RESTRICTEDORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOG/VAL/36
7 de diciembre de 2000
(00-5323)
INFORME DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE VALORACIÓN
EN ADUANA AL CONSEJO GENERAL
1. Tras la reunión del Consejo General dentro de la serie de reuniones extraordinarias
del 18-19 de octubre, organicé varias rondas de consultas informales entre los Miembros y el 7 de
noviembre de 2000, el Comité de Valoración en Aduana celebró una reunión formal, gran parte de lacual estuvo dedicada a la discusión de las propuestas.  Creo que esas consultas y la discusión hicieron
posible que la consideración de esas propuestas dejara de ser un debate político para convertirse en
profundo análisis técnico de las cuestiones.  El informe siguiente se basa en mis consultas y en el
examen que hizo el Comité de las tres propuestas.  Aunque se trata de una sinopsis del análisis, en la
que se han resumido necesariamente numerosos detalles técnicos, no deja de ser un informe técnico.Creo que para hacer justicia al debate técnico en su totalidad, los Miembros interesados deberían
remitirse al informe de la reunión que el Comité celebró el 7 de noviembre de 2000 (G/VAL/M/17,
pendiente de publicación).
Propuesta 1:  Se incluirá en el Acuerdo una solución multilateral que permita, en casos dudosos,
que las administraciones de aduanas de los países importadores soliciten y obtenganinformación sobre los valores de exportación en un plazo determinado.
2. El autor explicó mediante ejemplos específicos, que esta propuesta derivaba de la experiencia
de su delegación en la aplicación del Acuerdo y de las dificultades que planteaba la lucha contra las
transacciones fraudulentas, en particular, la infravaloración del precio declarado por el importador.
Aunque su administración de aduanas disponía de mecanismos para investigar las declaraciones
fraudulentas de los importadores, era frecuente que la información obtenida que demostraba la
existencia de fraude no se pudiera utilizar en actuaciones judiciales porque o bien se había obtenidode fuentes no oficiales o bien era de carácter confidencial.  En tales circunstancias, el autor trataba de
encontrar una solución formal, vinculante y multilateral que autorizara el suministro de la información
necesaria por parte de las administraciones de aduanas del país exportador.  Si la información
demostraba la existencia de fraude, sería admisible en las actuaciones judiciales.  Además, las
transacciones fraudulentas solían adoptar la forma de facturas de terceros países, para las que amenudo era necesario acudir a la fuente original del producto para obtener un precio de exportación.
A juicio del autor de la propuesta, una solución multilateral aseguraría que todos los Miembros de
la OMC estaban obligados a facilitar la información sobre el precio de exportación que redujera las
posibilidades de que esos importadores fraudulentos escaparan a su identificación y en última
instancia a su persecución en los tribunales.  La propuesta tenía por objeto establecer un mecanismode esa índole, a través del cual las administraciones de aduanas de los países importadores, al
enfrentarse a un caso sobre el que tenían motivos razonables para suponer la existencia de fraude, es
decir, a un "caso dudoso", pudieran pedir información sobre el precio de exportación a las
administraciones de aduanas de los países exportadores y esperar una rápida respuesta.  Esta
información se consideraría confidencial hasta que se sustanciara el fraude y mientras fuera necesariacomo prueba en el contexto de un procedimiento judicial, de conformidad con el artículo 10 del
Acuerdo sobre Valoración en Aduana.  El autor reconoció que la propuesta no contemplaba la
situación de colusión entre el exportador y el importador.G/VAL/36
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3. Los Miembros reconocieron que el fraude era un problema del comercio internacional y
comprendieron las dificultades del autor.  Muchos se habían enfrentado con problemas similares y
trabajaban con la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y otros suministradores de asistencia
técnica para elaborar técnicas aduaneras adecuadas y procedimientos de aplicación.  Varios Miembros
indicaron que se trataba de un problema que guardaba relación con los países en desarrollo, donde losaranceles elevados, la dependencia de los ingresos aduaneros y la permeabilidad de las fronteras eran
otras tantas realidades.  Algunos países en desarrollo apoyaron la propuesta, particularmente los que
se encontraban en la fase de preaplicación o en las primeras etapas de la transición al sistema de
valoración de la OMC.
