ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOIP/N/6/PAN/1
23 de junio de 1998
(98-2518)
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el ComercioOriginal:  español
LISTA DE CUESTIONES SOBRE LA OBSERVANCIA
Respuestas de Panamá
Procedimientos y recursos civiles y administrativos
a) Procedimientos y recursos judiciales civiles
1. Sírvanse indicar los tribunales que tienen competencia en casos de infracción de los
derechos de propiedad intelectual.
En la Jurisdicción Civil, el artículo 141 de la Ley 29 de 1996 crea los siguientes juzgados:
1.1. Tres (3) juzgados de circuito del ramo civil, denominados los Juzgados Octavo,
Noveno y Décimo, del Primer Circuito Judicial de Panamá;
1.2. Un Juzgado de Circuito en Colón;
1.3. Un juzgado de circuito del ramo civil en Coclé, denominado Juzgado Segundo de
Coclé;
1.4. Un juzgado de circuito del ramo civil en Chiriquí, denominado Juzgado Cuarto de
Chiriquí;  y
1.5. Un juzgado de circuito del ramo civil en Los Santos, denominado Juzgado Segundo
de Los Santos.
Por razones de índole presupuestaria, sólo fueron creados físicamente el Juzgado Octavo y
Noveno de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá.  A continuación citamos el
parágrafo transitorio del artículo 141 de la Ley 29 de 1996:
"Parágrafo transitorio.  Las normas procesales establecidas en esta Ley son de efecto
inmediato.  Sin embargo, los procesos contemplados en el numeral 3 de este artículo, que se hayan
iniciado con anterioridad a la creación de los tribunales previstos en esta Ley, serán declinados por el
Ministerio de Comercio e Industrias a favor de éstos, pero se regirán por la ley coetánea a su
iniciación.  Los procesos iniciados una vez se establezcan los tribunales antes mencionados, se regirán
en su totalidad por esta Ley."
En virtud de lo establecido en la norma antes aludida, los juzgados arriba detallados son
competentes para conocer, entre otras causas, de las controversias relacionadas con la propiedad
intelectual, incluyendo, entre otras, las relativas a derechos de autor y derechos conexos, marcas de
productos o de servicios y patentes, de conformidad con lo normado en el numeral 3 del
premencionado artículo 141.
La segunda instancia de estos procesos es competencia del Tercer Tribunal Superior de
Justicia del Primer Distrito Judicial, tal y como lo indica el artículo 143 de la Ley 29 de 1996.IP/N/6/PAN/1
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2. ¿Qué personas están legitimadas para hacer valer derechos de propiedad intelectual?
¿Cómo pueden estar representadas esas personas?  ¿Hay disposiciones que prescriban
la comparecencia personal obligatoria del titular del derecho ante el tribunal?
El titular de un derecho protegido en virtud de la Ley 35 de 10 de mayo de 1996, sobre
propiedad industrial, por la Ley 15 de 8 de agosto de 1994, sobre Derecho de Autor y DerechosConexos o por los convenios internacionales relativos a estas materias, suscritos por la República de
Panamá, está legitimado para hacer valer derechos de propiedad intelectual.
Igualmente, el artículo 107 de la Ley 35 de 1996 establece que en materia de marcas
"...cualquier persona podrá presentar demanda de oposición al registro de la marca solicitada"; y el
artículo 77 señala, en el caso de los modelos o dibujos industriales que "...cualquier interesado podrá
presentar, ante el tribunal correspondiente, oposición al registro solicitado". art. 117, 127, 128, 129, de
la Ley 15 de 1994.
Estas personas habrán de estar representadas judicialmente mediante abogado, (art. 608 del
Código Judicial) salvo la gestión oficiosa para actuar sin poder, contemplada en el artículo 631 del
Código Judicial.  No existe norma alguna que exija la comparecencia personal obligatoria del titular
del derecho ante el Despacho, más que aquella que implique la orden del Tribunal derivada de la
solicitud de una de las partes para que su contraparte rinda una declaración jurada, situación éstacontemplada en el artículo 890 del Código J udicial, o la intención de presentar el poder
personalmente, cuando no se desee hacerlo ante No tario (numeral 2º y 3º del art. 614 del Código
Judicial).
3. ¿Qué facultades tienen las autoridades judiciales para ordenar a una parte en un
procedimiento, a petición de la parte contraria, que aporte pruebas que estén bajo sucontrol?
En base al artículo 173 de la Ley 29 de 1996,
"Cualquiera de las partes puede exigir, a la otra, la divulgación de informaciones y el
suministro de documentos, por cualquiera de los siguientes medios:
1. Declaraciones juradas mediante preguntas orales, o escritos;
2. Interrogatorios escritos o dirigidos a las partes;3. Exhibición de documentos y otros objetos;4. Permiso para entrar en terrenos y otras propiedades, con el objeto de efectuar
inspecciones oculares y para otros fines;
5. Exámenes físicos o mentales;6. Solicitud de reconocimiento de hechos, cosas o documentos.Podrán, también, obtener el aseguramiento de pruebas, mediante los mecanismos
contemplados en el Código Judicial." (artículos 803 - 818 del Código Judicial).
Por su parte el artículo 174 de la Ley 29 de 1996, establece a su vez que:
"A menos que el juez haya fijado limitaciones, cualquier parte puede exigir, a las
otras, que le suministren o muestren información, cosas o documentos, en relación
con cualquier asunto no sujeto a secreto profesional, que sea conducente a lo que esIP/N/6/PAN/1
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objeto del litigio y que se relacione con la reclamación o defensa de cualquier
parte,...".
Estas normas no son aplicables a los procesos marcarios, regidos por la Ley 35 de 1996, sólo
a los de derecho de autor, los cuales se rigen por el art. 145 de la Ley 29 de 1996.
Por otra parte, en base al artículo 880 del Código Judicial, el Juez, de oficio o a solicitud de
parte, puede solicitar a cualquiera oficina pública, entidad estatal o descentralizada o a cualquier
banco, empresa aseguradora o de utilidad pública que rindan los informes que se estimen pertinentes
para verificar las afirmaciones de las partes.
La Ley 35 de 1996, en su artículo 189, contempla la práctica de inspecciones judiciales sobre
lugares, documentos o cosas, que guarden relación con puntos controvertidos en el proceso.
4. ¿Qué medios se prevén para identificar y proteger la información confidencial aportada
como prueba?
La Ley 29 de 1996 se refiere al tema en sus artículos 175 y 176.  Primeramente, tenemos que
en cuanto a la información sobre contratos de seguro, se establece que no se podrá obtener
información que verse sobre la solicitud de seguro que forma parte del contrato.
Artículo 175: ...Si se solicita información más amp lia, o documentación adicional, el tribunal puede
ordenar que se realice por otros medios, con sujeción a las restricciones relativas al ámbito de ladivulgación y alas disposiciones referentes a honorarios y desembolsos, que considere apropiados.
(Tercer párrafo del art. 175 de la Ley 29)
Asimismo, señala el artículo 176 de la Ley 29 que el Tribunal está en capacidad de dictar
resoluciones a solicitud de la parte a la cual se le ha requerido la divulgación, para proteger a la parte
contra molestias, humillaciones, gastos injustificados o cualquier otro abuso, incluyendo:
"1. Que no se permita la divulgación, dado su carácter manifiestamente temerario, o se le
requiera caución prudente del tribunal;
2. Que la divulgación sea permitida solamente bajo ciertos términos y condiciones
específicos, incluyendo hora, fecha y lugar;
3. Que la divulgación sea hecha únicamente por uno de los medios de divulgación
distinto al solicitado;
4. Que no se investiguen ciertos asuntos, o que el ámbito de la divulgación quede
limitado a ciertos asuntos;
5. Que la divulgación sea hecha únicamente en presencia de las personas designadas por
el tribunal;
6. Que una vez sea sellada una declaración tomada extra juicio, sólo puede ser abierta
por providencia del tribunal;
7. Que un secreto comercial u otras investigaciones, descubrimientos o informaciones
comerciales, de carácter confidencial, no sean divulgados;
8. Que las partes presenten simultáneamente, al tribunal, determinados documentos o
informaciones en sobres sellados, para ser abiertos solamente cuando lo ordene el
tribunal."IP/N/6/PAN/1
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5. Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades
judiciales y los criterios, legislativos o jurisprudenciales, sobre su utilización:
En materia de propiedad intelectual pueden darse las siguientes situaciones:
a) Mandamientos judiciales:
En cuanto al uso indebido de los derechos de propiedad industrial, tenemos que el artículo
165 de la Ley 35 de 1996, establece las sanciones que aplicará el juez al que incurra en las conductas
tipificadas en el artículo 164 de la Ley 35 de 1996.  Estas medidas incluyen multa de B/.10,000.00 a
B/.200,000.00; suspensión del derecho de ejercer el comercio por un período de tres meses, y
suspensión o cancelación de la clave o permiso de operación.
