 ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DEL COMERCIO  WT/DS212/AB/R 
9 de diciembre de 2002 
 (02-6715) 
 Original:   inglés 
 
 
   
 
 
 
  
 
 
 
  
ESTADOS UNIDOS - MEDIDAS COMPENSATORIAS QUE AFECTAN 
A DETERMINADOS PRODUCTOS ORIGINARIOS 
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
 
 
 
AB-2002-5 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Informe del Órgano de Apelación 
 
 
  WT/DS212/AB/R 
 Página i 
 
 
ÍNDICE 
Página  
I. Introducción ................................................................................................................ ................1 
II. Antecedentes fácticos....... ......................... .................................... .................. ................ ............6 
 A. El método " gamma ".......................................................................................................6 
 B. El método de la "misma persona" ..................................................................................7 
 C. Consecuencias de la privatización .................................................................................9 
III. Argumentos de los participantes y de los terceros participantes...............................................10 
 A. Alegaciones de error presentadas por los Estados Unidos - Apelante ........................10 
  1. Privatizaciones en condiciones de plena competencia y por el valor 
justo de mercado .............................................................................................10 
  2. El método de la "misma persona"...................................................................13 
  3. Compatibilidad de la disposición 19 U.S.C. § 1677(5)(F) con las 
obligaciones contraídas en el marco de la OMC ............................................14 
 B. Argumentos de las Comunidades Europeas - Apelado ................................................16 
  1. Privatizaciones realizadas en condiciones de plena competencia y por 
el valor justo de mercado ................................................................................16 
  2. El método de la "misma persona"...................................................................18 
  3. Compatibilidad de la disposició n 19 U.S.C. § 1677(5)(F), como tal, 
con las obligaciones contraídas en el marco de la OMC ................................20 
 C. Argumentos de los terceros participantes ....................................................................22 
  1. Brasil...............................................................................................................22 
  2. India ................................................................................................................25 
IV. Cuestiones planteadas en esta apelación...................................................................................2 6 
V. Cuestiones de procedimiento ................................................................................................. ...27 
 A. Suficiencia del anuncio de apelación y solicitud de desestimación de ciertos 
aspectos de la apelación ..............................................................................................27 
 B. La comunicación presentada como amicus curiae ......................................................39 
VI. Introducción a las cuestiones sustantivas.................................................................................. 39 
VII. Privatizaciones realizadas en condici ones de competencia y por el valor justo 
de mercado..................................................................................................................... ...........44 
 A. Constatación del Grupo Especial ................................................................................44 
 B. Interpretación de " beneficio "......................................................................................48 WT/DS212/AB/R 
Página ii  
 
Página
 
 C. Interpretación del " receptor " de la contribución financiera .......................................53 
 D. Privatizaciones en condiciones de competencia y por el valor justo de 
mercado:  ¿puede seguir existiendo el "beneficio"? ....................................................60 
VIII. El método de la "misma persona".......................................................................................... ...63 
IX. Compatibilidad de 19 U.S.C. § 1677(5)(F), en cuanto tal, con las obligaciones en 
el marco de la OMC............................................................................................................. .....78 
X. Constataciones y conclusiones............................................................................................... ...82 
Anexo I: Notificación de la  apelación de los Estados Unidos de conformidad 
con el párrafo 4 del artículo 16 del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias.........................................................................................................1 
  WT/DS212/AB/R 
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CUADRO DE LOS ASUNTOS CITADOS EN ESTE INFORME 
Título abreviado Título completo del asunto 
Canadá - Aeronaves civiles Informe del Órgano de Apelación, Canadá - Medidas que afectan a la 
exportación de aeronaves civiles , WT/DS70/AB/R, adoptado el 20 de agosto 
de 1999, DSR 1999:III, 1377 (versión inglesa). 
CE - Banano III Informe del Órgano de Apelación, Comunidades Europeas - Régimen para 
la importación, venta y distribución de bananos , WT/DS27/AB/R, adoptado 
el 25 de septiembre de 1997, DSR 1997:II, 591 (versión inglesa). 
Estados Unidos - Camarones Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Prohibición de las 
importaciones de determinados camarones y productos del camarón , 
WT/DS58/AB/R, adoptado el 6 de noviembre de 1998, DSR 1998:VII, 2755 
(versión inglesa). 
Estados Unidos - Medidas 
compensatorias sobre 
determinados productos 
originarios de las CE  Informe del Grupo Especial sobre el asunto Estados Unidos - Medidas 
compensatorias que afectan a determinados productos originarios de las 
Comunidades Europeas , WT/DS212/R, de 31 de julio de 2002. 
Estados Unidos - Plomo y 
bismuto II Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Establecimiento de 
derechos compensatorios sobre determinados productos de acero al 
carbono con plomo y bismuto y laminado en caliente originarios del Reino 
Unido , WT/DS138/AB/R, adoptado el 7 de junio de 2000, 
DSR 2000:V, 2601 (versión inglesa). 
Informe del Grupo Especial que se ocupó del asunto Estados Unidos - 
Establecimiento de derechos compensatorios sobre determinados productos 
de acero al carbono con plomo y bismuto y laminado en caliente originarios 
del Reino Unido , WT/DS138/R y Corr.2, adoptado el 7 de junio de 2000, 
confirmado por el informe del Órgano de Apelación, WT/DS138/AB/R, 
DSR 2000:VI, 2631 (versión inglesa). 
 
  WT/DS212/AB/R 
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO  
ÓRGANO DE APELACIÓN  
Estados Unidos - Medidas compensatorias que 
afectan a determinados productos originarios 
de las Comunidades Europeas 
 
 
Apelante :  Estados Unidos 
Apelado :  Comunidades Europeas 
 Tercero participante :  Brasil 
Tercero participante :  India 
Tercero participante :  México  AB-2002-5 
 
 Actuantes: 
 
 Lockhart, Presiden te de la Sección 
 Abi-Saab, Miembro 
 Bacchus, Miembro 
  
I. Introducción 
1. Los Estados Unidos apelan con respecto a determinadas cuestiones de derecho tratadas e 
interpretaciones jurídicas formuladas en el informe del Grupo Especial sobre el asunto Estados 
Unidos - Medidas compensatorias que afectan a determinados productos originarios de las 
Comunidades Europeas  (el "informe del Grupo Especial").
1  El Grupo Especial fue establecido para 
examinar una reclamación presentada por las Co munidades Europeas con respecto a los derechos 
compensatorios establecidos o mantenidos por los Estados Unidos sobre ciertos productos de acero 
originarios de diversos países miem bros de las Comunidades Europeas. 
2. Los derechos compensatorios fueron establecidos o mantenidos por el Departamento de 
Comercio de los Estados Unidos ("USDOC") en el curso de 12 investigaciones:  6 investigaciones 
originales, 2 exámenes administrativos y 4 exámenes por caducidad de las medidas.2  E n  e s t a s  
                                                      
1 WT/DS212/R, de 31 de julio de 2002. 
 
2 El Grupo Especial adoptó el siguiente sistema de numeración, que será utilizado también por el 
Órgano de Apelación, para facilitar la identificación de las diversas determinaciones administrativas en cuestión:  Hojas y tiras de acero inoxidable en rollos procedentes de Francia , 64 Fed. Reg. 30774 
(USDOC, 29 de junio de 1999) (caso Nº 1);  Determinadas planchas de acero al carbono cortadas a medida 
procedentes de Francia , 64 Fed. Reg. 73277 (USDOC, 29 de  diciembre de 1999) (caso Nº 2);  Determinadas 
varillas de acero inoxidable procedentes de Italia , 63 Fed. Reg. 40474 (USDOC, 29 de julio de 1998) 
(caso Nº 3);  Planchas de acero inoxidable en tiras procedentes de Italia , 64 Fed. Reg. 15508 (USDOC, 31 de 
marzo de 1999) (caso Nº 4);  Hojas y tiras de acero inoxidable en rollos procedentes de Italia , 
64 Fed. Reg. 30624 (8 de junio de 1999) (caso Nº 5);  Determinadas planchas de acero al carbono cortadas a 
medida procedentes de Italia , 64 Fed. Reg. 73244 (USDOC, 29 de diciembre de 1999) (caso Nº 6);  Planchas de 
acero al carbono cortadas a medida procedentes de Suecia , 62 Fed. Reg. 16551 (USDOC, 7 de abril de 1997) 
(caso Nº 7);  Planchas de acero al carbono cortadas a medida procedentes del Reino Unido , 
65 Fed. Reg. 18309 (USDOC, 7 de abril de 2000) (caso Nº 8);  Determinados productos planos de acero al 
carbono resistente a la corrosión procedentes de Francia , 65 Fed. Reg. 18063 (USDOC, 7 de abril de 2000) 
(caso Nº 9);  Planchas de acero al carbono cortadas a medida procedentes de Alemania , 65 Fed. Reg. 47407 WT/DS212/AB/R 
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investigaciones, ciertos análisis se realizaron co nforme a una disposición de los Estados Unidos, 
19 U.S.C. § 1677(5)(F) ("artículo 1677(5)(F)")
3, que dice lo siguiente: 
Cambio de propiedad.  El cambio en la propiedad de la totalidad o una parte de las 
empresas extranjeras o de los activos productivos de una empresa extranjera no 
requiere de por sí que la autoridad admini stradora determine que una subvención que 
podía ser objeto de medidas compensatorias y que hubiera recibido la empresa ha 
dejado de dar lugar a la imposición de medidas compensatorias, aun cuando el cambio de propiedad se efectúe mediante una  transacción entre partes independientes. 
Los productos objeto de las 12 investigaciones iniciales y exámenes en cuestión habían sido 
producidos por empresas anteriormente estatales qu e habían sido privatizadas en la fecha de las 
12 determinaciones administrativas en que se ba saban las actuaciones.  Las Comunidades Europeas 
alegan que, en los 12 casos, las privatizaciones tuvieron lugar en condiciones de plena competencia y 
por el valor justo de mercado.  Los Estados Unidos no refutaron esas alegaciones.
4  Ambas partes 
están de acuerdo en que los cambios de propiedad que afectan a esta diferencia sólo conciernen a 
privatizaciones, es decir, al cambio de propiedad del Gobierno a manos privadas.5  Todas las 
privatizaciones a las que se hace referencia en esta diferenc ia supusieron un cambio total en la 
propiedad en el sentido de que en los 12 casos el  Gobierno había vendido todos, o sustancialmente  
                                                                                                                                                                     
(USDOC, 2 de agosto de 2000) (caso Nº 10);  Planchas de acero al carbono cortadas a medida procedentes de 
España , 65 Fed. Reg. 18307 (USDOC, 7 de abril de 2000) (caso Nº 11), y Electroacero de textura orientada 
procedente de Italia , 66 Fed. Reg. 2885 (USDOC, 12 de enero de 2001) (caso Nº 12).  Los casos Nos 1 a 6 
corresponden a investigaciones originales;  los casos Nos 7 y 12 a exámenes administrativos, y los casos Nos 8 
a 11 a exámenes por caducidad de las medidas. 
 
3 El artículo 771(5)(F) de la Ley Arancelaria de los Estados Unidos de 1930, modificada, que, a los 
efectos del Código de los Estados Unidos, está codificada en 19 U.S.C. § 1677(5)(F), adjunta como CE - Prueba documental 4 a la primera comunicación de las Comunidades Europeas al Grupo Especial. 
 
4 El USDOC analizó las condiciones de venta de las privatizaciones en dos de los exámenes por 
caducidad de las medidas en los que se basaban las investigaciones (casos Nos 8 y 10) y en tres de las 
investigaciones originales (casos Nos 1, 2 y 4), y llegó a la conclusión de que esas cinco privatizaciones se 
habían realizado en condiciones de plena competencia y por el valor justo de mercado.  (Véase el informe del 
Grupo Especial, párrafos 2.2, 2.39 y 2.45;  nueva determinación por reenvío en el asunto Acciai Speciali 
Terni S.p.A. v. United States , Nº 99-06-00364, slip op. 02-10 (Court of International Trade, 1º de febrero 
de 2002), disponible en http://www.ia.ita.doc.gov/remands/02-10.htm ;  nueva determinación por reenvío en el 
asunto GTS Indus. S.A. v. United States , Nº 00-03-00118, slip op. 02-02 (Court of International Trade, 4 de 
enero de 2002), disponible en http://www.ia.ita.doc.gov/remands/02-2.htm , y nueva determinación por reenvío 
en el asunto  Allegheny Ludlum Corp. v. United States , Nº 99-09-00566, slip op. 02-01 (Court of International 
Trade, 4 de enero de 2002), disponible en http://www.ia.ita.doc.gov/remands/02-1.htm .)  El USDOC no ha 
afirmado nada sobre las condiciones de venta en que se efectuaron las otras siete privatizaciones en cuestión. 
 
5 Informe del Grupo Especial, párrafo 2.3. 
  WT/DS212/AB/R 
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todos, sus intereses como propietario, por lo que cl aramente ya no tenía intereses con capacidad de 
control sobre los productores privatizados.6 
3. Las 12 investigaciones se refieren a la repercus ión que la privatización de las empresas objeto 
de investigación tienen sobre la existencia de un beneficio que pueda ser objeto de derechos 
compensatorios.  El establecimiento o manten imiento de derechos compensatorios en las 
12 determinaciones se basaba en la existencia de subvenciones a los productores privatizados, y 
específicamente en la continuación de los benefici os otorgados por las cont ribuciones financieras no 
recurrentes concedidas por los gobiernos a lo s productores antes de la privatización. 
4. El Grupo Especial constató que los Estados Un idos habían actuado de forma incompatible 
con los artículos 10 y 14, los párrafos 1 y 4 del artículo 19, los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 21 y el 
párrafo 5 del artículo 32 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias  
(el "Acuerdo SMC ") y con el párrafo 4 del artículo XVI del  Acuerdo de Marrakech por el que se 
establece la Organización Mundial del Comercio  (el " Acuerdo sobre la OMC ")7, y habían anulado o 
menoscabado beneficios resultantes para las Comunidades Europeas de esos Acuerdos.8  El Grupo 
Especial recomendó que el Órgano de Solución de  Diferencias ("OSD") pidiera a los Estados Unidos 
que pusieran sus medidas en conformidad c on las obligaciones que les imponían el  Acuerdo SMC  y el 
Acuerdo sobre la OMC .9 
5. Los Estados Unidos notificaron al OSD, el 9 de septiembre de 2002, su intención de apelar 
con respecto a ciertas cuestiones de derecho tratadas en el informe del Grupo Especial y a 
determinadas interpretaciones jurídicas formuladas por el Grupo Especial, de conformidad con el 
párrafo 4 del artículo 16 del  Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige 
la solución de diferencias  (el "ESD"), y presentaron al Órgano de Apelación un anuncio de 
apelación10 con arreglo a la Regla 20 de los  Procedimientos de trabajo para el examen en apelación  
(los " Procedimientos de trabajo ").  En el anuncio de apelación se dice, en la parte pertinente, lo 
siguiente: 
                                                      
6 Ibid. 
 
7 Ibid., párrafo 8.1. 
 
8 Ibid., párrafo 8.2. 
 
9 Ibid., párrafo 8.3. 
 
10 WT/DS212/7, adjunto como anexo I al presente informe. 
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Los Estados Unidos solicitan que el Órgano de Apelación examine las conclusiones 
del Grupo Especial que figuran en los párrafos 8.1 a)-d) y 8.2 de su informe.  Estas 
conclusiones son erróneas y se basan en constataciones erróneas sobre cuestiones de 
derecho e interpretaciones jurídicas conexas. 
6. Las Comunidades Europeas presentaron el 10 de  septiembre de 2002, conforme al párrafo 1 
de la Regla 16 de los Procedimientos de trabajo , una solicitud de resolución preliminar 
(la "Solicitud") para que se ordenase a los Estados Unidos que diesen detalles "que identificasen las 
constataciones jurídicas e interpretaciones jurídicas precisas que estaban impugnando".
11  Los Estados 
Unidos respondieron a la Solicitud el 12 de septie mbre de 2002, afirmando que se debía denegar la 
Solicitud porque en el anuncio de apelación se indicaban con suficiente claridad las constataciones e interpretaciones jurídicas del Grupo Especial con respecto a las cuales apelaban.
12 
7. El 12 de septiembre de 2002, el Órgano de Apelación, después de examinar las 
comunicaciones presentadas sobre la cuestión por las Comunidades Europeas y los Estados Unidos, 
"invitó a los Estados Unidos a que identificasen las constataciones e interpretaciones exactas del 
Grupo Especial que, según se afirmaba en el anuncio de apelación presentado el 9 de septiembre de 2002, constituían errores".
13  Respondiendo a la invitación, los Estados Unidos presentaron, el 
13 de septiembre de 2002, un documento en el que se indicaban más en detalle los errores de derecho 
y las interpretaciones jurídicas por los que se solicitab a el examen en apelación.  En ese documento se 
citaban los párrafos del informe del Grupo Especial relativos a las "Conclusiones y 
recomendaciones"14, a los que sólo se había hecho referencia en el anuncio de apelación inicial, y se 
añadían unas descripciones de los errores concretos en que según los Estados Unidos había incurrido 
el Grupo Especial.15  Las cuestiones de la suficiencia del a nuncio de apelación y la solicitud de las 
Comunidades Europeas de que se desestimasen ciertos motivos de apelación fueron estudiadas por los participantes en sus comunicaciones escritas y en las exposiciones que hicieron en la audiencia, y 
nosotros las examinamos más adelante, bajo el  epígrafe "Cuestiones de procedimiento". 
                                                     
 
11 Solicitud, párrafo 6. 
 
12 Carta de fecha 12 de septiembre de 2002 dirigida al Presidente de la Sección que entiende en esta 
apelación por el Asesor Jurídico Superior de la Misión Permanente de los Estados Unidos ante la OMC, 
páginas 2 y 3. 
 
13 Carta de fecha 12 de septiembre de 2002 dirigida al Asesor Jurídico Superior de la Misión 
Permanente de los Estados Unidos ante la OMC por el Director de la secretaría del Órgano de Apelación. 
 
14 Informe del Grupo Especial, párrafos 8.1 a)-d) y 8.2. 
 
15 Véase el apéndice a la carta de fecha 13 de septiembre de 2002 dirigida al Director de la secretaría 
del Órgano de Apelación por el Asesor Jurídico Superior de la Misión Permanente de los Estados Unidos ante 
la OMC. 
  WT/DS212/AB/R 
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8. El 19 de septiembre de 2002, los Estados Unidos presentaron su comunicación como 
apelante.  El 4 de octubre de 2002, las Comunidades Europeas presentaron su comunicación como 
apelado.  El mismo día, el Brasil y la India presentaron sendas comunicaciones como terceros 
participantes.  Ese día México presentó, conf orme al párrafo 2) de la Regla 24 de los  Procedimientos 
de trabajo , una carta en la que declaraba su intención de participar y de hacer una exposición oral 
como tercero participante en la audiencia.16 
9. El Órgano de Apelación también recibió el 19 de septiembre de 2002 una comunicación 
presentada como amicus curiae  por una asociación de la industria.17  Las Comunidades Europeas, el 
27 de septiembre de 2002, presentaron una carta en la que negaban que la comunicación presentada como amicus curiae  hubiera de ser tomada en consideración en el examen del Órgano de Apelación y 
sostenían que "los argumentos no difieren en sustan cia de los argumentos del Gobierno de los Estados 
Unidos y en gran parte repiten esos argumentos"
18, y pidieron al Órgano de Apelación que "informase 
a las partes sobre si se proponía aceptar y tener en cuenta la comunicación presentada [por la 
asociación de la industria]".19 
10. El Órgano de Apelación respondió a la petición de las Comunidades Europeas el 27 de 
septiembre de 2002 y declaró que  la decisión sobre la admisib ilidad o la pertinencia de la 
comunicación presentada como amicus  no se adoptaría hasta que se hubieran examinado las 
comunicaciones escritas y las exposiciones orales hechas por todos los participantes.20  En 
consecuencia, el Órgano de Apelación invitó a to dos los participantes a que examinasen "más 
adelante, en el curso de esta apelación, la comunicación [presentada como amicus curiae ]".21 
                                                      
16 Carta de fecha 4 de octubre de 2002 dirigida al Director de la secretaría del Órgano de Apelación por 
el Excmo. Sr. Eduardo Pérez Motta, Embajador, Misión Permanente de México ante la OMC. 
 
17 Comunicación adjunta a la carta de fecha 19 de septiembre de 2002 dirigida al Presidente de la 
Sección que entiende en esta apelación por Andrew G. Sharkey III, Presidente y Director General del Instituto 
del Hierro y el Acero de los Estados Unidos. 
 
18 Carta de fecha 27 de septiembre de 2002 dirigida al Presidente de la Sección que entiende en esta 
apelación por el Ministro-Consejero de la Delegación Permanente de las Comunidades Europeas ante la OMC, página 1. 
 
19 Ibid., página 2. 
 
20 Carta de fecha 27 de septiembre de 2002 dirigida al Ministro-Consejero de la Delegación 
Permanente de las Comunidades Europeas ante la OMC por el Director de la secretaría del Órgano de 
Apelación. 
 
21 Ibid. 
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Página 6  
 
11. La audiencia en esta apelación se celebró el 22 de octubre de 2002.  Los participantes y los 
terceros participantes expusieron argumentos oral es y respondieron a las preguntas que les hicieron 
los Miembros de la Sección que entendía en la apelación. 
II. Antecedentes fácticos 
A. El método " gamma " 
12. El USDOC aplicó uno de dos métodos diferentes (llamados el método " gamma " y el método 
de la "misma persona")
22 al realizar las 12 determinaciones para evaluar el efecto que un cambio de 
propiedad realizado mediante la privatización tenía sobre la continuación de  la existencia de un 
beneficio que podía dar lugar a medidas compensatorias.  El método gamma  fue utilizado 
anteriormente por el USDOC para determinar la  medida en que una contribución financiera no 
recurrente concedida a una empresa estatal debía am ortizarse en el curso del tiempo para llegar a una 
tasa de subvención susceptible de derechos compensatorios23, particularmente después de la venta de 
la entidad subvencionada a una empresa privada.24  Al aplicar este método, el USDOC aplicó una 
presunción irrefutable de que los beneficios inhe rentes a esa contribución financiera seguirían 
correspondiendo al receptor durante un período de tiempo normal25, de forma que "el USDOC no 
investiga sobre si la subvención sigue beneficiando la producción en algún momento posterior y, en su caso, en qué medida.  En cambio, el USDOC simplemente impondrá derechos compensatorios 
sobre la cuantía de la subvención originariamente imputada al año" que se examina.
26  Cuando se 
                                                      
22 Observamos que el Grupo Especial se refiere a esta práctica como la " metodología  de la misma 
persona".  Ahora bien, el artículo 14 del  Acuerdo SMC  denomina "método[s]" a los procedimientos seguidos 
por las autoridades investigadoras para calcular el beneficio, por lo que utilizaremos el término "método" en vez de la palabra "metodología". 
 
23 Ambos participantes están de acuerdo en que "la práctica normal y aceptada [...] es que el Miembro 
importador presuponga que una subvención no recurrente otorga un beneficio a lo largo de un determinado 
período de tiempo, que normalmente se presupone que es igual a la vida media útil de los activos en la rama de 
producción pertinente" (informe del Grupo Especial, párrafo 7.75), práctica que el Órgano de Apelación 
consideró permisible en el asunto Estados Unidos - Plomo y bismuto II , párrafo 62, siempre que la presunción 
fuera irrefutable. 
 
24 Primera comunicación de los Estados Unidos al Grupo Especial, párrafo 5, adjunta al informe del 
Grupo Especial sobre el asunto Estados Unidos - Plomo y bismuto II , apéndice 2.1, página 196. 
 
25 Ibid., párrafos 6, 44 y 45, adjunta al informe del Grupo Especial sobre el asunto Estados Unidos - 
Plomo y bismuto II , páginas 198, 207 y 208. 
 
26 Primera comunicación de los Estados Unidos al Grupo Especial, párrafo 44, adjunta al informe del 
Grupo Especial sobre el asunto Estados Unidos - Plomo y bismuto II , apéndice 2.1, página 208 .  V é a s e  
también ibid., párrafo 43, adjunta al informe del Grupo Especial sobre el asunto Estados Unidos - Plomo y 
bismuto II , apéndice 2.1, página 207, que dice: 
  WT/DS212/AB/R 
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enfrentaba a un cambio de propiedad del producto r sometido a investigación, el USDOC idearía una 
proporción para repartir entre el comprador y el  vendedor el beneficio que era objeto de una 
presunción irrefutable.27  Esta distribución puede "dar lugar a la  transmisión integral de los beneficios 
de las subvenciones anteriores o a ninguna tran smisión de beneficios, o a distintas hipótesis 
intermedias, según los hechos de cada caso particular".28 
13. La aplicación del método gamma  por el USDOC en determinaciones anteriores fue estudiada 
por el Grupo Especial que se ocupó del asunto Estados Unidos - Plomo y bismuto II , cuya decisión 
fue confirmada por el Órgano de Apelación.  El Órgano de Apelación determinó que el USDOC, en 
vez de aplicar la presunción "irrefutable" del método gamma  de que continuaban las subvenciones, 
debería haber procedido a una nueva determinación de la existencia de un "beneficio", como 
"estaba obligado " a hacer en virtud del  Acuerdo SMC , "dados los cambios de la propiedad que 
condujeron a la creación de" las entidades recién privatizadas en ese asunto.29  El Órgano de 
Apelación constató además que las "circunstancias c oncretas" de ese asunto no justificaban que se 
constatase que seguía habiendo un beneficio después de la privatización de los activos de la empresa 
estatal en condiciones de plena iguald ad y por el valor justo de mercado.30 
B. El método de la "misma persona"  
14. El método de la "misma persona" se ideó para sustituir el método gamma .31  Este método 
tiene dos etapas.   La primera  etapa  consiste  en  un  análisis  de si la  entidad  existente después de la  
                                                                                                                                                                     
[…] la ley estadounidense sobre medidas compensatorias contiene "la presunción irrefutable 
de que las subvenciones no recurrentes benefician a las mercancías producidas por el receptor a lo largo del tiempo", sin exigir ninguna nueva evaluación de esas subvenciones, basada en la 
utilización o los efectos de las mismas o en acontecimientos posteriores producidos en el 
mercado.  
(Citando Certain Steel Products from Austria , 58 Fed. Reg. 37217, 37263 (USDOC, 9 de julio de 1993) 
(Apéndice de cuestiones generales).) 
 
27 Primera comunicación de los Estados Unidos al Grupo Especial, párrafo 10, adjunta al informe del 
Grupo Especial sobre el asunto Estados Unidos - Plomo y bismuto II , apéndice 2.1, página 199. 
 
28 Primera comunicación de los Estados Unidos al Grupo Especial, párrafo 53, adjunta al informe del 
Grupo Especial sobre el asunto Estados Unidos - Plomo y bismuto II , apéndice 2.1, página 211. 
 
29 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Plomo y bismuto II , párrafo 62. 
 
30 Ibid., párrafos 67, 68 y 74. 
 
31 Como se señala más arriba, en el párrafo 13, el Órgano de Apelación constató que el método gamma  
era incompatible con las prescripciones del  Acuerdo SMC  porque no permitía que la autoridad investigadora 
examinase de nuevo su determinación original de la existencia de un beneficio, "dados los cambios de la propiedad que condujeron a la creación de" las empresas privatizadas.  (Informe del Órgano de Apelación, 
Estados Unidos - Plomo y bismuto II , párrafo 62.)  Antes de la decisión tomada por el Órgano de Apelación en  
 WT/DS212/AB/R 
Página 8  
 
privatización es la misma persona jurídica que recibió las subvenciones originales antes de la 
privatización.  Para determinarlo, el USDOC apli ca los siguientes criterios, no exhaustivos:  i) la 
continuidad de las operaciones come rciales generales;  ii) la cont inuidad de las instalaciones de 
producción;  iii) la continuidad de l activo y del pasivo, y iv) el mantenimiento del personal.  Si, como 
resultado de la aplicación de estos criterios, el USDOC concluye que no se creó ninguna persona 
jurídica nueva , el análisis de si existe un "beneficio" termina ahí, y el USDOC no estudia si la 
privatización se hizo en condiciones de plena co mpetencia y por el valor justo de mercado.  Se 
constata automáticamente que la subvención sigue correspondiendo a la empresa después de la 
privatización.
32  En cambio, si, como consecuencia de la aplicación de los criterios arriba indicados, 
el USDOC concluye que la entidad exis tente después de la privatización es una nueva persona 
jurídica  distinta de la entidad que recibía las subvenciones antes de la privatización, el USDOC no 
impondrá derechos sobre las mercancías producidas  después de la privatización como consecuencia 
de las subvenciones existentes antes de la privatización.33 
15. En 11 de las 12 determinaciones que se estudian en este asunto, el USDOC aplicó el método 
gamma .  Esas 11 determinaciones incluían seis investigaciones originales (casos Nos 1 a 6), un 
examen administrativo (caso Nº 7) y cuatro exámenes por caducidad de las medidas (casos Nos 8 
a 11).  Los Estados Unidos admitieron que 7 de esas determinaciones (asuntos Nos 1 a 7) eran 
incompatibles con las obligaciones que habían contraído en el marco de la OMC, reconociendo que 
tenían que reexaminar si seguía existiendo un benefi cio a la vista de las constataciones formuladas por 
el Grupo Especial y por el Órgano de Apelación en el asunto Estados Unidos - Plomo y bismuto II .34  
Con respecto a las otras 4 determinaciones basadas en el método gamma  (asuntos Nos 8 a 11), todas 
ellas resultado de exámenes por caducidad de las medidas, los Estados Unidos no admitieron que 
hubiera incompatibilidad;  antes bien, los Estados Un idos argumentaron ante el Grupo Especial que, 
cuando no se han realizado exámenes administrativo s, la autoridad investig adora no está obligada a 
estudiar las pruebas posteriores a la investigación orig inal al evaluar si es probable que la expiración 
de  los  derechos compensatorios  lle ve a  la continuación o a  la  repetición  de  las subvenciones  que  
                                                      
el asunto Estados Unidos - Plomo y bismuto II , un tribunal de apelación de los Estados Unidos había rechazado 
análogamente el método gamma  por considerarlo incompatible con la ley rectora del USDOC (en particular, con 
el artículo 1677(5)(F)).  Véase Delverde Srl v. United States , 202 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2000) ( Delverde III ). 
 
32 Respuesta de los Estados Unidos a las preguntas hechas en la audiencia. 
 
33 Ibid.  Sin embargo, en tal caso el USDOC procederá a examinar si se había concedido cualquier 
subvención nueva  a los nuevos propietarios de la entidad después de la privatización como resultado del cambio 
de propiedad (por ejemplo, estudiando si la venta se hizo por el valor justo de mercado y en condiciones de 
plena competencia).  ( Ibid.) 
 
