 
99-4827  CONTINÚA COMUNICADO 
DE PRENSA 
BOLETÍN DE COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE 
 
PRESS/TE/031 
8 de noviembre de 1999 
 
EL COMITÉ DE COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE DE LA OMC EXAMINA  
LOS  SERVICIOS,  LAS  RELACIONES   ENTRE  LAS  ORGANIZACIONES 
INTERGUBERNAMENTALES  Y  LAS  NO  GUBERNAMENTALES, Y  
LOS DOS GRUPOS TEMÁTICOS, Y ADOPTA SU INFORME DE 1999  
Y SU CALENDARIO DE REUNIONES PARA EL AÑO 2000 
 En la reunión que el Comité de Comercio y Medio Ambiente de la OMC celebró el 12 de 
octubre de 1999, los Miembros aprobaron el in forme sobre la labor del CCMA en 1999.  El 
Presidente, Embajador Istvàn Major (Hungría), pr esentó dicho informe al Consejo General en su 
reunión del 4 de noviembre de 1999.  Los Miembros  adoptaron también el programa de trabajo del 
CCMA y su calendario de reuniones para el año 2000 (véase el Boletín de Comercio y Medio 
Ambiente Nº 30 ). 
  Asimismo, los Miembros trataron los siguientes temas:  los servicios y el medio ambiente;  las relaciones entre las organizaciones intergubernam entales y las no gubernamentales;  y los grupos 
temáticos del acceso a los mercados y las vincul aciones entre el programa multilateral de medio 
ambiente y el del comercio.  Los Miembros formularon propuestas sobre la manera de fortalecer las 
relaciones con la sociedad civil;  la importancia de llevar a cabo estudios ambientales en el plano 
nacional;  los efectos medioambientales derivados  de la eliminación de las subvenciones a la 
agricultura, la pesca, la silvicultura y el sector de los servicios relacionados con el medio ambiente;  la 
exportación de mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen;  y la relación entre el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Acuerdo sobre los ADPIC.   
  El CCMA otorgó la condición de observador intergubernamental al Banco Islámico de 
Desarrollo y al Centro de Desarrollo  de la Pesca en Asia Sudoriental. 
 
 A continuación sigue un informe detallado s obre la reunión del mes de octubre.  Los 
documentos citados en el presente Boletín pueden cons ultarse en el sitio de la OMC en Internet o 
solicitarse en la División de Comercio y Medio Ambiente.   PRESS/TE/031 
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  CONTINÚA Punto 9 El programa de trabajo previsto en la D ecisión sobre el comercio de servicios y el 
medio ambiente 
 Las Comunidades Europeas recordaron la propuesta que habían presentado en septiembre 
de 1999 con respecto al Acuerdo General sobre el  Comercio de Servicios (AGCS), relativa a la 
clasificación de los servicios del sector ambien tal (S/CSC/W/25).  Las CE habían propuesto una 
nueva clasificación que, preservando el sistema de Cl asificación Central de Productos (CPC) de las 
Naciones Unidas, suplía las defici encias de éste y reflejaba la rea lidad económica.  El sistema de 
clasificación propuesto comprendía servicios que eran "exclusivamente" ambientales pero no incluía servicios conceptuales como el diseño, los servicios  de ingeniería, la investigación y desarrollo y los 
servicios de consultoría, clasificados en otras pa rtes del AGCS.  Las CE proponían que esos servicios 
fuesen objeto de una negociación por grupos, cuyo resultado se incluiría en listas en sectores 
pertinentes del AGCS distintos del medio ambiente.  Los países que no estuviesen dispuestos a contraer un compromiso con respecto a toda una cate goría (por ejemplo, los servicios de ingeniería) 
podrían comprometerse en una esfera más reduc ida, como la ingeniería ambiental.  