Artículo 164 de la Ley 35 de 1996.  Del uso indebido de una patente de invención, modelo de
utilidad, modelo o dibujo industrial, marca, nombr e comercial, expresión o señal de propaganda, son
responsables, el fabricante, el introductor, el expendedor y todas las personas que, de una u otraforma, hayan participado en circulación.  Por consiguiente, incurrirán en las sanciones
correspondientes:
1. Los que fabriquen o elaboren productos amparados por una patente de invención o un
registro de modelo de utilidad, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;
2. Los que ofrezcan en venta, o pongan en circulación, productos amparados por una
patente de invención o por un registro de modelo de utilidad, a sabiendas de que fueron fabricados o
elaborados sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva;
3. Los que utilicen procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin
la licencia respectiva;
4. Los que ofrezcan en venta, o pongan en circulación, productos que sean resultado de
la utilización de procesos patentados, a sabiendas de que fueron utilizados sin el consentimiento del
titular de la patente o de quien tenga licencia de explotación.
5. Los que reproduzcan modelos o dibujos industriales protegidos por un registro, sin el
consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;
6. Los que falsifiquen o adulteren, de alguna manera, una marca o denominación
comercial,
7. Los que en sus propios productos o artículos de comercio, o en servicios, rótulos o
avisos comerciales, utilicen una marca, un nombre o denominación comercial, idéntico o
sustancialmente parecido al que pertenezca a otra persona;
8. Los que, de cualquier modo, hagan uso de marcas, nombres o denominaciones
comerciales, en que de modo patente se manifieste la intención de imitar, por cualquier concepto, una
marca, nombre o denominación comercial, registrada favor de otra persona.
9. Los que vendan, ofrezcan en venta, o consientan vender o poner en circulación,
artículos o servicios que lleven marcas falsificadas o fraudulentamente aplicadas, y los que distingan
sus establecimientos comerciales o fabriles, utilizando rótulos, papelería y demás distintivos que
lleven marcas, nombres o denominaciones comerciales, falsificados o fraudulentamente aplicados;
10. Los que marquen o hagan marcar artículos con designaciones o rótulos falsos,
respecto de su naturaleza, calidad, cantidad, número, peso o medida, o del país de procedencia oIP/N/6/PAN/1
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fabricación, o usen las denominaciones de marca registrada o las iniciales equivalentes, M.R. o R,
cuando la marca no estuviere el numeral anterior;
11. Los que, a sabiendas, vendan u ofrezcan en venta artículos o servicios con falsas
indicaciones, a las que se refiere el numeral anterior;
12. Los que, de algún modo, usen una marca amparando con ella términos de
comparación de otra marca, cuyos productos o servicios sean similares o idénticos, con el sólo
propósito de diluir o destruir la fuerza distintiva o el valor comercial de dicha marca, causando con
ello perjuicio a su propietario.
Del mismo modo, también podrá el Juez, ante una acción de infracción de los derechos
intelectuales protegidos, ordenar la cesación de los actos que infrinjan el derecho, la indemnización
por daños y perjuicios sufridos (art. 117 de la Ley 15 de 1994), medidas para evitar la continuación de
la infracción, la publicación de la sentencia condenatoria en la Gaceta Oficial.
Podrá ordenar medidas cautelares inmediatas, las cuales se encuentran detalladas en el
artículo 172 de la Ley 35 de 1996, para efectos de propiedad industrial y los artículos 117-118-119-
120 de la Ley 15 de 1994, para la intelectual.
Por su parte, dentro de la instrucción sumarial, el funcionario instructor podrá aprehender
provisionalmente los bienes objeto de investigación, así como los medios utilizados en la comisión delhecho punible.
El Juez podrá ordenar a la Dirección Genera l de Aduanas que, cuando por cualquier medio
tenga noticia de mercancía que se encuentre en trámite en aduana que pueda estar infringiendo
disposiciones legales, que inspeccione y hasta retenga dicha mercancía.  También se le podrá ordenar
dicha medida a las autoridades de la Zona Libre de Colón y demás zonas francas o procesadoras queadministre el Estado.
b) Órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, con inclusión de la reparación
por concepto de beneficios y los gastos, comprendidos los honorarios de los
abogados:
Las que tengan que ver con las reclamaciones de las partes:  la demandante en base al
numeral 2 del artículo 169 de la Ley 35 de 1996, y el demandado, en caso de que se le haya
perjudicado con alguna medida adoptada en virtud del Título VII de la Ley 35 de 1996 o de la Ley 15
de 1994, para las cuales previamente se exigió una caución a tales propósitos.
En las sentencias correspondientes a las acciones civiles entabladas en base al artículo 167 de
la Ley 35 de 1996 o a la Ley 15 de 1994, en el proceso, podrá imponerse el pago de costas y gastos
del proceso en contra de la parte contra la cual sea emitido el pronunciamiento.
c) Destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos
comerciales de las mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos
utilizados para su producción.IP/N/6/PAN/1
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6. ¿En qué circunstancias están, en su caso, las autoridades judiciales facultadas para
ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros
que hayan participado en la producción y dist ribución de los bienes o servicios respecto
de los cuales se haya determinado que se trata de bienes o servicios infractores, y sobre
sus circuitos de distribución?
A través de la instrucción sumarial a la que se refiere el artículo 173 de la Ley 35 de 1996,
puede llegar a revelarse la identidad de los terceros que presuntamente hayan participado en el ilícito.
Tal y como lo indica el artículo 175, el titular del derecho protegido en la República de Panamá, está
facultado para participar activamente en el sumario y el proceso penal, si cumple con los
condicionamientos exigidos para el caso.
7. Sírvanse describir las disposiciones relativas a la indemnización a los demandados a los
que se haya impuesto indebidamente una obligación.  ¿En qué medida son responsableslas autoridades y/o funcionarios públicos en tal caso y qué "medidas correctivas" les son
aplicables?
Las leyes que regulan la materia, contemplan una serie de fianzas y cauciones exigidas a los
titulares de los derechos supuestamente afectados para poder accionar.  Por ejemplo:
a) El artículo 177 de la Ley 35 de 1996, establece que:  "...El titular deberá contestar por
escrito si se opone a la introducción o al tránsito de la mercancía retenida. ... pero si se opone, estará
en la obligación de consignar fianza."
b)  El artículo 175 de la Ley 35 de 1996, establece la necesidad de caucionar una suma
no menor de B/.2,000.00, ni mayor de B/.5,000.00 para  que el titular del derecho protegido pueda
constituirse en calidad de gestor oficioso dentro de un sumario y proceso penal.
c)  El artículo 172 de la Ley 35 de 1996, señala que "El juez podrá ordenar las medidas
cautelares apropiadas, para asegurar la ejecución de la sentencia que pudiera dictarse en la acción
respectiva."; y más adelante dispone que:  "Si la acción por infracción no fuese entablada dentro de
los diez días siguientes a la imposición de una medida cautelar, ésta quedará sin efecto de pleno
derecho y el actor quedará sujeto a la indemnización de daños y perjuicios que hubiese causado."
d)  También el artículo 171 de la misma excerta legal plantea la necesidad de caucionar
previo a la iniciación de una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial.
e)  En cuanto a la propiedad intelectual, se regula esta materia bajo los parámetros del
Código Judicial (artículo 117, Ley 15 de 1994) que establece caución previa para la realización de una
medida cautelar para responder a los perjuicios y costas que pudiere ocasionar al igual que lo
contempla el artículo 119 de la Ley 15 de 1994.
En cuanto a las medidas correctivas aplicables a las autoridades y funcionarios públicos que
hayan impuesto indebidamente una obligación, contam os con las disposiciones del Código Judicial
que van del artículo 441 al 455, relativas a la ética judicial.
8. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los
procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los
procedimientos y su costo.
