entre los depósitos para el pago de los derechos est imados al tipo NMF y el derecho 
aumentado.  La aduana podría recurrir a las fi anzas depositadas por los importadores que no hayan 
pagado esa diferencia. 
18. Los requisitos en materia de fianzas de l 3 de marzo, no imponían ninguna obligación, 
pagadera en efectivo o de otro modo.  Con ello se reducía simplemente el ri esgo de que la aduana no 
fuera capaz de recaudar los derechos adicionales si
 dichos derechos se imponían como resultado -y 
después- de una autorización del OSD.  De no existir  la medida del 19 de abril, todas y cada una de 
las importaciones sujetas al cambio de los requisito s en materia de fianzas, se liquidarían al tipo NMF 
aplicado a la entrada, precisamente porque el 3 de marzo no se había impuesto ninguna obligación. 
Pregunta 40  
 La notificación oficial del USTR de su d ecisión del 3 de marzo anticipa una acción 
futura, la decisión de los árbitros, que darí a lugar a que los Estados Unidos cobraran unos 
derechos del 100 por ciento sobre determinados productos de las CE:  "Los Estados Unidos 
evitarán cobrar derechos más altos hasta  que los árbitros hayan emitido su decisión final.  
Cuando haya terminado el arbitraje , los Estados Unidos impondrán unos derechos del 100 por  
ciento sobre determinados productos importados a partir del 3 de marzo,  como medida 
necesaria para compensar los daño s que, según los árbitros, se hayan causado a los intereses de 
los Estados Unidos."  ¿Cómo se establece la relació n legal entre la decisión del 3 de marzo y la 
decisión final de los árbitros? 
Respuesta  
19. Como se explicaba en la respuesta a la pre gunta 39, el anexo VII de las CE es un comunicado 
de prensa que no tiene validez jurídica según la ley de los Estados Unidos.  No se trata de una 
"notificación oficial".  Su afirmación de qu e los Estados Unidos impondrían unos derechos 
del 100 por ciento, según la determinación de los árbitros, era simplemente descriptiva del proceso 
arbitral y de las intenciones de los Estados Unidos  como respuesta a dicho proceso.  Si los árbitros 
hubieran determinado que el nivel adecuado de susp ensión era cero, los Estados Unidos no habrían 
adoptado ninguna medida el 19 de abril para imponer unos derechos de l 100 por ciento sobre ninguna 
entrada.  De no existir esa medida, todas y cada una de las entradas efectuadas entre el 3 de marzo y 
el 19 de abril se habrían liquidado al tipo NMF aplicado a la entrada.  En el caso real, los árbitros 
determinaron un nivel de suspensión que los Estados  Unidos aplicaron mediante la medida del 19 de 
abril.  Como se describe en respuesta a las pregunt as anteriores, con la acci ón del 3 de marzo no se 
impuso ninguna obligación adicional de pago de derec hos, ni resultó de ella la recaudación de unas 
cantidades depositadas para cubrir unos derechos más altos.  Supuso solamente un cambio en los 
requisitos en materia de fianzas sobre determinadas entradas de mercancías, en respuesta al riesgo de 
que no se pagaran los derechos más altos por  estas entradas autorizados por el OSD. 
Pregunta 41  
 En el párrafo 60 de las respuestas de los Es tados Unidos, éstos afirman lo siguiente "Si 
no se hubiera adoptado una nueva medida el 19 de abril de 1999 , todas y cada una de las 
importaciones de una mercancía sujeta a los re quisitos revisados en materia de fianzas se 
habrían liquidado a esos tipos" (véase también el pá rrafo 9 de la comunicación de réplica de los 
Estados Unidos).  ¿Qué medida exactamente se tomó  el 19 de abril y cuál es la relación legal, si  WT/DS165/R/Add.1 
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es que existe, entre la decisión del 3 de marzo y la medida del 19 de abril a la que se refieren los 
Estados Unidos, así como las consecuencias legal es de la decisión del 19 de abril de 1999? 
Respuesta  
20. El 19 de abril, y a raíz de la autorizaci ón del OSD de suspender las concesiones, se dio 
instrucciones a los directores de puerto para que im pusieran derechos del 100 por ciento sobre los 
productos incluidos en una lista publicada esa mism a fecha.  A consecuencia de ello, para las 
importaciones realizadas a partir del 19 de abril, se exigió que, en el momento de la entrada, se 
hicieran depósitos para el pago de derechos del 100 por ciento, derechos que se impondrían en el 
momento de la liquidación.  Para las entradas efectu adas entre el 3 de marzo y el 19 de abril de los 
productos incluidos en la lista del 19 de abril, la aduana recaudaría, al realizar la liquidación, la 
diferencia entre los depósitos para los derechos en  régimen NMF y los derechos calculados al 100 por 
ciento.  Las entradas efectuadas entre el 3 de marzo y el 19 de abril de los productos no incluidos en la 
lista del 19 de abril no se vieron afectadas por la  medida de esta última fecha.  Los productos se 
liquidarían al tipo NMF aplicado a la entrada.  No  existía ninguna relación legal entre la medida 
del 3 de marzo (cambio de los requisitos en materia de fianzas) y la medida del 19 de abril (aumento 
del tipo de derecho aduanero pa ra determinados productos). 
Pregunta 42  
 Si no se hubiera adoptado la medida de 19 de abril o si, a efectos de la argumentación, la 
decisión del árbitro hubiera sido que la nueva medida de las CE sobre el Banano  no anulaba ni 
menoscababa los derechos de lo s Estados Unidos, ¿cuándo se reducirían los requisitos en 
materia de fianzas para los importadores de los productos enumerados en la lista del 3 de marzo 
pero no en la del 19 de abril? ¿Cuándo consegui rían reducir los requisitos en materia de fianzas 
los importadores de los productos incluidos en la lista del 3 de marzo pero no en la del 19 de 
abril?  ¿Se les ofreció algún tipo de compensación  por el incremento de los requisitos en materia 
de fianzas? 
Respuesta  
21. En realidad, los Estados Unidos restableci eron los requisitos en materia de fianzas a sus 
niveles normales para aquellos productos no incluidos en  la lista final de 14 de abril, poco después de 
que los árbitros hubieran terminado su trabajo y de  que se preparara una lista revisada.  La decisión 
del árbitro eliminó el riesgo adicional de que se aplicaran unos derechos más altos a esos productos 
determinados (que los importadores tal vez no pagaran).  A partir del 19 de abril, los requisitos en 
materia de fianzas volvieron a los niveles normales para el resto de los productos, ya que las entradas 
de éstos a partir de esa fecha estaban sujetas a la consignación de depósitos para cubrir los derechos 
al 100 por ciento, reduciendo así al nivel normal el riesgo de que dichos depósitos no fueran 
suficientes.245  Así pues, independientemente de la deci sión que pudieran haber tomado los árbitros, 
los requisitos en materia de fianzas habrían vuelto a lo s niveles normales a raíz de esa decisión.  En la 
medida en que los importadores no hicieron ningún pago adicional al gobierno en relación con los 
cambios introducidos en los requisitos en materia de fianzas, no había ninguna devolución que hacer.  
Desconocemos los acuerdos que se  hayan tomado entre los importadores y las compañías privadas de 
seguros. 
                                                      
245 Véase el  párrafo 11 de la segunda comunicación de los Estados Unidos. 
 WT/DS165/R/Add.1 
Página 130  
 
Pregunta 43
 
 ¿Qué sucedió exactamente a los importad ores de galletas (UE 13 SA 34060000) a partir 
del 3 de marzo de 1999 y del 20 de abril de 1999 con respecto a todos los requisitos de entrada 
en los Estados Unidos?  ¿Se han liquidado lo s derechos sobre las importaciones de galletas 
realizadas en marzo?  Y si es así, ¿qué cuantí a se recaudó sobre dichos productos en concepto 
de derechos? 
Respuesta  
22. Los importadores de galletas SA 19053000 (y ve las, SA 3406000) estuvieron sujetos, a partir 
del 4 de marzo, a los requisitos en materia de fi anzas descritos en la contestación a la pregunta 2.246  
En cuanto a las galletas, el re quisito correspondiente a la fianza única por transacción no fue afectado 
por la medida del 3 de marzo, ya que este producto  estaba sujeto a las prescripciones aplicables a la 
salud y la seguridad.  El requisito en materia de fianzas permaneció sin modificar, a tres veces el valor declarado del producto.  (En lo que respecta a las ve las, el requisito con r especto a la fianza única por 
transacción experimentó un cambio, pasando del valo r declarado a la entrada, más derechos, 
impuestos y tasas, al valor declarado a la entrada sola mente.)  El 14 de abril la cuantía de las fianzas 
para las galletas (y las velas) volvieron al nivel normal.  No hubo ningún otro cambio en cuanto a los 
requisitos de entrada para estos productos como resu ltado de las medidas de 3 de marzo y de 19 de 
abril. 
23. Adjunta a la Prueba documental 13 de los Es tados Unidos hay una copia del impreso 7501 de 
la aduana, que es la declaración resumida.  Este documento lo complementan los importadores y lo 
presentan, junto con los derechos aduaneros estimados en el momento de la entrada de la mercancía o 
poco después.  El importador indica en la columna 34  el tipo del derecho apli cable.  Un importador de 
galletas o velas escribiría "cero" en esa columna, independientemente de la procedencia.  La aduana 
habría aceptado este documento como correcto y, da do que el tipo del derecho aplicable era cero, no 
habría exigido el depósito de los derechos estim ados.  Además, la adua na habría liquidado las 
entradas de estos productos al tipo cero consignado, po rque nada habría ocurrido entre el momento de 
la entrada de la mercancía y la liquidación que indi cara que dicho tipo debiera ser diferente de cero.  
La medida del 19 de abril ha cambiado este tipo de derecho aduanero para al gunos productos, pero no 
para las galletas o las velas, ni para los otros pr oductos que no figuran en la lista del 19 de abril.  
24. En la Prueba documental 14 se dan algunos datos sobre los derechos aduaneros liquidados y 
recaudados para los productos de la  lista del 3 de marzo.  Se han realizado algunas liquidaciones.  En 
la respuesta a la pregunta 45 se da una explicación de  la Prueba documental 14.  Para las galletas y las 
velas, cualquier liquidación de ese tipo habría sido, y será, al tipo NMF aplicado a la entrada, es decir 
cero. 
Pregunta 44
 
 ¿Se han liquidado los derechos arancelarios  sobre los "Bolsos de mano (SA 42023210)" 
importados en los Estados Unidos en marzo de 1999?  Y si es así, ¿cuál es el valor de los 
derechos aduaneros recaudados hasta ahora sobre estos artículos?  ¿Se remonta el cobro de 
derechos por estos productos al 3 de marzo? 
Respuesta  
25. Los datos sobre los derechos aduaneros liqui dados cobrados por los productos de la lista 
de 3 de marzo figuran en la Prueba documental 14 de los Estados Unidos. Se han realizado desde 
                                                      
246 Véanse  los párrafos 3 a 5 de las respuestas de los Estados Unidos a las preguntas del Grupo Especial 
y de las CE.  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 131 
 
 
entonces algunas liquidaciones.  En la respuesta a la pregunta 45 se da una explicación de la Prueba 
documental 14.  Los derechos impuestos serían del 100 por ciento para este producto, incluídas las 
entradas que se remontan al 3 de marzo, como consecuencia de las medidas tomadas el 19 de abril. 
Pregunta 45  
 ¿Podrían los Estados Unidos facilitar al Grupo Especial datos para cada uno de los 
productos sobre la cuantía de los derechos reca udados en todas las impo rtaciones enumeradas a 
partir del 3 de marzo, para las cuales se hayan liquidado los derechos? 
Respuesta  
26. Los datos sobre los derechos aduaneros recole ctados figuran en la Prueba documental 14 de 
los Estados Unidos.  La aduana registra los datos de  los derechos liquidados por las entradas, en lugar 
de los productos incluidos en dichas entradas.  En una entrada pueden estar incluidos uno o más de los 
productos enumerados y también uno o más de los pr oductos no enumerados.  Co mo consecuencia, no 
es posible facilitar la cantidad exacta de derec hos liquidados r ecaudados por los productos en 
cuestión.  En la Prueba documental 14 se da en  cambio información sobre los derechos aduaneros 
estimados recaudados por cada producto en el mome nto de la entrada, o poco después.  Estos 
derechos estimados se calcularon al tipo NMF corre spondiente a todos los productos incluidos en la 
lista del 3 de marzo, ya que la medida adoptada en  esa fecha no influía para nada en la obligación del 
pago de derechos.  La Prueba documental 14 incluía asimismo el total  de los derechos aduaneros 
estimados recaudados por las entradas  que incluían los productos enumerados.  Dado que en estas 
entradas se incluían otros productos, los derechos  totales estimados recaudados por las entradas que 
incluían los productos enumerados, ascienden a una ca ntidad mayor que la de los derechos estimados 
recaudados por las mercancías enumeradas.  Por último, la Prueba documental 14 incluye los 
derechos liquidados recaudados por las entradas que incluían los productos enumerados.  En el caso 
de que los derechos liquidados por la entrada sean exactamente iguales a los derechos estimados recaudados por la misma, se da la confirmación de  que la liquidación se ha hecho a los tipos NMF 
aplicados a la entrada.  Cuando difieren estas cantida des, la diferencia puede atribuirse, o bien al 
hecho de que la entrada incluía otros productos para los que el tipo del derecho cambiaba a 
consecuencia de la medida del 19 de abril o, por  ejemplo, a que otros productos incluidos en la 
entrada estaban mal clasificados o valorados.  Así pues, para los productos que no figuran en la lista 
del 19 de abril, el total de los derechos liquidados para las entradas era igual que el total estimado de 
los depósitos de derechos para las mismas, incluí dos el cerdo y el queso, ligeramente superior o 
inferior para las entradas que incluían láminas y su éteres, y más alto, en diverso grado, para aquellas 
que incluían galletas dulces y velas.  Los productos in cluídos en la lista final indican que los derechos 
aduaneros liquidados por entrada son más altos que  los estimados por entrada en todos los casos. 
Pregunta 46
 
 ¿Por qué el "riesgo", al que se refieren los Estados Unidos como justificación para el 
incremento de los requisitos en materia de fian zas introducido por ellos, y que se refiere a la 
posibilidad de que en un laudo arbitral se llegara a la conclusión de que la nueva medida de las 
CE siga anulando y menoscabando las normas de la OMC con respecto a los Estados Unidos, 
era diferente el 2 de marzo y el 3 ó 4 del mismo mes? 
Respuesta  
27. De hecho, el riesgo de que las fianzas depos itadas resulten insuficientes para garantizar el 
pago del aumento de los derechos  autorizado por el OSD existía desde la conclusión del período 
razonable de tiempo, ya que las CE estarían obligadas desde ese momento, debido a no haber 
cumplido con sus obligaciones en el marco de la OMC, previa autorización del OSD.  El riesgo 
aumentó a partir del 3 de marzo por que el árbitro del caso de los Bananos con respecto al párrafo 6 WT/DS165/R/Add.1 
Página 132  
 
del artículo 22, rechazó el argumento de las CE de qu e el árbitro carecía de jurisdicción para proceder 
con su examen del nivel de anulación o menosca bo, adoptó decisiones sobre ciertas cuestiones 
metodológicas, e indicó que se centraría con más inte nsidad en determinar el nivel de anulación o 
menoscabo (una vez que las CE facilitaran la información que se había negado anteriormente a 
facilitar).
247  Además, las propias declaraciones de las CE confirman que ya habían previsto que ese 
sería superior a cero, es decir que sabían que su presunta "nueva" medida continuaría constituyendo 
una infracción de las obligaciones de las CE en el marco de la OMC.  Tal como se describe en el párrafo 29 de la primera comunica ción de los Estados Unidos, el Comisario de Relaciones Exteriores, 
Sir Leon Brittan, declaró, después de la decisión inic ial del 2 de marzo que la solicitud de los árbitros 
a los Estados Unidos para que hicieran una nueva estimación de los daños significaba que los árbitros 
de la OMC probablemente constata rían que éstos ascendían a una cantidad que oscilaba entre los 200 
y 300 millones de dólares.
248  Más explícitos fueron los comentarios del Comisario de Industria, 
Sr. Bangemann, quien admitió que, aunque se había vi sto obligado a defender la postura de las CE, 
ésta carecía de fundamento.249  La combinación de estos factores indica que existe el riesgo creciente 
de que el OSD autorice, en última instancia, el aumento de los derechos aduaneros. 
Pregunta 47  
 En el párrafo 55 de la comunicación de ré plica de los Estados Unidos, éstos afirmaban 
que "el USTR informó a la aduana de este riesg o".  ¿Podrían los Estados Unidos facilitar al 
Grupo Especial una copia de dicha comunicación  entre el USTR y la aduana en la que se 
identifique y defina dicho riesgo y cualquier otra instrucción pertinente?  
Respuesta  
28. Sírvanse ver la prueba testimoni al Nº 12 de los Estados Unidos. 
Pregunta 48  
 Los Estados Unidos afirman en el párrafo  35 de su comunicación de réplica que, 
"suponiendo a efectos de la documentación que los requisitos en materia de fianzas del 3 de marzo impongan una 'carga', con arreglo al ar tículo II o al artículo VIII, entonces estos 
requisitos no pueden, por definición, estar sujetos a lo dispuesto en el artículo XI".  Sírvanse 
explicar más detalladamente la distinción entre el  ámbito de aplicación de los artículo II y VIII 
y el del artículo XI, teniendo en cuenta los requisitos en materia de fianzas en cuestión. 
Respuesta
 
