ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DELCOMERCIOIP/C/W/391
29 de enero de 2003
(03-0578)
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio
INFORME DE LA OCTAVA SESIÓN DEL COMITÉ PERMANENTE
DE LA OMPI SOBRE EL DERECHO DE MARCAS, DIBUJOS Y
MODELOS INDUSTRIALES E INDICACIONES GEOGRÁFICAS
En su reunión de junio de 2002, el Consejo de los ADPIC pidió, en relación con el punto D
del orden del día (cuestiones relativas a la extensión de la protección de las indicaciones geográficas
prevista en el artículo 23 a productos distintos de los vinos y las bebidas espirituosas) que la
Secretaría de la OMC distribuyera a los Miembros el informe de la octava sesión del Comité
Permanente de la OMPI sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones
Geográficas (SCT), celebrada del 27 al 31 de mayo de 2002.1A continuación se reproduce dicho
informe, aprobado por el SCT el 14 de noviembre de 2002 (documento SCT/8/72).
1Véanse los párrafos 189 y 193 del documento IP/C/M/36/Add.1.
2La versión electrónica de este documento está disponible en el sitio Web de la OMPI
http://www.wipo.int/activities/es/ .IP/C/W/391
Página 2
OMPI
S
SCT/8/7
ORIGINAL :Inglés
FECHA: 14 de noviembre de 2002
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA
COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE MARCAS,
DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES
E INDICACIONES GEOGRÁFICAS
Octava sesión
Ginebra, 27 a 31 de mayo de 2002
INFORME
aprobado por el Comité
INTRODUCCIÓN
1. El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e
Indicaciones Geográficas (en adelante denominado "el Comité Permanente" o "el SCT") celebró su
octava sesión en Ginebra, del 27 al 31 de mayo de 2001.
2. Estuvieron representados en la reunión los siguientes Estados miembros de la OMPI y/o de la
Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial: Albania, Alemania, Argelia, Argentina,
Australia, Austria, Azerbaiyán, Bangladesh, Barbados, Belarús, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá,
China, Colombia, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croacia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador,
España, Estados Unidos de América, la ex República Yugoslava de Macedonia, Federación de Rusia,
Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, Haití, Honduras, Hungría, India, Indonesia,
Irán (República Islámica del), Irlanda, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kenya, Letonia, Líbano,
Lituania, Luxemburgo, Marruecos, Mauricio, México, Níger, Noruega, Países Bajos, Paraguay,
Portugal, Qatar, Reino Unido, República Checa, República de Corea, República de Moldova,
República Democrática del Congo, República Dominicana, Rumania, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán,
Suecia, Suiza, Tailandia, Túnez, Turquía, Ucrania, Uruguay, Venezuela, Yugoslavia (78). Las
Comunidades Europeas también estuvieron representadas en calidad de miembro del SCT.IP/C/W/391
Página 3
SCT/8/7
Página 2
3. Participaron en la reunión en calidad de observador las siguientes organizaciones
intergubernamentales: Oficina de Marcas del Benelux (BBM), Oficina Internacional de la Viña y del
Vino (OIV), Organización de la Unión Africana (OUA), Organización Mundial del Comercio
(OMC) (4).
4. Tomaron parte en la reunión en calidad de observador los representantes de las siguientes
organizaciones no gubernamentales: Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual
(AIPLA), Centro de Estudios Internacionales de la Propiedad Industrial (CEIPI), Asociación de
Marcas de las Comunidades Europeas (ECTA), Federación Internacional de Vinos y Licores (FIVS),
Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI), Asociación Internacional para
la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI), Asociación Internacional de Marcas (INTA),
Asociación Internacional para el Derecho de la Viña y el Vino (AIDV), Asociación Japonesa de
Abogados de Patentes (JPAA), Asociación Japonesa de Marcas (JTA), Cámara de Comercio
Internacional (CCI), Instituto Max-Planck para el Derecho Extranjero Internacional sobre Patentes,
Derecho de Autor y Competencia (MPI) (12).
5. La lista de participantes figura en el Anexo del presente Informe.
6. Los debates se basaron en los siguientes documentos preparados por la Oficina Internacional
de la OMPI: "Orden del día" (documento SCT/8/1), "Propuestas para seguir armonizando los
procedimientos y formalidades en el ámbito de las marcas" (documento SCT/8/2), "Sugerencias para
seguir desarrollando el derecho internacional marcario" (documento SCT/8/3) y, "documento
SCT/6/3 Rev. sobre Indicaciones geográficas: antecedentes, naturaleza de los derechos, sistemas
vigentes de protección, y obtención de una protección eficaz en otros países" (documento SCT/8/4) y
"Adenda del documento SCT/6/3 Rev. (Indicaciones geográficas: antecedentes, naturaleza de los
derechos, sistemas vigentes de protección, y obtención de una protección eficaz en otros países"
(documentos SCT/8/5).
7. La Secretaría tomó nota de las intervenciones y las grabó en cinta magnetofónica. El presente
Informe resume los debates teniendo en cuenta todas las observaciones formuladas.
Punto 1 del orden del día: Apertura de la sesión
8. El Sr. Shozo Uemura, Director General Adjunto, dio la bienvenida a los participantes en
nombre del Director General de la OMPI y presentó al SCT, el nuevo Sector de Marcas, Diseños
Industriales, Indicaciones Geográficas y Observancia, que abarcaba los sistemas internacionales de
registro (Madrid, La Haya y Lisboa), las clasificaciones internacionales de marcas y dibujos y
modelos industriales y la elaboración de legislación internacional. El Sr. Uemura informó asimismo
al SCT de que dos países (Kirguistán y Eslovenia) se habían adherido al Tratado sobre del Derecho de
Marcas (TLT) desde la séptima sesión del SCT, con lo que el número total de miembros de este
Tratado se elevaba a 28.
9. El Sr. Rubio dio la bienvenida a los participantes en nombre de la Secretaría y pronunció una
breve introducción sobre las cuestiones debatidas en las anteriores reuniones del SCT.
10. El Sr. Denis Croze (OMPI) actuó como Secretario del Comité Permanente.IP/C/W/391
Página 4
SCT/8/7
Página 3
Punto 2 del orden del día: Elección de un Presidente y de dos Vicepresidentes
11. La Delegación de la India propuso como Presidente del SCT para el año 2002 al
Sr. Zeljko Topic (Asesor Principal de la Oficina Estatal de la Propiedad Intelectual de la República de
Croacia) y como Vicepresidentas a la Sra. Valentina Orlova (Jefa del Departamento Jurídico
de ROSPATENT, de la Federación de Rusia) y la Sra. Nabila Kadri (Directora del Departamento de
Marcas, Dibujos y Modelos Industriales y Denominaciones de Origen, de la Oficina de Propiedad
Intelectual (INAPI) de Argelia).
12. La Delegación de los Estados Unidos, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo B, y la
Delegación de Noruega apoyaron esta propuesta.
13. El Comité Permanente eligió por unanimidad al Presidente y las Vicepresidentas propuestos.
Punto 3 del orden del día: Aprobación del orden del día
14. El SCT aprobó el proyecto de orden del día (documento SCT/8/1) sin modificaciones.
Punto 4 del orden del día: Aprobación del proyecto de Informe de la séptima sesión
15. La Secretaría informó al Comité Permanente de que, como consecuencia del procedimiento
aprobado por el SCT, se estaban presentando comentarios en el Foro Electrónico del SCT en relación
con los párrafos 32, 60, 61, 63 y 70. Por consiguiente, los párrafos mencionados fueron enmendados
en el documento SCT/7/4 Prov.
16. La Delegación de México dijo que en el párrafo 34 debía utilizarse el término
"marcas colectivas" en lugar de "marcas de certificación".
17. El SCT aprobó el proyecto de Informe de la séptima sesión (documento SCT/7/4 Prov.) en su
forma enmendada.
Punto 5 del orden del día: Marcas
Observaciones generales
18. El Presidente recordó que el TLT fue aprobado en octubre de 1994 y entró en vigor el 1 de
agosto de 1996.
19. La Secretaría presentó el documento SCT/8/2 y señaló que contenía propuestas formuladas
por la Oficina Internacional para seguir armonizando los procedimientos y formalidades en el ámbito
de las marcas. La Secretaría precisó que, en esta etapa, dicho documento se consideraría únicamente
como base para debate. La Secretaría explicó asimismo que el proyecto de disposiciones sobre las
licencias de marcas y las cláusulas administrativas y finales se colocaban entre paréntesis como
"reservadas" ya que se consideraba prematuro en esta etapa incluir dichas disposiciones hasta que las
delegaciones formulasen sus observaciones generales sobre el documento. La Secretaría añadió que
las enmiendas al TLT introducidas en el documento SCT/8/2 pretendían armonizar el TLT con
disposiciones similares del Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT), aprobado en mayo de 2000.IP/C/W/391
Página 5
SCT/8/7
Página 4
20. La Delegación del Japón preguntó qué calendario y qué procedimientos se aplicarían al
proyecto de disposiciones que figuraba en el documento.
21. En respuesta a la Delegación, la Secretaría indicó que competía al SCT tomar una decisión en
relación con el calendario y los procedimientos.
22. La Delegación de Alemania notificó que, en octubre de 2001, había entrado en vigor en
Alemania una ley enmendada en materia de marcas que permitía a su país ratificar o acceder al TLT
en un futuro próximo. A este respecto, debían solventarse únicamente ciertas dificultades técnicas
menores.
23. La Delegación de Australia indicó que los círculos comerciales de su país consideraban que,
desde que Australia ejecutó este Tratado, el TLT había redundado en beneficio de sus intereses. En
relación con el calendario y el mecanismo de aprobación del proyecto de disposiciones del TLT
revisado, la Delegación dijo que el SCT debería celebrar un debate preliminar antes de proponer
recomendaciones al órgano apropiado, siempre que se alcanzase un consenso.
24. La Delegación del Brasil señaló que en los debates sobre el documento SCT/8/2 no debería
prejuzgarse el resultado final, e insistió en que el Comité debería limitarse únicamente a designar las
cuestiones que serían objeto de debate antes de pasar al modo de aprobar el proyecto de disposiciones.
La Delegación expresó el temor de que se incorporasen en los tratados normas sin fuerza obligatoria,
como las Recomendaciones Conjuntas de la OMPI.
25. El Representante de la AIPPI observó que, cuando el SCT aprobó las disposiciones de las
Recomendaciones Conjuntas relativas a las licencias de marcas, sugirió que se incorporasen al TLT.
Añadió que los miembros del SCT consideraron asimismo, al debatir la labor futura del SCT, que la
revisión del TLT debería ser considerada prioritaria por dicho Comité. En lo tocante al
documento SCT/8/2, el representante sugirió que se debatiese el proyecto de Artículo 8 antes de pasar
a otros artículos.
26. El Representante de la INTA afirmó que apoyaba firmemente la labor del SCT en relación
con la revisión del TLT y la continuación de la armonización de las legislaciones en materia de
marcas, que aportarían considerables beneficios a los titulares de marcas. El Representante destacó la
importancia que revestía para su organización la revisión del TLT y añadió que las disposiciones
relativas a la presentación electrónica y las licencias alentarían a nuevos países a adherirse a este
tratado. Añadió asimismo que el SCT debería abordar la cuestión de las marcas no tradicionales. En
lo tocante a las indicaciones geográficas, la INTA apoyaba firmemente la labor de la OMPI,
particularmente lo relativo a los conflictos entre las marcas y las indicaciones geográficas.
27. Como resultado de ese debate, el Presidente sugirió que se debatiesen en primer lugar las
propuestas para seguir armonizando los procedimientos y formalidades en el ámbito de las marcas
(documento SCT/8/2).
28. La Delegación de Australia convino en que la propuesta relativa a las formalidades debería
debatirse en primer lugar y debería comenzarse por el Artículo 8 (Comunicaciones).
29. La Delegación de Suiza dijo que el debate debería comenzar con las propuestas específicas
que figuraban en el documento, antes de pasar a las cláusulas administrativas.IP/C/W/391
Página 6
SCT/8/7
Página 5
Artículo 8 (Comunicaciones)
30. La Secretaría presentó la disposición relativa a las comunicaciones.
31. La Delegación de Egipto se refirió a la Declaración Concertada aprobada por la Conferencia
Diplomática para la Adopción del Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT), destinada a facilitar la
aplicación de las disposiciones pertinentes del PLT relativas a la presentación electrónica. En la
Conferencia Diplomática se solicitó a la Asamblea General de la OMPI y a las Partes Contratantes
del PLT que prestasen a los países en desarrollo y a los países menos adelantados, así como a los
países con economías en transición, asistencia técnica adicional para ayudarles a cumplir con sus
obligaciones en virtud del PLT, incluso antes de que entrase en vigor el Tratado. La Delegación
insistió en que los países en desarrollo podrían verse en dificultades para cumplir las disposiciones
relativas a la presentación electrónica y subrayó la importancia de la Declaración Concertada para
dichos países. La Delegación añadió que formularía comentarios adicionales sobre esta cuestión en el
futuro, tras debatirla con los especialistas pertinentes.
32. La Delegación de Australia dijo que su oficina de propiedad intelectual había introducido un
sistema de comunicación electrónica, que había sido evaluado positivamente por los solicitantes. No
obstante, la Delegación compartía las preocupaciones de la Delegación de Egipto y de otros países en
desarrollo. La Delegación añadió que ninguna disposición podía exigir a los Estados miembros que
aceptaran la presentación electrónica porque esto causaría problemas a los países en desarrollo.
33. La Secretaría presentó el párrafo 1.a) y precisó que los requisitos que podía aplicar una Parte
Contratante en virtud de esta disposición se prescribían en la Regla 5 bis. La excepción relativa a la
fecha de presentación en virtud del Artículo 5.1) era necesaria debido a que en dicho Artículo se
estipulaba que se fijara una fecha de presentación de los elementos prescritos de una solicitud, a
elección del solicitante, en papel o en cualquier otro medio permitido por la oficina a los fines del
cumplimiento de un plazo. El efecto de la referencia al Artículo 3.1 en la disposición era que, en el
caso de una solicitud, el requisito relativo a la forma o al contenido de una solicitud en virtud de dicho
Artículo prevalecía sobre las disposiciones del presente párrafo. La "forma" de las comunicaciones se
refería a la forma física del medio que contenía la información (por ejemplo, las hojas de papel, un
disco blando o un documento transmitido de forma electrónica). Los "medios de transmisión" se
referían a los medios, físicos o electrónicos, utilizados para transmitir la comunicación a la Oficina.
El término "presentación de comunicaciones" se refería a la transmisión de una comunicación a la
Oficina. Ninguna Parte Contratante estaría obligada a aceptar la presentación de comunicaciones en
alguna de las formas electrónicas o en todas ellas, o en alguno o todos de los medios electrónicos de
transmisión, por el simple hecho de que la Parte Contratante permitiera la presentación de
comunicaciones en forma electrónica o por medios electrónicos.
34. La Delegación de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra en nombre de sus
Estados miembros, preguntó si en el término "medios electrónicos" se incluían los facsímiles y
preguntó si debería contemplarse la posibilidad de añadir nuevos medios de comunicación en el
futuro.
35. Australia afirmó que, de conformidad con su legislación nacional, las comunicaciones
electrónicas abarcaban todas las formas de comunicación, incluido el correo electrónico, los
telefacsímiles así como otras tecnologías futuras. Dijo que no debería definirse de manera demasiado
restringida el término "medios de comunicación" y que los términos utilizados en un tratado deberían
ser lo suficientemente amplios para abarcar la evolución técnica futura.IP/C/W/391
Página 7
SCT/8/7
Página 6
36. En respuesta a la pregunta de la Delegación de las Comunidades Europeas, la Secretaría
afirmó que la Regla 5 bis.2), que se refería al Artículo 8, precisaba la inclusión de los telefacsímiles.
37. La Delegación de Alemania sugirió que la Secretaría indicase si las disposiciones propuestas
eran idénticas a las disposiciones del PLT.
38. La Delegación de México apoyó la declaración de la Delegación de Egipto en relación con los
países en desarrollo y afirmó que, en relación con el PLT, el Director General de la OMPI había
garantizado que la OMPI proporcionaría la asistencia técnica necesaria a los países en desarrollo antes
de junio de 2005. La Delegación añadió que, a falta de esta garantía, resultaría difícil a los países en
desarrollo adherirse al TLT revisado.
39. El Representante de la AIPPI preguntó cuál era el objetivo del plazo en el Artículo 8.1)d).
40. La Delegación de Australia señaló que el Artículo 8.1) permitía la introducción de la
presentación electrónica pero que no debía considerarse obligatoria. La referencia al plazo contenido
en el Artículo 8.1)d) tampoco establecía la obligación de introducir comunicaciones electrónicas, al
contrario, todo el contexto del Artículo 8 estaba destinado a dejar claro que no existía dicha
obligación.
41. La Secretaría se refirió a las notas sobre las reglas pertinentes del PLT y destacó que, de
conformidad con las disposiciones, una Parte Contratante debía seguir aceptando la presentación de
comunicaciones en papel a los fines de respetar un plazo, incluso cuando transcurrido el plazo
establecido en la Regla 5 bis, una Parte Contratante excluyera la posibilidad de presentar
comunicaciones en papel. Transcurrido dicho plazo, los países podrían excluir las comunicaciones en
papel. Estas disposiciones no tenían efecto en los países que no aceptaban otras solicitudes distintas
de las solicitudes en papel. Asimismo, la obligación de aceptar presentaciones en papel había sido
garantizada durante los cinco años posteriores a la entrada en vigor del PLT.
42. La Delegación del Reino Unido afirmó que debería alentarse la presentación electrónica. No
obstante, los países en desarrollo deberían seguir contando con la posibilidad de presentar sus
solicitudes en papel.
43. El Representante de la AIPPI dijo que debería alentarse la presentación electrónica y que la
disposición pertinente debería figurar en un artículo y no en el Reglamento.
44. La Delegación de México explicó que la mayoría de los países en desarrollo no contaban con
el equipo, el personal capacitado o los programas informáticos necesarios para recibir o presentar
comunicaciones electrónicas. Refiriéndose al proyecto IMPACT y a WIPO NET, la Delegación sugirió
que la OMPI prestase asistencia técnica al respecto a los países en desarrollo.
45. La Delegación de Egipto aprobó la declaración de la Delegación de México. Las oficinas
nacionales de marcas debían modernizarse, tal como lo habían hecho las oficinas de patentes.
46. La Delegación de los Estados Unidos de América afirmó que la revisión del TLT revestía una
importancia capital para su país y que debería convocarse una conferencia diplomática para revisar el
Tratado. En su calidad de miembro reciente del TLT, los Estados Unidos de América lo encontraban
sumamente valioso para los solicitantes. La Delegación destacó asimismo su interés porque la
SCT/8/7IP/C/W/391
Página 8
Página 7
presentación electrónica se dejase a discreción de cada oficina, habida cuenta de las diferencias de
desarrollo entre las distintas oficinas de propiedad intelectual.
47. La Delegación de Croacia sugirió que se reformulasen los párrafos b) y c) para que rezasen
"una Parte Contratante podrá excluir la presentación de comunicaciones …".
48. La Delegación de Yugoslavia apoyó a la Delegación del Reino Unido en relación con el
objetivo de las disposiciones que deberían alentar la presentación electrónica. No obstante, las
disposiciones no deberían establecer únicamente la presentación por medios electrónicos y excluir la
presentación en papel.
49. La Delegación de Australia se refirió a las observaciones formuladas por la Delegación de
Croacia y preguntó si la disposición del TLT relativa a las comunicaciones electrónicas reflejaría
exactamente la disposición del PLT o si se emplearían términos más precisos. La Delegación indicó
que consideraba que era conveniente mantener la concordancia con el enfoque del PLT. No obstante,
cuando no estaba claro el significado de la disposición del PLT, lo cual era el caso en esta disposición
según indicaba el debate, el SCT debía aprovechar la oportunidad para mejorarla. La Delegación se
manifestó a favor de un lenguaje más preciso y preguntó si se suprimiría el párrafo d).
50. La Delegación del Reino Unido afirmó que el TLT sería coherente con el PLT y planteó una
pregunta general relativa al objetivo principal de la disposición; a saber, la promoción de la
presentación electrónica.
51. El Representante del CEIPI dijo que debería prestarse atención al riesgo que entrañaría la
imposición de un plazo para que la presentación en forma electrónica fuera obligatoria. En apoyo de
las Delegaciones de Egipto y México, afirmó que la experiencia del PCT había demostrado que los
problemas no se restringían a los países en desarrollo.
52. La Delegación de China señaló que nada de lo propuesto en el Artículo 8.1) impediría a los
miembros continuar con la presentación en papel y dijo que el párrafo d) parecía superfluo.
53. La Delegación de Colombia sugirió que los párrafos 1.b) y c) se reformulasen en modo
afirmativo.
54. La Delegación de Bélgica observó que el Artículo 8.1)d) del PLT rezaba "aceptará" mientras
que en la propuesta del TLT rezaba "podrá aceptar". La Delegación sugirió, por consiguiente, que se
suprimiese el apartado d) en las disposiciones por estar incluido en el apartado c).
55. La Delegación de España manifestó sus reservas en cuanto a la supresión del Artículo 8.1)d),
si bien convino en que d) ya estaba incluido en c). No obstante, prefería que se conservase el
apartado d) en su forma actual debido a que abordaba específicamente la cuestión del cumplimiento
de un plazo.
56. La Delegación del Sudán apoyó a las Delegaciones de México y Egipto. La Delegación
consideraba que no debía alentarse a ultranza la presentación electrónica y destacó que debían
tomarse en consideración las necesidades de los países en desarrollo, a fin de que dichos países
contasen con el tiempo suficiente para poner a punto la presentación electrónica.IP/C/W/391
Página 9
SCT/8/7
Página 8
57. La Delegación de Francia apoyó a la Delegación de Bélgica en lo tocante a las diferencias
entre el TLT y el PLT, afirmando que dichas diferencias no eran esenciales ya que se referían
únicamente a una posibilidad.
58. La Delegación del Uruguay coincidió con la Delegación de Colombia en relación con los
párrafos b) y c) del Artículo 8. La formulación en modo negativo podría prestar a confusión y la
redacción resultaría más clara en modo afirmativo. En relación con el párrafo d), la Delegación
consideraba que no era buena idea suprimirlo, siempre que los párrafos b) y c) permaneciesen en
modo negativo.
59. El Representante de la AIPPI solicitó aclaraciones acerca de si existían dos obligaciones o
una obligación en virtud del PLT en relación con la posibilidad de presentar las solicitudes en forma
electrónica.
60. El Representante del CEIPI señaló que el PLT imponía a las oficinas la obligación de aceptar
la presentación de comunicaciones en papel a los fines del cumplimiento de un plazo. Sugirió que se
mantuviese el Artículo 8.d) en su forma actual y se cambiase "podrá aceptar" por "aceptará".
61. El Representante de la AIPLA apoyó la propuesta del CEIPI.
62. El Representante de la AIPPI, haciendo referencia a los comentarios de la Delegación del
Reino Unido, afirmó que el debate debería centrarse en los objetivos que deseaba alcanzar el SCT y
no en la redacción. Basándose en el consenso sobre la introducción de la presentación electrónica y la
posibilidad de mantener la presentación en papel, sugirió que la Secretaría reformulase el
Artículo 8.1) y la Regla 5 bispara la próxima reunión en términos más claros.
63. La Delegación de Australia se refirió a la declaración del Representante de la AIPPI y destacó
que la cuestión tenía dos vertientes: en primer lugar, si al alcanzarse un acuerdo en el SCT en
relación con la presentación electrónica, se impondría o no una obligación a los sistemas jurídicos de
los Estados miembros. En segundo lugar, si se permitía a los Estados miembros crear obligaciones
para los nacionales de otros Estados que deseasen presentar una solicitud en dichos Estados. A
continuación intervenía una tercera cuestión relacionada con las excepciones que se introducirían: la
fecha y el plazo de presentación.
64. El Presidente apoyó a la Delegación de Australia en relación con el objetivo de la disposición.
Resumió los debates diciendo que el SCT parecía hallarse a favor de alentar la presentación
electrónica y de evitar imponerla como obligación a las oficinas que no se mostraban a favor de la
presentación electrónica. Sugirió que la Oficina Internacional elaborase un nuevo proyecto de
disposición basándose en los debates celebrados.
65. La Delegación de China consideró que la disposición no creaba para ningún Estado
Contratante la obligación de introducir la presentación electrónica, ni impedía a las Partes
Contratantes introducirla, si así lo deseaban.
66. La Delegación de México coincidió con las conclusiones del Presidente. No obstante,
expresó cierta inquietud por el hecho de que la introducción de un procedimiento de presentación
electrónica por un país crease obligaciones para terceros países. La Delegación de México no se
oponía a la disposición propuesta, siempre que se redactase en términos más claros, tomando en
consideración el compromiso alcanzado en el marco del PLT. La asistencia técnica prestada a losIP/C/W/391
Página 10
SCT/8/7
Página 9
países para que pudieran recibir presentaciones electrónicas debería ampliarse al envío de
presentaciones electrónicas a oficinas que excluyeran la presentación en papel. La Delegación añadió
que debía resolverse asimismo el problema del plazo que fijarían ciertas oficinas para excluir la
presentación en papel.
67. La Delegación del Reino Unido consideró que existía un consenso acerca de promover la
presentación electrónica sin ir en detrimento de la presentación en papel.
68. La Delegación del Brasil apoyó a la Delegación de México.
69. El Representante de la AIPPI precisó que, incluso si se imponía la presentación electrónica,
los solicitantes extranjeros tendrían que recurrir a un representante local que recibiría las
comunicaciones en papel y las enviaría, a continuación, en forma electrónica.
70. El Presidente concluyó que el Artículo 8.1) debía reformularse para la próxima sesión
del SCT, a fin de incluir las sugerencias de las delegaciones.
Artículo 8.2)
71. La Secretaría observó que el Artículo 8.2) (Idioma de las comunicaciones) era similar al
Artículo 3.3) del actual TLT, con dos modificaciones relativas a la introducción de los términos
"titular u otra persona interesada" y la supresión de la palabra "solicitud", que fue reemplazada por
"comunicación". Los Artículos 10.1)c) (Cambios en los nombres o en las direcciones), 11.2) (Cambio
en la titularidad) y 13.3) (Renovación) compartían un lenguaje similar. El Artículo 8.2) no debería
abarcar únicamente la presentación de una solicitud sino aplicarse a todos los procedimientos
ulteriores realizados en una oficina en relación con una marca.
72. La Delegación de Australia apoyó el Artículo 8.2) y sugirió que no existía la necesidad de
mantener la disposición relativa al idioma en otros artículos.
73. La Delegación de Suiza opinó que la disposición relativa al idioma debería mantenerse en el
Artículo 10.1)c) (Cambios en los nombres o en las direcciones) y en el Artículo 13.3) (Renovación),
en aras de la claridad.
74. El Representante de la AIPPI apoyó el Artículo 8.2) pero consideró que mantener los
Artículos 10.1)c) y 13.3) constituiría una repetición superflua del Artículo 8.2).
75. El Representante del CEIPI, si bien compartía la opinión del Representante de la AIPPI,
deseó que se aclarase el objetivo original de la segunda frase del Artículo 8.2), en particular para
países multilingües como Suiza, que podían utilizar distintos idiomas en las solicitudes de marcas.
76. El Representante de la AIPPI dijo que Suiza permitía la presentación en tres idiomas pero
estipulaba que la lista de productos y servicios para las solicitudes internacionales se redactase
únicamente en francés para comodidad de su oficina nacional de propiedad intelectual.IP/C/W/391
Página 11
SCT/8/7
Página 10
Artículo 8.3)
77. La Secretaría observó que este artículo era una disposición general, al igual que el
Artículo 8.2), en el que se estipulaba que una Parte Contratante debía aceptar las comunicaciones
presentadas en formularios internacionales tipo, a semejanza de las disposiciones existentes en el
TLT. El efecto de las palabras "sujeto a lo dispuesto en el párrafo 1)b)" era que la Parte Contratante
que no aceptaba una comunicación en forma distinta del papel, no estaba obligada a aceptar la
presentación de una comunicación en un formulario internacional tipo que se aplicase, por ejemplo, a
comunicaciones presentadas por medios electrónicos de transmisión.
78. La Delegación de España sugirió que, en el texto en español, las palabras "sujeto a lo
dispuesto" se reemplazasen por "de acuerdo con lo dispuesto" y que se suprimiesen las palabras
"del contenido".
79. La Delegación de Australia observó que, en aras de la simplicidad, ya que se trataba de una
disposición genérica para la comunicación, se suprimiesen disposiciones similares en otros artículos.