En el caso de los procesos relativos a la materia de propiedad industrial, la duración se calcula
en 5 meses aproximadamente, término éste que descansa, entre otras, en las siguientes prerrogativas:
a) Tomar en consideración la morosidad heredada en cada Tribunal;IP/N/6/PAN/1
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b) Que el expediente no se haya iniciado con gestoría oficiosa;
c) Que no exista necesidad de invertir tiempo en emplazar por edicto al demandado;
d) Que no existan posposiciones de audiencias o solicitudes de suspensión del proceso;
e) Que no existan litis consorcios;
f) Que no se solicite práctica de pruebas en el extranjero.En los otros casos que se ventilan en estos Tribunales, es difícil determinar un término de
duración estimado para los mismos, puesto que cada caso en particular va a depender de una serie de
circunstancias que tienen que ver, entre otras cosas, con la colaboración que brinden tanto las partes
como los auxiliares de la justicia.
En relación con las disposiciones que determinan los términos a fijarse dentro de los procesos
relativos a la materia de propiedad industrial , y las cuales influyen en la duración de este tipo de
causas, contamos con los artículos 183, 185, 187, 188 de la Ley 35 de 1996 que establece el término
de traslado en cinco días, así como el artículo 191 de dicha excerta legal que plantea la posibilidad de
fallar en el acto de audiencia, en cuyo defecto plantea el término de 20 días hábiles para emitir el
correspondiente pronunciamiento.  Por lo demás, se sigue lo establecido en el Código Judicial a ese
respecto.
En cuanto a la propiedad intelectual, el procedimiento se rige por el art. 145 de la Ley 29,
proceso oral; con audiencia preliminar y bastante celero.
Artículo 145: Reglas Procesales. Los procesos a que se refiere el artículo 141, salvo
procedimiento especial, se regirán por las siguientes reglas; 1.  El procedimiento será
oral. En la providencia que corre traslado, se señalará fecha para la audiencia, la que
se notificará personalmente; 2.  El término para el traslado de la demanda es de diez(10) días. En la respectiva providencia de traslado de la demanda, el juez señalará la
fecha de la audiencia preliminar, para considerar; a. La conveniencia de puntualizar y
simplificar los puntos controvertidos; b. La necesidad o conveniencia de corregir los
escritos de las partes; c. La posibilidad de que las partes admitan hechos y
documentos que hagan innecesaria la práctica de determinadas pruebas; d. Limitar el
número de peritos;          e. El señalamiento de la fecha y hora para que las partes,
acompañadas de sus pruebas, comparezcan en audiencia ordinaria; f. Otros asuntos
cuya consideración pueda contribuir a hacer más expedita la tramitación. Todo lo
anterior fijará los hechos sometidos a debate; 3. Las partes podrán, hasta tres (3) días
antes de la audiencia de fondo, solicitar al juez que cite a los testigos, especificando el
lugar de su residencia u oficina, caso en el cual el juez empleará la medidas
compulsorias necesarias;       4. La audiencia se celebrará con intervención de laspartes que concurran; pero si no compare ninguna, a pesar de un segundo
señalamiento, se pronunciará sentencia con fundamento en las pruebas que se
hubieren aducido o acompañado a la demanda y a la contestación y en las que el juez
considere conveniente agregar. En el caso de que la prueba no se pueda practicar en el
día señalado para la audiencia, se realizará el día hábil siguiente; 5. El juez podrápracticar pruebas de oficio y, en todos los casos, deberá citar a las partes para que las
fiscalicen en contradictorio, de acuerdo con las normas del Código Judicial; 6.  Los
incidentes se decidirán en la sentencia, salvo que el Código Judicial autorice
expresamente un trámite especial, o que por su naturaleza puedan o deban resolverse
inmediatamente que se formulen. En el primer supuesto, una vez interpuestos, se darátraslado por tres (3) días a la parte contraria; y en el segundo caso, se resolverá de
plano y sin recurso alguno;  7. El juez debe estar presente durante la totalidad de laIP/N/6/PAN/1
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audiencia en trámite. De no hacerlo el superior jerárquico, de oficio o a solicitud de
parte o del Ministerio Público, le impondrá una multa que no será menor de
veinticinco balboas (B/.25.00) ni mayor de cien balboas (B/.100.00); 8. Sólo se
permitirá el aplazamiento de la audiencia, por una sola vez y por justo motivo
invocado por cada parte antes de que la audiencia se inicie. De otro modo, ésta secelebrará en la fecha que se señale, con cualquiera de las partes que asista; 9. Sólo es
apelable la resolución que le ponga fin a la instancia, la que imposibilite su
continuación y la que decrete medidas provisionales o cautelares.  La apelación de la
sentencia se concederá en el efecto suspensivo; la resolución que decrete medidas
provisionales o cautelares, en el efecto devolutivo, y los autos que pongan fin a la
instancia o imposibiliten la continuación del proceso, en el efecto diferido; 10. El
recurso de apelación se tramitará de acuerdo con la Sección 8a. del Capítulo I, TítuloXII. Libro II del Código Judicial.
b) Procedimientos y remedios administrativos
9. Sírvanse facilitar los datos solicitados en la s respuestas anteriores en relación con los
procedimientos administrativos referentes al fondo de un caso y con los remedios que
puedan ordenarse a resultas de esos procedimientos.
9.1. Sírvanse indicar las autoridades que tienen competencia en casos de infracción
de los derechos de propiedad intelectual.
La Dirección Nacional de Derecho de Autor, dependencia del Ministerio de Educación de
Panamá, establecida en el año 1995, de conformidad con la Ley 15 de 8 de agosto de 1994, sobre
Derecho de Autor y Derechos Conexos, es la autoridad competente para conocer de los casos deinfracción del derecho de autor y derechos conexos en el ámbito administrativo (artículo 2 numeral 2
y artículo 109 de la Ley 15 de 8 de agosto de 1994, sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos).
9.2. ¿Qué personas están legitimadas para hacer valer derechos de propiedad
intelectual?  ¿Cómo pueden estar representadas esas personas?  ¿Hay
disposiciones que prescriban la comparec encia personal obligatoria del titular
del derecho ante el tribunal?
Están legitimados para hacer valer los derechos de autor y derechos conexos, los autores y
titulares de tales derechos con capacidad legal para ejercer tales procedimientos.
Los autores en su condición de personas naturales podrán a título personal o por medio de
apoderado judicial interponer denuncias ante la Dir ección Nacional de Derecho de Autor, infracciones
administrativas por parte de usuarios de obras, interpretaciones y producciones protegidas.
Las sociedades o corporaciones nacionales o extranjeras, titulares de derecho de autor y
derechos conexos, domiciliadas éstas últimas, en otro país, con negocios o establecimientos
permanentes en Panamá, deberán constituir en el lugar o lugares donde tengan tales negocios,
apoderados o agentes con capacidad para representarlas según lo dispone el artículo 589 del Código
Judicial, para lo cual deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes en materia de sociedades
o corporaciones.
No se requiere la comparecencia obligatoria del titular del derecho ante la Dirección Nacional
de Derecho de Autor.
9.3. ¿Qué facultades tienen las autoridades judiciales para ordenar a una parte en un
procedimiento, a petición de la parte contraria, que aporte pruebas que estén
bajo su control?IP/N/6/PAN/1
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La Ley de Derecho de Autor ni ninguna otra disposición legal facultan a la Dirección
Nacional de Derecho de Autor, para ordenar a una parte en un procedimiento, a petición de la parte
contraria, que aporte pruebas que estén bajo su control. No obstante, se aplica en este caso el
artículo 43 numeral 1 del Acuerdo sobre los Aspect os de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC) toda vez que este Acuerdo, al igual que los demás, queconforman el Acuerdo de Marrakech, fueron aprobados  mediante Ley 23 de 15 de junio de 1997 y son
de aplicación inmediata, de conformidad con el procedimiento que establece la Constitución Política
Nacional, en sus artículos 4 y 153, numeral 3.
9.4. ¿Qué medios se prevén para identificar y  proteger la información confidencial
aportada como prueba?
La Ley de Derecho de Autor ni ninguna otra disposición legal contiene normas referentes a la
identificación y protección de la información aportada como prueba en un proceso administrativo; noobstante se aplica en este caso el artículo 43 del ADPIC, aprobado mediante Ley 23 de 15 julio de
1997.