29. Aparte de la explicación facilitada en el  párrafo 35 de la segunda comunicación de los 
Estados Unidos, éstos señalan otra vez que los re quisitos en materia de fianzas del 3 de marzo no 
suponían ningún pago o carga por parte del Gobierno  de los Estados Unidos.  A los importadores se 
les exigió que presentaran pruebas de que habían obtenido o bien fianzas únicas por transacción o fianzas de entrada continuadas (o de facilitar una ga rantía mediante un depósito en efectivo en lugar 
de una garantía sobre una fianza) para la entrada o entradas de las mercancías en cuestión.  Dichas 
fianzas las prestan compañías privadas de seguros y, por lo general, las autoridades aduaneras suelen 
exigir la presentación de varios documentos y otro s requisitos.  Estos requisitos no se convierten en 
"cargas" solamente porque pueden dar lugar a algunos gastos. 
                                                     
 
247 Véanse los párrafos 2.11, 3.1-4.15, 6.17 del Arbitraje en virtud del párrafo 6 del artículo 22. 
 
248 Véase Inside U.S.Trade, 12 de marzo de 1999, página 3. 
 
249 Véase el párrafo 29 y la nota 29 de la pr imera comunicación de los Estados Unidos. 
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 Página 133 
 
 
30. Las CE han citado la diferencia del GATT sobre los Precios Mínimos de Importación 
(MIPS)250 como justificación de su opinión de que lo s cambios del 3 de marzo a los requisitos en 
materia de fianzas deberían considerarse como "otras cargas".251  La diferencia sobre los MIPS  supuso 
la imposición de dos garantías separadas que ga rantizaban que las importaciones se harían en 
conformidad con los compromisos del importador y que las importaciones de tomate concentrado se 
harían a un precio mínimo de importación, o superi or a éste.  Las garantías se perderían si las 
importaciones no se efectuaran o si los precios del concentrado de tomate fueran inferiores al precio mínimo de importación.
252  Las CE no mencionan las conclusiones del Grupo Especial sobre los  
MIPS  en el sentido de que las disposiciones que prevén la confiscación de estas garantías no  se 
consideraban otras cargas sujetas a lo dispuesto en los artículos II y VIII ya que no se trataban de una 
sanción por el incumplimiento de las obligaciones o de un mecanismo para la aplicación del sistema 
de precios mínimos de importación.253  Las garantías en cuestión en esta diferencia aseguran el 
cumplimiento de la obligación del importador de paga r los derechos aduaneros, y por lo tanto no se 
deben considerar "otras cargas" según los artículos II y VIII.  Además el Grupo Especial sobre los 
MIPS  examinó las cargas y gastos en concepto de intereses en relación con las garantías 
correspondientes a la diferencia en cuestión.   No resulta claro del informe sobre los MIPS  si estas 
cargas fueron recaudadas por las autoridades gubern amentales, en cuyo caso, las conclusiones del 
Grupo Especial sobre los MIPS  no serían aplicables aquí, ya que el Gobierno de los Estados Unidos 
no carga nada por las fianzas que exige.  Además , las CE no mencionan las constataciones del Grupo 
Especial sobre los MIPS  en el sentido de que, incluso si estas carg as y gastos en concepto de intereses 
fueran "otras cargas" para una de las garantías eran  muy reducidas, y "proporcionales al coste de los 
servicios prestados".254  En la medida en que el Grupo Especi al considera que las cargas en concepto 
de garantías privadas  constituían "otras cargas", también est as son muy reducidas, y deberían 
considerarse proporcionales al costo de los servicios pr estados.  Tal como se describe en el párrafo 29 
de la segunda comunicación de los Estados Unidos , el gasto habitual cobrado por una empresa 
privada de seguros sería de 3,50 dólares por cada 1. 000 dólares del valor de la fianza por transacción 
única y de 10 a 20 dólares por cada 1.000 dólares del va lor de la fianza para las fianzas continuadas.  
Sin embargo, sería un precedente preocupante que un  grupo especial revisara el precio que cobran las 
empresas privadas por los servicios prestados. 
Pregunta 49  
 Al alegar que el aumento de la cuantía de una garantía necesaria era para cubrir 
al 100 por ciento el derecho arancelario que  pudiera llegar a adeudarse (después de que el 
grupo especial de arbitraje haya terminado su labor), los Estados Unidos parecen presumir que 
la obligación aplicable, en forma de derech os arancelarios, puede cambiar después  de la entrada 
de un producto enumerado en el territorio a duanero de un Miembro de la OMC.  ¿Es este 
cambio retroactivo de la ley de la obligación ap licable, aceptable para el derecho internacional?  
                                                      
250 Informe del Grupo Especial del GATT sobre CEE - Programa de precios mínimos, licencias y 
depósitos de garantía para la importación de determinadas frutas, legumbres y hortalizas elaboradas (MIPS) , 
aprobado el 18 de octubre de 1978, IBDD 24S/68. 
 
251 Véase  el párrafo 16 de la segunda comunicación escrita de las CE. 
 
252 Párrafo 2.6 del informe sobre los MIPS . 
 
253 Párrafos 4.7 y 4.16 del informe sobre los MIPS . 
 
254 Párrafos 4.2 y 4.6 del MIPS . 
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Página 134  
 
Respuesta
 
31. Como cuestión inicial, señalamos que la me dida del 3 de marzo no cambió por sí misma el 
tipo de derecho aplicable a las entradas de mercancías a partir de esa fecha.  Cambiaron simplemente los requisitos en materia de fianzas para dichas entradas. 
32. Como observan las CE en su segunda com unicación, la responsabilidad por el pago de 
derechos para un producto determinado es la  correspondiente a la fecha de importación.
255  S i n  
embargo, no siempre sucede que  el derecho aplicable para  la fecha de importación es el previsto en  
esa fecha.  Por ejemplo, si un importador se equi voca al clasificar un produc to en la importación, 
puede transcurrir algún tiempo después de la impo rtación hasta que las autoridades aduaneras o el 
importador se den cuenta del error de la clasificación y cambien en consecuencia el tipo del 
derecho.256  Igualmente, un error en la valoración de un producto podría dar lugar a una obligación de 
pago de un derecho más alto que el previsto en  el momento de la entrada, y esto podría no 
descubrirse, ni cambiarse, hasta pasado algún tiem po después de la misma.  Por consiguiente, un 
importador no siempre está  obligado a pagar los der echos que pensaba eran de bidos en el momento de 
la entrada de las mercancías. 
33. Igualmente, en las investigaciones anti dumping, puede haber casos en el que podrían 
aplicarse derechos a las importaciones del pasa do basándose en una decisión adoptada algún tiempo 
después de la entrada de las mercancías.  En el  artículo 10 del Acuerdo relativo a la Aplicación del 
Artículo VI del Acuerdo General sobre Arance les Aduaneros y Comercio de 1994 (Acuerdo 
Antidumping) se prevé la imposición de derechos a pa rtir de la fecha de la  imposición de medidas 
provisionales a raíz de una determinación definitiva de la existencia de dum ping y daño (párrafo 2 del 
artículo 10).  Además, los derechos antidumping pueden imponerse sobre las entradas realizadas 
incluso antes de la fecha de aplicación de las medidas provisionales (es decir, antes incluso de que se hayan realizado las determinaciones preliminares de dumping y daño), en circunstancias específicas (párrafo 6 del artículo 10). 
34. Como se expone en los párrafos 38-42 de la primera comunicación de los Estados Unidos y 
en los párrafos 16-18 de las respuestas de los Es tados Unidos al Grupo Especial y a las CE, el 
contexto y objetivo de las disposiciones sobre susp ensión de concesiones ponen bien en claro que esta 
fecha puede ser cualquiera después de concluido el pl azo prudencial.  El párrafo 7 del artículo 22 del 
ESD establece solamente que la solicitud de suspen sión debe atenerse a la decisión de los árbitros.
257  
En el párrafo 1 del artículo 22 se deja claro que  es posible la suspensión de concesiones u otras 
obligaciones "en caso de que no se apliquen en un plazo prudencial las recomendaciones y 
resoluciones [del ESD] adoptadas".  El objetivo de ex igir un plazo prudencial -a fin de conceder un 
período de gracia a un Miembro para que pueda cumplir con sus obligaciones sin consecuencias- 
implica en su mera enunciación que las consecuencias de la falta de cumplimiento comienzan a partir 
de la conclusión de dicho período.  Igualmente, la  compensación que se exige en virtud del párrafo 2 
del artículo 22 es exigible al expirar el plazo prudencial, y contribuiría solamente a fomentar el 
retraso, e induciría a no adoptar acuerdos sobre la  compensación, si la responsabilidad por la 
suspensión de las concesiones se prolongara después de dicho momento. 
                                                      
255 Párrafo 12 de la segunda comunicación de las CE. 
 
256 De hecho, tenemos entendido que las autoridade s aduaneras de los Estados miembros de las CE 
pueden reclasificar, y por lo tanto aplicar tipos más altos de  derechos de aduana a las mercancías, hasta tres años 
después de su entrada. 
 
257  En el párrafo 7 del artículo 22 se prevé, en la parte correspondiente que, "se informará sin demora 
de la decisión del árbitro al OSD:  y éste, si se le pide, otorgará autorización para suspender concesiones u otras 
obligaciones siempre que la petición sea acorde con la decisión del árbitro, a menos  que decida por consenso 
desestimarla". 
  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 135 
 
 
35. Así pues, las normas de la OMC establecen, ta nto en el contexto de la suspensión de las 
concesiones como en otros casos, que el derecho ap licable en la fecha de entrada puede no ser el 
previsto en esa misma fecha.  Aparte de las normas de la OMC, y tal como se señala en el párrafo 27 de la segunda comunicación de los Estados Unidos, tanto el Conven io de Kyoto como el Acuerdo 
sobre Valoración en Aduana, fomentan el pronto d espacho de la mercancía y permite la adopción de 
sistemas de garantías para asegurar el cumplimiento de las obligaciones reglamentarias, y para 
garantizar la recaudación de todos los derechos e impuestos adicionales  que pueden resultar 
aplicables.
258  Así pues, el convenio prevé explícitame nte que, como consecuencia necesaria del 
pronto despacho de la mercancía, podría resultar ne cesario imponer requisitos en materia de fianzas 
para garantizar la recaudación de los derechos adic ionales aparte de los exigibles al importador sobre 
la base de la información de que se dispone en el  momento de la importaci ón, y que pudieran llegar a 
adeudarse como resultado de acontecimi entos posteriores a la entrada de la mercancía.  De este modo, 
el Convenio de Kyoto deja también en claro que los derechos aduaneros impuestos definitivamente 
pueden exceder los previstos en el mome nto de la entrada de la mercancía. 
                                                      
258  Convenio de Kyoto, anexo B.1, 59-61. WT/DS165/R/Add.1 
Página 136  
 
Apéndice 2.7 
Intervención oral de los Estados Unidos s obre cuestiones relacionadas con el ámbito 
 de la presente diferencia, en  la segunda reunión sustantiva  
(9 de febrero de 2000) 
 
 
1. Señor Presidente, miembros del Grupo Especi al:  Los Estados Unidos agradecen esta 
oportunidad de referirse al intento de las CE por terg iversar la naturaleza de la medida en cuestión y el 
mandato de la presente diferencia.  Señor Presi dente:  Los Estados Unidos han pedido al Grupo 
Especial que dicte una resolución preliminar sobr e esta cuestión.  La resolución preliminar es 
importante para los Estados Unidos -así como para las CE-, a fin de saber qué medidas están en litigio 
en el procedimiento ante este Grupo Especial, de modo que las partes puedan orientar las pruebas que 
allegan y los argumentos que formulan a las r eclamaciones que son objeto del mandato del Grupo 
Especial, sin recargar a éste con materiales relacionados con reclamaciones ajenas a ese mandato.  Celebramos ahora la segunda reunión del Gru po Especial.  Se han presentado todas las 
comunicaciones por escrito y se han preparado todas las intervenciones orales.  Esta es la última 
oportunidad de responder a los argumentos.  Si los Estados Unidos no se enteran en esta reunión de 
las medidas que el Grupo Especial considera que tie ne ante sí en este procedimiento, ¿cómo podrán 
tener una oportunidad de responder? 
2. En su carta de fecha 24 de enero, las CE afirma n que la petición de los Estados Unidos de que 
se dicte una resolución preliminar sobre la medi da en litigio es inoportuna.  Sin embargo, la 
oportunidad de la petición de los Estados Unidos ha dependido de la  oportunidad del propio intento de 
las CE de ampliar el mandato del Grupo Especial .  Reconociendo que las medidas adoptadas el 3 de 
marzo se limitaban a los requisitos en materia de fianzas, las CE por primera vez en su declaración en 
la primera reunión sustantiva trataron de reformular el ámbito del presente procedimiento.  Sería injusto, y constituiría una denegación del debido  proceso, privar a los Estados Unidos de la 
oportunidad de responder y de solicita r una aclaración de cuáles son l as medidas en litigio.  Por otra 
parte, las cuestiones relativas al mandato pueden,  y deben, presentarse en cualquier momento del 
proceso de solución de diferencias, pues son de  naturaleza jurisdiccional y se relacionan con la 
competencia de un grupo especial para examinar una medida.  En el asunto India - Protección 
mediante patente de los productos farmacéuticos  y los productos químicos para la agricultura (19 de 
diciembre de 1997, WT/DS50/AB/R, párrafo 92), el Órgano de Apelación determ inó que las partes no 
podían convenir en una competencia respecto de una  reclamación que no formar a parte de la solicitud 
de establecimiento del grupo especial.  El  Órgano de Apelación dijo lo siguiente: 
El ámbito de autoridad de un grupo especial queda establecido en su mandato que se 
rige por el artículo 7 del ESD.  el grupo especial sólo puede examinar las alegaciones 
que tiene autoridad para examinar en vi rtud de su mandato.  El grupo especial no 
puede asumir un ámbito de autoridad que no tiene. 
3. Señor Presidente:  En el párrafo 2 del artículo 4 del ESD se dispone respecto de la celebración 
de consultas sobre "medidas … adoptadas", y el pá rrafo 7 del artículo 4 del ESD estatuye que una 
parte reclamante podrá pedir que se establezca un grupo especial si las consultas no permiten resolver 
la diferencia.  El principio básico de que una me dida debe haber sido adoptad a antes de que pueda ser 
objeto de una solicitud de consulta y de un u lterior procedimiento ante un grupo especial es 
fundamental para el proceso de solución de diferencias de la OM C.  No creemos que las CE lo 
discutan, particularmente a la luz de  la vehemencia con la cual se opus ieron a la petición de las partes 
reclamantes en el asunto Bananos  de que se constituyera un grupo especi al al amparo del párrafo 5 del 
artículo 21 con ese fundamento.  Como señalamos en otra parte, las CE llegaron incluso a amenazar 
con obstruir el orden del día de la reunión del OS D de septiembre de 1998, con tal de que el OSD no 
autorizara la constitución de un grupo especial respecto de lo que, a juicio de las CE, era una medida 
que todavía no se había adoptado.  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 137 
 