34 Informe del Grupo Especial, párrafo 7.84. 
  WT/DS212/AB/R 
 Página 9 
 
 
16. causan daño.35  El Grupo Especial constató lo contrario.36  El método de la "misma persona" 
fue aplicado en sólo una de las determinaciones en  litigio en esta apelación, determinación que se 
basó en un examen administrativo (caso Nº 12). 
17. El Grupo Especial concluyó, como habían admitido los Estados Unidos, que, en las 
investigaciones originales basadas en el método gamma  y en el examen administrativo (casos Nos 1 
a 7), el USDOC no había determinado la existencia  (o la continuación de la existencia) de un 
beneficio antes del establecimiento o del mantenimiento de derechos compensatorios.37  El Grupo 
Especial también concluyó, en relación con los cuatro exámenes por caducidad de las medidas en los 
que se había aplicado el método gamma  (casos Nos 8 a 11), que, análogamente, el USDOC no había 
examinado si continuaba existiendo un beneficio y, por consiguiente, no había determinado 
debidamente si era probable que contin uasen o se repitiesen las subvenciones.38  En cuanto al método 
de la "misma persona", el Grupo Especial constató que era "en sí mism[o] incompatible con el 
Acuerdo SMC"39, y, por consiguiente, constató asimismo que su aplicación en el examen 
administrativo del caso Nº 12 era incompatible con las obligaciones contraídas en el marco del 
Acuerdo sobre la OMC.40  En resumen, el Grupo Especial constató que las 12 determinaciones eran 
incompatibles con las obligaciones di manantes del Acuerdo sobre la OMC. 
C. Consecuencias de la privatización  
18. En lo que se refiere a las consecuencias de la  privatización a los efectos de determinar si 
continúa existiendo un "beneficio", el Grupo Especial constató que una privatización llevada a cabo 
en condiciones de plena competencia y por el valor justo de mercado "ha de [llevar] a la conclusión de 
que no sigue pudiendo atribuirse al productor pr ivatizado ningún beneficio derivado de la 
contribución financiera anterior (o subvención)".41  Partiendo de esta premisa, el Grupo Especial 
concluyó que el artículo 1677(5)(F) es incompatib le con las obligaciones c ontraídas por los Estados 
Unidos en el marco de la OMC porque "el artícul o 1677(5)(F), tal como ha sido interpretado por el 
                                                      
35 Ibid., párrafos 7.104 y 7.105.  Tales pruebas incluirían, como en los casos que se examinan aquí, 
cambios de la propiedad producidos después de aportarse la contribución financiera pertinente. 
 
36 Ibid., párrafo 7.114. 
 
37 Ibid., párrafos 7.86, 7.98, 8.1 a) y b). 
 
38 Ibid., párrafos 7.114 a 7.116 y 8.1 c). 
 
39 Ibid., párrafo 7.90. 
 
40 Ibid., párrafos 7.81 y 8.1 b). 
 
41 Ibid., párrafo 8.1 d). WT/DS212/AB/R 
Página 10  
 
Tribunal Federal de Apelación de los Estados Unidos y en la DAA"
42, impedía que el USDOC llegase 
automáticamente en cada asunto a la conclusión de que, tras una privatización efectuada en 
condiciones de competencia y por el valor justo de mercado, "el productor privatizado […] no obtiene 
un beneficio de una contribución financiera previa".43 
III. Argumentos de los participantes y de los terceros participantes 
A. Alegaciones de error presentadas por los Estados Unidos - Apelante  
1. Privatizaciones en condiciones de plena competencia y por el valor justo de 
mercado  
19. Los Estados Unidos afirman que el Grupo Especial incurrió en error:  i) al hacer caso omiso 
de la distinción entre accionistas y empresas cu ando interpretó quién es el "receptor" de un 
"beneficio", a la vista de los artículos 1 y 14 del  Acuerdo SMC  y de la jurisprudencia del Órgano de 
Apelación, y ii) al determinar en consecuencia que, en contra del texto del  Acuerdo SMC  y de la 
razón económica, una privatización realizada en c ondiciones de plena competencia por el valor justo 
de mercado extingue necesariamente el benefici o recibido de una contribución financiera no 
recurrente otorgada anteriormente. 
20. Los Estados Unidos argumentan que el  Acuerdo SMC  reconoce la distinción entre accionistas 
y empresas, "principio fundamental"44 de la legislación en materia de sociedades de la mayoría de los 
países industriales avanzados, y que, por consiguiente, el Grupo Especial rechazó de manera inadmisible esa distinción al evaluar las determin aciones del USDOC.  Señala ndo que el "beneficio", 
tal como se emplea este término en el párrafo 1 b) del artículo 1 del Acuerdo SMC , ha de 
corresponder a un "receptor", conforme a lo di spuesto en el artículo 14 de ese Acuerdo, los 
Estados Unidos insisten en que el sentido corriente  del término "receptor" no puede incluir tanto al 
                                                     
 
42 Ibid., párrafo 8.1 d).  La Declaración de Acción Administrativa ("DAA") fue presentada por el 
Presidente al Congreso de los Estados Unidos junto con la Ley de los Acuerdos de la Ronda Uruguay, 
disposición legislativa propuesta por la que los Acuerdos de la OMC se incorporan en la legislación interna de 
los Estados Unidos.  La DAA "representa una expresión autorizada de la Administración sobre sus opiniones acerca de la interpretación y aplicación de los Acue rdos de la Ronda Uruguay".  (H.R. Rep. Nº 103-316(I), 
en 656 (1994).)  El Congreso adoptó asimismo la DAA: 
 […] como expresión autorizada de los Estados Unidos sobre la interpretación y aplicación de 
los Acuerdos de la Ronda Uruguay y de esta Ley en cualesquiera actuaciones judiciales en las 
que se plantee una cuestión relativa a tal interpretación o aplicación.  
(19 U.S.C. § 3512(d)) 
 
43 Informe del Grupo Especial, párrafo 8.1 d). 
 
44 Comunicación del apelante presentada por los Estados Unidos, párrafo 60. 
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 Página 11 
 
 
productor extranjero que se beneficia como a un accionista de ese productor.45  Los Estados Unidos 
creen que esta interpretación encuentra apoyo en algunos elementos contextuales tales como las 
formas de contribución financiera indicadas en el  párrafo 1 a) del artículo 1 y las directrices 
establecidas para los cálculos en el artículo 14, y argumentan que estos artículos prevén que el 
receptor de un beneficio sea una "empresa" en vez de, como lo constató el Grupo Especial, alguna 
combinación de una empresa y de sus accionistas.46 
21. En consecuencia, "no es sorprendente", a juicio de los Estados Unidos, que el Órgano de 
apelación, en los asuntos Canadá - Aeronaves  civiles  y Estados Unidos - Plomo y bismuto II , 
identificase expresamente las "personas jurídicas o na turales" como los receptores a los que se refiere 
el  Acuerdo SMC .47  Los Estados Unidos afirman que, "cua ndo el Órgano de Apelación constató que 
los beneficios eran obtenidos por personas jurídica s, se estaba refiriendo necesariamente a esas 
personas jurídicas tal como están definidas por 'l a estructura jurídica empr esarial establecida de 
conformidad con el derecho nacional en materia de sociedades'".48  Los Estados Unidos aducen que el 
Grupo Especial, al constatar que "el concepto de be neficio es independiente de la estructura jurídica 
empresarial establecida de conf ormidad con el derecho nacional en materia de sociedades"49, hizo 
caso omiso de esa "estruct ura jurídica empresarial".50  Los Estados Unidos argumentan que "los 
gobiernos subvencionan a los productores, no a sus accionistas"51, y que llegar, como hizo el Grupo 
Especial, a la conclusión de que no se debe esta blecer ninguna distinción entre una empresa y sus 
accionistas para los efectos del  Acuerdo SMC  equivale a ignorar la economía del comportamiento de 
los inversionistas y la "simple lógica"52 en que se basa el otorgamiento de un beneficio a un productor 
extranjero (no a sus accionistas) con arreglo al  Acuerdo SMC . 
                                                      
45 Ibid., párrafo 56. 
 
46 Ibid., párrafos 58 y 59. 
 
47 Ibid., párrafo 65. 
 
48 Ibid., párrafo 66, donde se cita el informe del Grupo Especial, párrafo 7.50. 
 
49 Comunicación del apelante presentada por los Estados Unidos, párrafo 65, donde se cita el informe 
del Grupo Especial, párrafo 7.50. 
 
50 Ibid., párrafo 66. 
 
51 Ibid., párrafo 76. 
 
52 Ibid. 
 WT/DS212/AB/R 
Página 12  
 
22. Los Estados Unidos impugnan además la constatación del Grupo Especial de que una 
privatización realizada en condiciones de plena co mpetencia y por el valor justo de mercado extingue 
necesariamente el beneficio que la entidad priv atizada recibía de una contribución financiera no 
recurrente cuando esa entidad era de propiedad del Estado. 
23. Los Estados Unidos argumentan que la "ese ncia […] del error cometido por el Grupo 
Especial fue considerar los efectos económicos  de una venta desde el punto de vista de los nuevos 
accionistas , y no desde el punto de vista de la persona jurídica que produce la mercancía de que se 
trate , o las partes perjudicadas por las importaciones subvencionadas en cuestión".
53  ( l a s  c u r s i v a s  
figuran en el original)  En consecuencia, el Gr upo Especial hizo caso omiso del hecho de que 
"el cambio de los accionistas del receptor de una subvención no suprime el equipo nuevo, no resta 
conocimientos a los trabajadores y no hace que aumente la carga de la deuda que anteriormente se había reducido".
54  Según los Estados Unidos, una privatización , incluso si se hace en condiciones de 
plena competencia y por el valor justo de mercado, no puede extinguir el beneficio de una contribución financiera a causa de la realidad econ ómica de que "las subvenciones desplazan la curva 
de la oferta del receptor y, como resultado de ello, también hacen que cambie el punto en el que la oferta y la demanda de los productos fabricados  por el receptor se cruzan en el mercado".
55  En la 
medida en que cualquier precio de compra pagado por nuevos accionistas no reduzca la 
"competitividad, aumentada artificialm ente, generada por las subvenciones" 56 y, de ese modo, haga 
que el mercado vuelva a la situación hipotética en que se habría encontrado de no haber habido una 
subvención previa, la privatización no tiene por sí sola ninguna repercusión sobre la continuación de 
la existencia de un beneficio en la empresa que anteriormente era estatal.  Por consiguiente, los 
Estados Unidos afirman que el Grupo Especial incurrió en error al constatar que, pese a las 
distinciones establecidas entre las personalidades jurídicas de la empresa (una sociedad) y de sus 
propietarios (los accionistas), en una privatizaci ón realizada en condiciones de plena competencia los 
nuevos propietarios (es decir, los accionistas, no la persona jurídica que era el receptor original de la 
subvención) podían extinguir la parte no amorti zada del beneficio pagando un precio justo de 
mercado por la empresa estatal. 
                                                      
53 Ibid., párrafo 46. 
 
54 Ibid., párrafo 49. 
 
55 Ibid., párrafo 50. 
 
56 Ibid., párrafo 49. 
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 Página 13 
 
 
2. El método de la "misma persona " 
23. Los Estados Unidos impugnan además la constata ción del Grupo Especial de que el método 
de la "misma persona" es incomp atible con las obligaciones contraídas por los Estados Unidos en el 
marco de la OMC y, en particular, con las constat aciones formuladas por el Órgano de Apelación en 
el asunto Estados Unidos - Plomo y bismuto II .  Los Estados Unidos alegan que esa constatación 
errónea se debe a que el Grupo Especial no en tendió correctamente el fu ndamento de la posición 
adoptada por el Órgano de Apelación en el asunto Estados Unidos - Plomo y bismuto II .  Según los 
Estados Unidos, "la razón por la que el Ór gano de Apelación concluyó en el asunto Plomo y 
bismuto II  (AB)  que las subvenciones originales en cuestión  no continuaban beneficiando al productor 
de que se trataba era precisamen te que el productor no era la misma persona jurídica que había 
recibido esas subvenciones".57  (las cursivas figuran en el original)  Por consiguiente, en opinión de 
los Estados Unidos, el factor crítico que pesó en la decisión tomada por el Órgano de Apelación en el 
asunto Estados Unidos - Plomo y bismuto II  fue la creación de una nueva persona jurídica con 
posterioridad a la privatización.  Esta es la inte rpretación más lógica de la decisión, afirman los 
Estados Unidos, porque la "persona jurídica o natural" que recibe el beneficio es responsable de reembolsar el beneficio para evitar el pago de derechos compensatorios. 
24. Las personas jurídicas tales como las sociedades , reiteran los Estados Un idos, son "personas" 
distintas de sus accionistas-propietarios.  De ello se desprende que, si una persona jurídica 
(por ejemplo, una empresa estatal) recibe un beneficio y, después de su privatización, esa persona 
jurídica continúa existiendo, el beneficio también seguiría existiendo (hasta que estuviera plenamente amortizado o pagado), independientemente del pr ecio que hubieran pagado por él sus nuevos 
propietarios privados.
58  Como el método de la "misma persona" se centra en el "beneficio" recibido 
por la "persona jurídica" que existía antes de la  privatización y después de la privatización, en 
consonancia con el énfasis dado por el Órgano de Apelación en los asuntos Canadá - Aeronaves 
civiles  y Estados Unidos - Plomo y bismuto II , los Estados Unidos instan a que se revoque la 
constatación en contrario formulada por el Grupo Especial. 
                                                      
57 Ibid., párrafo 4. 
 
58 Ibid., párrafo 6. 
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Página 14  
 
3. Compatibilidad de la disposición 19 U.S.C. § 1677(5)(F) con las obligaciones 
contraídas en el marco de la OMC  
25. El Grupo Especial incurrió además en error, según los Estados Unidos, al constatar que una 
disposición legislativa de los Estados Unidos, el ar tículo 1677(5)(F), es incompatible, como tal, con 
las obligaciones contraídas por los Estados Unidos en el marco de la OMC.  Los Estados Unidos 
sostienen que el Grupo Especial, aunque reconoció el  criterio que era procedente aplicar para evaluar 
la compatibilidad del artículo 1677(5)(F) como tal con las normas de la OMC, incurrió en error al aplicar ese criterio a este asunto.  Los Estados Unidos están de acuerdo con el Grupo Especial en que 
"sólo se puede constatar que son incompatibles con las normas de la OMC las disposiciones 
legislativas que ' exigen ' que se infrinjan las normas del GATT/OMC", y que "una disposición 
legislativa 'en cuanto tal' se considera imperativa si no puede aplicarse de forma compatible con el 
Acuerdo SMC".
59  Según los Estados Unidos, contradice este criterio la af irmación hecha más 
adelante por el Grupo Especial en el sentido de qu e una disposición legislativa puede ser incompatible 
con las normas de la OMC si no lleva "sistemáticamente"60 a un resultado impuesto por las normas de 
la OMC.61  Los Estados Unidos sostienen que el  Acuerdo SMC  no exige que los Miembros 
promulguen disposiciones legislativas que incorporen en sí normas que garanticen que en todos los 
casos el resultado será compatible con las normas de la OMC.  Si el Grupo Especial llegase a otra conclusión, conferiría más derechos e impondría más obligaciones a los Miembros, en contra de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 3 y en el párrafo 2 del artículo 19 del ESD.
62 
26. Las Comunidades Europeas no cumplieron, según los Estados Unidos, su obligación de 
demostrar que la legislación estadounidense im pedía que el USDOC llegase a determinaciones 
compatibles con las normas de la OMC en los asunto s relativos a derechos compensatorios.  El propio 
artículo 1677(5)(F) confiere al USDOC las facultades discrecionales necesarias para que sus 
investigaciones y exámenes sobre derechos compensato rios se realicen de manera compatible con las 
obligaciones contraídas por los Estados Unidos en el marco de la OMC.63  Habida cuenta de esas 
facultades discrecionales, los Estados Unidos afirman que el Grupo Especial, si hubiera aplicado el 
                                                      
59 Ibid., párrafo 107, donde se cita el informe del Grupo Especial, párrafos 7.120 y 7.121. 
 
60 El Grupo Especial utiliza el término "sistemáticamente" para describir un resultado que se produciría 
"automáticamente", es decir, que ocurriría siempre como consecuencia necesaria.  (Respuesta de las 
Comunidades Europeas a preguntas hechas en la audiencia.) 
 
61 Comunicación del apelante presentada por los Estados Unidos, párrafo 108, donde se cita el informe 
del Grupo Especial, párrafos 7.132, 7.140 y 8.1 d). 
 
62 Comunicación del apelante presentada por los Estados Unidos, párrafo 109. 
 
63 Ibid., párrafo 110.  WT/DS212/AB/R 
 Página 15 
 
 
criterio correcto, no podría haber llegado a la conc lusión de que el artículo 1677(5)(F) "impone una 
actuación incompatible con las normas de la OMC".64 
27. El error capital cometido por el Grupo Especial para llegar a su conclusión, según los Estados 
Unidos, fue su errónea interpretación del artículo 1677(5)(F), basada particularmente en una 
interpretación equivocada de la jurisprudencia estadounidense por la que se aplicaba esa norma 
legislativa.  Los Estados Unidos señalan que indi caron repetidamente al Gr upo Especial que, si se 
constatase que una privatización realizada en condi ciones de plena competencia extinguía el beneficio 
de contribuciones financieras anteriores no recurren tes, el USDOC podría formular, en relación con 
derechos compensatorios, determinaciones compatibles con tal constatación, sin modificación alguna de su legislación.
65  No obstante, el Grupo Especial constató que, como interpretaron los tribunales de 
los Estados Unidos en el asunto Delverde III66, el USDOC no podría realizar investigaciones ni 
exámenes sobre derechos compensatorios de manera compatible con las disposiciones de la OMC, ya 
que esos asuntos están relacionados con el cálculo de un beneficio tras un cambio de propiedad.67  Los 
Estados Unidos argumentan que el asunto Delverde III , en el mejor de los casos, es ambiguo con 
respecto a los hechos específicos de este asunto y a la pertinencia de una privatización realizada en condición de plena competencia y por el valor justo de mercado.
68  Aunque los Estados Unidos 
plantearon esta cuestión en el Grupo Especial durante el reexamen intermedio, el Grupo Especial no 
respondió.69  En consecuencia, los Estados Unidos afirman que el Grupo Especial no hizo 
"una evaluación objetiva del asunto que se le [había] sometido, que incluya una evaluación objetiva 
de los hechos", como requiere el artículo 11 del ESD.70 
                                                      
64 Ibid., párrafo 112. 
 
65 Ibid., párrafos 115 a 117. 
 
66 Delverde III , supra , nota 31. 
 
67 Comunicación del apelante presentada por los Estados Unidos, párrafo 117. 
 
68 Ibid., párrafos 118 a 121. 
 
69 Ibid., párrafo 122. 
 
70 Ibid., párrafo 113. 
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Página 16  
 
B. Argumentos de las Comunidades Europeas - Apelado  
1. Privatizaciones realizadas en condiciones de plena competencia y por el valor 
justo de mercado  
28. Las Comunidades Europeas sostienen que una privatización realizada en condiciones de plena 
competencia y por el valor justo de mercado extingue necesariamente cualquier beneficio que subsista de una contribución financiera anteriormente otor gada por el gobierno cuando la compañía era una 
empresa estatal.  Según las Comunidades Europeas, el Grupo Especial rechazó correctamente la distinción entre las empresas y sus propietarios para determinar si existe un beneficio a los efectos del 
Acuerdo SMC .  Las Comunidades Europeas afirman que, co nforme al párrafo 1 b) del artículo 1 del 
Acuerdo SMC , "no es necesario que se aporte directamente una contribución financiera a su 
receptor"
71 y "no es necesario que el receptor de una contribución financiera sea el receptor del 
beneficio conferido por ella, siempre que se establezca la relación de causalidad requerida entre la 
contribución y el beneficio".72 
29. La constatación formulada en el asunto Canadá - Aeronaves civiles  en el sentido de que el 
"receptor" de un "beneficio" puede incluir un "grupo de personas" establece, a juicio de las 
Comunidades Europeas, que el "receptor" no tiene por qué ser exclusivamente la empresa que exporte la mercancía de que se trate, sino que también puede incluir los propietarios de esa empresa, es decir, 
sus accionistas.
73  Las Comunidades Europeas sostienen además que el Órgano de Apelación, 
"al concluir [en el párrafo 68 de su informe sobre el asunto Estados Unidos - Plomo y bismuto II ] que 
no se confirió ningún 'beneficio' [a la empresa priv atizada] como resultado del pago del valor justo de 
mercado en una transacción realizada en condiciones de plena competencia y limitada a la venta de 
acciones […], aceptó implícitamente que el concepto de 'receptor', como 'persona natural o jurídica', 
no se limita a la propia compañía, sino que incluye también a su propietario".74 
30. Las Comunidades Europeas alegan que tampoco los Estados Unidos consideran que la 
distinción entre accionistas y empresas sea absolu ta.  A este respecto, las Comunidades Europeas 
señalan que "el USDOC reconoce que las subvencion es conferidas a parte de una entidad económica 
liberarán recursos que podrán aplicarse a otra parte de la entidad, por lo que, a los efectos de los 
derechos compensatorios, esas subvenciones se 'atribuyen' a la producción y a las exportaciones de 
                                                      
71 Comunicación del apelado presentada por las Comunidades Europeas, párrafo 38. 
 
72 Ibid., párrafo 47. 
 
73 Ibid., párrafos 23 y 28. 
 
74 Ibid., párrafo 27.  WT/DS212/AB/R 
 Página 17 
 
 
toda la entidad".75  (no se reproduce la nota de pie de página)  Las Comunidades Europeas aducen 
asimismo que la falta de coherencia de la posició n de los Estados Unidos queda también puesta de 
relieve en la segunda fase de su método de la "misma persona", en la que "los Estados Unidos 
consideran que un beneficio que corresponda a la diferencia entre el valor de la transacción y el valor 
justo de mercado constituye un beneficio tanto pa ra la compañía como para sus propietarios".76 
31. Como el  Acuerdo SMC  no apoya la existencia de una clara división entre las empresas y sus 
propietarios, las Comunidades Europeas rechazan la posición de los Estados Unidos de que un 
beneficio, y por consiguiente una subvención que pueda ser objeto de medidas compensatorias, puede 
subsistir después de que las acciones de una empresa estatal hayan sido adquiridas por el valor justo 
de mercado por compradores privados en transacciones realizadas en condiciones de plena 
competencia.  Las Comunidades Europeas recuerdan que el Órgano de Apelación reconoció, en el asunto Canadá - Aeronaves civiles , que se confiere un "beneficio" si "el receptor ha recibido una 
'contribución financiera' en condiciones más favorab les que las que puede obte ner el receptor en el 
mercado".
77  Este es un "criterio de comparación con el mercado bien establecido"78 que los Estados 
Unidos no parecen respetar al centrar su análisis económico en las distorsi ones del mercado causadas 
por las subvenciones anteriores.  En consecuencia, las Comunidades Europeas estiman que tales 
distorsiones van más allá del alcance del "beneficio " definido en el párrafo 1 b) del artículo 1 del 
Acuerdo SMC .79 
32. Las Comunidades Europeas sostienen que la vent a de una empresa estatal en condiciones de 
plena competencia y por el valor justo de mercado cumple necesariamente el criterio de la comparación con el mercado previsto en el asunto Canadá - Aeronaves civiles , por lo que se suprime 
cualquier "ventaja"
80 que una empresa pueda haber obtenido antes como resultado de la aportación de 
una contribución financiera no recurrente por el gobierno.81  Según las Comunidades Europeas, dado 
que el "beneficio" se define en relación con el  mercado, como se estableció en el asunto Canadá -  
                                                      
75 Ibid., párrafo 63. 
 
76 Ibid., párrafo 52. 
 
77 Ibid., párrafo 68, donde se cita el informe del Órgano de Apelación, Canadá - Aeronaves civiles , 
párrafo 157. 
 
78 Comunicación del apelado presentada por las Comunidades Europeas, párrafo 70. 
 
79 Ibid., párrafos 76 a 78. 
 
80 Ibid., párrafo 57, donde se cita el informe del Órgano de Apelación, Canadá - Aeronaves civiles , 
párrafo 153. 
 
81 Comunicación del apelado presentada por las Comunidades Europeas, párrafos 57 a 59. WT/DS212/AB/R 
Página 18  
 
Aeronaves civiles , una empresa privatizada en condiciones de plena competencia y por el valor justo 
de mercado no recibe nada en condiciones más favorables que las que se habrían conseguido en el 
propio mercado.  Los beneficios procedentes de cont ribuciones financieras anteriores se reflejan en el 
balance de la empresa y, por consiguiente, en el precio atribuido por el mercado a la empresa.  Según 
la argumentación de las Comunidades Europeas, una vez que se privatiza la empresa, 
"las subvenciones contenidas anteriormente al productor estatal no hacen que se reduzcan los costos 
ni que aumenten los ingresos del productor privatizado".
82  Así pues, los productos de la empresa ya 
no se beneficiarán de las contribuciones financieras otorgadas anteriormente, ya que competirán en el 
mercado en igualdad de condiciones con los produc tos de sus competidores.  A este respecto, las 
Comunidades Europeas recuerdan que  el USDOC, "en el 'Apéndice de cuestiones generales' adjunto a 
su determinación de 1993 sobre el asunto Certain Steel Products from Austria , […] explicó 
[la importancia de la privatización afirmando] que  […] 'la compañía privatizada tiene ahora la 
obligación de dar a sus propietarios privados el rendimiento del mercado sobre el valor total de la 
compañía'".83  (no se reproduce la nota de pie de página) 
33. Finalmente, si se cumple el criterio de comparación con el mercado establecido por el Órgano 
de Apelación en el asunto Canadá - Aeronaves civiles  para calcular el importe de una subvención, las 
Comunidades Europeas argumentan que no es necesario además establecer que se han reembolsado al 
gobierno las subvenciones, aunque el valor justo de mercado pagado por una entidad privatizada 
podría, como señaló el Grupo Especial, "considerars e como un 'reembolso' de subvenciones otorgadas 
anteriormente".84 
2. El método de la "misma persona " 
34. Las Comunidades Europeas afirman que, en cont ra de lo que entienden los Estados Unidos, el 
Órgano de Apelación, en el asunto Estados Unidos - Plomo y bismuto II , identificó claramente la 
obligación de las autoridades investigadoras de reexam inar la existencia de un subsidio cuando se les 
haya notificado una notificación que tenga por resultado el cambio de control de la empresa de que se 
trate.85  A juicio de las Comunidades Europeas, la in terpretación preconizada por los Estados Unidos 
añade  inadmisiblemente  una  etapa  intermedia  ante s  de que  la autoridad  investigadora  tenga que  
                                                      
82 Ibid., párrafo 69. 
 
83 Ibid., párrafo 65, donde se cita Certain Steel Products from Austria , 58 Fed. Reg. 37217, 37262 
(USDOC, 9 de julio de 1993) (Apéndice de cuestiones generales). 
 
84 Comunicación del apelado presentada por las Comunidades Europeas, párrafo 72. 
 
85 Ibid., párrafo 32. 
  WT/DS212/AB/R 
 Página 19 
 
 
determinar si continúa existiendo un  beneficio;  en otras palabras, las autoridades investigadoras a las 
que se notificase una privatización tendrían que proceder a un nuevo examen solamente si el 
productor privatizado no fuese la "misma pers ona" que el productor existente antes de la 
privatización.86  Según las Comunidades Europeas, el Órgano de Apelación no previó ninguna medida 
intermedia de esa índole en el asunto Estados Unidos - Plomo y bismuto II , ya que la obligación 
impuesta a la autoridad investigadora se desprende directamente del cambio de propiedad. 
35. Las Comunidades Europeas argumentan que el  Acuerdo SMC  no permite que se establezcan 
o se mantengan derechos compensatorios sin que la autoridad investigadora proceda a un nuevo 
examen de los elementos de la subvención.  En consecuencia, las Comunidades Europeas afirman que 
el método de la "misma persona" es incompatible con las obligaciones contraídas por los Estados 
Unidos en el marco de la OMC, porque re quiere expresamente que se impongan derechos 
compensatorios sobre los beneficios que se presume que continúan existiendo después de la 
privatización.  En tal caso, los Estados Unidos impondrían efectivamente unos derechos 
compensatorios superiores a las subvenciones o a falta de subvenciones.  Por otra parte, las 
Comunidades Europeas sostienen que el método de la "misma persona", "al mantenerse centrado en la 
continuidad de las operaciones de producción del produ ctor, […] se basa en la misma hipótesis que el 
método 'gamma', [con respecto al cual] el Órgano de Apelación ya ha determinado que la 
consolidación de los beneficios de subvenciones anteriores a las operaciones de producción de un 
productor es incompatible con el  Acuerdo SMC ".87  (no se reproduce la nota de pie de página) 
36. Por consiguiente, según las Comunidades Europeas, el método de la "misma persona" impide 
que el USDOC lleve a cabo la labor impuesta por el  Acuerdo SMC  y por la decisión adoptada por el 
Órgano de Apelación en el asunto Estados Unidos - Plomo y bismuto II , a saber, la revaluación de la 
existencia de un beneficio cuando se notifique un  cambio de propiedad.  En consecuencia, las 
Comunidades Europeas piden al Ór gano de Apelación que confirme las conclusiones formuladas por 
el Grupo Especial en los apartados a), b) y c) del pá rrafo 8.1, ya que "el método de la 'misma persona' 
lleva a la imposición de derechos compensatorios cuando no se han establecido subvenciones, o rebasando las subvenciones, con lo que se infringe n los artículos 10 y 14, los párrafos 1 y 4 del 
artículo 19 y los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 21 del 
 Acuerdo SMC ".88 
                                                      
86 Ibid. 
 
87 Ibid., párrafo 7, donde se hace referencia al informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - 
Plomo y bismuto II , párrafos 56 a 58. 
 