4. La mayoría de los Miembros consideraron que la propuesta no era la solución idónea para
combatir el fraude.  Señalaron otros mecanismos adecuados que, según su experiencia, eran eficaces.
Algunos mencionaron, a título de ejemplo, los acuerdos bilaterales entre las administracionesaduaneras, el Convenio de Nairobi de la OMA y la Decisión Ministerial de la OMC sobre los casos en
que las administraciones de aduanas tienen razones para dudar de la verdad o de la exactitud de los
valores declarados.  El autor consideró que las soluciones bilaterales no servían, aunque su
administración de aduanas era parte en algunos de esos acuerdos, porque resultaba difícil concertarlas
con todos los socios comerciales.  Ahora bien, una solución multilateral proporcionaría una soluciónal problema de la facturación en terceros países en los que las mercancías no experimentaban nuevas
transformaciones.  En este último paso, el autor consideró necesaria una solución multilateral porque
se necesitaban los valores del país de origen.  Además, a juicio del autor, el Convenio de Nairobi no
había sido firmado por la mayoría de las delegaciones y de todas las que lo habían firmado solamente
23 se habían adherido al anexo que trataba del intercambio de información sobre el valor evaluable.
5. Muchos Miembros se preguntaron cuál era la particularidad de los problemas del autor con el
fraude que no se pudiera abordar en el país de importación, como se preveía en el Acuerdo.  El
importador podía combatir el fraude con una diversidad de técnicas tales como el mantenimiento de
registros, la investigación y el análisis, la evaluación del riesgo, las zonas de observancia de elevado
riesgo y de bajo riesgo, etc.  Era dudoso que esta propuesta fuera un sustituto de la utilización de lasmetodologías adecuadas para combatir el fraude y de las técnicas aduaneras modernas que eran
importantes para la aplicación del Acuerdo.  El autor explicó que se trataba de un problema limitado y
que algunas mercancías estaban más expuestas al fraude que otras.  Subrayó que deseaba disponer de
esta información adicional de las administraciones de aduanas del país exportador para apoyar sus
propias investigaciones.  Esto despertó en algunos Miembros la preocupación de que la propuesta, de
ser adoptada, desplazara la carga de la prueba del país importador, que tenía todos los poderes del
Acuerdo y disponía de las pruebas necesarias, al país exportador.  Si la propuesta significaba que lasautoridades del país exportador tendrían que verificar la exactitud de la información que se les
presentara, ello supondría desplazar la carga de la investigación a las autoridades del país exportador.
6. Otros problemas y cuestiones técnicas se referían al significado de la expresión " casos
dudosos " de la propuesta y a la forma en que las autoridades aduaneras determinarían qué casos eran
dudosos.  Aunque se reconoció que el país importador tenía el derecho de determinar cuál era un casodudoso para sus propias investigaciones internas, podrían surgir dificultades jurídicas si la
determinación impusiera obligaciones a las administraciones de aduanas de los países exportadores.
7. Aun reconociendo la referencia del autor al artículo 10 del Acuerdo, varios Miembros
precisaron que según su legislación nacional, la información facilitada por los exportadores a sus
administraciones nacionales de aduanas estaba sometida a requisitos de confidencialidad quelimitaban su difusión a otros órganos.  Aun antes de que las autoridades de exportación pudieran
facilitar esa información, ciertos procedimientos internos podrían obstaculizar el camino.  En apoyo
de la propuesta, un Miembro señaló que el párrafo 2 del artículo 6 del Acuerdo establecía que se podía
formular una petición a las autoridades de ciertos países para obtener información que permita
determinar el valor reconstruido.  Esta era una posibilidad similar a la que la propuesta trataba deG/VAL/36
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conseguir y constituía un precedente de casos de asistencia de terceros países a la verificación del
valor en aduana.