Punto 10 La información a los órganos competente s sobre las disposiciones apropiadas que han 
de adoptarse en lo que respecta a la s relaciones con las organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamental es a las que se hace referencia en el 
artículo V del Acuerdo por el que se establece la OMC 
Los Estados Unidos indicaron que los Miembros deberían aunar sus fuerzas con miras a hallar 
maneras de fortalecer las oportunidades de la OMC pa ra aumentar el apoyo público con el que cuenta 
su labor.  Desde que en 1947 se emprendió la liberal ización del comercio en el marco del GATT, fue 
aumentando el interés de la opinión pública en las ne gociaciones comerciales, en particular, al hacerse 
esta labor extensiva a cuestiones que afectaban a la vida cotidiana del ciudadano de a pie.  De ese 
modo, aumentó el interés del público general y de los sectores privados por tener la oportunidad de 
seguir de cerca las actividades de la OMC y de  iniciar un diálogo con sus representantes 
gubernamentales en la Organización.   
Los Estados Unidos, el Canadá y las CE hicieron referencia a los Simposios de alto nivel de 
la OMC sobre comercio y medio ambiente, celeb rados en marzo de 1999, en los que se había 
registrado un elevado nivel de pa rticipación de los Gobiernos y de la comunidad de ONG.  Dichos 
Simposios habían demostrado lo valiosos que tales intercambios podían resultar para la OMC.   
Las CE y el Canadá también insistieron en la  necesidad de aumentar el apoyo público y 
fomentar la transparencia en la OMC, incluido el CCMA.  En opinión del Canadá, era preciso 
esforzarse en mayor medida por lograr una co mprensión de esas vinculaciones, abordar las 
preocupaciones que pudiesen existir al respecto, co rregir las percepciones erradas y consolidar la 
confianza en la OMC y en sus procedimientos.  Las CE habían aumentado la transparencia en lo que 
respecta a su procedimiento de elaboración de políticas,  por ejemplo en lo tocante a los preparativos 
para la Conferencia Ministerial de Seattle.  La s CE apoyaban asimismo las sesiones informativas que 
el CCMA venía celebrando con las secretarías de Acue rdos Multilaterales sobre el Medio Ambiente. 
Como medida práctica, el Canadá había propuesto que la OMC liberalizara su política de 
supresión del carácter reserv ado de los documentos con miras a contribuir a informar a los electorados 
nacionales de un modo más abierto y puntual, facilitando así los medios para un debate constructivo.  
El Canadá había propuesto asimismo que los Miembr os y la Secretaría organizaran iniciativas de 
divulgación destinadas a aclarar en qué consistía la labor de la OMC.  Una mayor transparencia del 
Entendimiento sobre Solución de Diferencias de la OMC aumentaría la confianza de todas las partes 
interesadas en su procedimiento de solución de diferencias.  PRESS/TE/031 
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  CONTINÚA ACCESO A LOS MERCADOS 
Punto 2 La relación entre las políticas ambienta les relacionadas con el comercio y las medidas 
ambientales que tengan efectos comerciales significativos, y las disposiciones del sistema multilateral de comercio  
Los Estados Unidos y el Canadá recordaron que  en el preámbulo del Acuerdo sobre la OMC 
el objetivo de la liberalización del comercio se c itaba conjuntamente con el compromiso general de 
lograr un desarrollo sostenible.  Los estudios am bientales constituían una manera importante de 
recabar la información necesaria a tal efecto.  El Gobierno estadounidense se había comprometido a 
efectuar un estudio en el contexto de una nueva ronda.  Las CE indicaron que habían adoptado una 
decisión respecto de la metodología que se utilizaría para llevar a cabo un anális is de sostenibilidad de 
su posición para la próxima ronda.  El Canadá señaló que realizar ía de dicha ronda una evaluación 
ambiental estratégica nacional.  Los Estados Unid os, el Canadá y las CE animaron a todos los 
Miembros a emprender estudios medioambientales y a dar a conocer sus resultados en el CCMA. 
Un Miembro señaló que en la Declaración de Río se establecía claramente que los estudios 
ambientales eran competencia de los gobiernos n acionales, que habían de efectuarlos según lo 
estimaran apropiado;  esos estudios brindaban a los gobiernos nacionales una buena ocasión para 
recabar información de las partes interesadas naciona les, información en la que podían basar la 
posición de su país.  Con todo, se trataba de  una prerrogativa exclusivamente nacional. 