Por otra parte, en el Reglamento de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos se
establece que la Dirección mantendrá la confidencialidad de los programas de ordenador, sin embargo
podrá requerir a los autores o titulares la información necesaria que permita el acceso a la secuenciade instrucciones del programa de ordenador, contenida en el soporte magnético, en los casos de
arbitraje sometidos a la Dirección o por mandato judicial. (artículo 66, numeral 10 del Decreto
Ejecutivo 261 de 3 de octubre de 1995.
El artículo 837 del Código Administrativo establece que todo individuo tiene derecho a  que
se le den copias de los documentos que existan en las oficinas públicas, siempre que no tengancarácter de reserva.  Asimismo dispone que ningún empleado podrá dar copia simple de documento
que tenga carácter de reservado, ni copia auténtica de cualquier documento, sin orden del jefe de la
oficina de quien dependa.
9.5. Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las
autoridades judiciales y los criterios, le gislativos o jurisprudenciales, sobre su
utilización:
De conformidad con el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Derecho de Autor y Derechos
Conexos aprobado mediante Decreto Ejecutivo 261 de 8 de agosto de 1995, puede ordenar la práctica
de las medidas cautelares que establece el artículo XII de la Convención Interamericana sobre el
Derecho de Autor en Obras Literarias, Científicas y Artísticas, suscrita en Washington en 1946, y que
son las siguientes: secuestro de oficio o a petición del titular lesionado, de todas las publicaciones o
reproducciones ilícitas y suspensión de toda representación o ejecución pública de piezas teatrales ocomposiciones musicales en violación de los derechos de autor, a petición del titular lesionado.  Estas
medidas podrán adoptarse sin perjuicio de las acciones civiles y penales pertinentes.
La Sala Tercera (de lo Contencioso Administrativo) de la Corte Suprema de Justicia, con
motivo de demanda contencioso administrativa de nulidad para que declarara nulo por ilegal el
artículo 75 del Decreto 261 de 1995, declaró en reciente Sentencia de 22 de octubre de 1997, que noes ilegal la referida norma por cuanto que el artículo 4 de la Constitución Política Nacional impone a
la República de Panamá, la obligación de acatar las normas de derecho internacional y consecuencia,
tampoco infringe disposiciones de la Ley 15 de 1994 sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos.
Además de ello, la Corte Suprema reconoció que el artículo 128 de dicha disposición legal establece
un régimen especial de protección para las obras extranjeras, de conformidad con el cual losconvenios internacionales en materia de derecho de autor y derechos conexos, se aplican
preferentemente sobre el régimen jurídico nacional.IP/N/6/PAN/1
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Por otra parte, el artículo 114 de la Ley 15 de 1994, dispone que la Dirección Nacional,
de oficio o a solicitud de parte interesada, procederá a la suspensión de cualquier modalidad de
comunicación pública de las obras, interpretaciones o protegidas por la citada Ley, cuando el
responsable no acredite por escrito su condición de cesionario o licenciatario de uso del respectivo
derecho y modalidad de utilización, sin perjuicio de la facultad de la parte interesada de dirigirse a laautoridad judicial para que tome medidas definitivas de su competencia.
La Dirección Nacional tiene entre sus atribuciones la de imponer sanciones consistentes en
multas de mil a veinte mil balboas (equivalentes a dólares estadounidenses) por la comisión de
infracciones “que no constituyan delitos” (es decir, faltas administrativas).  En caso de reincidencia,
que se considerará como tal, la repetición de un acto de la misma naturaleza en un lapso de un (1) año,
se podrá imponer el doble de la multa, tal como dispone el artículo 109, numeral 7 y el artículo 113 de
la Ley 15 de 8 de agosto de 1994.
También la Dirección Nacional de Derecho de Autor podrá aplicar sanciones   a las
sociedades de gestión colectiva, que van desde la amonestación (artículo 109, numerales 5 y 6 de la
Ley 15 de 1994 y artículo 72, numeral 5 del Decreto 261 de 1995) privada o publica, imposición de
multas de mil a veinte mil balboas (equivalente a dólares estadounidenses), suspensión de la
autorización de funcionamiento y cancelación de la autorización de funcionamiento.
La Dirección Nacional de Derecho de Autor tiene además facultades para intervenir en vía de
conciliación y arbitraje, en los conflictos que se presentan con motivo del goce o a petición de parte,
funciones de vigilancia e inspección sobre las actividades que puedan dar lugar al ejercicio del
Derecho de Autor y Derechos Conexos (artículo 109, numerales 5 y 6 de la Ley 15 de 8 de agosto
de 1994 y artículo 72, numeral 5 del Decreto 261 de 3 de octubre de 1995).
9.6. ¿En qué circunstancias están, en su caso, las autoridades judiciales facultadas
para ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad
de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los
bienes o servicios respecto de los cuales se haya determinado que se trata de
bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución?
La Dirección Nacional de Derecho de Autor no está facultada para ejercer la facultad que
establece el artículo 47 del ADPIC, por cuanto que esta norma es aplicable en caso de infracciones
penales y esta Dirección solamente tiene competencia para conocer de infracciones administrativas.
9.7. Sírvanse describir las disposiciones relativas a la indemnización a los
demandados a los que se haya impuesto indebidamente una obligación.  ¿En qué
medida son responsables las autoridades y/o funcionarios públicos en tal caso y
qué "medidas correctivas" les son aplicables?
La Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos ni ninguna otra disposición  faculta a la
Dirección Nacional de Derecho de Autor para ordenar la indemnización del demandado, en los casos
previstos en el artículo 48 del ADPIC.  No obstante sí puede imponer sanciones disciplinarias tales
como traslado o destitución a funcionarios que incurran ineptitud comprobada en un lapso no menor
de un año, en el ejercicio de sus funciones o en actos que riñen con la moral que debe observar unfuncionario, de conformidad con el procedimie nto que establece la Ley 47 de 1946, adicionada y
modificada por la Ley 34 de 6 de julio de 1995, Orgá nica del Ministerio de Educación y el Decreto
Ejecutivo 618 de 9 de abril de 1952. El abuso del procedimiento de observancia por parte de
funcionarios de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, por ser una dependencia del Ministerio
de Educación está comprendido entre las faltas anteriormente señaladas, salvo en los casos deactuaciones de buena fe para la administración de la Ley, como lo dispone el numeral 2 de la norma
precitada. Sin perjuicio de ello, el funcionario que comete la falta disciplinaria enunciada, tambiénIP/N/6/PAN/1
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podría incurrir en responsabilidad penal por abuso de autoridad conforme lo establece el artículo 336
del Código Penal.
9.8 Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los
procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de
los procedimientos y su costo.
En la Ley de Derecho de Autor ni en ninguna otra disposición legal se regula la duración y el
costo de los procedimientos administrativos.  La duración  real no es posible determinarla con
exactitud, por cuanto que con motivo de demanda contencioso administrativa contra el artículo 75 del
Reglamento de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos (Decreto Ejecutivo 261 de 3 de
octubre de 1996  que faculta a la Dirección Nacional de Derecho de Autor para ejercer medidas
cautelares la  Sala Tercera (de lo contencioso administrativo) de la Corte Suprema de Justicia dispuso
suspender los efectos de dicha norma mediante auto de 12 de julio de 1996, (año en que la estaDirección inició las acciones antipiratería) y en consecuencia, quedaron suspendidos todo los procesos
en trámite. 
Recientemente, la Corte Suprema de Justicia mediante Sentencia 22 de octubre de 1997,
declaró que no es ilegal el artículo 75 del Decreto 261 de 1995 y revocó la medida cautelar de
suspensión, lo que ha permitido reanudar la tramitación de los casos que se ventilaban ante estaDirección. Sin embargo, con posterioridad a la reciente decisión de la Corte Suprema no se ha
formulado denuncia alguna ante esta Dirección, lo cual no permite tampoco establecer con precisión
la duración actual de los procedimientos. No obstante, podría estimarse entre a cinco (5) a seis (6)
meses.
En lo concerniente al costo es preciso señalar que la Dirección Nacional de Derecho hasta la
fecha no fijado tasas ni tarifas por los servicios que presta en concepto de procedimientos
administrativos.
Medidas provisionales
a) Medidas judiciales
10. Sírvanse describir los tipos de medidas provisionales cuya adopción puede ser ordenada
por las autoridades judiciales, así como el fundamento jurídico de esa facultad.