 
4. Las CE presentaron su solicitud de celebración de consultas el 4 de marzo de 1999, un día 
después de que los Estados Unidos anunciaran su decisión de modificar sus requisitos en materia de 
fianzas.  Obviamente, la solicitud de celebración de consultas no podía incluir y, por lo tanto, no 
incluyó una medida adoptada el 19 de abril.  Además , en las consultas, los Estados Unidos aclararon 
que las medidas adoptadas el 19 de abril no estaban dentro del ámbito de las consultas, y no hubo 
consultas a su respecto.  Suponemos que los funciona rios de las CE en las consultas informaron del 
resultado de esas consultas a sus representantes en l as actuaciones ante el presente Grupo Especial.  
Por cuanto las medidas adoptadas por los Estados Un idos el 19 de abril después de la autorización 
del OSD de suspender concesiones no fueron objeto de una solicitud de consulta o de consultas, la 
solicitud de las CE de que se estableciera un grupo  especial no podía haber abarcado esas medidas.  
No obstante, las CE están tratando de incorporar l as medidas del 19 de abril en el ámbito del presente 
procedimiento, fundadas en su per cepción tardía de que la  medida del 3 de marzo no fue otra cosa que 
una modificación de los requisitos de los Estados Unidos en materia de fianzas. 
5. La medida del 3 de marzo en modo alguno afect ó las obligaciones de pago de derechos.  Los 
depósitos de derechos correspondientes a mercancías im portadas entre el 3 de marzo y el 19 de abril 
se hicieron a los tipos NMF consolidados.  La única modificación en los procedimientos de entradas 
de mercancías que se aplicaron a esos importadores fue la modificación de los requisitos en materia 
de fianzas.  Del mismo modo que los requisitos ordinarios en materia de fianzas, los requisitos 
modificados en materia de fianzas no entrañaron pago  alguno al gobierno.  Tampoco estos requisitos 
en materia de fianzas alteraron en modo alguno la obligación última de pago de derechos, no obstante 
las meras afirmaciones en contrario de las CE.  En ausencia de la medida del 19 de abril, todas y cada una de las importaciones sujetas al aumento de los requisitos en materia de fianzas se habrían 
liquidado al tipo NMF declarado. 
6. Las CE afirman, en el párrafo 7 de sus respuestas de ayer a las preguntas que "no están 
convencidas" de que la medida de l 3 de marzo no haya aumentado la  obligación de pago de derechos. 
Sin embargo, como lo explicó el Órgano de Apelación en el asunto Camisas y blusas , la carga de 
demostrar un hecho recae en la parte que lo opone.  No  bastan las meras afirma ciones.  Las CE se han 
limitado meramente a afirmar que los requisitos en  materias de fianzas acrecentaron la obligación de 
pago de derechos, sin explicar en qué forma se produciría ese aumento conforme al derecho 
norteamericano.  Los Estados Unidos tienen la certeza de que comprenden mejor que las CE el 
funcionamiento de su propio derecho, y las CE están simplemente equivocadas. 
7. Las CE teorizan incorrectamente que podrán incor porar al ámbito de la presente diferencia las 
medidas del 19 de abril, aunque éstas no podrán ha ber sido objeto de una petición de celebración de 
consultas el 4 de marzo, aduciendo que su solicitud de  establecimiento de un grupo especial se refiere 
a la medida del 19 de abril en calidad de medida confirmatoria de la obligación de pago de derechos 
impuesta el 3 de marzo.  Tampoco en este caso, sin embargo, hubo una oblig ación pago de derechos 
impuesta el 3 de marzo, razón por la cual no se la  pudo haber "confirmado".  Incluso esta teoría es 
defectuosa. 
8. En su carta de fecha 24 de enero, las CE aducen, también, que como incluyeron la lista 
promulgada el 19 de abril como anexo de su solicitud de constitución de un grupo especial, las 
medidas del 19 de abril figuran dentro del mandato.  Sin embargo, la inclusión de esa lista no puede 
subsanar la circunstancia de que la solicitud de celebración de consultas de las CE de fecha 4 de 
marzo no podía haber incluido medidas que aún no se habían adoptado.  Tamp oco puede la inclusión 
de esa lista subsanar la circunstancia de que en la solicitud de las CE de que se estableciera un grupo 
especial la única referencia a la medi da del 19 de abril es la que se acaba de mencionar, a saber, que 
esta medida presuntamente confirmó la obligación inexistente que según se dice habría sido impuesta 
el 3 de marzo.  La lista incluida en la solic itud de constitución de un grupo especial sólo se puede 
considerar de carácter informativo. WT/DS165/R/Add.1 
Página 138  
 
9. El mandato de la presente diferencia no conf iere jurisdicción para examinar las medidas 
adoptadas el 19 de abril, e instamos al Grupo Especi al a que desestime las te ntativas de las CE por 
incorporar estas medidas en el ámbito de la presente  diferencia. Quedamos con interés al aguardo de 
la decisión del Grupo Especial.  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 139 
 
 
Apéndice 2.8 
Intervención oral de los Estados Un idos en la segunda reunión sustantiva 
(9 de febrero de 2000) 
Introducción 
1. Señor Presidente:  Acojo con beneplácito la reso lución preliminar que ha dictado en el sentido 
de que las medidas del 19 de abril no están incluid as dentro del mandato del presente procedimiento.  
Al propio tiempo, acogemos con beneplácito el re conocimiento por el Grupo Especial de que es 
importante que comprendamos estas medidas.  Es a importancia se pondrá mejor de manifiesto en 
algunos momentos. 
2. Señor Presidente, distinguidos miembros del Gr upo Especial:  Nuevamente tengo el honor de 
representar hoy ante ustedes a los Estados Unidos.  Celebramos ahora la segunda reunión del presente 
Grupo Especial, y las cuestiones en litigio en la pr esente diferencia han cobrado más claridad.  Por 
ejemplo, está claro que la única medida que se a doptó el 3 de marzo fue la modificación de los 
requisitos en materia de fianzas respecto de ciertas mercancías procedentes de países de las CE, y que 
esta modificación de los requisitos en materia de  fianzas no impuso ninguna responsabilidad de pago 
de derechos distinta de los ti pos NMF consolidados aplicables a las importaciones de todos los 
orígenes.  También está claro que est a medida se adoptó en el contexto  de los esfuerzos de las CE por 
demorar la conclusión de las actuaciones previstas en el párrafo 6 del artíc ulo 22 que, conforme al 
régimen del ESD, debían llegar a su término para el 2 de marzo.  Ad emás, está claro que los esfuerzos 
de las CE por dilatar la tramitación fueron sólo lo s más recientes de sus intentos por obstruir el 
funcionamiento del sistema de solución de difere ncias de la OMC, con la mira de escapar a las 
consecuencias de su incumplimiento de las r ecomendaciones y resoluciones del OSD en el asunto 
Bananos . 
3. Desafortunadamente, la argumentación de las CE  en la presente diferencia ha revelado su 
persistente deseo de confundir las cuestiones en litigio  y su indiferencia por las consecuencias de sus 
medidas para el sistema de comercio internacional y el régimen de solución de diferencias.  Las CE 
han solicitado explícitamente al presente Grupo Especial que declare ultra vires  la labor de otro grupo 
especial, e implícitamente le han pedido que cont ravenga las normas de la OMC que reservan a los 
Miembros el derecho de modifica r las disposiciones de la OMC.  Además, las CE hábilmente han 
dejado de lado su insistencia durante el plazo pr udencial de que sólo una medida adoptada realmente 
puede ser objeto de un procedimiento de solución de diferencias;  en cambio, han tratado de que el 
presente Grupo Especial examine medidas que no se adoptaron el 3 de marzo y que no forman parte 
de su mandato.  Por otra parte, las CE han most rado inclinación a formular argumentos excesivamente 
amplios que pondría en tela de juicio a los regíme nes de fianzas para el pronto despacho, favorables a 
la consecución del comercio, en un singular empeño por lograr que el Grupo Especial convalide sus tácticas dilatorias en el asunto Bananos . 
4. Señor Presidente:  El presente Grupo Especial debe concentrar su atención, no en lo que 
las CE alegan que ocurrió el 3 de marzo, sino en las medidas que realmente se adoptaron en esa fecha.  
Además, el Grupo Especial debe an alizar esas medidas para determ inar si son compatibles con las 
obligaciones asumidas por los Estados  Unidos en el seno de la OM C, con un criterio económico que 
lleve a dictar sólo las resoluci ones que sean necesarias para dar cima a su cometido.  El Grupo 
Especial debiera abstenerse de aceptar la invitaci ón de las CE a legislar, a exceder su mandato y a 
formular pronunciamientos jurídicos radicales co n inciertas consecuencias para el comercio 
internacional.  Cuando se les examina a la luz de las obligaciones pertinentes en los Estados Unidos, 
es evidente que las medidas realme nte adoptadas el 3 de marzo esta ban en consonancia con dichas 
obligaciones. WT/DS165/R/Add.1 
Página 140  
 
La medida 
5. En primer lugar, abordaré brevemente alguno de  los puntos planteados hoy por las CE.  En 
cuanto a la carta cursada por el USTR al Servic io de Aduanas de los Estados Unidos, es importante 
reconocer que, como bien se desprende de la redacción de esa carta, se trataba de una petición y no de una "instrucción".  El único fundamento jurídico de la  medida que se cita en la carta es el invocado 
por la Aduana para modificar los requisitos en ma teria de fianzas, esto es, la disposición contenida 
en 19 CFR § 113.13.  La carta dimanó de un proceso in terinstitucional y reflejó dicho proceso, pero la 
única autoridad jurídica a cuyo amparo se adoptó la me dida fue la de la Aduana.  Con respecto a la 
"retención de la liquidación", hay que reconocer que no existe un derecho a la liquidación inmediata.  
Los procedimientos aduaneros ya pr eveían entonces un plazo de liquid ación de entre 314 días y 1 año.  
En consecuencia, la primera petición contenida en la  carta del USTR respecto de la "retención de la 
liquidación" no podía ser atendida, pues la Aduana  ya estaba empleando un ciclo de liquidación de 
314 días, y ese ciclo no se modificó.   
6. En cuanto a las medidas del 19 de abril, pese a los argumentos aducidos por las CE, cabe 
decir que dichas medidas dieron carácter retroactivo a los derechos sobre las importaciones declaradas 
a partir del 3 de marzo.  Todo lo que hicieron lo s Estados Unidos el 3 de marzo fue modificar los 
requisitos en materia de fianzas, de modo que la  Aduana pudiera tener una mayor probabilidad de 
percibir esos derechos en el caso
 de que el OSD autorizara la suspensión de concesiones y de que  los 
Estados Unidos decidieran aumentar los derechos.  Esa medida se adoptó el 19 de abril. 
7. Quisiera examinar nuevamente la forma en que funciona el régimen de los Estados Unidos 
para las importaciones.  Cuando una importación lle ga a los Estados Unidos, el importador presenta 
una documentación sumaria respecto de la importaci ón, junto con un comprobante de fianza.  Tras 
presentar esa documentación y el comprobante de fianza, se procede inmediatamente al despacho a consumo de la mercancía.  En el momento del d espacho, o poco después, el importador deposita los 
derechos estimados.  Ayer presentamos la Prueba doc umental 14, en la que consignamos estadísticas 
sobre los derechos correspondientes a los productos enumerados en la lista.  En dicha Prueba 
documental figura una columna relativa a los derec hos estimados pagados.  Respecto de cada partida 
de la lista, los derechos estimados  que se pagaron se calcularon al tipo NMF.  La Aduana consideró 
que esos depósitos eran correctos pues correspondían  a la única obligación de pago de derecho que 
existía.  No se cursó ninguna instrucción a los director es de puertos de aumentar los derechos y, por lo 
tanto, los puertos no exigieron depósitos de derechos  de mayor cuantía.  Al tiempo de la liquidación, 
la Aduana efectúa la determinaci ón final de los derechos por pa gar.  La Aduana examina la 
clasificación y la valoración, por ejemplo, para confirmar que sean correctas.  Una vez confirmada la 
responsabilidad por el pago de derechos, la Adua na cursa un aviso al importador.  Cuando hay 
diferencia entre los derechos de positados y los derechos que real mente se han de pagar, dicha 
diferencia se cobra o reembolsa.  Po co después de la liquidación, la Aduana queda privada de recursos 
para revisar esa obligación de pago de derechos.  La  Aduana no puede retrotraer la tramitación, salvo 
en casos de fraude, y volver a liquidar la mercancí a importada.  Entendemos que este régimen de los 
Estados Unidos es diferente de otros sistemas en est e aspecto.  En otros sistemas, el régimen de la 
prescripción autoriza a las autoridades aduaneras a retrotraer la tramitación y a corregir las 
determinaciones de pagos de derechos hasta que ve nce el plazo de prescripción que es de alrededor 
de 3 años.  En los Estados Unidos, este plazo es de 1 año.  La Aduana debe efectuar la liquidación 
entre 314 días y 1 año. 
8. Quiero reiterar que la única medida incluida dent ro del mandato de la presente diferencia es la 
modificación del 3 de marzo de los requisitos en  materia de fianzas relativos a ciertos productos 
procedentes de países de las CE.  El comunicado de prensa del 3 de marzo no es en sí una medida, 
como tampoco lo es la carta cursada por el USTR al Servicio de Aduanas.  Las CE solicitaron que se celebraran consultas el 4 de marzo en relación con medidas adoptadas el 3 de marzo, y sólo esas 
medidas pueden legítimamente ser objeto de este pr ocedimiento de solución de diferencias.  Ningún 
acto de los Estados Unidos el 3 de marzo afectó a las obligaciones de pago de derechos, ni tampoco  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 141 
 
 
demoró las liquidaciones.  Los depósitos por productos importados entre el 3 de marzo y el 19 de abril 
se hicieron con arreglo a los tipos NMF consolidados .  El único cambio en el procedimiento de 
importación para estos importadores fue la modificación de los requisitos en materia de fianzas.  Como ocurre con el régimen ordinario de fianzas, la modificación de los requisitos en materia de 
fianzas no entrañó ningún pago al Es tado.  Estos requisitos en materi a de fianzas tampoco alteraron en 
modo alguno la obligación última de pago de derechos , no obstante las meras alegaciones en contrario 
de las CE.  En ausencia de la medida del 19 de abril, todas y cada una de las mercancías importadas sujetas al aumento de la fianza se habrían liquidado al tipo NMF aplicable en el momento de la importación. 
Los artículos del GATT y el párrafo 6 del artículo  22 y el párrafo 2 c) del artículo 23 del ESD 
9. Las CE añadieron poca novedad en sus respuest as a las preguntas del Grupo Especial o en la 
segunda comunicación respecto de las cuestiones vi nculadas con los artículos I, II, VIII u XI 
del GATT.  Como se dijo en las comunicaciones de los Estados Unidos, las CE no han satisfecho el onus probandi  de demostrar que la medida del 3 de ma rzo era incompatible con cualquiera de esas 
disposiciones.  En particular, los Estados Unidos  desean señalar a la atención los argumentos de 
las CE relativos a los artículos II y VIII.  Las CE  aducen aparentemente que sólo las modificaciones 
de los requisitos en materia de fianzas instituidas el 3 de marzo se han de considerar en la categoría de 
otras cargas prohibidas, aunque sus argumentos bi en podrían aplicarse a todos los regímenes de 
fianzas.  En su empeño por obtener una decisión contra  la medida del 3 de marzo, las CE querrían que 
el Grupo Especial decidiera en detrimento de un mecanismo facilitador del comercio que acelera el 
pronto despacho de mercancías por las autoridades aduaneras y que está contemplado en el Acuerdo 
sobre Valoración en Aduana de la OMC y en el Convenio de Kyoto y que es propiciado por ambos 
instrumentos.  Muchos Miembros de la OMC em plean regímenes de gara ntías para asegurar la 
cobranza de derechos aduaneros y cubrirse contra los riesgos relacionados con ciertas importaciones 
de mercancías. 
10. Cuando despachan mercancías al consumo en sus territorios antes de que se depositen o 
determinen definitivamente los derechos y otras carg as, y antes de que haya sido posible confirmar de 
manera definitiva la observancia por el importa dor de todas las obligaciones pertinentes, las 
autoridades aduaneras asumen un riesgo.  Ese ries go guarda relación directa con los pasivos totales 
que podrían adeudarse, incluidos no sólo los derec hos, sino también otras cargas y tasas, así como la 
liquidación de perjuicios por el incumplimiento de otras obligaciones con la aduana.  Si los importadores no pagaran sus deudas aduaneras, las autoridades aduaneras podría n encontrarse 
privadas de recursos para cobrar esas deudas.  Ante  ese riesgo, las autoridades aduaneras bien pueden 
optar por retener la mercancía hasta que se haya determinado definitivamen te la deuda total del 
importador y ésta haya sido pagada y hasta que  se haya comprobado definitivamente que el 
importador ha satisfecho los demás recaudos.  Sin embargo, conforme a lo previsto en el Acuerdo 
sobre Valoración en Aduana y en el Convenio de Kyoto (así como en los Principios Rectores 
Internacionales de la Cámara de Comercio Inte rnacional para las Aduanas), es posible todavía 
proceder al pronto despacho a consumo de las mercan cías, cosa que debiera hacerse, si las autoridades 
aduaneras establecen regímenes de garantías para cu brirse de los riesgos inherentes a dicha práctica. 
11. Los argumentos de las CE respecto de los artícul os II y VIII bien podrían hacerse extensivos a 
todos los regímenes de fianzas y crear conflicto s tanto dentro del Acuerdo sobre Valoración en 
Aduana como en el ámbito del Convenio de Kyot o.  Esas interpretaciones son innecesarias y se deben 
evitar.  El régimen de fianzas de los Estados Uni dos en relación con el pronto despacho de mercancías 
a consumo no requiere un pago al Estado y no impone otras cargas en la acepción de los artículos II 
y VIII.  En ello queda comprendida la revisión de lo s requisitos en materia de fianzas dispuesta el 3 de 
marzo.  El Estado no cobró tasas en relación c on las fianzas correspondientes a mercancías sujetas a 
los requisitos revisados en materia de fianzas.  Obviamente, el presente caso no se refiere a la escala 
de comisiones que los bancos privados  cobran por el otorgamiento de garantías, que es un servicio 
financiero ordinario.  Queremos se ñalar que las CE en la página 4 de su declaración de hoy sugieren WT/DS165/R/Add.1 
Página 142  
 