La Delegación observó asimismo que deberían aclararse los textos en inglés y en español en relación
con el término "presentación del contenido" y sugirió que la frase rezase "una Parte Contratante
aceptará la presentación del contenido de una comunicación en un formulario que corresponda al
formulario internacional tipo".
Artículo 8.4)
80. La Secretaría observó que el Artículo 8.4) (Firma de las comunicaciones) se había modificado
debido al carácter específico de la presentación electrónica. Habida cuenta de que aún se estaban
celebrando debates internacionales sobre la firma electrónica, esta disposición se concebía en
términos amplios y en ella se hacía una referencia específica al Reglamento, en el que se
especificarían los detalles. Las reglas relativas a la firma abarcaban, por consiguiente, la firma en
papel y la firma en las presentaciones electrónicas. El párrafo b) del Artículo 8.4) obligaba a las
Partes Contratantes a aceptar la firma de una persona como autentificación suficiente de una
comunicación sin precisarse mayor autentificación por medio de atestación, certificación por notario,
autentificación o legalización de dicha firma. Esta disposición guardaba conformidad con el espíritu
del TLT en cuanto que reducía la carga administrativa para los solicitantes y las oficinas de propiedad
intelectual. El párrafo c) establecía, tal como sucedía en el TLT en vigor, que en caso de duda
razonable sobre la autenticidad de una firma, la oficina podría requerir al solicitante que presentase
pruebas de la autenticidad de dicha firma. Dicha prueba, a elección del solicitante, titular o cualquier
otra persona interesada, podría consistir en una certificación, si bien era posible que dicha
certificación no fuera exigida por la oficina en virtud del Artículo 4. El Reglamento establecía
asimismo que la oficina estaría obligada de informar al solicitante sobre las razones de sus dudas en
relación con la autenticidad de la firma.
81. La Delegación de España dijo que debería mejorarse la redacción de esta disposición a fin de
dejar claro que cuando una Parte Contratante "exija una firma a los efectos de una comunicación", esa
Parte Contratante aceptaría cualquier firma que cumpliera los requisitos previstos en el Reglamento.
La Delegación precisó que las Partes Contratantes podrían no exigir una firma a los efectos de una
comunicación.IP/C/W/391
Página 12
SCT/8/7
Página 11
82. La Delegación de Austria solicitó a la Secretaría que aclarase por qué esta disposición difería
de la disposición del PLT, habida cuenta de que contemplaba únicamente la entrega de un registro en
el texto propuesto y que el PLT abarcaba asimismo todos los procedimientos cuasijudiciales.
83. La Oficina Internacional dijo que esta disposición era un compromiso entre lo que figuraba en
el TLT actualmente en vigor y lo que figuraba en el PLT, adoptándose un enfoque más amplio en
el TLT que en el PLT.
84. El Representante de la AIPPI precisó que la disposición del PLT tenía por objeto evitar que se
presentasen atestaciones, certificaciones por notario, autentificaciones o legislaciones de una firma.
El Representante recordó que esa disposición, que ya existía en el TLT, era un logro fundamental de
dicho Tratado y, por ende, debía mantenerse.
85. La Delegación de Australia apoyó a la AIPPI y añadió que no estaba a favor de una nueva
disposición relativa a la autentificación de una firma debido a su utilidad probada desde el punto de
vista de los usuarios. La Delegación añadió que el Artículo 8.4)b) no era una propuesta de la
Secretaría sino la disposición actual del TLT que debería restringirse a la presentación de un registro.
En relación con las acciones cuasijudiciales ante la oficina, en Australia ciertas situaciones requerían
algún tipo de declaración estatutaria. No obstante, no se exigía la autentificación o certificación por
notario de la firma en sí.
Artículo 8.5)
86. La Secretaría observó que en el Reglamento se aportarían más precisiones respecto de esta
disposición, en relación con las indicaciones específicas que figurarían en el Artículo 8.5), u otras
indicaciones relativas al representante.
87. La Delegación de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra en nombre de sus
Estados miembros, opinó que, habida cuenta de que el Reglamento no contenía en esta etapa del
debate disposición alguna al respecto, resultaría coherente conservar su flexibilidad por el momento.
88. El Representante de la AIPPI compartió la opinión de la Delegación de las Comunidades
Europeas y sugirió que se dejase esta disposición entre paréntesis hasta que se celebrasen debates
adicionales. El Representante temió que esto pudiera abrir la puerta a requisitos adicionales que
comprometiesen los requisitos que podían exigir actualmente las oficinas de propiedad intelectual.
89. La Delegación de Suecia aprobó los comentarios formulados por la Delegación de la AIPPI y
las Comunidades Europeas.
90. La Delegación de Australia apoyó los comentarios formulados por la Delegación de la AIPPI,
las Comunidades Europeas y Suecia. La Delegación opinó que esta disposición debería reformularse
en modo negativo para que rezase: "una Parte Contratante no podrá exigir que una comunicación
contenga indicaciones distintas de las previstas en el Reglamento". En caso de no aceptarse la
reformulación, la Delegación indicó que prefería se suprimiese la disposición.
91. El Representante del CEIPI apoyó los comentarios formulados por las anteriores delegaciones
y señaló que la exclusión de esta disposición no tendría consecuencias, ya que en el Artículo 8.5) nada
impedía a las Partes Contratantes aplicar otras exigencias. Dijo asimismo que las disposiciones
podrían establecer una cláusula general sobre las comunicaciones, que no se limitase a la firma comoIP/C/W/391
Página 13
SCT/8/7
Página 12
en el Artículo 4.b) e indicó que preferiría, siguiendo la propuesta de Australia, que esta disposición se
reformulase en modo negativo.
92. El Presidente dijo que, incluso si se reformulaba esa disposición en modo negativo, se seguían
precisando nuevas propuestas en relación con las reglas. Por consiguiente, solicitó al SCT que
formulase comentarios.
93. La Delegación de México opinó que debía mantenerse el Artículo 8.5) habida cuenta de su
relación con la Regla 7 y preguntó a qué otra regla podría referirse el Artículo 8.5).
94. La Delegación de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en
nombre de sus Estados miembros, solicitó que se aclarase el alcance de esta disposición. Preguntó si
en una comunicación de un procedimiento de oposición sería posible exigir que se identificase el
agente o el domicilio. La Delegación preguntó si en este caso se aplicaría esta regla o si el
Reglamento estipularía que en el caso de un procedimiento de oposición no se exigirían otras
condiciones. Habida cuenta de que el Reglamento no preveía cada caso individual, resultaría difícil
exigir a la oficina que no solicitase la información necesaria. La Delegación dijo que la Regla 7 era
una regla general que se aplicaba a todo tipo de situaciones y solicitó aclaraciones sobre esta
disposición.
95. El Representante de la AIPPI observó que era difícil formular proposiciones concretas en esta
etapa debido a que esta propuesta de regla era nueva para todos los Estados miembros. Sugirió que se
dejase el Artículo 8.5) entre paréntesis y que se reformulase en modo negativo. Asimismo, propuso
que se concediese un plazo para estudiar con detenimiento este artículo y formular propuestas
concretas, tomando en consideración que el Artículo 8.5) se ocupaba únicamente de indicaciones que
no estaban excluidas de los otros Artículos.
96. La Delegación de Australia destacó que este artículo no se refería a la Regla 7. La
Delegación dijo que la propuesta era buena pero que, no obstante, formulaba una reserva acerca del
hecho de que pudiese abrir la puerta a nuevos requisitos que interfiriesen con otras disposiciones.
Esta nueva disposición sobre las comunicaciones debería aplicarse a todas las comunicaciones
transmitidas a una oficina de propiedad intelectual. Cualquier cosa que se añadiese debería
restringirse a todos los procedimientos aplicables ante una oficina de propiedad intelectual. Esto
resultaría difícil de llevar a cabo sin interactuar con las disposiciones ya mencionadas. La Delegación
aprobó la propuesta de conceder a los Estados miembros más tiempo para reflexionar acerca de esta
disposición.
97. El Presidente decidió que se pondría esta disposición entre paréntesis y se concedería a los
Estados miembros más tiempo para estudiar la disposición antes de enviar sus comentarios a la
Secretaría.
98. La Delegación de Australia aprobó la propuesta del Presidente.
99. El Presidente resumió los debates del primer día de la reunión del SCT. El Comité debatió
ampliamente las disposiciones de los párrafos 1), 2), 3), 4) y 5) del Artículo 8 y la Regla 5 bis.IP/C/W/391
Página 14
SCT/8/7
Página 13
Artículo 8.6)
100. La Secretaría explicó que lo que constituía una dirección en esta disposición, dependía de la
legislación aplicable de cada Estado miembro. Esta disposición no precisaba muchas explicaciones.
Con el apartado iii) se pretendía anticipar los acontecimientos futuros que podrían ocasionar que un
Estado parte exigiese otra dirección además de la dirección contemplada en i) y ii), por ejemplo, una
dirección de correo electrónico. Por el momento, el Reglamento no estipulaba nada específico en
relación con el apartado iii). En lo tocante al apartado ii), en el TLT actualmente en vigor, se utilizaba
el término "domicilio legal" en lugar del término "domicilio para notificaciones oficiales" que se
utilizaba en el PLT.
101. La Delegación de Australia afirmó que prefería la redacción en su forma enmendada. La
redacción de los apartados i) y ii) establecía una distinción clara entre el domicilio al que podía
enviarse la correspondencia y el domicilio que podía satisfacer los requisitos establecidos por las
legislaciones nacionales para que se notificaran los documentos a las partes en un procedimiento
judicial. Por consiguiente, esta formulación establecía la diferencia de manera más clara que en
el TLT en vigor. Si bien el apartado iii) presentaba ciertas ventajas, omitía la cuestión de añadir
requisitos adicionales, lo que hacía que la Delegación albergase ciertas dudas.
102. La Delegación de Argelia preguntó si podría reemplazarse "otra persona interesada" por
"representante" debido a que aquí se producía la intervención de una tercera parte.
103. La Secretaría dijo que en el contexto del Artículo 1 (Expresiones abreviadas) debería
determinarse si debía definirse el concepto de manera específica. Dicho término se utilizaba en
el PLT y estaba concebido en términos generales para abarcar en particular, a las personas naturales y
jurídicas.
104. La Delegación del Japón solicitó aclaraciones sobre el significado de "servicio legal" y sobre
la diferencia entre "domicilio legal" y "dirección para la correspondencia".
105. El Presidente dijo que esta cuestión había sido abordada por la Delegación de Australia,
"servicio legal" hacía referencia al sistema jurídico nacional de los Estados miembros.
106. La Delegación de Australia añadió que la "dirección para la correspondencia" era el lugar al
que podía enviarse todo tipo de información mientras que el "domicilio legal" era el lugar al que
podían notificarse los documentos oficiales en situaciones judiciales y cuasijudiciales. En virtud de la
legislación australiana, una "dirección para la correspondencia" podía ser una dirección de correo
electrónico o un apartado de correos.
107. La Delegación del Canadá afirmó que en el Canadá no se precisaba la intervención de un
agente o de un abogado para ejercitar o registrar una marca , ya que el solicitante podía actuar en su
propio nombre. Por consiguiente, únicamente se requería una "dirección para la correspondencia".
No obstante, en procedimientos de oposición, se precisaba un agente o un abogado y, por
consiguiente, se requería un "domicilio legal".
108. La Delegación de Yugoslavia indicó que, en su país, con la excepción de los solicitantes
extranjeros, el solicitante podía presentar una solicitud sin mediar un representante. En los
procedimientos de anulación, especialmente cuando una marca estaba registrada en virtud del
Acuerdo de Madrid, si un solicitante extranjero no contaba con un representante local, la oficina deIP/C/W/391
Página 15
SCT/8/7
Página 14
propiedad intelectual debía comunicarse con él por medio de un representante local temporal que
recibiría las comunicaciones. La Delegación consideraba que ésta era la razón que explicaba esta
distinción en la disposición.
109. La Delegación de China afirmó que en China y en la Región Administrativa Especial de
Hong Kong, la indicación del domicilio legal no tenía nada que ver con el nombramiento de un
representante legal sino con las actuaciones judiciales ante los tribunales o las oficinas de propiedad
intelectual. La dirección se consideraba como una dirección dentro de la jurisdicción en la que podía
hacerse cumplir la decisión judicial al término de los procedimientos.
110. La Delegación de Croacia preguntó si una Parte Contratante podía exigir cualquier tipo de
dirección y preguntó si los apartados i) a iii) eran acumulativos. En caso de que no lo fueran, podría
añadirse la palabra "o" entre el apartado i) y el ii). La Delegación sugirió asimismo que se
reemplazase "servicio legal" por "cualquier otra dirección apropiada".
111. La Secretaría indicó que los apartados i), ii) y iii) no eran acumulativos. Las Partes
Contratantes podían exigir su aplicación de conformidad con sus legislaciones nacionales.
112. La Delegación de Australia preguntó si esta disposición se hallaba en el lugar apropiado, ya
que podía dar a entender que en cada correspondencia con la oficina de propiedad intelectual, una
Parte Contratante podía exigir cada una de dichas indicaciones.
Artículo 8.7)
113. La Secretaría explicó que el Artículo 8.7) (Notificación) establecía un plazo que aún no había
sido establecido en el Reglamento. La Secretaría invitó asimismo a los Estados miembros a expresar
su opinión sobre el plazo pertinente, a fin de redactar una regla para la próxima sesión.
114. A falta de comentarios, el Presidente pasó al Artículo 8.8) (Incumplimiento de los requisitos).
Artículo 8.8)
115. La Secretaría observó que el plazo en virtud de esta disposición debía incluirse asimismo en
el Reglamento. La referencia al Artículo 5 tenía por efecto que, cuando una solicitud, en virtud de
dicho Artículo, cumplía los requisitos relativos al establecimiento de una fecha de presentación, una
Parte Contratante debía aceptar dicha fecha de presentación y no podría anularla por falta de
conformidad con los requisitos aplicados en virtud de los párrafos 1) a 6), incluso si la solicitud era
rechazada posteriormente o se consideraba retirada en virtud de lo anterior.
116. A falta de comentarios, el Presidente decidió dar por finalizado el debate sobre el Artículo 8 y
proceder a examinar los Artículos 13 bisy 13ter.
Artículos 13bis y 13ter
117. La Secretaría explicó que los Artículos 13 bisy 13tereran artículos nuevos, al igual que en
el PLT. El Artículo 13 bisobligaba a una Parte Contratante a establecer medidas en relación con los
plazos. Dichas medidas podían consistir en una ampliación del plazo límite o la continuación de la
tramitación, y estaban sujetas únicamente a la presentación de una petición con sujeción a lo dispuesto
en los apartados 1) y 2) y la Regla 9. Asimismo, la medida estaba sujeta al pago de cualquier tasaIP/C/W/391
Página 16
SCT/8/7
Página 15
requerida en virtud del párrafo 4). La Secretaría destacó que la medida en virtud de los apartados 1)
y 2) se restringía al plazo "fijado por la Oficina para una acción en un procedimiento ante la Oficina".
"El procedimiento ante la Oficina" no se definía en el TLT actualmente en vigor y podría definirse
cuando se debatiese el Artículo 1) (Expresiones abreviadas). Un ejemplo de un plazo fijado por la
Oficina era el plazo límite para responder a un informe de examen sustantivo. Se señaló que el
Artículo 13 bisno abordaba los plazos que no hubiesen sido fijados por la Oficina y, por consiguiente,
no se aplicaban a acciones ante los tribunales. Una Parte Contratante podía establecer las dos medidas
contenidas en los apartados i) y ii). Los detalles se explicaban en la Regla 9. Si la Parte Contratante
establecía una prórroga tras la expiración del plazo en virtud del apartado ii), dicha Parte Contratante
debía disponer la continuación de la tramitación, tal como figuraba en el párrafo 2.
118. La Delegación de Suiza apoyó el Artículo 13 bisdebido a que dejaba a las Partes Contratantes
la posibilidad de elegir. No obstante, la Delegación solicitó aclaraciones sobre la lista de excepciones
que figuraban en la Regla 9.5), particularmente en relación con los apartados iv) y v) que no eran
plazos fijados por la Oficina.
119. La Delegación del Japón afirmó que si se permitía la adopción de medidas para los derechos
de prioridad, esto menoscabaría los derechos de terceras partes.
120. La Delegación del Brasil afirmó que la no observancia de un plazo en virtud del
Artículo 13 bissin que se impusiesen sanciones no guardaría conformidad con la legislación brasileña
y sugirió que se reformulase la disposición a fin de incluir la posibilidad de imponer sanciones. La
Delegación preguntó a la Secretaría si la Regla 9.5) podía entenderse en el sentido de que concedía a
las Partes Contratantes la posibilidad de incluir sanciones y preguntó por qué no se incluían las
excepciones en las disposiciones en lugar de en el Reglamento.
121. La Secretaría, en respuesta a la Delegación de Suiza, afirmó que las excepciones en la
Regla 9.5) en principio no se aplicaban a los plazos establecidos por las legislaciones nacionales,
aunque los apartados iv) y v) se mencionaban en el PLT.
122. La Delegación de Suiza abogó porque se añadiesen más excepciones a la Regla 9.5).
123. La Delegación de Australia preguntó si el Artículo 13 bisse aplicaba a los plazos establecidos
por las oficinas de propiedad intelectual para cuestiones prácticas y no a los plazos fijados por las
legislaciones nacionales.
124. El Representante del CEIPI dijo, en respuesta a la Delegación del Japón, que, en la mayoría
de los casos, los plazos fijados para los derechos de prioridad se establecían en las legislaciones
nacionales. El Representante sugirió que, a fin de guardar conformidad con el Artículo 1, la palabra
"marca" se reemplazase por el término "registro" en el Artículo 13 bisy 13 ter, así como en otras
disposiciones.
125. La Delegación de Australia indicó que el objetivo de la disposición consistía en limitar la
posibilidad de que las oficinas de propiedad intelectual impusiesen plazos adicionales amén de los
establecidos por las legislaciones nacionales. Debido a la complejidad de esta disposición, la
Delegación preguntó si merecía la pena solucionar este problema.IP/C/W/391
Página 17
SCT/8/7
Página 16
126. La Secretaría tomó nota de la propuesta presentada por el Representante del CEIPI de
reformular los términos "marca y registro". En respuesta a la Delegación de Australia, precisó que
esta disposición tenía por objeto armonizar las prácticas de las oficinas de propiedad intelectual. Si
bien esta disposición era menos importante en la esfera de las marcas que en la de las patentes, podría
resultar conveniente conservarla en beneficio de los titulares de marcas.
127. La Delegación de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en
nombre de sus Estados miembros, preguntó si existía la posibilidad de ampliar la tramitación a los
plazos establecidos por el derecho positivo en relación con el Artículo 13 bisy sugirió que el SCT
examinase esta idea.
128. En relación con el Artículo 13 bis.2), la Secretaría afirmó que este párrafo obligaba a las
Partes Contratantes a establecer medidas como la continuación de la tramitación, cuando un
solicitante no hubiera cumplido un plazo fijado por la Oficina, y cuando la Parte Contratante no
previera la prórroga de un plazo en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1)ii). La continuación de la
tramitación tendría por efecto que la oficina continuase con la tramitación en cuestión como si el
plazo hubiese cumplido los requisitos en relación con la petición que se mencionaba en los
apartados i) y ii), tal como se prescribía en la Regla 10.1) y 2).
129. La Delegación del Reino Unido sugirió que se incluyese una disposición, que podría ser
optativa, que ofreciese al solicitante la oportunidad de explicar las razones que le habían impedido
cumplir el plazo.
130. La Delegación de España propuso que el Artículo 13 bis.2) no constituye una obligación a fin
de ofrecer más libertad de acción a las Partes Contratantes, particularmente cuando no resultase
posible continuar la tramitación.
131. La Delegación del Brasil apoyó la propuesta de la Delegación de España.
132. La Delegación de Finlandia preguntó si resultaría posible continuar la tramitación incluso sin
recibir una notificación de la Oficina en el sentido de que el solicitante no había cumplido el plazo.
En un proyecto de ley de marcas que se elaboraba actualmente en Finlandia se contemplaba que el
solicitante podía presentar una solicitud de continuación de la tramitación dentro de un período de dos
meses contados a partir de la expiración del plazo.
133. La Delegación de Australia consideró que si esta disposición fuese opcional se debilitaría su
alcance y prefirió que se mantuviese la disposición en su forma actual con excepciones destinadas a
definir la disposición.
134. La Delegación de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en
nombre de sus Estados miembros, aprobó las observaciones formuladas por la Delegación de
Finlandia y preguntó si dicha disposición se aplicaba únicamente a los plazos fijados por las oficinas
de propiedad intelectual o asimismo a los plazos especificados por la legislación.
135. La Secretaría contestó que el Artículo 13 bisse ocupaba únicamente de los plazos fijados por
las oficinas de propiedad intelectual.
136. La Delegación de Australia sugirió que, a los fines de la armonización, podría considerarse la
posibilidad de que esta disposición se aplicase asimismo a los plazos establecidos por la legislación.IP/C/W/391
Página 18
SCT/8/7
Página 17
137. La Delegación de las comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en nombre
de sus Estados miembros, afirmó que una nota explicativa podría indicar que el presente artículo se
aplicaría de conformidad con las legislaciones nacionales.
138. La Secretaría dijo que competía al Comité decidir sobre la posibilidad de establecer o no una
prórroga de los plazos establecidos por las oficinas. No obstante, recordó que ello podría ocasionar
incompatibilidades entre algunas oficinas de propiedad intelectual y sus legislaciones nacionales. Tal
como lo había señalado la Delegación del Japón, podrían menoscabarse asimismo los derechos de
terceros.
139. El Presidente invitó a formular comentarios en relación con el Artículo 13 bis.3)
(Excepciones).
140. La Delegación de Suiza sugirió que se añadiesen otras excepciones a la Regla 9.5).
141. La Secretaría sugirió que el apartado vi) de la Regla 9 debería precisar explícitamente que no
se aplicaba al derecho de prioridad. El derecho de prioridad era un derecho importante que no se
abordaba en el documento SCT/8/2, a diferencia del PLT que contemplaba, en su Artículo 13, el
restablecimiento de un derecho de prioridad. Para la próxima sesión, la Secretaría podría elaborar un
nuevo proyecto si los Estados miembros deseaban contar con una disposición específica sobre este
problema.
142. En relación con el Artículo 13 bis.4) y 5) la Secretaría afirmó que, en virtud del
Artículo 13 bis.4), una Parte Contratante no estaba obligada a exigir que se pagase una tasa. El
Artículo 13 bis.5) era una disposición que reflejaba disposiciones similares en el TLT en vigor y
prohibía a las Partes Contratantes imponer requisitos distintos de los mencionados en los párrafos 1)
a 4). En particular, no se podía exigir al solicitante que explicase las razones en que se fundamentaba
su petición o que enviase pruebas a la oficina. La Secretaría indicó que en el párrafo 6) del PLT se
establecía la oportunidad de formular observaciones en caso de rechazo previsto. Para la próxima
sesión, podría incluirse una disposición similar en el proyecto revisado del TLT.
143. La Delegación de la República de Corea dijo que la palabra "podrá" en la presente disposición
daba pie a que las Partes Contratantes exigiesen dichos requisitos en otras disposiciones. Por esta
razón, la Delegación preferiría que se cambiase por "exigirá". Lo mismo se aplicaba al Artículo 3.5).
144. La Secretaría destacó que incluso con la palabra "podrá", ninguna Parte Contratante podría
exigir algo que no figuraba en la disposición ni en el Reglamento.
145. La Delegación de Australia observó que no existían diferencias sustanciales entre ninguna
parte "podrá" y ninguna parte "exigirá" y señaló que la palabra "exigirá" se había utilizado siempre en
el TLT.
146. La Delegación del Canadá afirmó que "exigirá" debía entenderse en el sentido en que se
empleaba "deberá exigir" en la legislación canadiense y sugirió, en aras de que la intención del
Artículo 13 bis.5) fuera absoluta, que se cambiase "podrá exigir" por "exigirá".IP/C/W/391
Página 19
SCT/8/7
Página 18
147. La Delegación de Australia, si bien no se oponía a que se cambiase "podrá exigir" por
"exigirá", opinó que debía hacerse con precaución. La Delegación sugirió a la Secretaría que
examinase esta cuestión, así como los antecedentes históricos de estos términos para la próxima
reunión.
148. La Delegación de la República de Corea apoyó la propuesta de la Delegación de Australia y
señaló que existía el mismo problema en relación con el Artículo 3.5).
149. No se formularon comentarios adicionales sobre el Artículo 13 bis.4) y 5). Por consiguiente,
el Presidente solicitó a la Secretaría que presentase el Artículo 13 ter(Restablecimiento de los
derechos tras un pronunciamiento de la Oficina sobre la diligencia debida o la falta de intención).
150. En relación con el Artículo 13 ter, la Secretaría explicó que obligaba a las Partes Contratantes
a restablecer los derechos respecto de una solicitud o un registro, cuando un solicitante o titular no
hubiera cumplido con un plazo para una acción en un procedimiento ante la oficina. A diferencia del
Artículo 13 bis, dicho restablecimiento de los derechos estaba sujeto a la comprobación por parte de la
oficina de que el incumplimiento se había producido pese a la diligencia debida a las circunstancias, o
era involuntario. Asimismo, siempre a diferencia del Artículo 13 bis, el presente artículo no se
restringía a los plazos fijados por la oficina, aunque estaba sujeto a ciertas excepciones en virtud del
párrafo 2) y la Regla 10.3). Los términos "que dicho incumplimiento tenga como consecuencia
directa el hecho de causar una pérdida de derechos" abarcaban la situación en la que el
incumplimiento de un plazo tuviera como consecuencia una pérdida de derechos en relación con la
capacidad de mantener u obtener el registro de una marca.
151. La Delegación de China puso en entredicho la necesidad de contar con dicha disposición,
además del Artículo 13 ter, en el ámbito de las marcas. La Delegación precisó que esta disposición
podía comprenderse en el ámbito de las patentes ya que la novedad era una cuestión importante y una
pérdida de derechos equivalía a la pérdida definitiva del derecho de patente. No obstante, en el
ámbito de las marcas, el solicitante siempre podía volver a presentar una solicitud.
152. La Delegación del Japón dijo que el restablecimiento de los derechos, tal como se establecía
en la presente disposición podría retrasar el procedimiento en las oficinas de propiedad intelectual,
particularmente en relación con las solicitudes urgentes.
153. La Delegación de Suiza aprobó las observaciones de la Delegación del Japón y observó que
esa medida jurídica desempeñaba una función menor en la esfera de las marcas, a diferencia de lo que
sucedía en el campo de las patentes.
154. La Delegación de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en
nombre de sus Estados miembros, señaló que si para las patentes, la novedad y el derecho de prioridad
eran muy importantes, lo eran asimismo en el caso de las marcas.
155. El Representante de la AIPPI abundó en la importancia de esta disposición que consideraba
más importante que el Artículo 13 bis.
156. La Delegación de China dijo que existían diferencias entre las legislaciones de los Estados
miembros. En China, la diferencia entre las patentes y las marcas era sumamente clara, siendo
fundamental la prioridad para las patentes y una mera cuestión de procedimiento para las marcas.IP/C/W/391
Página 20
SCT/8/7
Página 19
157. La Delegación de la AIPPI dijo que comprendía la preocupación expresada por la Delegación
japonesa en relación con la demora que sufrirían las solicitudes urgentes. Se trataba de un argumento
a favor del Artículo 13 bis. En el Artículo 13 ter, los apartados i), ii) y iii) eran acumulativos. Los tres
puntos debían cumplirse para que pudiera presentarse dicha petición.
158. La Delegación de Yugoslavia señaló que el Artículo 13 ter.1) establecía la firme obligación
para las Partes Contratantes de restablecer los derechos de conformidad con la Regla 10. No obstante,
el plazo contemplado en la Regla 10 era demasiado largo y podría ocasionar cierta incertidumbre
jurídica.
159. El Representante de la AIPPI consideró asimismo que el plazo era demasiado largo. Sugirió
asimismo que se suprimiese la Regla 9.5)iii), que era más importante para las patentes.
160. Previa solicitud, la Secretaría resumió los debates relativos a la propuesta para seguir
armonizando los procedimientos y formalidades en el ámbito de las marcas. El Artículo 8.1),
apartados a), b) y c) se aceptó en cuanto al fondo. En el Artículo 8.1)d) la expresión "una Parte
Contratante estará autorizada …" se reemplazaría por "autorizará". El Artículo 8.2) era una
disposición general que permitía suprimir las referencias a los idiomas en otros artículos. En el
Artículo 8.3) se suprimiría la expresión "el contenido de" y la frase rezaría: "aceptará la presentación
de una comunicación en un formulario". En lo tocante al Artículo 8.4), la expresión "exija una firma"
se reemplazaría por la expresión "exija que se firme una comunicación". El párrafo 5) debía colocarse
entre paréntesis. Por lo que respecta a los párrafos 6), 7) y 8), no se formularon comentarios
específicos. La Oficina Internacional prepararía notas sobre este Artículo para la próxima sesión.