Punto 4 Las disposiciones del sistema mult ilateral de comercio con respecto a la 
transparencia de las medidas comerciales aplicadas con fines ambientales a los 
productos, con inclusión de normas y reglamentos técnicos y prescripciones en 
materia de envase y embalaje, etiquetado y reciclado 
Accediendo a una propuesta formulada por las Comunidades Europeas, el CCMA acordó 
suprimir el carácter reservado de la Base de Datos de la OMC sobre medio ambiente para 1998 
(WT/CTE/W/118), en la que se compilaban las notificaciones relacionadas con el medio ambiente presentadas de conformidad con los Acuerdos de la OMC.  La Secretaría actualizaría dicha base de 
datos para el año 1999. 
Punto 6 El efecto de las medidas ambientales en el acceso a los mercados, especialmente en lo 
relativo a los países en desarrollo, en partic ular los países menos adelantados, y los 
beneficios resultantes para el medio ambien te de la eliminación de las restricciones y 
distorsiones del comercio 
Análisis por sectores 
Agricultura  El Canadá formuló algunas observaciones con respecto a la comunicación presentada por el 
Brasil (WT/CTE/W/109) en relación con el efecto de  las medidas ambientales sobre el acceso a los 
mercados en el sector agropecuario.  El Canadá hi zo suyos los principales mensajes contenidos en el 
documento sobre los beneficios ambientales derivado s de la liberalización del comercio agropecuario.  
El Brasil había reafirmado la opinión de que uno de los beneficios importantes de la liberalización del 
comercio era la mejora de la gestión medioamb iental gracias al desarrollo económico.  En sus 
comentarios sobre el concepto de multifunciona lidad, un aspecto analizado en la comunicación del 
Brasil, el Canadá convino en que la agricultura  podía ofrecer muchas externalidades positivas, con 
inclusión de beneficios para el medio ambien te, de modo que no ponía en entredicho el papel 
multifuncional que desempeñaba dicho sector.  No obstan te, la ayuda a la agricultura, en particular la PRESS/TE/031 
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  CONTINÚA relacionada con la producción, podía conducir a un a intensificación de la producción agropecuaria 
con el consiguiente riesgo pa ra el medio ambiente.   
El Canadá, los Estados Unidos y otros Miembros  compartían la opinión del Brasil de que los 
países debían solucionar sus problemas relacionados  con la multifuncionalidad de un modo tal que se 
cumpliesen los criterios establecidos en el "compa rtimento verde", es decir, en el Anexo 2 del 
Acuerdo sobre la Agricultura, asegurándose de lograr sus objetivos sin distorsionar la producción ni el 
comercio y sin repercutir los gastos en los producto res de otros países.  Australia, la Argentina y el 
Canadá sostuvieron que las mejores políticas encamina das a alcanzar los objetivos medioambientales 
eran aquellas que estaban bien definidas, eran efi caces en relación con el costo y transparentes y no 
estaban ligadas a la producción ni al comercio.  No se le debería permitir a ningún gobierno invocar el 
concepto de multifuncionalidad para fomentar po líticas en su país que provocasen un deterioro del 
medio ambiente en otros países.  Nueva Zelandi a indicó que las ingentes cantidades utilizadas para 
financiar en el sector agropecuario medidas con efectos de distorsión del comercio, como por ejemplo las subvenciones a la exportación, podían aprovecharse mejor si se canalizaban hacia otras prioridades 
públicas, como la protección del medio ambiente. 
A juicio del Japón, las preocupaciones medioa mbientales debían examinarse conjuntamente 
con la liberalización del comercio.  Con respecto a la declaración del Canadá, el Japón recordó las 
deliberaciones del Comité de Agricultura sobre la ayuda desconectada de la producción y las medidas 
del "compartimento verde";  el CCMA no era el l ugar adecuado para celebrar negociaciones sobre la 
agricultura. 
Australia y la Argentina figuraron entre las delegaciones que recordaron que si bien el CCMA 
no era el foro idóneo para la celebración de negoci aciones sobre la agricultura, dicho Comité tenía el 
cometido de evaluar las repercusiones medioambie ntales de las subvenciones relacionadas con la 
producción y la exportación y la contribución que la  supresión de las subvenciones a la exportación 
podía suponer para la mejora de la  calidad del medio ambiente.  Lo s Estados Unidos y la Argentina 
indicaron que el libre comercio contribuiría a una mejor asignación de los recursos, lo que a su vez 
aligeraría el tributo que la producción imponía al me dio ambiente, si los precios reflejaban los costos 
reales de producción;  sin embargo, no era ése el caso, debido principalmente al hecho de que determinados países de la OCDE seguían subve ncionando la producción y las exportaciones.  