88 Comunicación del apelado presentada por las Comunidades Europeas, párrafo 86. 
 WT/DS212/AB/R 
Página 20  
 
3. Compatibilidad de la disposición 19 U.S.C. § 1677(5)(F), como tal, con las 
obligaciones contraídas en el marco de la OMC  
37. Las Comunidades Europeas mantienen que el Gr upo Especial constató correctamente que el 
artículo 1677(5)(F), como tal, es incompatible con las obligaciones contraídas por los Estados Unidos 
en el marco de la OMC en virtud del  Acuerdo SMC .  Como observación inicial, las Comunidades 
Europeas argumentan que una medida es "imperativa" cuando "la legislación de un Miembro prohíbe 
que las autoridades administrativas hagan algo que es compatible con las normas de la OMC, sin dejar 
opciones efectivas".89  Las Comunidades Europeas, en desacuerdo con el Grupo Especial a este 
respecto, insisten en que la clara redacción del ar tículo 1677(5)(F) denota suficientemente el carácter 
"imperativo" de la medida.90  Según las Comunidades Europeas, el Órgano de Apelación, en el asunto 
Estados Unidos - Plomo y bismuto II , estableció que, una vez que se privatiza una empresa por su 
valor justo de mercado, los beneficios proced entes de contribuciones financieras otorgadas 
anteriormente ya no pueden existir  para la empresa privatizada.91  Como el artículo 1677(5)(F) impide 
que el USDOC llegue a tal conclusión impuesta por  las normas de la OMC, la medida, que es 
imperativa, es, como tal, incompatible con las obl igaciones contraídas por los Estados Unidos en 
virtud del  Acuerdo SMC . 
38. Las Comunidades Europeas también alegan que la  naturaleza "imperativa" de esa disposición 
legislativa queda reforzada por el hecho de que la disposición, sobre la cual se encuentran 
orientaciones en la DAA92 y tal como la han interpretado los tr ibunales de los Estados Unidos, niega 
al USDOC la autorización para actuar como lo requiere el  Acuerdo SMC , a saber, para concluir que 
no existe ningún beneficio como resultado directo de  una privatización realizada en condiciones de 
plena competencia.93  Como el Grupo Especial investigó a fo ndo la aplicación del artículo 1677(5)(F) 
examinando su aplicación a la vista de otros mecanismos jurídicos internos, y como el Grupo Especial 
dio a los Estados Unidos una oportunidad suficiente  para que expusieran al Grupo Especial otras 
interpretaciones, las Comunidades Europeas sostienen que el Grup o Especial actuó de conformidad 
con el artículo 11 del ESD.94 
                                                      
89 Ibid., párrafo 106. 
 
90 Ibid., párrafo 108. 
 
91 Ibid., párrafo 109. 
 
92 Véase supra , nota 42. 
 
93 Comunicación del apelado presentada por las Comunidades Europeas, párrafos 111 a 119. 
 
94 Ibid., párrafos 110, 111, 118 y 120.  WT/DS212/AB/R 
 Página 21 
 
 
39. Incluso si se constatase que la medida es facultativa, las Comunidades Europeas afirman que 
tales facultades discrecionales son incompatibles con la naturaleza de las obligaciones en cuestión 
contraídas en el marco de la OMC.  Las Comunidades Europeas señalan que el  Acuerdo SMC  prohíbe 
absolutamente el establecimiento o el mantenimient o de derechos compensatorios si no existe una 
subvención.  El artículo 1677(5)(F) mantiene expr esamente las facultades discrecionales del USDOC 
para imponer derechos compensatorios, pese a que no pueden existir beneficios (ni, por ende, 
subvenciones) en el caso de una empresa privati zada en condiciones de plena competencia y por el 
valor justo de mercado.  Tales facultades discrecionales para hacer lo que está claramente prohibido 
por el  Acuerdo SMC  "no son más que una licencia para crear problemas".95  A este respecto, dada la 
importancia que la seguridad y la previsibilidad tien en para el sistema multilateral de comercio, las 
Comunidades Europeas sostienen que el mantenimiento de las facultades discrecionales para actuar de 
manera prohibida por las obligaciones contraídas en  el marco de la OMC socava esa previsibilidad y 
hace que incluso que los elementos discrecionales del artículo 1677(5)(F), como tales, sean incompatibles con las normas de la OMC.
96 
40. Las Comunidades Europeas observan, no obstante, que el Órgano de Apelación puede 
resolver esta cuestión sin revisar la decisión del Grupo Especial.  Las Comunidades Europeas afirman 
que la constatación formulada por el Grupo Especial en el apartado 1 d) del párrafo 8 de su informe 
puede considerarse como carente de interés práctic o si los Estados Unidos tienen razón y pueden 
confirmar que el artículo 1677(5)(F) contiene las facu ltades discrecionales necesa rias para asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas en el ma rco de la OMC en lo que se refiere a la extinción 
de un beneficio después de una privatización realizada en condiciones de plena competencia.97  A  
juicio de las Comunidades Europeas, tal co nfirmación podría adoptar la forma de: 
[…] seguridades dadas de buena fe por los Estados Unidos en el sentido de que 
el USDOC determinaría, sistemáticamente, que no se transmite ningún beneficio al 
productor privatizado siempre que los hechos demuestren que la transacción sobre el 
cambio de propiedad se ha realizado en condiciones de plena competencia y por el 
valor justo de mercado […].98 
Las Comunidades Europeas afirman que, aunque los Estados Unidos no dieron tales seguridades al 
Grupo Especial, la voluntad de los Estados Unidos  de hacerlo ante el Órgano de Apelación sería  
                                                      
95 Ibid., párrafo 125. 
 
96 Ibid., párrafos 126 y 127. 
 
97 Ibid., párrafos 102 a 104. 
 
98 Ibid., párrafo 102. 
 WT/DS212/AB/R 
Página 22  
 
suficiente para que el artículo 1677(5)(F), como tal, no fuera incompatible con las obligaciones 
dimanantes del 
 Acuerdo SMC , tal como las interpretó el Órgano de Apelación en el asunto Estados 
Unidos - Plomo y bismuto II .99 
C. Argumentos de los terceros participantes100 
1. Brasil  
a) Privatizaciones realizadas en condiciones de plena competencia y por 
el valor justo de mercado 
41. El Brasil observa que "lo importante […] es si el beneficio sobrevivió a la privatización" 101 
(no se reproduce la nota de pie de página) y sostiene que los Estados Unidos, sin fundamento, "creen que, una vez que se ha aportado capital en co ndiciones incompatibles con las consideraciones 
normales aplicables a los inversionistas privados, ese capital continúa en tales condiciones 
independientemente de que con posterioridad se venda en condiciones compatibles con las 
consideraciones normales aplicables a los inversionistas privados".
102  El Brasil argumenta que los 
Estados Unidos, al hacer hincapié en el desplazamiento de la curva de la oferta de la empresa causado por las subvenciones y al exigir que se reajuste la cu rva de la oferta antes de constatar que no subsiste 
ningún beneficio procedente de una contribució n financiera, confunden la existencia de una 
subvención que pueda ser objeto de medidas compensatorias con los efectos de tal subvención.  El 
Brasil sostiene que tal distorsión del mercado, aunque puede deberse a una subvención, carece de 
importancia a los efectos de identificar una subv ención con arreglo al párrafo 1 del artículo 1 del 
Acuerdo SMC . 
42. El Brasil sostiene que la obligación de determinar la existencia de un beneficio de 
conformidad con el párrafo 1 del artículo 1 del 
 Acuerdo SMC  exige que se proceda a una comparación 
con el mercado, como lo hizo el Órgano de Apelación en los asuntos Canadá - Aeronaves civiles  y 
Estados Unidos - Plomo y bismuto II .  Tal comparación, a juicio del Brasil, entraña necesariamente el 
examen de las condiciones de la venta para determ inar si el receptor continúa encontrándose en 
situación de ventaja con respecto a sus competidores, particularmente si se han hecho aportaciones de  
                                                      
99 Ibid., párrafos 102 y 103. 
 
100 Conforme al párrafo 2) de la Regla 24 de los Procedimientos de trabajo, México no presentó una 
comunicación escrita, sino que hizo una declaración oral y respondió a las preguntas formuladas durante la 
audiencia. 
 
101 Comunicación presentada por el Brasil como tercero participante, párrafo 23. 
 
102 Ibid., párrafo 29.  WT/DS212/AB/R 
 Página 23 
 
 
capital, conforme al apartado a) del artículo 14 del  Acuerdo SMC .  Cuando el precio de compra en el 
mercado es justo, desaparece el beneficio inherente a una aportación de capital que de otro modo 
obtendría la empresa, porque, en comparación con la situación en la que se ha aportado capital en el 
mercado, los accionistas de la nueva empresa habrán  pagado la cantidad exigida por el mercado por 
todos los activos, incluidos los activos intangibles, etc., de la empresa.  Así pues, la antigua empresa 
beneficiaria ya no recibirá ning una ventaja, porque lo que anteriormente había sido un "beneficio" 
(es decir, una aportación de capital que es de su poner que fuera incompatible con las consideraciones 
relativas a los inversionistas privados) se ha pagado  efectivamente y, por consiguiente, "los costos de 
la compañía han quedado alterados de hecho porq ue ahora incluyen la necesidad de dar a los 
propietarios un rendimiento"103 por el valor total de su inversión. 
b) El método de la "misma persona" 
43. El Brasil afirma que los Estados Unidos interp retan erróneamente las decisiones tomadas por 
el Grupo Especial y el Órgano de Apelación en el asunto Estados Unidos - Plomo y bismuto II .  En 
contra de la interpretación hecha por los Estados  Unidos, el Brasil entiende que, en ese asunto, el 
Grupo Especial constató que las autoridade s investigadoras estaban obligadas por el  Acuerdo SMC  a 
determinar si continuaba existiendo un beneficio después de producirse un cambio de propiedad en la 
empresa objeto de la investigación, independientem ente de que tal transacción llevase o no a la 
creación de una nueva entidad jurídi ca.  Este énfasis en el cambio de propiedad fue afirmado por la 
decisión del Órgano de Apelación, que, tal como lo entiende el Brasil, aceptó también la conclusión 
del Grupo Especial de que una entidad no conti núa disfrutando de un beneficio después de una 
privatización efectuada en condiciones de plena competencia y por el valor justo de mercado.  En 
consecuencia, el Brasil cree que no tiene fundamen to la posición de los Estados Unidos de que el 
cambio de personalidad jurídica era fundamental para las decisiones adoptadas en el asunto Estados 
Unidos - Plomo y bismuto II , con lo que se justificaba la distinción establecida entre accionistas y 
empresas en el método de la "misma persona". 
44. El Brasil afirma asimismo que, conforme a la s obligaciones establecidas en el párrafo 1 del 
artículo 1 del  Acuerdo SMC  y a la condición previa de la nota 36  del artículo 10 de que los derechos 
compensatorios han de tener por única finalidad ne utralizar subvenciones, en cada investigación hay 
que establecer los elementos de una subvención (identificados en el párrafo 1 del artículo 1).  El 
método de la "misma persona" es incompatib le con las obligaciones impuestas por el  Acuerdo SMC , 
según  el  Brasil, porque  presume  irrefutablemente que el beneficio recibido antes de la privatización  
                                                      
103 Ibid., párrafo 52. 
 WT/DS212/AB/R 
Página 24  
 
por una empresa estatal pasa a la entidad creada de spués de la privatización cuando las dos compañías 
son la misma persona jurídica.  El método de la  "misma persona" permite, pues, imponer derechos 
compensatorios sin exigir que la autoridad invest igadora empiece por establecer en todos los casos la 
existencia de un "beneficio" al producirse un cambio de propiedad. 
c) Compatibilidad de la disposición 19 U.S.C. § 1677(5)(F), como tal, 
con las obligaciones contraídas en el marco de la OMC 
45. El Brasil sostiene que el Grupo Especial constató correctamente que el artículo 1677(5)(F), tal 
como lo interpretan el Tribunal de Apelación del Circuito Federal de los Estados Unidos y la DAA
104, 
es incompatible, como tal, con las obligaciones c ontraídas por los Estados Unidos en virtud del 
Acuerdo SMC .  El Grupo Especial reconoció correctamente que sólo las disposiciones legislativas que 
obligan a infringir una obligación contraída en el marco de la OMC (es decir, disposiciones 
legislativas "imperativas") pueden considerarse incompatibles, como tales, con los compromisos 
contraídos por un Miembro en el marco de la OMC.105  Como el Grupo Especial constató que el claro 
texto del artículo 1677(5)(F) confería al USDOC facultades discrecionales, el Brasil afirma que el 
Grupo Especial examinó correctamente el contexto nacional del artículo 1677(5)(F), incluyendo su aplicación en la práctica y su historia legislativa vinculante, para determin ar si tales facultades 
discrecionales eran "imaginarias o ineficaces".
106  El Brasil argumenta que, sobre la base, en 
particular, de un examen de la historia legi slativa y de la jurisprudencia relativas al 
artículo 1677(5)(F), el Grupo Especial formuló numero sas constataciones para justificar su conclusión 
de que el USDOC no podía, de hecho, llegar auto máticamente a la conclusión de que, tras una 
privatización realizada en condiciones de plena competencia y por el valor justo de mercado, quedaba 
necesariamente extinguido un beneficio procedente  de una contribución financiera otorgada con 
anterioridad.107 
46. El Brasil impugna la afirmación de los Estados Unidos de que el Grupo Especial aplicó de 
hecho un criterio erróneo para juzgar si el artícul o 1677(5)(F) era imperativo o facultativo.  El Brasil 
estima que la afirmación de los Estados Unidos de que se incurrió en error se basa en "semántica".108  
En   la    comunicación   del   Brasil   se   afirma    que   la   conclusión   del  Grupo  Especial  de   que  
                                                      
104 Véase supra , nota 42. 
 
105 Comunicación presentada por el Brasil como tercero participante, párrafo 34. 
 
106 Ibid. 
 
107 Ibid., párrafo 36. 
 
108 Ibid., párrafo 39. 
  WT/DS212/AB/R 
 Página 25 
 
 
"el artículo 2677(5)(F) es incompatible con las oblig aciones contraídas en el marco de la OMC porque 
no permite 'sistemáticamente' llegar a un  resultado compatible con el asunto Plomo y bismuto II  
[equivale] a afirmar que el artículo 1677(5)(F) exig e que se llegue a un resultado incompatible con las 
normas de la OMC".109  (no se reproduce la nota de pie de página) 
47. El Brasil sostiene además que no es convincente  la afirmación de los Estados Unidos de que 
el Grupo Especial hizo caso omiso de la ambigüedad creada por el Tribunal de Apelación del Circuito 
Federal de los Estados Unidos en la interpre tación del artículo 1677(5)(F) en el asunto Delverde III .  
A este respecto, el Brasil señala que, en todo caso, el tribunal que se ocupó del asunto Delverde III  
constató claramente que el artículo 1677(5)(F) impi de que el USDOC llegue a la conclusión de que un 
beneficio puede extinguirse exclus ivamente mediante una privatización realizada en condiciones de 
plena competencia.110  El Brasil dice que esta razonable interpre tación es la base de la constatación del 
Grupo Especial de que se cometió una infracción co mo tal, porque el USDOC, aunque está facultado 
para constatar que no hay ningún beneficio después de  un cambio de propiedad, no podría formular tal 
constatación sobre la base de una privatización efectuada en condiciones de plena competencia por el 
valor justo de mercado "en sí"111, como está obligado a ser conforme al  Acuerdo SMC . 
2. India  
48. La India mantiene que, al juzgar si continúa existiendo un beneficio, no se debe hacer ninguna 
distinción entre el beneficio conferido como resultado  de una contribución financiera a los accionistas 
o a sus empresas.112  En consecuencia, el Grupo Especial centró correctamente su análisis en el 
"receptor", que se determinó que  era la compañía y sus accionistas "juntos", conforme al 
Acuerdo SMC .113  La India señala que, en tales evaluaciones, el beneficio ha de juzgarse en 
comparación con el mercado, como reconoció el Órgano de Apelación en el asunto Canadá - 
Aeronaves civiles .114  La India está de acuerdo en que, cuando una compañía se vende por su valor 
justo de mercado, el precio de compra, determinado por el mercado, incluye necesariamente el valor del  beneficio  conferido  por  la contribución financ iera otorgada con anterioridad.  La India dice que,  
                                                     
 
109 Ibid. 
 
110 Ibid., párrafos 41 a 43. 
 
111 Ibid., párrafo 38. 
 
112 Comunicación presentada por la India como tercero participante, página 5. 
 
113 Ibid., donde se cita el informe del Grupo Especial, párrafo 7.54. 
 
114 Ibid., página 5 y nota 9. 
 WT/DS212/AB/R 
Página 26  
 
por consiguiente, estima "justa" la conclusión de  que, cuando una privatización se ha hecho en 
condiciones de plena competencia y por el valor justo de mercado, la autoridad investigadora ha de 
concluir que el beneficio procedente de la contri bución financiera hecha anteriormente no se transmite 
a la empresa privatizada.
115 
IV. Cuestiones planteadas en esta apelación 
49. En esta apelación se plantean las siguientes cuestiones: 
- Una es si el Grupo Especial incurrió en error al constatar que la privatización, 
efectuada en condiciones de plena competencia y por el valor justo de mercado, extingue " sistemáticamente "
116 el "beneficio" procedente de contribuciones 
financieras no recurrentes otorgadas anteriormente. 
 - Otra es si el Grupo Especial incurrió en error al constatar que los Estados Unidos no 
habían cumplido las obligaciones que les im ponen los artículos 10 y 14, los párrafos 1 
y 4 del artículo 19 y los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 21 del  Acuerdo SMC , al utilizar 
un método de calcular el "beneficio" que obtiene el "receptor" en el que se presume de forma concluyente que, si la empresa estatal y la empresa existente después de la 
privatización son la misma "per sona jurídica", el "beneficio" recibido por la empresa 
estatal continúa automáticamente  existiendo para la empresa recién privatizada. 
 - Una tercera cuestión es si el Grupo Especial incurrió en error al constatar que la 
disposición 19 U.S.C. § 1677(5)(F) es, en sí, incompatible con los artículos 10, 14, 19 y 21 del 
 Acuerdo SMC , porque impide que el USDOC concluya automáticamente  
que, después de una privatización realizada en condiciones de plena competencia y por el valor justo de mercado, el "beneficio" de una contribución financiera no 
recurrente otorgada con anterioridad a la empresa estatal no sigue pudiendo 
"atribuirse"
117 a los productores privatizados, y, en consecuencia, que "los Estados 
Unidos no han asegurado la conformidad con el párrafo 5 del artículo 32 del Acuerdo SMC  y con el párrafo 4 del artículo XVI del 
 Acuerdo sobre la OMC ".118 
                                                      
115 Ibid., página 5. 
 
116 En lo que se refiere al término "sistemáticamente", véase supra , nota 60. 
 
117 Informe del Grupo Especial, apartado d) del párrafo 8.1. 
 
118 Ibid. 
  WT/DS212/AB/R 
 Página 27 
 
 
V. Cuestiones de procedimiento 
50. Pasamos en primer lugar a las cuestiones de proc edimiento planteadas en esta apelación.  La 
primera cuestión de procedimiento es la impugnación, hecha por las Comunidades Europeas, de la suficiencia del anuncio de apelación presentado por los Estados Unidos.  Las Comunidades Europeas 
piden que desestimemos la apelación de los Estados  Unidos con respecto a tres errores en que, según 
se afirma, incurrió el Grupo Especial, sobre la base de que no fueron incluidos en el anuncio de 
apelación.  La segunda cuestión de procedimiento se refiere a la comunicación presentada como amicus curiae  por una asociación de la industria.  Examinaremos sucesivamente cada una de estas 
cuestiones de procedimiento. 
A. Suficiencia del anuncio de apelación y solicitud de desestimación de ciertos aspectos 
de la apelación  
51. Los Estados Unidos presentaron, el 9 de septiembre de 2002, un anuncio de apelación en el 
que se dice lo siguiente: 
De conformidad con el artículo 16 del Entendimiento relativo a las normas y 
procedimientos por los que se rige la solución de diferencias  ("ESD") y la Regla 20 
de los Procedimientos de trabajo para el examen en apelación, los Estados Unidos 
notifican por la presente su decisión de apelar ante el Órgano de Apelación con 
respecto a ciertas cuestiones de derecho tratadas en el informe del Grupo Especial que 
se ocupó del asunto Estados Unidos - Medidas compensatorias que afectan a 
determinados productos originarios de las Comunidades Europeas  (WT/DS212/R) y 
a determinadas interpretaciones jurídicas formuladas por el Grupo Especial. 
Los Estados Unidos solicitan que el Órgano de Apelación examine las conclusiones 
del Grupo Especial que figuran en los párrafos 8.1 a)-d) y 8.2 de su informe.  Estas 
conclusiones son erróneas y se basan en constataciones erróneas sobre cuestiones de 
derecho e interpretaciones jurídicas conexas.
119 
52. El 10 de septiembre de 2002, las Comunidades Europeas presentaron una solicitud de 
resolución preliminar (la "Solicitud"), en la que af irmaban que el anuncio de apelación de los Estados 
Unidos "no está manifiestamente en conformida d con el párrafo 2 d) de la Regla 20 de los 
Procedimientos de trabajo para el examen en apelación "120 porque en ella "no se identifican las 
constataciones ni las interpretaciones jurídicas que consideran que son erróneas".121  L a s  
Comunidades Europeas argumentaron que, "en consecuencia, las Comunidades Europeas se 
                                                      
119 WT/DS212/7, adjunto como anexo I al presente informe. 
 
120 Solicitud, párrafo 1. 
 
121 Ibid., párrafo 4. 
 WT/DS212/AB/R 
Página 28  
 
encuentran en la imposibilidad de pr eparar su respuesta a la apelación".
122  Las Comunidades 
Europeas nos pidieron que ordenásemos "a los Estado s Unidos, conforme al párrafo 1) de la Regla 16 
de los Procedimientos de trabajo, que presentase n inmediatamente más detalles en relación con su 
anuncio de apelación, a fin de identificar las cons tataciones jurídicas e interpretaciones jurídicas 
exactas que estaban impugnando".123 
53. Por carta de fecha 12 de septiembre de 2 002, los Estados Unidos respondieron que la 
Solicitud de las Comunidades Europeas era infund ada, afirmando que el anuncio de apelación 
cumplía las prescripciones del párrafo 2) d) de la Regla 20 de los  Procedimientos de trabajo  porque 
"identifica, por remisión a los párrafos del informe del Grupo Especial en cuestión, las constataciones e interpretaciones jurídicas del Grupo Especial con respecto a los cuales apelan los Estados Unidos 
por considerarlas erróneas.  Tal como lo interpreta  el Órgano de Apelación, el párrafo 2) d) de la 
Regla 20 no requiere nada más".
124  Los Estados Unidos, basándose en la resolución que adoptamos 
en el asunto Estados Unidos - Camarones , afirmaron que no estaban obligados a aducir en el anuncio 
de apelación ningún argumento en apoyo de sus alegaciones de error, ya que esos argumentos sólo 
tenían que exponerse en la comunicaci ón que presentasen como apelante. 
54. Los Estados Unidos rechazaron el argumento de las Comunidades Europeas de que el anuncio 
de apelación sirve para informar al apelado y a las terceras partes sobre las cuestiones que se van a 
plantear en la apelación.  Los Estados Unidos argumentaron que el anuncio de apelación no puede 
tener por finalidad comunicar el objeto de la apelación, porque no hay ninguna obligación de 
presentar un anuncio de apelación con respecto a una apelación contraria.  Los Estados Unidos llegaron a la conclusión de que "e s evidente que el anuncio de apelación responde a una finalidad 
limitada:  en vez de contener una descripción prelimin ar de la argumentación (que el destinatario de la 
apelación contraria -el apelante inicial- no recibe en absoluto), el anuncio de apelación es 
simplemente un mecanismo formal para iniciar  la  apelación".
125  Los Estados Unidos  estiman que su  
                                                      
122 Ibid., párrafo 5. 
 
123 Ibid., párrafo 6. 
 
124 Carta de fecha 12 de septiembre de 2002 dirigida al Presidente de la Sección que entiende en esta 
apelación por el Asesor Jurídico Superior de la Misión Permanente de los Estados Unidos ante la OMC, 
página 2. 
 
125 Ibid. 
  WT/DS212/AB/R 
 Página 29 
 
 
posición está respaldada por el párrafo 4 del artículo 16126 y por el párrafo 5 del artículo 17127 
del ESD.  Ambos párrafos se refier en a la notificación de la decisión de apelar, pero ninguno de ellos 
hace referencia a la obligación de no tificar los motivos de la apelación. 
55. El 12 de septiembre de 2002, invitamos a los Es tados Unidos a "identifi car las constataciones 
e interpretaciones exactas del Grupo Especial qu e, según se alega en el anuncio de apelación 
presentado el 9 de septiembre de 2002, constituyen errores".128  Los Estados Unidos respondieron por 
carta de fecha 13 de septiembre de 2002.129  En un apéndice a esa carta, los Estados Unidos citaron el 
texto íntegro de los párrafos del informe del Grupo Especial a los que habían hecho referencia 
meramente por su número en el anuncio de apelación.  Los Estados Unidos dieron también información sobre los errores de derecho que, segú n afirmaban, había cometido el Grupo Especial.
130 
56. En la comunicación que han presentado como apelado, las Comunidades Europeas alegan que 
ciertas cuestiones de que trata la comunicación del apelante presentada por los Estados Unidos no 
estaban incluidas en el anuncio de apelación de lo s Estados Unidos (ni en el apéndice a la carta de 
13 de septiembre de 2002).  En particular, la s Comunidades Europeas identifican las siguientes 
                                                      
126 El párrafo 4 del artículo 16 del ESD dispone lo siguiente: 
 Dentro de los 60 días siguientes a la fecha de distribución del informe de un grupo especial a 
los Miembros, el informe se adoptará en una reunión del OSD, a menos que una parte en la 
diferencia notifique formalmente a éste su decisión de apelar o que el OSD decida por 
consenso no adoptar el informe.  Si una parte ha notificado su decisión de apelar, el informe del grupo especial no será considerado por el OSD a efectos de su adopción hasta después de 
haber concluido el proceso de apelación.  Este procedimiento de adopción se entiende sin 
perjuicio del derecho de los Miembros a expresar sus opiniones sobre los informes de los grupos especiales.  (no se reproduce la nota de pie de página) 
 
127 El párrafo 5 del artículo 17 del ESD dispone lo siguiente: 
 
Por regla general, la duración del procedimiento entre la fecha en que una parte en la 
diferencia notifique formalmente su decisión de apelar y la fecha en que el Órgano de Apelación distribuya su informe no excederá de 60 días.  Al fijar su calendario, el Órgano de 
Apelación tendrá en cuenta las disposiciones del párrafo 9 del artículo 4, si procede.  Si el 
Órgano de Apelación considera que no puede rendir su informe dentro de los 60 días, 
comunicará por escrito al OSD los motivos del retraso, indicando el plazo en el que estima que podrá presentarlo.  En ningún caso la duración del procedimiento excederá de 90 días. 
 
128 Carta de fecha 12 de septiembre de 2002 dirigida al Asesor Jurídico Superior de la Misión 
Permanente de los Estados Unidos ante la OMC por el Director de la secretaría del Órgano de Apelación. 
 
129 Apéndice a la carta de fecha 13 de septiembre de 2002 dirigida al Director de la secretaría del 
Órgano de Apelación por el Asesor Jurídico Superior de la Misión Permanente de los Estados Unidos ante 
la OMC. 
 
130 Apéndice a la carta de fecha 13 de septiembre de 2002 dirigida al Director de la secretaría del 
Órgano de Apelación por el Asesor Jurídico Superior de la Misión Permanente de los Estados Unidos ante 
la OMC. 
 WT/DS212/AB/R 
Página 30  
 
cuestiones como cuestiones con respecto a las cuales  los Estados Unidos no afirmaron, en su anuncio 
de apelación, que el Grupo Especial había incurrido en error: 
 - "Los Estados Unidos no alegaron que se hubiera incurrido en ningún error en la 
constatación del Grupo Especial de que  las autoridades administradoras están 
obligadas, tras la notificación de una pr ivatización, a examinar de nuevo si el 
productor privatizado obtiene algún 'beneficio'"; 
 - "Los Estados Unidos [no] alegaron que se hubiera incurrido en ningún error en la 
interpretación del criterio 'imperativo-facu ltativo' adoptado por el Grupo Especial 
para constatar que el artículo 1677(5)(F)  es incompatible, como tal, con el 
Acuerdo SMC ", y 
 - "Los Estados Unidos [no] alegaron que se hubiera incurrido en ningún error en la 
aplicación del artículo 11 del [ESD]."
131  (no se reproducen las notas de pie de 
página) 
Las Comunidades Europeas alegan, por consiguiente, que estas cuestiones no han sido sometidas 
correctamente al Órgano de Apelación y deben desestimarse.132 
57. Los Estados Unidos respondieron a estas afirmaci ones en la audiencia, argumentando que en 
el anuncio de apelación basta con identificar las cons tataciones de un grupo especial con respecto a 
las cuales se apela y que no hay ninguna prescripción que obligue a identificar en el anuncio por qué 
en una constatación particular se ha incurrido en  error.  Tampoco hay, según los Estados Unidos, 
ninguna obligación de aducir argumentos en el anunc io de apelación;  por ejemplo, el argumento de 
que un grupo especial no ha actuado de forma compatible con el artículo 11 del ESD.  Los Estados Unidos sostienen que los argumentos han de desarrollarse en la comunicación que presente el 
apelante.  En consecuencia, los Estados Unidos re chazan la afirmación de que las tres cuestiones 
identificadas por las Comunidades Europeas quedan fuera del ámbito de la apelación. 
                                                     
 
131 Comunicación del apelado presentada por las Comunidades Europeas, párrafo 17. 
 
132 Ibid., párrafo 19.  La India está de acuerdo con las Comunidades Europeas en que el anuncio de 
apelación de los Estados Unidos es insuficiente, argumentando que es "demasiado breve, por lo que el [apelado] 
y los terceros no podían discernir qué cuestiones jurídicas eran objeto de apelación" (comunicación presentada por la India como tercero participante, página 2).  Sin embargo, la India no pide expresamente que se desestimen 
ciertas cuestiones tratadas por los Estados Unidos en la comunicación que han presentado como apelante. 
  WT/DS212/AB/R 
 Página 31 
 
 
58. En relación con esta primera cuestión de procedimiento, empezamos nuestro análisis 
recordando la Regla 20 de los  Procedimientos de trabajo , que, como demuestra su título, establece 
unas directrices para el inicio de una apelación.  El párrafo 1 de la Regla 20 dispone lo siguiente: 
Inicio de la apelación 
20. 1) Toda apelación se iniciará mediante una notificación por escrito 
al OSD de conformidad con el párrafo 4 del artículo 16 del ESD y la 
presentación simultánea de un anuncio de apelación ante la 
Secretaría. 
El párrafo 2 de la Regla 20 prescribe la "información" que ha de incluirse en el anuncio de apelación.  
Además del título del informe del grupo especial objeto  de la apelación, del nombre del apelante, de la 
dirección a efectos de notificación y de los números de teléfono y facsímil de la parte de que se trate, 
el párrafo 2) d) de la Regla 20 dispone que el  anuncio de apelación "incluirá" la siguiente 
información: 
d) un breve resumen del carácter de la apelación, con inclusión de las 
alegaciones de errores en las cuestiones de derecho tratadas en el informe del 
grupo especial y las interpretaciones jurídicas formuladas por éste. 
59. Las prescripciones del párrafo 2)  d) de la Regla 20 relativas al anuncio de apelación deben 
compararse con las del párrafo 2) b) de la Regla 21 de los Procedimientos de trabajo , donde se 
indican los datos que se "incluirán" en la comunica ción del apelante.  Esos datos son los siguientes: 
i) una exposición precisa de los motivos de la apelación, con inclusión de las 
alegaciones específicas de errores en las cuestiones de derecho tratadas en el 
informe del grupo especial y en las interpretaciones jurídicas formuladas por 
éste, y los argumentos jurídicos en que se basan; 
ii) una exposición precisa de las dispos iciones de los acuerdos abarcados y otras 
fuentes jurídicas en las que se ampara el apelante;  y 
iii) el carácter de la decisión o el fallo que se pretende. 
Así pues, tanto el anuncio de apelación como la comunicación del apelante han de contener las 
alegaciones de errores, pero la comunicación del apelante ha de ser más específica a este respecto.  La 
comunicación del apelante ha de ser precisa en lo que se refiere a los motivos de la apelación, los 
argumentos jurídicos en que se base la apelación y las disposiciones de los acuerdos abarcados y otras 
fuentes jurídicas en las que se ampare el apelante. WT/DS212/AB/R 
Página 32  
 
60. Como hemos dicho anteriormente, "el derecho de las partes de presentar apelaciones contra 
las constataciones e interpretaciones jurídicas formuladas por los grupos especiales en un 
procedimiento de solución de diferencias es un nuevo derecho importante recogido en el ESD".
133  
Además, hemos afirmado que "la manera más apropiada de interpretar las dispos iciones del párrafo 2) 
de la Regla 20 y de otras Reglas de los Procedimientos de trabajo para el examen en apelación  
consiste en conferir al derecho de apelación todo su significado y efecto".134  En el asunto Estados 
Unidos - Camarones , en el que los apelados que actuaba n conjuntamente trataron de que se 
desestimase en su integridad la apelación basándose en la insuficiencia del anuncio de apelación, 
analizamos los elementos que ha de reunir el anuncio de apelación.  En ese asunto dijimos lo siguiente: 
Los Procedimientos de trabajo para el examen en apelación  exigen al apelante que 
sea breve en su anuncio de apelación al exponer "el carácter de la apelación, con 
inclusión de las alegaciones de errores".  A nuestro juicio, en principio, el "carácter 
de la apelación" y "las alegaciones de errores" quedan suficientemente expuestos 
cuando en el anuncio de apelación se identifican debidamente las conclusiones o 
interpretaciones jurídicas del Grupo Especial que son objeto de apelación por  
considerarse erróneas .  No se pretende que el anuncio de apelación contenga los 
motivos por los que el apelante considera erróneas tales conclusiones o 
interpretaciones.  El anuncio de apelación no  está concebido para servir de sumario o 
esbozo de los argumentos que presentará el apelante.  Como es evidente, los 
argumentos jurídicos en los que se basan las alegaciones de errores se deberán 
exponer y ampliar en la comunicación del apelante.135  (sin subrayar en el original) 
En esa apelación, confirmamos la validez del anuncio de apelación contra las afirmaciones de que era 
"vago y superficial"136 y constatamos que, aunque en el anuncio no se citaban los números de los 
párrafos del informe del Grupo Especial que conten ían las conclusiones que eran objeto de la 
reclamación, y aunque las referencias que se hacían en el anuncio eran "escuetas, no cab[ía] duda alguna respecto de cuáles [eran] las conclusi ones o interpretaciones del Grupo Especial que se 
somet[ían] al Órgano de Apelación para su examen".
137  (no se reproduce la nota de pie de página) 
                                                      
133 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Camarones , párrafo 97. 
 