161. En lo tocante a los debates sobre los Artículos 13 bisy 13ter, la Secretaría, prosiguiendo con
su resumen, indicó que dichos artículos se revisarían a fin de que pudiera establecerse una diferencia
clara entre ellos. En relación con el Artículo 13 bis.3), de conformidad con la sugerencia de la
Delegación de Suiza, podría añadirse una reivindicación de prioridad a la lista que figuraba en la
Regla 9.5), a semejanza del PLT. Para la próxima sesión, la Oficina Internacional insertaría un nuevo
párrafo 6) en el Artículo 13 bisque permitiría que las observaciones se presentasen en un plazo
razonable. Una disposición similar figuraba en el PLT. En relación con el término "podrá exigir", la
Secretaría intentaría investigar si existía una distinción claramente convenida en el plano internacional
entre los términos "podrá exigir" y "exigirá".
162. La Secretaría afirmó asimismo que la Regla 9.4) que se refería al Artículo 13 bis.2) se
enmendaría de conformidad con las propuestas formuladas por varias delegaciones. El plazo sería de
dos meses a partir de la fecha de recepción de la notificación. Asimismo, se reduciría el plazo fijado
en la Regla 10.2).
163. Para concluir, la Secretaría confirmó que se publicaría un proyecto revisado en el Foro
Electrónico del SCT, a fin de recabar comentarios sobre los Artículos 8, 13 bisy 13tery las reglas
pertinentes, lo antes posible tras la octava sesión.
164. A falta de comentarios adicionales, el Presidente dio por finalizados los debates sobre el
documentos SCT/8/2.IP/C/W/391
Página 21
SCT/8/7
Página 20
Sugerencias para seguir desarrollando el derecho internacional marcario
165. En referencia al Presupuesto por Programas para el bienio 2002-2003 en el que se establecía
la celebración de cuatro reuniones del SCT para revisar el TLT y armonizar el derecho sustantivo de
marcas, el Presidente señaló que, en la sexta y séptima sesiones del SCT, varias delegaciones y
representantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales habían expresado el deseo
de examinar cuestiones relacionadas con la armonización sustantiva de las leyes destinadas a proteger
las marcas.
166. La Secretaría indicó que el documento SCT/8/3 constituía la base en que se sustentaría el
debate. Las cuestiones se trataban de manera general a fin de abarcar todos los sistemas existentes.
Para la próxima reunión, la Secretaría elaboraría un documento ampliado basado en los debates
celebrados en el SCT.
167. El Presidente invitó a las delegaciones a formular observaciones generales sobre la
armonización sustantiva del derecho marcario.
168. La Delegación de Australia explicó que la aplicación del TLT había sido sumamente
beneficiosa para los titulares de marcas australianos, y que se esperaban beneficios similares de la
armonización sustantiva del derecho marcario.
169. El Representante de la ICC sugirió que la expresión tradicional inglesa "trademark" se
reemplazase por la palabra "mark", como sucedía en español y en francés.
Definición de una marca
170. La Delegación del Uruguay aprobó la armonización sustantiva del Derecho marcario pero
consideró prematuro abordar la cuestión de las marcas no tradicionales.
171. La Delegación de Yugoslavia afirmó que el examen y la publicación de marcas sonoras y
marcas olfativas era una cuestión problemática. Destacó que las oficinas que examinasen los motivos
relativos se enfrentarían a una tarea imposible para determinar la similitud con derechos anteriores y
precisarían examinadores especializados. A este respecto, también las marcas tridimensionales
podrían ocasionar problemas debido a que tendrían que ser examinadas en relación con los dibujos y
modelos industriales. La diferencia entre las marcas y los dibujos o modelos era que las marcas
podían ser protegidas indefinidamente mientras que los dibujos o modelos gozaban de protección
durante 10 a 15 años. En conclusión, la Delegación consideró que resultaba prematuro debatir la
cuestión de las marcas sonoras y las marcas olfativas.
172. La Delegación del Japón abogó por debatir las marcas no tradicionales y sugirió que los
Estados miembros tuviesen la posibilidad de aceptarlas o no.
173. La Delegación de Barbados expresó su preocupación en relación con las nuevas marcas,
poniendo de manifiesto las dificultades que entrañaban las marcas sonoras que infringiesen el derecho
de autor. La Delegación invitó a otras delegaciones a que relatasen sus experiencias con el registro de
marcas sonoras y olfativas.IP/C/W/391
Página 22
SCT/8/7
Página 21
174. La Delegación de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en
nombre de sus Estados miembros, dijo que la verdadera cuestión era menos la definición de un signo
(que debería ser distintivo) que debatir bajo qué condiciones debería aceptarse una marca. En lo
tocante a las marcas sonoras, la Delegación indicó que no ocasionaban problema cuando se trataba de
sonidos musicales pero que resultaban más problemáticas cuando no podían expresarse gráficamente
como, por ejemplo, el ladrido de un perro. En cuanto a las marcas olfativas, el problema consistía en
que, con frecuencia, podían ser gráficamente similares.
175. La Delegación de Australia afirmó que la definición debía ser general y que debía propiciar
un debate sobre las condiciones de registro. Las condiciones para registrar una marca debían ser que
la marca fuera distintiva y pudiera representarse gráficamente.
176. La Delegación del Reino Unido indicó que representar gráficamente un olor era tarea difícil.
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ocupaba actualmente de un caso relativo a
marcas olfativas.
177. La Delegación de Alemania dijo que su país contaba con una definición amplia, siguiendo el
modelo del Acuerdo sobre los ADPIC. En Alemania se aceptaban las marcas sonoras pero no las
marcas olfativas ni los hologramas, que resultaban difíciles de representar. El Tribunal Federal de
Patentes había concluido que, en principio, las marcas olfativas podían registrarse pero que su
representación gráfica constituía un problema fundamental. Alemania había presentado ante el
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas un caso que contribuiría a aclarar esta cuestión en
cuanto se pronunciase una decisión al respecto.
178. La Delegación de Argelia explicó que su país estaba elaborando una legislación revisada en
materia de marcas que podría incluir las marcas sonoras. El problema por el momento consistía en
que los tribunales aceptarían únicamente pruebas en papel pero no en disquetes o cintas. La
Delegación preguntó en cuál de las clases de la clasificación de Viena podrían registrarse las marcas
sonoras.
179. La Delegación de España afirmó que la nueva legislación en materia de marcas que entraría
en vigor el 1 de agosto de 2002 establecía dos condiciones; a saber, la marca debía ser distintiva y
poder representarse gráficamente. En España se habían registrado muy pocas marcas sonoras, en
relación con servicios de la clase 36. También se aceptaban las marcas tridimensionales, en cuyo caso
el problema principal se refería a la frontera con los dibujos y modelos industriales. No se aceptaban
los hologramas ni las marcas olfativas.
180. La Delegación de Francia indicó que en Francia se protegían las marcas sonoras, los
hologramas y las marcas tridimensionales. Los problemas se planteaban en relación con las marcas
olfativas. Francia se encontraba asimismo a la espera de la decisión del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas a este respecto.
181. La Representante de la INTA dijo que el alcance de la protección debería ser lo más amplio
posible y seguir los acontecimientos que se produjesen en la jurisprudencia internacional. No
deberían existir limitaciones en relación con ningún tipo específico de marcas.
182. El Representante de la AIPPI coincidió con el Representante de la INTA y destacó que la
definición debía trascender la definición del Acuerdo sobre los ADPIC al afirmar que el signo debía
poder ser representado gráficamente, lo cual era más general que la condición de que los signos fueranIP/C/W/391
Página 23
SCT/8/7
Página 22
"perceptibles visualmente". La expresión "puedan representarse gráficamente" figuraba en numerosas
leyes y abarcaba las marcas sonoras, los hologramas y las marcas tridimensionales. Únicamente las
marcas olfativas no podían protegerse, pero el número de marcas de este tipo era muy limitado. Si se
consideraban las estadísticas de registros, los dos tercios de las solicitudes de marcas se referían a
palabras, un tercio a marcas figurativas y aproximadamente un 1% a marcas no tradicionales. El
Representante dijo que el SCT no debería formular una recomendación en el sentido de que todos los
países debiesen aceptar solicitudes de marcas no tradicionales, sino elaborar directrices que pudieran
utilizar las oficinas de propiedad intelectual que deseasen aceptar dichas marcas, al recibir solicitudes
relativas a las mismas.
Motivos absolutos de denegación
183. El Representante de la AIPPI explicó que el apartado ii) relativo a un signo que no tuviera
carácter distintivo alguno para diferenciar los productos y servicios tenía un significado idéntico que
el apartado iv) que estipulaba que el signo fuera totalmente genérico. De conformidad con el
Convenio de París, las marcas descriptivas podían ser asimismo marcas que se hubieran convertido en
habituales, por ejemplo, la palabra "red" se había convertido en una palabra habitual. El
Representante sugirió que se reformulase la lista de motivos absolutos de denegación añadiendo
"signos que no puedan representarse gráficamente" en el apartado i) y reformulando el apartado ii) en
relación con la falta de carácter distintivo. En cualquier caso, la lista de motivos absolutos no debería
ser exhaustiva.
184. La Delegación del Japón abogó por una lista no exhaustiva de motivos absolutos a fin de, por
ejemplo, tomar en consideración los cambios que se produjeran en las circunstancias empresariales.
185. El Representante de la INTA sugirió que se añadiesen a la lista tres cuestiones: 1) una
disposición general cuando la marca fuera tan similar a marcas anteriores que pudiera inducir a error,
2) un registro de mala fe y la dilución de una marca notoriamente conocida y 3) la violación de
derechos anteriores como el derecho de autor.
186. La Delegación del Canadá aprobó la propuesta del Japón y abogó por una lista no exhaustiva
de motivos absolutos, que podría incluir asimismo ciertos elementos que se abordaban en el
párrafo 10 (conflictos con derechos anteriores).
187. La Delegación de Yugoslavia apoyó a las Delegaciones del Japón y el Canadá y dijo que las
oficinas debían desempeñar la función pública de proteger a los titulares y a los consumidores de
marcas.
188. La Delegación de España explicó que el Acuerdo sobre los ADPIC se refería a las
denominaciones de origen como motivos absolutos de denegación, lo que debería añadirse a la lista.
189. La Delegación de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en
nombre de sus Estados miembros, no aprobó las tres sugerencias formuladas por la INTA.
190. El Representante de la AIPPI explicó que resultaba razonable que las oficinas que
examinaban los motivos absolutos examinasen asimismo ciertos puntos mencionados por el
Representante de la INTA, si bien se consideraban motivos relativos. El Representante subrayó que
las oficinas no deberían denegar marcas con base a motivos distintos de los mencionados en el
Convenio de París y repitió que preferiría una lista exhaustiva de motivos absolutos.IP/C/W/391
Página 24
SCT/8/7
Página 23
191. La Delegación de la Federación de Rusia afirmó que en ocasiones resultaba difícil trazar una
línea entre los motivos absolutos y los relativos. En relación con los motivos absolutos, la lista
debería ser exhaustiva y en relación con los motivos relativos debería ser no exhaustiva.
192. El Representante de la INTA explicó que no establecía una diferencia entre motivos absolutos
y relativos. Lo verdaderamente importante eran los criterios para registrar una marca.
193. El Representante de la AIPLA dijo que debería considerarse la funcionalidad de una marca,
de conformidad con la directiva de la CE.
194. La Delegación del Canadá explicó que la legislación canadiense protegía, entre otras cosas,
los nombres reales y el nombre de la Cruz Roja y preguntó si dichos signos deberían añadirse a la
lista.
195. El Representante de la AIPPI respondió que dichos signos ya estaban protegidos por el
Artículo 6 terdel Convenio de París.
Conflictos con derechos anteriores
196. El Representante de la AIPPI dijo que los motivos relativos deberían ser examinados bien por
la oficina, bien por el autor de la oposición o por el Tribunal. La lista de los distintos motivos
relativos podría ser amplia. El Representante señaló asimismo que en la primera línea del
párrafo 10)iii) debería suprimirse el término "como para producir confusión" ya que se había
aprobado una norma en relación con las marcas notoriamente conocidas.
197. La Delegación de Yugoslavia sugirió que se precisasen los términos "entrañaría el riesgo de
dilución de una marca notoriamente conocida" que no eran lo suficientemente claros.
198. La Secretaría explicó que el párrafo 10 pretendía abarcar todas las situaciones que se
presentaban en las diferentes legislaciones, por lo que había sido redactado en términos generales.
199. La Delegación del Japón preguntó si la expresión "perjuicio injustificado" ser refería a los
nombres comerciales notoriamente conocidos.
200. La Delegación de Francia consideró que la lista de motivos relativos debía ser no exhaustiva.
201. El Representante de la AIPPI explicó que el párrafo 10)iii) se restringía a los nombres
comerciales notoriamente conocidos.
202. La Secretaría señaló que en el párrafo 10)iv) los nombres comerciales se mencionaban como
derechos anteriores.
203. El Representante de la AIPPI confirmó que los dos párrafos mencionados incluían los
nombres comerciales.IP/C/W/391
Página 25
SCT/8/7
Página 24
Otros motivos facultativos
204. El Presidente propuso que, a continuación, se debatiesen los motivos facultativos de
denegación.
205. La Secretaría explicó que se tomaría como base para el debate los conflictos entre los dibujos
y modelos industriales y las marcas, así como entre el derecho de autor y las marcas.
206. La Delegación de Yugoslavia explicó que, de conformidad con la legislación de su país, tanto
el derecho de autor como los dibujos y modelos industriales se consideraban derechos anteriores y
constituían motivos posibles para denegar una marca. La oficina de propiedad intelectual que
registraba las marcas y los dibujos y modelos efectuaría una búsqueda para detectar posibles
conflictos. En lo tocante al derecho de autor, la oficina de propiedad intelectual efectuaba una
comprobación en la oficina de derecho de autor. Los conflictos entre las marcas y el derecho de autor
se dirimían ante un tribunal.
207. La Delegación de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en
nombre de sus Estados miembros, afirmó que los dibujos y modelos industriales, el derecho de autor,
las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas debían considerarse derechos anteriores.
Dicho enfoque no debía ser facultativo para las oficinas de propiedad intelectual.
208. La Delegación del Uruguay afirmó que la infracción de los derechos respecto de un dibujo y
modelo industrial o de una obra protegida por derecho de autor debería investigarse en profundidad,
en particular en lo tocante al criterio de novedad.
209. La Delegación de Suecia destacó que en el Artículo 4.4.c) de la Directiva de la CE, el derecho
a un nombre, el derecho a una imagen personal, el derecho de autor y el derecho de propiedad
industrial se mencionaban en particular como derechos anteriores.
210. La Delegación del Canadá consideró que los conflictos entre las marcas y el derecho de autor
consistían un área de estudio muy interesante y señaló que el alcance de la protección del derecho de
autor abarcaba los 50 ó 70 años posteriores a la muerte de la persona. La Delegación preguntó si un
derecho de autor que hubiese pasado al dominio público podría registrarse como marca.
211. La Delegación de Australia dijo que la protección del derecho de autor, los dibujos y modelos
industriales y las marcas era diferente, como lo eran sus formas de utilización y los derechos que se
concedían en virtud de los mismos. No obstante, estas otras formas de derechos podían suponer a
menudo la titularidad sobre el material objeto de una solicitud de marca. Por consiguiente, resultaría
apropiado que los Estados miembros cuya legislación lo permitiera, pudieran oponerse al registro de
una marca basándose en dichos motivos.
212. La Delegación del Reino Unido se refirió al caso Remington interpuesto ante el Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas, que trazaría la línea entre las marcas y los dibujos y modelos
industriales.
213. La Delegación de Francia afirmó que era importante que los dibujos y modelos industriales, el
derecho de autor y las denominaciones de origen fuesen considerados derechos anteriores.IP/C/W/391
Página 26
SCT/8/7
Página 25
214. El Representante de la AIPPI confirmó que el derecho de autor y los dibujos y modelos
industriales debían considerarse derechos anteriores y precisó que era posible una protección
acumulativa como marca tridimensional y dibujo y modelo industrial. El criterio que debía adoptarse
en relación con una marca tridimensional debía ser su carácter distintivo.
Derechos conferidos por el registro
215. La Secretaría señaló que el Artículo 16.1) del Acuerdo sobre los ADPIC definía los derechos
conferidos. Los posibles objetos de debate podían ser la definición de la expresión "en el curso de
operaciones comerciales" y la aclaración de los términos "riesgo de confusión" y "riesgo de
asociación". Podría debatirse asimismo la utilización apropiada de los signos notoriamente
conocidos "TM" y ®.
216. La Delegación del Japón preguntó a la Secretaría si por el término "marca" que figuraba en el
párrafo 14.ii) se entendían las marcas notoriamente conocidas.
217. La Secretaría contestó que dicho apartado pretendía abarcar distintas situaciones, incluidas las
marcas notoriamente conocidas.
218. La Delegación de España afirmó que los derechos conferidos por el registro no debían
definirse únicamente de manera negativa sino que deberían ilustrarse asimismo los derechos que se
derivaban de un registro. Un ejemplo de derechos positivos sería la utilización de una marca en el
curso de una operación comercial. La Delegación destacó que los derechos conferidos deberían
abarcar asimismo la utilización de los signos en Internet, tal como figuraba en el documento.
219. El Representante de la AIPPI hizo suya la opinión de la Delegación de España y explicó que
el registro concedía el derecho exclusivo de impedir a terceros la utilización de la marca, así como el
derecho positivo que debería afirmarse. El Representante añadió que el párrafo 14.ii), en lo relativo a
la dilución o el perjuicio indebido, abarcaba las marcas y sugirió que se incluyesen en los debates las
normas convenidas en las Recomendaciones Conjuntas sobre la protección de las marcas
notoriamente conocidas. En lo relativo a los términos "confusión" y "asociación", que constituían una
cuestión sumamente importante, precisó que la norma en Europa consistía en que el riesgo de
confusión incluía el riesgo de asociación.
220. La Delegación del Uruguay apoyó la propuesta de la Delegación de España e indicó que el
párrafo 14 figuraba en la mayoría de las legislaciones de los países de América Latina.
221. La Delegación de Australia aprobó el enfoque positivo propuesto por la Delegación de
España y sugirió a la Oficina Internacional que siguiera elaborando este enfoque en el documento que
debía preparar para la próxima sesión. La Delegación, haciendo referencia a la legislación
australiana, explicó que no existía el derecho positivo de utilizar la marca en el curso de operaciones
comerciales. Por consiguiente, la Delegación sugirió a este respecto que se adoptase una disposición
no imperativa.
222. La Delegación de Yugoslavia preguntó si los apartados i) y ii) deberían ser acumulativos y
pidió que se aclarase en el futuro documento. La Delegación propuso asimismo que se siguiese
debatiendo la cuestión de la utilización de una marca por parte de terceros no autorizados, lo que
constituiría un objetivo importante en aras de la armonización.IP/C/W/391
Página 27
SCT/8/7
Página 26
223. La Delegación de Australia indicó que se debatirían las distintas formas de utilización que se
mencionaban en el párrafo 15 del documento SCT/8/3.
224. La Delegación de Suecia se refirió al Artículo 6.1 de la Directiva de la CE afirmando que los
términos genéricos podían utilizarse en el curso de operaciones comerciales, siempre que se utilizasen
de conformidad con las prácticas comerciales leales. La Delegación mencionó asimismo que en
numerosos países se permitía la utilización de una marca con fines no comerciales y convino con otras
delegaciones en que debía seguir estudiándose la cuestión.
225. La Delegación del Canadá apoyó el principio de un enfoque positivo a los derechos
conferidos, si bien los países de derecho anglosajón encontrarían ciertas dificultades en relación con el
mismo. La Delegación abogó asimismo porque se siguiese debatiendo la cuestión de la utilización de
las marcas.
226. La Delegación del Reino Unido dijo que debería examinarse la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas.
227. El Representante de la AIPPI dijo que el apartado 14)i) debía permanecer en su forma actual.
El Artículo 16.1) del Acuerdo sobre los ADPIC estipulaba de que en caso de que se utilizase un signo
idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumiría que existía probabilidad de confusión. El
titular de la marca debía poder intervenir en este tipo de situación. El Representante señaló asimismo
que podían utilizarse nombres genéricos, tal como habían sido definidos por Suecia, pero que debía
profundizarse esa cuestión.
228. La Delegación de Australia convino con el representante de la AIPPI en que el párrafo 14.i)
debía conservarse en su forma actual. Los términos genéricos debían utilizarse de manera tal que no
pusiesen en peligro el carácter distintivo de una marca.
229. La Delegación de Suecia dijo que no debería aceptarse en relación con los términos genéricos
otros significados distintos del indicado por el Representante de la AIPPI y la Delegación de
Australia.
230. El Representante de la INTA afirmó que debería impedirse el uso genérico de las marcas y
apoyó las sugerencias de Suecia y la AIPPI.
231. El Presidente solicitó al SCT que formulase comentarios específicos sobre los conceptos de
confusión y asociación, la utilización en el curso de operaciones comerciales y la utilización de los
símbolos TM y ®.
232. La Delegación de Yugoslavia explicó que, en su país, la utilización de los símbolos TM y ®
no se prohibía ni se prescribía. En la legislación futura de Yugoslavia la utilización del símbolo ® se
autorizaría únicamente a los titulares de marcas registradas.
233. La Delegación de Australia dijo que la legislación de su país no exigía que el titular probara
que el uso de un signo diera lugar a confusión o falsa asociación. El simple uso de un signo como
marca o la "utilización en el curso de operaciones comerciales" en productos conexos era suficiente
para establecer la infracción. En lo tocante a la utilización de los símbolos TM y ®, resultaría
beneficioso que se alcanzase una mayor comprensión internacional. En particular, la utilización del
signo ® debería autorizarse únicamente a los titulares de marcas registradas. No obstante, en losIP/C/W/391
Página 28
SCT/8/7
Página 27
países de derecho anglosajón, se permitía la utilización de una marca sin necesidad de registrarla. La
Delegación agradecería que se debatiese la cuestión de la confusión y la asociación, así como la
utilización de los símbolos TM y ®.
234. La Delegación de Francia señaló que, de conformidad con una decisión del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas, el riesgo de asociación se consideraba una subcategoría del
riesgo de confusión. En Francia, no existía legislación relativa a la utilización de los símbolos TM
o ®; no obstante, cabía observar que dichos símbolos se utilizaban por lo general cuando el carácter
distintivo de la marca era muy débil.
235. La Delegación de España explicó que no existía legislación en España en relación con la
utilización de los símbolos TM o ®. Era competencia de los tribunales decidir si la utilización de
dichos símbolos podía inducir a error.
236. La Delegación de Bélgica dijo que las nociones de confusión y asociación eran muy
importantes y que habían causado ciertos problemas a la legislación del Benelux. La Delegación
abogó porque se siguiese trabajando sobre esas cuestiones, particularmente en el marco de la
armonización del derecho.
237. El Representante de la AIPPI señaló que el Artículo 5.D del Convenio de París establecía que
no se exigiría ningún signo o mención del registro de la marca sobre el producto, como condición para
el reconocimiento del derecho a la protección. Por consiguiente, la utilización de los símbolos TM
y ® constituirían únicamente una opción. Asimismo, de conformidad con la ley Lanham de los
EE.UU., si no se utilizaba el símbolo ®, esto tendría un efecto sobre los daños que deberían
indemnizarse. No obstante, el símbolo ® constituía un instrumento útil cuando se registraba la marca.
A la inversa, el símbolo TM jurídicamente no tenía ningún significado. Por consiguiente, la
Delegación sugirió que no se alentase la utilización del símbolo TM.
238. La Delegación de los Estados Unidos explicó que el registro de una marca no confería un
derecho en los Estados Unidos. La utilización en el comercio establecía el derecho sobre una marca.
La utilización del símbolo ® se permitía tras el registro; no obstante, cabían excepciones cuando la
marca se registraba en otros países.
239. La Delegación de Australia se opuso a la promoción de la utilización del símbolo TM pero
abogó por promover un mejor conocimiento del uso de dichos símbolos que debería restringirse a
ciertas circunstancias. En Australia existía cierta jurisprudencia en la que los tribunales recogían la
existencia del símbolo TM.
240. La Delegación del Uruguay abogó porque se siguiesen debatiendo las nociones de confusión
y asociación y dijo que en su país no existía legislación relativa a la utilización de los símbolos TM
o ® y que la oficina de propiedad intelectual no podía controlar la utilización de dichos signos en el
comercio, que era competencia de los tribunales.
241. La Delegación del Canadá abogó asimismo porque se siguiesen debatiendo la cuestiones de la
confusión y de la utilización de los símbolos TM y ®. Observó que la utilización del símbolo TM era
más común en relación con marcas muy débiles y dijo que competía a los tribunales decidir sobre la
utilización de dichos símbolos.IP/C/W/391
Página 29
SCT/8/7
Página 28
242. La Delegación de la Federación de Rusia indicó que en su país no existían disposiciones
relativas a la confusión. El titular gozaba del derecho de utilizar la marca y de impedir a terceros el
uso de marcas idénticas. Asimismo, se otorgaba protección a las marcas notoriamente conocidas. La
Delegación opinó que sería justo conceder a los titulares de marcas la posibilidad de utilizar el
símbolo TM en relación con sus marcas. En la futura legislación rusa en materia de marcas, se
estipularía la utilización de los símbolos TM y ®.
243. La Delegación de los Estados Unidos dijo que competía a los tribunales tomar decisiones
sobre los derechos conferidos por las marcas.
244. La Delegación de Suiza dijo que en su legislación no se abordaba la utilización de los
símbolos TM y ® pero que sería útil que se debatiese la cuestión. La Delegación sugirió que se
determinase dónde debería localizarse dicho símbolo ya que una marca podía contener partes que no
estuvieran protegidas como tal.
245. El Representante de la INTA explicó que el símbolo TM era importante para los titulares de
una marca que no deseasen registrarla. La utilización de dichos símbolos en las publicaciones era
muy conveniente e importante.
246. La Delegación de Argelia señaló que el símbolo ® se utilizaba cada vez más en el comercio
internacional. El símbolo resultaba asimismo muy útil para el programa de control de calidad y para
los funcionarios de aduanas, a fin de demostrar que el producto no era fraudulento ni falsificado.
247. El Representante de la ICC dijo que el símbolo ® permitía la posibilidad de señalar a los
consumidores y al público en general que la marca estaba protegida. El Representante sugirió
asimismo que debía contemplarse la posibilidad de imponer sanciones en relación con la utilización
abusiva de dichos símbolos.
248. El Representante de la INTA dijo que debería permitirse la utilización del símbolo ®. Debían
examinarse asimismo las normas de empaquetado en el mercado internacional y la utilización en
Internet.
Requisitos de uso, uso de la marca
249. El Representante del CEIPI afirmó que no deberían existir requisitos de uso en el momento de
presentar la solicitud, puesto que ya quedaba establecido por el Artículo 15.3 del Acuerdo sobre los
ADPIC. El Representante preguntó si el principio debería conservarse en el documento.
250. La Delegación de España sugirió que se determinasen las circunstancias a que se hacía
referencia en el párrafo 18)iii) (tal como la fuerza mayor). Los criterios no deberían limitarse a las
circunstancias independientes de la voluntad del titular de la marca, sino también al grado de
importancia de dichas circunstancias. En relación con el párrafo 18.iv), en España no existían
disposiciones relativas a la anulación de oficio de una marca por parte de la oficina. La oficina no
pedía pruebas del uso de la marca en el momento de renovarla.
251. La Delegación de Yugoslavia preguntó si el período de falta de uso contemplado en el
párrafo 18.ii) podría contar asimismo a partir del momento en que se había utilizado la marca por
última vez. Las causas mencionadas en el apartado iii) podrían ser la fuerza mayor o actos fortuitos,
debiéndose aclarar la distinción entre ambos términos. En lo tocante a la anulación, la iniciativa porIP/C/W/391
Página 30
SCT/8/7
Página 29
lo general procedía de una parte interesada. La cancelación de oficio de un registro por parte de la
oficina requeriría demasiado trabajo.
252. La Delegación del Japón propuso que el período mencionado en el párrafo 18.ii) se contara a
partir de la fecha de registro o de la última utilización. El motivo de esta propuesta era que aun
cuando el titular del derecho utilizara la marca una única vez, dicha utilización seguiría constituyendo
interrupción del período de falta de uso. Asimismo, la Delegación se refirió al Artículo 5.C del
Convenio de París, que establecía que el registro no podría ser anulado a no ser que el interesado no
justificara las causas de su inacción. La Delegación propuso que ese incluyese en el párrafo 19 del
Artículo 5 de la Recomendación Conjunta de la OMPI sobre las licencias de marcas.