Guatemala, Costa Rica, Chile, Sudáfrica, Taila ndia, Filipinas, los Estados Unidos y Nueva 
Zelandia hicieron hincapié en los beneficios positivos que a largo plazo se derivarían de la supresión 
de las subvenciones a las exportaciones de product os agropecuarios para el comercio, el medio 
ambiente y el desarrollo.  Los Estados Unidos, la Argentina y otros países observaron que una de las 
mayores contribuciones de la próxima ronda de nego ciaciones comerciales estribaría en el examen de 
las subvenciones dañinas para el medio ambiente, negociaciones que serían triplemente ventajosas, ya 
que beneficiarían simultáneamente al comercio, al medio ambiente y al desarrollo. 
La Argentina hizo referencia a la Conferen cia organizada conjuntamente por la FAO y los 
Países Bajos sobre el carácter multifuncional de la ag ricultura y la tierra, que se celebró en Maastricht 
del 12 al 17 de septiembre y cuyos resultados se di stribuirían entre los Miembros (WT/CTE/W/127).  
En esa reunión, se reconoció que la agricultura o frecía algunos beneficios multifuncionales.  No 
obstante, las subvenciones a la agricultura que estab an relacionadas con la producción, en particular 
las subvenciones a la exportación, incrementaban la  pobreza rural en los países en desarrollo, lo que 
representaba un factor clave en el deterioro medioambiental que afectaba a dichos países.   
 Las CE, Polonia y Corea señalaron que convenía adoptar un enfoque equilibrado al examinar 
los efectos de la liberalización del sector agropecuar io sobre el medio ambiente y que se debían tener 
en cuenta tanto los efectos positivos como los nega tivos.  Las repercusiones de la liberalización del 
comercio sobre el medio ambiente eran inciert as y no se podían establecer vinculaciones automáticas.  PRESS/TE/031 
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  CONTINÚA Suiza, las CE y Corea dijeron que las subvenciones podían estar justificadas cuando se utilizaban para 
contrarrestar disfunciones del mercado y cuando ofr ecían externalidades positiv as.  Suiza indicó que 
habida cuenta de que las subvenciones tamb ién podían contribuir a aumentar los daños 
medioambientales, en particular en otros paí ses, se deberían establecer mecanismos de apoyo 
debidamente concebidos para ese fin específico.  Se deberían analizar todas las modalidades de 
subvenciones a la exportación, con inclusión del come rcio de Estado y los créditos a la exportación. 
Corea y las CE indicaron que existía una relación compleja y dinámica entre los recursos 
naturales utilizados en la agricultura y el medio am biente, que incluía la biodiversidad.  En opinión de 
Corea, el CCMA debía examinar los análisis ef ectuados en otros foros, como por ejemplo los 
indicadores ambientales de la OCDE, que permitían una calificación de los efectos de la liberalización 
del sector agropecuario en el medio ambiente, de  modo que dicha liberalización pudiese analizarse en 
un contexto más amplio.  
Pesca 
 La FAO presentó un documento de informac ión fáctico (WT/CTE/W/126) en el que se 
exponían los resultados de sus estudios sobre las capacidades de captura y las subvenciones.  Con 
arreglo a lo previsto en el Plan de Acción Internaci onal para la Ordenación de  la Capacidad Pesquera, 
la FAO evaluaría para finales del año 2000 los fact ores que contribuían a un exceso de capacidad.  
Con ese fin, la FAO confiaba en poder colaborar con otras organizaciones, como la OMC.   
Los Miembros acogieron con satisfacción la declaración y el documento de la FAO.  Panamá 
dijo que la FAO había ayudado a aclarar los efectos  de las subvenciones sobre el exceso de capacidad 
en el sector pesquero.  Los Miembros también mo straron su agrado por la adopción del Plan de 
Acción de la FAO, que según Australia indicaba que  las subvenciones influían sobremanera en los 
problemas relacionados con la sostenibilidad de lo s recursos pesqueros mundiales.  Chile y Filipinas 
señalaron que las subvenciones entrañaban efectos pe rjudiciales para los países  en desarrollo que no 
eran capaces de subvencionar su industria pesquera.  