134 Ibid. 
 
135 Ibid., párrafo 95. 
 
136 Ibid., párrafo 92. 
 
137 Ibid., párrafo 96. 
  WT/DS212/AB/R 
 Página 33 
 
 
61. Al mismo tiempo, en el asunto Estados Unidos - Camarones  confirmamos que "el apelado 
evidentemente siempre tiene pleno derecho a un proceso legal con todas las garantías".138  E n  o t ra 
apelación, en el asunto CE - Bananos III , explicamos que el anuncio de apelación sirve para informar 
al apelado sobre las constataciones con respecto a las cuales se apela.139  En esa apelación, excluimos 
del ámbito de la apelación una constatación que no  estaba comprendida en las alegaciones de error 
que figuraban en el anuncio de apelación, porque el apelado "no tenía noticia de que las Comunidades 
Europeas apelaban contra esta constatación".140 
62. En resumen, en nuestras resoluciones anteriores se ha subrayado la importancia del equilibrio 
que hay que mantener entre, por una parte, el de recho de los Miembros a ejercer el derecho de 
apelación de manera seria y efectiva y, por otra, el derecho de los apelados a tener noticia, mediante el 
anuncio de apelación, de las constataciones que sean objeto de la apelación, a fin de que puedan ejercer efectivamente su derecho de defensa.  Por ello, estamos en desacuerdo con la afirmación de 
los Estados Unidos de que el anuncio de apel ación "responde a una finalidad limitada" como 
"simplemente un mecanismo formal para iniciar la apelación".
141  De hecho, si ese fuera el único 
objetivo del anuncio, nuestros Procedimientos de trabajo  habrían incluido solamente el párrafo 1) de 
la Regla 20, que se refiere al inicio de la apelación mediante una notificación escrita al Órgano de 
Solución de Diferencias y a la secretaría del Órga no de Apelación.  Sin embargo, la Regla 20 también 
establece otros requisitos para el inicio de una ap elación, al disponer que el anuncio de apelación ha 
de incluir "un breve resumen del carácter de la apel ación, con inclusión de las alegaciones de errores 
en las cuestiones de derecho tratadas en el inform e del grupo especial y las interpretaciones jurídicas 
formuladas por éste".142  La notificación efectuada conforme al párrafo 1) de la Regla 20 es el 
"mecanismo" de iniciación al que se refieren lo s Estados Unidos.  Las prescripciones adicionales 
establecidas en el párrafo 2) de la Regla 20 sirven para que el apelado también tenga noticia, aunque 
sea breve, del "carácter de la apelación" y de las "alegaciones de errores" del grupo especial. 
                                                      
138 Ibid., párrafo 97. 
 
139 Informe del Órgano de Apelación, CE - Bananos III , párrafo 152. 
 
140 Ibid. 
 
141 Carta de fecha 12 de septiembre de 2002 dirigida al Presidente de la Sección que entiende en esta 
apelación por el Asesor Jurídico Superior de la Misión Permanente de los Estados Unidos ante la OMC, 
página 2. 
 
142 La comparación que hacen los Estados Unidos con la falta de notificación al destinatario de una 
apelación contraria no es procedente, porque los  Procedimientos de trabajo  no imponen ninguna prescripción 
en materia de notificaciones en tales circunstancias. 
 WT/DS212/AB/R 
Página 34  
 
63. Pasamos ahora a la cuestión de si, en este asunto, el anuncio de apelación hecho por los 
Estados Unidos respondía a las prescripciones que debe cumplir todo anuncio de apelación según el 
párrafo 2) d) de la Regla 20.  Hemos de determinar si el anuncio de apelación era suficiente para que 
las Comunidades Europeas tuvieran noticia de que las tres alegaciones de error del Grupo Especial 
que, según las Comunidades Europeas, no estaban incluidas en el anuncio eran, de hecho, objeto de la 
apelación. 
64. Al realizar nuestro análisis, examinaremos tanto el anuncio de apelación como la carta de 
13 de septiembre de 2002 que  complementa el anuncio de apelación.  Aunque en los 
 Procedimientos 
de trabajo  no se prevé expresamente la presentación de aclaraciones o más detalles, o de anuncios de 
apelación suplementarios o modificados, consideramos que, en las circunstancias particulares de este 
asunto, procede examinar ambos documentos con miras a conferir "al derecho de apelación todo su significado y efecto".
143  Señalamos, en particular, que el documento adicional fue presentado por los 
Estados Unidos en respuesta a nuestra invitación a hacerlo, invitación que se basaba en parte en la solicitud de más detalles presentada por las Comuni dades Europeas.  Por otra parte, el documento 
adicional se presentó poco después (tres días) de presentarse el anuncio de apelación.  Finalmente, 
señalamos que las Comunidades Europeas se refirier on tanto al anuncio de apelación como a la carta 
de 13 de septiembre de 2002 en  sus argumentos sobre esta cuestión.
144 
65. En el anuncio de apelación se hacía referencia solamente a los números de los párrafos del 
informe del Grupo Especial en los que éste expuso sus "Conclusiones y recomendaciones" (a saber, 
los párrafos 8.1 a) a d) y 8.2).  En el apéndice a la carta de 13 de septiembre de 2002 se transcribe el texto íntegro de los párrafos citados del informe de l Grupo Especial y se da la siguiente información 
adicional sobre la apelación: 
En particular, el Grupo Especial incurrió en error al constatar que: 
- las subvenciones son recibidas por unas entidades híbridas que consisten en 
la compañía que produce la mercancía de que se trata y en sus accionistas 
(véase, por ejemplo , el párrafo 7.54 del informe del Grupo Especial), por lo 
que la venta de la compañía a los nue vos accionistas crea automáticamente 
un "nuevo" productor en relación con el cual se requiere una nueva 
determinación de la existencia de un beneficio; 
                                                     
 
143 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Camarones , párrafo 97. 
 
144 Comunicación del apelado presentada por las Comunidades Europeas, párrafos 13 y 16;  declaración 
hecha por las Comunidades Europeas en la audiencia y respuestas a las preguntas formuladas en la audiencia. 
  WT/DS212/AB/R 
 Página 35 
 
 
- el pago del valor justo de mercado por las acciones de una compañía anula 
las subvenciones otorgadas anteriormente a esa compañía ( véase, por 
ejemplo , el párrafo 7.72 del informe del Grupo Especial; 
- la denominada "metodología de la mi sma persona" es incompatible con el 
Acuerdo SMC. 
66. La primera cuestión que, según las Comunidades Europeas, no se incluyó en el anuncio de 
apelación ni en la carta de 13 de septiembre de 2002 es la constatación del Grupo Especial de que las 
autoridades administradoras están obligadas, tras la notificación de una privatización, a examinar de nuevo si el productor privatizado obtiene algún "benef icio".  La simple lectura de las "Conclusiones y 
recomendaciones" del informe del Grupo Especial, a las que se hace referencia en el anuncio de 
apelación y cuyo texto íntegro se cita en el apén dice a la carta de 13 de septiembre de 2002, deja 
claramente sentado que la obligación de determinar de  nuevo si continúa existiendo un beneficio, tras 
la notificación de la privatización de la empresa, era un componente crítico de la apelación.  Los 
párrafos 8.1 a), 8.1 b) y 8.1 c) de las "Conc lusiones y recomendaciones" dicen lo siguiente: 
a) Las seis determinaciones formuladas a raíz de investigaciones originales 
basadas en la metodología gamma son incompatibles con el Acuerdo SMC, ya que el 
Departamento de Comercio no examinó si las privatizaciones se habían realizado en 
condiciones de competencia y por el valor justo de mercado;  así pues, los Estados 
Unidos no determinaron si el nuevo productor privatizado recibía un beneficio derivado de contribuciones financieras anteriores otorgadas al productor estatal . 
… 
b) Las dos determinaciones formuladas a raíz de un examen administrativo y 
basadas en la metodología gamma (caso Nº  7) o en la metodología de la misma 
persona (caso Nº 12) son incompatibles con el Acuerdo SMC, puesto que el 
Departamento de Comercio no examinó si la privatización que llevó a cabo después 
de la imposición original de los derechos compensatorios se hizo en condiciones de competencia y por el valor justo de mercado;  por eso, los Estados Unidos no 
determinaron si los productores privatiz ados recibían un beneficio derivado de las 
contribuciones financieras otorgadas anteriormente a los productores estatales . 
… 
c) Las cuatro determinaciones formuladas  a raíz de exámenes por caducidad y 
basadas en la metodología gamma son inco mpatibles con el Acuerdo SMC, puesto 
que el Departamento de Comercio no examinó si las privatizaciones que se llevaron a 
cabo después de la imposición original de los derechos compensatorios se hicieron en 
condiciones de competencia y por el valor justo de mercado.  Por tanto, los Estados 
Unidos no determinaron si los productores privatizados obtenían un beneficio de la 
contribución financiera otorgada anteriormente a los productores estatales  […].
145  
(sin cursivas en el original) 
                                                      
145 Informe del Grupo Especial, párrafos 8.1 a) a 8.1 c). 
 WT/DS212/AB/R 
Página 36  
 
67. Cada uno de estos párrafos se refiere explícitamente al hecho de que el USDOC no determinó 
si el productor privatizado recibió un benefici o como resultado de una contribución financiera 
otorgada antes de la privatización.  En estas constataciones está implícita la opinión del Grupo 
Especial de que las autoridades están obligadas, al recibir la notificación de una privatización, a 
determinar si el productor privatizado continúa reci biendo un beneficio de una contribución financiera 
concedida antes de la privatización.  Por otra parte, en el apéndice a la carta de 13 de septiembre 
de 2002 se indica que el Grupo Especial incurrió en  error al constatar que "la venta de la compañía a 
los nuevos accionistas crea automáticamente un 'nuevo' productor sobre el que se requiere una nueva 
determinación de la existencia de un beneficio ".  (sin cursivas en el original)  A la vista de estas 
referencias explícitas a la obligación de determinar, tr as tener noticia de una privatización, si continúa 
existiendo un "beneficio", constatamos que los Estados Unidos comunicaron debidamente a las 
Comunidades Europeas que los Estados Unidos esta ban apelando contra la constatación del Grupo 
Especial de que los Estados Unidos habían actuad o de forma incompatible con las obligaciones que 
habían contraído en el marco de la OMC al no haber realizado tal determinación después de haber 
sabido que se había realizado una pr ivatización.  Así pues, con respecto a la primera cuestión indicada 
por las Comunidades Europeas, consideramos que el anuncio de apelación cumple las prescripciones 
del párrafo 2 d) de la Regla 20 y que la primera cuestión nos ha sido sometida correctamente en esta apelación. 
68. La segunda deficiencia alegada por las Comunidades Europeas es que "los Estados Unidos 
[no] aleg[aron] que se hubiera incurrido en ningún error en la interpretación del criterio 
'imperativo-facultativo' adoptado por el Grupo Espe cial para constatar que el artículo 1677(5)(F) es 
incompatible, como tal, con el 
 Acuerdo SMC ".146  A este respecto, señalamos que el párrafo 8.1 d) de 
la sección relativa a las "Conclusiones y recomend aciones" del informe del Grupo Especial, al que 
hicieron referencia los Estados Unidos en el anuncio de apelación y cuyo texto íntegro se cita en el 
apéndice a la carta de 13 de sep tiembre de 2002, dice lo siguiente: 
Si un Miembro importador ha determinado que una privatización se ha llevado a cabo 
en condiciones de competencia y por el valor justo de mercado, ha  de llegar a la 
conclusión de que no sigue pudiendo atribuirse al productor privatizado ningún 
beneficio derivado de la contribución financiera anterior (o subvención).  En la 
medida que el artículo 1677(5)(F), tal como ha sido interpretado por el Tribunal 
Federal de Apelación de los Estados Unidos y en la DAA, obliga  al Departamento de 
Comercio de los Estados Unidos a aplicar una metodología en virtud de la cual no se 
constata sistemáticamente que el productor pr ivatizado, por el mero hecho de que la 
privatización se ha  llevado a cabo  en condiciones de  competencia y al valor justo de  
                                                      
146 Comunicación del apelado presentada por las Comunidades Europeas, párrafo 17. 
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mercado, no obtiene un beneficio de una contribución financiera previa, dicha 
disposición impide a los Estados Unidos ejercitar facultades discrecionales en forma 
compatible con la OMC .  Por consiguiente, el artícul o 1677(5)(F) es incompatible 
con los artículos 10, 14, 19 y 21 del  Acuerdo SMC  tal como han sido interpretados en 
los informes del Grupo Especial y el Órgano de Apelación en el asunto 
Estados Unidos - Plomo y bismuto II  y por este Grupo Especial.  Al haberse 
constatado que el artículo 1677(5)(F) es incompatible con el Acuerdo SMC , los 
Estados Unidos no han actuado en conformidad con el párrafo 5 del artículo 32 del 
Acuerdo SMC  y el párrafo 4 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC.  
(las cursivas figuran en el original;  sin subrayar en el original) 
69. A nuestro juicio, la referencia que se hace en ese párrafo al hecho de que la interpretación del 
artículo 1677(5)(F) realizada por el Grupo Especial impedía que el USDOC ejercitase facultades 
discrecionales  en forma compatible con las normas de la OMC era suficiente para que las 
Comunidades Europeas cobrasen conciencia de que los Estados Unidos estaban apelando con respecto 
a la descripción y aplicación del criterio imperati vo-facultativo utilizado por el Grupo Especial al 
interpretar el artículo 1677(5)(F) por considerar lo, como tal, incompatible con las obligaciones 
contraídas por los Estados Unidos en el marco de la OMC.  En consecuencia, con respecto a la 
segunda cuestión identificada por las Comunidade s Europeas, consideramos que el anuncio de 
apelación cumple las prescripciones del párrafo 2) d) de la Regla 20 y que la segunda cuestión nos ha 
sido sometida correctamente en esta apelación. 
70. Observamos que, al llegar a estas conclusiones, nos encontramos ante un ejemplo bastante 
poco corriente de la sección relativa a las "Conclu siones y recomendaciones" del informe de un grupo 
especial.  En los informes de la mayoría de los grupos especiales, la sección sobre "Conclusiones y 
recomendaciones" es relativamente breve, y en ella  se exponen las constataciones de forma resumida.  
Las interpretaciones jurídicas detalladas y los razonamientos en que se basan los grupos especiales suelen figurar solamente en la sección relativa a la s "Constataciones" de los informes de los grupos 
especiales.  Ahora bien, en este caso las "Conc lusiones y recomendaciones" del Grupo Especial son 
más detalladas que de costumbre.  Los apartados a) a d) del párrafo 8.1 del informe del Grupo Especial incluyen, no sólo las constataciones del Grupo Especial, sino también algunas de las razones 
que han llevado a esas constataciones.  Así pues, en este asunto es posible, al leer la sección referente 
a las "Conclusiones y recomendaciones" del informe del Grupo Especial, discernir los errores de hecho alegados con respecto a los cuales apelan los Estados Unidos.  No obstante, subrayamos que, en 
general, un anuncio de apelación que haga referencia simplemente a los números de los párrafos que figuran en la sección de "Conclusiones y recomendaciones" del informe de un grupo especial, o que 
cite su texto íntegro, será insuficiente para cons tituir una notificación adecuada de las alegaciones de 
error en la fase de apelación y, por consiguiente, no cumplirá las prescripciones del párrafo 2) d) de la 
Regla 20 de los Procedimientos de trabajo . WT/DS212/AB/R 
Página 38  
 
71. La tercera cuestión que las Comunidades Europeas  alegan que no se notificó debidamente es 
que "los Estados Unidos [no] alegaron que se hubiera incurrido en ningún error en la aplicación del 
artículo 11 del [ESD]"
147, que dispone lo siguiente: 
Función de los grupos especiales 
La función de los grupos especiales es ayudar al OSD a cumplir las funciones que le 
incumben en virtud del presente Entendimiento y de los acuerdos abarcados.  Por 
consiguiente, cada grupo especial deberá hacer una evaluación objetiva  del asunto 
que se le haya sometido, que incluya una evaluación objetiva de los hechos, de la 
aplicabilidad de los acuerdos abarcados per tinentes y de la conformidad con éstos y 
formular otras conclusiones que ayuden al OSD a hacer las recomendaciones o dictar 
las resoluciones previstas en los acuerdos abarcados.  Los grupos especiales deberán 
consultar regularmente a las partes en la di ferencia y darles oportunidad adecuada de 
llegar a una solución mutuamente satisfact oria.  (sin cursivas en el original) 
72. No encontramos ninguna referencia explícita al artículo 11 del ESD o al texto del artículo 11 
en el anuncio de apelación ni en el apéndice a la carta de 13 de septiembre de 2002.  Tampoco 
podemos encontrar en uno u otro ninguna indicación de que los Estados Unidos alegasen que el 
Grupo Especial no hubiera hecho una evaluación objetiv a del asunto que se le había sometido ni una 
evaluación objetiva de los hechos. 
73. Los Estados Unidos reconocieron durante la audi encia que no es posible deducir del anuncio 
de apelación ni del apéndice a la carta de 13 de septiembre de 2002 que los Estados Unidos alegasen  
que se hubiera incurrido en error desde el punto de vista del artículo 11 del ESD.148  Sin embargo, 
como se ha señalado anteriormente149, los Estados Unidos sostuvieron que no era necesario hacer 
referencia a esto en el anuncio de apelación porque esto era meramente un argumento  en apoyo de sus 
alegaciones de error, y no es necesario incluir los argumentos  en el anuncio de apelación.  Además, 
los Estados Unidos sostuvieron que no era procedente hacer referencia a las "reclamaciones" en el 
contexto de un anuncio de apelación, ya que es más correcto hacer referencia a las reclamaciones en el contexto de las solicitudes de establecimiento de un grupo especial.
150 
74. No estamos de acuerdo con los Estados Unidos.  La alegación  de error cometido por un grupo 
especial desde el punto de vista del artículo 11 del ESD no es posible más que en el contexto de una 
apelación.  Por definición, esa alegación  no figurará en las solicitudes de establecimiento de un grupo 
                                                      
147 Ibid. 
 
148 Respuesta de los Estados Unidos a las preguntas hechas en la audiencia. 
 
149 Véase supra , párrafo 57. 
 
150 Respuesta de los Estados Unidos a las preguntas hechas en la audiencia. 
  WT/DS212/AB/R 
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especial, por lo que los grupos especiales no harán referencia a ella en sus informes.  Por 
consiguiente, si los apelantes tienen la intención de aducir argumentos sobre esa cuestión en la 
apelación, han de hacer referencia a ella en los anuncios de apelación de forma que los apelados 
puedan discernirla y conocer el asunto que habrán de estudiar. 
75. Por consiguiente, no creemos que se pueda d ecir que se ha notificado a las Comunidades 
Europeas que los Estados Unidos se proponían argum entar en la apelación que el Grupo Especial no 
había actuado de manera compatible con el artículo 11  del ESD, y, por lo tanto, consideramos que la 
cuestión del cumplimiento del artículo 11 del ESD por el Grupo Especial no nos ha sido sometida 
correctamente en esta apelación. 
B. La comunicación presentada como amicus curiae 
76. Pasamos seguidamente a la cuestión de  la comunicación presentada como amicus curiae  por 
una asociación de la industria151 en el curso de esta apelación.  Tanto los Estados Unidos como las 
Comunidades Europeas estuvieron de acuerdo en que estamos autorizados para aceptar esa 
comunicación.152  Los Estados Unidos confirmaron que esa comunicación no formaba parte de la 
comunicación oficial de los Estados Unidos, pero que  los Estados Unidos estaban de acuerdo con gran 
parte, aunque no con la totalidad, del contenido de esa comunicación.153  Las Comunidades Europeas 
dijeron que no estaban de acuerdo con varios aspe ctos de esa comunicación y argumentaron que no 
había ninguna razón para que el Órgano de Apelación tuviera en cuenta esa comunicación en la apelación.
154  Hemos examinado los argumentos de los par ticipantes y de los ter ceros participantes.  
No hemos tenido en cuenta esa comunicación porque consideramos que no es útil en esta apelación. 
VI. Introducción a las cuestiones sustantivas 
77. Habiendo examinado las cuestiones de procedimiento, pasamos ahora a las cuestiones 
sustantivas planteadas  en  esta  apelación.  Antes  de  hacerlo, conviene  recordar  brevemente  las  
                                                      
151 Instituto del Hierro y el Acero de los Estados Unidos. 
 
152 Respuestas de los Estados Unidos y las Comunidades Europeas a las preguntas hechas en la 
audiencia.  Los terceros participantes no estuvieron de acuerdo. 
 
153 Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas hechas en la audiencia. 
 
154 Respuestas de las Comunidades Europeas a las preguntas hechas en la audiencia. WT/DS212/AB/R 
Página 40  
 
disposiciones legislativas pertinentes, los he chos y circunstancias particulares del caso
155 y las 
medidas exactas que son objeto de la apelación. 
78. El párrafo 3 del artículo VI del GATT de 1994  permite a los Miembros de la OMC imponer 
un "derecho compensatorio" sobre los productos importados de otros Miembros de la OMC 
"para contrarrestar cualquier prima o subvención conced ida, directa o indirectamente, a la fabricación, 
la producción o la exportación de un producto".156  El artículo 10 del  Acuerdo SMC  dispone que 
"Los Miembros tomarán todas las medidas necesa rias para que la imposición de un derecho 
compensatorio sobre cualquier producto del territorio de cualquier Miembro importado en el territorio 
de otro Miembro esté en conformidad con las disposiciones del artículo VI del GATT de 1994 y con los términos del presente Acuerdo."
 157  (no se reproduce la nota de pie de página) 
79. En el artículo 1 del  Acuerdo SMC  se indica cuándo "se considerará que existe ", a los efectos 
del Acuerdo SMC158, una "subvención" que se pueda "contrarrestar"159 con "derechos 
compensatorios".160  (sin cursivas en el original)  Para que se cumpla la definición de "subvención", 
habrá que "otorg[ar]"161 una "subvención"162 a un "receptor".163  Sólo una "subvención" que "existe" y 
que "otorg[a]" un "beneficio" a un "receptor" pu ede ser "contrarresta[da]" con unos "derechos 
compensatorios". 
80. El artículo 19 del Acuerdo SMC  trata del "Establecimiento y percepción de derechos 
compensatorios".  El párrafo 1 del artículo 19 dispone que, después de, entre otras cosas, 
"una determinación definitiva de la existencia  de subvención y de su cuantía ", un Miembro puede 
                                                      
155 Éstos se indican más en detalle en los párrafos 1 a 17 del presente informe y en los párrafos 2.1 
a 2.61 del informe del Grupo Especial. 
 
156 Párrafo 3 del artículo VI del GATT de 1994. 
 
157 Artículo 10 del  Acuerdo SMC . 
 
158 Artículo VI del GATT de 1994. 
 
159 Párrafo 3 del artículo VI del GATT de 1994. 
 
160 Párrafo 1 del artículo 1 del  Acuerdo SMC . 
 
161 Apartado b) del párrafo 1 del artículo 1 del  Acuerdo SMC . 
 
162 Ibid. 
 
163 Artículo 14 del  Acuerdo SMC .  Aunque el término "receptor" aparece  en el artículo 14 y no en el 
artículo 1 del  Acuerdo SMC , en el asunto Canadá - Aeronaves civiles  reconocimos que el sentido corriente del 
apartado b) del párrafo 1 del artículo 1, unido a la estructu ra del párrafo 1 del artículo 1 y al contexto constituido 
por la referencia al "beneficio conferido al receptor" en el artículo 14, revelan que "el término 'beneficio', 
tal como se utiliza en el párrafo 1 del artículo 1 , alude al 'beneficio conferido al receptor '".  (Informe del 
Órgano de Apelación, Canadá - Aeronaves civiles , párrafo 155 (las cursivas figuran en el original).)  WT/DS212/AB/R 
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imponer derechos compensatorios "con arreglo a las disposiciones" de ese artículo.164  (sin cursivas en 
el original)  Entre esas disposiciones figura el  párrafo 4 del artículo 19, que dispone que "No se 
percibirá sobre ningún producto importado un derecho compensatorio que sea superior a la cuantía de 
la subvención que se haya concluido existe , calculada por unidad del producto subvencionado y 
exportado".165  (sin cursivas en el original;  no se reproduce la nota de pie de página) 
81. El artículo 21 del Acuerdo SMC  trata de la "Duración y examen de los derechos 
compensatorios y de los compromisos".  El párrafo 1 del artículo 21 dispone que "Un derecho compensatorio sólo permanecerá en vigor durante el tiempo y en la medida necesarios para 
contrarrestar la subvención que esté causando daño".
166  El párrafo 2 del artículo 21 impone ciertas 
obligaciones en relación con los "exámenes" de los derechos compensatorios, entre ellos los exámenes 
administrativos que se nos han sometido en la apelación, y el párrafo 3 del artículo 21 impone ciertas obligaciones en relación con los "exámenes por caducidad" de los derechos compensatorios. 
82. El artículo 14 del 
 Acuerdo SMC  exige que "el método que utilice la autoridad investigadora" 
de un Miembro de la OMC "para calcular el beneficio conferido al receptor […] estará previsto en la 
legislación nacional o en los reglamentos de aplicaci ón del Miembro de que se trate, y su aplicación 
en cada caso particular será transparente y adecuadamente explicada".167 
83. El párrafo 5 del artículo 32 del  Acuerdo SMC  dispone que "Cada Miembro adoptará todas las 
medidas necesarias, de carácter general o particular, para ase gurarse de que […] sus leyes, 
reglamentos y procedimientos administrativos estén en conformidad con las disposiciones del 
presente Acuerdo".168  Análogamente, el párrafo 4 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC  
dispone que "Cada Miembro se asegurará de la  conformidad de sus leyes, reglamentos y 
procedimientos administrativos con las obligaciones que le impongan los Acuerdos anexos", que incluyen el 
 Acuerdo SMC .169 
84. Habiendo expuesto las disposiciones de los acue rdos abarcados que guardan relación con esta 
diferencia, pasamos a aclarar qué cuestiones están  sometidas a nuestra consideración y qué cuestiones 
                                                                                                                                                                     
 
164 Párrafo 1 del artículo 19 del  Acuerdo SMC . 
 
165 Párrafo 4 del artículo 19 del  Acuerdo SMC . 
 
166 Párrafo 1 del artículo 21 del  Acuerdo SMC . 
 
167 Artículo 14 del  Acuerdo SMC . 
 
168 Párrafo 5 del artículo 32 del  Acuerdo SMC . 
 
169 Párrafo 4 del artículo XVI del  Acuerdo sobre la OMC . WT/DS212/AB/R 
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no lo están .  Las cuestiones que están  sometidas a nuestra consideración en la apelación se 
desprenden de las determinaciones formuladas por  el USDOC en 12 casos relativos a derechos 
compensatorios aplicados a las importaciones de pr oductos de acero procedentes de las Comunidades 
Europeas.  Todas las empresas sometidas a investigación en esos asuntos eran anteriormente empresas 
estatales que habían sido priva tizadas en la fecha de las dete rminaciones administrativas de los 
Estados Unidos.  Las Comunidades Europeas reconocen que se otorgaron contribuciones financieras 
no recurrentes a esas empresas que antes eran estatales.
170  Por consiguiente, ese punto no está 
controvertido en esta apelación.  Los Estados Unidos no impugnan que, en los 12 casos, los gobiernos 
pertinentes privatizaron las empresas estatales vendiendo "todos, o sustancialmente todos, sus intereses propietarios y claramente no tenía ya  control alguno del productor privatizado"
 171, y que las 
ventas se hicieron en condiciones de plena co mpetencia y por el valor justo de mercado.172  E n  
consecuencia, ese punto tampoco está en litigio.  Am bas partes están también de acuerdo en que es 
"práctica normal y aceptada […] que el Miembro importador presuponga que una subvención no 
recurrente otorga un beneficio a lo largo de un  determinado período de tiempo, que normalmente se 
presupone que es igual a la vida media útil de lo s activos en la rama de producción pertinente".173  En 
el asunto Estados Unidos - Plomo y bismuto II , constatamos que esa práctica era permisible con 
arreglo al  Acuerdo SMC , siempre que la presunción no fuera irrefutable.174  De aquí que esa cuestión, 
análogamente, no esté sometida a nuestra consideración en esta apelación. 
85. Las cuestiones que se plantean en esta apelación se refieren solamente a la repercusión de la 
privatización de las empresas so metidas a investigación en estos 12 casos relativos a derechos 
compensatorios sobre la continuación de la existencia del beneficio procedente de una contribución 
financiera.  Como declaró el Grupo Especial175, la "cuestión jurídica fundamental" sometida a su 
consideración consistía en determinar si  un "beneficio", según los términos del Acuerdo SMC , 
procedente de una contribución financiera no re currente continuaba existiendo después de una 
transmisión de propiedad, efectuada en condicione s de plena competencia y por el valor justo de 
                                                                                                                                                                     
 
170 Informe del Grupo Especial, nota 313 al párrafo 7.40. 
 
171 Ibid., párrafo 7.62. 
 
172 Véase supra , párrafo 2 y nota 4. 
 
173 Informe del Grupo Especial, párrafo 7.75. 
 
174 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Plomo y bismuto II , párrafo 62. 
 