que las comisiones cobradas por estos garantes priva dos ascenderían en total a 10 millones de dólares 
EE.UU. sobre un valor de intercambio comercial de  520 millones de dólares EE.UU.  Esa cifra es 
pura fantasía.  Las CE ignoran la circunstancia de  que la fianza continuada asciende sólo al 10 por 
ciento del valor declarado y de que estos requisito s de fianzas sólo se han aplicado durante alrededor 
de un mes.  Tenemos entendido que los garantes priv ados, por lo común, cobran entre 10 y 20 dólares 
EE.UU. por cada 1.000 dólares de valor de la fianza en  el caso de fianzas continuadas, razón por la 
cual las cifras que estos garantes privados cobrar ían no guarda semejanza alguna con la cifra citada 
por las CE. 
12. Las CE, en el párrafo 4 de las respuestas de ayer, al parecer reconocen  que una me dida que no 
produce rentas para el fisco del Miembro importador de  la OMC no entra en la categoría de "derechos 
de aduana, impuestos u otras cargas".  Las CE hicieron esta declaración en el contexto de su examen 
del artículo XI, cuya infracción no han podido probar.  No obstante, las CE no pueden aducir que si 
bien no constituyen una "carga" a lo s efectos del artículo XI, los requisitos en materia de fianzas, 
pueden, con todo, ser una "carga" a los efectos del artículo II.  No existe fundamento alguno que 
justifique esa distinción.  Aparte de que el fi sco no recibió pago o renta alguno en relación con los 
requisitos en materia de fianzas, esos requisitos de fianzas no son "otras cargas", porque las fianzas 
tienen por único objeto dar efecto a la obligación de pagar los derechos, y esas garantías, como 
mecanismos de ejecución, no constituyen "otr as cargas" conforme al precedente de los MIPS , 
que, según observamos, se siguió en el Grupo Especial del GATT sobre el asunto Bananos II  
(DS38/R, de 11 de febrero de 1994). 
13. Sin embargo, aunque el Grupo Es pecial llegara a la conclusión de que los requisitos en 
materia de fianzas constituían "otras cargas" abarcad as por los artículos II y VIII, esas "cargas" se 
debieran considerar en consonancia con el coste de  los servicios prestados, a saber, el riesgo de que 
los importadores no paguen sus derechos y cump lan otras obligaciones.  Si el Grupo Especial 
considerara necesario examinar la cuestión rela tiva a saber si algunas "cargas" vinculadas 
específicamente con los requisitos en materia de fianzas del 3 de marzo son compatibles con los 
artículos II y VIII, estimamos que el Grupo Especial debería determinar que esas "cargas" están en 
consonancia con el "coste" adici onal vinculado con el pronto despac ho de las mercancías afectadas, 
esto es, el riesgo de que se impongan a esas importaciones declaradas los derechos adicionales que pueda autorizar el OSD y de que los importadores se abstengan de pagarlos. 
14. En cuanto al artículo XI y su relación con los artículos II y VIII, querríamos señalar que 
las CE dijeron ayer, en el párrafo 5, que sus argume ntos del artículo XI sólo serían pertinentes si los 
requisitos de fianza no hubieran aumentado también el arancel aduanero.  Por cuanto los requisitos de 
fianzas no lo hicieron, las CE están admitiendo que los artículos II y VIII no son aplicables.  Sin embargo, el argumento de las CE relativo al artícul o XI falla por sí sólo.  Como dijimos en nuestras 
comunicaciones, el argumento de las CE respecto de l artículo XI se ha sustentado exclusivamente en 
la errónea afirmación de que los requisitos de fianzas paralizaron efectivamente el intercambio 
comercial.  Pero no fue así.  Además, en su comunica ción de ayer, las CE sugieren en el párrafo 4 que 
el "propósito" de paralizar el comercio es tambié n una infracción del artículo XI.  Sin embargo, el 
propósito de una medida no es pertinen te para determinar si infringe o no el artículo XI.  En el asunto 
Bananos II , el Grupo Especial examinó el argumento de  las partes reclamantes de que un derecho 
elevado sobre las importaciones no comprendidas en el  contingente era incompatible con lo dispuesto 
en el párrafo 1 del artículo XI por cuanto perjudicaba al comercio.  En el párrafo 139 de su informe, el 
Grupo Especial concordó con los grupos especiales sobre los asuntos CEE - Semillas oleaginosas y 
Japón - Cueros de que las consecuencias reales de una medida no eran pertinentes para el análisis 
previsto en el artículo XI, y observó que en ninguna parte del artículo XI se mencionaban las 
consecuencias comerciales.  Análogamente, las al egaciones relativas al "propósito" de una medida no 
se mencionan en parte alguna del artículo XI y carecen de pertinencia para dicho análisis. 
15. Por esta razón y por las razones examinadas en nuestras comunicaciones, cabe decir que 
las CE no han probado que los requisitos en materi a de fianzas instituidos el 3 de marzo fueran  WT/DS165/R/Add.1 
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incompatibles con los artículos I, II, VIII y XI de l GATT.  Por lo tanto, las CE no han probado 
tampoco que la medida del 3 de marzo involucrara una susp ensión de concesiones u otras 
obligaciones.  Las CE, pues, tampoco han proba do que las medidas del 3 de marzo fueran 
incompatibles con el párrafo 6 del artículo 22 o con el párrafo 2 c) del artículo 23, que establecen las 
condiciones para la suspensión de concesiones u otras obligaciones. 
El párrafo 5 del artículo 21 
16. Me referiré ahora a los argumentos de las CE respecto del párrafo 5 del artículo 21.  
Comenzaré con la cita del párrafo 7 del artículo 22 del ESD, que dice así:  "Las partes aceptarán como 
definitiva la decisión del árbitro y no tratarán de obt ener un segundo arbitraje."  Se trata, pues, de una 
obligación firme.  Con todo, ello parece en gran medida contrario a la petición de las CE de que se 
declare ultra vires la decisión del árbitro previsto en el pá rrafo 6 del artículo 22, y también con la 
declaración hecha esta mañana por las CE en el se ntido de que si el Grupo Especial concuerda con 
las CE respecto del párrafo 5 del artículo 21 la su spensión de concesiones ordenada por los árbitros y 
autorizada por el OSD es y sigue siendo incompatib le con las obligaciones asumidas por los Estados 
Unidos, y que ello incluye tanto el período posterior al  3 de marzo como el poste rior al 19 de abril.  
Esta alegación es cualquier cosa menos una aceptación, y la petición misma pone en tela de juicio la 
observancia por las CE de lo dispu esto en el párrafo 7 del artículo 22. 
17. Está claro ahora que los argumentos de las CE  respecto del párrafo 5 del artículo 21 nada 
tienen que ver con la medida en litigio en la presen te diferencia, esto es, el aumento de los requisitos 
en materia de fianzas.  Las CE mismas no han podido probar ningún nexo entre los requisitos en 
materia de fianzas y el párrafo 5 del artículo 21 como no sea el argumento, tenue e insostenible, de 
que la medida del 3 de marzo "dependía directamen te" de medidas que presuntamente eran violatorias 
de lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 21 (medidas que no entran dentro del mandato de la 
presente diferencia), y no de que la medida del 3 de marzo misma contraviniera lo dispuesto en el 
párrafo 1 del artículo 25 (véase segunda com unicación escrita de las CE, párrafo 20). 
18. Las CE piden al presente Grupo Especial que c ontravenga varias disposiciones de la OMC a 
fin de que decida que el árbitro previsto en el párrafo 6 del artículo 22 en el asunto Bananos  de 
alguna manera violó otras disposiciones del ESD.  Esta maniobra, a todas luces política, nada tiene 
que ver con la resolución de las cuestiones en litigio en la presente diferencia  respecto del aumento de 
los requisitos en materia de fianzas, y es sólo un mero intento por escapar al proceso de examen 
del ESD y violar el derecho exclusivo de todos lo s Miembros de la OMC a modificar el ESD.  Más 
aún, no entendemos cómo pueden las CE reconcilia r su petición al presente Grupo Especial de que 
declare ultra vires  la labor del árbitro en el asunto Bananos  con su obligación, conforme al párrafo 7 
del artículo 22 del ESD, de "[aceptar] como definiti va la decisión del árbitro".  En particular, nos 
preocupa la implicación de las CE de que la deci sión del árbitro no es "vinculante" o que por otros 
conceptos puede prescindirse de ella respecto de l derecho de los Estados Unidos a suspender 
concesiones (segunda comunicación de las CE, párrafos 74 a 76).  La impugnación directa por las CE 
de la validez de la decisión del árbitro previsto en  el párrafo 6 del artículo 22 es cualquier cosa menos 
una aceptación de la decisión del árbitro exigida por el párrafo 7 del artículo 22. 
19. La simple consideración de que los requisitos en  materia de fianzas nada tienen que ver con 
un artículo del ESD que establece un mecanismo para solucionar diferencias en materia de aplicación 
revela la absoluta carencia de fundamento de la pretensión de las CE respecto del párrafo 5 del 
artículo 21.  Las CE quieren encontrar en el párra fo 5 del artículo 21 una obligación firme de parte de 
las partes reclamantes (aunque, naturalmente, no de la parte acusada de incumplimiento) de recurrir a 
los procedimientos previstos en el párrafo 5 del ar tículo 21, con exclusión de los procedimientos del 
artículo 22 explícitamente previstos en el ESD y que, por sus propios términos, ni siquiera hacen 
referencia al párrafo 5 del artículo 21.  Ni los árbitros en el asunto Bananos  ni el Grupo Especial del 
Artículo 301  determinaron que existiera esa obligación,  y nosotros estamos de acuerdo en que no 
existe.  Con todo, incluso si existiera una obligaci ón de esa naturaleza, cabe señalar que las CE no han WT/DS165/R/Add.1 
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presentado ninguna explicación verosímil de la forma en  que el aumento de los requisitos en materia 
de fianzas viola esa obligación.  Las CE, en cambio, estiman que pueden inferir actos que violan el 
párrafo 5 del artículo 21, de la misma manera que estiman que, por el solo hecho de su aseveración, 
pueden incluir dentro del ámbito de la presente diferencia unas medidas que no se adoptaron el 3 de 
marzo o unas medidas que no entran dentro del mand ato.  De acuerdo con las CE, si una parte en 
incumplimiento estima que ha aplicado las reco mendaciones y resoluciones del OSD, y una parte 
reclamante no ha solicitado el procedimiento previs to en el párrafo 5 del artículo 21, entonces  todo
 lo 
que la parte reclamante haga vi olará lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 21.  Solicitar un 
procedimiento multilateral al amparo del artículo 22 infringe lo dispuesto en el párrafo 5 del 
artículo 21, allegar pruebas al árbitro previsto en el artículo 22 infringe lo dispuesto en el párrafo 5 del 
artículo 21, aumentar los requisitos en materia de fianzas infringe lo dispu esto en el párrafo 5 del 
artículo 21:  virtualmente todo acto que ponga de resa lto el incumplimiento de las CE en el asunto 
Bananos  infringe lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 21.  Esta interpretación es sencillamente 
insostenible. 
20. Volvamos atrás por un momento y recordemos que el propósito del párrafo 5 del artículo 21 
es establecer un ágil mecanismo multilateral para resolv er diferencias en materia de aplicación.  No 
tiene por objeto servir de justificante para  retrasar las consecuencias multilaterales del 
incumplimiento.  Tampoco tiene por objeto anular  derechos multilaterales a que el OSD autorice la 
suspensión de concesiones al amparo de la regla de l consenso negativo dentro de los 30 días de la 
expiración del plazo prudencial, o de que el árbitro previsto en el artículo 22 complete su cometido 
dentro de los 60 días.  El párrafo 5 del artículo 21 tampoco tiene por objeto atribuir a las partes en 
incumplimiento un recurso para que puedan disuadir a las partes reclamantes de que hagan uso de los 
derechos que les confiere la OM C de solicitar una suspensión autori zada por el OSD.  De acuerdo con 
la interpretación que las CE hacen del párrafo 5 del artículo 21, éste diría lo contrario de lo que dice y 
se convertiría en un instrumento para menoscabar disposiciones de la OMC que son esenciales para 
velar por que los Miembros cumplan las obligaci ones que han asumido en el marco de la OMC. 
21. Las CE alegan que tienen derecho a que el pr esente Grupo Especial dicte una resolución sobre 
la relación entre el párrafo 5 del artículo 21 y el artículo 22 y aducen que habrá denegación de 
"justicia" si no se adopta esa resolución.  Sin emba rgo, el Grupo Especial puede decidir sobre la 
pretensión de las CE respecto del párrafo 5 del artículo 21 sin implicar o anular lo dispuesto en el artículo 22 y, a ese fin, todo lo que tiene que hacer  es desechar esa pretensión respecto del párrafo 5 
del artículo 21 fundado en que los requisitos en materia de fianzas no implican ninguna obligación 
que pueda entrar en el ámbito del párrafo 5 de l artículo 21.  Si el Grupo Especial llega a esta 
conclusión o decide no conocer de la pretensión de  las CE respecto del pá rrafo 5 del artículo 21, 
ciertamente se habrá hecho justicia.  No se hará ju sticia si se resuelve que otro grupo especial de 
la OMC ha actuado ultra vires , que se deben anular los derechos al amparo del artículo 22 sobre la 
regla del consenso negativo y sobre la oportunidad de  los procedimientos previstos en el párrafo 6 del 
artículo 22, que se debe ignorar el requisito del párrafo 2 del artículo 3 del ESD de que los grupos 
especiales no pueden ni aumentar ni reducir los der echos o que los grupos especiales pueden ejercer el 
derecho de modificar el ESD que ha sido conferid o exclusivamente a los Miembros en virtud del 
artículo X del Acuerdo sobre la OMC.  Esas deci siones bien podrán servir a las metas políticas de 
las CE, pero no harán justicia. 
22. Quisiera responder brevemente a diversos asunt os vinculados con los argumentos sobre el 
párrafo 5 del artículo 21 que las CE consignan en  su segunda comunicación.  El primero de esos 
asuntos es el argumento de las CE de que su ap licación constituyó una "nueva" medida.  Como hemos 
explicado, la novedad de las me didas de aplicación de un Miembro carece de pertinencia en la 
presente diferencia.  Sin embargo, no queremos de jar una impresión errónea en el Grupo Especial 
respecto de los cambios introducidos por las CE en  su régimen de importación de bananos.  Los 
elementos del llamado "nuevo" régimen de importaci ón de bananos que violaban las obligaciones de 
las CE fueron virtualmente idénticos a los del antiguo régimen y violaban esas obligaciones por las 
mismas razones, pues establecían regímenes sepa rados y discriminatorios respecto del banano en  WT/DS165/R/Add.1 
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infracción de lo dispuesto en el artículo XIII de l GATT de 1994 y asignaban las licencias en función 
de un período de referencia que garantizaba resu ltados discriminatorios en  contravención de lo 
dispuesto en los artículos II y XVII del AGCS.  Las partes reclamantes en el asunto Bananos  ya 
habían señalado esta circunstancia a la atención de l as CE en enero de 1998, pero las CE hicieron caso 
omiso, pues consideraron que tenían derecho a c ontinuar anulando y menosca bando los beneficios de 
la OMC para las partes reclamantes mediante el expe diente de reformular su antiguo régimen.  Esa ha 
sido la práctica seguida por las CE en los casi 10 años de existencia que lleva el asunto  Bananos .  En 
parte, ello ha facilitado la tarea de los divers os grupos especiales;  cuando el Grupo Especial de 
la OMC para el asunto Bananos examinó una instancia anterior de los esfuerzos de reformulación de 
las CE, pudo completar su análisis limitándose a cita r varias páginas del informe de su predecesor en 
el GATT y a añadir las palabras "estamos de acue rdo" (informe del Grupo Especial sobre el asunto 
Bananos , párrafos 7.179 y 7.180).  Del mismo modo que  era evidente a los ojos de las partes 
reclamantes y del árbitro y los miembros del Grupo Especial en el asunto Bananos , la persistente 
violación que tenía su causa en el régimen reformulado de las CE también era aparente a los funcionarios de las CE.  Señaló a la atención del Grupo Especial el pá rrafo 29 de la primera 
comunicación de los Estados Unidos, donde se cita n palabras de los funcionarios de la CE que 
reconocen que era infundada la pretensión de las CE de que habían instituido un "nuevo" régimen 
compatible con la OMC. 
23. Otro aspecto de la segunda comunicación de las CE que los Estados Unidos querrían abordar 
se refiere a las medidas de los Estados Unidos en  relación con lo dispuesto en el párrafo 5 del 
artículo 21 en el asunto Camarones - Tortugas .  El acuerdo de los Estados Unidos con Malasia sólo 
refuerza la circunstancia de que las normas vigentes del ESD obligan a las partes a llegar a esos 
acuerdos si desean demorar los procedimientos del artículo 22 sin abrir la puerta a la posibilidad de 
que una parte demandada bloquee la autorización pa ra suspender concesiones.  Las CE en los 
párrafos 62 y 63 de su segunda comunicación señalan que esos acuerdos no impi den que terceros se 
opongan al consenso, cosa que es verdad.  Sin em bargo, las CE no explican en qué forma su 
interpretación del párrafo 5 del artículo 21 o del artí culo 22 permitiría subsanar esa deficiencia.  En 
verdad, la acentuaría.  En la forma en que están  redactadas esas disposiciones, si fuera necesario 
incoar los procedimientos del párrafo 5 del artícul o 21 antes que los procedimientos del artículo 22, 
no sólo los terceros, sino también las partes que no aplican las resoluciones y recomendaciones podrían denegar a las partes reclamantes el beneficio de la regla del consenso negativo al amparo del 
artículo 22, y a las partes reclamantes también se les denegaría el derecho al amparo del artículo 22 de 
que los árbitros concluyan su cometido dentro de lo s 60 días de la expiración del plazo prudencial.  En 
otras palabras, disposiciones enteras del artículo 22 carecerían de efecto jurídico.  Evitar ese resultado 
es la "razón legal imperativa " para no adoptar la inte rpretación de las CE, no obstante la dificultad que 
éstas tienen para comprenderlo (segunda comunicación de las CE, párrafo 64). 
24. Por mucho que los Miembros de la OMC estén o no de acuerdo en que procedimientos 
similares a los del párrafo 5 del artículo 21 deba n o no preceder a una solicitud de suspensión, las 
normas del ESD actualmente vigentes no lo cont emplan.  Los Miembros de la OMC han estado 
examinando enmiendas
 al ESD que contemplarían esa situación y subsanarían los problemas 
relacionados con la regla del consenso negativo que existen en el texto vigente del ESD.  Con todo, 
sólo los Miembros pueden enmendar el ESD.  Un  solo Miembro no puede pedir a un solo grupo 
especial que legisle  esas enmiendas por su propio imperio, en violación de lo dispuesto en el párrafo 2 
del artículo 3 del ESD y en el ejercicio de los de rechos exclusivos de los Miembros conforme al 
artículo X del Acuerdo sobre la OMC. 
25. Que las CE piden al Grupo Especial que haga justamente esto queda aún más patente en su 
petición de que el Grupo Especial legisle la cr eación de cargas y presunciones aplicables en los 
procedimientos del párrafo 5 del artículo 21 y del artículo 22.  No existe ningún fundamento posible 
para que las CE pidan que este Grupo Especial imponga a otros grupos especiales  la forma en que 
han de incoar sus procedimientos, sobre la base de nuevos derechos y oblig aciones sacados de la 
nada.  Como las CE dicen en el párrafo 87 de su segunda comunicación, la única  presunción a la que WT/DS165/R/Add.1 
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hace referencia el ESD es la mencionada en el párra fo 8 del artículo 3 del ESD, con arreglo al que se 
presume que la transgresión de las normas tiene efectos desfavorables.  Las CE remiten a la declaración del Órgano de Apelación en el asunto Chile - Impuestos a las bebidas alcohólicas de que 
no
 existe presunción de mala fe -no de que sí  existe una presunción de buena fe, como las CE dijeron 
esta mañana-, pero ello sólo refuerza la tesis de  que los grupos especiales no deben embarcarse en una 
operación general de creación de pr esunciones que no están estatuidas en los Acuerdos de la OMC.  
La cuestión de las cargas y las pr esunciones en los procedimientos del párrafo 5 del artículo 21 carece 
de relación con la presente diferencia, y no es n ecesario adoptar una decisión sobre este punto para 
resolverla. 
26. Los requisitos en materia de fianzas establecidos  el 3 de marzo no guardan en absoluto 
relación con el párrafo 5 del artículo 21.  Instamos  ahora al Grupo Especial a que desestime la tesis 
flexible e interesada de las CE que consiste en defini r la medida en la presen te diferencia de modo de 
lograr pronunciamientos legisl ativos impropios, del mismo modo que oportunamente instamos al 
Grupo Especial a que desestimara la interpretación fl exible de las CE respecto del mandato a fin de 
abarcar medidas ajenas al ámbito de la solic itud de celebración de consultas de las CE. 
Conclusión 
27. En su calidad de parte reclamante en la presente diferencia, sobre las CE recae la carga de 
probar que los requisitos en materia de fianzas instit uidos el 3 de marzo eran incompatibles con las 
obligaciones de los Estados Unidos en el marco de  la OMC.  Las CE no han podido probarlo, y el 
Grupo Especial debiera desestimar en su totalidad las pretensiones de las CE.  Muchísimas gracias. 
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Apéndice 2.9 
Declaración final de los Estados Uni dos en la segunda reunión sustantiva 
(9 de febrero de 2000) 
1. Sr. Presidente, señores miembros del Grupo Especial, deseo comenzar esta declaración 
dándoles las gracias tanto por los esfuerzos que han desplegado hasta la fecha examinando con 
detenimiento los distintos temas planteados por l as partes, como los que tendrán que realizar ahora 
para llegar a una decisión.  Como las partes están  llegando al final de sus argumentos tanto sobre lo 
que sucedió el 3 de marzo, como sobre si c on ello los Estados Unidos cumplieron con sus 
obligaciones en el marco de la OMC, creo que es importante retroceder y preguntarse cómo hemos llegado hasta aquí y hacer un resumen del camino reco rrido.  En términos sencillos, nos encontramos 
aquí porque, al mismo tiempo que las CE con tinúan negando a los Estados Unidos más de 
191 millones de dólares al año en beneficios de  la OMC negociados y aco rdados, está reclamando 
menos de siete semanas aproximadamente en concep to de modificación de los requisitos en materia 
de fianzas. 
2. Desde el inicio de la OMC, las CE han mantenido un régimen con respecto al banano que 
equivale a  un incumplimiento de sus obligaci ones asumidas frente a la OMC.  Actualmente está 
sólidamente establecido que dicho régimen anula y menoscaba los beneficios de los Estados Unidos 
en el marco de la OMC por una cantidad de 191,4  millones de dólares al año.  Esta anulación y 
menoscabo, que asciende a varios millones de dólar es, ha persistido, sin que los Estados Unidos 
hayan recibido ninguna compensación por ello, a tr avés de consultas, durante más de 1 año de 
procedimientos del grupo especial, posteriorment e del Órgano de Apelación y después durante un 
período razonable de tiempo de más de 15 meses.  Por último, cuando fracasaron todas las demás vías 
de reparación, los Estados Unidos trataron de c onseguir autorización del OSD para suspender las 
concesiones, autorización que les fu e concedida.  Pero incluso esa autorización se retrasó con respecto 
a la fecha prometida a los Estados Unidos, de conformidad con el ESD, debido a que las CE no 
facilitaron al árbitro la necesaria información. 
3. Apenas se hizo evidente que a los Estados Un idos se les iba a conceder algún tipo de 
reparación, las CE impugnaron inmediatamente el pequeño paso dado por los Estados Unidos para 
tratar de proteger su capacidad de poner en pr áctica la suspensión de concesiones autorizada por 
el OSD.  Las CE están presentando una reclamación por un cambio en los requisitos en materia de 
fianzas de menos de siete semanas, aun cuando no ha  encontrado apropiado todavía subsanar años de 
anulación y menoscabo por una valor de varios millones de dólares. 
4. Esto nos lleva a lo que sucedió y no sucedió exactamente el 3 de  marzo.  Las CE se apoyan en 
las declaraciones a la prensa y las peticiones -no instrucciones- del USTR para afirmar que la Aduana comenzó a suspender la liquidación.  Hemos fa cilitado y referenciado los estatutos, avisos y 
reglamentos oficiales de aduanas con respect o a su política preexistente de liquidación de 
importaciones entre 314 días y 1 año.  Hemos señalado que las medidas adoptadas el 3 de marzo no 
habían afectado a la aplicación de esta política, y que en la legislación de los Estados Unidos no existe 
ninguna medida equivalente a la "suspensión de la liquidación".  Las CE afirman que los Estados 
Unidos revisaron los requisitos en materia de fianzas y, efectivamente, así lo hicimos;  se aumentaron 
un 10 por ciento las fianzas continuadas (no en un 100 por ciento) del valor de la mercancía afectada 
importada previamente.  Esto no suponía la realiz ación de ningún pago al Gobierno.  Además, como 
deja bien claro el ejemplo incluido en nuestra res puesta a la pregunta 35, se trataba como máximo de 
pagos insignificantes a garantes privados en relación con las fianzas. 
5. Esto nos lleva al núcleo de la cuestión.  Los requisitos en materia de fianzas -la única medida 
adoptada el 3 de marzo y la única existente cuando se inicio el litigio- no imponía ninguna obligación en concepto de pago de derechos.  El argumento de las CE de que los Estados Unidos "aumentaron 
efectivamente" la obligación del pa go de derechos no hace ninguna refe rencia a una sola ley de los WT/DS165/R/Add.1 
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Estados Unidos que imponga presuntamente dicha obligación.  No existe tal cosa como un "aumento 
efectivo" de la obligación del pa go de derechos.  O existe la ob ligación de pago o no existe.  Si 
hubiera habido una obligación del pago de derechos, en las instrucciones a los directores del puerto el 3 de marzo se habría indicado que deberían recau dar dichos derechos, y esos directores habrían 
exigido el depósito de los derechos estimados para hacer frente al aumento de la obligación.  Esto no 
sucedió el 3 de marzo.  Solamente el 19 de abril se evaluó un derecho mayor y se recaudaron los 
depósitos por el aumento de los derechos.  Las CE  alegaron que los Estados Unidos no podrían, con 
arreglo a su legislación, aumentar retroactivamente los derechos el 19 de abril.  Esto simplemente no 
es verdad.  Nuestra respuesta a la pregunta 4 pone  en claro que, según la legislación de los Estados 
Unidos, los aumentos o disminuciones de los der echos pueden hacerse efectivos retroactivamente.  
Sin esa facultad, no habría forma de dar cumplimiento, por ejemplo, a los derechos antidumping en 
las circunstancias especificadas en el párrafo 6 del artículo 10 del Acuerdo Antidumping, o, a ese respecto, a las disminuciones de derecho retroactiv as de conformidad con el  Sistema Generalizado de 
Preferencias.  Y esa facultad resulta necesaria para  aplicar la suspensión de concesiones autorizada 
por el OSD.  Sin embargo, si bien la medida adoptada el 19 de abril se aplicaba a los derechos a las 
importaciones a partir del 3 de marzo, tal medida no está incluida en el ámbito del mandato de la 
presente diferencia.  Y no podía estarlo, ya que no se había producido el 4 de marzo, que es la fecha 
de la solicitud de consulta de las CE. 
6. Todo lo que proporciona una fianza es la garantía de que, si
 se descubre ulteriormente que 
una obligación de pago de derechos es supe rior a la importación, se reduce el riesgo  de que no se 
pague a la Aduana.  Los Estados Unidos introdujer on cambios a sus requisitos en materia de fianzas 
para garantizar que, si  el OSD autorizaba concesiones, los Estados Unidos estarían en mejor posición 
para recaudarlas a partir del 3 de marzo.  Es preciso recordar que las decisiones sobre el Banano  del 
árbitro/grupo especial dejaron muy claro que la me dida que las CE habían adoptado desde el 2 de 
enero era incompatible con las obligaciones deri vadas de la OMC, y continuaban la anulación y 
menoscabo de los beneficios de los Estados Unidos a partir de esa fecha.  Por las razones descritas en 
las comunicaciones de los Estados Unidos, este país tenía derecho, de  conformidad con la 
autorización del OSD, a suspender las concesiones a par tir del 2 de enero.  Los requisitos en materia 
de fianzas del 3 de marzo contribu yeron a proteger este derecho. 
7. Sin embargo, puesto que la medida adoptada el 3 de marzo consistía solamente en una 
revisión de esos requisitos, que no imponía ninguna  obligación del pago de derechos, ¿en qué 
situación quedan las alegaciones de las CE?  Como pr imera cuestión, está claro que los requisitos en 
materia de fianzas no tienen nada que ver con el pá rrafo 5 del artículo 21 y que la alegación puede 
desestimarse sin que por ello se incurra en la conde na de la labor de otro procedimiento sobre una 
diferencia de la OMC, solicitado por las CE.  En cuanto al artículo I del GATT de 1994, los requisitos 
en materia de fianzas del 3 de marzo, como todos los demás, se referían a los riesgos asociados con 
determinadas importaciones.  Numerosos Miembros de la OMC otorgan a sus autoridades aduaneras 
la capacidad de ocuparse de riesgos específicos medi ante la modificación de los requisitos en materia 
de fianzas.  En cuanto a los artículos II y VIII, lo s requisitos en materia de fianzas del 3 de marzo no 
imponían ninguna obligación adicional de pago de derechos, ni proporcionaba ningún ingreso 
adicional a la Hacienda Pública de los Estados Uni dos.  En virtud de la propi a construcción de las CE, 
los requisitos en materia de fianzas no están por lo ta nto sujetos a las disposiciones de los artículos II 
y VIII, ya que no se trata de ninguna "carga."  No es ésta una diferencia sobre si los honorarios de los 
bancos privados por las garantí as facilitadas son demasiado altos.  Además, las CE no han logrado 
demostrar de manera sustantiva que  los cambios introducidos en los requisitos en materia de fianzas 
fueran incompatibles con el artículo XI. 
8. Sr. Presidente, permítame referirme ahora al gráfico que se acaba de distribuir.  Quisiera en 
primer lugar señalar que indica que el comercio no  ha sido frenado.  Con anterioridad a marzo 
de 1999 se produjo un gran aumento de las importaciones, por lo que no había que sorprenderse 
porque no se necesitara importar iguales cantidades d espués de esa fecha, ya que se disponía de 
abundantes reservas.  Además, las importaciones con tinuaron realizándose incluso después del 19 de  WT/DS165/R/Add.1 
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abril, lo que indica que los Estados Unidos no han suspendido de hecho todas las concesiones 
autorizadas por el OSD. 
9. Sr. Presidente, señores miembros del Gr upo Especial, les pedimos ahora que sus 
constataciones se refieran a lo que realmente sucedió  el 3 de marzo -un cambio en los requisitos en 
materia de fianzas- y al hecho de que estos re quisitos no constituían un incumplimiento de las 
obligaciones de los Estados Unidos con respecto a la OMC tal como han afirmado las CE.  Deseo 
agradecerles de nuevo la labor realizado hasta la fech a y, a partir de ahora, hasta la conclusión del 
caso que nos ocupa. 
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Apéndice 2.10 
Respuestas de los Estados Unidos a nuevas preguntas del Grupo Especial 
(10 de febrero de 2000) 
  Pregunta 50
 