Provisionalmente el juez podrá ordenar las siguientes medidas cautelares, en base al
artículo 172 de la Ley 35 de 1996:
"1. Cesación inmediata de los actos de infracción;
2. Retención o depósito de los objetos materia de la infracción y de los medios
exclusivamente destinados a realizar la infracción;
3. Suspensión de la importación o de la exportación de los objetos o medios, a que se
refiere el numeral precedente;
4. Constitución, por el presunto infractor, de una fianza u otra garantía, para el pago de
la eventual indemnización de daños y perjuicios;
5. Suspensión de la clave o permiso de operación, otorgado por las autoridades
administrativas de la Zona Libre de Colón, zona franca o zona procesadora para laexportación existente en Panamá.  Dicha suspensión será levantada medianteIP/N/6/PAN/1
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constitución de fianza bancaria, monetaria, de seguros o títulos de la deuda pública
del Estado.  El monto de la fianza será proporcional al estimado del daño causado;
6. Retención o depósito, por las autoridades aduaneras competentes, de la mercancía u
objetos materia de la infracción, que se encuentren en trámite aduanero o en tránsito
en cualquier parte del territorio nacional."
También las Medidas Cautelares del Código Judicial y la Ley 15 de 1994, resumidas en la
respuesta No.5.
11. ¿En qué circunstancias puede ordenarse la adopción de esas medidas inaudita altera
parte ?
El artículo 171 de la Ley 35 de 1996 establece que:  "...Las medidas cautelares se tramitarán,
inoída parte , en expediente separado, y el juez las practicará de inmediato y sin más trámite,
pudiendo , una vez efectuada la diligencia, ordenar que la parte que pidió la medida consigne una
caución,..."; El artículo 523 del Código Judicial: "Para evitar que el proceso sea ilusorio en sus efectos
y que la parte demandada trasponga, enajene, oculte, empeore, grave o disipe los bienes muebles o
inmuebles que posea, el demandante podrá pedir, antes de presentada la demanda o después de
presentada, en cualquier estado del proceso ya sea ordinario o especial, el depósito de ellos en mano
de un depositario que nombrará el Tribunal.  Una vez recibida la petición de secuestro, el Juez fijarála caución discrecionalmente, tomando en cuenta el valor y naturaleza del bien o de los bienes que se
van a secuestrar, la suma por la cual se pide el secuestro y los posibles perjuicios que se puedan
ocasionar, de suerte que la caución no sea irrisori a ni excesiva.  La caución responderá por los daños y
perjuicios que se puedan causar.”
12. Sírvanse describir el procedimiento principal para iniciar el proceso de adopción de
medidas provisionales, ordenar su adop ción y mantenerlas en aplicación, y
especialmente los plazos pertinentes y las medidas de salvaguardia para proteger los
intereses legítimos del demandado.
Este tipo de medidas surgen a través de la acción por infracción de la que trata el artículo 171
de la Ley 35 de 1996, artículo 117 de la Ley 15 de 1994 y 523 del Código Judicial, a través de unasolicitud elevada ante el Tribunal por el titular del derecho supuestamente afectado.  El Tribunal las
practicará de inmediato y sin más trámite, y podrá ordenar la consignación de una caución a la parte
correspondiente.
13. ¿Cuáles son normalmente la duración y el costo del procedimiento?
La duración de cada proceso se determina en cada caso particular; no hay un término de
duración fijado, igualmente, los costos del procedimiento y los honorarios de los abogados varían en
cada caso. (Según la tarifa de honorarios mínima  para procesos de marca B/.500.00; procesos de
propiedad intelectual B/.350.00 aprobada mediante Ley)
b) Medidas administrativas
14. Sírvanse describir los tipos de medidas provisionales cuya adopción puede ser ordenada
por las autoridades judiciales, así como el fundamento jurídico de esa facultad.
Las medidas provisionales cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades
administrativas consisten en medidas cautelares a las cuales nos referimos en la respuesta a la
pregunta número 9.5 del presente cuestionario.IP/N/6/PAN/1
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14.1. ¿En qué circunstancias puede ordenarse la adopción de esas medidas   inaudita
altera parte  ?
La Dirección Nacional de Derecho de Autor está facultada para ordenar de oficio la práctica
de las medidas cautelares descritas en la contestación a la pregunta número 9.5 de este cuestionario.
De igual modo esta unidad administrativa puede proceder a efectuar inspecciones a los usuarios deobras, interpr 1etaciones y producciones protegidas.
14.2 Sírvanse describir el procedimiento principal para iniciar el proceso de adopción
de medidas provisionales, ordenar su adopción y mantenerlas en aplicación, y
especialmente los plazos pertinentes y las medidas de salvaguardia para proteger
los intereses legítimos del demandado.
Para iniciar el proceso de adopción de medidas provisionales en el caso infracciones
administrativas consistentes en la utilización de obras y producciones protegidas sin haber obtenido laautorización previa del titular del derecho, mediante licencia de uso o cesión de derechos otorgada por
escrito, es necesario que el autor o titular del derecho de autor, por conducto de apoderado legal, si se
trata de una persona jurídica, previamente interponga una denuncia ante la Dirección Nacional de
Derecho de Autor contra el presunto infractor, salvo el caso en que esta dependencia actúe de oficio.
Luego de acogida la denuncia se ordena una inspección al lugar donde se realiza la actividadinfractora. Seguidamente se ordena la adopción de medidas cautelares si hubiere de lugar y si se trata
de obras y producciones extranjeras, tal como establece el artículo 75 del Decreto 261 de 1995. Tales
medidas consisten en el secuestro de las reproducciones o publicaciones ilícitas. En el caso de que se
tengan evidencias de la comisión de la falta denunciada, la Dirección notificará al presunto infractor,
emplazándolo para que dentro de un plazo de quince (15) días presente las pruebas para su defensa.Seguidamente la Dirección luego de evaluar el caudal probatorio aportado en el expediente podrá
decidir mediante resolución motivada la imposición de una multa de mil a veinte mil balboas
(equivalente a dólares estadounidenses), según la gravedad de la falta. Contra esta decisión el
sancionado podrá interponer recurso de reconsider ación ante el Director Nacional de Derecho de
Autor y recurso de apelación ante el Ministro de Educación. En cada instancia, el interesadodispondrá de cinco (5) días hábiles a partir de la notificación.  Luego de que la resolución quede en
firme, se le remite copia autenticada a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y
Tesoro, para que se haga efectivo el cobro coactivo de la multa e ingrese al patrimonio fiscal.  La
Dirección mantendrá las medidas provisionales du rante todo el proceso y en caso de que reúna
evidencias o elementos probatorios de presunta comisión de delito contra el derecho de autor remitirá
todos los datos que sean conducentes y lo denunciará ante el Ministerio Público para que se proceda a
la investigación sumaria y posterior juzgamiento del culpable o culpables, como lo ordena elartículo 2026 del Código Judicial.  En consecuencia, si hubiere de lugar suspenderá los efectos de la
medida preventiva y remitirá también todo el material incautado al Ministerio Público.
En el caso de que algún funci onario de la Dirección Nacional de Derecho de Autor incurra en
abuso de las medidas antes señaladas, en perjuicio del denunciado, que no fuese de buena fe en favor
del cumplimiento de la Ley, el Director impondrá las sanciones descritas en la contestación a lapregunta número 7 de este cuestionario.
14.3. ¿Cuáles son normalmente la duración y el costo del procedimiento?
La información referente a la duración y costo del procedimiento es la que aparece indicada
en la contestación a la pregunta número 9.8 de este cuestionario.
Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera
15. Sírvanse indicar respecto de qué mercancías puede solicitarse la suspensión por las
autoridades aduaneras de su despacho para libre circulación, y especialmente si cabeIP/N/6/PAN/1
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también recurrir a ese procedimiento en relación con mercancías que entrañen
infracciones de los derechos de propiedad in telectual distintas de las que entrañan las
mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o las mercancías pirata que
lesionan el derecho de autor, en el sentid o del Acuerdo sobre los ADPIC (nota a pie de
página al artículo 51).  Sírvanse indicar, juntamente con los criterios pertinentes, las
importaciones a las que no es aplicable ese procedimiento (mercancías de otro Miembro,
una unión aduanera, mercancías en tránsito o importaciones de minimis) .  ¿Es aplicable
el procedimiento a las importaciones de mercancías colocadas en el mercado de otro país
por el titular del derecho o con su consenti miento y a las mercancías destinadas a la
exportación1*
Dirección General de Aduanas:
las facultades otorgadas a la Dirección General de Aduanas de la República de Panamá en
materia de Propiedad Intelectual, no establece excepción respecto a qué mercancía,  puede ser objeto
la suspensión de su despacho para  libre circulación.  En igual sentido no se determina la no
aplicación del procedimiento para ninguna importación.