175 Informe del Grupo Especial, párrafo 7.40. 
  WT/DS212/AB/R 
 Página 43 
 
 
mercado, de una empresa estatal a un nuevo propie tario privado, cuando el gobierno no tiene ya 
"control alguno del productor privatizado" 176 y transfiere todos o sustancialmente todos los bienes.177 
86. Las Comunidades Europeas impugnan la práctic a administrativa seguida por el USDOC para 
examinar si continúa existiendo un "beneficio" tras un cambio de propiedad.  Esa práctica 
administrativa se denomina método de la "misma persona".178  Ante el Grupo Especial, las 
Comunidades Europeas impugnaron esa práctica como tal  y tal como se aplicó  en el examen 
administrativo titulado Electroacero de textura orientada procedente de Italia  (caso Nº 12).179  
Además, las Comunidades Europeas impugnaron ante el Grupo Especial la compatibilidad del 
artículo 1677(5)(F) del Título 19 del Código de los Estados Unidos, como tal, con las obligaciones contraídas por los Estados Unidos en el marco de la  OMC.  El Grupo Especial resolvió en favor de las 
Comunidades Europeas y concluyó que los Estados Un idos habían actuado de forma incompatible con  
                                                     
 
176 Ibid., párrafo 7.62. 
 
177 Observamos, en particular, que el Grupo Especial no ha examinado si un "beneficio", en el sentido 
del  Acuerdo SMC , se extinguiría después de un cambio de propiedad producido en circunstancias diferentes de 
las de los 12 casos que se consideran.  Ibid., párrafo 7.62.  De aquí que nuestro análisis se circunscriba a 
determinar si, en las circunstancias de este asunto, las constataciones y conclusiones del Grupo Especial están en conformidad con el 
 Acuerdo SMC . 
 
178 Puede verse una explicación del método de la "misma persona " en el párrafo 14 del presente 
informe.  En la audiencia, los Estados Unidos afirmaron que el método de la "misma persona", como tal, no estaba en litigio ante el Grupo Especial.  Las Comunidades Europeas recordaron que la "práctica" del USDOC 
estaba incluida en su solicitud de establecimiento del Grupo Especial (WT/DS212/4) y señalaron que, en 
consecuencia, el Grupo Especial constató, en el párrafo 7.90 del informe del Grupo Especial, que "la metodología de la 'misma persona' es en sí misma incompatible con el Acuerdo SMC".  Señalamos que los 
Estados Unidos no han afirmado ante nosotros que el Grupo Especial, al formular esa constatación, se excediera 
de su mandato.  También señalamos que los Estados Unidos manifestaron, al aclarar su anuncio de apelación, que "el Grupo Especial incurrió en error al constatar que [...] la denominada 'metodología de la misma persona' 
es incompatible con el Acuerdo SMC".  (Apéndice a la carta de fecha 13 de septiembre de 2002 dirigida al 
Director de la secretaría del Órgano de Apelación por el Asesor Jurídico Superior de la Misión Permanente de los Estados Unidos ante la OMC, página 2.) 
 
179 Los 12 casos se enumeran en la nota 2 del presente informe.  El caso Nº 12, Electroacero de textura 
orientada procedente de Italia , 66 Fed. Reg. 2885 (USDOC, 12 de enero de 2001), (" Electroacero procedente 
de Italia "), adjunto como CE - Prueba documental 7 a la primera comunicación de las Comunidades Europeas al 
Grupo Especial, es un examen administrativo y constituye la única determinación administrativa 
correspondiente en la que el USDOC aplicó el método de la "misma persona" en primera instancia.  El USDOC ha aplicado el método en algunas otras determinaciones relativas a derechos compensatorios formuladas por 
reenvío del Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos (es decir, cuando el Tribunal ordenó 
al USDOC que volviese a formular las determinaciones).  Sin embargo, los Estados Unidos afirmaron ante el Grupo Especial, sin que evidentemente las Comunidades Europeas lo refutasen, que las Comunidades Europeas 
no impugnaron las determinaciones formuladas por reenvío que se referían al método de la "misma persona".  
(Informe del Grupo Especial, nota 81 al párrafo 2.55 (donde se cita la primera comunicación de los Estados 
Unidos al Grupo Especial, párrafo 85).)  Así pues, en el curso de la formulación de las 12 determinaciones iniciales  (es decir, no como resultado de una apelación ante un tribunal de los Estados Unidos) en litigio, el 
USDOC aplicó el método de la "misma persona" solamente una vez, a saber, durante el examen administrativo 
identificado como caso Nº 12. WT/DS212/AB/R 
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87. las obligaciones que les imponían los artículos 10 y 14, los párrafos 1 y 4 del artículo 19, los 
párrafos 1, 2 y 3 del artículo 21 y el párrafo 5 del artículo 32 del 
 Acuerdo SMC  y el párrafo 4 del 
artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC .  Los Estados Unidos apelan con respecto a esas 
constataciones. 
VII. Privatizaciones realizadas en condiciones de competencia y por el valor justo de 
mercado 
A. Constatación del Grupo Especial  
87. De importancia crítica para cada una de la s conclusiones del Grupo Especial es su 
constatación fundamental de que: 
Si un Miembro importador ha determinado que una privatización se ha llevado a cabo 
en condiciones de competencia y por el valor justo de mercado, ha de llegar a la 
conclusión que no sigue pudiendo atribuirse al productor privatizado ningún 
beneficio derivado de la contribución financiera anterior (o subvención).180  
(sin cursivas en el original) 
88. Los Estados Unidos sostienen que el Grupo Especial incurrió en error al formular esta 
constatación fundamental, porque c onsideró los efectos económicos de la privatización desde el punto 
de vista del nuevo propietario y no de la " persona jurídica que produce la mercancía de que se 
trate ".181  (las cursivas figuran en el original)  Los Estados Unidos alegan que, al proceder de esa 
forma, el Grupo Especial prescindió de la distinci ón entre las empresas y sus accionistas.  Según los 
Estados Unidos, dado que la persona jurídica es distinta de sus accionistas, éstas no pueden 
compensar el "beneficio" obtenido por aquélla.  Los Estados Unidos aducen que, con independencia del precio pagado por el nuevo propietar io privado por la empresa privatizada
182, "una privatización 
posterior no restablece la situación de la curva de la oferta [de la empresa privatizada]"183 antes de que 
el gobierno concediera la contribución financiera anterior.  Los Estados Unidos llegan a la conclusión 
de que el análisis económico del Grupo Especial está viciado por esa razón. 
                                                      
180 Informe del Grupo Especial, párrafo 8.1 d).  Esta constatación constituye también el núcleo de las 
conclusiones del Grupo Especial que figuran en los párrafos 8.1 a) a 8.1 c). 
 
181 Comunicación del apelante presentada por los Estados Unidos, párrafo 46. 
 
182 "Por el valor justo de mercado (o no)."  Ibid., párrafos 2 y 6.  Véase también la segunda 
comunicación de los Estados Unidos al Grupo Especial, párrafo 10;  respuesta de los Estados Unidos a preguntas formuladas en la audiencia. 
 
183 Comunicación del apelante presentada por los Estados Unidos, párrafo 50.  WT/DS212/AB/R 
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89. Según los Estados Unidos, el término "receptor"  no puede abarcar tanto una persona jurídica 
como un accionista de esa persona jurídica.184  Los Estados Unidos sostienen que hemos reconocido 
esa distinción en los asuntos Canadá - Aeronaves civiles  y Estados Unidos - Plomo y bismuto II , al 
señalar expresamente que los receptores a que se refiere el Acuerdo SMC son las "personas jurídicas o 
físicas".185  Además, los Estados Unidos aducen que si una empresa estatal (una persona jurídica) 
recibe un beneficio y esa misma pe rsona jurídica sigue existiendo después de la privatización, también 
continúa existiendo el beneficio (hasta que ha ya sido plenamente amortizado o reembolsado), 
independientemente del precio que hayan pagado sus nuevos propietarios privados.186  E n  
consecuencia, los Estados Unidos concluyen que la privatización, aun cuando se haya llevado a cabo en condiciones de competencia y por el valor justo de mercado, no puede extinguir el beneficio de una contribución financiera otorgada anteriormente al re ceptor (es decir, a la empresa estatal), ya que el 
receptor es la misma persona jurídica. 
90. En contestación a las manifestaciones anterior es, las Comunidades Europeas aducen que, 
dado que, como hemos establecido en el asunto Canadá - Aeronaves civiles , el "beneficio" se define 
en el Acuerdo SMC  en relación con el mercado, una empresa privatizada en condiciones de 
competencia y por el valor justo de mercado no recibe nada en condiciones más favorables que lo que 
el propio mercado le habría ofrecido.  En c onsecuencia, no cabe duda, según las Comunidades 
Europeas, de que la venta de una empresa en condiciones de competencia y por el valor justo de 
mercado satisface la comparación basada en el mercado a que se hace referencia en Canadá - 
Aeronaves civiles  a los efectos de la anulación de cualquier "ventaja"
187 que hubiera podido recibir 
anteriormente como consecuencia de una contri bución financiera no recurrente del gobierno.188 
91. Las Comunidades Europeas aducen que el Grupo Especial rechazó acertadamente la 
distinción entre propietarios y empresas a los efectos de la determinación de si existe un "beneficio" 
en el sentido del  Acuerdo SMC .  Las Comunidades Europeas dest acan la constatación que formularon 
en Canadá - Aeronaves civiles  de que el "receptor" de un "beneficio" puede ser un "grupo de 
personas" y mantienen que con esta constatación se establece que el término "receptor" no se refiere 
                                                      
184 Ibid., párrafo 56. 
 
185 Ibid., párrafo 65. 
 
186 Ibid., párrafo 6. 
 
187 Informe del Órgano de Apelación, Canadá - Aeronaves civiles , párrafo 153. 
 
188 Comunicación del apelado presentada por las Comunidades Europeas, párrafos 57 a 59. WT/DS212/AB/R 
Página 46  
 
necesariamente a la empresa que exporta la mercancía de que se trate, sino que puede incluir también 
a los propietarios de la empresa.
189 
92. Las Comunidades Europeas sostienen además que , de conformidad con el párrafo 1 b) del 
artículo 1 del  Acuerdo SMC  no es necesario que se aporte dir ectamente una contribución financiera a 
su receptor190, y, que, por otra parte, "no es necesario que el receptor de una contribución financiera 
sea el receptor del beneficio conferido por ella, siempre que se establezca la relación de causalidad 
requerida entre la contri bución y el beneficio".191  Además, las Comunidades Europeas sostienen que, 
en la práctica, los Estados Unidos no consideran que  la distinción entre accionistas y empresa tenga 
un carácter absoluto, ya que "el USDOC reconoce que las subvenciones conferidas a parte de una 
entidad económica liberarán recursos que podrán aplicarse a otra parte de la entidad, por lo que, a los 
efectos de los derechos compensatorios, esas subvenciones se 'atribuyen' a la producción y a las exportaciones de toda la entidad".
192  (no se reproduce la nota de pie de página) 
93. Al analizar esos argumentos, comenzamos por  señalar las similitudes que presentan las 
cuestiones que se plantean en el presente asunto con las que examinamos en Estados Unidos - Plomo 
y bismuto II .  En este último asunto, los Estados Unidos, en su calidad de apelante, sostuvieron que el 
Grupo Especial que se ocupó de él había sobrepasado "sus facultades al imponer de hecho  una 
metodología conforme a la cual la privatización de una empresa por el valor justo de mercado impide 
automáticamente  que pueda imputarse a la empresa sucesora privatizada cualquier beneficio de las 
subvenciones anteriores a la privatización".193  (sin cursivas en el or iginal)  En esa apelación, 
constatamos que el Grupo Especial había actuado de ntro del ámbito de su mandato y confirmamos sus 
conclusiones.194  No obstante, a diferencia del Grupo Especial, limitamos el alcance de nuestra 
resolución a "las circunstancias concretas del [prese nte] caso" y a las "circunstancias del [presente] 
caso".195 
                                                      
189 Ibid., párrafos 23 y 28. 
 
190 Ibid., párrafo 38. 
 
191 Ibid., párrafo 47. 
 
192 Ibid., párrafo 63. 
 
193 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Plomo y bismuto II , párrafo 18. 
 
194 Ibid., párrafo 73. 
 
195 Ibid., párrafo 74. 
  WT/DS212/AB/R 
 Página 47 
 
 
94. En el presente caso, el Grupo Especial declaró expresamente lo que se establecía tácitamente 
en el informe del Grupo Especial que se ocupó del asunto Estados Unidos - Plomo y bismuto II : 
La existencia de una privatización en cond iciones de competencia y por el valor justo 
de mercado  fuerza  la conclusión de que el productor privado pagó por lo que obtuvo 
y por consiguiente no obtuvo ningún beneficio ni ventaja de la contribución 
financiera anterior otorgada al producto r estatal.  Aunque los Miembros pueden 
mantener una presunción refutable de que el productor privatizado sigue obteniendo 
el beneficio derivado de anteriores cont ribuciones financieras (o subvenciones), el 
hecho de que las privatizaciones tengan lugar en condiciones de competencia y a un valor justo de mercado es suficiente para refutar tal presunción.
196  (sin cursivas en el 
original) 
95. En consecuencia, el Grupo Especial constató  que la privatización en condiciones de 
competencia y por el valor justo de mercado extingue siempre  necesariamente la parte no amortizada 
de cualquier beneficio anterior concedido a la empres a estatal.  Por el contrario, los Estados Unidos 
aducen, en apelación, que el cambio en la propiedad, independientemente del precio pagado por la 
transacción nunca  extingue el beneficio cuando la empresa estatal y la nueva empresa privatizada son 
la misma  persona jurídica.  Los Estados Unidos exponen en apoyo de su posición argumentos 
jurídicos y económicos con los que tratan de demostrar que el cambio en la propiedad, cuando la 
empresa estatal y la nuev a empresa siguen siendo la misma  persona jurídica, no puede  eliminar el 
beneficio197, con independencia del precio pagado por la adquisición de la empresa estatal.198  No 
obstante, los Estados Unidos afirman que si las dos empresas son dos personas jurídicas distintas , 
                                                      
196 Informe del Grupo Especial, párrafo 7.82.  Compárese con la declaración del informe del Grupo 
Especial, Estados Unidos - Plomo y bismuto II , en el párrafo 6.81: 
 
Suponiendo que podría considerarse que las "contribuciones financieras" concedidas directamente a BSC han sido concedidas indirectamente a UES y BSplc/BSES, este hecho por 
sí solo no significaría que las "contribuciones financieras" previas a 1985/86, no vinculadas, 
no recurrentes concedidas a BSC otorgan necesariamente un "beneficio" a UES o BSplc/BSES.  Este sería el caso solamente si se constatara que las "contribuciones 
financieras" han sido concedidas indirectamente (es decir, a través de las pertinentes 
transacciones de traspaso de propiedad) a UES y BSplc/BSES, respectivamente, en 
condiciones más favorables que las que dichas empresas podrían haber obtenido en el mercado.  Pensamos que sólo sería posible
 llegar a tal conclusión si no se hubiese pagado el 
valor justo de mercado  por todos los activos de producción, etc. que UES y BSplc/BSES 
adquirieron a BSC.  Dado que se pagó el valor justo de mercado por todos esos activos, no 
pensamos que pueda considerarse que una "contribución financiera" no vinculada, no 
recurrente, concedida indirectamente a UES y BSplc/BSES, otorga un "beneficio" a esas 
entidades .  (no se reproducen las notas de pie de página;  sin subrayar en el original) 
 
197 "El cambio de los accionistas del receptor de una subvención no suprime el equipo nuevo, no resta 
conocimientos a los trabajadores y no hace que aumente la carga de la deuda que anteriormente se había 
reducido."  Comunicación del apelante presentada por los Estados Unidos, párrafo 49. 
 
198 Véase supra , nota 182. 
 WT/DS212/AB/R 
Página 48  
 
"el USDOC llegaría a la conclusión de que el nuevo productor no recibió nunca la [anterior] 
subvención ni podría estar sujeto por razó n de ella [a derechos compensatorios]".
199 
B. Interpretación de " beneficio " 
96. Nos ocupamos en primer lugar de la in terpretación del término "beneficio" del  Acuerdo SMC .  
El Grupo Especial observó que cuando se lleva a cabo una privatización después de haberse concedido una contribución financiera con la que se otorga un "beneficio", "como se considera que el 
valor justo de mercado que se pagó al productor estatal incluye ( de facto ) el valor de la ventaja o el 
beneficio ya recibidos […] la transacción de privatización por el valor justo de mercado incluye el reembolso al gobierno de la subvención, según los valores de mercado  en el momento de la 
privatización".
200  (sin cursivas en el original, no se reproduce la nota de pie de página)  En 
consecuencia, el Grupo Especial constató que, en tal caso, el "beneficio" "[se] extingue"201 por lo que 
el productor paralizado no "sig ue disfrutando del beneficio".202 
97. Aunque el Acuerdo SMC  no define el término "beneficio", se hace referencia expresa al 
mismo en la definición de "subvención" del párrafo 1 del artículo 1, que establece lo siguiente: 
Definición de subvención 
1.1 A los efectos del presente Acuerdo, se considerará que existe subvención:  a) 1) cuando haya una contribuci ón financiera de un gobierno o de 
cualquier organismo público del territorio de un Miembro […] 
y 
 b) con ello se otorgue un beneficio.  (sin cursivas en el original) 
98. En Canadá - Aeronaves civiles  constatamos lo siguiente: 
[…] la palabra "beneficio" tal como se utiliza en el párrafo 1 b) del artículo 1, implica 
algún tipo de comparación.  Esto debe ser así, porque no puede haber un "beneficio" 
para el receptor a menos que la "contribución financiera" le coloque en una situación  
                                                     
 
199 Comunicación del apelante presentada por los Estados Unidos, párrafo 18.  En caso de constatarse 
que las dos empresas son dos personas jurídicas distintas , el USDOC continuará examinando las condiciones de 
la venta para determinar si el (los) comprador(es) de la entidad privatizada recibió (recibieron) a consecuencia 
de ella una nueva  subvención.  (Respuesta de los Estados Unidos a preguntas formuladas en la audiencia.) 
 
200 Informe del Grupo Especial, párrafo 7.72. 
 
201 Ibid., párrafo 7.77. 
 
202 Ibid., párrafo 7.81. 
  WT/DS212/AB/R 
 Página 49 
 
 
mejor que la que habría tenido de no ex istir esa contribución.  A nuestro juicio 
el mercado proporciona una base de comparación apropiada  al determinar si se ha 
otorgado un "beneficio", porque los posibles efectos de distorsión del comercio de 
una "contribución financiera" pueden identif icarse determinando si el receptor ha 
recibido una "contribución financiera" en condiciones más favorables que las que 
hubiera podido obtener en el mercado.203  (sin cursivas en el original) 
99. Los Estados Unidos aducen, en apelación, qu e la constatación del Grupo Especial según la 
cual debe considerarse siempre necesariamente que el beneficio se extingue con la privatización 
adolece de un "error económico básico"204, ya que "las subvenciones desp lazan la curva de la oferta 
del receptor y […] la privatización posterior no hace que la curva de la oferta vuelva a ocupar su 
posición anterior, y, por tanto, […] no afecta a la persistencia de la subvención".205  Los Estados 
Unidos sostienen que el hecho de que el propietario  privado abone el precio íntegro del mercado por 
la empresa indica únicamente que el  propietario  privado no percibe una nueva  subvención, y no, a 
juicio de ese país, que se haya eliminado el efecto de la subvención "desde el punto de vista de la 
persona jurídica que produce la mercancía de que se trate ".206  (las cursivas figuran en el original)  
Los Estados Unidos en apoyo de este argument o, señalan que el cambio en la propiedad207 del 
receptor "de una subvención no suprime  el equipo nuevo, no resta conocimientos a los trabajadores y 
no hace que aumente la carga de la de uda que anteriormente se había reducido".208  (sin cursivas en el 
original) 
100. Los Estados Unidos expusieron argumentos similares ante el Grupo Especial.209  A l  
analizarlos, el Grupo Especial constató que "los Es tados Unidos aparentemente 'atribuyen' el beneficio 
a la actividad productiva"210 y señaló que "los derechos compensatorios no  tienen por objetivo 
neutralizar todas las distorsiones del mercado o ma las distribuciones de los recursos que hayan podido 
causar las subvenciones".211  (subrayado en el original) 
                                                      
203 Informe el Órgano de Apelación, Canadá - Aeronaves civiles , párrafo 157. 
 
204 Comunicación del apelante presentada por los Estados Unidos, párrafo 44. 
 
205 Ibid., párrafo 50. 
 
206 Ibid., párrafo 46. 
 
207 Los Estados Unidos presumen que la propiedad se tiene por medio de acciones. 
 
208 Comunicación del apelante presentada por los Estados Unidos, párrafo 49. 
 
209 Véase la primera comunicación de los Estados Unidos al Grupo Especial, párrafos 56 a 61. 
 
210 Informe del Grupo Especial, párrafo 7.80. 
 
211 Ibid. WT/DS212/AB/R 
Página 50  
 
101. Al impugnar esa constatación ante este Órgano de Apelación, los Estados Unidos aducen que 
el Grupo Especial incurrió en error al manifestar que la posición de los Estados Unidos consistió en 
sugerir que los derechos compensatorios tienen por objetivo "neutralizar todas las distorsiones del 
mercado".
212  Los Estados Unidos nos informan de que, a la luz de nuestra decisión en el asunto 
Estados Unidos - Plomo y bismuto II 213, han abandonado la posición que sostuvieron en ese asunto, y 
que no mantienen ya que los beneficios se otorgan a la "actividad productiva".214  Además, en 
respuesta a preguntas formuladas en la audiencia, los Estados Unidos confirmaron215 que continuaban 
ateniéndose al siguiente principio formulado por el USDOC en el contexto de un anterior 
procedimiento interno en materia de derechos compensatorios: 
La legislación [sobre derechos compensato rios] está concebida para proporcionar 
remedio a daños causados por subvenciones;  no tienen por objeto restablecer 
condiciones ex ante que hayan existido con anterioridad a aquellas subvenciones 
[…]  Esa legislación se refiere a la identificación y evaluación, de las subvenciones y 
a su asignación en el momento de la recepción .216  (sin cursivas en el original) 
102. Coincidimos con los Estados Unidos en que, independientemente del precio pagado por el 
nuevo propietario privado217, la privatización no suprime el equipo que una empresa estatal pueda 
haber adquirido (u obtenido) con una contribución financiera y en que, en consecuencia, esa misma 
empresa puede "continuar fabr icando los mismos productos utilizando el mismo equipo".218  No 
obstante,  esta  observación  sólo aclara  que, después  de  la privatización,  el valor  útil   del  equipo  
                                                      
212 Ibid. 
 
213 En el asunto Estados Unidos - Plomo y bismuto II , párrafo 56, declaramos lo siguiente: 
 
Es cierto que, como subrayan los Estados Unidos, la nota 36 de pie de página al artículo 10 del 
 Acuerdo SMC  y el párrafo 3 del artículo VI del GATT de 1994 se refieren a subvenciones 
concedidas u otorgadas directa o indirectamente "a la fabricación, la producción o la 
exportación" de un producto.  No obstante, en nuestra opinión, de ello no se infiere necesariamente que el "beneficio" a que se refiere el párrafo 1 b) del artículo 1 del 
Acuerdo SMC  sea un beneficio a las operaciones productivas .  (las cursivas figuran en el 
original) 
 
214 Comunicación del apelante presentada por los Estados Unidos, párrafo 41. 
 
215 Respuesta de los Estados Unidos a preguntas formuladas en la audiencia, en relación con Certain 
Steel Products from Austria , 58 Fed. Reg. 37217, 37264 (USDOC, 9 de julio de 1993) (Apéndice de cuestiones 
generales). 
 
216 Certain Steel Products from Austria , 58 Fed. Reg. 37217, 37264 (USDOC, 9 de julio de 1993) 
(Apéndice de cuestiones generales). 
 
217 Véase supra , nota 182. 
 
218 Ibid., párrafo 49. 
  WT/DS212/AB/R 
 Página 51 
 
 
adquirido como consecuencia de la contribución fina nciera no se extingue, porq ue se transfiere a la 
empresa privatizada.  Ahora bien, el valor útil  de ese equipo para la empresa privatizada no es 
jurídicamente pertinente a efectos de determinar si  sigue existiendo un "beneficio" en el sentido del 
Acuerdo SMC .  Como hemos constatado en el asunto Canadá - Aeronaves civiles , el valor del 
"beneficio" en el sentido del  Acuerdo SMC  ha de evaluarse utilizando como base de comparación el 
mercado .219  De ello se desprende, por consiguiente, que al pagar por el equipo el precio justo de 
mercado, se reembolsa su valor en el mercado , con independencia de la utilidad que la empresa pueda 
obtener del equipo.  En consecuencia, el elemento central del análisis es el valor de mercado  del 
equipo y no su valor útil  para la empresa privatizada. 
103. Los Estados Unidos aducen también que, con independencia del precio al que los nuevos 
propietarios adquieran la empresa estatal, "la comp etitividad aumentada artificialmente, generada por 
las subvenciones" no se eliminará, por cuanto la  empresa seguirá produciendo "al mismo costo y el 
mismo volumen".220  No entendemos en que se basa la hi pótesis de los Estados Unidos de que, 
independientemente del precio de venta de la empresa221, sus costes y su volumen de producción 
seguirán siendo los mismos, ya que un componente necesario de esos costes es, el costo del capital.  De hecho, el Grupo Especial observó que los in versores están interesados en "maximizar los 
ingresos"
222 y "obtener un beneficio de mercado por la  totalidad de su inversión en la empresa 
privatizada".223  Por ejemplo, si un gobierno hace una "c ontribución financiera" que "beneficia" a una 
empresa estatal, y vende posteriormente esa empresa por un precio inferior  a su precio justo de 
mercado ¿daría ello normalmente lugar a una "situación mejor"224 en lo que respecta al rendimiento 
del capital privado invertido en esa empresa?  ¿No se desprendería de ello, en consecuencia, que la 
empresa vendida a ese precio inferi or podría atraer más inversiones de las que habría atraído si el 
gobierno la hubiera vendido por su precio justo de  mercado?  ¿Por qué razones no reduciría esta 
inversión adicional inducida por el gobierno el co ste de la obtención de capital por la empresa 
(prestado por los bancos u obtenido, por ejemplo, de los accionistas) y, en última instancia, los costes 
generales  de  producción  de  la empresa?  La argumentación  de los Estados Unidos no  aborda esas  
                                                      
219 Informe del Órgano de Apelación, Canadá - Aeronaves civiles , párrafo 157. 
 
220 Comunicación del apelante presentada por los Estados Unidos, párrafo 49. 
 
221 Véase supra , nota 182. 
 
222 Informe del Grupo Especial, párrafo 7.60.  El Grupo Especial observó que el USDOC coincide con 
esa caracterización de los inversores privados.  ( Ibid., párrafo 7.61. 
 
223 Ibid., párrafo 7.60. 
 
224 Informe del Órgano de Apelación, Canadá - Aeronaves civiles , párrafo 157. 
 WT/DS212/AB/R 
Página 52  
 
cuestiones ni expone otras razones para que modifi quemos la constatación del Grupo Especial a este 
respecto.  En consecuencia, no entendemos las razones por las que haya que considerar 
necesariamente que los costos y el volumen de producción de una empresa  siguen siendo los mismos 
"el día anterior y el día posterior a la venta de todas o algunas de las acciones de una empresa 
productora de acero" con independencia del precio pagado por la propiedad de la empresa y del hecho 
de que ese precio refleje o no adecua damente el "valor justo de mercado".
225 
104. Estos argumentos de los Estados Unidos, au nque no se refieren a las operaciones o 
actividades productivas, no son distintos de los e xpuestos por ese país ante el Grupo Especial en 
Estados Unidos - Plomo y bismuto II .226  Así pues, no compartimos la idea de que el Grupo Especial 
haya descrito inadecuadamente la posición de los Estados Unidos al afirmar que "los Estados Unidos 
aparentemente 'atribuyen' el beneficio a la actividad productiva"227 y sugerir que los Estados Unidos 
consideran indebidamente que los derechos compensa torios "tienen por objetivo neutralizar todas las 
distorsiones del mercado".228 
105. En síntesis, no compartimos la interpretaci ón que los Estados Unidos hacen del término 
"beneficio" en el sentido en que se emplea en el  Acuerdo SMC . 
                                                      
225 Comunicación del apelante presentada por los Estados Unidos, párrafo 49.  
 
226 "El principio básico en que se basa la metodología del USDOC es que […] una subvención 
beneficia a la producción de mercancías y [el USDOC] no prevé en ningún caso volver a examinar la 
determinación original de la existencia de un beneficio derivado de la subvención."  (Primera comunicación de 
los Estados Unidos al Grupo Especial, párrafo 9, anexa al informe del Grupo Especial en Estados Unidos - 
Plomo y bismuto II , apéndice 2.1, página 199.)  Esa similitud puede observarse también en los ejemplos citados 
por los Estados Unidos en su comunicación del apelante.  En un supuesto (comunicación del apelante presentada 
por los Estados Unidos, párrafos 47 y 48), un "tío" constituye para su "sobrino" una empresa ("Nephew, Inc.") y 
cede a esa empresa como "subvención" un edificio de apartamentos de nueva construcción.  La consecuencia de ese nuevo edificio es la caída de los alquileres en el mercado inmobiliario local.  Los Estados Unidos aducen 
que el nuevo edificio sigue afectando negativamente a los alquileres en la ciudad aun después de que 
"Nephew, Inc." se haya transferido por su valor justo de mercado.  La "única" forma de anular los efectos de la subvención, según los Estados Unidos, consistiría en volver a situar los alquileres en la ciudad en su nivel 
anterior.  En consecuencia, desde el punto de vista de los Estados Unidos, el "beneficio" sigue existiendo en 
tanto puedan detectarse en el mercado las distorsiones derivadas de la contribución financiera, y la transferencia de la propiedad, a su precio justo de mercado o no, carece de importancia a efectos de la determinación de si 
sigue o no existiendo un "beneficio". 
 