  ¿Consideran las partes que existe un cost o de oportunidad como consecuencia de los 
requisitos en materia de fianzas, en particular si se deposita dinero en efectivo en lugar de constituir fianza? 
 
1. El término "costo de oportunida d" no es un término jurídico en el contexto de la OMC y no 
figura en ninguna parte del texto del Acuerdo sobre la OMC.
259  Como concepto económico, carece de 
relación con el examen de las reclamaciones en la presente diferencia.  Además, desde un punto de vista fáctico, los costos de oportunidad que acompañ an al despacho diferido de mercancías a consumo 
hasta que se han pagado todos los derechos (g astos de mantenimiento de existencias, ventas 
demoradas, cargos de almacenamiento en puerto y gastos administrativos más elevados) exceden sobradamente los costos de oportunidad vincul ados con los regímenes de fianzas que permiten 
acelerar el despacho de mercancías a consumo.  E se es el atributo por el cual se recomienda la 
institución de esos regímenes.  Reiteramos que el Gobierno de los Estados Unidos no deriva renta 
alguna de su régimen de fianzas y que éste no constitu ye una "carga" en la acepción de los artículos II 
y VIII. 
Pregunta 51
 
  Sírvanse suministrar copias de los anuncio s informativos del Servicio de Aduanas 
relativos a la medida del 3 de marzo. 
 
2. Aparte de las instrucciones de fecha 4 de marzo,  el único aviso informativo de la Aduana en 
relación con la medida del 3 de marzo fue un documento de fecha 16 de marzo en el que se aclararon 
los requisitos en materia de fianzas estipulados en las instrucciones del 4 de marzo.  Dicho documento 
figura en la Prueba documenta l 15 de los Estados Unidos. 
Pregunta 52
 
 
 Sírvanse suministrar los datos contenidos en las pruebas documentales 5 y 10 de los 
Estados Unidos, en formato Excel. 
 