El Japón, Corea y las CE observaron que la FAO tenía un mandato y una competencia claros 
a la hora de abordar la conservación de los recursos  marinos y que, al mismo tiempo, tenía en cuenta 
de una manera integrada la relación entre las subvenc iones, el comercio y la sostenibilidad.  Tomando 
como base los resultados de los análisis de la FAO y de la aplicación del Plan de Acción por parte de 
los Miembros de dicha organización, la OMC podría definir una esfera a la que aportar su contribución. 
Nueva Zelandia, los Estados Unidos, Chile y ot ros Miembros indicaron que urgía abordar la 
cuestión del exceso de capacidad y de las subvenci ones a la pesca, que acentuaban dicho problema.  
Era posible que se diera una situación triplemente ve ntajosa si se eliminaban las subvenciones a la 
pesca, ya que ello podría resultar beneficioso para el desarrollo sostenible, el comercio y el medio 
ambiente.  Nueva Zelandia, los Estados Unidos, la Argentina, el Canadá y otros Miembros opinaron 
que la OMC contaba con experiencia para tratar esa cuestión y que las subvenciones a la pesca se 
podían examinar en el marco del Acuerdo s obre Subvenciones y Medidas Compensatorias.  
El Japón señaló que el Acuerdo sobre Subvenc iones y Medidas Compensatorias no abarcaba 
la cuestión de cómo asegurar una explotación sostenib le de los recursos pesqueros, ni aclaraba cómo 
evaluar los impactos de las subvenciones a la pesc a sobre los recursos pesqueros mundiales.  Si las 
subvenciones al sector pesquero habían de exam inarse en la OMC, los Miembros quizás debían 
estudiar la posibilidad de modificar el texto actual del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 
Compensatorias o de establecer nuevas normas.  Tratar por separado las subvenciones a la pesca no 
contribuiría a dar con la solución fundamental a la  sobreexplotación pesquera.  En consecuencia, el PRESS/TE/031 
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  CONTINÚA Japón había propuesto establecer dentro de la OMC un grupo que se encargase específicamente de los 
productos forestales y pesqueros.1   
Se hizo también referencia a las propuest as presentadas al Consejo General durante los 
preparativos para la Conferencia Ministerial de Sea ttle en relación con el establecimiento, dentro de la 
OMC, de un grupo encargado de examinar las subvenc iones que contribuyen al exceso de capacidad 
en el sector pesquero.2   
Los Miembros acogieron con agrado el documento de la Secretaría relativo a las normas del 
GATT/OMC sobre las subvenciones y ayudas otorgadas a la industria pesquera 
(WT/CTE/W/80/Add.1), que recogía una visión genera l de las posibles subvenciones relacionadas con 
la industria pesquera notificadas con arreglo al artículo 25 del Acuerdo sobre Subvenciones y 
Medidas Compensatorias.   
Corea opinó que dicho documento ponía de manifi esto la diversidad y complejidad de las 
subvenciones otorgadas a la pesca.  Se precisab a un análisis global para  poder tener una visión 
completa de los elementos que contribuían a la disminución de los recursos pesqueros.3  L a s  
subvenciones también habían desempeñado un papel fundamental en la redefinición y revitalización 
de la industria pesquera y de las comunidades de dicadas a la pesca, evitando así que éstas se vieran 
alentadas a efectuar cap turas excesivas.   
Las CE indicaron que sus Estados miembros habían  destacado en lo referente a la notificación 
de subvenciones, en un esfuerzo por fomentar la tran sparencia dentro de la OMC.  Se alentaba a los 
otros Miembros a hacer otro tanto.  En opinión de las CE, la cuestión de las subvenciones era un elemento que formaba parte de un problema aún más importante, a saber, la ordenación de los 
recursos naturales.  
La Argentina reconoció que un acceso abierto a los recursos pesqueros planteaba un serio 
problema a la hora de aplicar políticas adecuadas de g estión de los recursos.  Además de ese problema 
relacionado con la gestión, exis tían también subvenciones que fome ntaban las actividades pesqueras 
mediante la socialización de los costos de producción. 