227 Informe del Grupo Especial, párrafo 7.80. 
 
228 Ibid. 
  WT/DS212/AB/R 
 Página 53 
 
 
C. Interpretación del " receptor " de la contribución financiera  
106. Nos ocupamos ahora del término "receptor" en el sentido en que se utiliza en el 
Acuerdo SMC .  El término figura en el artículo 14 del  Acuerdo SMC , que, como hemos indicado229 se 
refiere a los métodos utilizados por las autoridades investigadoras de los Mi embros de la OMC "para 
calcular el beneficio conferido al receptor" a efectos  de la imposición de derechos compensatorios.  
Como declaramos en Canadá - Aeronaves civiles , el "beneficio" de una "c ontribución financiera se 
'otorga' por medio de ésta" a un "receptor".  Con respecto a la identidad del "receptor" de un "beneficio", el Grupo Especial constató lo siguiente: 
[…] a los efectos de la determinación de existencia de un beneficio de conformidad 
con el Acuerdo SMC, no se debe establecer ninguna distinción entre una empresa y 
sus propietarios ya que juntos constituyen un productor, una persona física o jurídica que puede ser "receptora" del beneficio cuya cuantía ha de determinarse.  Establecer una distinción artificial entre los propietari os (accionistas) y la empresa equivaldría a 
ignorar la relación entre la empresa y sus propietarios, y esta relación precisamente es 
lo que cambia a raíz de una privatización.  Cuando el Acuerdo SMC hace referencia 
al receptor de un beneficio quiere decir la  empresa y sus accionistas conjuntamente, 
pues son el productor de las mercancías expo rtadas que son objeto de la investigación 
(orden) en materia de derechos compensatorios.
230 
107. Los Estados Unidos impugnan esta constatación por varias razones.  En primer lugar, 
sostienen que "el Acuerdo SMC se refiere a las subvenciones concedidas a personas jurídicas o 
físicas"231 (sin cursivas en el original) y aducen que la constatación citada del Grupo Especial está en 
contradicción con las constataciones que formulamos en los asuntos Canadá - Aeronaves civiles  y 
Estados Unidos - Plomo y bismuto II .  Los Estados Unidos sostienen que, en esas dos apelaciones, 
establecimos que el receptor de la subvención no puede ser "tanto [la persona jurídica] como  su 
accionista (o accionistas)".232  (las cursivas figuran en el origin al)  Según la interpretación que los 
Estados Unidos hacen de nuestras resoluciones en esas dos apelaciones, cuando el receptor del 
beneficio es la "persona jurí dica que es el productor y el receptor de la subvención" 233 (es decir la 
empresa estatal), la venta del receptor, indepe ndientemente del precio pagado por el nuevo 
propietario234, no puede extinguir el beneficio, porque el productor y el propietario son dos personas  
                                                      
229 Véase supra , párrafo 82. 
 
230 Informe del Grupo Especial, párrafo 7.54. 
 
231 Comunicación del apelante presentada por los Estados Unidos, párrafo 55. 
 
232 Ibid., párrafos 56 y 65 a 67. 
 
233 Ibid., párrafo 58. 
 
234 Véase supra , nota 182. WT/DS212/AB/R 
Página 54  
 
distintas .  Los Estados Unidos aducen que una subvención sólo será recibida una vez por un receptor, 
en concreto la persona jurídica, y que, en consecuencia, sólo el receptor, y no sus propietarios, puede 
reembolsar la subvención, con independencia del pr ecio que los propietarios hayan pagado por la 
propiedad.  En síntesis, los Estados Unidos aducen que en los asuntos Canadá - Aeronaves civiles  y 
Estados Unidos - Plomo y bismuto II , trazamos una clara línea divisoria entre una persona jurídica 
(una empresa) y sus propietarios (accionistas). 
108. Los Estados Unidos han interpretado erróneam ente nuestras constataciones en esas dos 
apelaciones.  En Canadá - Aeronaves civiles , se nos pidió que aclaráramos si el "costo para el 
gobierno" era pertinente a la interpretación del térmi no "beneficio" en el sentido del párrafo 1 b) del 
artículo 1 del 
 Acuerdo SMC .  Al constatar que el "costo para el gobierno" no es el criterio adecuado 
para identificar el "beneficio", declaramos que el artículo 14 del Acuerdo SMC  establece las 
directrices necesarias para "calcular el beneficio conferido al receptor  a tenor del párrafo 1 del 
artículo 1".  (sin cursivas en el original)  Llegamos a la conclusión de que esta frase del artículo 14 constituye necesariamente un elemento contextual pertinente para interpretar el párrafo 1 del 
artículo 1, y constatamos que: 
un "beneficio" no existe en abstracto sino que debe ser 
 recibido por un beneficiario o 
un receptor, que disfruta  de él.  Lógicamente, sólo puede decirse que existe un 
"beneficio" si una persona, física o jurídica, o un grupo de personas  ha recibido de 
hecho algo.  Por lo tanto el término "benef icio" implica que debe haber un receptor.235  
(sin cursivas en el original) 
En contra de lo aducido en la presente apelación por los Estados Unidos en Canadá - Aeronaves 
civiles  al referirnos a "un receptor" no excluimos la posibilidad de que un "r eceptor" pudiera ser tanto 
una empresa236 como su propietario.237  Un "grupo de personas" puede abarcar un grupo formado por 
"personas físicas", por "personas físicas y jurídicas" o exclusivamente por "personas jurídicas". 
                                                      
235 Informe del Órgano de Apelación, Canadá - Aeronaves civiles , párrafo 154. 
 
236 Con el término "empresa" nos referimos en el pr esente informe a las empresas constituidas en 
sociedad, sociedad colectivas, sociedades de responsabilidad limitada, entidades no constituidas en sociedad y 
demás formas de organización empresarial. 
 
237 Con el término "propietario" nos referimos en el presente informe a los propietarios, accionistas, 
miembros, socios y cualquier tipo de titulares de una participación en la propiedad de la organización 
empresarial de que se trate. 
  WT/DS212/AB/R 
 Página 55 
 
 
109. En Estados Unidos - Plomo y bismuto II , confirmamos en los siguientes términos la 
interpretación que habíamos hecho en Canadá - Aeronaves civiles  del término "receptor": 
Los Estados Unidos aducen […] que el "beneficio" de que se trata es un beneficio 
para las operaciones productivas  de una empresa y no, como sostuvo el Grupo 
Especial, un beneficio para  personas jurídicas o físicas . 
[…] coincidimos con las constataciones del Grupo Especial en que el término 
"beneficio" tal como se utiliza en el párraf o 1 b) del artículo 1 alude al "beneficio 
conferido al receptor", en que dicho receptor  ha de ser una persona física o jurídica y 
en que en el presente caso: 
[…] a fin de determinar si se ha concedido una subvención a la 
producción por UES y BSplc/BSES, respectivamente, de barras 
plomosas importadas en 1994, 1995 y 1996 en los Estados Unidos, es 
necesario determinar si hubo o no un "beneficio" para UES 
y BSplc/BSES, respectivamente (es decir, los productores de las barras plomosas importadas en cuestión).  (las cursivas figuran en el 
original;  no se reproducen las notas de pie de página)
238 
110. En contra de la interpretación que han sugeri do los Estados Unidos, cuando nos referimos, en 
Estados Unidos - Plomo y bismuto II  a "personas jurídicas o físicas", no tratamos de establecer una 
distinción entre una empresa y sus propietarios, sino que nos limitamos a responder a los argumentos 
expuestos en ese caso por los Estados Unidos acerca de  la vinculación del beneficio a las "operaciones 
productivas".  En nuestra exposición, nos limitamos a explicar que cualquier análisis de la existencia 
o no de un "beneficio" debería centrarse en las "personas jurídicas o físicas" y no en las operaciones 
productivas;  en ella no nos basamos en lo que lo s Estados Unidos califican de "principios generales 
del derecho de sociedades".239  Por otra parte, no hay en esas constataciones ningún elemento del que 
se desprenda que el "beneficio" de  una contribución financiera, en el sentido del párrafo 1 b) del 
artículo 1 del Acuerdo SMC , haya de ser necesariamente recibido y disfrutado240 por la misma  
persona, o, dicho de otro modo, no hay nada en ellas que indique que el "beneficio" no pueda ser 
recibido y disfrutado por dos o más personas distintas. 
111. Los Estados Unidos sostienen también que el Grupo Especial rechazó indebidamente 
"la distinción normal entre accionistas y empresas241 al constatar que, "a los efectos de la 
determinación del beneficio basándose en criterios  de mercado […] no debe establecerse una  
                                                      
238 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Plomo y bismuto II , párrafos 56 y 58. 
 
239 Comunicación del apelante presentada por los Estados Unidos, párrafo 64. 
 
240 Informe del Órgano de Apelación, Canadá - Aeronaves civiles , párrafo 154. 
 
241 Comunicación del apelante presentada por los Estados Unidos, párrafo 60. 
 WT/DS212/AB/R 
Página 56  
 
distinción entre la ventaja o el beneficio conferido por la contribución financiera a la empresa y el 
conferido a los accionistas, es decir, a los propietarios de la empresa".
242  Los Estados Unidos 
consideran que la lista de "contribuciones fina ncieras" del párrafo 1 a) 1) del artículo 1 del 
Acuerdo SMC243 apoya este argumento, ya que "cada uno de los puntos de esa lista indica la existencia 
de una contribución de un gobierno a una persona jurídica que es el producto r y el receptor de la 
subvención".244 
112. El  Acuerdo SMC  no contiene una definición específica del "receptor" de un "beneficio".  No 
obstante, en él se utilizan varios té rminos con referencia al  "receptor" de un "benef icio".  El artículo 2 
se refiere a "una empresa o rama de producción o un  grupo de empresas o ramas de producción";  el 
párrafo 1 b) del artículo 6 a "una ra ma de producción";  la nota 36 al artículo 10 hace referencia a las 
subvenciones concedidas "directa o indirectamente  a la fabricación, producción o exportación de 
cualquier mercancía";  el artículo 14 se refiere a "la empresa";  el párrafo 2 ii) del artículo 11 al 
"exportador o productor extranjero";  el párrafo 3 del artículo 19 habla de las importaciones del 
producto de que se trate "cualquiera que sea su pro cedencia, declaradas subvencionadas";  el Anexo I 
se refiere a "una empresa o rama de producción" y el  Anexo IV a la "empresa receptora".  Esta lista, 
aunque no es exhaustiva, indica sin lugar a dudas que el  Acuerdo SMC  no identifica al "receptor" de 
un "beneficio" con un término jurídico concreto, sino que emplea diversos términos  para designar a la  
                                                      
242 Informe del Grupo Especial, párrafo 7.51. 
 
243 El texto del párrafo 1 a) 1) del artículo 1 del  Acuerdo SMC  es el siguiente: 
 
a) 1) cuando haya una contribución financiera de un gobierno o de cualquier organismo 
público en el territorio de un Miembro (denominados en el presente Acuerdo 
"gobierno"), es decir: 
 
i) cuando la práctica de un gobierno implique una transferencia directa de 
fondos (por ejemplo, donaciones, préstamos y aportaciones de capital) o 
posibles transferencias directas de fondos o de pasivos (por ejemplo, garantías de préstamos); 
 
ii) cuando se condonen o no se recauden ingresos públicos que en otro caso se 
percibirían (por ejemplo, incentivos tales como bonificaciones fiscales); 
 
iii) cuando un gobierno proporcione bienes o servicios -que no sean de 
infraestructura general- o compre bienes; 
 
iv) cuando un gobierno realice pagos a un mecanismo de financiación, o 
encomiende a una entidad privada una o varias de las funciones descritas en los incisos i) a iii) supra  que normalmente incumbirían al gobierno, o le 
ordene que las lleve a cabo, y la práctica no difiera, en ningún sentido real, 
de las prácticas normalmente seguidas por los gobiernos;  […] (no se 
reproduce la nota de pie de página) 
 
244 Comunicación del apelante presentada por los Estados Unidos, párrafo 58. 
  WT/DS212/AB/R 
 Página 57 
 
 
entidad económica que recibe un "beneficio".  Por consiguiente, la pretensión de los Estados Unidos 
de basarse en la lista de contribuciones financ ieras del párrafo 1 a) 1) del artículo 1 no resulta 
convincente porque, en el contexto del Acuerdo SMC  considerado en su conjunto, no es posible 
interpretar que de esa lista se desprende que el "receptor" haya de ser definido necesariamente como 
una "persona jurídica". 
113. Además, observamos que el gobierno puede realizar la transferencia de fondos directamente a 
la persona jurídica que produce el producto subvencionado, o indirectamente, por ejemplo, mediante una bonificación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas que son propietarias de la 
empresa (en la medida en que realicen inversione s en las actividades productivas de la persona 
jurídica).  En uno y otro caso, disminuiría el costo de  la captación de capital para la persona jurídica 
productora.  En consecuencia, en contra de lo qu e pretenden los Estados Unidos, es posible otorgar un 
"beneficio" a una empresa mediante una contribución financiera a sus propietarios, sean éstos 
personas físicas o jurídicas, que pueden tener su pr opiedad en forma de acciones.  Además, hay que 
señalar que el párrafo 3 del artículo VI del GATT de 1994
245 y la nota 36 al artículo 10 del  Acuerdo 
SMC246 prevén esta posibilidad, al establecer  que una subvención puede concederse " indirectamente " 
a la fabricación, producción o exportación de mercancías.  (sin cursivas en el original) 
114. Además, los Estados Unidos, a pesar de insistir en la distinción entre las empresas y sus 
propietarios, reconocen, en su comunicación del ap elante, que un "beneficio" puede traspasar la 
frontera entre la empresa y sus propietarios.  Según los Estados Unidos, en "algunos casos" una 
contribución financiera concedida por un gobierno a los  propietarios  de una empresa puede imputarse 
a ésta247;  por ejemplo, los Estados Uni dos afirman que cuando la contribución financiera se haga a 
                                                      
245 El párrafo 3 del artículo VI del GATT de 1994 establece lo siguiente: 
 
No se percibirá sobre ningún producto del territorio de una parte contratante, importado en el de otra parte contratante, derecho compensatorio alguno que exceda del monto estimado de la 
prima o de la subvención que se sepa ha sido concedida, directa o indirectamente , a la 
fabricación, la producción o la exportación del citado producto en el país de origen o de 
exportación, con inclusión de cualquier subvención especial concedida para el transporte de un producto determinado.  Se entiende por "derecho compensatorio" un derecho especial 
percibido para contrarrestar cualquier prima o subvención concedida, directa o indirectamente, 
a la fabricación, la producción o la exportación de un producto.  (sin cursivas en el original, no se reproduce la nota de pie de página) 
 
246 El texto de la nota 36 al artículo 10 del  Acuerdo SMC  es el siguiente: 
 
Entiende por "derecho compensatorio" un derecho especial percibido para neutralizar 
cualquier subvención concedida directa o indirectamente  a la fabricación, producción o 
exportación de cualquier mercancía, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo VI del GATT de 1994.  (sin cursivas en el original) 
 
247 Comunicación del apelante presentada por los Estados Unidos, nota 77 al párrafo 76. WT/DS212/AB/R 
Página 58  
 
una "sociedad de inversiones", el beneficio correspondiente puede im putarse a la "empresa filial que 
se dedique realmente a la producción", en caso que sea "de su total propiedad".
248 
115. Por las razones expuestas, la interpretación que los Estados Unidos hacen de las 
constataciones que formulamos en Canadá - Aeronaves civiles  y Estados Unidos - Plomo y bismuto II  
es errónea.  Además, el enfoque que propugnan los Estados Unidos podría socavar el  Acuerdo SMC  
al abrir de par en par la puerta a la posibilidad  de que los gobiernos que concedan subvenciones 
eludan las disposiciones del Acuerdo otorgando beneficios directamente a los propietarios de la empresa, en vez de a la propia empresa.  En síntesis, la distinción jurídica entre las empresas y sus 
propietarios, que puede reconocerse en el marco jurí dico interno, no es necesariamente pertinente, y 
desde luego no es concluyente, a los efectos de  la determinación de la existencia o no de un 
"beneficio" en el sentido del Acuerdo SMC , ya que con una contribución financiera concedida a 
quienes invierten en una empresa puede otorgarse un beneficio "a la fabricación, producción o 
exportación de cualquier mercancía, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo VI 
del GATT de 1994".
249 
116. No obstante, aunque discrepamos de la inte rpretación que hacen los Estados Unidos de 
nuestras constataciones en Canadá - Aeronaves civiles  y Estados Unidos - Plomo y bismuto II  en el 
sentido de que en esas constataciones se establece una clara línea divisoria entre una empresa y sus 
propietarios, consideramos que el Grupo Especial fue demasiado lejos al afirmar, en el párrafo 7.54 de 
su informe, que "a los efectos de la determinación de existencia de un bene ficio de conformidad con 
el Acuerdo SMC, no se debe establecer  ninguna distinción ya que […] cuando el Acuerdo SMC hace 
referencia al receptor de un beneficio quiere decir la empresa y sus accionistas".250  (sin cursivas en el 
original)  Al formular esa constatación, el Grup o Especial adoptó una interpretación excesivamente 
amplia del  Acuerdo SMC . 
117. Como hemos explicado251, "la cuestión jurídica fundamental"252 sometida al Grupo Especial 
era la determinación de si después de una priva tización efectuada en condi ciones de competencia y 
por el valor justo de mercado sigue existiendo un "beneficio" en el sentido del Acuerdo SMC .  Al 
analizar esta  cuestión  jurídica  fundamental el  Gru po Especial  examinó  una  serie  muy  precisa  de  
                                                      
248 Ibid. 
 
249 Nota 36 al artículo 10 del  Acuerdo SMC . 
 
250 Informe del Grupo Especial, párrafo 7.54. 
 
251 Véanse supra , párrafos 84 y 85. 
 
252 Informe del Grupo Especial, párrafo 7.40.  WT/DS212/AB/R 
 Página 59 
 
 
hechos y circunstancias, en concreto, una situación en la que se deriva beneficio de la contribución 
financiera concedida a una empresa estatal y, a raíz de una privatización efectuada en condiciones de 
competencia y por el valor justo de mercado, el gobierno transfiere toda o sustancialmente toda la 
propiedad de la empresa y no tiene ya "c ontrol alguno del productor privatizado".253  El Grupo 
Especial no examinó otras situaciones254, como por ejemplo, aquéllas en las que se confiere un 
"beneficio" por medio de contribuciones financiera s recurrentes, o aquéllas en que el vendedor 
conserva algún control de la empresa después del cambio en la propiedad.  El Grupo Especial hubo de examinar únicamente un tipo de cambio en la propiedad (una privatización en condiciones de 
competencia y por el valor justo de mercado en la que el gobierno transfiere toda o sustancialmente 
toda la propiedad y no conserva ningún control sobr e la empresa) y únicamen te un tipo de beneficio 
(el derivado de una contribución financiera no recurr ente concedida a la empresa estatal antes de la 
privatización).  El Grupo Especial debería haber restringido sus constataciones a esas circunstancias 
concretas. 
118. Además, observamos que la constatación excesi vamente amplia del Grupo Especial según la 
cual una empresa y sus propietarios son a 
 todos  los efectos del  Acuerdo SMC , prácticamente idénticos 
podría interpretarse en el sentido de que las autoridades investigadoras pueden suponer en  todos  los 
casos que, a los efectos del cálculo del beneficio, e independientemente de los medios y condiciones 
establecidas por un gobierno para la  concesión de una contribución fina nciera a los propietarios de la 
empresa, esa empresa recibirá un beneficio equivalent e a la contribución financiera total, lo que puede 
o no ocurrir según los casos.  Aunque no nos pronunciamos sobre esta cuestión, advertimos que no 
debe interpretarse que esta constatación del Grup o Especial faculta a las autoridades a excluir la 
posibilidad de que parte de la contribución financie ra proporcionada a los propietarios no vaya a la 
empresa.  En síntesis, no nos parece que la serie, sumamente concreta, de hechos y circunstancias analizada por el Grupo Especial proporcione una base suficiente para llegar a la conclusión de que en 
todos  los casos, "a los efectos de la determinación de existencia de un beneficio de conformidad con 
el Acuerdo SMC, no se debe establecer ninguna distinción ya que […] cuando el Acuerdo SMC hace 
referencia al receptor de un beneficio qui ere decir la empresa y sus accionistas".
255 
119. Por tanto, aunque coincidimos con la conclusión del Grupo Especial que figura en el 
párrafo 7.54 en la medida en que se refiere a las ci rcunstancias del presente caso, discrepamos de la 
conclusión,  excesivamente amplia,  del Grupo Especial  de  que "a los efectos de   la determinación de  
                                                      
253 Ibid., párrafo 7.62. 
 
254 Ibid. 
 
255 Ibid., párrafo 7.54. WT/DS212/AB/R 
Página 60  
 
existencia de un beneficio de conformidad con el  Acuerdo SMC [las autoridades investigadoras no 
deben] establecer ninguna distinción entre una empresa y sus propietarios ya que […] cuando el 
Acuerdo SMC hace referencia al receptor de un beneficio quiere decir la empresa y sus accionistas", 
porque al llegar a esa conclusión el Grupo Especi al fue más allá de las circunstancias fácticas 
examinadas en el presente caso.
256 
D. Privatizaciones en condiciones de competencia y por el valor justo de mercado:  
¿puede seguir existiendo el "beneficio"?  
120. Tras haber examinado el término "ben eficio" tal como se utiliza en el  Acuerdo SMC , así 
como el término "receptor" tal como se utiliza en dicho Acuerdo, pasamos a examinar si, de 
conformidad con el Acuerdo SMC , el "beneficio" conferido a un "receptor", se extingue 
necesariamente a raíz de una priv atización efectuada en condiciones  de competencia y por el valor 
justo de mercado.  El Grupo Especial constató que: 
[…] la existencia de una privatización en condiciones de competencia y por el valor 
justo de mercado fuerza  la conclusión de que el productor privatizado pagó por lo que 
obtuvo y por consiguiente no obtuvo ningún be neficio ni ventaja de la contribución 
financiera anterior otorgada al productor estatal […].257  (sin cursivas en el original) 
Además, en sus "conclusiones y recomendaciones ", el Grupo Especial declaró lo siguiente: 
Si un Miembro importador ha determinado que una privatización se ha llevado a cabo 
en condiciones de competencia y por el valor justo de mercado, ha de llegar a la 
conclusión de que no sigue pudiendo atribuirse al productor privatizado ningún beneficio derivado de la contribución financiera anterior (o subvención).
258  
(sin cursivas en el original) 
121. El Grupo Especial interpretó, en efecto, que el Acuerdo SMC  establece una presunción 
irrefutable  que obligaría a las autoridades investigadoras a concluir que la parte no amortizada de un 
beneficio derivado de una contribución financiera anterior se ha extinguido necesariamente en todos 
los casos en que se lleva a cabo una privatización en condiciones de competencia y por el valor justo de mercado.  Dicho de otra forma, según el Grupo Especial, nunca  puede seguir existiendo un 
beneficio para el nuevo propietario después de una privatización efectuada en condiciones de 
competencia y por el valor justo de mercado.  No compartimos la opinión del Grupo Especial. 
 
                                                     
 
256 Ibid. 
 
257 Ibid., párrafo 7.82. 
 
258 Ibid., párrafo 8.1 d). 
  WT/DS212/AB/R 
 Página 61 
 
 
122. Los mercados son mecanismos de intercambio.  En determinadas condiciones (por ejemplo, 
libre juego de la oferta y la demanda, amplio ac ceso a la información en igualdad de condiciones, 
descentralización del poder económico y existencia de un sistema jurídico eficaz que garantice la 
existencia de la propiedad privada y el cumplimien to de los contratos), los precios reflejarán la 
escasez relativa de bienes y servicios en el mercado,  y, por consiguiente, el valor real de intercambio 
del beneficio subsistente derivado de las contri buciones financieras anteriores no recurrentes 
concedidas a la empresa estatal se verá adecuadamente reflejado en el precio de mercado.  No obstante, las condiciones descritas del mercado no se dan siempre necesariamente y con 
frecuencia dependen de la intervención del gobierno. 
123. Naturalmente, cada proceso de privatización de bienes productivos públicos tiene lugar en el 
marco de las circunstancias concretas existentes en el mercado en el que se produce la venta.  En consecuencia, el resultado de ese proceso de priv atización, en concreto el precio que el mercado 
establece para la empresa estatal, reflejará tales circunstancias.  No obstante, los gobiernos pueden optar por imponer políticas económicas o de otra natu raleza con las que, sin perjuicio de respetar las 
características inherentes al funcionamiento del merc ado, se tratan de obtener de éste determinados 
resultados.  En tales circunstancia s, la valoración en el mercado de la propiedad estatal puede en 
último término verse gravemente afectada por esas políticas del gobierno, así como por las 
condiciones en las que se permitirá posteriormente a los compradores disfrutar de la propiedad. 
124. La regla absoluta del Grupo Especial según la cual no existe "ningún beneficio" puede ser 
justificable en el contexto de las transacciones en tre dos partes privadas en mercados relativamente 
competitivos, pero no tiene en cuenta la posibilidad  de que los gobiernos obtengan de los mercados 
determinados resultados ajustando las circunstancias y condiciones en las que funcionan los mercados.  Las privatizaciones entrañan inversiones complejas y a largo plazo en las que el vendedor 
-es decir, el gobierno- no siempre es necesariamente un agente económico pasivo sin influencia en el 
precio y, en consecuencia, el "precio justo de mercado" de una empresa estatal no siempre es 
necesariamente independiente de la intervención de l gobierno.  En las privatizaciones, los gobiernos 
pueden, mediante el establecimiento de políticas económicas y de otra naturaleza, influir en las 
circunstancias y condiciones de la venta y consegui r una cierta valoración en el mercado de la 
empresa. 
125. A este respecto, hay que señalar que, antes de llegar a su conclusión de que la existencia de 
una privatización en condiciones de competencia y por el valor justo de mercado "debe" extinguir 
necesariamente el beneficio concedido mediante una contribución financiera anterior, el Grupo 
Especial constató, en patente contradicción con su conclusión final, que la  autoridad investigadora no  WT/DS212/AB/R 
Página 62  
 
estaba obligada a poner fin a su investigación una vez que hubiera determinado que la privatización se 
había efectuado en condiciones de competencia y por su valor justo de mercado.
259  El Grupo Especial 
reconoció que la autoridad investigadora podía encontrar razones para seguir analizando las 
circunstancias de la privatización con el fin de determinar si seguía existiendo un beneficio.  El Grupo 
Especial constató asimismo que, en caso de que después de una privatización efectuada en 
condiciones de competencia por su valor justo de mercado, "[la autoridad investigadora] quiera 
aplicar (seguir aplicando) derechos compensatori os, [el Miembro importador] tendrá que demostrar, 
sobre la base de un examen de las condiciones de la privatización, que el productor privatizado se 
beneficia (todavía) de la contribución financiera anterior (subvención)".260 
126. Entendemos que el Grupo Especial afirma que hay que presumir  que la privatización en 
condiciones de competencia y por su valor justo de mercado extingue cualquier beneficio obtenido de la contribución financiera no recurrente conc edida a una empresa estatal.  El efecto de una 
privatización de esa naturaleza es el desplazamien to a la autoridad investigadora de la carga de 
encontrar pruebas que demuestren que el beneficio de la contribución financ iera anterior sigue de 
hecho existiendo después de la privatización.  A fa lta de tales pruebas, el hecho de que se haya 
producido una privatización en condiciones de competencia y por el valor justo de mercado basta para 
forzar la conclusión de que no existe ya "beneficio" para la empresa privatizada y, por ende, de que no 
deben percibirse derechos compensatorios.  Esta ex posición describe fielmente las obligaciones de un 
Miembro en virtud del 
 Acuerdo SMC . 
127. En consecuencia, constatamos que el Grupo Especial  incurrió en error al concluir que "[…] la 
existencia de una privatización en condiciones de competencia y por el valor justo de mercado 
fuerza  la conclusión de que el productor privado pagó por lo que obtuvo y por consiguiente no obtuvo 
ningún beneficio ni ventaja de la contribución fina nciera anterior otorgada al productor estatal".261  
(sin cursivas en el original)  La privatización en condiciones de competencia y por el valor justo de mercado puede  tener como consecuencia la extinción del beneficio.  De hecho, constatamos que 
existe una presunción refutable de que el beneficio deja de existir de spués de una privatización de esa 
naturaleza.  No obstante, ello no ocurre necesariamente.  No hay una norma inflexible que exija  que 
las autoridades investigadoras, en los casos que se planteen en el futuro, determinen automáticamente  
que el "beneficio" derivado de la contribución financie ra anterior a la privatización se extingue a raíz 
de una privatización efectuada en condiciones de competencia y por su valor justo de mercado.  Ello 
                                                     
 
259 Ibid., párrafo 7.76. 
 
260 Ibid. 
 
261 Ibid., párrafo 7.82.  WT/DS212/AB/R 
 Página 63 
 
 
depende de las circunstancias particulares de cada caso.  En consecuencia, revocamos la conclusión 
del Grupo Especial según la cual: 
si un Miembro importador ha determinado que una privatización se ha llevado a cabo 
en condiciones de competencia y por el valor justo de mercado ha de llegar a la 
conclusión de que no sigue pudiendo atribuirse al productor privatizado ningún 
beneficio derivado de la contribución financiera anterior (o subvención).262  
(sin cursivas en el original) 
VIII.  El método de la "misma persona" 
128. Teniendo presente todo lo anterior, nos ocup amos ahora de la práctica administrativa 
del USDOC que es el origen y objeto de la pres ente diferencia.  Los Miembros de la OMC han 
previsto en el artículo 14 del  Acuerdo SMC  que las autoridades investigadoras de los Miembros de 
la OMC utilicen distintos "método[s]" para "calcular el beneficio conferido al receptor" al determinar 
la cuantía de los derechos compensatorios que se imponen a un producto importado para contrarrestar 
una subvención.  Uno de tales métodos utilizado po r el USDOC con el fin de determinar si sigue 
existiendo un "beneficio" después de un cambio en la propiedad -el método gamma - fue objeto de una 
diferencia y una apelación anteriores.263  Otro método es el método de la "misma persona", que ha 
dado lugar a esta diferencia y a la presente apelación. 
129. Los Estados Unidos manifestaron en el curso de la audiencia que ni la legislación de los 
Estados Unidos ni el reglamento del USDOC prescriben la aplicación del método de la 
"misma persona"264, sino que éste fue establecido como un a práctica administrativa por el USDOC en 
respuesta a varias resoluci ones del Tribunal de Comercio Internac ional de los Estados Unidos en las 
apelaciones respecto de determinados asuntos  en materia de derechos compensatorios.265  E s t a  
práctica administrativa se aplicó por primera vez en una determinación inicial en materia de derechos compensatorios
266, en el asunto Electroacero de textura orientada procedente de Italia , una 
determinación formulada en el marco de un exam en administrativo que se nos ha sometido en 
apelación y ha sido identificada como caso Nº 12.  En general, el USDOC aplica el método de la 
                                                      