3. Las copias del fichero Excel de las pruebas docum entales Nº 5 y Nº 10 de los Estados Unidos 
se acompañan a la versión electrónica de la presente respuesta. 
Pregunta 53  
  Sírvanse informar de si algún importador de  los productos enumerados en la lista optó 
por el depósito de dinero en efectivo en lugar de la constitución de fianza, conforme a lo autorizado en virtud del artículo 1623 e) de la  Ley Arancelaria de 1930 (Prueba documental 11 
de los Estados Unidos), durante el período comp rendido entre el 3 de marzo y el 19 de abril 
de 1999.  Además, en general, ¿en qué circuns tancias optan los importadores por depositar 
dinero en efectivo en lugar de constituir fianzas? 
                                                     
 
259 Cf. la advertencia del Órgano de Apelación respecto de fundarse en términos que no figuran en el 
Acuerdo sobre la OMC.  Informe del Órgano de Apelación sobre Comunidades Europeas - Medidas que afectan 
a la carne y los productos cárnicos (Hormonas),  WT/DS26/AB/R, párrafo 181 .  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 151 
 
 
4. Del examen de los datos de importación per tinentes se desprende que ningún importador optó 
por depositar dinero en efectivo en lugar de constituir fianza por la entrada de mercancías enumeradas 
en la lista durante el período comprendido entre el  3 de marzo y el 19 de abril de 1999.  Entendemos 
también que, en general, rara vez se acogen los im portadores a esa opción.  Aunque no disponemos de 
información sobre las situaciones en las cuales un im portador optaría por el depósito de dinero en 
efectivo, bien cabe pensar que ello podría ocurrir si , dado su historial de solvencia, las compañías que 
otorgan garantías se negaran a constituir fianzas a su favor. 
Pregunta 54  
 
¿En qué se funda la afirmación de los Estado s Unidos de que son reducidos los costos 
que impone el requisito de la fianza?  ¿En qué medida, en todo caso, hubo una modificación en 
los costos después de la medida del 3 de marzo? 
 
5. Esa afirmación se basa en nuestro conocimient o de las comisiones que suelen cobrar los 
garantes privados, como se dice en el párrafo  29 de la segunda comunicación de los Estados 
Unidos.260  Tenemos entendido que la cuantía que hab itualmente se cobra por un concepto de una 
fianza única por transacción es de 3,50 dólares EE.UU. por cada 1.000  dólares EE.UU. de valor de la fianza (0,35 por ciento).  También tenemos ente ndido que las comisiones por fianzas continuadas son 
habitualmente de entre 10 y 20 dólares EE.UU. por cada 1.000 dólares EE.UU. del valor de la fianza 
(de entre 1 por ciento y 2 por ciento).  El requisito  típico de fianza continuada es de 10 por ciento de 
los derechos, impuestos y tasas en que haya incurri do el importador durante el año anterior.  Como 
aproximación general, se puede decir que los derechos, impuestos y tasas ascienden por lo común a 
alrededor del 5 por ciento del valor declarado de  las importaciones en los Estados Unidos.  En 
consecuencia, la cuantía típica de una fianza contin uada sería del 10 por cien to del 5 por ciento del 
valor declarado, o sea, el 0,5 por ciento del valo r declarado, y la suma pagada por la fianza 
representaría entre un 1 por ciento y un 2 por ciento de esa cuantía o sea, entre 0,005 por ciento y 0,01 
por ciento del valor declarado.  A este respecto cabe formular la reserva de que la fianza continuada 
mínima es de 50.000 dólares EE.UU., lo que costaría entre 500 y 1.000 dólares EE.UU., en la hipótesis de una comisión de entre 10 y 20 dólares EE.UU. por cada 1.000 dólares EE.UU. de valor de la fianza. 
6. Los requisitos en materia de fianzas establecidos el 3 de marzo aumentaron la cuantía de 
fianza continuada por los productos enumerados en la lista al 10 por ciento del valor declarado de esos 
productos el año anterior.  En consecuencia, la suma pagada por la fianza sería entre el 1 por ciento y 
el 2 por ciento del 10 por ciento del valor declarado,  o sea, entre el 0,1 por ciento y el 0,2 por ciento 
del valor declarado.  Nuestra respuesta a la pre gunta 35 ilustra el efecto que ello tendría sobre un 
importador.  Para repetir ese ejemplo, cabe decir que si la fianza continuada ordinaria se había calculado sobre la base de las importaciones durante el  año anterior valoradas en 1 millón de dólares 
EE.UU., y la suma de 50.000 dólares EE.UU. co rrespondía a mercancías abarcadas, la fianza 
continuada se suplementaria en un valor de 5. 000 dólares EE.UU. (10 por ciento de 50.000 dólares 
EE.UU.) para conformarse a los requisitos revisados en materia de fianzas.  La suma que típicamente podría cobrar un garante privado por esa cobertura adicional sería de aproximadamente unos 50 a 
100 dólares EE.UU. , sobre la base de una comisión de  entre 10 y 20 dólares EE.UU. por cada 
1.000 dólares de valor de la fianza. 
Pregunta 55  
  ¿En qué aspectos se modificó después del 19 de abril de 1999 el régimen de depósito de 
derechos correspondientes a los productos enumerad os en la lista que se importaron entre el 
3 de marzo y el 19 de abril de 1999? 
 
                                                     
 
260 Como se dice también en el párrafo 29, esas comisiones acusan variaciones. WT/DS165/R/Add.1 
Página 152  
 
7. No hubo modificación, después del 19 de abr il de 1999, en el régimen de depósito de 
derechos correspondientes a los productos enumerados  en la lista que se hubieran importado entre  
el 3 de marzo y el 19 de abril y respecto de los cuales los depósitos de derechos ya se hubieran hecho 
antes del 19 de abril de 1999.  En el caso de productos que figuraban en la lista del 19 de abril
261, se 
habría exigido un depósito de derec hos del 100 por ciento si el depós ito de derechos se hubiera hecho 
a partir del 19 de abril inclusive. 
Pregunta 56  
  ¿En qué medida el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos tuvo que ejecutar fianzas 
en el caso de importadores que no pagaron la di ferencia entre el depósito de derechos estimados 
al tipo NMF y el derecho más elevado que debía pagarse después de adoptada la medida  
del 19 de abril? 
 
8. No es posible en este momento hacer esa determin ación.  En la medida en que los derechos 
estimados son insuficientes para atender a una obligación de pago de derechos, se concede a los 
importadores un plazo de seis meses después de la li quidación para solventar la diferencia antes de 
que el Servicio de Aduanas recurra contra el fia dor.  Por lo tanto, aún no se puede determinar con 
precisión con qué frecuencia será necesario ejecutar fianzas. 
Pregunta 57
 
  ¿Qué ocurre con la fianza cuando se deposita n los derechos estimados?  ¿Se reduce en la 
cuantía pagada?  Si la fianza no se reduce en función de esos pagos,  ¿por qué querrá el 
importador optar por constituir un depósito de  derechos estimados de mayor cuantía en lugar 
de dejar que el Servicio de Aduanas ejecute la fianza? 
 
9. Es importante recordar que una fianza no es más que una garantía, otorga da por una compañía 
privada de garantías.  El importador paga una comisión mínima por la fianza, como se dijo en la 
respuesta a la pregunta 54. 
10. La fianza misma no se modifica una vez que se depositan los derechos estimados.  
Fundamentalmente, el depósito de los derechos est imados es sólo una de varias condiciones que se 
deben satisfacer al amparo de la fianza.  La fi anza asegura que se pagarán los derechos, impuestos y 
tasas y que se dará cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias en relación con la 
mercancía.  Por lo tanto, la cuantía de la fian za ni se modifica ni se reduce cuando se ha satisfecho 
una de las condiciones, esto es, el depósito de los de rechos estimados.  Naturalmente, el Servicio de 
Aduanas no tendrá recurso contra la fianza para so lventar pasivos cubiertos por el depósito de 
derechos. 
11. Cabe repetir una vez más que la fianza no es más que una garantía  de que si el importador se 
niega a pagar una deuda re lacionada con una mercancía, el Servic io de Aduanas podrá acudir al fiador 
para hacerse pago.  El importador contrata la fian za a cambio de una suma fija que paga a un garante 
privado.  Aunque fuera teóricamente posible reducir  la cuantía de la fianza cuando se cumpliera una 
de las condiciones de la fianza, carecería de sentido económico para el importador contratar una 
nueva fianza de menor cuantía.  El importador no querrá acudir nuevamente al  garante privado para 
obtener otra fianza de menor cuantía, pues ello habitu almente representará para él un gasto adicional, 
por pequeño que éste sea.  La fianza ya otorgada será suficiente para satisfacer incluso un nivel de 
                                                     
 
261  Como se dice en la segunda comunicación de los Estados Unidos, en la nota 39, y en la 
intervención oral de ayer, el importador puede depositar los derechos estimados hasta 10 días laborables (dos 
semanas) después de entrada la mercancía.  Por ejempl o, el importador que hubiera declarado mercancías el 18 
de abril podría haber depositado los derechos estimados en esa fecha u optado por esperar hasta 10 días laborables para hacerlo.  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 153 
 
 
fianza más reducido.  La fianza aduanera se puede asimilar a una póliza de seguros.  El consumidor 
que contrata un seguro de responsabilidad civil de au tomóviles el 1º de enero contra el pago de una 
prima no reembolsable de 200 dólares EE.UU., para cubrirse contra accidentes ese año por un valor 
máximo de 500.000 dólares EE.UU., no contratará , por una prima de 100 dólares EE.UU., una 
segunda póliza el 1º de julio para cubrir un va lor máximo de 250.000 dólares EE.UU. en caso de 
accidentes por el resto del año, aunque su riesgo se haya reducido a ese nivel. 
12. En relación con los pagos de depósitos de derec hos estimados, como se dice en la respuesta a 
la pregunta 55, los importadores no tuvieron, despu és del 19 de abril, que depositar un aumento de 
derechos estimados si ya habían depositado derechos estimados al tipo NMF antes de esa fecha.  Con 
respecto a los depósitos de derechos estimados h echos a partir del 19 de abril, el importador 
probablemente optaría por pagar los depósitos de derechos más elevados  en lugar de que la Aduana se 
hiciera pago contra la fianza, a fin de mantener su historial de solvencia.  Además, si en modo alguno paga los depósitos de derechos est imados, el importador se expone a una liquidación de perjuicios.  
Habida cuenta de que el garante privado tendrá entonces que pagar esa deuda, es muy posible que ese 
garante no esté dispuesto en el futuro a otorgar fianzas a ese importador o que, en todo caso aumente 
las primas que le cobra por el otorgamiento de fianzas.  Cabe recordar que el garante por lo común 
cobra por la fianza una suma muy inferior al 1 por ciento del valor declarado de las mercancías (véase 
la respuesta a la pregunta 54), por oposición a lo s depósitos de derechos del 100 por ciento que se 
cobraron después del 19 de abril.  Si no puede obtener fianza porque no ha cumplido una obligación 
anterior, el importador tendrá que dar un depós ito en efectivo en lugar de una fianza. 
Respuestas suplementarias a preguntas anteriores 
 
Pregunta 34
 
  Empleo de las fianzas únicas por tran sacción y de las fianzas continuadas 
 
13. De acuerdo con las estadísticas co rrespondientes a febrero de 1999, las fianzas continuadas se 
utilizaron en aproximadamente el 97 por ciento de l as mercancías declaradas ese mes;  en cambio, las 
fianzas únicas por transacción se usaron en el 3 por cien to de los casos.  En cuanto a las importaciones 
de países de las CE, aproximadamente el 94 por ciento de las mercancías declaradas en febrero de 1999 se garantizaron con fianzas continuadas y las fianzas únicas por transacción aseguraron un 
6 por ciento de esas mercancías. 
Pregunta 45
 
  Datos sobre derechos aplicados a productos enumerados en la lista 
 
14. En nuestra respuesta a esta pregunta, explicam os, con respecto a los datos contenidos en la 
Prueba documental 14 de los Esta dos Unidos, que en los casos en que los derechos liquidados en 
relación con una importación son distintos de los de rechos estimados correspondientes, ello podría 
deberse a que la declaración compre ndió productos enumerados en la lista del 19 de abril o por que 
los productos declarados habían sido clasificados  o valorados erróneamente.  Observamos también 
que los derechos liquidados por importaciones decl aradas que incluyeran velas (un producto que no 
figuraba en la lista del 19 de abril) eran más el evados que los derechos estimados correspondientes a 
estas mercancías.  Tras una investigación adicio nal, comprobamos que varias declaraciones que 
incluían velas abarcaban también preparaciones para  el baño, cajas y cartonajes plegables o ambos 
productos.  Tanto las preparaciones para el baño como  las cajas y cartonajes plegables figuraban en la 
lista del 19 de abril y, por lo tanto, estaban suje tos a derechos del 100 por ciento;  esa circunstancia 
explica la diferencia entre los derechos estimados  y los derechos correspondientes a las entradas que 
incluían velas. WT/DS165/R/Add.1 
Página 154  
 
Apéndice 3 
Intervención oral del Commonwealth de Dominica y Santa Lucía en la 
sesión destinada a terceros 
(17 de diciembre de 1999) 
 
 
 El interés del Commonwealth de Dominica y Santa Lucía en el caso presente deriva del efecto continuado de la medida comercial ilegal impuesta por los Estados Unidos el 3 de marzo de 1999.  
Estas medidas fueron tan excesivas que han atemor izado a los agentes económicos y al público, 
influyendo y ejerciendo presión sobre los gobiernos para que se adapten a una visión que tienen los 
Estados Unidos acerca de la compatibilidad con la  OMC sin la sanción del sistema multilateral de 
comercio.  Este fue su propósito táctico y estratégi co:  lograr una ventaja comercial ilícita que tenga 
repercusiones permanentes desde el punto de vista legal, político y psicológico. 
  La cuestión en el caso presente es si las medi das adoptadas por los Estados Unidos el 3 de 
marzo de 1999, que limitan la import ación de determinados productos de las CE, es incompatible con 
la OMC.  No vamos a recapitular los hechos que  rodearon al legítimo ejercicio de derechos 
dimanantes del ESD por parte de las CE en el año y medio anterior al 3 de marzo.  Baste decir que la descripción ofrecida en la primera comunicación escr ita de la parte demandada no aborda la cuestión 
del modo en que la ven los países de África, el Cari be y el Pacífico (ACP).  Nuestra intervención se 
centrará en el asunto que tien e ante sí este Grupo Especial. 
 
La medida adoptada por los Estados Unidos el 3 de marzo de 1999 infringe normas básicas del GATT
 
  El mero anuncio estadounidense de su intenc ión de suspender la liquidación correspondiente 
a determinados productos de las CE por un valo r de 520 millones de dólares, sometiéndolos a una 
obligación contingente correspondiente a derechos de l 100 por ciento, ejerció un efecto directo sobre 
las corrientes comerciales.  Para citar las palabras del Representante Comercial Adjunto de los Estados Unidos, Sr. Peter Scher,  los Estados Unidos han "adopta do medidas de retorsión frenando 
efectivamente el comercio a partir del 3 de marzo".
262 
  La medida ilegal del 3 de marzo produjo gr aves desventajas competitivas para los productos 
de las CE incluidos en una lista.  No se aplicó a determinadas exportaciones comunitarias el principio 
de igualdad de trato.  Estos productos hicieron fre nte a derechos discriminatorios, superiores a las 
consolidaciones arancelarias de los Estados Unidos .  La importación de de terminados productos de 
las CE supuso un aumento de los riesgos, gastos , tasas y otras cargas.  Sostenemos que la 
discriminación de jure  y de facto  contra productos de las CE constituye a este respecto una violación 
de las normas del GATT, como se expuso en la primera comunicación escrita de la parte reclamante.  
Apoyamos también la afirmación de la parte reclam ante, de que la medida de los Estados Unidos 
constituye una restricción "aparte de  los derechos de aduana, impuestos u otras cargas" en el sentido 
del párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994.   Preguntamos:  ¿seguiría comprando tales mercancías el importador de determinados 
productos de las CE, conociendo el riesgo de te ner que pagar derechos del 100 por ciento ad valorem ?  
Este importador se encuentra ante un dilema:  si pone los productos a la venta podría tratar de 
trasladar la obligación contingente, pero los derec hos del 100 por ciento podría n hacer que el producto 
no fuera vendible.  Pero si no traslada el der echo, cuando los productos se hayan vendido no podrá 
recuperarlo si posteriormente se ve obligado a pagarl o.  Por lo tanto, ¿por qué comerciaría estos 
productos, teniendo en cuenta las importantes pérdid as que podría tener que afrontar?  Sin duda, no lo 
hará.  Peter Scher tenía razón . 
                                                     
 
262 Conferencia de prensa celebrada el 3 de marzo de 1999;  véase la primera comunicación de las 
Comunidades Europeas en el anexo XI de las CE. 
  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 155 
 
 
  El artículo XI del GATT, "Eliminación genera l de las restricciones cuantitativas", dispone que 
 
XI.1. Ninguna parte contratante impondrá ni ma ntendrá – aparte de los derechos de 
aduana, impuestos u otras cargas – prohibiciones ni restricciones a la importación de 
un producto del territorio de otra parte contratante [...] 
 Este texto indica claramente que toda medi da impuesta o mantenida por un Miembro que 
restrinja la importación de productos queda abarcad a por esa disposición, co n independencia de la 
condición jurídica de la medida.  La redacción empleada es amplia.
263 
 
La medida del 3 de marzo constitu ye una violación fundamental del ESD  
  El abuso de procedimiento realizado por medi o de la medida del 3 de marzo, de carácter 
ilegal, socava la solidez del sistema multilateral y el  imperio del derecho.  Somete las normas de 
derecho internacional a teorías de "unilate ralismo justificado", basadas en el poder. 
 