8. Preocupó a algunos Miembros que la propuesta pudiera imponer a las administraciones de
aduanas la carga indebida de proporcionar información a los países importadores.  Ello representaría
una desviación improcedente de los recursos de la responsabilidad principal de las administracionesde aduanas.  Habría que analizar las repercusiones de la propuesta en los recursos  y quizás fuera
necesario modificar los sistemas de despacho en aduana de las exportaciones para dar cabida a la
propuesta.  Se preguntó si cabría esperar que las administraciones de aduanas de los países
exportadores visitaran las oficinas de las compañías de exportación y si la administración de aduanas
del proponente estaría dispuesta a pedir esa información a sus propios importadores y exportadores.
Aunque muchos países reunían datos de precios de exportación, muchos Miembros explicaron que
ello se hacía principalmente con fines estadísticos y que esos datos no se comprobaban ni se obteníanpara cada transacción, lo cual sería necesario para el funcionamiento de la propuesta.  Además,
tampoco estaba claro si la propuesta exigía que las administraciones de aduanas examinaran los libros
de los exportadores para determinar los precios de cada transacción.  En caso afirmativo, resultaría
problemática.  Se señaló también que los precios de exportación variaban considerablemente según
las situaciones.  Por consiguiente, las variables de exportación no se podían utilizar en el marco delAcuerdo como base razonable para determinar el valor en aduana de las mercancías importadas.
9. Muchos Miembros preguntaron el significado de la expresión " en un plazo determinado " y
cuáles serían las repercusiones jurídicas si la administración de aduanas de los países exportadores no
facilitaba la información solicitada "en un plazo determinado".  El autor explicó que la expresión
"plazo determinado" significaba rápidamente y sin retrasos indebidos cuando se pedía el valor deexportación.  Otro Miembro preguntó lo que significaba " solicitar y obtener información " y cómo
las autoridades aduaneras de los países importadores harían para solicitar y obtener información.  Una
última pregunta se refería a si el país importador interrumpiría el sistema de despacho en aduana de
las importaciones durante la investigación  prevista por la propuesta.  Se aclaró que la información
se solicitaba con la idea de efectuar comprobaciones y que cuando no había problemas en relación conel valor declarado, el despacho en aduana en realidad se aceleraría.  En todo caso, las
administraciones de aduanas de los países importadores estarían obligadas por el artículo 13 del
Acuerdo a liberar las mercancías.
Propuesta 2:  Se incluirá en el apartado b) iv) del párrafo 1 del artículo 8 la adición del costo de
servicios tales como los de ingeniería, creación y diseño, que el comprador, de manera directa o
indirecta, haya suministrado gratuitamente o a pr ecios reducidos para que se utilicen en la
producción de las mercancías importadas.
10. El autor explicó que el objetivo de esta propuesta era permitir la inclusión de los servicios
enumerados en el apartado b) iv) del párrafo 1 del artículo 8 del Acuerdo en el cálculo del valor en
aduana, incluso si esos servicios se habían realizado en el país de importación.  En la actualidad, sólo
se pueden incluir si son suministrados por el comprador pero realizados en cualquier parte que no sea
el país de importación.  Las mercancías enunciadas en los tres primeros incisos del apartado b) delpárrafo 1 del artículo 8 pueden ser facilitadas por el país exportador, el país importador o un tercer
país.  En ninguno de los tres casos se hacen distinciones y el valor de las mercancías enunciadas se
incluye en el valor en aduana.  A juicio del proponente, era lógico dispensar el mismo trato a los
servicios indicados en el inciso iv) de este artículo.  El proponente explicó que dispensar un trato
diferente a las mercancías por una parte y a los servicios por otra en el marco de este artículo estabadando lugar a una bifurcación de valores por parte de los importadores fraudulentos, que con
frecuencia trataban de deducir una parte del valor sosteniendo que esos servicios, que comprendían
una parte del valor, eran suministrados por el comprador y realizados en el país de importación.  Los
casos resultaban con frecuencia difíciles de demostrar, ya que era difícil seguir la pista de las
transferencias monetarias.G/VAL/36
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11. Resultaba difícil a muchos Miembros comprender cómo esta propuesta aliviaría el problema
citado por el autor de los importadores fraudulentos que dividían los valores en elementos de costo
financiados en el interior y en el exterior.  Indicaron que los importadores fraudulentos siempre
podrían tratar de encontrar otras formas de evadir la declaración del valor de esos servicios o de
declarar cantidades menores, incluso en el caso de que se financiaran en el interior y tuvieran queformar parte del valor.  Reconociendo que podría ser difícil seguir la pista de las transacciones
financieras en el mundo actual de la tecnología de la información, algunos preguntaron cómo se
podrían localizar las transacciones mediante esta propuesta.  Habría que seguir controlando y
sometiendo a auditorías a los importadores si hubiera problemas en sus declaraciones, y había otros
instrumentos, herramientas y técnicas para combatir  el fraude e identificar los auténticos servicios
involucrados y su costo.