El Canadá señaló que sus notificaciones estab an relacionadas con el sector pesquero en 
general y que no se trataba de programas utilizados con miras a facilitar ayuda financiera para la 
captura de recursos marinos. 
A juicio del Japón, existían numerosos ejempl os de subvenciones "buenas" en la lista 
recogida en el documento WT/CTE/W/80/Add.1.  Algunas contribuían a la sostenibilidad.  Así por 
ejemplo, determinadas subvenciones, como l as indemnizaciones por el cese temporal de las 
actividades de pesca a fin de permitir la recuperación  de los recursos pesquero s, eran necesarias para 
aplicar las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que 
prevén la conservación y la gestión de los recursos marinos vivos.  
                                                      
1 Véase la propuesta presentada por el Japón (WT/GC/W/221). 
 
2 Véanse las propuestas presentadas al Consejo General por Islandia (WT/GC/W/229), Nueva Zelandia 
(WT/GC/W/292);  y Australia, Estados Unidos, Filipinas, Islandia, Noruega, Nueva Zelandia y Perú (WT/GC/W/303). 
 
3 Véase la propuesta presentada por Corea al Consejo General en relación con un grupo de negociación 
específico para  los productos pes queros y forestales (WT/GC/W/368). 
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  CONTINÚA Los Estados Unidos dijeron que nadie sostenía  que todas las subvenciones fuesen "malas".  
Las que eran preocupantes eran las subvenciones a la pesca que contribuían al exceso de capacidad.  
Se estaba debatiendo dicha cuestión en la OMC por que esas subvenciones planteaban problemas para 
una conservación sostenible de los recursos y tenían efectos de distorsión del comercio. 
Nueva Zelandia y la Argentina mostraron su interés por obtener del Japón más información 
sobre el tipo de cuestiones que resultaría útil examinar  en la OMC;  en otras palabras, querían saber 
qué entendía por "solución fundamental" y cuáles er an las subvenciones "buenas".  Nueva Zelandia, 
Filipinas y la Argentina observaron que la mayoría de las notificaciones guardaban relación con el 
sector de las capturas y parecían contribuir directamen te al fortalecimiento de la capacidad pesquera.  
Casi todas las subvenciones notificadas que se enumerab an en el documento eran otorgadas por países 
desarrollados.  
Silvicultura 
El Japón recordó la propuesta que presentó al C onsejo General, relativa al establecimiento de 
un grupo encargado específicamente de los produc tos forestales y pesqueros (WT/GC/W/221), que 
constituían recursos naturales limitados que, si bi en eran renovables, podían agotarse si no se les 
aplicaba una gestión adecuada.  En las futuras negociaciones sobre dichos productos se deberían 
examinar conjuntamente todos los factores con mir as a establecer un conjunto de normas y disciplinas 
que contribuyan a la utilización sostenible de los r ecursos mediante la promoc ión de una conservación 
y gestión adecuadas de recursos, que sean adem ás justas y equitativas tanto para los países 
exportadores como para los importadores.  
Servicios relacionados con el medio ambiente 
El Canadá dijo que una mayor liberalización de l comercio de bienes y servicios relacionados 
con el medio ambiente resultaría beneficiosa para el medio ambiente, ya que al reducirse los costos, 
los gobiernos podrían aumentar la calidad de la infraestructura medioambiental básica y ayudar a 
promover un desarrollo sostenible.  Desde el inic io, en 1997, de la iniciativa de liberalización 
anticipada y voluntaria por sectores del APEC, el Ca nadá había encabezado los esfuerzos por facilitar 
el comercio de los bienes y servicios relaciona dos con el medio ambiente proponiendo una mayor 
liberalización de dicho sector.  El Canadá confiaba  en que la mejora del sistema de clasificación 
tuviera por resultado una mejor comprensión del s ector de servicios relacionados con el medio 
ambiente, lo que, a su vez, ayudaría a los Miembros de la OMC a contraer compromisos en ese sector 
en el marco de la próximas negociaciones relati vas al Acuerdo General sobre el Comercio de 
Servicios. 