 El 19 de abril de 1999, los Esta dos Unidos confirmaron la impos ición retroactiva de derechos 
del 100 por ciento sobre una reducida categoría de productos de las CE, con la supuesta justificación 
de la resolución de los árbitros.  La cifra inicia l de 520 millones de dólares se redujo a 191,4 millones.  
Es necesario poner de manifiesto la máxima nemo debet esse judex in propria causa  (nadie debe ser 
juez y parte al mismo tiempo).  En tales circuns tancias, no se puede confiar en que un Miembro 
determinará objetivamente el nivel de  concesiones que se han de suspender. 
 
En su comunicación, la parte demandada sostuvo:   "Como las tácticas dilatorias de las CE 
impidieron que los árbitros concluyeran su labor an tes del 2 de marzo de 1999, fecha prevista en el 
calendario del ESD, los Estados Unidos adoptaron me didas para preservar su capacidad de suspender 
concesiones a partir de esa fecha".
264  La parte demandada sostuvo asimi smo:  "Las CE obstaculizaron 
la labor de los árbitros de varias maneras.  En  primer lugar, el bloqueo del orden del día del OSD 
retrasó la remisión del asunto a los árbitros previsto s en el párrafo 6 del artículo 22 y la organización 
de los trabajos durante toda una semana, en un calendario ya apretado".265 
  La importancia de un sistema basado en normas es que en él todas las partes tienen voz.  Del 
acta se desprende claramente que fueron dos peque ños Estados Miembros, Dominica y Santa Lucía, 
los que impugnaron la adopción del orden del día de l OSD.  Por consiguiente, el procedimiento 
del OSD se retrasó temporalmente por respeto al imperio del derecho:  no hubo ningún intento de obstruir el debido proceso.  Nuestra preocupación resi día en que la petición de los Estados Unidos no 
era oportuna.  Lo que tratamos de apoyar afectab a a normas fundamentales de justicia procesal.
266 
 
 El ESD establece que un Miembro puede solicitar autorización para suspender concesiones u otras obligaciones en ciertas circ unstancias limitadas, es decir, cuando otro Miembro no pone la 
medida declarada incompatible con un acuerdo abar cado en conformidad con éste ni cumple de otro 
modo las recomendaciones y resoluciones de l OSD dentro de un plazo prudencial.
267  Ningún 
                                                      
263 Véase el informe del Grupo Especial sobre Japón - Comercio de semiconductores , IBDD 35S/130 
(1989), párrafos 106 y siguientes. 
 
264 Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 31. 
 
265 Ibid., párrafo 26. 
 
266 Véase WT/DSB/M/54, esp., páginas 3-6. 
 
267 Párrafo 2 del artículo 22 del ESD. 
 WT/DS165/R/Add.1 
Página 156  
 
Miembro formulará una determinación de que se ha  producido una infracción, excepto mediante el 
recurso a la solución de diferencias de confor midad con las normas y procedimientos del ESD.
268  
Además, los Miembros deben obtener autorización del OSD, de conformidad con las normas del ESD, antes de suspender concesiones u otras obligaciones resultantes de los acuerdos abarcados, a fin de 
responder al hecho de que otro Miembro incumpla  las recomendaciones y resoluciones dentro del 
plazo prudencial.
269 
  El texto del ESD tiene un carácter prospectivo.   La sugerencia de que un Miembro tiene 
derecho a suspender concesiones a partir de la  expiración del plazo prudencial contradice los 
principios básicos de interpretación.  Existe en  el derecho internacional la presunción de que los 
tratados no permiten las medidas retroactivas cuando esas medidas limitan o privan a los Miembros de 
sus derechos o privilegios y confiscan efectivam ente la propiedad de los agentes económicos.
270  
Sugerir otra cosa y permitir la suspensión retroac tiva de concesiones u otras obligaciones generaría un 
nivel inaceptable de incertidumbre en el comercio y socavaría la seguridad y la previsibilidad del 
sistema multilateral de comercio. 
 
Un remedio eficaz  
  El párrafo 7 del artículo 3 del ESD dispone  que "el primer objetivo del mecanismo de 
solución de diferencias será en ge neral conseguir la supresión de las medidas de que se trate si se 
constata que éstas son incompatible s con las disposiciones de cualqui era de los acuerdos abarcados".  
No obstante, se plantean situaciones en las que la  mera supresión es insuficiente.  Las obligaciones 
internacionales no dejan de tener vigencia simple mente porque sean violadas.  Algunos hechos ilícitos 
tienen un carácter continuado.  En tales casos, el procedimiento de reanudar el cumplimiento de una 
obligación continuada puede ser muy poco diferente del de proveer un remedio a su violación, esto es, 
la reparación.  Por ejemplo, algunas violaciones del ESD, como resulta en el caso presente, socavan la 
base fundamental del sistema basado en normas, lo  que plantea una amenaza permanente para todos 
nosotros.  La mera supresión de esa medida sin la adopción de otras, dejaría fundamentalmente 
dañado del sistema de solución de diferencias.   La única opción legal de que disponían los Estados Unidos con respecto a las medidas impuestas el 3 de marzo era, en relación con las expor taciones de las CE incluidas en la lista, el poner 
fin al requisito de constitución de fianzas, la lib eración de toda fianza constituida y el reembolso de 
todo depósito en efectivo, así como el poner fin a la suspensión de la liquidación de entradas adoptada durante el período de aplicación de las medidas incomp atibles con la OMC.  En cambio, el 19 de abril 
los Estados Unidos confirmaron la aplicación retro activa de derechos del 100 por ciento sobre una 
parte de esos productos.  Los derechos aplicados a esos productos con retroactividad al 3 de marzo 
debían haberse reembolsado.  Esos derechos no debían ha berse recaudado en absoluto. 
  Algunos que actualmente defiende n el derecho de aplicar impuest os retroactivamente, en el 
pasado han negado el derecho de los grupos especiales de sugerir medidas retroactivas.
271  Así, se dice 
que "ningún grupo especial del GATT de 1947 o de la OMC ha concedido jamás compensaciones 
monetarias a un país exportador por la pérdida de in tercambios comerciales, incluso cuando se habían 
                                                      
268 Apartado a) del párrafo 2 del artículo 23 del ESD. 
 
269 Apartado c) del párrafo 2 del artículo 23 del ESD. 
 
270 Por ejemplo, informe del Órgano de Apelación sobre Estados Unidos - Restricciones aplicadas a las 
importaciones de ropa interior de algodón y fibras sintéticas o artificiales .  WT/DS24/AB/R, 1997, sec. IV.1. 
 
271 Por ejemplo, los Estados Unidos en el informe del Grupo Especial sobre Guatemala - Investigación 
antidumping sobre el cemento Portland procedente de México , WT/DS60/R, 1998, párrafos 5.61 y siguientes. 
  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 157 
 
 
impuestos restricciones cuantitativas flagrantemente ilegales".272  En el caso presente se trata no sólo 
de medidas comerciales flagrantemente ilegales, sino de un unilateralismo desenfrenado que socava 
los propios cimientos del sistema basado en normas.   Un remedio eficaz es el que preserva la estab ilidad y previsibilidad del sistema multilateral de 
comercio.  Debe dar seguridad a todos los Miembr os, incluidos los más pobres y más vulnerables, es 
decir, los que carecen de capacidad para adoptar medidas efectivas de retorsión. 
  Si un Miembro puede retirar concesiones unilate ralmente sin la autorización previa del OSD, 
despreciando la disposición expresa de que "[n] o se suspenderán concesiones u otras obligaciones 
durante el curso del arbitraje"
273, sin tener que hacer frente a sanciones multilaterales eficaces, nos 
veremos ante un uso cada vez mayor de represalias unilaterales.  La OMC será simplemente la cobertura para disimular el ejercicio de una política basada en el poder.  Las teorías orientadas en este sentido, de "desobediencia justificada" y unilate ralismo, no tienen lugar en el sistema fortalecido 
basado en normas, que prevé la protección de todo s los Miembros y el ejercicio transnacional de 
derechos. 
 
Señor Presidente, permítame la oportunidad de formular una observación de carácter 
general.   Encomiamos los adelantos logrados en los ú ltimos meses, tanto en el reconocimiento de las 
graves limitaciones que afectan a los países en desarrollo pequeños y vulnerables, como al 
compromiso de adoptar medidas tangibles para abordarlas.  Además, merecen reconocimiento 
algunas iniciativas, tales como la reciente "semana de Ginebra", que tratar on de mejorar y facilitar 
el funcionamiento de las misiones no establecidas en  Ginebra, como la del orador que habla en este 
momento. 
 
 Debo asegurarle que el hecho de que no residamos en Ginebra no obedece a ninguna 
carencia de intereses comerciales vitales que deban  ser protegidos.  Deseamos contribuir con los 
modestos medios de que disponemos a la regulació n del sistema mundial de comercio.  No tenemos 
aquí una Misión residente simplemente porque no podemos permitírnoslo.  Pero esto no debe 
privarnos de nuestros derechos en calidad de Miembros de la OMC. 
 
 Teniendo presente lo expuesto, estimo necesari o señalar a su atención los impedimentos 
adicionales con los que tropezamos en la preparac ión de esta reunión.  Aunque somos terceros, no 
recibimos la comunicación de los Estados Unidos has ta la tarde del martes de esta semana, lo que 
nos dejó escaso tiempo para analizar y preparar nuestra intervención, impidiendo en la práctica toda 
posibilidad de presentar una comunicación escrita.  Espero que los Estados Unidos hayan presentado 
su comunicación en el plazo previsto, lo que si gnificaría que, a diferencia de nosotros, las partes 
residentes en Ginebra hayan tenido tie mpo suficiente para el análisis. 
  Es lamentable que a menudo nuestras limitaciones no se tengan en cuenta, sino que estamos obligados a actuar bajo condiciones más exigentes que otros mejor dotados. 
 
 Por último, Dominica y Santa Lucía insisten en que este Grupo Especial resuelva este asunto asegurando que la medida adoptada por los Estados  Unidos el 3 de marzo de 1999 es sólo una 
aberración en la práctica de la OMC, no sienta un precedente para las relaciones comerciales futuras y no será imitada. 
 
                                                     
 
272 Ibid., párrafo 5.64. 
 
273 Párrafo 6 del artículo 22 del ESD. WT/DS165/R/Add.1 
Página 158  
 
Apéndice 4 
Intervención oral del Ecuador en la sesión destinada a terceros 
(17 de diciembre de 1999) 
(en español en el original) 
 
 
 El Ecuador sigue con atención este caso en su calidad de tercera parte interesada.  En esta 
oportunidad la delegación del Ecuador quiere hacer l as siguientes dos reflexiones teniendo en cuenta 
que su interés en el caso obedece a razones de tipo si stémico como por el hecho de tratarse del tema 
del banano: 
 
 - Casi un año después de que ocurrieran  los eventos que desencadenaron la presente 
disputa, las Comunidades Europeas aún no han cumplido con su obligación de aplicar las recomendaciones adoptadas por el Órgano de Solución de Diferencias en el caso del banano. 
 
 - En este mismo caso el Ecuador ha demo strado que los procedimientos multilaterales 
sí pueden avanzar a pesar de las contradi cciones o vacíos que se pueden presentar de 
la interpretación de los artículos 21 y 22 del Entendimiento sobre Solución de 
Diferencias.  Sin embargo, para la aplic ación multilateral de estos procedimientos, el 
Ecuador ha tenido que demostrar una gran dos is de buena fe.  Probablemente ante la 
ausencia de ésta se pueden presentar situaci ones como en la que se encuentra esta 
disputa. 
  El Ecuador vuelve a reiterar su interés en el  presente caso y expresa su decisión de continuar 
atento a una pronta solución de esta disputa. 
 
 Gracias.   WT/DS165/R/Add.1 
 Página 159 
 
 
Apéndice 5 
Comunicación de la India en calidad de tercero 
(10 de diciembre de 1999) 
  
Introducción
 
  La India tiene un gran interés sistémico en la  presente diferencia.  La cuestión fundamental 
radica en saber si el Miembro que ve afirmadas su s pretensiones en una dife rencia puede determinar 
unilateralmente si ha habido cumplimiento o in cumplimiento de las medidas adoptadas por el 
Miembro que ha de aplicar las recomendacione s y resoluciones del Órgano de Solución de 
Diferencias (OSD) y, fundado en esa determinac ión, si ese Miembro puede adoptar medidas 
unilaterales para suspender las concesiones del Mi embro que ha de aplicar las recomendaciones y 
resoluciones sin la autorización formal del OSD resp ecto de esa suspensión de concesiones.  En el 
meollo de este asunto se advierten cuestiones como  la secuencia de la determinación multilateral del 
cumplimiento y la suspensión de concesiones o la relación entre los artículos 21 y 22 del ESD. 
 Elementos de hecho de la diferencia
 
  En el asunto CE - Bananos , el plazo prudencial para el cumplimiento de las resoluciones del 
OSD por parte de las CE debía expirar el 1º de enero de 1999 conforme al arbitraje realizado al 
amparo del párrafo 5 del artículo 21 del Entendimien to relativo a las normas y procedimientos por los 
que se rige la solución de diferencias (ESD).  De  conformidad con esas resoluciones del OSD, las CE 
afirmaron que habían modificado o revisado en ju lio y noviembre de 1998 su régimen de importación 
de bananos, que debía aplicarse a partir del 1º de enero de 1999, esto es, partir del fin del plazo 
prudencial. 
 
 En el período comprendido entre octubre y diciembre de 1998, esto es, antes de la expiración del plazo prudencial, los Estados Un idos publicaron tres avisos en su Federal Registry en los cuales 
indicaron su intención de imponer derechos del 100 por ciento ad valorem  sobre las importaciones de 
ciertos productos procedentes de las CE a partir del 3 de marzo de 1999.  En consecuencia, el Servicio 
de Aduanas de los Estados Unidos exigió a lo s importadores de esos productos de las CE que 
constituyeran fianzas para sufragar las obligaciones contingentes por pagos de  derechos, que podrían 
entrar en vigor si el OSD autori zaba la suspensión de concesiones. 
  Los Estados Unidos no solicitaron al OSD que se recurriera al grupo especial original al amparo del párrafo 5 del artículo 21 para determinar si las medidas de las CE estaban o no de 
conformidad con las resoluciones del OSD.  En cambio, el 14 de enero de 1999 solicitaron la 
autorización del OSD para suspender las concesion es arancelarias y otras obligaciones conexas del 
GATT al amparo del artículo 22 del ESD.  Cuando la s CE objetaron el nivel de concesiones cuya 
suspensión pedían los Estados Unidos y respecto de l cual solicitaban arbitraje, el OSD remitió el 
asunto al arbitraje conforme al párrafo 6 del artícul o 22 del ESD el 29 de enero de 1999.  El árbitro 
dio a conocer su laudo definitivo el 9 de abril de 1999, y el OSD autorizó a los Estados Unidos a 
suspender concesiones a
 un nivel de 191,4 millones de dólar es EE.UU. (reducido de 520 millones de 
dólares EE.UU.) el 19 de abril de 1999.  En la mi sma fecha, los Estados Unidos confirmaron la 
aplicación retroactiva de derechos del 100 por ciento ad valorem  a los productos de las CE a partir 
del 3 de marzo de 1999.  
 Agraviadas por la decisión del Servicio de Adua nas de los Estados Unidos de exigir que los 
importadores de productos de las CE constituyeran fianzas del 100 por ciento para el pago de 
derechos, las CE solicitaron la cel ebración de consultas con los Estados Unidos respecto de dicha 
decisión.  Las consultas se celebraron el 21 de abril de 1999, pero no lograron resolver la diferencia.  
En carta de fecha 11 de mayo de 1999, las CE solic itaron el establecimiento de un grupo especial, que 
el OSD constituyó el 16 de junio de 1999 con el mandato ordinario. WT/DS165/R/Add.1 
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 ARGUMENTO JURÍDICO   A la luz de los antecede ntes de hecho expuestos supra , la principal cuestión que interesa a la 
India desde un punto de vista sistémico en la presente diferencia es la siguiente:  si la decisión de los 
Estados Unidos, adoptada con carácter unilateral, de que las medidas de las CE no estaban de 
conformidad con las resoluciones del OSD es admisibl e en el contexto del ESD.  Además, a la espera 
de una decisión del árbitro del párrafo 6 del artícul o 22 sobre el nivel de suspensión de concesiones y 
de la autorización formal por el OSD de dicha suspensión de concesiones conforme al párrafo 7 del artículo 22, ¿pueden los Estados Unidos llevar adelante la aplic ación de las llamadas medidas de 
contingencia de exigir la constitución de fi anzas a los importadores de productos de las CE? 
 El artículo 3, párrafo 5 del ar tículo 21 y el artículo 23 del ESD
 