253. La Delegación de Argelia afirmó que en su país únicamente los tribunales gozaban de
competencia para anular el registro, y no la oficina.
254. La Delegación de las Comunidades Europeas afirmó que la legislación de la CE no preveía la
anulación de oficio por parte de la Oficina y expresó su preocupación por la posibilidad de que se
introdujese dicha medida. Asimismo, el requisito de uso se contemplaba en el Artículo 15.3 del
Acuerdo sobre los ADPIC. El término "independientes" que figuraba en el párrafo 18.iii) era
demasiado general ya que la inacción debía justificarse.
255. El Representante de la AIPPI sugirió que se suprimiese el párrafo 18, ya que las disposiciones
estaban contenidas en el Acuerdo sobre los ADPIC. No obstante, el párrafo 19 debería conservarse.
256. La Secretaría observó que las sugerencias contenidas en el documento SCT/8/3 se basaban en
el Convenio de París o en el Acuerdo sobre los ADPIC pero que, a pesar de todo, era posible que
requiriesen una mayor precisión. El período de falta de uso, tal como se describía por ejemplo en el
párrafo 18.ii) variaba en función de los países por lo que resultaría útil adoptar un enfoque común a
fin de que el titular supiese cuando comenzaría el período de falta de uso. El párrafo 18.iv) era
optativo y ofrecía a las oficinas de propiedad intelectual la posibilidad de eliminar la "rémora" de su
registro.
257. La Delegación de Australia apoyó el conjunto del párrafo 18. En relación con el apartado ii),
sugirió que se introdujese un período de gracia para el titular de la marca durante el que no pudieran
emprenderse acciones por falta de uso. Este período de gracia se calcularía a partir de la fecha de
registro. Debía abordarse la cuestión de cuándo comenzaría el plazo aplicable a la falta de uso
durante un período ininterrumpido. La Delegación discordó con la AIPPI e indicó que, si bien el
párrafo 18)iii) era similar a otras disposiciones de tratado, dicha referencia era necesaria. El
apartado iv), si bien era espinoso desde un punto de vista práctico, era un tema nuevo que merecía la
pena ser debatido. En lo tocante al apartado v), el uso de la marca debería expresarse en modo
positivo.
258. La Delegación de Suecia dijo que el apartado iv) debía ser no vinculante. La anulación de un
registro debía efectuarse por solicitud de terceras partes.
259. La Delegación de Mauricio dijo que las pequeñas oficinas de propiedad intelectual
encontraban dificultades para aplicar el TLT. Deberían tomarse en consideración las necesidades
específicas de dichas oficinas, tanto en relación con el documento SCT/8/2 como con el SCT/8/3.IP/C/W/391
Página 31
SCT/8/7
Página 30
260. La Delegación del Canadá abogó porque se siguiese debatiendo el párrafo 18 e indicó que la
utilización debería definirse del mismo modo en los párrafos 15, 18 y 19.
261. La Delegación de Francia convino con la Delegación de Australia acerca de la conveniencia
de conservar el párrafo 18 y de que debían indicarse las disposiciones pertinentes del Convenio de
París o del Acuerdo sobre los ADPIC. La Delegación hizo referencia asimismo al Artículo 12 de la
Directiva CE, de conformidad con la cual el comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres
meses anterior a la presentación de la demanda de caducidad no se tomaría en cuenta si los
preparativos para el inicio y la reanudación del uso se hubieren producido después de haberse
enterado el titular de que la demanda de caducidad podía ser presentada. Este aspecto debería
abordarse asimismo en el párrafo 18.
262. La Delegación de Yugoslavia aprobó las propuestas del Canadá y Australia, así como el plazo
de tres meses mencionado por la Delegación de Francia. En relación con el Artículo 19 podrían
plantearse problemas en relación con el uso respecto de servicios. La utilización en la publicidad
debería bastar en cuanto a lo que a servicios se refería. La Delegación preguntó asimismo si la
cuestión de las importaciones paralelas se consideraría como uso de una marca.
263. El Representante de la ICC dijo que, independientemente de las legislaciones existentes,
el SCT debería examinar en esta etapa todos los temas posibles. En relación con el párrafo 18, era
importante definir a partir de qué punto comenzaría a contarse el período de falta de uso. El
párrafo 18)v) era muy importante ya que el carácter distintivo de una marca era la piedra angular de
los usuarios de marcas, las oficinas de propiedad intelectual y los tribunales. Este criterio debería
seguirse debatiendo a fin de que pudieran establecerse directrices para todas aquellas personas que se
ocupaban de marcas, ya se tratase de usuarios, oficinas de propiedad intelectual o tribunales.
264. El Representante de la AIPPI añadió que, en algunos países, en los procedimientos de
oposición, el autor de la oposición debía probar que la marca no había sido utilizada.
265. El Representante del CEIPI explicó que los debates celebrados en la sesión especial del SCT
en relación con el uso abusivo de nombres de dominio demostraban que la protección de marcas no
registradas seguía siendo un problema dentro de la Política Uniforme debido a que ciertos países no
reconocían las marcas no registradas. La experiencia de los países que reconocían las marcas no
registradas podría ser beneficiosa a este respecto.
266. La Delegación de la República de Corea afirmó que el término "anulación" revestía un
significado diferente en los párrafos 16 y 18. En el párrafo 16, debería utilizarse el término
"invalidación" en lugar de "anulación".
267. La Secretaría sugirió que se distribuyese a los Estados miembros un cuestionario, a fin de que
la Oficina Internacional elaborase un nuevo documento basado en el documento SCT/8/3. Ese
documento ampliado incluiría referencias a la jurisprudencia y a los tratados en vigor y tomaría en
consideración los debates celebrados en la octava sesión en relación con las siguientes cuestiones:
- la definición de una marca: marcas no tradicionales, interfaz de las marcas con el
derecho de autor y los dibujos y modelos industriales;
- los motivos de denegación;IP/C/W/391
Página 32
SCT/8/7
Página 31
- los derechos anteriores: ejemplos propuestos por los Estados miembros;
- los derechos conferidos por el registro: enfoque positivo, conceptos de confusión y
asociación;
- la utilización de los símbolos "TM" y "®";
- el criterio del carácter distintivo; términos genéricos, utilización de expresiones
extranjeras;
- las marcas no registradas.
268. La Delegación de España preguntó si el nuevo documento estaría listo para la próxima
reunión del SCT, que se celebraría en noviembre.
269. La Secretaría respondió que, en principio, el documento se enviaría a los Estados miembros
por adelantado para que pudiera debatirse en la reunión de noviembre del SCT.
270. La Delegación del Uruguay preguntó si en el próximo documento se abordaría el párrafo 20
del documento SCT/8/3 relativo a la observancia.
271. La Secretaría indicó que aún no se habían abordado ciertos puntos del documento SCT/8/3,
entre los que se contaban la "observancia", la "posibilidad de registrar una marca", la "administración
y el registro de marcas" y la "anulación". La Secretaría dijo que el SCT decidiría si deseaba incluirlos
o no en el nuevo documento.
272. La Delegación del Uruguay expresó su deseo de que se incluyese el párrafo 20 titulado
"observancia" en el documento ampliado. Su delegación consideraba importante examinar ciertos
estudios realizados por la Oficina Internacional.
273. La Secretaría informó al SCT de que el Comité Asesor en materia de Observancia se reuniría,
en principio, en septiembre de 2002 y debatiría, entre otras cosas, esta cuestión.
274. La Delegación de Egipto dijo que el documento ampliado abarcaría únicamente los párrafos
debatidos durante la presente sesión.
275. El Representante de la ICC preguntó si en el documento ampliado se combinarían el
documento SCT/8/2 y el documento SCT/8/3.
276. La Secretaría contestó que no se combinarían los documentos SCT/8/2 y SCT/8/3 e indicó
que el documento ampliado basado en el documento SCT/8/3 tomaría en consideración los debates
celebrados en la presente sesión y, si procedía, las respuestas al cuestionario que se enviaría a los
Estados miembros.
277. En relación con la reunión del Comité Asesor en materia de Observancia, la Secretaría dijo
que había comenzado los trabajos para organizar su próxima reunión. Dicha reunión se celebraría en
septiembre pero aún no se habían fijado ni la fecha definitiva ni el nombre de la reunión. Los Estados
miembros recibirían próximamente información al respecto.IP/C/W/391
Página 33
SCT/8/7
Página 32
Punto 6 del orden del día: Indicaciones geográficas
278. El Presidente indicó que los pasados debates sobre las indicaciones geográficas se basaban en
el documento SCT/5/3 "Posibles soluciones a los conflictos que puedan plantearse entre marcas e
indicaciones geográficas y entre indicaciones geográficas homónimas". Tras debatir dicho documento
en la quinta sesión, se presentó en la sexta sesión un nuevo documento llamado SCT/6/3. Dicho
documento fue revisado ligeramente y recibió el número de referencia SCT/8/4. Existía asimismo un
nuevo documento llamado SCT/8/5, que era una adenda.
279. A petición del Presidente, la Secretaría presentó el documento SCT/8/4, señalando que era
muy similar al documento SCT/6/3, que había sido ligeramente enmendado sobre la base de los
comentarios formulados por los Estados miembros en la última sesión. Se habían introducido las
siguientes enmiendas:
- se había añadido una nueva línea al final del párrafo 1;
- se había enmendado la línea 2 del párrafo 8;
- se había añadido el párrafo 33;
- se habían enmendado ligeramente los párrafos 92 y 95;
- se había añadido al párrafo 105 la nota a pie de página 43.
280. En relación con el documento SCT/8/5, la Secretaría recordó que el documento SCT/8/4
contenía un panorama de los antecedentes históricos de las indicaciones geográficas, la naturaleza de
los derechos, los sistemas vigentes de protección y la obtención de protección en otros países. En la
séptima sesión del SCT, los Estados miembros convinieron en que la Oficina Internacional debía, en
preparación de los debates que se celebrarían en la octava sesión, complementar dicho documento con
una adenda que abarcase la siguiente lista no exhaustiva de cuestiones: definiciones de las
indicaciones geográficas, protección de una indicación geográfica en su país de origen, protección de
las indicaciones geográficas en el extranjero, términos genéricos, conflictos entre indicaciones
geográficas y marcas, y entre indicaciones geográficas homónimas. La Secretaría afirmó que la
cuestión de la definición y de la terminología aplicable era el punto de partida en que se basarían los
debates. Históricamente, se habían utilizado distintos términos, que se recogían en los párrafos 5 y 6:
indicaciones de procedencia, denominaciones de origen, e indicaciones geográficas. Esos términos
reflejaban distintos enfoques y procedían de distintos instrumentos internacionales. No obstante, la
definición de indicaciones geográficas que figuraba en el Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC
parecía prevalecer en los foros internacionales, incluida la séptima sesión del SCT. El párrafo 6
contenía otras definiciones de indicaciones geográficas. La Secretaría opinaba que, en esta etapa, el
Comité debía abordar la definición y la terminología aplicable sin emitir juicios anticipados acerca de
las repercusiones jurídicas que pudiesen entrañar las definiciones.
281. La Delegación de Alemania dijo que ambos documentos eran exhaustivos y constituían una
valiosa fuente de información. La Delegación consideraba que el debate de dichos documentos
facilitaría una mejor comprensión de las cuestiones objeto de estudio, basándose en información
presentada de manera neutra y preguntó si estaba en lo cierto al pensar que éste era precisamente el
objetivo de incluir esta cuestión en el orden del día del SCT.
282. La Secretaría afirmó que ése era precisamente el objetivo de los debates que se celebraban en
relación con este punto del orden del día en el SCT.
283. El Presidente solicitó comentarios sobre la Parte II del documento SCT/8/5.IP/C/W/391
Página 34
SCT/8/7
Página 33
284. La Delegación de Yugoslavia indicó que existían numerosos problemas en relación con la
definición de indicaciones geográficas, no solamente desde el punto de vista lingüístico sino asimismo
en relación con las consecuencias jurídicas de las definiciones. Dichos problemas eran ocasionados
por la introducción del término "indicaciones geográficas" en el Acuerdo sobre los ADPIC, siendo así
que dicho término había sido utilizado previamente en la OMPI como término global que designaba a
las indicaciones de procedencia y a las denominaciones de origen. En tres acuerdos internacionales
figuraban tres definiciones de derechos diferentes, cada una de ellas con su propio ámbito de
protección. La Delegación sugirió, por consiguiente, que se aprobase el término "denominaciones de
origen geográfico". Otra posibilidad consistía en utilizar la indicación de procedencia como término
global ya que las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen se incluían en la categoría
de indicaciones de procedencia. A juicio de la Delegación, la Secretaría debería considerar en el
futuro la utilización del término "indicaciones de origen geográfico" para abarcar prácticamente todas
las definiciones tradicionales relativas a las denominaciones de origen, indicaciones de procedencia o
indicaciones geográficas.
285. La Delegación de la Argentina consideró que, en el momento actual, el Comité no debía
buscar nuevas definiciones. La Secretaría de la OMC, al recapitular las propuestas formuladas por sus
Estados miembros, se enfrentaba con problemas planteados por la multiplicidad de definiciones que
existían en los planos nacional, regional e internacional. La Delegación dijo que prefería utilizar la
definición del Acuerdo sobre los ADPIC. Esta definición abarcaba al mayor número de Estados
miembros de un acuerdo multilateral. La Delegación consideró que el punto de partida debería ser la
definición contenida en el Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC.
286. La Delegación de Yugoslavia añadió que su propuesta estaba destinada a ser examinada
únicamente por la OMPI. A juicio de su delegación, la definición de indicaciones geográficas del
Acuerdo sobre los ADPIC era muy similar a la definición del Arreglo de Lisboa, de la que eran
miembros 20 países, pero la definición del Acuerdo sobre los ADPIC no bastaba por sí misma para
definir las denominaciones de origen en virtud del Arreglo de Lisboa. La Delegación subrayó que, en
el plano internacional, existían tres acuerdos internacionales con tres definiciones diferentes:
denominaciones de origen, indicaciones geográficas e indicaciones de procedencia. La Delegación
consideró que las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas formaban parte de las
indicaciones de procedencia, aunque no todas las indicaciones de procedencia reunían las condiciones
necesarias para ser protegidas como indicaciones geográficas y no todas las indicaciones geográficas
reunían las condiciones necesarias para ser protegidas como denominaciones de origen.
287. La Delegación de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en
nombre de sus Estados miembros, coincidió con los comentarios formulados por la Delegación de
Argentina y dijo que, si bien existían distintas terminologías, el denominador común debía ser el
Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC. En la legislación de la CE se establecía la protección de
las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen. El documento SCT/8/5 proponía un
buen enfoque para abordar esta cuestión y constituía una buena base para entablar un debate en torno
a la misma. La Delegación consideró que los debates del Comité deberían basarse en la definición
que figuraba en el Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC ya que en él se abordaban las
cuestiones de los vínculos objetivos y de la reputación, que eran dos elementos importantes. El
contenido de la definición proporcionaba las bases de los elementos que servirían para proteger las
indicaciones geográficas. El Artículo 21.1 del Acuerdo sobre los ADPIC cumplía este requisito.IP/C/W/391
Página 35
SCT/8/7
Página 34
288. La Delegación de Alemania hizo suyas las declaraciones de las Delegaciones de la Argentina
y de las Comunidades Europeas. La Delegación tenía entendido que, en el contexto del Consejo de
los ADPIC de la OMC, se proponía otro término, lo más neutral posible, con fines prácticos. La
Delegación señaló que los párrafos 5 a 9 del documento podrían debatirse desde dos puntos de vista:
una descripción de la terminología existente y un panorama del desarrollo del sistema en el futuro.
Los Artículos 22 y 23 del Acuerdo sobre los ADPIC preveían dos niveles distintos de protección
aunque en ambos artículos se utilizaba la misma terminología; a saber, indicaciones geográficas.
Cabría concebir una legislación con distintos niveles de protección, que utilizase distintos términos
para designar cada tipo de protección pero la Delegación consideró prematura esta cuestión. La
Delegación concluyó diciendo que apoyaba la propuesta de las Comunidades Europeas de utilizar la
definición del Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC como punto de partida de los debates
del SCT.
289. La Delegación de los Estados Unidos de América dijo que los documentos SCT/8/4 y 5 no
apuntaban en ninguna dirección específica y coincidió con los comentarios formulados por las
Delegaciones de la Argentina, las Comunidades Europeas y Alemania acerca del enfoque que
adoptaría el SCT en relación con las cuestiones de la definición y la terminología. El SCT podría
considerar otras tareas en relación con las indicaciones geográficas, pero debía partir de la cuestión
básica: la materia de las indicaciones geográficas que pueda protegerse. A este respecto, en los
documentos SCT/8/4 y 5 se proponían distintas soluciones a este problema. La Delegación planteó
asimismo la cuestión de proteger como indicaciones geográficas los nombres de países, localidades,
nombres históricos, nombres de lugares, emblemas, signos en tres dimensiones y locuciones y
nombres de lugares que habían dejado de existir. La Delegación indicó que, del mismo modo que
existía un entendimiento internacional común acerca de la materia de las marcas que podía protegerse,
al menos en relación con las palabras, frases, dibujos o modelos y combinaciones de colores, o marcas
de servicio, existía la necesidad de alcanzar un entendimiento común acerca de lo que el Comité
denominaba indicaciones geográficas. Por consiguiente, la Delegación propuso que se llegase a un
entendimiento común sobre la materia de las indicaciones geográficas que podía protegerse desde la
perspectiva de la propiedad intelectual, sin duplicar la labor realizada por la OMC. La labor de
la OMC se basaba en el comercio y, lógicamente, estaba influida por consideraciones comerciales.
Por el contrario, la OMPI era un foro en el que el debate sobre las indicaciones geográficas se
centraba en los principios de propiedad intelectual. La materia protegible de las indicaciones
geográficas debía tener como punto de partida el Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC.
290. La Delegación de Australia observó que en el documento se destacaban varias cuestiones. La
Delegación convino con las Delegaciones de las Comunidades Europeas, Alemania, la Argentina y los
Estados Unidos de América en que la definición que figuraba en el Acuerdo de los ADPIC era un
buen punto de partida, si bien existían terminologías diferentes en otros acuerdos internacionales. Por
ello, en ocasiones podría resultar apropiado referirse específicamente a dichas terminologías. Los
comentarios formulados por la Delegación de las Comunidades Europeas hacían hincapié en el
vínculo objetivo y la reputación. Ambas cuestiones revestían gran importancia en distintas leyes. La
Delegación observó que, antes de que entrara en vigor el Acuerdo sobre los ADPIC, numerosos países
no contaban con protección para las indicaciones geográficas. En el proceso de aplicación de las
disposiciones sobre indicaciones geográficas del Acuerdo sobre los ADPIC, numerosos países habían
utilizado la definición del Artículo 22.1 como base para su legislación, sin especificar cuestiones
como los vínculos objetivos o qué productos podrían gozar de protección en tanto que indicaciones
geográficas. El SCT podría debatir asimismo el problema de probar la reputación particular que se
atribuía al origen geográfico de productos. En este contexto, la Delegación de Australia apoyó la
propuesta de la Delegación de los Estados Unidos de América en el sentido de que la materia de lasIP/C/W/391
Página 36
SCT/8/7
Página 35
indicaciones geográficas que podría protegerse era un punto de partida útil para los debates del
Comité.
291. La Delegación de Sri Lanka no compartía la mayoría de las opiniones y comentarios
formulados por las delegaciones anteriores pero consideró que los documentos de la OMPI resultaban
sumamente útiles y que la definición del Acuerdo sobre los ADPIC constituía un buen punto de
partida. La Delegación recordó que, en la Ley Tipo de la OMPI de 1975, que algunos países
observaban, la definición de indicaciones geográficas figuraba más bien como denominaciones de
origen. Con anterioridad a esta definición, dichos países utilizaban indicaciones de procedencia. A
juicio de la Delegación, el ámbito de la definición de las indicaciones geográficas se encontraría entre
ambos conceptos. Cuando entró en vigor el Acuerdo sobre los ADPIC, se requirió a los países en
desarrollo que incorporasen dichas disposiciones a su legislación. Por consiguiente, la mayoría de
ellos siguieron la definición que figuraba en el Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC. La
Delegación insistió en que la labor del SCT no debería obstaculizar la aplicación del Acuerdo sobre
los ADPIC que llevaban a cabo actualmente los países en desarrollo. La Delegación preguntó si el
Comité había recibido el mandato de pronunciarse acerca de la materia de las indicaciones
geográficas que podría protegerse y dijo que debería dejarse a discreción de las legislaciones
nacionales decidir al respecto.
292. La Delegación del Canadá convino con las Delegaciones de las Comunidades Europeas, la
Argentina, los Estados Unidos de América y Sri Lanka en que el Artículo 22.1 del Acuerdo sobre
los ADPIC constituía un buen punto de partida.
293. La Delegación de México apoyó los comentarios formulados por la Delegación de
Yugoslavia. Uno de los problemas fundamentales que planteaba la definición de las indicaciones
geográficas era que habían sido definidas de manera diferente por la OMC y la OMPI. No obstante,
la Delegación consideraba que la definición del Acuerdo sobre los ADPIC era aceptada en todo el
mundo. Como había indicado la Delegación de Yugoslavia, la definición de las indicaciones de
procedencia y las denominaciones de origen quedaban incluidas en la definición de indicaciones
geográficas que figuraba en el Acuerdo sobre los ADPIC. La Delegación ilustró los distintos
términos recurriendo a una canasta de huevos: la canasta serían las indicaciones de origen geográfico,
la yema del huevo serían las denominaciones de origen, la clara del huevo, las indicaciones
geográficas, y la cáscara, las indicaciones de procedencia.
294. La Delegación de Guatemala afirmó que la definición de indicaciones geográficas debía ser la
que figuraba en el Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC. La Delegación insistió en su interés
por que se realizase un estudio sobre los vínculos objetivos y la reputación. Ambas cuestiones eran
partes muy importantes de la definición de indicaciones geográficas del Acuerdo sobre los ADPIC y
establecían la diferencia entre lo que constituía o no una indicación geográfica.
295. La Delegación de la Argentina afirmó que, en relación con las indicaciones de procedencia,
no comprendía qué elemento de propiedad intelectual protegía dicho concepto. Asimismo, tal como
se mencionaba en el párrafo 4 del documento SCT/8/4, las indicaciones de procedencia no exigían
características especiales del producto y, por consiguiente, no se ajustaban a la definición del Acuerdo
sobre los ADPIC. La Delegación añadió que las palabras "fabricado en", por ejemplo, no preveían la
protección de ningún derecho específico de propiedad intelectual. A este respecto, resultaría útil
examinar las diferencias, por ejemplo, entre las indicaciones geográficas y las normas de origen
relacionadas con los productos fabricados en otros países. La Delegación mencionó que el problema
básico de la definición consistía en determinar el ámbito exacto de aplicación. Indicó que aprobaba laIP/C/W/391
Página 37
SCT/8/7
Página 36
segunda frase del párrafo 10 del documento SCT/8/5, que rezaba: "Los productos para los que se
utiliza una indicación geográfica deben producirse necesariamente en determinado lugar". Este era el
elemento crucial que debía considerarse a la hora de definir el carácter heredado de la protección de
las indicaciones geográficas en relación con los vínculos mediante los cuales podía determinarse la
protección de una indicación geográfica. La Delegación observó que probablemente no resultase
apropiado hablar de vínculos "objetivos" debido a que los vínculos eran interpretados y determinados
por las legislaciones nacionales en el plano nacional. Este aspecto constituía un elemento importante
que debía tomarse en consideración.
296. La Delegación de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en
nombre de sus Estados miembros, dijo que cada legislación nacional podía contar con distintas
definiciones y distintos grados de protección. Lo más importante era obtener una referencia común
que permitiese a los Estados miembros comprender que la protección se otorgaba a las indicaciones
geográficas de acuerdo con bases idénticas. Por consiguiente, la definición del Artículo 22.1) debería
constituir el denominador común. La cuestión de determinar el modo de aplicar la definición debía
ser resuelta por cada sistema nacional, tomando en consideración sus distintos componentes. Si se
cumplían las condiciones de la definición, podría otorgarse la protección. Para la Delegación, una
cuestión importante era, en primer lugar, que cada Estado miembro protegía las indicaciones
geográficas independientemente del sistema escogido y, en segundo lugar, que en el mecanismo de
protección se comprobaban y satisfacían las condiciones de la definición. Competía a cada
legislación nacional aplicar la definición del modo más apropiado, de conformidad con sus propias
directrices, siempre que se cumpliesen las condiciones. La Delegación añadió que resultaría
interesante observar hasta qué punto los distintos sistemas de protección, en particular los relativos a
las marcas colectivas o de certificación, permitían realmente comprobar que se cumplían las partes
constituyentes de la definición. La Delegación concluyó diciendo que si no se aplicaba la definición,
los consumidores obtendrían una información incorrecta en relación con el producto.
297. La Delegación de la República Checa afirmó que el Artículo 22.1 del Acuerdo sobre
los ADPIC constituía un buen punto de partida para el debate. No obstante, como había indicado la
Delegación de Sri Lanka, no era el momento apropiado para debatir la materia protegible de las
indicaciones geográficas. Un estudio sobre los vínculos objetivos no constituiría una buena base para
el debate debido a que resultaría perjudicial para los países que se encontraban actualmente en
proceso de aplicar un sistema de protección de las indicaciones geográficas.
298. La Delegación de la República de Corea afirmó que el Artículo 22.1 del Acuerdo sobre
los ADPIC debería tomarse como punto de partida ya que los Estados miembros de la OMC estaban
vinculados por el mismo. La República de Corea había aplicado recientemente un sistema de registro
para las indicaciones geográficas pero hallaba dificultades a la hora de interpretar el significado
jurídico del Acuerdo sobre los ADPIC. Por consiguiente, la Delegación consideraría muy útil que se
determinase el significado exacto de las indicaciones geográficas tal como figuraba en el
Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC.
299. La Delegación de Yugoslavia, en respuesta a la declaración de la Delegación de la Argentina,
dijo que se contaba con cierta experiencia en relación con la protección de las indicaciones de
procedencia. El Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o
engañosas en los productos, que obligaba a más de 30 países, establecía una sólida protección a las
indicaciones de procedencia. Una de sus disposiciones obligaba a sus Estados miembros a impedir la
importación de productos cuyas indicaciones de procedencia fuesen falsas o engañosas y a encautarse
SCT/8/7IP/C/W/391
Página 38
Página 37
de dichos productos si eran introducidos en el país. En este Acuerdo se establecía asimismo
protección adicional para los vinos.
300. La Delegación de Rumania apoyó a las delegaciones precedentes y sugirió que se tomase el
Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC como punto de partida para el debate.
301. La Delegación de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en
nombre de sus Estados miembros, reafirmó que lo importante era que la definición fuera aplicada por
los distintos sistemas y los distintos mecanismos de protección. No obstante, la interpretación de la
definición, en cuanto a sus elementos, debía dejarse en manos de las legislaciones nacionales. La
Delegación solicitó a la Secretaría que profundizase en esta cuestión y afirmó que el debate sobre la
definición debería utilizarse para establecer las diferencias que existían entre los distintos mecanismos
de protección y determinar el modo en que se aplicaba la definición.
302. La Delegación de Bulgaria compartía las inquietudes expresadas por la Delegación de las
Comunidades Europeas. Al igual que las Delegaciones de Sri Lanka y de la República Checa, la
Delegación opinaba que las cuestiones de la materia susceptible de protección, los criterios objetivos
y la reputación deberían dejarse a las prácticas judiciales nacionales. La Delegación expresó sus
dudas acerca de la conveniencia de examinar dichas cuestiones en el marco del SCT.
303. La Delegación de Sri Lanka hizo suya la opinión de la Delegación de las Comunidades
Europeas en lo tocante al Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, que establecía los elementos
que debían examinarse para determinar la materia susceptible de protección. El Acuerdo sobre
los ADPIC establecía las normas mínimas. La interpretación de la definición debería dejarse a la
competencia de los Estados miembros, de conformidad con el principio fundamental al que había
adherido siempre el SCT. La Delegación se opondría a que el SCT examinase esta cuestión ya que no
formaba parte de su mandato. Además, los estudios realizados por la OMC en relación con la
aplicación del Artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC proporcionaban ciertas orientaciones en
relación con los distintos sistemas y prácticas que habían sido adoptados por los Estados miembros.
La Delegación insistió en que la definición del Acuerdo sobre los ADPIC ya establecía los criterios
idóneos.