El decreto citado establece la posibilidad de ser recurrido para lograr una protección amplia
de la De acuerdo al Decreto Ejecutivo 123, de 26 de noviembre de 1996 por medio del cual sereglamenta mercancía importada que estuviese infringiendo cualquiera disposición de las leyes que
amparan los derechos de propiedad industrial, derechos de autor y derechos conexos.  No existe
norma dentro del procedimiento en cuestión que permita aplicarse a las mercancías destinadas a la
exportación.
Administración de la Zona Libre de Colón:
La administración de la Zona Libre de Colón no es competente para suspender el despacho de
mercancías en la Zona Libre.  Esto es competencia de las autoridades de Aduanas.
Sin embargo, El Departamento de Propiedad Intelectual sí está facultado para impedir el
consecuente tráfico de la  mercancía que ya ha entrado a la Zona Libre de Colón.  La mercancía,
objeto de retención por el Departamento de Propiedad Intelectual de la Zona Libre incluye todas
aquellas  que han sido objeto de violaciones a los derechos de Propiedad Intelectual, entiéndase por
éstos, los de Propiedad industrial y los de Derecho de autor.
16. Sírvanse describir los principales elementos del procedimiento relativo a la suspensión
del despacho de aduana de las mercancías por las autoridades aduaneras,
particularmente en lo que respecta a las autoridades competentes (artículo 51), los
requisitos que ha de reunir la solicitud a tal efecto (artículo 52) y las diversas
prescripciones relativas a la duración de la  suspensión (artículo 55).  ¿Cómo se han
aplicado los artículos 53 (fianza o garantía equivalente), 56 (indemnización al
importador y al propietario de las mercancías) y 57 (derecho de inspección e
información)?
Dirección General de Aduanas:
Los principales elementos del procedimiento aduanero que permite  la retención de
mercancías importadas, consisten en :
                                                     
1 * Debido a que en Panamá las medidas en fronte ra son responsabilidad de los Departamentos de
Propiedad Intelectual de la Dirección General de Aduanas y de la Administración de la Zona Libre de Colón, las
respuestas las hemos dividido a fin de abarcar ambos departamentos de propiedad intelectual.IP/N/6/PAN/1
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a) Actuación por Orden de Autoridad Competente:  Para esta actuación se levantará
un acta donde conste el nombre de la autoridad que giró la instrucción, fecha, descripción de la
mercancía, inventario, datos del consignatario.  Retenida la mercancía se pondrá a disposición,  junto
con la  documentación y expediente, de la autoridad que la impartió.
La mercancía se depositará en el lugar que dicha autoridad señale para tales efectos.No se establece el término o plazo límite mediante el cual la autoridad ordene la suspensión
del despacho.
Requisitos: Identificación adecuada de la autoridad que ordena la medida cautelar,
descripción suficiente de la mercancía y la aduana r donde se encuentra ubicada.
b) Actuación bajo denuncia particular: El titular del derecho o su representante legal,
podrán solicitar  a las autoridades de adunas la retención de una mercancía.  Para tales efectos se
brindarán datos suficientes para ubicar dicha mercancía tales como, descripción de la mercancía,puerto de entrada,  contenedor etc.  Se acompañará la solicitud aludida con una fianza inicial de dos
mil balboas.
En caso que la información sea falsa, esta fianza se retendrá por un período de 3 meses, a fin
de que responda por los posibles daños y perjuicios. De ser cierta  la denuncia se notificará al
consignatario mediante un edicto fijado por un término de 5 días hábiles y  se publicará en un diariode circulación nacional, por dos días consecutivos. Concluidas las diligencias de notificación se
remitirá expediente y mercancía al Ministerio Público.
Requisitos: Solicitud presentada ante  aduana del titular del derecho o su representante legal,
presentación de la fianza inicial de dos mil balboas previa a la retención de la mercancía, notificación
a consignatario y a terceros.
c) Actuación de Oficio: La Ley sobre Propiedad Industrial determina que cuando la
aduna, por cualquier medio, tenga conocimiento de mercancía que se sospecha estuviese violando
normas que amparan los derechos de propiedad intelectual, tendrán la obligación de actuar de oficio.
Con tal propósito se ha contemplado en el reglamento que una vez retenida la mercancía se dispondrá
de 5 días hábiles contados desde la fecha del acta que ordene la retención, para notificar al propietariodel derecho protegido y al consignatario.
Las notificaciones se harán mediante edicto fijado por 5 días hábiles, en las oficinas de la
aduana donde se retuvo la mercancía, en el departamento de Propiedad Intelectual, en la Dirección
General del Registro de la Propiedad Industrial, o en las oficinas de la Dirección General de Derecho
de Autor, según sea la naturaleza del derecho infringido.
La notificación a terceros interesados se hará mediante la publicación del edicto por dos días
consecutivos en un diario de circulación nacional. Cumplidas las notificaciones se entregaránmuestras de los artículos al titular del derecho, si tiene a bien solicitarlas.
Se establecerá el valor de la fianza a consignar junto con la entrega de las muestras
solicitadas, si es el caso.   En un periodo de 5 días hábiles luego de recibidas las muestras el afectado
presentará un escrito ante la oficina de aduanas que tenga a su cargo el recinto donde se retuvo la
mercancía,  oponiéndose al despacho de esta.  De no oponerse se liberará inmediatamente lamercancía.  La fianza no será mayor del 50% del valor de la mercancía retenida.
Requisitos: Que la autoridad aduanera detecte por su propio medio la posible infracción de
derechos de propiedad intelectual, notificación a titular, consignatario y a terceros,   presentación deIP/N/6/PAN/1
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escrito de oposición al despacho de la mercancía retenida, consignación de fianza según valor de la
mercancía.
Para el caso en que no se hubiese solicitado las muestras el termino de 5 días contará a partir
de la desfijación del edicto de notificación.
Presentada la fianza y el escrito de oposición se remitirá al Ministerio Público el expediente
con la mercancía y fianza para su debida instrucción sumarial.
Administración de la Zona Libre de Colón:
a) Actuación por órdenes de autoridad competente:  Cualquier autoridad, que de
acuerdo con la Ley tenga facultad para ordenar la retención de mercancías en tránsito por los terrenos
donde opera la Zona Libre de Colón, por indicio de infracción de Derechos de propiedad intelectual,
podrá ordenar a la Zona Libre de Colón la inspección y/o retención de la misma.  Una vez retenida la
misma, la Zona Libre de Colón la pondrá a disposición de la autoridad competente junto con elexpediente y copia del acta.  La mercancía será depositada en el lugar que dicha autoridad señale para
tales efectos.
b) Actuación bajo denuncia particular:   La Zona Libre de Colón inspeccionará y/o
retendrá mercancías en éstos casos, luego que el denunciante suministre información  relativa a la
descripción de la mercancía, datos del consignatario o tenedor, contenedor, puerto de entrada y salidaal país y/o cualquier otro dato que facilite la inspección de la misma. La denuncia propiamente tal no
requiere de ninguna formalidad.
El denunciante deberá consignar una fianza por B/. 2,000.00 a favor del Tesoro Nacional, al
momento de la solicitud y previa a la retención de la mercancía.
c) Actuación de oficio:   La Administración de la Zona Libre de Colón, siempre que
tenga fundados indicios para concluir que se están violando derechos de propiedad intelectual, podrá
ordenar la inspección y/o retención de mercancías en tránsito por las áreas segregadas donde opera.
Si una vez realizada la inspección o retención, no se tiene noticias del titular del Derecho protegido,
en el término de cinco (5) días hábiles de fijación del Edicto, (que a su vez fue fijado por cinco días),
se notificará a terceros interesados, mediante publicación por dos (2) días consecutivos.  Si nocomparece alguna persona interesada, la mercancía no podrá retenerse por más de treinta (30) días.