 El artículo 3 es una disposición de carácter ge neral.  Dice que el sistema de solución de 
diferencias de la OMC "es un elemento esencial pa ra aportar seguridad y previsibilidad al sistema 
multilateral de comercio".  Conforme al artícul o 23, los Miembros de la OMC "recurrirán a las 
normas y procedimientos" del ESD para resolver sus diferencias.  Al acatar esa obligación y no recurrir a medidas unilaterales, se  espera que los Miembros, como se indica en el título del artículo, 
contribuyan al "fortalecimiento del sistema multilateral" establecido por
 el ESD y la OMC. 
 Los Estados Unidos argumentaron en su primera comunicación por escrito que las CE no 
habían demostrado que la revisión por los Estados Unidos de los requisitos en materia de fianzas 
adoptada el 3 de marzo constituía una violación de sus obligaciones conforme al artículo 23.  Además, 
restaron importancia al artículo 3 diciendo que era sólo una disposición descriptiva y no prescriptiva (párrafo 48 de la comunicación.  Sin embargo, citaron ese mismo párrafo 2 del artículo 3 en el 
párrafo 42 en sustento de su medida violatoria  del párrafo 6 del artículo 22 del ESD.  Aseveraron 
entonces que el objeto del sistema de solución de diferencias de la OMC -esto es, preservar los 
derechos y obligaciones de los Miembros- se vería socavado si la suspensión de concesiones tuviera 
que aguardar a la conclusión del procedimiento arb itral al amparo del párrafo 6 del artículo 22). 
 Con todo, cabe señalar que estos dos artículos  hacen hincapié en la importancia de la 
adopción multilateral de decisiones y el sistema de  solución de diferencias dentro del sistema 
internacional de comercio.  Forman parte de un tratado internacional que los Estados Unidos -un 
Estado importante en el plano de los intercambios  comerciales- han suscrito y del que han pasado a 
ser parte.  Uno de los principios generales del derecho internacional es que las partes deben observar 
de buena fe las disposiciones de los tratados.  Di cho principio está codificado en el artículo 26 de la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. 
 La decisión de los Estados Unidos del 3 de marzo respecto de los requisitos en materia de 
fianzas se adoptó evidentemente sin autorización de l OSD;  además, los requisitos se impusieron 
mientras estaba pendiente de conclusión el arbitraj e previsto en el párrafo 6 del artículo 22.  Esos 
requisitos tampoco se basaron en una decisión multilateral del OSD, si no en una decisión unilateral de 
los Estados Unidos de que las medidas de las CE  no estaban de conformidad con las recomendaciones 
y resoluciones del OSD.  En consecuencia, las me didas adoptadas por los Estados Unidos, que eran 
claramente de naturaleza unilateral, fueron contrari as a la letra y al espíritu de los artículos 3 y 23 
del ESD. 
 Además, cuando existe algún desacuerdo en cuan to a la conformidad de las medidas de un 
Miembro con las resoluciones del OSD, los Miembros deben, por imperio del párrafo 5 del artículo 21 
del ESD, seguir los procedimientos de solución de diferencias, incluido el recurso al grupo especial 
original para que decida sobre la  conformidad o disconformidad de es as medidas.  Sin embargo, como 
se indicó supra , los Estados Unidos se abstuvieron de invocar esas disposiciones;  en cambio,  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 161 
 
 
decidieron unilateralmente que las medidas de las CE no estaban de conformidad con las 
recomendaciones y resoluciones del OSD. 
 La India rechaza vigorosamente la afirmación de  los Estados Unidos de que el ESD autoriza a 
un Miembro a invocar el artículo 22 sin antes pasar po r el procedimiento del párrafo 5 del artículo 21.  
A juicio de la India, la única interpretación pos ible de los procedimientos del ESD es que es 
obligatorio pasar por el procedimiento del párrafo 5 del artículo 21 antes de recurrir al artículo 22. 
El párrafo 6 del artículo 22 del ESD  
 La última oración del párrafo 6 de artícul o 22 dice como sigue:  "No se suspenderán 
concesiones u otras obligaciones durante el curso del ar bitraje".  A pesar de esta clara disposición, los 
Estados Unidos decidieron adoptar las llamadas medid as de contingencia el 3 de marzo de 1999, antes 
de que el árbitro dictara su laudo el 9 de abril de 1999.  Ello estuvo en clara violación de lo dispuesto 
en el párrafo 6 del artículo 22 del ESD. 
 No estamos de acuerdo con la afirmación de  los Estados Unidos de que el ESD guarda 
silencio en cuanto a la fecha de suspensión de c oncesiones.  Creemos que toda medida de suspensión 
de las concesiones de un Miembro se puede a doptar únicamente tras la conclusión de los 
procedimientos de solución de diferencias en el marco del ESD.  De lo c ontrario se menoscabaría el 
sistema multilateral de solución de diferenci as, establecido por el ESD, y se sentaría un mal 
precedente de vastas consecuencias para todo el sist ema de la OMC.  Si un Miembro está en libertad 
de determinar y suspender unilateralmente las c oncesiones comerciales reconocidas a otro Miembro, 
nada en el ESD le exige que se atenga a un nivel máximo de suspensión de concesiones.  Los Miembros naturalmente tenderían a recurrir a la suspen sión en un nivel superior al de su pérdida real.  
De ello podrían resultar pérdidas enormes para los comerciantes. 
  En el asunto que se examina, si bien el árbitro había decidido que el nivel de anulación o menoscabo de beneficios para lo s Estados Unidos a causa del incumplimiento por las CE de las 
resoluciones del OSD ascendía a 191,4 millones de dólares EE.UU., los Estados Unidos habían por 
anticipado determinado que ese nivel ascendía a 520 millones de dólares EE.UU. y procedieron a dar 
efecto a esa decisión mediante la exigencia de  que los importadores de productos de las CE 
depositaran fianzas de mayor valor para cubrir sus obligaciones eventuales de pago de derechos.  Esta 
medida unilateral de los Estados Unidos había causado suficiente perjuicio al imponer una carga 
financiera adicional a los comerciantes, como lo explicaron las CE en los párrafos 16 d) y 17 de su 
primera comunicación. 
 
Conclusión
 
  En conclusión, a juicio de la India, los Es tados Unidos violaron disposiciones esenciales del 
ESD como los artículos 3, 21, 22 y 23 porque adopt aron medidas arbitrarias y unilaterales respecto de 
las importaciones de ciertos productos pro cedentes de las Comunidades Europeas. 
 WT/DS165/R/Add.1 
Página 162  
 
Apéndice 6 
Comunicación de Jamaica en calidad de tercero 
(8 de diciembre de 1999) 
  
 Jamaica ha solicitado su intervención en calidad de tercero en la presente diferencia entre las 
Comunidades Europeas y los Estados Unidos de Am érica porque estima que la medida adoptada por 
los Estados Unidos de América el 3 de marzo de 1999,  objeto de la presente diferencia, fue contraria a 
las normas de la OMC y, de no ser declarada ilega l por una resolución del Grupo Especial, tendrá una 
repercusión fundamental sobre el futuro de l mecanismo de solución de diferencias. 
 
 El sistema de comercio multilateral definido por los Acuerdos de la OMC crea derechos y 
obligaciones para todos los países Miembros particip antes.  El mantenimiento del equilibrio entre esos 
derechos y obligaciones es un elemen to crucial para el éxito del si stema mundial de comercio.  El 
mecanismo de solución de diferencias, junto con sus normas y procedimientos, desempeña una 
función fundamental en el mantenimiento del equ ilibrio dentro de la OMC y, por lo tanto, es un 
"elemento esencial para aportar seguridad y previ sibilidad al sistema multilateral de comercio " 
(párrafo 2 del artículo 3 del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige 
la solución de diferencias (ESD)).   A este respecto, Jamaica, en su calidad de pa ís en desarrollo Miembro de la OMC, siente 
preocupación respecto de toda amenaza que pueda gravitar sobre el funcionamiento del mecanismos 
de solución de diferencias y, por lo tanto, ha decidi do ejercer su derecho a participar en esta diferencia 
como medio de preservar la integridad de ese mecanismo.   El ESD dispone que las partes " traten de reparar el incu mplimiento de obligaciones … 
[por medio de] las normas y procedimientos del presente Entendimiento " (párrafo 1 del artículo 23). 
  Además, las partes " no formularán una determinación de  que se ha producido una infracción 
… excepto mediante el recurso a la solución de  diferencias de conformidad con las normas y 
procedimientos del presente Entendimiento " (párrafo 2 a) del artículo 23). 
 
 De acuerdo con la interpret ación que Jamaica hace de las normas en el presente asunto, 
cuando una parte trata de aplicar sanciones como la  suspensión de concesiones contra otro Miembro, 
el párrafo 2 del artículo 21 requiere que primero solicite la autorización del Órgano de Solución de 
Diferencias (OSD) para suspender concesiones.  Además, cuando el nivel de la suspensión se 
determina mediante arbitraje, el pá rrafo 6 del artículo 22 dispone que " [n]o
 se suspenderán 
concesiones u otras obligaciones durante el curso del arbitraje ". 
  Los Estados Unidos de América, al igual que los Estados miembros de las Comunidades 
Europeas y todo otro Miembro de la OMC, se ha n obligado a acatar las normas y procedimientos 
del ESD.  Por esa razón, los Estados Unidos, al igual que todo otro Miembro de la OMC, tiene 
derecho a solicitar la determinación y reparación ju diciales de un presunto perjuicio causado por otro 
Miembro de la OMC.  Sin embargo, los Estados Unidos y los demás Miembros de la OMC deben 
ejercer ese derecho dentro de los limites prescritos del ESD.   El abandono voluntario de las disposiciones de l ESD, a favor de una determinación unilateral 
del perjuicio y la ulterior impos ición de medidas correctivas no autorizadas por el OSD, como las 
instituidas por los Estados Unidos de América, c onstituye a todas luces una infracción de las normas y 
procedimientos acordados en el plano multilateral,  normas y procedimientos que los Estados Unidos 
de América mismos coadyuvaron a formular y a adoptar en 1994.   Este incumplimiento por parte de los Estados Unidos de América sienta un precedente 
peligroso.  Si la ilegalidad de est a medida no se determina por conducto  de los recursos disponibles en  WT/DS165/R/Add.1 
 Página 163 
 
 
la OMC, como el proceso de este Grupo Especial, y sirve de precedente ulteriormente para los actos 
de los demás Miembros de la OMC, bien puede tener como consecuencia el menoscabo del objetivo 
general de la OMC, esto es un sistema fiab le de comercio mundial basado en normas. 
  Jamaica, por lo tanto, insta al Grupo Esp ecial a que aplique las normas de la OMC y 
determine que los Estados Unidos de América act uaron en contravención de las obligaciones que 
habían contraído en el marco del ESD.  WT/DS165/R/Add.1 
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Apéndice 7 
Intervención oral del Japón en la sesión destinada a terceros 
(17 de diciembre de 1999)  
  
Sr. Presidente,  
 (SUPREMACÍA DE UNA DECISIÓN MULTILATERAL SOBRE UNA DECISIÓN UNILATERAL)  
1. En la reunión celebrada por el OSD en abril del corriente año, el Japón, como tercero en el 
asunto CE – Bananos , dio a conocer su opinión sobre la importancia de las determinaciones 
multilaterales con respecto a las determinaciones un ilaterales.  Hicimos hincapié en que el 
mantenimiento de una secuencia entre el párrafo 5 de l artículo 21 y los párrafos 6 y 7 del artículo 22 
constituye uno de los elementos fundamentales para salvaguardar el carácter multilateral del 
mecanismo de solución de diferenc ias y, de modo más general, para  salvaguardar la organización de 
la OMC.  2. Si bien las CE merecen ser reprobadas por no haber aplicado plenamente las resoluciones y 
recomendaciones del Grupo Especial y del Órgano de Apelación dentro del plazo prudencial, el Japón 
no puede sino expresar su preocupación ante las medidas adoptadas por los Estados Unidos el 
3 de marzo de 1999. 
 (PÁRRAFO 6 DEL ARTÍCULO 22 DEL ESD)  3. Cualquiera sea el modo en que los Estados Uni dos describen la medida que adoptaron el 3 de 
marzo, se trate de "planes de c ontingencia" o de la "preservación de su capacidad para suspender 
concesiones", el hecho es que esta medida "frenó efectiv amente el comercio" y, por lo tanto, tuvo un 
efecto equivalente a la suspensión de concesiones.  Esto constituye una violación del párrafo 6 del 
artículo 22.  Por consiguiente, apoyamos plenamen te el argumento de las CE que figura en el 
párrafo 14 de su comunicación.  
4. La refutación presentada a este respecto en  la comunicación de los Estados Unidos, en el 
sentido de que la "suspensión de la liquidación" fue realizada para "preservar la flexibilidad 
administrativa" y no tiene ningún significado jurídico especial  contradice el principio básico de la 
legislación de la OMC, esto es, asegurar la previsibilidad y estabilidad del comercio.  Por 
consiguiente, el argumento de los Estados Unidos debe ser rechazado. 
 
(ARTÍCULO 23 Y PÁRRAFO 7 DEL ARTÍCULO 3 DEL ESD)  5. No podemos sino dejar constancia de nuestra grave preocupación ante el argumento de los 
Estados Unidos de que puede comenzar a suspender las conc esiones en cualquier momento después 
de la expiración del plazo prudencial, sin tener en cuenta que el OSD haya autorizado o no la 
suspensión .  Tal argumento es incompatible con los obj etivos del artículo 23  y del párrafo 7 del 
artículo 3 del ESD y carece de fundame nto en disposición alguna del ESD. 
 6. Los Estados Unidos alegan asimismo que las CE no han demostrado que la medida 
del 3 de marzo sea incompatible con el artíc ulo 23 del ESD y no han alegado una violación del 
artículo 3 del ESD , y que los Estados Unidos se limitaron a preservar la capacidad de los 
Estados Unidos de recaudar d erechos a partir del 3 de marzo .  Este argumento de los Estados Unidos 
carece de validez ante las disposiciones específicas de l artículo 23.  El apartado a) del párrafo 2 del 
artículo 23 establece claramente que "los Miembros  no formularán una determinación de que se ha 
producido una infracción, se han a nulado o menoscabado ventajas".  La medida adoptada por los 
Estados Unidos el 3 de marzo, para "preserva r la capacidad de recaudar derechos a partir  WT/DS165/R/Add.1 
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del 3 de marzo", contradice direct amente la disposición del párrafo 2 del artículo 23 porque la medida 
estadounidense se basó en realidad en la determ inación de que se había producido una infracción. 
 7. Los Árbitros observaron también en el párra fo 14 del artículo 4 de su Informe que "el OSD 
tiene, para rechazar nuestra decisión sobre el nive l de suspensión, la misma competencia que para 
rechazar los informes del grupo especial y del Órga no de Apelación".  El texto del apartado c) del 
párrafo 2 del artículo 23 del ESD es inequívoco en el sentido de que la autorización del OSD 
constituye un requisito previo pa ra suspender concesiones u otras obligaciones.  De este modo, la 
justificación expuesta por los Estados Unidos en su comunicación respecto de la medida adoptada 
el 3  de marzo de 1999 es insuficiente para dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo 2 del 
artículo 23. 
 (ARTÍCULOS I, II, XI Y VIII DEL GATT DE 1994)  8. Además de la observación expuesta supra , también apoyamos el argumento de las CE en el 
sentido de que la medida adoptada por los Estados Un idos infringe los artículos I, II, XI y VIII del 
GATT de 1994, según se establece en la primera comunicación de las CE.  (PÁRRAFO 5 DEL ARTÍCULO 21 DEL ESD)  9. Como las CE demuestran claramente en los párrafos 23, 24 y 27 de su primera comunicación, 
incumbe a las partes la obligación de recurrir a un grupo especial establecido de conformidad con el 
párrafo 5 del artículo 21 cuando existe desacuerdo  acerca de la compatibilidad con un acuerdo 
abarcado de las medidas adoptadas para cumplir  las recomendaciones y resoluciones.  Esta 
disposición del párrafo 5 del artíc ulo 21 constituye una expresión de la supremacía de las decisiones 
multilaterales sobre las decisiones unilaterales, y es  el principio básico del sistema multilateral de 
comercio sobre el que se fundó la OMC. 
 10. Por la presente, solicitamos que el Grupo Esp ecial lleve a cabo su análisis de un modo que 
preserve este fundamento del sistema multilateral de  comercio y declare que la medida de los 
Estados Unidos ha violado el artículo 3, el párrafo  5 del artículo 21 y los artículos 22 y 23 del ESD, y 
los artículos I, II, XI y VIII del GATT de 1994. 
 
  Gracias.  
__________ 
 
 