12. Varios Miembros señalaron que la estructura del Acuerdo no había cambiado desde su
entrada en vigor hacía 20 años y que la propuesta perturbaría gravemente a la industria y al comercio
que habían basado su actividad en el trato particular de la valoración recogido actualmente en el
Acuerdo.  Algunos Miembros se preguntaron cuál se ría la justificación económica de incluir el costo
de los servicios realizados en el país de importación.  Al no incluir los servicios financiados en el
interior en el valor en aduana, el Acuerdo, en su estructura actual, creaba un incentivo económico parael uso de los servicios financiados en el interior.  Otro Miembro explicó que la exención en el marco
del apartado b) iv) del párrafo 1 del artículo 8 se debía a que la disposición se refería a los servicios
realizados en el país de importación.
13. Otro Miembro expresó el temor de que la inclusión de esos servicios en el valor en aduana
inflaría el precio de importación que en última instancia sería pagado por el consumidor del mercadointerno.  Otro Miembro, aunque reconocía los efectos beneficiosos de la propuesta para la recaudación
de ingresos en el país importador, señaló que podría crear un problema de doble imposición a los
importadores.  El costo de un servicio proporcionado por el comprador podía haber estado sometido a
la imposición interna y podía ser de nuevo gravado en forma de un derecho de importación.  Por
consiguiente, el importador podría pagar dos veces un impuesto sobre este servicio.
Propuesta 3:  El método residual previsto en el artículo 7 para determinar el valor en aduana
debería incluir todas las demás eventualidades no  expresamente previstas, a fin de permitir la
valoración basada en el precio en el mercado in terno o en el precio de exportación en el país
tercero con los ajustes que procedan.
14. El autor aclaró que la propuesta tenía por objeto incluir entre los métodos permitidos por el
artículo 7 del Acuerdo dos métodos actualmente prohibidos de determinar el valor de lasimportaciones a efectos aduaneros.  El primero (actual apartado c) del artículo 7) era el precio en el
mercado nacional del país exportador (no del país importador);  y el segundo (actual apartado e) del
artículo 7) era el precio de las mercancías vendidas para la exportación a un país distinto del país de
importación.  Señaló que esos precios se utilizaban actualmente en otros acuerdos como el Acuerdo
Antidumping y aclaró que el artículo 7 y estos dos  métodos adicionales propuestos solamente se
utilizarían en última instancia cuando los demás métodos no se pudieran utilizar.  Un Miembro
expresó su apoyo a la propuesta, indicando que facilitaría el trabajo de las administraciones de
aduanas al establecer el valor en aduana de productos nuevos e innovadores, cuando no se pudieran
aplicar los demás métodos del Acuerdo.