En caso de presentarse oposición al tránsito de mercancía, el propietario el derecho protegido,
deberá consignar Fianza, a favor del Tesoro Nacional, no mayor del 50% del avalúo de la mercancía
retenida y/o de los medio destinados a realizar la infracción.
17. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los
procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los
procedimientos y su costo.  ¿Cuál es el período de validez de las decisiones de lasautoridades competentes para las que se suspende el despacho de las mercancías para
libre circulación?
En cuanto a la duración de estos procedimientos, no existe ninguna norma que lo regule,
únicamente cuando se nos especifica, que no se podrá retener la mercancía por más de treinta (30)  si
no aparece ningún interesado.  En lo relativo al costo, aparte de la consignación de la fianza, no seestipula ningún otro costo adicional.IP/N/6/PAN/1
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18. ¿Están obligadas las autoridades competente s a actuar por propia iniciativa y, en tal
caso, en qué circunstancias?  ¿Hay disposiciones especiales aplicables a la actuación de
oficio?
Nos remitimos a la respuesta a la pregunta 16.
19. Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades
competentes y los criterios que regulen su aplicación.
La respuesta a éste punto ha sido expuesta en las respuestas a las preguntas 15 y 16.
Procedimientos penales
20. Sírvanse indicar los tribunales que tienen competencia en casos de infracción penal de
los derechos de propiedad intelectual.
Tenemos que dividir los casos de infracción penal de los derechos de propiedad intelectual, en
“Delitos contra los Derechos de Autor y Derechos Conexos”, y en “Delitos contra los DerechosAjenos”.  Este último se refiere a lo que se conoce como “Propiedad Industrial”.
De conformidad a los artículos 159 y 174 del Código Judicial, los tribunales que tienen
competencia en casos de “Delitos contra los Derechos de Autor y Derechos Conexos”, sancionados
con pena de prisión de 30 días a 18 meses, son los Juzgados Municipales Penales, de las respectivas
circunscripciones geográficas.
De acuerdo a las mismas normas jurídicas, los tribunales que tienen competencia en casos de
“Delitos contra los Derechos de Autor y Derechos Conexos”, sancionados con pena de prisión de 2 a
4 años, son los Juzgados de Circuito Penales, con jurisdicción en la respectiva área del país.
Según el numeral 15 del artículo 159 del Código Judicial, los tribunales que tienen
competencia en casos de “Delitos contra los Derechos Ajenos”, sin importar la pena, son los Juzgadosde Circuito Penales, de los respectivos sectores territoriales.
21. ¿En relación con qué infracciones de derechos de propiedad intelectual y de qué
derechos de esa naturaleza se prevé la aplicación de procedimientos y sanciones
penales?
En cuanto a lo que se conoce como “Derechos de Autor y Derechos Conexos”, los
artículos 121, 122 y 123, de la Ley 15 del 8 de agosto de 1994, establecen las conductas que se
tipifican como delictivas, y por las cuales impera aplicar procedimientos y sanciones penales.
Sobre lo que se denomina como “Propiedad Industrial”, los artículos 383, 384 y 385,
contenidos en el Capítulo IV (“Delitos contra los Derechos Ajenos”), del Título XII  (“Delitos contra
la Economía Nacional”), del Libro II (“De los Delitos”) del Código Penal (Ley 18 del 22 de
septiembre de 1982), señalan cuales son las actividades tipificadas como delito, y por las cuales debe
aplicarse procedimientos y sanciones penales.
22. ¿Cuáles son las autoridades públicas competentes para la iniciación de procedimientos
penales?  ¿Están obligadas a iniciarlos por propia iniciativa y a raíz de reclamaciones?
De acuerdo a la Constitución Política y al Código Judicial, las autoridades públicas
competentes para la iniciación de procedimientos penales son los Agentes del Ministerio Público,
dependiendo de la jurisdicción geográfica y de la competencia.   Los Agentes del Ministerio Públicoson los servidores que ejercen la acción penal en la República de Panamá.IP/N/6/PAN/1
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Todo lo que se refiere a delitos contra los derechos de propiedad intelectual son perseguibles
de oficio, incluso, sin que exista una denuncia, si el Agente del Ministerio Público se entera, por el
medio que sea, que se ha perpetrado un ilícito de ese tipo.   Esto es de conformidad al segundo párrafo
del artículo 173 de la Ley 35 del 10 de mayo de 1996.
23. ¿Hay particulares que estén legitimados para entablar procedimientos penales y, de ser
así, quiénes están legitimados para hacerlo?
Según el segundo párrafo del artículo 173, de la Ley 35 del 10 de mayo de 1996, el
procedimiento penal por delitos contra los derechos de propiedad intelectual es de oficio, por lo que
no se requiere Acusación Particular (por intermedio de un abogado) o Querella (denuncia formulada
por el afectado).   Sin embargo, la Acusación Particular o la Querella no anula o entorpece el
procedimiento penal, pero no es un requisito indispensable.
24. Sírvanse indicar, si es necesario por categorías de derechos de propiedad intelectual y
tipos de infracción, las sanciones y otras medidas correctivas que pueden imponerse:
30 días a 18 meses de prisión.  (Delitos contra los Derechos de Autor y Derechos
Conexos, artículo 121 de la Ley 15 del 8 de agosto de 1994).
Emplear indebidamente el título de una obra.
Realizar una modificación de la obra.Comunicar públicamente, en contumacia, por cualquier forma o procedimiento, en forma
original o transformada, íntegra o parcialmente, una obra protegida.
Utilizar ejemplares de la obra, incluso, la distribución de fonogramas ilegítimamente
reproducidos.
Retransmitir, por cualquier medio alámbrico o inalámbrico, una emisión de radiodifusión.
Reproducir o distribuir, siendo cesionario o licenciatario autorizado por el titular del
respectivo derecho, un mayor número de ejemplares que el permitido por el contrato; o comunique,
reproduzca o distribuya la obra después de vencido el plazo de autorización que se haya convenido.
Atribuirse falsamente la cualidad de titular, originaria o derivada, de alguno de los derechos
reconocidos en la Ley, y mediante esa indebida atribución, obtener que la autoridad judicial oadministrativa competente suspenda la comunicación, reproducción o distribución de la obra,
interpretación o producción.
Presentar declaraciones falsas de certificaciones de ingresos, repertorio utilizado
identificación de los autores; autorización obtenida; número de ejemplares o cualquier otra
adulteración de datos susceptibles de causar perjuicio a cualquiera de los titulares de derechos
protegidos por la Ley.
2 a 4 años de prisión.  (Delitos contra los Derechos de Autor y Derechos Conexos)
Reproducir, en forma original o modificada, íntegra o parcialmente, obras protegidas por la
Ley. (Artículo 122 de la Ley 15 del 8 de agosto de 1994.)
Introducir al país, almacenar, distribuir, exportar, vender, alquilar o poner en circulación de
cualquier otra manera, reproducciones ilícitas de las obras protegidas. (Artículo 122 de la Ley 15 del 8
de agosto de 1994.)IP/N/6/PAN/1
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Inscribir en el Registro de Derecho de Autor y Derechos Conexos una obra, interpretación o
producción ajenas, como si fueran propias, o como de persona distinta del verdadero autor, artista o
productor.  (Artículo 122 de la Ley 15 del 8 de agosto de 1994.)
Reproducir o copiar sin autorización, por cualquier medio, la actuación de un intérprete o
ejecutante, un fonograma o una emisión de radiodifusión, en todo o en parte.  (Artículo 123 de laLey 15 del 8 de agosto de 1994.)
Introducir en el país, almacenar, distribuir, exportar, vender, alquilar o poner en circulación
de cualquier otra manera, reproducciones o copias hechas sin autorización.  (Artículo 123 de la
Ley 15 del 8 de agosto de 1994.)
6 meses a 1 año de prisión.  (Delitos contra los Derechos Ajenos)
Fabricar, importar o vender, sin autorización un producto protegido por patente, o usar sin
autorización el procedimiento patentado.  (Artículo 382 del Código Penal.)
Usar marca legítima ajena en producto o artículo que no sea de su propia fabricación.
(Artículo 385 del Código Penal.)
1 a 3 años de prisión.  (Delitos contra los Derechos Ajenos)
El servidor público que utilice en provecho propio o ajeno, inventos o descubrimientos
científicos o nuevas aplicaciones industriales que conozca por razón de su cargo, que debanpermanecer secretos.  (Artículo 383 del Código Penal.)