Comentarios generales con respecto al punto 6 
Un Miembro indicó que la liberalización del comercio combinada con las políticas 
ambientales adecuadas podía resultar beneficiosa para el medio ambiente.  En ese sentido, el acceso a 
los mercados era una cuestión fundamental para los países en desarrollo, ya que de ese modo se 
podría disponer de más recursos para la protecci ón del medio ambiente.  Los países en desarrollo 
temían que si las medidas comerciales se adoptaban  sobre la base de norma s más elevadas que las 
normas internacionales, ello por sí solo podría con ducir al proteccionismo, lo que perjudicaría las 
oportunidades de acceso a los mercados de los pa íses en desarrollo y su capacidad para adoptar 
políticas medioambientales. 
Los Estados Unidos opinaron que era impor tante que las políticas comerciales fueran 
acompañadas de políticas ambientales en el plano na cional para garantizar que  la liberalización del 
comercio contribuyera también a la obtención de be neficios para el medio ambiente.  En las normas 
de la OMC, se reconocía el derecho de los países a establecer sus propios niveles de protección, aun PRESS/TE/031 
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  CONTINÚA cuando éstos fueran superiores a los establecidos por  las normas internacionales.  El cometido de la 
OMC consistía en combatir las distintas formas de medidas proteccionistas. 
El Centro de Comercio Internacional presentó una nueva publicación sobre las implicaciones 
de los Acuerdos de la OMC para el comercio inte rnacional en las industrias relacionadas con el medio 
ambiente ( Implications of the WTO Agreements for Int ernational Trade in Environmental Industries ), 
que estaba basado en los seminarios celebrados con los departamentos estatales, las asociaciones 
comerciales y representantes de la industria relaci onada con el medio ambiente de los países en 
desarrollo.  El Centro de Comercio Internaciona l esperaba poder cooperar con la OMC para facilitar 
asistencia técnica a los exportadores de tecnologías,  productos y servicios ecológicamente racionales. 
VINCULACIONES ENTRE EL PROGRAMA MULTILATERAL DE MEDIO AMBIENTE Y 
EL DEL COMERCIO 
Punto 7 La cuestión de la export ación de mercancías cuya venta está prohibida en el país de 
origen 
Egipto hizo referencia a una carta remitida por la Organización Mundial de la Salud a la 
Secretaría de la OMC en la que se destacaban los riesgos relacionados con los jabones y productos 
cosméticos elaborados con mercurio, que se fa bricaban en países europeos y se exportaban 
principalmente a países en desarrollo, aun cuando su ve nta estaba prohibida dentro del país de origen.  
Egipto solicitó a las CE que aportaran aclaraciones sobre este particular. 
Las CE respondieron que la venta de dichos pr oductos estaba regulada dentro de las CE con 
arreglo a la Directiva Nº 768 de 1976 relativa a lo s productos cosméticos.  Las CE habían sometido de 
forma voluntaria los productos ela borados con mercurio así como otra serie de productos a un 
procedimiento provisional de cumplimiento del principio de información y consentimiento previos 
(PICP) para regular sus exportaciones a terceros pa íses antes de entrar en vigor la Convención sobre 
el PICP. 
Punto 8 Las disposiciones pertinentes del Acu erdo sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 
Varios Miembros formularon observaciones prel iminares sobre el documento de información 
fáctico de la Secretaría relativo a la relación en tre el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el 
Acuerdo sobre los ADPIC, con especial atención al apartado 3 b) del artículo 27 (WT/CTE/W/125).   
A juicio de la ASEAN, existía una importante re lación entre el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica y el Acuerdo sobre los ADPIC, y los estudio s de casos prácticos por países, recogidos en el 
documento WT/CTE/W/125 sobre la aplicación de sistemas sui generis , así como los ejemplos de 
legislaciones promulgadas en cumplimiento de l citado Convenio eran de suma utilidad. 