304. La Delegación de los Estados Unidos de América reiteró que el punto de partida de los
debates debería ser la materia de las indicaciones geográficas que podía protegerse. El SCT había
adoptado un enfoque similar en relación con el derecho de marcas cuando debatió los distintos tipos
de marcas y la protección pertinente. La Delegación observó que para el SCT era muy importante
llegar a un entendimiento común sobre la materia susceptible de protección. Existía la necesidad vital
de comprender a qué se referían dichos elementos y la mejor manera de proceder consistía en definir
qué significaba una indicación geográfica. No obstante, la Delegación, al igual que la Delegación de
la República Checa, consideraba prematuro examinar la cuestión de los vínculos objetivos, si bien
dicha cuestión debería debatirse antes que la materia susceptible de protección.
305. La Delegación de Australia dijo que las intervenciones de los miembros del SCT ponían de
manifiesto que quedaban numerosas cuestiones por debatir en el Comité y que cuestiones como la
definición del Artículo 22.1, "los vínculos objetivos" y la "reputación" habían sido considerados
importantes por numerosas delegaciones. La Delegación convino en que no formaba parte del
mandato del SCT definir el contenido de este artículo, pero añadió que el Artículo 22.1 dejaba un
amplio espacio para su interpretación tal y como se había mostrado en el debate. Era importante que
los delegados llegaran a comprender mejor estas cuestiones.IP/C/W/391
Página 39
SCT/8/7
Página 38
306. La Delegación de Yugoslavia hizo suya la declaración de la Delegación de Australia.
307. El Presidente invitó al Comité a formular propuestas sobre el modo de proceder en relación
con esta cuestión.
308. La Delegación de Australia declaró que consideraba que se habían identificado todas las
cuestiones sobre este tema y propuso que el SCT dejara de avanzar en ese tema en la presente sesión.
309. La Delegación de Bulgaria apoyó a la Delegación de Australia y consideró que el SCT no
debería seguir debatiendo la cuestión de la definición, sino dejar la puerta abierta para futuros debates.
310. La Delegación de la Argentina afirmó que no se oponía a debatir la cuestión de los vínculos.
311. La Delegación de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en
nombre de sus Estados miembros, indicó que el documento SCT/8/5 contenía más cuestiones aún por
debatir y sugirió que se examinase en el futuro el modo en que los distintos sistemas de protección
aplicaban la definición del Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC.
312. El Presidente sugirió que se diese inicio al debate sobre la protección de una indicación
geográfica en su país de origen, y solicitó comentarios al respecto.
313. La Delegación de Suiza observó que, tal como se mencionaba en el documento SCT/8/5, la
protección en el país de origen introducía una noción vinculada a la territorialidad, que debería dejarse
al criterio de las legislaciones nacionales. La Delegación observó que, con mucha frecuencia, la
protección de las indicaciones geográficas se concedía por medio del registro o de una ley o decretos
específicos pero que existían asimismo otras opciones, más flexibles y rentables. Por ejemplo, la
protección sui generis de indicaciones geográficas concedida por la ley sin que interviniese
mecanismo de registro alguno, creándose la presunción de protección de las indicaciones geográficas.
Este tipo de protección permitía a los usuarios legítimos de una indicación geográfica acudir a los
tribunales para defender directamente sus derechos. La Delegación reconocía que la protección de las
indicaciones geográficas por medio del registro presentaba ventajas prácticas considerables, como la
divulgación de la indicación geográfica registrada o la información sobre el área geográfica y las
características del producto. Ambos tipos de protección eran complementarios y podían combinarse.
La Delegación observó que el documento no entraba en detalles en relación con la modalidad de
protección sin registro y sugirió que se incluyesen en el documento explicaciones sobre dicha forma
de protección sui generis . Para concluir, la Delegación señaló que el ejemplo que figuraba en el
apartado 18 constituía un caso muy aislado en Suiza.
314. La Delegación de la Argentina dijo que el párrafo 16 reflejaba el equilibrio necesario entre los
productores, los consumidores y las administraciones, y sugirió que este equilibrio prevaleciese en los
debates y en la protección de las indicaciones geográficas. La Delegación pidió aclaraciones acerca
del tipo de elementos o vínculos necesarios para obtener protección en tanto que indicación
geográfica en otros países y preguntó si las Normas ISO se utilizaban con el mismo objetivo en tanto
que indicaciones geográficas.
315. La Delegación de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en
nombre de sus Estados miembros, apoyó la observación formulada por la Delegación de Suiza en
relación con la territorialidad. En el Capítulo III del documento debería haber quedado claro que la
definición se dejaría al criterio de las distintas naciones, ya que la reputación se determinaba sobre laIP/C/W/391
Página 40
SCT/8/7
Página 39
base de la indicación geográfica misma. La Delegación dijo que la protección estaba prevista para
proteger a un producto en tanto que indicación geográfica debido a que dicho producto había
cumplido todos los elementos de la definición, y no para impedir la comercialización de otros
productos.
316. La Delegación de Australia observó que la territorialidad, al igual que los vínculos, era una
cuestión importante en relación con las excepciones. Por ejemplo, una indicación geográfica podía
ser un término genérico en un país y no en otro. Debía abordarse asimismo la cuestión de la
excepción relativa a la aplicación de cláusulas de derechos adquiridos. Además, la Delegación
consideraba que sería difícil beneficiarse de la protección otorgada a una indicación geográfica si
dicha protección no podía concederse asimismo en otros países. A este respecto, la Delegación deseó
conocer cómo los demás países aplicaban las excepciones previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC.
En relación con el párrafo 10 del documento, la Delegación señaló que existían enfoques nacionales
muy diferentes en relación con el hecho de que los productos para los que se utilizaba una indicación
geográfica debían producirse necesariamente en un determinado lugar.
317. La Delegación de la Argentina apoyó a la Delegación de Australia en lo tocante a la cuestión
de la territorialidad y las excepciones, particularmente los términos genéricos. Asimismo, la
Delegación consideró importante conocer el modo en que interpretaban otros países el párrafo 10 y
cómo se había utilizado la definición de indicaciones geográficas del Acuerdo sobre los ADPIC en los
acuerdos bilaterales. En relación con el párrafo 17, la Delegación preguntó si todos los criterios
enumerados constituían parte integrante de la protección. Debía aclararse asimismo la relación con
las normas de origen y de etiquetado.
318. La Delegación de Yugoslavia aprobó los comentarios formulados por las Delegaciones de
Australia y la Argentina. El vínculo entre el producto y el lugar de producción, tal como se indicaba
en la última frase del párrafo 10 era esencial para las denominaciones de origen y las indicaciones
geográficas. Refiriéndose al Arreglo de Lisboa, la Delegación dijo que los requisitos eran muy
precisos e incluso más estrictos en el Arreglo. La Delegación explicó que en Yugoslavia, el enfoque
era similar al de Francia donde se tomaban en consideración tanto el elemento geográfico como las
características de los productos vinculados al lugar de origen. La Delegación afirmó que las
denominaciones y las indicaciones geográficas estaban vinculadas a ciertos territorios y que éste era el
enfoque que debía prevalecer.
319. La Delegación de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en
nombre de sus Estados miembros, aprobó los últimos comentarios de la Delegación de Yugoslavia y
convino con la Delegación de Suiza en que la territorialidad, al igual que todos los derechos de
propiedad intelectual, era el núcleo de la protección. A este respecto, la esencia de la protección de
las indicaciones geográficas era el vínculo que existía entre el producto y el área geográfica, ya se
estableciese por medio de vínculos objetivos o por la reputación. En relación con las Normas ISO, la
Delegación dijo que no eran derechos de propiedad intelectual. Definían las características de un
producto, en tanto que CODEX relacionado con la producción de un producto, y no guardaban
relación alguna con un área geográfica determinada.
320. La Delegación de Francia respondió a las Delegaciones de la Argentina y Yugoslavia en
relación con el párrafo 17 en el que se hacía referencia a los vinos y a las denominaciones de origen
que se protegían en Francia. La Delegación precisó que los vinos fueron el primer producto que
recibió denominaciones de origen en Francia y que este sector había sido reglamentado hacía 65 años.
Las denominaciones de origen para los vinos se reglamentaban mediante decretos ministeriales, en losIP/C/W/391
Página 41
SCT/8/7
Página 40
que se definía un área geográfica y se establecían las condiciones de producción pertinentes. El
mismo enfoque se aplicaba a otros productos. En lo tocante a la higiene y a las Normas ISO, la
Delegación dijo, al igual que la Delegación de las Comunidades Europeas, que no eran cuestiones que
debieran debatirse en el SCT. La Delegación concluyó diciendo que era únicamente la naturaleza
intrínseca del producto lo que determinaba una indicación geográfica y no medidas sanitarias que no
afectaban a la naturaleza intrínseca de los productos y, por consiguiente, no deberían ser examinadas
por el Comité.
321. La Delegación de Australia apoyó a la Delegación de Argentina al poner en entredicho el
posible vínculo entre las indicaciones geográficas y las Normas ISO. A su juicio, existía asimismo un
vínculo entre las normas de origen y las indicaciones geográficas. Esto remitía a la cuestión de
determinar si, para cumplir la definición del Acuerdo sobre los ADPIC, toda la cadena de producción
de un producto objeto de una indicación geográfica, debía ocurrir en el mismo lugar. A este respecto,
la Delegación ofreció el ejemplo de un caso presentado recientemente ante el Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas en relación con el jamón de Parma en el que se planteaba, entre otras
cuestiones, la cuestión de las normas de origen. La Delegación dijo que, aunque era posible que
el SCT no constituyese el foro adecuado para resolver estas cuestiones, debía tenerse en consideración
el vínculo que existía entre las indicaciones geográficas y estos otros ámbitos.
322. La Delegación de Sri Lanka dijo que parecía existir cierta confusión en relación con la
terminología utilizada por el Comité. En lo tocante al párrafo 17, debería establecerse la diferencia
entre las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas. En el documento SCT/8/4 se
explicaba detalladamente el alcance de dichos términos. La definición de indicaciones geográficas
era más amplia que la definición de denominaciones de origen ya que hacía referencia a indicaciones,
mientras que las denominaciones de origen se referían a condiciones específicas. Tal como se
mencionaba en el párrafo 17, existían criterios adicionales que debían cumplirse a fin de obtener
protección para una denominación de origen. Los signos que podían utilizarse para indicar una región
no estaban necesariamente amparados por la definición de denominaciones de origen. La definición
de indicaciones geográficas del Acuerdo sobre los ADPIC permitía la suficiente flexibilidad como
para que los países pudiesen incluir productos que se considerasen como indicaciones geográficas,
salvo ciertas excepciones. En relación con la segunda línea del párrafo 10 la Delegación dijo que toda
la cadena de producción de un producto debía llevarse a cabo necesariamente en el mismo país.
El SCT debería examinar esta cuestión debido a las distintas prácticas adoptadas por los distintos
países, pero no debía extenderse en el proceso mínimo adoptado por los países. En lugar de hacer
declaraciones, los miembros del SCT deberían compartir sus experiencias. La Delegación de
Sri Lanka coincidió con la Delegación de Australia en el interés que revestían los vínculos entre las
indicaciones geográficas y las normas de origen pero indicó que el SCT no era el foro apropiado para
debatir esta cuestión. La Delegación explicó que, en Sri Lanka, para poder utilizar la marca "Té de
Ceilán", el producto debía haber sido producido, empaquetado y etiquetado en Sri Lanka.
323. La Delegación de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en
nombre de sus Estados miembros, insistió en que las Normas ISO y CODEX no eran derechos de
propiedad intelectual, a diferencia de lo manifestado por ciertas delegaciones. Se limitaban a
establecer normas de producción y en ningún caso definían o justificaban un vínculo entre un
producto y una determinada área geográfica. En lo tocante al Caso que conocía el Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas, citado por la Delegación de Australia, la Delegación precisó que,
habida cuenta de la complejidad del caso y de las intrincadas cuestiones que en él se planteaban, sería
preferible aguardar a conocer la decisión del Tribunal antes de comentar las circunstancias del caso.
En lo tocante a los párrafos 20 y 21, la Delegación pidió que se aclarase cómo y cuándo podíanIP/C/W/391
Página 42
SCT/8/7
Página 41
registrarse exactamente una indicación geográfica o una denominación de origen como marca
colectiva. A este respecto, debía comprenderse claramente la función desempeñada por la definición.
Cumplir los términos de la definición era un requisito fundamental y los elementos de una definición
eran indispensables. Los elementos eran esenciales si se trataba de un registro con un proceso de
examen ex ante . Si los elementos del examen no habían sido contemplados adecuadamente ni estaban
adecuadamente respaldados por pruebas, no podría concederse la protección. La Delegación afirmó
que así sucedía en un procedimiento de registro para proteger las indicaciones geográficas, pero
preguntó si dichos requisitos se cumplían asimismo en otros sistemas de protección de las
indicaciones geográficas.
324. La Delegación de Yugoslavia afirmó que las Normas ISO y las normas de origen no eran
derechos de propiedad intelectual. Las normas de origen se establecían mediante procedimientos
consuetudinarios. Se trataba de normas prácticas internacionales derivadas del comercio internacional
sin parangón posible con el concepto territorial que se debatía en el SCT. Las Normas ISO tenían un
carácter completamente diferente. La Delegación explicó que, a los fines del registro de una
denominación de origen en Yugoslavia, el solicitante debía siempre nombrar la autoridad que
certificaba que el producto, para el que se solicitaba protección en virtud de una denominación de
origen, cumplía las condiciones prescritas. La autoridad certificadora, que podía ser un centro
universitario y ciertos ministerios (como el de agricultura en ciertos casos), debía ser equipada y
autorizada por el Estado para certificar el producto. No obstante, la certificación no confería
derechos. Se trataba únicamente de una certificación que establecía que el producto cumplía ciertas
condiciones. El derecho de propiedad intelectual se establecía tras el registro en la Oficina Federal de
Propiedad Intelectual. En lo tocante a la protección de las denominaciones de origen y las
indicaciones geográficas por medio de marcas colectivas o de certificación, la Delegación dijo que, al
optar por este tipo de protección, el solicitante debía saber que su solicitud no recibiría el mismo
tratamiento que una solicitud para el establecimiento de una denominación de origen. Su solicitud
sería tratada como una solicitud de marca. Por consiguiente, los nombres geográficos protegidos
como marcas colectivas podían venirse abajo si no se pagaban las tasas o si se convertían en términos
genéricos. La Delegación observó que pocos nombres geográficos que eran denominaciones de
origen o indicaciones geográficas estaban protegidos como marcas colectivas en Yugoslavia. La
razón que explicaba este hecho era que el alcance de la protección era más restringido que el de una
denominación de origen y dependía del tipo de productos y servicios para los que se desease obtener
protección en tanto que marcas colectivas.
325. La Delegación de Argelia opinó que estaba claro que las denominaciones de origen y las
indicaciones geográficas estaban vinculadas orgánicamente al lugar de producción. Toda definición
debería tomar en cuenta el vínculo territorial. De conformidad con la práctica consuetudinaria en
Argelia, la protección de una denominación de origen se obtenía mediante una ordenanza y debía ser
aplicada por la oficina de propiedad intelectual. Varios vinos habían sido protegidos en el contexto
del Arreglo de Lisboa. Productos como dátiles, aceite de oliva, naranjas o alfombras precisaban
asimismo una protección similar. El derecho de marcas se ocupaba asimismo de las indicaciones
geográficas, habida cuenta de que no podía concederse protección a una marca que pudiese inducir a
error o si no existía un vínculo jurídico entre el solicitante y la indicación. Para concluir, las leyes
contra la competencia desleal y los reglamentos de aduanas podían contribuir asimismo a una mejor
protección de las indicaciones geográficas.
326. La Delegación de Suiza dijo que no debía complicarse el debate introduciendo la cuestión de
las Normas ISO y las normas de origen, que no estaban vinculadas con las indicaciones geográficas.
A juicio de la Delegación, los nombres y los signos podían protegerse asimismo como indicacionesIP/C/W/391
Página 43
SCT/8/7
Página 42
geográficas, incluso si no correspondían al nombre de un área geográfica determinada, siempre que
los productos que identificaban proviniesen de un área geográfica determinada y poseyesen calidades,
características, o una reputación imputable a ese área. La Delegación preguntó si la protección
concedida a las indicaciones geográficas podía entenderse como un obstáculo a la producción de
ciertos productos. La esencia misma de las indicaciones geográficas era proteger el nombre de los
productos. Haciendo un paralelismo con la protección de las marcas, la Delegación explicó que, por
ejemplo, numerosas empresas producían refrescos de cola pero que el titular de una marca específica
contaba con los medios jurídicos para impedir a otros productores de cola que utilizasen su marca,
aunque produjesen productos similares. ¿Por qué debería otorgarse una protección distinta a los
titulares de indicaciones geográficas? Únicamente los productores del área geográfica identificada
por la indicación geográfica en cuestión deberían estar autorizados a utilizar la indicación geográfica
en sus productos. Por último, en lo tocante a la definición de indicaciones geográficas, la Delegación
dijo que, debido al carácter general de la definición, no era necesario que todas las etapas de la
producción se llevasen a cabo en un área determinada a fin de que un producto gozase de la
protección como indicación geográfica. Siempre que el producto acabado identificado por la
indicación geográfica tuviese características, calidades o una reputación imputable a dicho origen, su
designación podía gozar de protección en tanto que indicación geográfica. La Delegación afirmó, en
conclusión, que, a los fines de los debates en el SCT, las delegaciones deberían ceñirse a afirmaciones
de carácter general en lugar de centrarse en situaciones nacionales específicas.
327. La Delegación de Australia solicitó aclaraciones sobre el método de producción que sería
pertinente para las cuestiones de definición relativas a las indicaciones geográficas. La Delegación
afirmó asimismo que ninguna delegación había considerado que debiera restringirse en modo alguno a
las legislaciones nacionales en relación con la aplicación de la definición y que, por lo general,
parecía considerarse que era necesaria cierta flexibilidad para utilizar los medios apropiados de
protección. De los debates celebrados hasta la fecha en el Comité, por ejemplo sobre las marcas de
certificación, se desprendía, a juicio de la Delegación, que no se llevaría a cabo una evaluación del
tipo de protección que resultaría apropiada ni del grado en que aplicaban la definición los distintos
métodos utilizados en el plano nacional.
328. La Delegación de Alemania describió a los participantes la situación en Alemania indicando
que el sistema alemán no establecía necesariamente un proceso de examen ex ante antes de que
pudiese otorgarse protección en virtud del derecho estatutario. Alemania no contaba con un sistema
de registro en el plano nacional. Por supuesto, la legislación nacional se ajustaba a la legislación de
la CE en relación con los vinos y, en virtud del Reglamento CE 2081/92, también con los productos
alimenticios. La Ley de Marcas nacional (Ley sobre la Protección de las Marcas y otros Signos)
establecía una protección adicional para productos distintos de los vinos y los productos alimenticios.
La Delegación explicó que esta legislación preveía tres niveles de protección: en primer lugar, los
usuarios de una indicación geográfica debían indicar que el producto procedía de un lugar
determinado y la indicación geográfica no podía ser utilizada si el producto no provenía de dicho
lugar o si existía el riesgo de inducir a error a los usuarios. En segundo lugar, cuando las indicaciones
geográficas se utilizaban para productos que tenían cierta calidad u otras características que tuviesen
un vínculo con dicha área, el nombre, término o signo podía protegerse únicamente como indicación
geográfica si el producto gozaba de dicha calidad o dichas características. No obstante, no existían
procedimientos de examen ex ante . Por último, si el producto había adquirido cierta reputación, la
indicación geográfica no podía ser utilizada para productos de otras áreas, incluso si no existía el
riesgo de inducir a error al consumidor, puesto que el uso para otros productos mermaría su
reputación. La Ley de Marcas también preveía cierta protección en relación con las marcas
colectivas.IP/C/W/391
Página 44
SCT/8/7
Página 43
329. La Delegación de Sri Lanka hizo referencia a los párrafos 20 y 21 sobre las marcas de
certificación e indicó que una indicación geográfica era un derecho de propiedad que no establecía
diferencias entre las partes individuales que gozaban del derecho a utilizar el producto. Por el
contrario, las marcas de certificación se consideraban derechos privados y no derechos públicos. A
juicio de la Delegación, existían tres tipos diferentes de marcas de certificación: marcas que
certificaban productos y servicios procedentes de una región geográfica determinada, marcas que
certificaban productos y servicios que cumplían ciertas normas en relación con la calidad, el material
o el proceso de fabricación, y marcas que certificaban la calidad de los productos o servicios que
habían cumplido ciertas normas establecidas por una organización o una unión. Estos tres enfoques
diferentes se duplicaban en ciertos aspectos y se diferenciaban en otros pero no parecían incluir todos
los elementos de la definición. Por consiguiente, la Delegación sugirió que el SCT examinase la
definición de indicaciones geográficas que figuraba en el Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC,
a fin de determinar si el sistema de protección en virtud de las marcas de certificación cumplía
realmente los elementos contenidos en el Artículo 22.1. La Delegación añadió que el objetivo de las
marcas de certificación consistía precisamente en certificar y no en indicar el origen. Es más, no
parecía existir un examen para los productos objeto de una marca de certificación que indicase que se
cumplían las condiciones de la definición, lo que dejaba la puerta abierta a beneficiarios sin
contrapartida y a que se pudiera inducir a engaño a los consumidores.
330. La Delegación de la Argentina deseaba aclarar que no consideraba que las normas de origen
fuesen un derecho de propiedad intelectual y planteó la cuestión de la interfaz entre las indicaciones
geográficas y las normas de origen. La Delegación explicó que con frecuencia se decía que las
indicaciones geográficas facilitaban la exportación de productos y aclaraban su origen. Era
importante estudiar la cuestión del origen del producto y determinar los criterios de elegibilidad. Un
nombre en sí mismo no podía ser protegido sin un vínculo con un lugar determinado. La Delegación
se refirió a una asociación de consumidores que se oponían a que se protegiese como indicación
geográfica la llamada "viande séchée des Grisons", transformada y procesada en Suiza, debido a que
contenía carne bovina procedente de Argentina. Debería seguir debatiéndose la cuestión de los
criterios de elegibilidad, habida cuenta de que se producían situaciones similares en relación con otros
productos.
331. La Delegación del Sudán coincidió con la Delegación de Suiza y afirmó que las indicaciones
geográficas deberían protegerse incluso en el caso de que todas las etapas de la producción no
tuviesen lugar en la misma área geográfica. La Delegación se refirió a productos de algodón o
cárnicos, producidos en el Sudán, que se exportaban a otros países en los que se manufacturaba la
materia prima, sin que en el producto final se hiciese referencia al origen de la materia prima.
332. La Delegación de la República Checa afirmó que, como ya había manifestado la Delegación
de Yugoslavia, no existía relación alguna entre las Normas ISO o las normas de origen y las
indicaciones geográficas. La Delegación señaló que en la definición del Acuerdo sobre los ADPIC se
precisaba que la calidad, la reputación u otras características de los productos deberían poder
atribuirse esencialmente al lugar de origen. No obstante, en la definición del Acuerdo sobre
los ADPIC no se precisaba qué debía considerarse como el lugar de origen. Por consiguiente, la
Delegación sugirió que se aclarase el párrafo 10, precisándose el concepto de "producción del
producto" y qué etapas de la producción de los productos se abarcarían. Refiriéndose a la situación en
su país, la Delegación explicó que existía un proceso de registro para todas las indicaciones
geográficas que se ajustasen a la definición del Acuerdo sobre los ADPIC y el Arreglo de Lisboa.
Asimismo, la legislación checa había sido enmendada recientemente, a fin de hacerla conforme a la
Directiva CE. La Delegación dijo que, si bien la legislación en materia de marcas establecía elIP/C/W/391
Página 45
SCT/8/7
Página 44
registro de marcas colectivas o de certificación, no era posible proteger a las indicaciones geográficas
como marcas de certificación debido a que una marca de certificación no especificaba las cualidades
certificadas de los productos que podían atribuirse a su origen geográfico.
333. La Delegación de Yugoslavia dijo que el problema relativo a las marcas de certificación no lo
planteaba el solicitante que, por lo general, era la organización autorizada titular de la denominación
de origen, sino la falta de información sobre las características de los productos en la marca de
certificación. En relación con los productos producidos en un país y transformados en otro, para los
que se reivindicaba protección mediante una indicación geográfica, añadió que numerosos países
experimentaban dicha situación. La Delegación observó que no debería ser necesario establecer la
conexión con toda la cadena de producción, sino entre la calidad o características especiales y el lugar
de producción del producto acabado.
334. La Delegación de Suiza aclaró que únicamente los signos que identificasen a un producto con
una calidad y reputación u otras características que pudiesen atribuirle a su origen geográfico podrían
gozar de protección en tanto que indicación geográfica.
335. La Delegación de China afirmó que la definición de indicaciones geográficas que figuraba en
el Acuerdo sobre los ADPIC constituía un buen punto de partida para el debate. Desde diciembre
de 2001, China utilizaba métodos administrativos para proteger las indicaciones geográficas y había
incluido en su legislación disposiciones específicas sobre las indicaciones geográficas, que se
protegían como derecho de propiedad intelectual. Actualmente se protegían en China 56 indicaciones
geográficas.
336. La Delegación de Australia reiteró su interés por la relación que existía entre las normas de
origen y las indicaciones geográficas. La Delegación añadió que dicha relación era una realidad que
debía tomarse en consideración al debatir la cuestión de las indicaciones geográficas, como se tomaba
en consideración en otras organizaciones intergubernamentales que abordaban dichas cuestiones. La
aplicación de un principio mediante el cual el origen de un producto se basase en el lugar en el que
hubiese tenido lugar la última transformación sustancial podría conducir a resultados incoherentes con
la protección de las indicaciones geográficas. La Delegación concluyó que, por ello, esta cuestión
debería permanecer en el orden del día.
337. La Delegación de Sri Lanka destacó que el titular de una marca de certificación no podía
controlar la naturaleza y la calidad del producto sino únicamente la utilización de la marca. Además,
las marcas de certificación no indicaban el origen del producto.
338. La Delegación de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en
nombre de sus Estados miembros, indicó que, cuando en la séptima sesión se tomó la decisión de
seguir debatiendo la cuestión de las indicaciones geográficas, existía entre las delegaciones el
entendimiento claro de que el objetivo de los debates consistía en comprender mejor la cuestión. A
juicio de la Delegación, una mejor comprensión de la cuestión debería basarse en primer lugar en la
definición. Por consiguiente, la Secretaría debería examinar esta cuestión con más profundidad. El
vínculo mencionado en la definición se refería a los distintos elementos que podían probarse de varias
maneras. No obstante, el origen de la materia prima no era necesariamente la cuestión más
importante a este respecto y debería evaluarse caso por caso, en función del producto mismo. En cada
caso, resultaba esencial demostrar en qué se fundamentaba el vínculo: sus características o el proceso
de producción, etc… y ello sin menoscabo de la definición. En conclusión, la Delegación afirmó queIP/C/W/391
Página 46
SCT/8/7
Página 45
apoyaría la realización de un estudio adicional sobre los distintos sistemas, desde la perspectiva de la
definición.
339. La Delegación de la Argentina señaló que, debido a su complejidad, merecía la pena seguir
debatiendo la cuestión de los vínculos. En función de las características del vínculo que se
estableciese, podía interpretarse de manera diferente el ámbito de la protección en virtud de la
definición del Artículo 22.1. La Delegación discrepó con las delegaciones que consideraban que la
materia prima no tenía importancia o era menos importante que el proceso de producción. La
Delegación preguntó si el titular de una indicación geográfica gozaba del derecho de impedir a
terceros la utilización del mismo proceso de producción en otro país y preguntó si podían producirse
ciertas interferencias con transferencias de tecnología o con los conocimientos técnicos de una
empresa determinada, particularmente en países con una gran movilidad cultural y social. La
Delegación reafirmó su interés por que se debatiese esta cuestión.
340. La Delegación de los Estados Unidos de América discrepó con las declaraciones de ciertas
delegaciones en el sentido de que las indicaciones geográficas eran derechos públicos, y señaló que,
en el preámbulo del Acuerdo sobre los ADPIC, se indicaba claramente que los derechos de propiedad
intelectual eran derechos privados. En relación con el examen de las marcas de certificación, la
Delegación precisó que el examinador examinaba las muestras utilizadas, así como otras pruebas, a
fin de determinar si un término geográfico se utilizaba como marca de certificación para indicar el
origen de los productos con los que se relacionaba. Para finalizar, la Delegación dijo que el
certificador, si bien no producía los productos por sí mismo, verificaba que dichos productos
cumpliesen ciertas normas si procedían de un determinado lugar. Las indicaciones geográficas podían
protegerse como marcas de certificación. La Delegación ofreció el ejemplo del Roquefort o del
jamón de Parma, que habían sido registrados como marcas de certificación en los Estados Unidos.