262 Ibid., párrafo 8.1 d). 
 
263 Véase el informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Plomo y bismuto II . 
 
264 Respuesta de los Estados Unidos a preguntas formuladas en la audiencia. 
 
265 Ibid.  Véase también supra , nota 179. 
 
266 Véase supra , nota 179. 
 WT/DS212/AB/R 
Página 64  
 
"misma persona" a las determinaciones que se formulan en materia de derechos compensatorios 
después de un cambio en la propiedad.
267 
130. A efectos de la evaluación de si sigue existiendo un "beneficio", el método de la 
"misma persona" prevé un examen en dos etapas.  La primera etapa consiste en un análisis de si la 
entidad posterior a la privatización es la misma persona jurídica que recibió la subvención inicial antes de la privatizació n.  A tal fin, el USDOC considera en tre otros los siguientes criterios:  
i) continuidad de las operaciones ge nerales de la empresa;  ii) co ntinuidad de las instalaciones de 
producción;  iii) continuidad de los activos y pasi vos;  y iv) mantenimiento del personal.  Si, como 
resultado de la aplicación de esos criterios el USDO C llega a la conclusión de que no se ha creado una 
nueva persona jurídica , el análisis de la existencia o no de un "beneficio" se da por terminado, y 
el USDOC no evalúa si la privatización se llevó a cabo en condiciones de competencia y por el valor justo de mercado.  Se constata automáticamente  que sigue existiendo una subvención a la empresa 
posterior a la privatización.
268  Por el contrario, si a consecuencia de la aplicación de  esos criterios, 
el USDOC llega a la conclusión de que la en tidad posterior a la privatización es una nueva persona 
jurídica , distinta de la entidad que recibió la subvención anterior, no impone derechos a las 
mercancías producidas después de la privatizaci ón por razón de la subvención anterior a ésta.269  No 
obstante, en tal caso, el USDOC procede a examinar si se ha concedido una nueva  subvención a los 
nuevos propietarios de la entidad posterior a la privatización como consecuencia del cambio en la 
propiedad (analizando, por ejemplo, si la venta se efectuó por el valor justo de mercado y en 
condiciones de competencia).270 
131. La cuestión que se nos plantea es si el método de la "misma persona" -en cuanto tal y en la 
forma en que lo aplican los Estado s Unidos- es incompatible con el Acuerdo SMC .  En las 
determinaciones correspondientes a los 12 asuntos re lativos a derechos compensatorios en cuestión, 
el USDOC utilizó para determinar si seguía existiend o un beneficio después de la privatización tanto 
el método gamma  como el método de la "misma persona".  De las 12 determinaciones en litigio en la 
presente diferencia, 11 se basaron en la aplicación del método gamma  (casos Nos 1 a 11) y una en la 
aplicación del método de la "misma persona" (caso Nº 12). 
                                                      
267 Respuesta de los Estados Unidos a preguntas formuladas en la audiencia. 
 
268 Ibid. 
 
269 Ibid. 
 
270 Ibid. 
  WT/DS212/AB/R 
 Página 65 
 
 
132. El Grupo Especial constató que los análisis en materia de derechos compensatorios realizados 
por el USDOC en las determinaciones en las que aplicó el método gamma  -casos Nos 1 a 7- son 
incompatibles con las obligaciones de los Estados Unidos en virtud del  Acuerdo SMC .271  Sobre la 
base de nuestra constatación en Estados Unidos - Plomo y bismuto II  de que la presunción 
"irrefutable"272, establecida por la metodología gamma  impedía al USDOC realizar la necesaria 
determinación de si sigue existiendo un "beneficio ", los Estados Unidos admitieron ante el Grupo 
Especial que las determinaciones formuladas en los casos Nos 1 a 7, en las que se aplicó el método 
gamma , son incompatibles con el  Acuerdo SMC .273 
133. El Grupo Especial constató también que las determinaciones formuladas por el USDOC en 
exámenes por extinción y basadas en la metodología gamma  -casos Nos 8 a 11- son asimismo 
incompatibles con las obligaciones de los Estados Unidos en virtud del Acuerdo SMC .274  E n  
concreto, el Grupo Especial constató que, a pesar de haber sido informado de que las privatizaciones 
tuvieron lugar en condiciones de competencia y por su valor justo de mercado, el USDOC, al utilizar el método gamma  no examinó "las condiciones de tales privatizaciones [y no determinó] […] si los 
productores privatizados recibían un beneficio de las subvenciones anteriores otorgadas a los productores estatales".
275  Los Estados Unidos no han admitido  que la utilización de la metodología 
gamma  en esos exámenes por extinción (casos Nos 8 a 11) sea incompatible con el  Acuerdo SMC . 
134. Como explican los Estados Unidos, dado que "en las primeras 11 determinaciones se aplicó la 
metodología gamma , actualmente descartada"276, "las actuaciones del Grupo Especial se centraron 
necesariamente en Electroacero de  textura orientada  procedente de Italia  [caso Nº 12],  la  única de  
                                                      
271 Informe del Grupo Especial, párrafos 8.1 a) y 8.1 b).  A este respecto, observamos que los Estados 
Unidos proponen reformular las determinaciones formuladas en las investigaciones originales (casos Nos 1 a 6) y 
el examen administrativo (caso Nº 7) tomando como base la metodología de la "misma persona" (informe del 
Grupo Especial, párrafo 7.90). 
 
272 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Plomo y bismuto II , párrafo 62. 
 
273 Informe del Grupo Especial, párrafos 2.29 y 2.30.  Por lo que respecta a los casos Nos 1 a 6, los 
Estados Unidos reconocieron la incompatibilidad con la OMC "en la medida en que se basaron en la metodología gamma  y que en las determinaciones consiguientes no se examinó a fondo si las entidades que 
había antes y después de la privatización eran la misma persona jurídica".  ( Ibid., párrafo 2.29.)  En lo que 
respecta al caso Nº 7, los Estados Unidos admitieron la incompatibilidad con la OMC "en la medida en que [el examen] se basó en la metodología gamma  y de que, por tanto, en la determinación consiguiente no se 
examinaba a fondo si la entidad era la misma persona jurídica antes y después del cambio en la propiedad".  
(Ibid., párrafo 2.30.) 
 
274 Ibid., párrafo 8.1 c). 
 
275 Ibid., párrafo 7.116. 
 
276 Comunicación del apelante presentada por los Estados Unidos, nota 28 al párrafo 26. 
 WT/DS212/AB/R 
Página 66  
 
las 12 determinaciones que tenía ante sí el Grupo Especial en la que el USDOC había aplicado su 
nueva metodología [de la "misma persona"].
277  Al examinar la aplicación del método de la "misma 
persona" al caso Nº 12 -un examen administrativo- el Grupo Especial constató  que "una privatización 
exige la (re)determinación de la existencia de un beneficio para el productor privatizado".278  
Basándose en esa constatación, el Grupo Especial llegó a la conclusión de que "la metodología de la 
'misma persona' es en sí misma incompatible con [las obligaciones que impone a los Estados Unidos] 
el Acuerdo SMC"279 porque prohíbe "si el productor privatizado no es una persona jurídica distinta, el 
examen de las condiciones de la transacción de privatización basándose pa ra ello en criterios 
relacionados principalmente con las actividades industriales de los pro ductores en cuestión".280  En 
apelación, los Estados Unidos solicitan281 que revoquemos la conclusión del Grupo Especial de que 
"la denominada 'metodología de la misma persona' es incompatible con el Acuerdo SMC".282 
135. Dado que las 12 determinaciones impugnadas en la presente diferencia y en apelación abarcan 
6 determinaciones relativas a invest igaciones iniciales, 2 a exámenes administrativos y 4 a exámenes 
por extinción283, debemos, al analizar si "la denominada 'metodología de la misma persona' 
[en cuanto tal ] es incompatible con el Acuerdo SMC"284, examinar esta cuestión a la luz de las 
disposiciones del Acuerdo SMC  que abarcan cada uno de esos tres tipos de determinaciones en 
materia de derechos compensatorios.  Hemos de examinar además si la aplicación  de ese método de la 
"misma persona", que únicamente tuvo lugar en el  caso Nº 12, se llevó a cabo en una forma 
compatible con el  Acuerdo SMC . 
136. El Grupo Especial observó que, con arreglo al método de la "misma persona", "si el nuevo 
productor privatizado no es una persona jurídica distinta (en función de sus actividades, activos 
productivos, dirección, personal) del anterior pr oductor estatal, [el USDOC considera] que el  
                                                      
277 Ibid., párrafo 26. 
 
278 Informe del Grupo Especial, párrafo 7.77. 
 
279 Ibid., párrafo 7.90. 
 
280 Ibid., párrafo 7.77. 
 
281 Véase supra , nota 178. 
 
282 Anexo a la carta de fecha 13 de septiembre de 2002 dirigida por el Asesor Jurídico, Misión 
Permanente de los Estados Unidos ante la OMC, al Director de la secretaría del Órgano de Apelación, página 2. 
 
283 Véase supra , párrafo 15. 
 
284 Anexo a la carta de fecha 13 de septiembre de 2002 dirigida por el Asesor Jurídico, Misión 
Permanente de los Estados Unidos ante la OMC, al Director de la secretaría del Órgano de Apelación, página 2. 
  WT/DS212/AB/R 
 Página 67 
 
 
beneficio atribuido al productor estatal puede ser atribuido automáticamente  al productor privatizado, 
sin proceder a un examen de las condiciones de la transacción".285  (sin cursivas en el original)  El 
Grupo Especial manifestó que este método impide el  cálculo del "beneficio" c onferido a un "receptor" 
a tenor del artículo 14 del Acuerdo SMC286 p o r q u e  i m p i d e  a l  U S D O C  c e n t r a r  s u  a n á l i s i s  e n  
"las cuestiones trascendentes […] [es decir, la determinación de] si existe una subvención (y en 
particular un beneficio) para el producto r privatizado objeto de la investigación".287  Por consiguiente, 
el Grupo Especial llegó a la conclusión de que el método de la "misma persona" impide el examen de las condiciones de la privatización, que podría poner de manifiesto que no existe un beneficio para el 
productor privatizado "en condiciones ajenas y me jores a las imperantes en el mercado".  En 
consecuencia, el Grupo Especial constató que la metodología de la "misma persona" "es en sí misma incompatible [con las obligaciones que impone a los Estados Unidos] el 
 Acuerdo SMC ".288  El Grupo 
Especial examinó también a continuación la aplicación del método de la "misma persona" en 
Electroacero de textura orientada procedente de Italia  (caso Nº 12) y llegó a la conclusión de que el 
método de la "misma persona", tal como se aplicó  en el caso Nº 12 es asimismo incompatible con el 
artículo 10, el artículo 14, el párrafo 4 del artíc ulo 19 y los párrafos 1 y 2 del artículo 21 del 
Acuerdo SMC .289 
137. Los Estados Unidos impugnan la constatación del Grupo Especial de que el método de la 
"misma persona" -tanto en sí mismo como en la forma en que fue aplicado en el caso Nº 12- es 
incompatible con las obligaciones que impone a los Estados Unidos el  Acuerdo SMC .  Alegan, en 
particular, que el método no puede ser incompatible con el  Acuerdo SMC  sobre la base de su 
interpretación de nuestra decisión en el asunto Estados Unidos - Plomo y bismuto II .  Los Estados 
Unidos interpretan que en nuestra resolución en el asunto Estados Unidos - Plomo y bismuto II  
declaramos que la autoridad investigadora  sólo está obligada a reexaminar una determinación sobre la  
                                                      
285 Informe del Grupo Especial, párrafo 7.78. 
 
286 El artículo 14 del  Acuerdo SMC , en la parte pertinente, dispone que la aplicación del método: 
 
que utilice la autoridad investigadora para calcular el beneficio conferido al receptor a tenor 
del párrafo 1 del artículo 1 […] será transparente y adecuadamente explicada.  
287 Informe del Grupo Especial, párrafo 7.78. 
 
288 Ibid., párrafo 7.90. 
 
289 Ibid., párrafo 8.1 b). 
 WT/DS212/AB/R 
Página 68  
 
existencia de un beneficio  cuando se crea una nueva persona jurídica  distinta de la entidad que recibió 
el beneficio inicial.
290 
138. Las Comunidades Europeas aducen que los Estados Unidos se basan en una interpretación 
errónea de nuestra decisión en Estados Unidos - Plomo y bismuto II  para justificar el método de la 
"misma persona".  Nuestra decisión en Estados Unidos - Plomo y bismuto II , según las Comunidades 
Europeas, lleva forzosamente  a la conclusión de que el método de la "misma persona" en cuanto tal  es 
incompatible con la obligación que impone el  Acuerdo SMC  a la autoridad investigadora de formular 
una nueva determinación sobre si ex iste o no un beneficio cuando se le notifique una privatización 
que haya dado lugar a un cambio en el control.  Las Comunidades Europeas aducen que dado que el 
método de la "misma persona ", al igual que el método gamma , establece una presunción irrefutable de 
que el beneficio de una contribución financiera concedida anteriormente sigue existiendo en la empresa posterior a la privatización a no ser que se haya creado una nueva persona jurídica , el 
método de la "misma persona" es incompatible co n las obligaciones que imp one a los Estados Unidos 
el 
 Acuerdo SMC , tal como se han interpretado en Estados Unidos - Plomo y bismuto II .291 
139. Al analizar estos argumentos, empezamos por recordar que, de conformidad con el párrafo 1 
del artículo 1 del Acuerdo SMC  sólo "se considerará que existe" una "subvención" cuando una 
"contribución financiera" otorga un "beneficio".   Además, de conformidad con el párrafo 3 del 
artículo VI del GATT de 1994292 las autoridades investigador as, antes de imponer derechos 
compensatorios, deben determinar la cuantía precisa de la subvención atribuida a los productos 
importados objeto de investigación.  Para dar cump limiento a esta obligación, el artículo 10 del 
Acuerdo SMC293 dispone que los Miembros tomen todas las medidas necesarias "para que" los 
                                                      
290 Comunicación del apelante presentada por los Estados Unidos, párrafos 86 a 90. 
 
291 Comunicación del apelado presentada por las Comunidades Europeas, párrafos 2 y 7. 
 
292 El párrafo 3 del artículo VI del GATT de 1994 establece lo siguiente: 
 
No se percibirá  sobre ningún producto del territorio de una parte contratante, importado en el 
de otra parte contratante, derecho compensatorio alguno que exceda del monto estimado de la 
prima o de la subvención  que se sepa ha sido concedida, directa o indirectamente, a la 
fabricación, la producción o la exportación del citado producto en el país de origen o de exportación, con inclusión de cualquier subvención especial concedida para el transporte de 
un producto determinado.  (sin cursivas en el original) 
 
293 El artículo 10 del  Acuerdo SMC  establece lo siguiente: 
 
Los Miembros tomarán todas las medidas necesarias para que la imposición de un derecho 
compensatorio sobre cualquier producto del territorio de cualquier Miembro importado en el territorio de otro Miembro esté en conformidad con las disposiciones del artículo VI del 
GATT de 1994 y con los términos del presente Acuerdo.  Sólo podrán imponerse derechos 
compensatorios en virtud de una investigación iniciada y realizada de conformidad con las  WT/DS212/AB/R 
 Página 69 
 
 
derechos percibidos para contrarrestar una subven ción sólo se impongan "en conformidad con" las 
disposiciones del párrafo 3 del artículo VI del GATT de 1994 y el  Acuerdo SMC .  Además, el 
párrafo 4 del artículo 19 del  Acuerdo SMC , en consonancia con el texto del párrafo 3 del artículo VI 
del GATT de 1994, dispone que " no se percibirá sobre ningún producto importado un derecho 
compensatorio  que sea superior a la cuantía de la subvención que se haya concluido existe ".  
(sin cursivas en el original)  Por ú ltimo, el párrafo 1 del artículo 21 del  Acuerdo SMC  establece que 
"un derecho compensatorio sólo permanecerá en vigor durante el tiempo y en la medida necesarios  
para contrarrestar la subvención que esté causando da ño".  (sin cursivas en el original)  En síntesis, 
estas disposiciones imponen a los Miembros la obligación de limitar los derechos compensatorios a la cuantía y a la duración de la subvención cuya existe ncia ha concluido la autoridad investigadora.  Esas 
obligaciones son aplicables tanto a las investigaci ones iniciales como a los exámenes administrativos 
y exámenes por extinción abarcados por el artículo 21 del 
 Acuerdo SMC . 
140. Como hemos indicado, de las 12 determinaciones del USDOC pertinentes a la presente 
diferencia, sólo se aplicó el método de la "misma persona" en el asunto Electroacero de textura 
orientada procedente de Italia  (caso Nº 12), un examen administ rativo realizado de conformidad con 
el párrafo 2 del artículo 21 del  Acuerdo SMC , el cual establece lo siguiente: 
Artículo 21 
Duración y examen de los derechos compensatorios y de los compromisos 
[…] 
21.2 Cuando ello esté justificado, las autoridades examinarán la necesidad de 
mantener el derecho, por propia iniciativa o, siempre que haya transcurrido un 
período prudencial desde el establecimiento  del derecho compensatorio definitivo, a 
petición de cualquier parte interesada que presente informaciones positivas 
probatorias de la necesidad del examen.  Las partes interesadas tendrán derecho a 
pedir a las autoridades que examinen si es necesario mantener el derecho para 
neutralizar la subvención, si sería probabl e que el daño siguiera produciéndose o 
volviera a producirse en caso de que el  derecho fuera suprimido o modificado, o 
ambos aspectos.  En caso de que, a consecuencia de un examen realizado de 
conformidad con el presente párrafo, la s autoridades determinen que el derecho 
compensatorio no está ya justificado, deberá suprimirse inmediatamente. 
                                                                                                                                                                     
disposiciones del presente Acuerdo y del Acuerdo sobre la Agricultura.  (sin cursivas en el 
original;  no se reproducen las notas de pie de página) 
 WT/DS212/AB/R 
Página 70  
 
141. Analizamos por primera vez el párrafo 2 del artículo 21 en el asunto Estados Unidos - Plomo 
y bismuto II , en el que constatamos lo siguiente: 
en un examen administrativo de conformida d con el párrafo 2 del artículo 21, deben 
presentarse a la autoridad investigadora "informaciones positivas" de las que se 
deduzca que la "contribución financiera" se ha devuelto o ha sido retirada y/o que ya 
no se otorga el "beneficio".  Sobre la base de la evaluación de las informaciones que 
le hayan presentado  las partes interesadas, así como las demás pruebas de que 
disponga en relación con el período del examen, la autoridad investigadora debe 
determinar si sigue siendo necesario aplicar derechos compensatorios.  La autoridad investigadora no puede prescindir de esas informaciones .  Si pudiera hacerlo, el 
mecanismo de examen establecido en el párrafo 2 del artículo 21 no tendría ningún 
sentido.
294  (sin cursivas en el original) 
Esta constatación deja claramente sentado que la  autoridad investigadora que realice un examen 
administrativo está obligada en virtud del párrafo 2 del artículo 21 del  Acuerdo SMC  a determinar si 
sigue existiendo un "beneficio" cuando se le presente información indicando que ese beneficio ya no 
existe.  Según los Estados Unidos, nuestra constatación en Estados Unidos - Plomo y bismuto II  se 
circunscribía a las circunstancias concretas de ese asunto, que, según la interpretación de ese país, consistían en que la empresa estatal y la empresa pr ivatizada eran dos personas  jurídicas distintas.  
Los Estados Unidos tratan de encontrar una justifi cación para esa opinión en las referencias que se 
hacían en nuestro informe en el asunto Estados Unidos - Plomo y bismuto II  a las "circunstancias" de 
ese caso concreto
295, así como en el razonamiento que exponíamos en el párrafo 62 del informe de esa 
apelación, en el que, según los Estados Unidos, "el Órgano de Apelación […] aceptó la conclusión del 
Grupo Especial de que UES era una nueva persona jurídica distinta a la que no podían imputarse las 
subvenciones concedidas a BSC [la empresa estatal privatizada]".296  (no se reproduce la nota de pie 
de página) 
142. En lo que respecta a las referencias que hicimos en Estados Unidos - Plomo y bismuto II  a las 
"circunstancias concretas" de ese caso297 observamos que, lo que hicimos con esas referencias era 
simplemente limitar el alcance de nuestras constataciones en esa apelación a las circunstancias 
concretas de la diferencia.  Nos ocupamos de las condiciones en las que tuvo lugar esa privatización concreta  ("pago  del  valor justo  de  mercado  por  todos  los  activos  de  producción,  fondo  de  
                                                     
 
294 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Plomo y bismuto II , párrafo 61. 
 
295 Ibid., párrafos 68 y 74. 
 
296 Comunicación del apelante presentada por los Estados Unidos, párrafo 16. 
 
297 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Plomo y bismuto II , párrafos 68 y 74. 
  WT/DS212/AB/R 
 Página 71 
 
 
comercio, etc."298);  y no nos referimos en absoluto a ningún tipo de distinción en función de la 
personalidad jurídica, como se hace patente si se l ee en su contexto la expresión "en las circunstancias 
concretas del presente caso": 
Así pues, el hecho de que una "contribució n financiera" otorgue o no un "beneficio" 
depende de que el receptor haya recibido  o no una "contribución financiera" en 
condiciones más favorables que las que hubiera podido obtener en el mercado.  En el 
presente caso, el Grupo Especial ha form ulado una constatación  fáctica según la 
cual UES y BSplc/BSES pagaron el valor justo de mercado por todos los activos de 
producción, fondo de comercio, etc.  que adquirieron de BSC y posteriormente 
emplearon en la producción de las barras plomosas importadas en los Estados Unidos 
en 1994, 1995 y 1996.  Por consiguiente , no consideramos que el Grupo Especial 
haya incurrido en ningún error al llegar a la conclusión de que, en las circunstancias 
concretas del presente caso , no cabía considerar que con las "contribuciones 
financieras" concedidas a BSC entre 1977  y 1986 se hubiera otorgado un "beneficio" 
a UES y BSplc/BSES.299  (sin cursivas en el original) 
Además, en la presente diferencia, los Estados Unid os admitieron expresamente esta interpretación de 
nuestro informe en el asunto Estados Unidos - Plomo y bismuto II  en su primera comunicación al 
Grupo Especial.  Los Estados Unidos afirmaron que " como los nuevos propietarios de UES habían 
pagado su valor justo de mercado , el Órgano de Apelación aceptó la conclusión del Grupo Especial 
de que no se podía considerar que las contribuc iones financieras concedidas a BSC [la empresa 
estatal] otorgaran un beneficio a UES".300  (sin cursivas en el original) 
143. La interpretación del párrafo 62 que proponen lo s Estados Unidos en la presente apelación 
carece asimismo de fundamento.  En el párrafo 62 de nuestro informe en el asunto Estados Unidos - 
Plomo y bismuto II  se dice lo siguiente: 
En consecuencia, coincidimos con el Grupo Especial en que, aunque la autoridad 
investigadora puede presumir, en el contexto de un examen administrativo realizado 
de conformidad con el párraf o 2 del artículo 21, que sigue derivándose un "beneficio" 
de una "contribución financiera", no vincul ada y no recurrente, una presunción de ese 
tipo nunca puede ser "irrefutable".  En el presente caso, dados los cambios de la 
propiedad  que condujeron a la creación de UES y BSplc/BSES, el USDOC estaba 
obligado , en virtud del párrafo 2 del artículo 21, a examinar, sobre la base de las 
informaciones que se le habían presentado en relación con esos cambios, si había un "beneficio" para UES y BSplc/BSES.  Así pu es, hacemos nuestra la constatación del 
Grupo Especial según la cual: 
                                                     
 
298 Ibid., párrafo 68. 
 
299 Ibid., párrafo 68. 
 
300 Primera comunicación de los Estados Unidos al Grupo Especial, párrafo 37. 
 WT/DS212/AB/R 
Página 72  
 
[…] habida cuenta de los traspasos de propiedad  conducentes a la 
creación de UES y BSplc/BSES, el  USDOC habría debido examinar 
si estaba subvencionada la producción de barras plomosas de UES 
y BSplc/BSES, respectivamente, y no la de BSC.  En particular, el 
Departamento debería haber examinado si continuaba existiendo el 
"beneficio" que ya se había considerado otorgado a BSC por las 
"contribuciones financieras" previas a 1985/86, y lo debería haber 
hecho desde la perspectiva de UES y BSplc/BSES, respectivamente, 
y no de BSC.  (sin cursivas en el original;  no se reproducen las notas 
de pie de página) 
En contra de lo que afirman los Estados Unidos, no hay en esta constatación nada que indique que, en 
este párrafo de nuestro informe en Estados Unidos - Plomo y bismuto II , aceptáramos "la conclusión 
del Grupo Especial de que UES era una nueva persona jurídica distinta a la que no podían imputarse 
las subvenciones concedidas a BSC [la empresa estatal]".
301  (no se reproduce la nota de pie de 
pagina) 
144. En síntesis, rechazamos la descripción que hace n los Estados Unidos de nuestro análisis en 
Estados Unidos - Plomo y bismuto II , y reafirmamos la constatación que formulamos en ese asunto302 
de que, en el contexto de un examen administrativo, la autoridad investigadora, cuando se le presente 
información encaminada a demostrar que ya no existe  un "beneficio" después de una privatización, 
está obligada  a determinar si el mantenimiento de los de rechos compensatorios está justificado a la 
luz de esa información.  Esta obligación se basa, no en la creación de una nueva persona jurídica, 
como pretenden los Estados Unidos, sino en la posi bilidad de que el cambio en la propiedad haya 
afectado a la continuidad de la existencia del beneficio. 
145. El Grupo Especial manifestó, y los Estados Unid os admitieron ante el Grupo Especial y en la 
presente apelación, que el método de la "misma persona" obliga  al USDOC a considerar "que el 
beneficio atribuido al productor estatal puede ser at ribuido automáticamente al productor privatizado, 
sin proceder a un examen de las condiciones de la transacción" cuando el organismo determine que la 
                                                      
301 Comunicación del apelante presentada por los Estados Unidos, párrafo 16.  Observamos además, 
como hacen las Comunidades Europeas (en los párrafos 24 a 27 y en la nota 23 de su comunicación del apelado, 
así como en su respuesta a las preguntas formuladas en la audiencia), que la creación de una nueva persona 
jurídica no podía haber constituido la base de nuestra exigencia de que el USDOC realizara una nueva determinación de la existencia de un beneficio, porque la otra empresa privatizada en litigio en Estados Unidos - 
Plomo y bismuto II , British Steel plc, se convirtió en un entidad jurídica distinta antes  de que tuviera lugar la 
privatización, y no se estableció una nueva entidad jurídica como consecuencia de la transacción de privatización.  (Véase el informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Plomo y bismuto II , párrafo 2.)  Al 
constatar que en tales circunstancias podía haberse extinguido el beneficio y que por tanto el USDOC debía 
haber formulado una nueva determinación en cuanto a la existencia de un beneficio, nos centramos 
necesariamente en el cambio en la propiedad de las empresas en litigio, y no en su personalidad jurídica. 
 
302 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Plomo y bismuto II , párrafo 62. 
  WT/DS212/AB/R 
 Página 73 
 
 
entidad posterior a la privatización no es una nueva persona jurídica.303  Sólo en caso de que 
el USDOC constate que se ha creado una nueva  persona jurídica, el organismo formulará una 
determinación acerca de si existe un beneficio, y en  tal caso, la investigac ión tendrá únicamente por 
objeto determinar si se ha concedido a los nuevos propietarios una nueva  subvención.304 
146. Así pues, con arreglo al método de la "misma persona", cuando determine que no se ha creado 
una nueva persona jurídica como consecuencia de la privatización, el USDOC deducirá de esa 
determinación, sin un análisis ulterior , y con independencia del precio pagado por los nuevos 
propietarios por la empresa privatizada305, que esta última sigue recibiendo el beneficio de una 
contribución financiera anterior.  Este sistema está en contradicción con la obligación que impone en 
párrafo 2 del artículo 21 del  Acuerdo SMC  a la autoridad investigadora de tener en cuenta en los 
exámenes administrativos las "informaciones positivas probatorias de la necesidad del examen".  Esas 
informaciones pueden referirse a la evolución de las circunstancias en lo que respecta a la subvención, 
a la privatización en condiciones de competencia y por el valor justo de mercado, o a cualesquiera 
otros hechos.  El método de la "misma persona" impide al USDOC cumplir su obligación de examinar 
si sigue existiendo un "beneficio" sujeto a derechos compensatorios con respecto a una empresa con posterioridad al cambio en la propiedad de la misma.  En consecuencia, constatamos que el método de 
la "misma persona", en cuanto tal , es incompatible con las obligaciones que impone el párrafo 2 del 
artículo 21 del 
 Acuerdo SMC  en relación con los exámenes administrativos. 
147. En nuestra opinión, esta constatación, relativa a los exámenes administrativos, lleva 
forzosamente a la conclusión de que el método de la "misma persona", en cuanto tal, es asimismo 
incompatible con las obligaciones establecidas en el  Acuerdo SMC  en relación con las investigaciones 
iniciales.  En una investigación inicial, la auto ridad investigadora debe determinar que se cumplen 
todas las condiciones establecidas en el Acuerdo SMC  para la imposición de derechos 
                                                      
303 Informe del Grupo Especial, párrafo 7.78.  Véase también el párrafo 7.77: 
 
En opinión del Grupo Especial, la metodología de la misma persona utilizada por los Estados Unidos prohíbe, en cuanto tal, si el productor privatizado no es una persona jurídica distinta, 
el examen de las condiciones de la transacción de privatización basándose para ello en 
criterios relacionados principalmente con las actividades industriales de los productores en cuestión.  Al aplicar esta metodología, el Departamento de Comercio no analiza si el 
productor privatizado ha recibido un beneficio de las contribuciones financieras anteriores. 
 Los Estados Unidos confirmaron en sus respuestas a preguntas formuladas en la audiencia esta 
prescripción del método de la "misma persona". 
 
304 Respuestas de los Estados Unidos a preguntas formuladas en la audiencia. 
 
305 Véase supra , nota 182. 
 WT/DS212/AB/R 
Página 74  
 
compensatorios.
306  Las obligaciones de la autoridad investigadora, identificadas en el párrafo 1 del 
artículo 19 del Acuerdo SMC , en conexión con el artículo 1, incluyen la formulación de una 
determinación de la existencia de un "beneficio".307  Al igual que en el caso de los exámenes 
administrativos, el método de la "misma persona" impide necesariamente una determinación adecuada 
en cuanto a la existencia de un "beneficio" en el caso de las investigaci ones iniciales cuando la 
entidad anterior a la privatización y la entidad posterior a la privatización son la misma persona 
jurídica.  En vez de ello, en tal caso, el método de la "misma persona" establece una presunción irrefutable de que el "beneficio" anterior a la pr ivatización sigue existiendo después del cambio en la 
propiedad.  Al no permitir que la autoridad in vestigadora cumpla todas las condiciones previas 
establecidas en el 
 Acuerdo SMC  para la imposición de derechos compensatorios, y en especial la 
identificación de un "beneficio", constatamos que el método de la "misma persona", en cuanto tal, es 
incompatible con las obligaciones aplicables en el marco de la OMC a la realización de 
investigaciones iniciales. 
148. Lo anterior nos lleva al tercer tipo de determ inaciones en litigio, los exámenes por extinción.  
El Grupo Especial constató que, en virtud del párrafo 3 del artículo 21 del Acuerdo SMC308, y con 
independencia de que se hayan o no solicitado exámenes administrativos de conformidad con el párrafo 2 del artículo 21 después de la investigación  inicial, el Miembro importador está obligado a 
considerar las pruebas que se le hayan pres entado en relación con la subvención, y a determinar  si 
después de la privatización de la empresa investigada sigue exis tiendo un "beneficio", antes de 
concluir "que existe una subvención y que es probable que continúe o se repita".
309  Esta constatación 
                                                      
306 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Plomo y bismuto II , párrafo 63. 
 