Un Miembro opinó que existía una incompatibilid ad fundamental entre el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica y el Acuerdo sobre los ADPIC .  El primero hacía referencia a derechos 
comunitarios y soberanos sobre los recursos natura les de los países, en tanto que el segundo se refería 
a los derechos de patente y de monopolio partic ulares de las empresas.  El Convenio contenía 
disposiciones que podían ser incompatibles con el Acuerdo sobre los ADPIC:  i) al otorgar una 
patente se planteaba el problema de acceso a los r ecursos y del control soberano sobre los mismos en 
caso de falta de información y consentimiento prev ios;  y ii) en lo referente al concepto de 
distribución de los beneficios, éste estaba recogido en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, 
pero no en el Acuerdo sobre los ADPIC.  El documento WT/CTE/W/125 podía transmitir la 
impresión de que un país sólo podía garantizar la  protección de las obtenciones vegetales recurriendo 
a las patentes o a la UPOV.  En el estudio de casos prácticos de Kenya, se habían descrito cuatro PRESS/TE/031 
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 opciones:  un país podía garantizar la protecci ón de las obtenciones vegetales bien mediante la 
concesión de patentes;  bien estableciendo uno de los sistemas enunciados en el Convenio de la 
UPOV;  bien aplicando la normas relativas a la prot ección de las obtenciones vegetales sin convertirse 
en miembro de la UPOV;  o bien elaborando un sistema sui generis .   
Los Estados Unidos señalaron que aunque el Convenio sobre la Diversidad Biológica se 
refería a los derechos soberanos y a los derechos de las comunidades indígenas, en tanto que el 
Acuerdo sobre los ADPIC hablaba de derechos privados, eso no reflejaba necesariamente una 
incompatibilidad fundamental entre los dos Acuerdos.  El hecho de que con arreglo al Convenio un 
país pudiese controlar los recursos que se sacaban del país para ser utilizados en la investigación no 
estaba reñido con el Acuerdo sobre los ADPIC.  El Acuerdo sobre los ADPIC tenía por objeto 
proteger a las empresas que habían utilizado una innovación para desarrollar un nuevo producto.   
Suiza convino en que podía haber cierta in compatibilidad entre el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica y el Acuerdo sobre los ADPIC.  Por ese motivo, estimaba que la aclaración de los Acuerdos de la OMC y de los acuerdos multila terales sobre el medio ambiente (AMUMA) debía 
constituir una prioridad para la OMC.  La posibili dad de que existiera cierta incompatibilidad era 
suficiente para esforzarse por encontrar juntos  un mecanismo que permitiera limar las posibles 
discrepancias antes de que llegaran a plantear problemas. 
El Canadá opinó que el Acuerdo sobre los ADP IC no era incompatible con el Convenio sobre 
la Diversidad Biológica.  Aspectos tales como los conocimientos tradicionales, los derechos de los 
agricultores o las vinculaciones entre la biodiversidad  y la propiedad intelectual exigirían una mayor 
profundización antes de poder ser incorporados en lo s acuerdos internacionales.  A juicio del Canadá, 
la OMPI era el principal foro de expertos para  examinar los aspectos de propiedad intelectual 
relacionados con estas cuestiones, lo que no impedía que éstas se trataran también en otros foros, como la OMC.  Además, las disposiciones del ap artado 3 b) del artículo 27 del Acuerdo sobre los 
ADPIC se revisarían en el Consejo de los ADPIC;  el Canadá no veía por qué era necesario modificar el texto actual de dicho apartado. 
La Argentina indicó que, con el fin de centrar los esfuerzos en la complementariedad del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Acue rdo sobre los ADPIC, la Secretaría podría facilitar 
todos los ejemplos de legislación nacional notificad a con arreglo al artículo 63 del Acuerdo sobre los 
ADPIC en cumplimiento de las obligaciones dimanantes de los artículos 15 y 16 de dicho Convenio.   
Costa Rica dijo que en cuanto el Congreso revisara su legislación para la aplicación del 
Acuerdo sobre los ADPIC, Costa Rica se prestaría  encantada a hacer una presentación de su 
legislación en materia de biodiversidad. 
Informe sobre la labor del CCMA en 1999 
Los Miembros adoptaron el informe sobre la labor del CCMA en 1999 (WT/CTE/4), que el 
Presidente presentó al Consejo General en su reun ión del 4 de noviembre, y aprobaron asimismo el 
programa de trabajo del CCMA y su calenda rio de reuniones para el año 2000 (véase el Boletín sobre 
Comercio y Medio Ambiente Nº 30 ). 
FIN 