341. El Representante de la ECTA, haciendo uso de la palabra asimismo en nombre de la INTA,
formuló una declaración conjunta en la que apoyaba a la Delegación de Australia en relación con el
principio de territorialidad y su interés por seguir debatiendo el párrafo 10 del documento SCT/8/5. A
juicio del Representante, la protección internacional no era posible si no existía la protección en el
país de origen. La indicación geográfica no debía necesariamente estar registrada en el país de origen,
pero la protección en el país de origen era un requisito previo. Asimismo, el Representante añadió
que apoyaba a la Delegación de Australia en relación con el principio de territorialidad, que era un
principio de propiedad intelectual bien establecido y debería aplicarse a las indicaciones geográficas.
Por consiguiente, la protegibilidad de una indicación geográfica debería ser examinada país por país.
En lo tocante al vínculo entre la calidad de un producto y su origen geográfico, el Representante hizo
hincapié en el hecho de que cuanto más se debilitase el vínculo entre el nombre del lugar, el nombre
geográfico y la indicación geográfica, más se debilitaría el vínculo de la calidad, y más conflictos se
producirían con los derechos preexistentes, así como una dilución del concepto de indicación
geográfica. En relación con las marcas de certificación, el Representante afirmó que apoyaría la idea
de que la Secretaría siguiese trabajando para determinar si la protección como marca de certificación
constituía un medio plenamente apropiado de protección. En conclusión, el Representante observó la
tirantez entre los derechos públicos y privados, pero convino con la Delegación de los Estados Unidos
de América en que, en el Acuerdo sobre los ADPIC, los derechos de propiedad intelectual, incluidas
las indicaciones geográficas, eran derechos privados.
342. El Representante del CEIPI sugirió que la Secretaría estudiase la relación potencial entre las
normas de origen, las Normas ISO y las indicaciones geográficas, a fin de aclarar esta cuestión,
haciendo hincapié en las funciones y objetivos respectivos de las normas de origen y de lasIP/C/W/391
Página 47
SCT/8/7
Página 46
Normas ISO en relación con las indicaciones geográficas. El Representante sugirió asimismo que
sería interesante seguir estudiando si, y hasta qué punto, era necesario que todas las etapas de la
producción de un producto tuviesen lugar en el área de la indicación geográfica a fin de que pudiese
protegerse dicha indicación geográfica. Para concluir, el Representante apoyó a la ECTA en relación
con las diferencias de protección entre las marcas de certificación y las marcas colectivas por una
parte, y las indicaciones geográficas por otra, desde el punto de vista del derecho comparado.
343. La Delegación de Yugoslavia hizo mención a las declaraciones de las Delegaciones de la
Argentina y de la ECTA y señaló que las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen
protegían productos tradicionales de un territorio determinado. La protección de una indicación
geográfica no se limitaba a su proceso de producción, que podía protegerse mediante el secreto
comercial, sino que estaba vinculado al nombre del lugar junto con las características del producto. Si
un producto se producía en otro lugar distinto al lugar de origen, las leyes contra la competencia
desleal proporcionarían medidas de subsanación eficaces. La Delegación convino en que las
indicaciones geográficas eran derechos privados, aunque precisó que no eran derechos individuales.
Señaló que ninguna disposición del Acuerdo sobre los ADPIC prohibía que se utilizasen signos
distintos del nombre de un lugar, por ejemplo, nombres tradicionales, una fotografía, e incluso
música.
344. La Delegación de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en
nombre de sus Estados miembros, se opuso al comentario relativo a una posible dilución de la
definición y afirmó que todo el mundo tenía interés en que se protegiesen de la mejor manera posible
las indicaciones geográficas. La Delegación explicó que el Articulo 22.1 del Acuerdo sobre
los ADPIC permitía a las legislaciones nacionales ser más restrictivas en cuanto a la protección,
siempre que se cumpliesen de manera estricta las condiciones y el vínculo con las características. La
Delegación afirmó que debería adoptarse un enfoque caso por caso a fin de establecer los vínculos
necesarios. El hecho de que todo el procedimiento debiese llevarse a cabo en el mismo lugar y que la
materia prima debiese proceder del mismo lugar no era apropiado en este contexto. En cuanto a la
territorialidad, la Delegación observó que ello no significaba que una indicación geográfica protegida
en el país de origen no pudiese estar protegida legítimamente en el extranjero. Así sucedería si la
indicación geográfica se hubiese convertido en un término genérico en un tercer país, pero esto
debería probarse caso por caso. La territorialidad se aplicaba en ambos sentidos. El país de origen
interpretaba la definición de una indicación geográfica. La Delegación recordó la gran experiencia de
las Comunidades Europeas y sus Estados miembros en la esfera de las indicaciones geográficas y
afirmó que esta experiencia debería ser tomada en cuenta.
345. La Delegación de Sri Lanka destacó el hecho de que los signos y símbolos, así como las
expresiones que identificasen un lugar podían ser indicaciones geográficas. Por ejemplo, Basmati no
era una nombre geográfico sino una expresión tradicional para identificar un producto único
procedente de un área geográfica determinada y, por consiguiente, cumplía las condiciones de la
definición. En respuesta a la Delegación de los Estados Unidos, la Delegación señaló que el enfoque
derechos públicos/derechos privados no era un enfoque apropiado y deberían preferírsele el enfoque
derechos exclusivos/derechos no exclusivos. Las indicaciones geográficas no eran derechos
exclusivos ya que podrían ser aplicadas por todos los productores de la región. Esta era la razón por
la que existía un artículo especial en el Acuerdo sobre los ADPIC relativo a las indicaciones
geográficas. La Delegación consideró asimismo que la noción de que una indicación geográfica
debiese estar vinculada únicamente con el nombre de un lugar geográfico determinado era una
apreciación errónea del problema. Por último, la Delegación solicitó aclaraciones acerca de que si elIP/C/W/391
Página 48
SCT/8/7
Página 47
examinador de la solicitud para una marca de certificación requería información del titular de una
indicación geográfica o de la autoridad de certificación.
346. La Delegación de la Argentina apoyó al Representante del CEIPI y dijo que se interesaba
asimismo por un estudio sobre la relación entre las Normas ISO, las normas de origen y las
indicaciones geográficas. Haciendo referencia a la intervención de la Delegación de las Comunidades
Europeas, la Delegación de la Argentina pidió aclaraciones sobre los criterios de elegibilidad de una
indicación geográfica y sus posibles efectos extraterritoriales. La Delegación preguntó a este respecto
si, cuando se solicitaba protección para una indicación geográfica fuera del país de origen, los
criterios de elegibilidad eran los del país de origen o los del país en los que solicitaba la protección.
347. La Delegación de Australia solicitó aclaraciones de las opiniones de otras delegaciones acerca
de si la definición de una indicación geográfica reconocida en el país de origen debía ser aceptada
de facto como indicación geográfica en un tercer país.
348. La Delegación de Yugoslavia explicó que, a este respecto, el Sistema de Lisboa era similar al
Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas. Si una denominación de origen era
reconocida en el país de origen, la oficina nacional solicitaría protección para esta denominación de
origen a la Oficina Internacional de la OMPI, quien la publicaría. Durante un período de un año, las
Partes Contratantes podían negarse a reconocer dicha denominación de origen en su territorio. Las
causas de la denegación podían diferir y dependían de las legislaciones nacionales. Si la protección
era denegada en un país, el solicitante podía iniciar un procedimiento directamente ante la oficina
nacional. La Delegación observó que las denominaciones de origen eran derechos colectivos y
exclusivos, que revestían un gran valor para el país interesado. No se trataba de una cuestión privada
de un productor sino de un símbolo que confería prestigio al país. Esto se ilustraba por el hecho de
que los miembros del Arreglo de Lisboa fueran tradicionalmente países productores de vino y no se
interesaran por las marcas colectivas debido a que los productores de dichos países deseaban impedir
a terceros que utilizasen dichos símbolos.
349. La Delegación de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en
nombre de sus Estados miembros, precisó que no se había referido a ningún efecto extraterritorial. En
lo tocante a los elementos de la definición, la Delegación dijo que debían evaluarse en el territorio de
la indicación geográfica.
350. La Delegación de Australia destacó que deberían tomarse en consideración factores
históricos, vinculados especialmente a la inmigración, debido a que habían ocasionado situaciones
complejas.
351. La Delegación del Canadá apoyó la idea de que se siguiesen examinando las normas de
origen, las Normas ISO y las indicaciones geográficas. En respuesta a la pregunta de la Delegación
de Sri Lanka de si las marcas de certificación eran derechos exclusivos, la Delegación explicó que, de
conformidad con la Ley de Marcas del Canadá, las marcas de certificación otorgaban protección
contra terceros que no procediesen de dicho lugar. Se trataba de un derecho exclusivo pero cualquier
persona procedente de dicha área geográfica estaría autorizada a utilizar dicha marca de certificación.
352. La Delegación de China explicó que las marcas de certificación estaban protegidas en
Hong Kong, SAR (China). El titular de la marca de certificación; a saber, el organismo de
certificación, debía permitir la utilización de la marca a productores que elaborasen productos con las
características certificadas. Se trataba de un derecho exclusivo en el sentido de que el titular podíaIP/C/W/391
Página 49
SCT/8/7
Página 48
impedir a terceros que no procediesen del área en cuestión, la utilización de la marca. De no ser así,
el titular de la marca no podría impedir su utilización a terceros que no procediesen del mismo lugar.
353. La Delegación de Australia se refirió al párrafo 33 del documento SCT/8/4 en el que se
afirmaba que "la autoridad competente […] no examina necesariamente los detalles relativos a la
solicitud" y describió el procedimiento que existía en Australia en relación con las marcas de
certificación. La Oficina de Marcas examinaba la solicitud desde la perspectiva de la propiedad
intelectual. Las normas de certificación eran examinadas asimismo por la Australian Consumer and
Competition Commission , quien tenía por mandato examinar una amplia gama de cuestiones. Como
consecuencia, se establecía un certificado independiente de que se habían cumplido los criterios.
También entraba en línea de cuentas la credibilidad del solicitante y del organismo de autorización
propuesto. En cuanto a la observancia, competía al titular, por lo general, una asociación o una
cámara de comercio que controlase un ámbito, hacer respetar sus derechos. La Delegación dijo, en
conclusión, que debería seguirse debatiendo la interfaz entre las Normas ISO, las normas de origen y
las indicaciones geográficas, la cuestión de la territorialidad, la elegibilidad y los vínculos objetivos
con la región, ya que se trataba de cuestiones básicas relacionadas con las indicaciones geográficas.
354. La Delegación de Sri Lanka insistió en que el cumplimiento de las condiciones en virtud de la
definición parecía ser diferente para las marcas de certificación y para las indicaciones geográficas.
De conformidad con el Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, debían cumplirse seis
condiciones: 1) una invitación geográfica debía identificar productos; 2) una indicación geográfica
no podía amparar ideas o procedimientos; 3) los productos debían ser identificados por una
indicación que no debía necesariamente ser un lugar geográfico; 4) la identificación debía
corresponder al territorio de un Estado o a una región o localidad de dicho territorio; 5) una
indicación geográfica debería identificar su origen; 6) debía existir un vínculo especial entre el origen
y la calidad, la reputación o las características especiales del producto. En cuanto a las marcas de
certificación, también debían cumplirse las seis condiciones de la definición. No obstante, la
Delegación preguntó si se cumplían realmente ya que los requisitos para las marcas de certificación
servían para identificar 1) los productos o servicios como procedentes de una región específica, 2) las
normas de calidad y otras características sin referencia al origen del producto y 3) las normas fijadas
por los fabricantes o productores. La Delegación expresó su preocupación por el hecho de que la
protección de las indicaciones geográficas mediante marcas de certificación facilitase el fenómeno de
los beneficiarios sin contrapartida.
355. La Delegación de Australia explicó que, en su país, el sistema era muy flexible. Las marcas
de certificación abarcaban una amplia gama de derechos distintos de las indicaciones geográficas. No
obstante, en ciertas situaciones, el derecho que intentaba obtenerse era una indicación geográfica y
existía un vínculo entre el origen geográfico y la calidad o la reputación de los productos. En esta
situación, dependía del solicitante incluir las seis condiciones mencionadas por la Delegación de
Sri Lanka.
356. La Delegación de Suiza afirmó que la aplicación de la definición y los criterios de
elegibilidad eran competencia de cada Estado. La Delegación hizo referencia a la cuestión de la
protección de las indicaciones geográficas en el extranjero y añadió que la protección concedida en
virtud del Artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC se apreciaría de manera diferente que en virtud
del Artículo 23, donde se fijaban los criterios objetivos, mientras que en el Artículo 22 era necesario
probar que se estaba induciendo a error al público o que se trataba de un acto de competencia desleal
para obtener la protección. Ahora bien, en virtud de ambos niveles de protección, la decisión sería
tomada por el juez de la jurisdicción en la que se deseara obtener protección. La Delegación afirmóIP/C/W/391
Página 50
SCT/8/7
Página 49
asimismo que las normas de origen y las Normas ISO no eran derechos de propiedad intelectual y que
no entraban en el mandato del SCT.
357. La Delegación de Australia explicó que la definición del Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los
ADPIC se aplicaba a las dos protecciones mencionadas por la Delegación de Suiza. La Delegación
convino en que la legislación nacional determinaba si una indicación geográfica se protegía o no en el
territorio de su país. No obstante, la Delegación puso en tela de juicio el hecho de que otros países
hubiesen de aceptar esta determinación o de que gozasen del derecho de determinar, de conformidad
con su propia legislación destinada a aplicar la definición del Acuerdo sobre los ADPIC, si una
indicación geográfica constituía una indicación geográfica asimismo en su territorio.
358. La Delegación de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en
nombre de sus Estados miembros, hizo referencia a los Artículos 22.2 y 23 del Acuerdo sobre
los ADPIC afirmando que las indicaciones geográficas eran derechos territoriales. Si, bajo ciertas
circunstancias, las indicaciones geográficas se utilizaban de manera ilícita en un tercer país, competía
a los tribunales dirimir la cuestión, tal como se establecía en el Artículo 22.2 ó 23 del Acuerdo sobre
los ADPIC. Asimismo, la Delegación destacó que nunca había dicho que una indicación geográfica
protegida en el país de origen debiese gozar de protección automáticamente en otros países. Siempre
que estuviesen justificadas, podían utilizarse las excepciones contempladas en el Artículo 24.
359. La Delegación de la Argentina indicó que parecía existir un consenso en el SCT acerca del
hecho de que una indicación geográfica era un derecho territorial. No obstante, subsistían cuestiones
que debían seguir examinándose, como la aplicación de la definición y los criterios de elegibilidad
para acceder a la protección en terceros países.
360. La Delegación de Australia convino con la Delegado de la Argentina en que existía un
consenso acerca del hecho de que una indicación geográfica era un derecho territorial. La Delegación
apoyó asimismo la opinión de dicho delegado de que, además de las cuestiones de definición, debían
seguir examinándose el proceso para conceder protección en terceros países, así como los criterios de
elegibilidad para gozar de protección como indicación geográfica.
361. La Delegación de Yugoslavia explicó que, de conformidad con el Arreglo de Lisboa, una
denominación de origen debía protegerse en primer lugar en el país de origen, antes de solicitar
protección en terceros países. Los países podían aceptar o rechazar la protección de conformidad con
su propia legislación y no existía ninguna razón que justificase la adopción de un enfoque diferente en
relación con las indicaciones geográficas.
362. La Delegación de Australia preguntó si existía un acuerdo general en el SCT acerca de que
los criterios de elegibilidad fueran determinados por el país en los que se solicitaba protección.
363. A falta de comentarios adicionales sobre el punto II del documento SCT/8/5, el Presidente dio
inicio al debate sobre la protección de las indicaciones geográficas en el extranjero.
364. La Delegación de Sri Lanka sugirió que la Secretaría elaborase un estudio sobre los distintos
sistemas de protección de las indicaciones geográficas y las condiciones que deberían cumplirse. La
Delegación dijo que debía determinarse si los distintos sistemas cumplían las condiciones pertinentes.IP/C/W/391
Página 51
SCT/8/7
Página 50
365. La Delegación de Australia se refirió a la intervención de la Delegación de Sri Lanka y
expresó su cautela en relación con este tipo de estudio. La Delegación consideró que la Secretaría no
se encontraba en posición de evaluar la protección en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, habida
cuenta de que no entraba en el mandato del SCT.
366. La Delegación de la República de Moldova afirmó que las indicaciones geográficas, así como
las denominaciones de origen eran distintas de las marcas y de los dibujos y modelos industriales ya
que concernían al patrimonio de un país. Representaban las calidades tanto de su naturaleza como de
sus gentes. Esto se había ilustrado en el Simposio Internacional sobre indicaciones geográficas, que
se celebró en Sudáfrica en 1999, así como otras cuestiones, como el riesgo de competencia desleal y
la utilización indebida. El Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de
procedencia falsas o engañosas en los productos (1891), uno de los primeros acuerdos internacionales
en la esfera de la protección de la propiedad industrial, se consagraba a su protección. La Delegación
indicó que, por una parte, existían países que deseaban proteger sus indicaciones geográficas y, por
otra, países que se mostraban de acuerdo con dicha protección de conformidad con el Acuerdo sobre
los ADPIC; no obstante, en su opinión, se echaba a faltar el componente más importante del sistema:
para cada país, las indicaciones geográficas concretas que debían ser protegidas. A juicio de la
Delegación, el Acuerdo sobre los ADPIC había establecido la protección contra la utilización
indebida de las indicaciones geográficas pero no su protección per se . Habida cuenta de la
especificidad de las indicaciones geográficas, la Delegación de Moldova consideró que esta postura
era similar a la protección de los emblemas y otros signos en virtud del Artículo 6 terdel Convenio de
París, de conformidad con el cual un Estado miembro que desease proteger sus emblemas o símbolos
nacionales podía notificarlo a otros países por medio de la Oficina Internacional de la OMPI, y
competía a los Estados en los que se solicitaba protección decidir si conceder o denegar la protección
a dichos emblemas o símbolos, sobre la base de razones objetivas. Cabía observar asimismo que, tal
como se puso de manifiesto en el documento SCT/8/4, la idea inicial de los miembros de la OMPI, a
la luz de la revisión del Convenio de París consistía en crear un sistema de notificación mutua de las
indicaciones geográficas que deseaban proteger los países. La Delegación añadió que, en la
República de Moldova, únicamente se protegían las denominaciones de origen de los productos por
medio del registro y, en su calidad de miembro del Arreglo de Lisboa, Moldova protegía asimismo las
denominaciones de origen de otros miembros de dicho Arreglo. El registro de las indicaciones
geográficas como formas de propiedad industrial no estaba estipulado en la legislación de la
República de Moldova; ahora bien, la protección de las indicaciones geográficas se establecía de
manera indirecta, como prohibición de la utilización falsa o engañosa de indicaciones geográficas. En
otras palabras, se puso el acento en la protección del consumidor pero no en la protección de las
indicaciones geográficas. Asimismo, de conformidad con la Ley sobre Marcas y Denominaciones de
Origen de los Productos, las marcas que consistían exclusivamente en nombres geográficos no podían
gozar de protección, ya que no podían ser objeto de un derecho exclusivo. Asimismo, todas las
disposiciones de la legislación de Moldova sobre las indicaciones geográficas eran compatibles con el
Acuerdo sobre los ADPIC. La Delegación de Moldova indicó asimismo que, si bien en teoría estaba
claro qué podía registrarse, en la práctica se planteaban numerosos problemas. El primer y más
espinoso de los problemas era el problema de la terminología, cuestión que permanecía abierta; la
mayoría de las delegaciones convinieron en el hecho de que el Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los
ADPIC debía considerarse únicamente como base. La Delegación opinó que el concepto de
"indicaciones geográficas" era mucho más amplio y que existía una generalización para todas las
demás indicaciones relativas al origen geográfico de los productos. Apoyó la opinión de la
Delegación de Yugoslavia de que un término más adecuado para la definición proporcionada en el
Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC sería "indicación de origen geográfico" (en francés
"indication de l'origine geografique ). Así pues, el concepto de indicaciones geográficas abarcabaIP/C/W/391
Página 52
SCT/8/7
Página 51
varias nociones: 1) indication de provenance geografique , ya que el término común general
"indication de provenance " podía tener una acepción más amplia que el simple origen geográfico);
2) "indication de l'origine geografique ; y 3) " apellation d'origine ".
La Delegación de Moldova mencionó asimismo que se planteaban ciertas dificultades en relación con
el examen de las marcas, debido a la falta de criterios precisos para determinar que un nombre
geográfico determinado era una indicación geográfica de conformidad con el significado del
Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, en particular, cuando no existía información disponible
acerca de si un nombre geográfico determinado era una indicación geográfica en otro país. La
Delegación observó asimismo que, en relación con el examen de marcas, existían en principio dos
alternativas para cumplir los requisitos del Acuerdo sobre los ADPIC: a) considerar que todos los
nombres geográficos eran indicaciones geográficas, o b) considerar que ningún nombre geográfico era
una indicación geográfica si no existía información que probase lo contrario.
367. El Representante de la INTA explicó que los derechos anteriores que pudieran entrar en
conflicto con las indicaciones geográficas deberían gozar de la protección jurídica apropiada. A este
respecto, sugirió que se siguiese examinando el Artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC a la luz de
la protección de las indicaciones geográficas que podría poner en peligro los derechos de prioridad.
En tanto que derechos de prioridad, mencionó las marcas registradas de buena fe, que podían incluso
haberse convertido en marcas notoriamente conocidas. El principio "primero en el tiempo, primero en
el derecho" defendido por la INTA significaba que una marca anterior prevalecería contra una
indicación geográfica posterior, y este principio había sido suscrito por países como Costa Rica,
Hungría, Israel, México, Portugal, Yugoslavia y todos los países que establecían marcas de
certificación. El Representante lamentaba que no se aceptase aún universalmente este principio y
destacó la dificultad que suponía para el titular de un derecho anterior pleitear contra una indicación
geográfica incorporada en un acuerdo bilateral, habida cuenta de que los tribunales no eran favorables
a la revocación de una ley. Este tipo de conflicto solía dar como resultado la prohibición del uso de la
marca, contra la cual el titular de la marca no disponía de medidas de subsanación. El Representante
observó que esta situación se aplicaba en cierta medida a los tratados multilaterales e indicó que
habían sido necesarios cincuenta años para enmendar el Reglamento del Arreglo de Lisboa y aclarar
la posibilidad de interponer un recurso ante los tribunales transcurrido el plazo de un año. El
Representante sugirió que se examinase la posibilidad de hacer oposición y presentar recursos de
subsanación antes de ampliar la protección de las indicaciones geográficas.
368. La Delegación de Yugoslavia aprobó la declaración conjunta de la ECTA y la INTA y explicó
que, en su país, cuando se producía un conflicto entre un derecho anterior y una indicación geográfica,
se evaluaba la buena fe del titular de la marca. La Delegación señaló que, de conformidad con el
Artículo 22.2 del Acuerdo sobre los ADPIC, los miembros debían prever medidas jurídicas para las
partes interesadas. La Delegación de Yugoslavia sugirió que resultaría muy útil que la Secretaría
analizase todas las posibles medidas jurídicas que impidiesen la utilización de indicaciones falsas o
que pudiesen inducir a error en relación con el origen geográfico de los productos. En este análisis se
incluirían asimismo las utilizaciones que constituyesen un acto de competencia desleal.
369. La Delegación de Australia hizo referencia al párrafo 10 de la Sección III del
documento SCT/8/5, cuya última frase rezaba lo siguiente: "el tamaño del lugar de origen podrá
oscilar entre un pequeño viñedo y todo un país". La Delegación preguntó si se trataba de un principio
convenido en el SCT.IP/C/W/391
Página 53
SCT/8/7
Página 52
370. La Delegación del Brasil apoyó las observaciones formuladas por la Delegación de Australia.
El tamaño del lugar podía variar hasta abarcar un país entero. La Delegación preguntó cuáles eran las
experiencias de otros países al respecto.
371. La Delegación de la Argentina solicitó aclaraciones sobre acuerdos bilaterales en vigor en los
que se considerase a las expresiones tradicionales como indicaciones geográficas. Asimismo, la
Delegación preguntó acerca de las experiencias en relación con acuerdos bilaterales, en particular
acerca de si dichos acuerdos bilaterales incluían excepciones al Acuerdo sobre los ADPIC y, en caso
afirmativo, como se validaban y aplicaban dichas excepciones.
372. La Delegación de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en
nombre de sus Estados miembros, y en respuesta a la Delegación de Yugoslavia y la ECTA, dijo que
existía la posibilidad, que variaba caso por caso, de que coexistiesen los derechos y se aplicase el
principio "primero en el tiempo, primero en el derecho". En relación con el tamaño del lugar que
debía considerarse, la Delegación afirmó que en el Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC no se
especificaba disposición alguna. No obstante, ciertas legislaciones nacionales contenían disposiciones
al respecto. Asimismo, debía existir un vínculo con el lugar que pudiese probarse mediante criterios
objetivos o la reputación. Cuanto más extenso fuese el lugar, más difícil resultaría poder demostrar el
vínculo. No obstante, no se excluía dicha posibilidad. En lo tocante a los acuerdos bilaterales, la
Delegación afirmó que se mencionaban en el Acuerdo sobre los ADPIC y se basaban en la libre
aceptación de dichos acuerdos por las partes. En relación con los conflictos entre las marcas y las
indicaciones geográficas, la Delegación dijo que las decisiones se tomarían caso por caso.
373. La Delegación de los Estados Unidos de América afirmó que el tamaño del lugar podía variar
hasta abarcar todo un país y añadió que no existía necesariamente un conflicto fundamental entre las
indicaciones geográficas y las marcas en lo tocante a la superioridad o a la prioridad. El principio
"primero en el tiempo, primero en el derecho" debía respetarse, como se respetaba en relación con
otros derechos de propiedad intelectual. La Delegación confió en que el SCT alcanzase una mayor
comprensión de ambos tipos de protección.
374. La Delegación de Sri Lanka hizo referencia a la propuesta de la Delegación de Yugoslavia de
que la Secretaría estudiase el Artículo 22.2 del Acuerdo sobre los ADPIC y dijo que la parte C del
documento SCT/6/3 contenía los distintos enfoques. No obstante, la Delegación consideró que
el SCT debía considerar la posibilidad de seguir analizando esta cuestión. En lo tocante a los
acuerdos bilaterales, la Delegación observó que no deberían constituir una referencia sistemática ya
que obligaban únicamente a dos partes. La Delegación apoyó la intervención de la Delegación de las
Comunidades Europeas a este respecto. Para concluir, la Delegación se refirió al simposio
internacional de la OMPI sobre indicaciones geográficas, celebrado en Sudáfrica, donde se debatió
detalladamente la cuestión de los conflictos y las soluciones a los mismos. Los documentos del
simposio, que debería distribuir la Secretaría, constituían un buen ejemplo de prácticas nacionales.
375. La Delegación de Yugoslavia dijo que la OMPI había publicado en 1990 un documento
exhaustivo que contenía un análisis Estado por Estado. La Delegación añadió que la expresión
tradicional podía protegerse como indicación geográfica siempre que cumpliese las condiciones
establecidas en la definición del Artículo 22.1.
376. La Delegación de Suiza apoyó a la Delegación de las Comunidades Europeas en relación con
una posible coexistencia de los derechos de marcas y de indicaciones geográficas y afirmó que el
Acuerdo sobre los ADPIC permitía dicha posibilidad. En apoyo a las observaciones de la DelegaciónIP/C/W/391
Página 54
SCT/8/7
Página 53
de Yugoslavia sobre el tamaño del lugar geográfico, la Delegación dijo que, siempre que se
cumpliesen las condiciones establecidas en la definición del Artículo 22.1 del Acuerdo sobre
los ADPIC, el tamaño del lugar de origen podría oscilar entre un pequeño viñedo y todo un país.
377. La Delegación de Australia, en respuesta a la solicitud de aclaraciones de la Delegación de
Argentina sobre la pertinencia de las expresiones nacionales en los debates sobre las indicaciones
geográficas a la luz de las experiencias nacionales, precisó que Australia nunca había aceptado que se
confiriesen derechos de propiedad intelectual a las expresiones tradicionales y que el Acuerdo sobre el
Vino entre Australia y la CE no contenía disposición alguna al respecto.
378. La Delegación de Rumania solicitó aclaraciones sobre la interfaz entre los acuerdos
bilaterales, en los que las partes convenían en concederse privilegios recíprocos, y el Artículo 4 del
Acuerdo sobre los ADPIC (Trato de la Nación más Favorecida).
379. La Delegación de la Argentina señaló la pertinencia de las observaciones de la Delegación de
Rumania. Los acuerdos bilaterales podían ser discriminatorios en relación con el acceso de
productos, como los vinos, procedentes de otros países.