307 El párrafo 1 del artículo 19 sólo permite la imposición de un derecho compensatorio después de que 
la autoridad investigadora haya constatado la existencia de una subvención (tal como se define en el artículo 1), 
un daño, y una relación de causalidad entre una y otro. 
 
308 El párrafo 3 del artículo 21 del  Acuerdo SMC  establece lo siguiente: 
 
No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo derecho compensatorio definitivo será 
suprimido, a más tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su imposición (o desde la fecha del último examen, realizado de conformidad con el párrafo 2, si ese examen 
hubiera abarcado tanto la subvención como el daño, o del último realizado en virtud del 
presente párrafo), salvo que las autoridades, en un examen iniciado antes de esa fecha por propia iniciativa o a raíz de una petición debidamente fundamentada hecha por o en nombre 
de la rama de producción nacionales con una antelación prudencial a dicha fecha, determinen 
que la supresión del derecho daría lugar a la continuación o la repetición de la subvención y del daño.  El derecho podrá seguir aplicándose a la espera del resultado del examen.  (no se 
reproduce la nota de pie de página) 
 
309 Informe del Grupo Especial, párrafos 7.114 a 7.116.  El Grupo Especial consideró que esta 
conclusión era compatible con la conclusión a que llegó el Tribunal de Comercio Internacional de los Estados 
Unidos cuando constató que las prácticas del USDOC en los exámenes por extinción son incompatibles con la 
legislación estadounidense, ya que "por su naturaleza, por consiguiente, un examen por caducidad está destinado  WT/DS212/AB/R 
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es inherente a la conclusión del Grupo Especial de  que "las cuatro determinaciones formuladas a raíz 
de exámenes por caducidad y basadas en la metodología gamma son incompatibles con el 
Acuerdo SMC, puesto que el Departamento de Come rcio no examinó si las privatizaciones que se 
llevaron a cabo después de la imposición original de los derechos compensatorios se hicieron en condiciones de competencia y por el valor justo de mercado".
310 
149. Los Estados Unidos han apelado contra esta constatación311, pero no han expuesto argumentos 
en apoyo de su apelación.  Hemos determinado ya, en Estados Unidos - Plomo y bismuto II  que el 
método gamma  es incompatible con la obligación que impone el párrafo 2 del artículo 21 del 
Acuerdo SMC , conforme a la cual la autoridad investigadora en un examen administrativo , cuando 
reciba información de que se ha producido una priv atización que ha dado lugar a un cambio en la 
propiedad, debe determinar si sigue existiendo un "beneficio".  A nuestro juicio, el  Acuerdo SMC , en 
virtud del artículo 10, el párrafo 4 del artículo 19 y el párrafo 1 del artículo 21, impone también la 
obligación de formular una determinación al respecto a la autoridad investigadora que realice un examen por extinción .  Como hemos observado antes
312 el párrafo 3 del artículo VI del GATT en 
conexión con el artículo 10, el párrafo 4 del artículo 19 y el párrafo 1 del artículo 21 del Acuerdo SMC  establece la obligación, aplicable tanto a las investigaciones iniciales como a los 
exámenes abarcados por el 
 Acuerdo SMC , de limitar los derechos compensatorios en función de la 
cuantía y duración de la subvención que la autoridad investigadora haya constatado que existe.  En 
consecuencia, no consideramos que el Grupo Especial haya incurrido en ningún error al constatar que, en los exámenes por extinción, la autoridad inve stigadora, antes de opta r por seguir sujetando 
derechos compensatorios las subvenciones no recurren tes anteriores a la priva tización está obligada a 
"[examinar] las condiciones de tales privatizacione s y [determinar] si los productores privatizados 
recibían un beneficio de las subvenciones anteri ores otorgadas a los productores estatales".
313  Por 
                                                                                                                                                                     
a tener en cuenta los cambios legislativos que influyan en si continuarán o se repetirán las subvenciones sujetas 
a derechos compensatorios".  (Informe del Grupo Especial, nota 359 al párrafo 7.114, con referencia a AG der 
Dillinger Hüttenwerke v. United States , Court Nº 00-09-00437, slip. op. 02-25, 32 (Court of International Trade, 
28 de febrero de 2002).)  Además, el Grupo Especial observó también que "el Tribunal estadounidense rechazó 
los argumentos del Departamento de Comercio en el sentido de que no era correcto plantear la cuestión de una privatización en un examen por caducidad o de que las partes interesadas que participen en un examen por 
caducidad tienen que haber solicitado y completado antes un examen administrativo".  ( Ibid.) 
 
310 Informe del Grupo Especial, párrafo 8.1 c). 
 
311 Como hemos indicado antes en los párrafos 65 y 66 supra  los Estados Unidos, en el documento que 
presentaron a raíz de su anuncio de apelación citaban el texto íntegro del párrafo 8.1 c).  Ese párrafo incluye la 
constatación a que nos referimos. 
 
312 Véase supra , párrafo 139. 
 
313 Informe del Grupo Especial, párrafo 7.116. 
 WT/DS212/AB/R 
Página 76  
 
tanto, coincidimos con el Grupo Especial en que "las cuatro determinaciones formuladas a raíz de 
exámenes por caducidad y basadas en la metodología gamma  son incompatibles con el Acuerdo SMC 
puesto que […] los Estados Unidos no determinaron si los productores privatizados obtenían un 
beneficio de la contribución financiera otorga da previamente a los productores estatales".
314 
150. Nos ocupamos ahora de la cuestión de si el mé todo de la "misma persona" es incompatible 
con el párrafo 3 del artículo 21 del  Acuerdo SMC , que es aplicable a los exámenes por extinción.  
Hemos constatado ya que ese método no garantiza qu e se formule una determinación acerca de si 
sigue existiendo un "beneficio" cuando el USDOC llega  a la conclusión de que no se ha creado una 
nueva persona jurídica como consecuencia de la privatización.  Hemos constatado asimismo que la 
autoridad investigadora está obligada a formular un a determinación a ese respecto cuando lleva a cabo 
un examen por extinción.  En consecuencia, constatamos también que el método de la 
"misma persona", en cuanto tal, es incomp atible con el párrafo 3 del artículo 21 del  Acuerdo SMC . 
151. Por las razones expuestas, en cuanto éstas son aplicables a las investigaciones iniciales, los 
exámenes administrativos y los exámenes por extinción, confirmamos la conclusión del Grupo Especial de que "la metodología  de la 'misma persona' es en sí misma  incompatible con el 
Acuerdo SMC.
315  (sin cursivas en el original)  Consta tamos que el método de la misma persona 
en cuanto tal  es incompatible con el  Acuerdo SMC . 
152. Se nos ha pedido también que examinemos la compatibilidad con el  Acuerdo SMC  de la 
aplicación  del método de la "misma persona" en un solo caso, el examen administrativo Electroacero 
de textura orientada procedente de Italia  (caso Nº 12).  Dado que hemos llegado ya a la conclusión de 
que el método de la "misma persona" en cuanto tal , es incompatible con la obligación del USDOC de 
determinar si existe un "beneficio" cuando se le info rma de un cambio en la propiedad en el curso de 
un examen administrativo, de ello se infiere que la aplicación del método por el USDOC en 
Electroacero de textura orientada procedente de Italia316 fue asimismo incompatible con el 
                                                      
314 Ibid., párrafo 8.1 c). 
 
315 Ibid., párrafo 7.90. 
 
316 En Electroacero de textura orientada procedente de Italia , el USDOC constató que la empresa 
anterior a la privatización y la empresa posterior a ella eran la misma persona jurídica.  En consecuencia, como 
exigía el método de la "misma persona", el USDOC establ eció la presunción irrefutable de que el "beneficio" de 
la contribución financiera recibida por la empresa cuando era una empresa estatal seguía existiendo.  Véase 
Issues & Decision Memorandum to GOES from Italy , 66 Fed. Reg. 2885 (USDOC, 12 de enero de 2001), 
observación 1, CE - Prueba documental 7 anexa a la primera comunicación de las Comunidades Europeas al 
Grupo Especial: 
 
[El USDOC] trata de determinar si la empresa privatizada [demandada] es la misma persona 
que recibió la contribución financiera anterior a la privatización y obtuvo los beneficios en  WT/DS212/AB/R 
 Página 77 
 
 
Acuerdo SMC .  En consecuencia, confirmamos también la  conclusión del Grupo Especial que figura 
en el párrafo 8.1 b) de su informe de que la aplicación  del método de la "misma persona" en el 
caso Nº 12 es inco mpatible con el  Acuerdo SMC . 
153. Por último, recordamos que, ante el Grupo Especial, los Estados Unidos admitieron317 que, 
dado que las investigaciones y exámenes en los casos Nos 1 a 7 se llevaron a cabo utilizando el método 
gamma , las determinaciones formuladas en es os casos fueron incompatibles con el  Acuerdo SMC .  En 
consecuencia, el Grupo Especial constató que las determinaciones en materia de derechos 
compensatorios en los casos Nos 1 a 7 son incompatibles con las obligaciones de los Estados Unidos 
en virtud del  Acuerdo SMC .318  El Grupo Especial constató también, y nosotros hemos confirmado 
esa constatación, que en los exámenes por extinción (casos Nos 8 a 11), los Estados Unidos estaban 
obligados a examinar "si las privatizaciones que se llevaron a cabo después de la imposición original 
de los derechos compensatorios se hicieron en condiciones de competencia y por el valor justo de 
mercado" y, por ello, al utilizar el método gamma , no habían cumplido esta obligación de 
conformidad con el  Acuerdo SMC .319  En Estados Unidos - Plomo y bismuto II , constatamos que la 
presunción "irrefutable"320 del método gamma  impedía al USDOC realizar la determinación exigida 
en cuanto a la continuación de la existencia de un "beneficio".  Y, en la sección anterior del presente 
informe, hemos constatado que, después de un a privatización realizada en condiciones de 
competencia y por el valor justo de mercado, no existe ya un "beneficio" para la empresa privada, 
salvo que la autoridad investigadora encuentre pruebas en contrario.  Por consiguiente, en 
consonancia con esas constataciones, confirmamos las conclusiones del Grupo Especial que figuran 
en los párrafos 8.1 a), 8.1 b) y 8.1 c) de su informe. 
                                                                                                                                                                     
litigio en el presente examen […]  Sólo entraríamos a examinar la alegación basada en el valor 
justo de mercado [de la demandada] en el caso de que constatáramos que la empresa 
privatizada [demandada] era una persona distinta  del receptor inicial […]  Constatamos que la 
empresa privatizada [demandada] es, a todos los fines y efectos, la misma persona que existía 
antes de la privatización, y en consecuencia , recibió las contribuciones  financieras anteriores a 
la privatización y obtuvo los beneficios de que se trata en el presente examen.  (sin cursivas en el original) 
 
317 Véase supra , nota 273. 
 
318 Informe del Grupo Especial, párrafos 8.1 a) y 8.1 b). 
 
319 Ibid., párrafo 8.1 c). 
 
320 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Plomo y bismuto II , párrafo 62. 
 WT/DS212/AB/R 
Página 78  
 
IX. Compatibilidad de 19 U.S.C. § 1677(5)(F), en cuanto tal, con las obligaciones en el marco 
de la OMC 
154. Tras haber confirmado las conclusiones del Grupo Especial que figuran en los párrafos 8.1 a) 
a 8.1 c) de su informe, pasamos a evaluar la conclusión del Grupo Especial, que figura en el párrafo 8.1 d) relativa al texto legislativo estadounidense pertinente. 
155. El Grupo Especial concluyó, en el párrafo 8.1 d) de su informe, que: 
En la medida en que el artículo 1677(5)(F),  tal como ha sido interpretado por el 
Tribunal Federal de Apelación de los Estados Unidos y en la DAA, obliga al 
Departamento de Comercio de Estados Unidos a aplicar una metodología en virtud de 
la cual no se constata sistemáticamente que el productor privatizado, por el mero 
hecho de que la privatización se ha llevado a cabo en condiciones de competencia y al 
valor justo de mercado, no obtiene benefici o de una contribución financiera previa, 
dicha disposición impide a los Estados Unidos ejercitar facultades discrecionales en 
forma compatible con la OMC.  Por consiguiente, el artículo 1677(5)(F) es 
incompatible con los artículo 10, 14, 19 y 21 del Acuerdo SMC tal como han sido 
interpretados en los informes del Grupo Especial y el Órgano de Apelación en el 
asunto Estados Unidos - Plomo y bismuto II  y por este Grupo Especial.  Al haberse 
constatado que el artículo 1677(5)(F) es incompatible con el Acuerdo SMC , los 
Estados Unidos no han actuado en conformidad con el párrafo 5 del artículo 32 del 
Acuerdo SMC  y el párrafo 4 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC, 
respectivamente.
321 
156. El artículo 1677(5)(F), la denominada disposición sobre el "cambio en la propiedad", 
establece lo siguiente: 
[un] cambio en la propiedad de la totalidad o una parte de una empresa extranjera, o 
de los activos de producción de una empresa extranjera no impone por sí mismo a la 
autoridad administrativa la obligación de determinar que una subvención anterior, que 
podía ser objeto de derechos compensatorios, ya recibida por la empresa, no puede 
seguir siendo objeto de éstos, incluso si el cambio en la propieda d se realiza mediante 
una transacción en condiciones de plena competencia.322 
El Grupo Especial reconoció que este "texto legislativo por sí solo indica que la autoridad competente 
dispondrá de una capacidad discrecional para aplicar  el artículo 1677(5)(F) de forma compatible con 
las normas de la OMC.323  Sin embargo, el Grupo Especial constató que si ese texto legal se examina a 
la luz de "otros instrumentos in terpretativos internos tales como la historia legislativa, su 
                                                      
321 Informe del Grupo Especial, párrafo 8.1d). 
 
322 19 U.S.C. § 1677(5)(F);  CE - Prueba documental 4 anexa a la primera comunicación de las 
Comunidades Europeas al Grupo Especial. 
 
323 Informe del Grupo Especial, párrafo 7.138. 
  WT/DS212/AB/R 
 Página 79 
 
 
interpretación por el Tribunal Federal de Apelación y el DAA"324, "prohíbe a los Estados Unidos 
hacer uso del margen de capacidad discrecional que la ley atribuye a la Administración para concluir 
sistemáticamente que en caso de que se realice una privatización en condiciones de competencia y por 
el valor justo de mercado no puede atribuirse ning ún beneficio al productor privatizado que derive de 
una contribución financiera anterior  otorgada al productor estatal".325 
157. En síntesis, el Grupo Especial constató que el artículo 1677(5 )(F) impide al USDOC 
determinar automáticamente y en cada caso que, de conformidad con una norma " per se "326, a raíz de 
una privatización efectuada en condiciones de compet encia y por el valor justo de mercado, la parte 
no constituida de un beneficio otorgado por una c ontribución financiera anterior a la antigua empresa 
estatal puede "atribuirse"327 al propietario privado.  A juicio del Grupo Especial, el 
artículo 1677(5)(F), tal como se ha recogido en el DAA328 y ha sido interpretado por el Tribunal 
Federal de Apelación de los Estados Unidos, "obliga [al USDOC] a una aplicación del 
artículo 1677(5)(F) no co mpatible con la OMC".329  El Grupo Especial llegó a esta conclusión porque 
consideró que la norma legal obliga  al USDOC a formular sus determinaciones en una forma que le 
impide aplicar la presunción irrefutable que el Grupo  Especial consideró erróneamente que exigía el  
                                                      
324 Ibid., párrafo 7.139. 
 
325 Ibid., párrafo 7.140.  Observamos que los Estados Unidos impugnan esta interpretación, y 
especialmente la interpretación que hace el Grupo Especial de la "interpretación judicial" (en Delverde III ), en 
su argumento en relación con el artículo 11 del ESD.  No obstante, ya hemos constatado que esta cuestión no fue planteada adecuadamente en el anuncio de apelación de los Estados Unidos y por consiguiente no nos ha 
sido sometida.  (Véanse supra , párrafos 71 a 75.) 
 
326 En términos del Tribunal Federal de Apelación de los Estados Unidos: 
 
[El artículo 1677(5)(F)] establece claramente que no se puede concluir que una subvención se ha extinguido exclusivamente porque se ha producido un cambio en la propiedad en 
condiciones de competencia.  Sin embargo, también está claro que el Congreso no ha 
pretendido lo contrario, es decir, que un cambio en la propiedad obliga siempre a formular la determinación de que una subvención anterior sujeta a derechos compensatorios sigue 
pudiendo ser sometida a derechos compensatorios, con independencia de que el cambio en la 
propiedad se haya realizado a través de una transacción en condiciones de competencia o no, 
tal hubiera sido el propósito del Congreso, la disposición legal lo hubiera establecido así.  Sin embargo, la disposición sobre el cambio en la propiedad prohíbe sencillamente una norma 
per se  en cualquiera de los dos sentidos. 
 Delverde III , supra , nota 31, página 1366. 
 
El Grupo Especial entendió por norma " per se " una norma "sistemática".  (Informe del Grupo Especial, 
párrafo 7.147.) 
 
327 Informe del Grupo Especial, párrafo 8.1 d). 
 
328 Véase supra , nota 42. 
 
329 Informe del Grupo Especial, párrafo 7.156. WT/DS212/AB/R 
Página 80  
 
Acuerdo SMC .  Basándose en ello, el Grupo Especial co nstató que el artículo 1677(5)(F) obliga a los 
Estados Unidos a actuar en forma incompatible con el Acuerdo SMC  y con el párrafo 4 del 
artículo XVI del 
 Acuerdo sobre la OMC330, y, en cuanto tal , es incompatible con las obligaciones de 
los Estados Unidos en el marco de la OMC. 
158. Como hemos manifestado antes, coincidimos con el Grupo Especial en que normalmente  la 
privatización en condiciones de competencia y por el precio justo de mercado extinguirá la parte 
subsistente de un beneficio otorgado por medio de una contribución financiera anterior no recurrente.
331  En cambio, no coincidimos con el Grupo Especial en que toda privatización en 
condiciones de competencia y por el valor justo de mercado dé lugar necesariamente y siempre  a ese 
resultado.332  Por esa razón, revocamos la conclusión del Grupo Especial de que, de conformidad con 
el  Acuerdo SMC , la autoridad  investigadora "ha" de determinar, automáticamente , que la parte no 
amortizada de un beneficio otorgado mediante una contribución financiera anterior no sigue 
existiendo para una empresa privatizada a raíz de una transacción realizada en condiciones de 
competencia y por el valor justo de mercado.  En consecuencia, hemos constatado también, que, en 
contra de lo que entiende el Grupo Especial, el  Acuerdo SMC  permite a una autoridad investigadora 
evaluar las pruebas destinadas a demostrar que, independientemente de la privatización efectuada en 
condiciones de competencia y por el valor justo de mercado, el nuevo propietario privado puede, a 
pesar de ello, disfrutar el beneficio de una contri bución financiera anterior concedida a la empresa 
estatal.333  A la luz de esas conclusiones anteriores, di screpamos de la idea del Grupo Especial de que 
el artículo 1677(5)(F) es incompatible per se  con las obligaciones de los Estados Unidos en el marco 
de la OMC.  La base de esta constatación del Grupo Especial es incorrecta. 
159. Sigue planteándose la cuestión de si el artículo 1677(5)(F) es incompatible per se  con las 
obligaciones de los Estados Unidos en el marco de la OMC por imponer334 un método concreto, para 
determinar la existencia de un "beneficio " que es contrario a lo establecido en el  Acuerdo SMC .   
                                                      
330 El párrafo 4 del artículo XVI del  Acuerdo sobre la OMC  establece lo siguiente: 
 Cada Miembro se asegurará de la conformidad de sus leyes, reglamentos y procedimientos 
administrativos con las obligaciones que le impongan los Acuerdos anexos. 
 
331 Véanse supra , párrafos 126 a 127. 
 
332 Véanse supra , párrafos 121 a 124. 
 
333 Véase supra , párrafo 126. 
 
334 De ello no debe deducirse que excluyamos la posibilidad de que un Miembro viole sus obligaciones 
en el marco de la OMC mediante la promulgación de normas legislativas que confieran a sus autoridades 
facultades discrecionales para actuar de una manera que implique una infracción de sus obligaciones en el 
marco de la OMC.  No formulamos ninguna constatación a este respecto.  WT/DS212/AB/R 
 Página 81 
 
 
Coincidimos con el apelante y el apelado en que "el artículo 1677(5)(F) no prescribe […] ninguna 
metodología específica", y, en consecuencia, no obliga al USDOC a aplicar el método de la 
"misma persona".335  En consecuencia, el artículo 1677(5)(F),  en cuanto tal, no impide al USDOC 
determinar si sigue existiendo un "beneficio", como exige el  Acuerdo SMC .  Además, no 
consideramos que en la interpretación del artícu lo 1677(5)(F) formulada por el Tribunal Federal de 
Apelación de los Estados Unidos336 haya nada que impida al USDOC cumplir sus obligaciones en 
virtud del  Acuerdo SMC . 
160. Por todas las razones expuestas, revocamos la conclusión del Grupo Especial de que: 
En la medida en que el artículo 1677(5)(F),  tal como ha sido interpretado por el 
Tribunal Federal de Apelación de los Estados Unidos y en la DAA, obliga al 
Departamento de Comercio de los Esta dos Unidos a aplicar una metodología en 
virtud de la cual no se constata sistemátic amente que el productor privatizado, por el 
mero hecho de que la privatización se  ha llevado a cabo en condiciones de 
competencia y al valor justo de mercado, no obtiene un beneficio de una contribución 
financiera previa, dicha disposición impide  a los Estados Unidos ejercitar facultades 
discrecionales en forma compatible con la OMC.  Por consiguiente, el 
artículo 1677(5)(F) es incompatible con los artículos 10, 14, 19 y 21 del 
Acuerdo SMC tal como han sido interpretados en los informes del Grupo Especial y 
el Órgano de Apelación en el asunto Estados Unidos - Plomo y bismuto II  y por este 
Grupo Especial.  Al haberse constatado que el artículo 1677(5)(F) es incompatible 
con el  Acuerdo SMC , los Estados Unidos no han actuado en conformidad con el 
                                                      
335 Informe del Grupo Especial, párrafo 7.134;  respuestas de los Estados Unidos y de las Comunidades 
Europeas a preguntas formuladas en la audiencia. 
 
El Tribunal del Comercio Internacional de los Estados Unidos parece compartir también la opinión de 
que el artículo 1677(5)(F) no impone la utilización del método de la "misma persona".  En varias decisiones 
recientes, el Tribunal ha aclarado que ese método es incompatible con el artículo 1677(5)(F), como se ha 
interpretado Delverde III .  Véanse Ilva Lamiere E Tubi S.r.L. v. United States , 196 F. Supp. 2d 1347 
(Court of International Trade, 29 de marzo de 2002);  Acciai Speciali Terni S.p.A. v. United States , 
Nº 99-06-00364, slip op. 02-10 (Court of International Trade, 1º de febrero de 2002);  GTS Indus. v. United 
States , 182 F. Supp. 2d 1369 (Court of International Trade, 4 de enero de 2002);  Allegheny Ludlum Corp. v. 
United States , 182 F. Supp. 2d 1357 (Court of International Trade, 4 de enero de 2002). 
 
Destacamos también una decisión del Tribunal del Comercio Internacional de los Estados Unidos que 
ha confirmado el método de la "misma persona", considerando que es compatible con Delverde III  y que 
constituye por consiguiente un modo admisible de ejercitar las facultades discrecionales que la norma legal 
atribuye al USDOC.  Acciai Speciali Terni S.p.A. v. United States , 206 F. Supp. 2d 1344 (Court of International 
Trade, 4 de junio de 2002).  No obstante, en esta decisión, se reconoce expresamente que el artículo 1677(5)(F) no impide al USDOC elaborar cualquier metodología para determinar la subvención posterior a la privatización 
de una empresa extranjera objeto de investigación, siempre que no se aplique una norma per se .  
(Ibid., 1349-50, 1354-55.)  Estos asuntos fueron señalados a nuestra atención por los participantes y terceros 
participantes. 
 
336 Véase supra , nota 326. 
 WT/DS212/AB/R 
Página 82  
 
párrafo 5 del artículo 32 del 
 Acuerdo SMC  y el párrafo 4 del artículo XVI del 
Acuerdo sobre la OMC, respectivamente.337 
X. Constataciones y conclusiones 
161. Por las razones expuestas en el presente informe, el Órgano de Apelación: 
 a) confirma  las constataciones del Grupo Especial, que figuran en los párrafos 8.1 a), 
8.1 b) y 8.1 c) de su informe, de que los Estados Unidos han actuado de forma 
incompatible con el artículo 10, el artículo 14 , el párrafo 1 del artículo 19, el párrafo 4 
del artículo 19, el párrafo 1 del artículo 21, el párrafo 2 del artículo 21 y el párrafo 3 
del artículo 21 del  Acuerdo SMC , al imponer y mantener derechos compensatorios 
sin determinar si sigue existiendo un "benefic io" en las siguientes determinaciones en 
materia de derechos compensatorios: 
  - Hojas y tiras de acero inoxidable en rollos procedentes de Francia  
(C-427-815) (caso Nº 1); 
  - Determinados productos de acero al carbono cortados a medida procedentes 
de Francia  (C-427-817) (caso Nº 2); 
  - Determinadas varillas de acero inoxidable procedentes de Italia  (C-475-821) 
(caso Nº 3); 
  - Planchas de acero inoxidable en tiras procedentes de Italia  (C-475-823) 
(caso Nº 4); 
  - Hojas y tiras de acero inoxidable en rollos procedentes de Italia  (C-475-825) 
(caso Nº 5); 
  - Determinadas planchas de acero al carbono cortadas a medida procedentes 
de Italia  (C-475-827) (caso Nº 6); 
  - Planchas de acero al carbono cortadas a medida procedentes de Suecia  
(C-401-804) (caso Nº 7); 
  - Planchas de acero al carbono cortadas a medida procedentes del Reino 
Unido  (C-412-815) (caso Nº 8); 
                                                      
337 Informe del Grupo Especial, párrafo 8.1 d).  WT/DS212/AB/R 
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  - Determinados productos planos de acero al carbono resistente a la corrosión 
procedentes de Francia  (C-427-810) (caso Nº 9); 
  - Planchas de acero al carbono cortadas a medida procedentes de Alemania  
(C-428-817) (caso Nº 10); 
  - Planchas de acero al carbono cortadas a medida procedentes de España  
(C-469-804) (caso Nº 11);  y 
  - Electroacero de textura orientada procedente de Italia  (C-475-812) 
(caso Nº 12); 
 b) revoca  la constatación del Grupo Especial que figura en la primera frase del 
párrafo 8.1 d) de su informe, según la cual "si un Miembro importador ha determinado que una privatización se ha llevado a cabo en condiciones de 
competencia y por el valor justo de mercado, ha de llegar a la conclusión de que no sigue pudiendo atribuirse al productor privatizado ningún beneficio derivado de la 
contribución financiera anterior (o subvención)";  y 
 c) revoca
 la conclusión del Grupo Especial, que figura en la segunda frase del 
párrafo 8.1 d) de su informe, de que el  artículo 771(5)(F) de la Ley Arancelaria 
de 1930, modificado, 19 U.S.C. § 1677(5)(F), es incompatible con el  Acuerdo SMC  y 
de que, por consiguiente, "los Estados Unidos no han actuado en conformidad con el 
párrafo 5 del artículo 32 del Acuerdo SMC  y el párrafo 4 del artículo XVI del 
Acuerdo sobre la OMC , respectivamente"; 
 d) confirma  la conclusión del Grupo Especial, que figura en el párrafo 8.2 de su informe 
de que, en la medida en que los Estados Unidos han infringido sus obligaciones en 
virtud del  Acuerdo SMC , como se expone en los párrafos 8.1 a), 8.1 b) y 8.1 c) del 
informe del Grupo Especial, se presume prima facie  que las acciones 
correspondientes de ese país anulan o menoscaban beneficios resultantes para las Comunidades Europeas, de conformidad con el  párrafo 8 del artículo 3 de ESD;  y de 
que dado que los Estados Unidos no han refutado esa presunción, los Estados Unidos han anulado o menoscabado de hecho benefi cios resultantes para las Comunidades 
Europeas del 
 Acuerdo SMC . WT/DS212/AB/R 
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162. El Órgano de Apelación recomienda al Órgano de  Solución de Diferencias que solicite a los 
Estados Unidos que pongan sus medidas y su práctica administrativa (el método de la 
"misma persona"), cuya incompatibilidad con el 
 Acuerdo SMC  se ha constatado en el presente 
informe y en el informe del Grupo Especial modifi cado por el presente informe, en conformidad con 
las obligaciones que les impone dicho Acuerdo. 
 
 
 
 
 Firmado en el original en Ginebra a 22 de noviembre de 2002 por:  
 
 
 
 
_____________________ 
John Lockhart 
Presidente de la Sección 
 
 
  
 
 _____________________ _____________________ 
 Georges Abi-Saab James Bacchus 
 Miembro Miembro 
  
 
ANEXO I 
 ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DEL COMERCIO  WT/DS212/7 
11 de septiembre de 2002 
 (02-4760) 
 Original:   inglés 
 
 
 
 
ESTADOS UNIDOS - MEDIDAS COMPENSATORIAS QUE AFECTAN 
A DETERMINADOS PRODUCTOS ORIGINARIOS DE 
LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Notificación de la apelación de los Estados Unidos de conformidad con el párrafo 4  
del artículo 16 del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos  
por los que se rige la solución de diferencias (ESD ) 
 Se distribuye a los Miembros la siguiente notificación, de fecha 9 de septiembre de 2002, 
enviada por los Estados Unidos al Órgano de Solu ción de Diferencias (OSD ).  Esta notificación 
constituye también el anuncio de apelación, presentado en la misma fecha al Órgano de Apelación, 
con arreglo a los Procedimientos de trabajo para el examen en apelación . 
_______________ 
 De conformidad con el artículo 16 del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos 
por los que se rige la solución de diferencias ("ESD") y la Regla 20 de los Procedimientos de trabajo 
para el examen en apelación, los Estados Unidos notifican por la presente su decisión de apelar ante el 
Órgano de Apelación con respecto a ciertas cuestiones de derecho tratadas en el informe del Grupo 
Especial que se ocupó del asunto Estados Unidos - Medidas compensatorias que afectan a 
determinados productos originarios de las Comunidades Europeas (WT/DS212/R) y a determinadas 
interpretaciones jurídicas formuladas por el Grupo Especial. 
 Los Estados Unidos solicitan que el Órgano de Apelación examine las conclusiones del 
Grupo Especial que figuran en los párrafos 8.1 a)-d) y 8.2 de su informe.  Estas conclusiones son 
erróneas y se basan en constataciones erróneas sobre cuestiones de derecho e interpretaciones 
jurídicas conexas. 
__________ 
 