1 a 2 años de prisión.  (Delitos contra los Derechos Ajenos)
Poner en venta o haga circular en los mercados nacionales o extranjeros, productos agrícolas
o industriales con nombres, marcas o signos distin tivos falsificados o alterados.  (Artículo 384 del
Código Penal).
b) Sanciones pecuniarias
B/.1,000.00  a  B/.20,000.00 de multa
Para todos los Delitos contra los Derechos de Autor y Derechos Conexos, contemplados en
los artículos 121, 122 y 123 de la Ley 15 del 8 de agosto de 1994.
20 a 150 días-multa
Fabricar, importar o vender, sin autorización, un producto protegido por una patente, o usar
sin autorización un procedimiento patentado.   Aquí el Juez de Circuito Penal puede escoger entre la
pena de prisión, de 6 meses a 1 año, o la pena pecuniaria.  (Artículo 382 del Código Penal.)
50 a 200 días-multa
Para los Delitos contra los Derechos Ajenos sancionados con pena de prisión de 1 a 3 años,
contemplados en el artículo 383 del Código Penal.   La pena pecuniaria es adicional a la pena de
prisión.IP/N/6/PAN/1
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100 a 200 días-multa
Para los Delitos contra los Derechos Ajenos sancionados con pena de prisión de 1 a 2 años,
contemplados en el artículo 384 del Código Penal.  La pena pecuniaria es adicional a la pena de
prisión.
20 a 100 días-multa
Usar marca legítima ajena en producto o artículo que no sea de su propia fabricación.   Aquí
el Juez de Circuito Penal puede escoger entre la pena de prisión, de 6 meses a 1 año, o la pena
pecuniaria.  (Artículo 385 del Código Penal.)
c) Otras posibles sanciones pecuniarias
El artículo 165 de la Ley 35 del 10 de mayo de 1996, establece una serie de sanciones de tipo
pecuniaria, para todo aquel que fuese hallado responsable de incurrir en usos indebidos de los
derechos de propiedad industrial, señalados en el artículo 164 de la misma Ley, sin perjuicio de lassanciones contempladas en el Código Penal.
Las adicionales presuntas penas pecuniarias son:  multa de B/.10,000.00 a B/.200,000.00
(para los autores, cómplices o encubridores); si es una empresa de la Zona Libre de Colón, la multa
será el equivalente al 25% del movimiento comercial mensual de la empresa, que no podrá ser menor
a B/.75.000.00;  suspensión del derecho a ejercer el comercio o explotar industrias, por un período de3 meses;  y, suspensión o cancelación de la clave o permiso de operación, dentro de la Zona Libre de
Colón, por un período mínimo de 3 meses.
En el evento que se reincida en las infracciones, la multa será cuatro veces del valor máximo,
y la suspensión se aplicará por 1 año.
No existe uniformidad de criterio, en cuanto a la aplicación del artículo 165 de la Ley 35 del
10 de mayo de 1996, en la esfera penal de la administración de justicia, existiendo opiniones muy bien
fundamentadas, de que los artículos 164 y 165 de esa Ley, son de incumbencia de la esfera civil-
comercial de la administración de justicia.
d) Confiscación, decomiso y destrucción de las mercancías infractoras y de los materiales y
accesorios utilizados para su producción
Para lo que se denomina “confiscación” y “decomiso”, la legislación penal panameña lo
conoce como “comiso”.
El comiso es una de las penas accesorias establecidas por el Código Penal.  De acuerdo al
artículo 55, es “… la pérdida y adjudicación al Estado de los instrumentos con los que hubiese
cometido el hecho punible y de los efectos que provengan de éste, salvo los que pertenezcan a un
tercero no responsable del  hecho.”   Agrega la norma que  “…Los efectos o instrumentos
decomisados serán vendidos, si son de lícito comercio, y su producto se aplicará a cubrir lasresponsabilidades civiles del sancionado; los ilícitos serán inutilizados o destruidos.”
En materia específica de propiedad industrial, el artículo 166 de la Ley 35 del 10 de mayo
de 1996, establece que “…En todo caso de uso indebido de los derechos de propiedad industrial,
procederá al comiso de los artículos y la maquinaria utilizada en la usurpación del derecho de
propiedad, los cuales serán donados para fines benéficos, libres de todo gravamen, por la instituciónque corresponda, previa remoción o eliminación de los símbolos distintivos, cuando ello proceda.”
Continua la norma estableciendo que “…Cuando no sea posible la remoción de los símbolos
distintivos, y si el titular del derecho protegido no concede su autorización expresa para que seanIP/N/6/PAN/1
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donados, estos artículos serán destruidos por la autoridad competente, con asistencia de un
representante del titular del derecho protegido.”
e) Otras medidas
En todo caso donde exista una sentencia condenatoria penal, puede exigirse la indemnización
de carácter civil.   Aunque esto es una facultad de los Jueces Penales, por tratarse de delitos de índoleeconómicos, es conveniente que sean los afectados los que soliciten la reparación del daño material y
moral causado, con las pruebas que sustenten el monto o valor de la indemnización.
25. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y el costo del procedimiento
y facilitar los datos de que dispongan, en su caso, sobre la duración real del
procedimiento y su costo.
Las normas generales de la Constitución Nacional y del Código Judicial, establecen
claramente que la administración de justicia es ininterrumpida y expedita.
El artículo 2060 del Código Judicial señala un plazo de 2 meses, para concluir la etapa
sumarial del proceso penal.  Dicho plazo podrá extenderse a 4 meses, en el evento que sean más de 2
personas las investigadas criminalmente.
Al concluirse el plazo que establece el Código Judicial, el expediente debe ser remitido al
Juez Penal respectivo, en el estado en que se encuentre, quién deberá fijar fecha para la celebración dela Audiencia Preliminar.  La fecha para dicha diligencia debe fijarse dentro de los 45 días luego de
recibido el expediente.
Celebrada la Audiencia Preliminar, y en el evento que se decida la apertura de una causa
criminal y un llamamiento a juicio, puede solicitarse la práctica de pruebas, durante los 5 días
siguientes a la decisión del Juez Penal, las cuales serán practicadas en el acto de la AudienciaPlenaria.
Después de la Audiencia Plenaria, el Juez Penal cuenta con un plazo no mayor de 30 días,
salvo excepciones motivadas por la envergadura del proceso, para dictar sentencia.
Todos estos plazos pueden verse afectados, con la interposición de solicitudes de fianzas
excarcelarias, incidentes de controversia o de nulidad, recursos de apelación, etc.   Por regla general,la gran mayoría son interpuestos por los Defensores Técnicos de los Imputados, y ello es parte del
ejercicio de la defensa.
La celebración de las Audiencias Preliminares y Plenarias pueden atrasarse, por la ausencia
de notificación personal al Imputado de la resolución judicial que fija las respectivas horas y fechas,
en virtud que habría que declararlo “reo rebelde”, nombrarle un “Defensor de Oficio”, y publicar
edictos en los medios de comunicación social.   Esto es parte del respeto a las garantías individuales
de toda persona.
La etapa sumarial del proceso penal puede concluir eficaz y eficientemente, siempre y cuando
se cuente con la intervención activa y directa de los titulares de los derechos de propiedad intelectual,
colaborando con el Ministerio Público en la aportación de pruebas, que sirva para establecer la
comisión del o de los delitos, así como la vinculación criminal del o de los acusados.
La mayor demora en la tramitación de los procesos penales, consiste esencialmente en la
incorporación de pruebas documentales y periciales en el expediente penal, que casi siempre deben
ser proporcionadas por los titulares de los derechos protegidos o sus derechohabientes.  En el eventoIP/N/6/PAN/1
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que ello no se incorpore, el Agente del Ministerio Público deberá solicitarlo al extranjero, lo que haría
el proceso penal muy demorado, poco eficaz e ineficiente.
Obviamente los operadores del sistema de administración de justicia, adolecen de falta de
recursos humanos, materiales y económicos, para hacer frente a la creciente cantidad de demandas y
denuncias; siendo necesario otorgarle prioridad a los expedientes por delitos de cierta peligrosidad(asaltos, robos, violaciones, drogas, etc.), y a los procesos donde existen personas privadas de libertad.
De allí la relevancia de la intervención activa y directa de los titulares de los derechos de propiedad
intelectual.
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