15. Varios Miembros formularon diversas preguntas  sobre la necesidad de cambiar la conocida
disposición del Acuerdo que prohibí a el uso de esos dos métodos de determinación del precio en el
marco del artículo 7 del Acuerdo.  Se consideró que el historial de las negociaciones que llevaron a la
prohibición de esos métodos podía ser un importante elemento de examen.G/VAL/36
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16. Varios Miembros se preguntaron cómo se podría obtener la información necesaria para
determinar los dos métodos propuestos de determinación del precio.  En el caso de que se utilizara el
precio de un catálogo al por mayor o el precio de un centro comercial, se señaló que esos precios no
eran fiables, podían inflar el valor en aduana y con frecuencia eran solamente el punto de partida para
la negociación de precios a la baja por parte de los compradores.  Algunos Miembros indicaron que en
el mercado interno de los países exportadores, los precios podían ser considerablemente más elevados
en razón de los gastos generales y los gastos de publicidad, de promoción y de otra índole en que se
incurría en el mercado interno.  Además, quizás fuera necesario examinar los libros financieros del
exportador para comprobar esos gastos adicionales.  Ello podría ser problemático y el resultado final
podría ser la utilización de valores en aduana elevados y ficticios.  En cuanto al valor de las
exportaciones a un tercer país, se preguntó qué tercer país se escogería, si el de los precios más
elevados o el de los precios más bajos.  ¿Intentarían las administraciones de aduanas averiguar elmejor precio entre terceros países y cómo determinarían el precio que mejor reflejaba el valor de la
transacción?  Además, ¿cómo se obtendría la información necesaria para introducir los "ajustes que
procedan"?  El autor señaló que en esos otros acuerdos existían ya las explicaciones necesarias para
establecer los precios propuestos, por lo que no veía dificultades en obtenerlas y utilizarlas en este
contexto.  Además, aclaró que los precios no se podrían utilizar directamente sino que habría queintroducir ajustes, por ejemplo con respecto a la base FOB o CIF, para diferentes cantidades, etc.
Todos estos ajustes existían ya en el marco del Acuerdo.
17. Algunos Miembros consideraron improcedente remitirse a un acuerdo en el contexto de la
discusión de otro, pues existía el riesgo de mezclar conceptos.  Se precisó que el objetivo del Acuerdo
Antidumping era la determinación de la existencia de una diferencia de precios que justificaba elexamen del precio en el mercado interno del país exportador para compararlo con el precio de
exportación impuesto al país importador o a un tercer país.  El objetivo del Acuerdo sobre Valoración
en Aduana era determinar el valor de la transacción entre el exportador y el importador.  Ambos
objetivos eran completamente diferentes, por lo que no se podían comparar los conceptos de precios.
El autor explicó que la propuesta no estaba destinada a introducir conceptos de otros acuerdos en elAcuerdo sobre Valoración en Aduana y que la refe rencia al Acuerdo Antidumping era simplemente
incidental.  Su delegación estaba comprometida a aplicar el valor de transacción, y si ese valor no se
podía determinar, a aplicar los métodos siguientes del Acuerdo.  Si todos esos métodos fracasaban y
la administración de aduanas llegaba a la situación del artículo 7, el autor deseaba poder utilizar los
dos precios propuestos que en la actualidad estaban prohibidos.
18. Otro Miembro recordó a las delegaciones la importancia de las notas interpretativas del
artículo 7, que subrayaban la importancia de utilizar valores previamente determinados y que, en elmarco del artículo 7, se deberían utilizar con una flexibilidad razonable en su aplicación.  Del mismo
modo, el propio Acuerdo aclaraba que esa flexibilidad podía ser posible dentro de las disposiciones
del artículo 7 y que era innecesario ir más allá.
Resumen
19. Algunos Miembros apoyaron las propuestas y sus objetivos.  Sin embargo, la mayoría de
quienes se pronunciaron sobre las propuestas reconocieron las auténticas dificultades de la lucha
contra el fraude y los problemas experimentados por el autor de las propuestas.  Dicho esto, no
quedaron convencidos de que las propuestas constituyeran las soluciones adecuadas.  De hecho,
algunos de esos Miembros habían experimenta do los mismos problemas y los habían abordado
utilizando mecanismos e instrumentos sin salirse de los parámetros del Acuerdo.
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