380. Los representantes de la INTA y la ECTA hicieron hincapié en la importancia de las medidas
jurídicas de subsanación. Las solicitudes de marcas que incluían indicaciones geográficas se
rechazaban cuando la marca era descriptiva. El Tribunal decidiría si una marca había sido registrada
ilícitamente o de mala fe. Por el contrario, no existían medidas de subsanación contra indicaciones
geográficas que estuviesen protegidas en tratados bilaterales o multilaterales.
381. La Delegación de Australia se refirió a las declaraciones de la Delegación de Suiza y de
la ECTA y señaló que, en el caso de la coexistencia de derechos, se reduciría el carácter distintivo de
la marca. La Delegación dijo que la posibilidad de acogerse a medidas de subsanación era un tema
importante de debate.
382. La Delegación de Sri Lanka hizo referencia a las observaciones de la Delegación de Rumania
y señaló que en el Artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC se establecía la posibilidad de concluir
acuerdos bilaterales o multilaterales. Un ejemplo era el Acuerdo de Libre Comercio entre Australia y
Nueva Zelandia. A este respecto, debía notificarse al Consejo de los ADPIC la existencia de dichos
acuerdos. Para concluir, la Delegación dijo que el SCT no era el foro apropiado para debatir esta
cuestión.
383. La Delegación de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en
nombre de sus Estados miembros, afirmó, en respuesta a la Delegación de Rumania, que el
fundamento de los acuerdos bilaterales no era el Artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC sino el
Artículo 24.1. De conformidad con esta disposición, se toleraban acuerdos bilaterales o multilaterales
con el fin de incrementar la protección de las indicaciones geográficas. La Delegación destacó que no
formaba parte del mandato del SCT debatir los acuerdos bilaterales y que la referencia a ejemplos de
dichos acuerdos había sido traída a colación únicamente a fines informativos. En relación con los
términos no geográficos y el tamaño del lugar, por ejemplo, un país, la Delegación dijo que en el
Artículo 22.1 de los ADPIC se establecía dicha protección.IP/C/W/391
Página 55
SCT/8/7
Página 54
384. El Presidente afirmó que la práctica consagrada en la OMPI consistía en debatir las cuestiones
técnicas del modo más objetivo posible y que, a diferencia de los debates que se celebraban en otras
organizaciones, el debate del SCT tenía por objeto suministrar información y no llevar a cabo una
evaluación.
385. La Delegación de Australia aclaró que su intervención había sido hecha en términos
generales. La Delegación notificó que el acuerdo bilateral entre Australia y las Comunidades
Europeas se había celebrado antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC. En relación
con las expresiones tradicionales, la Delegación declaró en primer lugar que el Acuerdo Bilateral
sobre el vino celebrado entre Australia y las Comunidades Europeas, si bien se ocupaba de
expresiones tradicionales, no infería que una expresión tradicional contuviese derecho alguno de
propiedad intelectual. En segundo lugar, preguntó cómo podía establecerse un vínculo exclusivo
entre una palabra del idioma común y un lugar determinado de manera tal que se denotase o
connotase una calidad o reputación particular vinculada a dicho término de uso común y dicho lugar.
386. La Delegación de la Argentina señaló que si el acuerdo bilateral entre Australia y la
Comunidades Europeas, se había celebrado antes de que entrase en vigor el Acuerdo sobre los
ADPIC, no podía ser utilizado como ejemplo acerca del modo de aplicar el Acuerdo sobre
los ADPIC. Asimismo, el Artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC establecía un principio claro que
se aplicaba a todas las materias susceptibles de protección contempladas en el Acuerdo sobre
los ADPIC. En lo tocante a las expresiones tradicionales, la Delegación destacó que el problema
consistía en demostrar el vínculo que existía con un lugar determinado y que las expresiones
tradicionales no constituían indicaciones geográficas en el sentido del Artículo 22.1 del Acuerdo
sobre los ADPIC.
387. La Delegación del Brasil apoyó a la Delegación de la Argentina y afirmó que las expresiones
tradicionales no entraban en el ámbito de las indicaciones geográficas.
388. La Delegación de Sri Lanka discrepó con la Delegación del Brasil y afirmó que, a su juicio, el
Artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC abarcaba a las expresiones.
389. El Presidente invitó al SCT a formular propuestas sobre la futura labor del SCT en relación
con las indicaciones geográficas.
390. La Delegación de Australia solicitó ciertas aclaraciones en relación con las cuestiones
debatidas. La Delegación consideró que era capital debatir la cuestión de los términos genéricos.
Indicó que debía alcanzarse una mayor comprensión de las cuestiones básicas.
391. El Presidente resumió los debates y dijo que el SCT parecía convenir en que debería tomarse
el Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC como punto de partida de los debates. El Presidente
observó que las Delegaciones estaban divididas en relación con la cuestión de la materia susceptible
de protección, así como acerca de los vínculos objetivos, las normas de origen y las Normas ISO.
También se habían debatido las condiciones establecidas en distintos sistemas en relación con la
definición del Artículo 22.1 y la cuestión de si todos los procedimientos deberían llevarse a cabo en
un sólo lugar, así como el tamaño del lugar de origen. También se mencionaron cuestiones como la
territorialidad y la aplicación de cláusulas de derechos adquiridos, así como las diferencias entre las
indicaciones geográficas y las marcas de certificación.IP/C/W/391
Página 56
SCT/8/7
Página 55
392. El Presidente propuso, por último, que se debatiesen asimismo las cuestiones contenidas en
los documentos SCT/8/4 y 5 que aún no se habían debatido; a saber, los términos genéricos, los
conflictos entre marcas e indicaciones geográficas, y los conflictos entre indicaciones geográficas
homónimas.
393. La Delegación de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en
nombre de sus Estados miembros, preguntó si en el resumen del Presidente se incluía el ámbito de la
definición.
394. El Presidente preguntó si el SCT había llegado a un acuerdo sobre el hecho de que las tres
cuestiones que aún no se habían debatido se debatiesen en el futuro.
395. La Delegación de Australia dijo que las tres cuestiones mencionadas por el Presidente
deberían figurar en el orden del día y que el SCT debería designar las cuestiones básicas para futuros
debates.
396. La Delegación de México apoyó a la Delegación de Australia y pidió a la Secretaría una lista
impresa de las cuestiones mencionadas por el Presidente.
397. La Delegación del Uruguay aprobó las tres cuestiones mencionadas por el Presidente.
398. El Presidente sugirió que la futura labor del SCT en relación con las indicaciones geográficas
incluyese los términos genéricos, los conflictos entre marcas e indicaciones geográficas y entre
indicaciones geográficas homónimas, así como otras cuestiones que figuraban en un documento
oficioso que distribuiría la Secretaría esa misma tarde.
399. La Delegación de Australia dijo que parecía existir un consenso en el SCT en relación con su
futura labor en cuestión de marcas. En lo tocante a las indicaciones geográficas, la Delegación
agradeció a la Secretaría la elaboración del documento oficioso titulado "Lista de cuestiones debatidas
en el SCT". La Delegación sugirió que se desglosase la lista en dos partes a fin de evitar la
duplicación de las cuestiones enumeradas. La Delegación sugirió la siguiente lista consolidada para la
labor futura:
- debates sobre cuestiones relativas a la definición, en el que se incluiría el examen de
la aplicación de la definición en el plano nacional por parte de los distintos sistemas
de protección, diferencias prácticas de protección entre los distintos sistemas (sin
evaluar los sistemas nacionales), vínculos, calidad, reputación y otras características;
- debate centrado en la cuestión de la territorialidad, en el que se incluirían dos
aspectos: determinar si los criterios de elegibilidad eran fijados por el país de origen
de la indicación geográfica o por el país en el que se solicitaba la protección, y el
modo en que se aplicaban las excepciones, particularmente en lo tocante a la
aplicación de cláusulas de derechos adquiridos y términos genéricos.
La Delegación concluyó diciendo que dichas cuestiones eran fundamentales y debía concedérseles la
máxima prioridad, y sugirió que la Secretaría elaborase documentos al respecto para la próxima
sesión.IP/C/W/391
Página 57
SCT/8/7
Página 56
400. La Delegación de los Estados Unidos de América aprobó la propuesta formulada por la
Delegación de Australia.
401. La Delegación de la Federación de Rusia dijo que los debates celebrados en la presente
reunión eran muy interesantes y útiles para su país. La Delegación observó que algunas de las
cuestiones debatidas aún no se habían llevado a la práctica en Rusia. La Delegación no aprobaba
todos los comentarios formulados durante la reunión pero dijo que los debates habían proporcionado
abundante materia para reflexión. La Delegación apoyó las peticiones formuladas por ciertas
delegaciones en el sentido de que se realizasen estudios. La Delegación de Rusia dijo que seguiría
examinando las cuestiones debatidas, a fin de presentar sus comentarios en la próxima sesión y
esperaba con impaciencia que se debatiesen las cuestiones de la lista que figuraba en el documento
oficioso.
402. La Delegación de Suiza dijo que la lista de cuestiones era demasiado larga y afirmó que sería
preferible finalizar el debate del documento SCT/8/5 antes de considerar la posibilidad de debatir
cuestiones adicionales. La Delegación observó que varias delegaciones habían solicitado información
adicional sobre las indicaciones geográficas. A su juicio, sería más conveniente centrar los debates en
temas específicos en lugar de dispersar la atención del SCT en una miríada de cuestiones. La
Delegación añadió que en el futuro convendría reservar cierto tiempo para trabajar en cuestiones
relacionadas con las marcas y los dibujos y modelos industriales.
403. La Delegación de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en
nombre de sus Estados miembros, dijo que era prematuro establecer una lista de nuevas cuestiones
debido a que, como había explicado la Delegación de Australia, las cuestiones se duplicarían ya que el
Comité debía debatir las últimas cuestiones contenidas en el documento SCT/8/5 antes de debatir
nuevas cuestiones. La Delegación afirmó que el SCT no era el lugar adecuado para interpretar
disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC. A este respecto, en la versión francesa del documento
titulado "Lista de cuestiones planteadas en el SCT", debería reconsiderarse la palabra "evaluar". Por
último, la Delegación hizo referencia al debate sobre el conflicto entre los nombres de dominio y las
indicaciones geográficas, que se había celebrado la semana anterior en la sesión especial del SCT. La
Delegación resaltó que era capital para los usuarios que se hallase una solución apropiada para este
tipo de conflictos y confió en que, en el futuro, la OMPI pudiese avanzar al respecto.
404. La Delegación del Canadá aprobó la propuesta de la Delegación de Australia.
405. La Delegación de la Argentina afirmó que el documento oficioso titulado "Lista de cuestiones
planteadas en el SCT" constituía una buena base para proseguir los debates siguiendo el principio del
intercambio de opiniones. La Delegación consideró lógica la propuesta de la Delegación de Australia.
No obstante, precisó que el SCT debería diferenciar entre las cuestiones para debate y las cuestiones
que se abordarían en estudios que realizaría la Secretaría. La Delegación recordó la propuesta, que
había formulado en reuniones anteriores, de elaborar un estudio sobre la rentabilidad y las
repercusiones que entrañaría para los países en desarrollo y los países menos adelantados ampliar el
ámbito de protección del Artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC. La Delegación hizo referencia
asimismo al simposio de la OMPI sobre la protección internacional de las indicaciones geográficas
que constituía una valiosísima fuente de información y sugirió que el SCT considerase la posibilidad
de recomendar que el próximo simposio se celebrase en Ginebra, a fin de facilitar la participación de
un mayor número de países. La Delegación añadió que, habida cuenta de la importancia de las
indicaciones geográficas en el plano internacional, la organización de dicho simposio en Ginebra no
sólo constituía un valioso foro de información e intercambio de opiniones para los delegados queIP/C/W/391
Página 58
SCT/8/7
Página 57
debatían la cuestión en la OMPI y la OMC, sino que permitiría asimismo una mejor comprensión de
las distintas cuestiones gracias a la participación de titulares de los derechos, productores,
consumidores, usuarios, funcionarios gubernamentales, etc. En lo tocante a la cuestión de los
nombres de dominio, la Delegación dijo que, si bien consideraba que se trataba de una cuestión
importante, sería difícil alcanzar progresos en la materia antes de lograr un consenso sobre los
fundamentos de la protección de las indicaciones geográficas. Para concluir, la Delegación dijo que,
tras dos días de interesantes y fructíferos debates, sería una gran decepción que el Comité no aprobase
la lista de cuestiones que constituirían la labor futura del Comité.
406. La Delegación de la República Checa apoyó las observaciones formuladas por las
Delegaciones de las Comunidades Europeas y de Suiza según las cuales era prematuro que el SCT
debatiese nuevas cuestiones antes de finalizar su labor sobre las tres cuestiones que aún no habían
sido debatidas.
407. La Delegación de Barbados aprobó la propuesta de la Delegación de Australia y afirmó que
era necesario aclarar los conceptos básicos de las indicaciones geográficas antes de abordar la
cuestión específica de los nombres de dominio.
408. La Delegación de México opinó que la lista de cuestiones era un buen punto de partida y
aprobó la propuesta de agruparlas, que había formulado la Delegación de Australia. Entre los temas
de debate deberían incluirse asimismo los "términos genéricos", los "conflictos entre las marcas y las
indicaciones geográficas" y los "conflictos entre las indicaciones geográficas homónimas". La
Delegación aprobó la propuesta de la Delegación de Argentina relativa a la realización de un estudio
sobre las repercusiones de la protección de las indicaciones geográficas en los países en desarrollo.
La Delegación afirmó que había interpretado que la decisión de la sesión especial del SCT en relación
con los conflictos entre nombres de dominio e indicaciones geográficas consistía en recomendar a las
Asambleas de la OMPI que tomasen una decisión al respecto.
409. La Delegación de Sri Lanka afirmó que, desde el punto de vista de un país en desarrollo, los
debates que se celebraban en el SCT eran sumamente útiles, si bien no aprobada todas las cuestiones
que se habían incluido en la lista. La Delegación dijo que preferiría finalizar los debates sobre las tres
cuestiones que figuraban en los documentos SCT/8/4 y 5, antes de pasar a considerar una lista de
nuevas cuestiones. La Delegación expresó su desilusión por el hecho de que se aplazase el debate
sobre los nombres de dominio y las indicaciones geográficas en la sesión especial, ya que se trataba
de derechos de propiedad intelectual, como las marcas, y debían ser tratados del mismo modo. En
relación con el estudio económico propuesto por la Delegación de la Argentina, la Delegación
consideró que el SCT no era el órgano apropiado para realizarlo y dijo que no lo apoyaría.
410. La Delegación de Turquía apoyó las declaraciones de las Delegaciones de las Comunidades
Europeas, Suiza, Sri Lanka y la República Checa. El Comité debía debatir en primer lugar las tres
cuestiones pendientes. La Delegación afirmó asimismo que otras organizaciones estaban realizando
estudios y celebrando debates en esta esfera y sugirió que se evitase la duplicación de tareas.
411. La Delegación de Guatemala dijo que, en tanto que país en desarrollo, deseaba información y
aclaraciones sobre los conceptos y lamentó que se hubiese propuesto celebrar debates sobre las
indicaciones geográficas sin que se realizasen estudios al respecto. La Delegación dijo que resultaría
injusto con las Delegaciones que no tenían una buena formación en materia de indicaciones
geográficas dar por concluidos los debates sobre esta cuestión. A este respecto, la Delegación
convino con la Delegación de la Argentina en que un simposio en Ginebra resultaría sumamente útil.IP/C/W/391
Página 59
SCT/8/7
Página 58
412. La Secretaría afirmó que el Presupuesto por Programas para el bienio 2002-2003 establecía
que se organizaría un simposio sobre indicaciones geográficas y recordó asimismo que, en la séptima
sesión del SCT, la Secretaría invitó a los Estados miembros a que se propusiesen para organizar el
simposio.
413. El Presidente indicó que el hecho de que no se mencionasen las tres cuestiones aún pendientes
no significaba que no se fuesen a debatir.
414. La Delegación de la Argentina, en respuesta a las observaciones de la Delegación de
Sri Lanka sobre los estudios, dijo que el Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos
Conexos (SCCR) había encargado un estudio sobre las consecuencias de las bases de datos y que el
GRULAC había solicitado durante las últimas Asambleas de la OMPI que se realizasen estudios sobre
las repercusiones de una patente mundial en los países en desarrollo. La Delegación de la Argentina
hizo referencia asimismo a la División de la OMPI encargada específicamente de estudios
económicos, así como a la tendencia que se observaba en la OMPI en relación con el estudio de las
repercusiones económicas de los derechos de propiedad intelectual en los países en desarrollo. En
relación con los nombres de dominio, la Delegación dijo que las Asambleas de la OMPI debatirían la
cuestión y tomarían una decisión al respecto basándose en las propuestas formuladas en la sesión
especial del SCT.
415. La Delegación de Australia expresó su contrariedad en relación con la falta de consenso sobre
la labor futura y señaló que la presente sesión había sido la sesión más productiva de los últimos tres
años, habiéndose celebrado debates útiles y sustantivos sobre las indicaciones geográficas. La
Delegación añadió que no sería posible celebrar un debate sobre las tres cuestiones pendientes y los
nombres de dominio, hasta que se aclarasen los conceptos básicos. La Delegación afirmó que, en
virtud de la Declaración del Programa de Doha para el Desarrollo, se habían contraído grandes
compromisos en materia de asistencia técnica. A juicio de la Delegación, la OMPI, en tanto que
organismo especializado de las Naciones Unidas en la esfera de la propiedad intelectual, debía
presentar asistencia técnica, particularmente en el marco del SCT. Por consiguiente, la Delegación
solicitó firmemente que la Secretaría realizase estudios como los sugeridos por su Delegación.
416. La Delegación de Yugoslavia afirmó que aprobaría la lista de cuestiones propuestas ya que
estaba concebida de una manera general e incluía cuestiones que podrían abordarse en una etapa
ulterior. La Delegación apoyó a las delegaciones que habían deseado incluir en la futura labor
del SCT los debates sobre los conflictos que se planteaban entre las indicaciones geográficas y los
nombres de dominio. En lo tocante a la propuesta de celebrar un simposio de la OMPI sobre
indicaciones geográficas en Ginebra, la Delegación aprobó dicha propuesta y sugirió que los
participantes fuesen expertos interesados en la cuestión. Añadió que la OMPI podría organizar
asimismo, por intermedio de la Academia Mundial de la OMPI, cursos de formación para los
funcionarios de propiedad intelectual que lo considerasen necesario.
417. La Delegación de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en
nombre de sus Estados miembros, declaró que se sentiría tan contrariada como otras delegaciones si
no se alcanzase un acuerdo acerca de la labor futura del SCT. La Delegación deseó dejar claro que no
deseaba dar por finalizado el debate sobre las cuestiones enumeradas. Lo que había querido expresar
era que, habida cuenta de la complejidad de la cuestión y de las relaciones que existían entre las
distintas cuestiones enumeradas, la Delegación precisaba más tiempo para estudiar la lista propuesta a
fin de determinar qué puntos deberían abordarse en el futuro. La Delegación señaló que el Comité no
tenía claro qué cuestiones de la lista deberían tratarse en un estudio de la Secretaría. La DelegaciónIP/C/W/391
Página 60
SCT/8/7
Página 59
recordó asimismo que el SCT había decidido en sesiones anteriores elaborar una lista de cuestiones
que figuraban en el documento de la OMPI que aún no se había debatido completamente, y expresó su
sorpresa por el hecho de que se aplazase el debate. En lo tocante al estudio económico sobre las
repercusiones de las indicaciones geográficas, la Delegación solicitó aclaraciones sobre el hecho de
que se sostuviese al mismo tiempo que la definición de indicaciones geográficas no resultaba clara y
que se precisase un estudio económico sobre sus repercusiones. La Delegación preguntó cómo podría
realizarse un estudio basándose en conceptos confusos.
418. La Delegación de la República Islámica del Irán apoyó a las Delegaciones de Australia,
México, Sri Lanka y Australia en relación con las indicaciones geográficas en los países en desarrollo.
La Delegación aprobó asimismo que se siguiese trabajando sobre la cuestión de las indicaciones
geográficas en el SCT.
419. La Delegación de Sri Lanka aclaró sus propósitos sobre un posible estudio de las
repercusiones económicas de las indicaciones geográficas en los países en desarrollo ya que, al
parecer, no se había comprendido adecuadamente. Lo que intentaba expresar era que la OMPI no
podía emitir juicios de valores o una evaluación de las repercusiones, debido a que la experiencia de
la OMPI se limitaba al Arreglo de Lisboa. La Delegación convino con la Delegación de las
Comunidades Europeas en el hecho de que debía aclararse la definición antes de pensar en realizar un
estudio. La Delegación recordó asimismo que, en su tercera sesión, el SCT había decidido abordar la
cuestión de los conflictos entre las marcas y las indicaciones geográficas, y lamentó que el Comité
cambiase de dirección antes de finalizar la labor objeto de su mandato. La Delegación se refirió al
párrafo 9 del documento SCT/8/5 y expresó su preocupación por el hecho de que se siguiese
debatiendo la cuestión de las indicaciones geográficas de conformidad con la lista propuesta sin
contar con una comprensión clara del alcance de los estudios propuestos.
420. La Delegación de México consideró que el debate no tenía razón de ser ya que no se habían
puesto objeciones al hecho de seguir debatiendo la cuestión de las indicaciones geográficas genéricas,
los conflictos entre las marcas y las indicaciones geográficas, así como entre indicaciones geográficas
homónimas, que eran cuestiones pendientes. Entre otros temas, se planteaban asimismo las
cuestiones de la territorialidad y la definición. La Delegación consideraba importante que se
abordasen todas las cuestiones pendientes o que figuraban en la lista. La Delegación propuso que, en
la próxima sesión del SCT, se consagrasen dos medias jornadas a debatir la cuestión de las
indicaciones geográficas genéricas, las indicaciones geográficas homónimas y los conflictos entre las
marcas y las indicaciones geográficas. El tiempo restante se emplearía en debatir la cuestión de la
definición, basándose en un nuevo estudio que realizaría la Secretaría, tomando en consideración las
propuestas formuladas por la Delegación de Australia, apoyada por otras delegaciones. La
Delegación aclaró su postura en relación con los nombres de dominio y precisó que el SCT no podría
formular recomendación alguna al respecto, puesto que en la sesión especial ya se había recomendado
a la Asamblea que remitiese al SCT la cuestión de los nombres de dominio. La Delegación dijo que
no se oponía a dicha recomendación y que le complacería que se abordase en la próxima sesión del
SCT la cuestión de los nombres de dominio, así como las denominaciones comunes internacionales
para sustancias farmacéuticas (DCI) y otras cuestiones.
421. La Delegación de los Estados Unidos de América apoyó la propuesta de la Delegación de
México ya que no se oponía a debatir la cuestión de los nombres genéricos y los conflictos entre las
marcas y las indicaciones geográficas, así como entre indicaciones geográficas homónimas. No
obstante, la Delegación deseaba seguir trabajando en las cuestiones enumeradas por la Secretaría y
detalladas por la Delegación de Australia. Los debates adicionales resultarían beneficiosos para losIP/C/W/391
Página 61
SCT/8/7
Página 60
Estados miembros que contaban con un sistema establecido de protección, y aún más para los Estados
miembros que estaban elaborando actualmente legislación en materia de indicaciones geográficas.
422. La Delegación de Egipto afirmó que en la lista de cuestiones figuraban temas muy complejos
que requerían ser consultados con las autoridades nacionales pertinentes. Esto permitiría a la
Delegación participar de manera constructiva en la próxima reunión del SCT. La Delegación señaló
que el funcionamiento del SCT se había basado siempre en el consenso y que este enfoque debería
seguir prevaleciendo en el futuro.
423. La Delegación de Australia apoyó la propuesta de la Delegación de México. En lo tocante al
debate sobre el registro abusivo de indicaciones geográficas en los nombres de dominio, y la
recomendación de la sesión especial del SCT, en la que se solicitaba a la Asamblea General de
la OMPI remitir esta cuestión al SCT, la Delegación afirmó que tenía previsto apoyar esta
recomendación en la reunión de las Asambleas ya que consideraba que entraba claramente en el
mandato del SCT.
424. El Representante de la ICC consideró los debates del Comité como un valioso estudio
práctico del derecho comparativo internacional y agradeció a los miembros del SCT el interesante
intercambio de opiniones. En lo tocante a la definición de las indicaciones geográficas, que era la
cuestión básica principal, destacó que, a fin de obtener resultados, se precisaría tiempo para alcanzar
un compromiso. Desde el punto de vista de la ICC, la cuestión principal eran los conflictos entre las
marcas y las indicaciones geográficas pero debía aclararse asimismo la definición.
425. La Delegación de las Comunidades Europeas, haciendo uso de la palabra asimismo en
nombre de sus Estados miembros, observó que, a fin de alcanzar un compromiso, podía considerarse
la propuesta de la Delegación de México como punto de partida para el debate de la próxima sesión.
La Delegación indicó que deseaba que se reflejasen apropiadamente en las actas de la reunión las
últimas declaraciones formuladas por las delegaciones en relación con los nombres de dominio.
426. La Delegación de Sri Lanka declaró que no podía sumarse al consenso y que no hacía suya la
propuesta formulada por la Delegación de México debido a que necesitaba tiempo para consultar a sus
autoridades nacionales y deseaba estudiar la propuesta en papel antes de tomar una decisión.
Punto 7 del orden del día: Labor futura
427. La Delegación de Egipto solicitó información adicional sobre la protección de los dibujos y
modelos industriales y, más particularmente, sobre la relación que existía entre éstos y los
conocimientos tradicionales. La Delegación preguntó a la Oficina Internacional si podría elaborar un
documento al respecto para la próxima sesión.
428. La Delegación de Suiza apoyó la propuesta de la Delegación de Egipto de que se consagrase
tiempo a la cuestión de los dibujos y modelos industriales en las próximas reuniones y sugirió que el
estudio se centrase en las diferencias que existían entre los dibujos y modelos industriales y las
marcas tridimensionales.
429. La Delegación del Sudán apoyó la solicitud de las Delegaciones de Egipto y Suiza y confió en
que se debatiese la cuestión de los dibujos y modelos industriales en la próxima reunión del SCT.IP/C/W/391
Página 62
SCT/8/7
Página 61
430. La Delegación de Marruecos apoyó la propuesta de la Delegación de Egipto y consideró
lógico y razonable solicitar un estudio de estas características ya que formaba parte del mandato del
Comité.
431. La Delegación de Egipto deseó que quedase claro que el objeto del estudio que había
solicitado era la relación que existía entre los dibujos y modelos industriales y los conocimientos
tradicionales.
432. La Delegación del Uruguay aclaró que el mandato del Comité concernía a las marcas, los
dibujos y modelos industriales y las indicaciones geográficas, y no a los conocimientos tradicionales.
433. El Presidente indicó que era demasiado tarde para abrir un debate sobre el mandato del SCT
en la esfera de los dibujos y modelos industriales pero que creía firmemente que el Comité estaba
capacitado para abordar la cuestión de los dibujos y modelos industriales desde todas las perspectivas
posibles.
434. La Delegación del Uruguay afirmó que apoyaba la realización de un estudio sobre los dibujos
y modelos industriales pero en relación con las marcas.
Punto 8 del orden del día: Resumen del Presidente
435. El Presidente dio por finalizado el debate sobre la labor futura y pidió al Comité que pasase al
punto 8 del orden del día "Resumen del Presidente", del que se había distribuido un proyecto.
436. En relación con el punto 4 del orden del día, la Delegación de México solicitó que se reflejase
la modificación convenida de la expresión "marcas de certificación" por "marcas colectivas", en el
párrafo 34 del documento SCT/7/4.
437. La Delegación de Yugoslavia afirmó que, en el resumen del Presidente, en la primera frase
correspondiente al punto 5 del orden del día, debería añadirse la frase "y las correspondientes reglas"
ya que se estaban debatiendo las reglas correspondientes a los Artículos 8, 13 bisy 3ter.
438. En relación con el punto 6 del orden del día, la Delegación de Sri Lanka afirmó que había
introducido una reserva en relación con el consenso alcanzado pero que podría retirarla si se
alcanzaba un consenso en relación con la terminología, de conformidad con la propuesta de la
Delegación de Australia.
439. La Delegación de Australia dijo que había propuesto que la Secretaría elaborase dos
documentos. El primero abordaría cuestiones de definición (la aplicación de la definición en el plano
nacional por los distintos sistemas de protección, las diferencias prácticas de protección entre los
distintos sistemas de indicaciones geográficas y de denominaciones de origen, las marcas colectivas y
de certificación (y no una evaluación de los sistemas nacionales), los vínculos objetivos y la
reputación). El segundo documento abordaría las cuestiones de la territorialidad y la
extraterritorialidad, con dos aspectos que figuraban en la lista oficiosa pero sin la frase: "(cómo se
entendía en este contexto la aplicación del Artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC)".IP/C/W/391
Página 63
SCT/8/7
Página 62
440. Previa solicitud, la Secretaría señaló que se insertaría el siguiente texto en el punto 6 del
orden del día, en los párrafos 7 y 8:
"7. El SCT examinó detenidamente la definición de indicaciones geográficas, la protección
de una indicación geográfica en su país de origen, y la protección de las indicaciones
geográficas en el extranjero, sobre la base del documento SCT/8/5. El SCT decidió que
deberían consagrarse dos medias jornadas en su próxima sesión al examen de otros temas que
no pudieran abordarse (por ejemplo, carácter genético, los conflictos entre las marcas y las
indicaciones geográficas, y entre indicaciones geográficas homónimas). El SCT decidió
asimismo que debería dedicarse el resto del tiempo disponible para este punto del orden del
día a continuar los debates sobre la base de los documentos que prepararía la Oficina
Internacional sobre la cuestión de la definición y la de la territorialidad, respectivamente.
8. A este respecto, el SCT convino en que las cuestiones siguientes, surgidas en la octava
sesión, tendrían que ser objeto de mayor elaboración en los dos documentos que prepararía la
Oficina Internacional: en lo relativo a la definición: aplicación de la definición en el plano
nacional por los distintos esquemas de protección; distintas prácticas entre el sistema de
protección de las indicaciones geográficas, como las denominaciones de origen, y el sistema
de protección de las marcas colectivas y de certificación, vínculos, reputación. En esta parte
también deberían abordarse cuestiones tales como si los productos para los que se utiliza una
indicación geográfica deberían producirse necesariamente en determinado lugar, si el
producto debe necesariamente estar vinculado a ese lugar y no pueda ser producido en otro
lugar, y qué extensión debería tener el lugar de origen (desde la superficie de un pequeño
viñedo a la de todo un país). En lo relativo a la cuestión de la territorialidad, se deberían
tomar en consideración dos aspectos: si los criterios de admisibilidad los determina el país de
origen de la indicación geográfica o el país en el que se solicita la protección; y la forma en
que deben aplicarse las excepciones, en particular, en relación con el concepto de anterioridad
y el de carácter genérico".
441. El Presidente concluyó diciendo que el resumen del Presidente había sido aprobado con las
modificaciones propuestas por las Delegaciones de México, Yugoslavia y Australia.
442. La Secretaría informó de que la próxima sesión del SCT se celebraría del 11 al 15 de
noviembre de 2002 y añadió que, tal como había decidido el SCT en la presente sesión, en el proyecto
de orden del día para la novena sesión se incluirían los siguientes temas sustantivos: las marcas, las
indicaciones geográficas y los dibujos y modelos industriales.
Punto 9 del orden del día: Clausura de la sesión
443. El Presidente clausuró la octava sesión del Comité Permanente.
[Sigue el Anexo]IP/C/W/391
Página 64
ANEXO
LISTE DES PARTICIPANTS/LIST OF PARTICIPANTS
I. MEMBRES/MEMBERS
(dans l'ordre alphabétique des noms français des États)
(in the alphabetical order of the names in French of the States)
AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA
Solveig CROMPTON (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<solveig.crompton@ties.itu.int>
Fiyola HOOSEN (Miss), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
<fiyola@yahoo.com>
ALBANIE/ALBANIA
Armand ZAJMI, Chief, Trademarks and Designs Department, Albanian Patent Office, Tirana
<azajmi@albanionline.net>
ALGÉRIE/ALGERIA
Nabila KADRI (Mlle), directrice de la Division des marques, des dessins et modèles industriels et
appellations d'origine, Institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI), Alger
<inapi.marque@org>
Nor-Eddine BENFREHA, conseiller, Mission permanente, Genève
ALLEMAGNE/GERMANY
Li-Feng SCHROCK, Senior Ministerial Counsellor, Federal Ministry of Justice, Berlin
<schrock-li@bmj.bund.de>
Helga KOBER-DEHM (Mrs.), Senior Trademark Examiner, German Patent and Trademark Office,
Munich
<helga.kober-dehm@dpma.de>
Mara Mechtild WESSELER (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
ARGENTINE/ARGENTINA
Marta GABRIELONI (Sra.), Consejera, Misión Permanente, GinebraIP/C/W/391
Página 65
SCT/8/7
Anexo, página 2
AUSTRALIE/AUSTRALIA
Peter TUCKER, Registrar of Trademarks, IP Australia, Woden ACT
<peter.tucker@ipaustralia.gov.au>
Michael ARBLASTER, Deputy Registrar of Trademarks, IP Australia, Woden ACT
<marblaster@ipaustralia.gov.au>
Dara WILLIAMS (Ms.), Second Secretary, Australian Mission to the World Trade Organization,
Geneva
AUTRICHE/AUSTRIA
Robert ULLRICH, Head of Department, Austrian Patent Office, Vienna
<robert.ullrich@patent.bmvit.gv.at>
AZERBAÏDJAN/AZERBAIJAN
Natig VALIYEV, Head, Department of Information, Azerbaijan Republic State Committee of Science
and Engineering, Baku
BANGLADESH
Kazi Imtiaz HOSSAIN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
<mission.bangladesh@ties.itu.int>
BARBADE/BARBADOS
Christopher Fitzgerald BIRCH, Deputy Registrar, Corporate Affairs and Intellectual Property Office,
St. Michael
<cbirch@hotmail.com>
BÉLARUS/BELARUS
Irina EGOROVA (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
BELGIQUE/BELGIUM
Monique PETIT (Mme), conseillère adjointe, Office de la propriété industrielle, Bruxelles
<monique.petit@mineco.fgov.be>
Simon LEGRAND, conseiller, Mission permanente, GenèveIP/C/W/391
Página 66
SCT/8/7
Anexo, página 3
BRÉSIL/BRAZIL
Francisco Pessanha CANNABRAVA, Secretary, Permanent Mission, Geneva
<francisco.cannabrava@ties.itu.int>
BULGARIE/BULGARIA
Chtiriana VALTCHANOVA-KRASTEVA (Mme), juriste, Office des brevets, Sofia
<cvaltchanova@bpo.bg>
CANADA
Edith ST-HILAIRE (Ms.), Senior Policy Analyst, Intellectual Property Policy Directorate,
Department of Industry, Ottawa
<edith.st-hilaire@dfait-maeci.gc.ca>
J. Bruce RICHARDSON, Policy Analyst, Intellectual Property Policy Directorate, Department of
Industry, Ottawa
<richardson.bruce@dfait-maeci.gc.ca>
Tina MILANETTI (Ms.), SeniorTrade Analyst, Department of Agriculture, Ottawa
<milanettit@em.agr.ca>
Cameron MACKAY, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<cameron.mackay@dfait-maeci.gc.ca>
CHINE/CHINA
WANG Li (Mrs.), Trademark Examiner, Trademark Office, State Administration for Industry and
Commerce, Beijing
<shallry@sina.com>
Teresa GRANT (Mrs.), Assistant Director, Intellectual Property Department, Special Administrative
Region, Hong Kong, SAR
<grant@ipd.gov.hk>
LI Han (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<c-hanlin@yahoo.com>
COLOMBIE/COLOMBIA
Luis Gerardo GUZMÁN VALENCIA, Consejero, Misión Permanente, Ginebra
<mission.colombia@ties.itu.int>IP/C/W/391
Página 67
SCT/8/7
Anexo, página 4
COSTA RICA
Carmen Isabel CLARAMUNT GARRO (Sra.), Embajador, Misión Permanente, Ginebra
<carmen.claramunt@ties.itu.int>
CÔTE D'IVOIRE
Désiré-Bosson ASSAMOI, conseiller, Mission permanente, Genève
CROATIE/CROATIA
Željko TOPIĆ, Senior Advisor, State Intellectual Property Office of the Republic of Croatia, Zagreb 
<zeljko.topic@patent.tel.hr>
Željko MRŠIĆ, Head, Industrial Designs and Geographical Indications Department, State Intellectual 
Property Office of the Republic of Croatia, Zagreb
<zeljko.mrsic@patent.tel.hr>
Jasna KLJAJIĆ (Ms.), Senior Administrative Officer, Section for International Registration of 
Distinctive Signs, State Intellectual Property Office of the Republic of Croatia, Zagreb
<jasna.kljajic@dziv.hr>
CUBA
Natacha GUMÁ (Sra.), Segunda Secretaria, Misión Permanente, Ginebra
<natacha.guma-garcia@ties.itu.int>
DANEMARK/DENMARK
Henriette VAENGESGAARD RASCH (Mrs.), Danish Patent and Trademark Office, Taastrup
Torben ENGHULM KRISTENSEN, Head of Division, Danish Patent and Trademark Office,
Taastrup
<tkr@dkpto.dk>
ÉGYPTE/EGYPT
Ahmed ABDEL-LATIF, Second Secretary, Permanent Mission, GenevaIP/C/W/391
Página 68
SCT/8/7
Anexo, página 5
EL SALVADOR
Ramiro RECINOS TREJO, Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra
ÉQUATEUR/ECUADOR
Nelson VELASCO, Presidente, Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), Quito
<velasco.pre.iepi@interactive.net.ec>
Rafael PAREDES PROAÑO, Ministro, Representante Permanente Alterno, Misión Permanente,
Ginebra
ESPAGNE/SPAIN
María Teresa YESTE (Sra.), Jefe, Unidad de Recursos, Oficina Española de Patentes y Marcas,
Madrid
<teresa.yeste@oepm.es>
Ana PAREDES (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra
<ana.paredes@ties.itu.int>
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA
Karanendra S. CHHINA, Attorney-Advisor, Patent and Trademark Office, Department of Commerce,
Arlington, Virginia
<karan.chhina@uspto.gov>
Michael A. MEIGS, Counsellor (Economic Affairs), Permanent Mission, Geneva
<meigsma@state.gov>
Arezoo RIAHI (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva
<arezoo@gwu.edu>
EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE/THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC
OF MACEDONIA
Simco SIMJANOVSKI, Deputy Head of Department, Industrial Property Protection Office, Skopje
<simcos@ippo.gov.mk>
Biljana LEKIK (Mrs.), Deputy Head of Department, Industrial Property Protection Office, Skopje
<biljana@ippo.gov.mk>IP/C/W/391
Página 69
SCT/8/7
Anexo, página 6
FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION
Valentina ORLOVA (Ms.), Head, Legal Department, Russian Agency for Patents and Trademarks
(ROSPATENT), Moscow
<vorlova@rupto.ru>
Liubov KIRIY (Ms.), Acting Head of Department, Federal Institute of Industrial Property (FIPS),
Moscow
<lkiriy@rupto.ru>
FINLANDE/FINLAND
Hilkka NIEMIVUO (Mrs.), Deputy Head, Trademarks Division, National Board of Patents and
Registration, Helsinki
<hilkka.niemivuo@prh.fi>
Elina Marja-Liisa POHJA (Mrs.), Trademark Lawyer, National Board of Patents and Registration,
Helsinki
<elina.pohja@prh.fi>
FRANCE
Gilles REQUENA, chargé de mission, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Paris
<requena.g@inpi.fr>
Marianne CANTET (Mlle), Institut national de la propriété industrielle (INPI), Paris
<cantet.marianne@inpi.fr>
Michèle WEIL-GUTHMANN (Mme), conseillère, Mission permanente, Genève
<michele.weil-guthmann@diplomatie.gouv.fr>
Laurence GUILLARD-TRICOT (Mme), Juriste, chargée des affaires internationales, Institut national
des appellations d'origine
<i.guillard@inao.gouv.fr>
GRÈCE/GREECE
Nikos BEAZOGLOU, General Secretary for Commerce, Trademark Office, Directorate of
Commercial and Industrial Property, Athens
<beaz@gge.gr>IP/C/W/391
Página 70
SCT/8/7
Anexo, página 7
GUATEMALA
Andrés WYLD, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra
HAÏTI/HAITI
Moetsi DUCHATELLIER (Mlle), conseillère, Mission permanente, Genève
<moetsi.duchatellier@ties.itu.int>
HONDURAS
Marvin Francisco DISCUA SINGH, Sub-Director General de Propiedad Intelectual, Tegucigalpa
<mfdiscua@yahoo.com>
Karen CIS (Srta.), Segunda Secretaria, Misión Permanente, Ginebra
HONGRIE/HUNGARY
Gyula SOROSI, Head, National Trademark Section, Hungarian Patent Office, Budapest
<soros@hpo.hu>
Péter CSIKY, Head, Legal Section, Hungarian Patent Office, Budapest
<csiky@hpo.hu>
INDE/INDIA
Homai SAHA (Ms.), Minister, Permanent Mission, Geneva
INDONÉSIE/INDONESIA
Yuslisar NINGSIH (Mrs.), Head, Sub-Directorate of Legal Services, Directorate of Trademarks,
Directorate General of Intellectual Property Rights, Tangerang
<yuslisar@yahoo.com>
Dewi M. KUSUMAASTUTI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<dewi.kusumaastuti@ties.itu.int
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Zahra BAHRAINI (Ms.), Senior Expert of Trademark, Industrial Property Office, Tehran
<zahrabahraini@yahoo.com>IP/C/W/391
Página 71
SCT/8/7
Anexo, página 8
IRLANDE/IRELAND
Frank BUTLER, Department of Enterprise, Trade and Employment, Dublin
<frank_butler@entemp.ie>
ITALIE/ITALY
Fulvio FULVI, Commercial Attaché, Permanent Mission, Geneva
JAMAÏQUE/JAMAICA
Symone BETTON (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
JAPON/JAPAN
Wataru MIZUKUKI, Director of Trademark Examination, Trademark Division, Trademark,
Design and Administrative Affairs Department, Patent Office, Tokyo
Fumiaki SEKINE, Deputy Director, International Affairs Division, General Administration
Department, Patent Office, Tokyo
Kenichi IOKA, Examiner, Textiles Division, Trademark, Design and Administrative Affairs
Department, Patent Office, Tokyo
<ioka-kenichi@jpo.go.jp>
Takashi YAMASHITA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
JORDANIE/JORDAN
Shaker HALASA, Assistant Director, Directorate of Industrial Property Protection, Amman
<s_halasa@mit.gov.jo>
KENYA
Juliet GICHERU (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<mission.kenya@ties.itu.int
LETTONIE/LATVIA
Jānis ANCITIS, Senior Examiner-Counsellor, Patent Office of the Republic of Latvia, Riga 
<j.ancitis@lrpv.lv>IP/C/W/391
Página 72
SCT/8/7
Anexo, página 9
LIBAN/LEBANON
Rola NOUREDDINE (Mlle), première secrétaire, Mission permanente, Genève
LITUANIE/LITHUANIA
Algirdas STULPINAS, Head, Trademarks and Industrial Design Division, State Patent Bureau of the
Republic of Lithuania, Vilnius
<a.stulpinas@vpb.lt>
LUXEMBOURG/LUXEMBURG
Christiane DISTEFANO (Mme), Mission permanente, Genève
<christiane.daleiden@ties.itu.int>
MAROC/MOROCCO
Dounia EL OUARDI (Mlle), chef du Service système d'information, Office marocain de la propriété
industrielle et commerciale (OMPIC), Casablanca
<dounia.elouardi@ompic.org.ma>
Khalid SEBTI, premier secrétaire, Mission permanente, Genève
MAURICE/MAURITIUS
Marie Jose NETA (Mrs.), Principal Patents and Trademarks Officer, Patents and Trademarks Section,
Ministry of Industry and International Trade, Port Louis
<motas@bow.intnet.mu>
MEXIQUE/MEXICO
José Alberto MONJARAS OSORIO, Coordinador Departamental de Conservación de Derechos,
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), México D.F.
<a.monjaras@impi.gob.mx>
Karla ORNELAS LOERA (Sra.), Tercera Secretaria, Misión Permanente, Ginebra
<kornelas@sre.gdo.mx>
NIGER
Jérôme Oumarou TRAPSIDA, directeur du développement industriel, Direction du développement
industriel, NiameyIP/C/W/391
Página 73
SCT/8/7
Anexo, página 10
NORVÈGE/NORWAY
Debbie RØNNING (Miss), Head, Industrial Property Law Section, The Norwegian Patent Office,
Oslo
<dro@patentstyret.no>
Oluf Grytting WIE, Executive Officer, The Norwegian Patent Office, Oslo
<ogw@patentstyret.no>
PARAGUAY
Carlos GONZÁLEZ RUFINELLI, Director de la Propiedad Industrial, Asunción
<dpi@mic.gov.py>
Rodrigo Luis UGARRIZA DIAZ BENZA, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra
PAYS-BAS/NETHERLANDS
Nicole HAGEMANS (Ms.), Legal Advisor on Intellectual Property, Ministry of Economic Affairs,
The Hague
<n.hagemans@minez.nl>
PHILIPPINES
Leny RAZ (Mrs.), Director, Bureau of Trademarks, Intellectual Property Office, Makati
<leny.raz@ipophil.gov.ph>
Ma. Angelina Sta. CATALINA (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<mission.philippines@ties.itu.int>
PORTUGAL
Paulo SERRÃO, chef du Département des marques, Institut national de la propriété industrielle
(INPI), Lisbonne
<jpserrao@inpi.min-economia.pt>
José Sergio DE CALHEIROS DA GAMA, conseiller juridique, Mission permanente, Genève
<mission.portugal@ties.itu>
QATAR
Ahmed AL-JEFAIRI, Head, Trademark Department, Ministry of Finance, Economy and Trade, DohaIP/C/W/391
Página 74
SCT/8/7
Anexo, página 11
RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA
NAM Young Jaeg, Deputy Director, Korean Intellectual Property Office, Daejon-City
<moin67@kipo.go.kr>
KIM Ki Beom, Deputy Director, Trademark and Design Policy Planning Division, Korean Industrial
Property Office, Daejon-City
<Kbkim21@naver.com>
LEE Keun-Hoo, Deputy Director, Multilateral Cooperation Division, Ministry of Agriculture and
Forestry, Kyunggi-Do
<lkwho@maf.go.kr>
PARK Hyun-Hee (Mrs.), Deputy Director, Trademark and Design Policy Planning Division, Korean
Intellectual Property Office, Daejon-City
<phh1021@kipo.go.kr>
AHN Jae-Hyun, Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO/DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO
Adrienne SONDJI-BOKABO (Mme), conseillère chargée de la propriété industrielle, Ministère de
l'industrie, du commerce et des petites et moyennes entreprises, Kinshasa
<sondjibokabo@yahoo.fr>
RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA
Svetlana MUNTEANU (Mrs.), Head, Trademarks and Industrial Designs Direction, State Agency on
Industrial Property Protection, Kishinev
<munteanu_sv@yahoo.com>
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC
Isabel PADILLA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC
Ludmila ŠTĚRBOVÁ (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
<mission.geneva@embassy.mzv.cz>IP/C/W/391
Página 75
SCT/8/7
Anexo, página 12
ROUMANIE/ROMANIA
Constanta Cornelia MORARU (Mme), chef du Service juridique et de la coopération internationale,
Office d'État pour les inventions et les marques, Bucarest
<moraru.cornelia@osim.ro>
Alice Mihaela POSTĂVARU (Mlle), chef de la Section juridique, Office d'État pour les inventions et 
les marques, Bucarest
<liviu.bulgar@osim.ro>
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM
Jeff WATSON, Senior Policy Advisor, The Patent Office, Newport
<jwatson@patent.gov.uk>
David Charles MORGAN, Head, Trade Mark Examination, The Patent Office, Newport
<davimorgan@patent.gov.uk >
Joseph BRADLEY, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
<joe.bradley@fco.gov.uk>
SOUDAN/SUDAN
Hurria ISMAIL ABDEL MOHSIN (Mrs.), Senior Legal Advisor, Commercial Registrar General's,
Ministry of Justice, Khartoum
SRI LANKA
Gothami INDIKADAHENA (Mrs.), Counsellor (Economic and Commercial), Permanent Mission,
Geneva
<mission.sri-lanka-wto@ties.itu.int>
SUÈDE/SWEDEN
Per CARLSON, Judge, Court of Patent Appeals, Ministry of Justice, Stockholm
<per.carlson@pbr.se>
Lena GÖRANSSON NORRSJÖ (Mrs.), Legal Officer, Swedish Patent and Registration Office,
Söderhamn
<lena.norrjo@prv.se>IP/C/W/391
Página 76
SCT/8/7
Anexo, página 13
SUISSE/SWITZERLAND
Alexandra GRAZIOLI (Mlle), conseillère juridique, Division droit et affaires internationales, Institut
fédéral de la propriété intellectuelle, Berne
<alexandra.grazioli@ipi.ch>
Michèle BURNIER (Mme), conseillère juridique, Division des marques, Institut fédéral de la
propriété intellectuelle, Berne
<michele.burnier@ipi.ch>
THAÏLANDE/THAILAND
Vachra PIAKAEW, Trademark Registrar, Trademark Office, Department of Intellectual Property,
Nontaburi
Supark PRONGTHURA, Permanent Mission, Geneva
<supark@yahoo.com>
TUNISIE/TUNISIA
Nafaa BOUTITI, chargé d'études, Département de la propriété industrielle, Institut national de la
normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI), Tunis
Sana CHEIKH (Mlle), déléguée, Mission permanente, Genève
TURQUIE/TURKEY
Yüksel YÜCEKAL, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
Kural ALTAN, Deputy, Permanent Mission, Geneva
Yasar OZBEK, conseiller juridique, Mission permanente, Genève
UKRAINE
Vasyl BANNIKOV, Head, Division of Trademarks and Industrial Designs, Ukrainian Industrial
Property Institute, Kyiv
URUGUAY
Graciela ROAD D'IMPERIO (Sra.), Directora de Asesoría Técnica, Dirección Nacional de la
Propiedad Industrial, Montevideo
<dnpi@mcimail.com.uy>IP/C/W/391
Página 77
SCT/8/7
Anexo, página 14
VENEZUELA
Virginia PÉREZ PÉREZ (Miss), Primera Secretaria, Misión Permanente, Ginebra
YOUGOSLAVIE/YUGOSLAVIA
Miodrag MARKOVIĆ, Senior Legal Counsellor, Federal Intellectual Property Office, Belgrade 
<yupat@gov.yu>
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (CE)/EUROPEAN COMMUNITIES (EC)
Víctor SÁEZ LÓPEZ-BARRANTES, Official, Industrial Property Unit, European Commission,
Brussels
<victor.saez@cec.eu.int>
Detlef SCHENNEN, Head, Legislation and International Legal Affairs Service, Office for
Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), Alicante
<detlef.schennen@oami.eu.int>
Susana PÉREZ FERRERAS (Mrs.), Administrator, Industrial Property, European Commission,
Brussels
<susana.perez-ferreras@cec.eu.int>
Roger KAMPF, conseiller, Délégation permanente, Genève
<roger.kampf@cec.eu.int>
Sur une décision du Comité permanent, les Communautés européennes ont obtenu le statut de
membre sans droit de vote.
Based on a decision of the Standing Committee, the European Communities were accorded member
status without a right to vote.IP/C/W/391
Página 78
SCT/8/7
Anexo, página 15
II. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE ORGANIZATION
(WTO)
Thu-Lang TRAN WASESCHA (Mrs.), Counsellor, Geneva
<thu-lang.tranwasescha@wto.org>
Wajzma RASUL (Ms.), Research Associate, Intellectual Property Division, Geneva
<wajzma.rasul@wto.org>
OFFICE INTERNATIONAL DE LA VIGNE ET DU VIN (OIV)/INTERNATIONAL VINE AND
WINE OFFICE (OIV)
Yann JUBAN, administrateur, Unité "droit, règlementation et organisations internationales", Paris
<yjuban@oiv.int>
ORGANISATION DE L'UNITÉ AFRICAINE (OUA)/ORGANIZATION OF AFRICAN UNITY
(OAU)
Francis MANGENI, Counsellor, Geneva
<fmangeni@lsealumni.com>
BUREAU BENELUX DES MARQUES (BBM)/BENELUX TRADEMARK OFFICE (BBM)
Edmond Léon SIMON, directeur adjoint, La Haye
III. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS
Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA)/American Intellectual Property
Law Association (AIPLA): Graeme B. DINWOODIE (Vice-Chair, International Trademark and
Treaties, Chicago
<gdinwoodie@kentlaw.edu>)
Association communautaire du droit des marques (ECTA)/European Communities Trade Mark
Association (ECTA): Dietrich C. OHLGART (Chairman, Law Committee)
Association internationale des juristes du droit de la vigne et du vin (AIDV)/International Wine Law
Association (AIDV): Douglas REICHERT
<dreichert@swissonline.ch>IP/C/W/391
Página 79
SCT/8/7
Anexo, página 16
Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI)/International
Association for the Protection of Industrial Property (AIPPI): Gerd F. KUNZE (President, Zurich);
Darius SZLEPER (Assistant du Rapporteur, Genève
<dszleper@avocatgls.net>)
Assocation internationale pour les marques (INTA)/International Trademark Assocation (INTA):
Chehrazade CHEMCHAM (Ms.) (International Government Relations Coordinator); Burkhart
GOEBEL (Chair of sub-committee on geographical indications, Hamburg
<burkhart.goebel@lovells.com>)
Association japonaise pour les conseils en brevets (JPAA)/Japan Patent Attorneys Association
(JPAA): Shuya KOHHARA (Vice-Chairman, Trademark Committee, Tokyo);
Nami TOGAWA (Mrs.) (Registered Patent Attorney, Tokyo)
Association japonaise pour les marques (JTA)/Japan Trademark Association (JTA)
Tomoko NAKAJIMA (Ms.) (Vice-Chair, Trademark Committee, Tokyo)
Chambre de commerce internationale (CCI)/International Chamber of Commerce (ICC)
António L. DE SAMPAIO (conseiller J.E. Dias Costa, I.D.A, Lisbonne
<diascosta@jediascosta.pt>)
Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI): François CURCHOD (professeur
associé à l'Université Robert Schuman, Strasbourg
<francois.curchod@vtxnet.ch>)
Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI)/International Federation of
Industrial Property Attorneys (FICPI): Jean-Marie BOURGOGNON (conseil en propriété
industrielle, Paris)
Fédération internationale des vins et spiritueux (FIVS)/International Federation of Wines and
Spirits (FIVS): Robert KALIK (Special Representative to the President, Washington)
Institut Max-Planck de droit étranger et international en matière de brevets, de droit d'auteur et de la
concurrence (MPI)/Max-Planck-Institute for Foreign and International Patent, Copyright and
Competition Law (MPI): Eike SCHAPER (Munich)
<ejs@intellecprop.mpg.de>IP/C/W/391
Página 80
SCT/8/7
Anexo, página 17
IV. BUREAU/OFFICERS
Président/Chair: Željko TOPIĆ (Croatie/Croatia) 
Vice-présidents/Vice-Chairs: Valentina ORLOVA (Mrs.) (Fédération de Russie/Russian
Federation)
Nabila KADRI (Miss) (Algérie/Algeria)
Secrétaire/Secretary: Denis CROZE (OMPI/WIPO)IP/C/W/391
Página 81
SCT/8/7
Anexo, página 18
V. SECRÉTARIAT DE L'ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)/
SECRETARIAT OF THE
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)
Shozo UEMURA, vice-directeur général/Deputy Director General, Secteur des marques, des dessins
et modèles industriels, des indications géographiques et de la sanction des droits/Sector of
Trademarks, Industrial Designs, Geographical Indications and Enforcement
Ernesto RUBIO, directeur principal/Senior Director, Département des marques, des dessins et
modèles industriels et des indications géographiques/Trademarks, Industrial Designs and
Geographical Indications Department
Octavio ESPINOSA, directeur-conseiller/Director-Advisor, Secteur des marques, des dessins et
modèles industriels, des indications géographiques et de la sanction des droits/Sector of Trademarks,
Industrial Designs, Geographical Indications and Enforcement
Joëlle ROGÉ (Mme/Mrs.), directrice-conseillère/Director-Advisor, Secteur des marques, des dessins
et modèles industriels, des indications géographiques et de la sanction des droits/Sector of
Trademarks, Industrial Designs, Geographical Indications and Enforcement
Denis CROZE, chef/Head, Section du développement du droit international (marques, dessins et
modèles industriels et indications géographiques)/International Law Development Section
(Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications)
Päivi LÄHDESMÄKI (Mlle/Ms.), juriste principale/Senior Legal Officer, Section du développement
du droit international (marques, dessins et modèles industriels et indications
géographiques)/International Law Development Section (Trademarks, Industrial Designs and
Geographical Indications)
Abdoulaye ESSY, consultant, Section du développement du droit international (marques, dessins et
modèles industriels et indications géographiques)/International Law Development Section
(Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications)
[Fin de l'annexe et du document/End of Annex and
of document]
__________