ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOIP/N/6/CRI/1
20 de marzo de 2001
(01-1361)
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el ComercioOriginal:  español
LISTA DE CUESTIONES SOBRE LA OBSERVANCIA1
Respuestas de Costa Rica
Procedimientos y recursos civiles y administrativos
a) Procedimientos y recursos judiciales civiles
1. Sírvanse indicar los tribunales que tienen competencia en casos de infracción de los
derechos de propiedad intelectual.
Por medio de la Ley 7979 del 6 de enero del 2000, la cual reforma el artículo 420 del Código
Procesal Civil y según el artículo 37 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de
Propiedad Intelectual, Ley Nº 8039 del 12 de octubre del 2000, los asuntos de propiedad intelectual
son sometidos al conocimiento de los juzgados civiles en vía abreviada.  Este procedimiento tiene untrámite más expedito que los procedimientos ordinarios (ver artículos 420 y siguientes del Código
Procesal Civil).  Sin embargo para el caso de los asuntos sobre competencia desleal de marcas y
signos distintivos, la ley dispone que son de conocimiento en vía sumaria de conformidad con el
artículo 17 de la Ley de Promoción de la Comp etencia y Defensa Efectiva del Consumidor, N° 7472
del 20 de diciembre de 1994 y el artículo 37 de la Ley de Procedimientos de Observanciaanteriormente citada.
2. ¿Qué personas están legitimadas para hacer valer derechos de propiedad intelectual?
¿Cómo pueden estar representadas esas personas?  ¿Hay disposiciones que prescriban
la comparecencia personal obligatoria del titular del derecho ante el tribunal?
Los titulares de derechos de propiedad intelectual o sus representantes son las personas
legitimadas para hacer valer sus derechos (ver artículo 102 del Código Procesal Civil).  Las personasjurídicas actuarán por medio de sus representantes de conformidad con la ley, sus estatutos o la
escritura social.
Según el artículo 118 del Código Procesal Civil para tener representación es necesario que el
poder esté firmado por el otorgante, o si no supiere escribir o estuviere impedido para hacerlo, por unapersona a ruego;  en ambos casos debidamente autenticado por un abogado que no sea aquél a quien
se le otorga el poder.  En los casos en los cuales el poder se haya otorgado en el extranjero será
necesario que esté debidamente consularizado.
Según los artículos 335 y 336 del Código Procesal Civil, la parte estará obligada a responder
personalmente el interrogatorio que se le formule cuando así lo exija el contrario, lo ordene el juez de
oficio, o el apoderado ignore los hechos.  Si el llamado a declarar no compareciere sin justa causa,
rehusare declarar, o respondiere en forma evasiva -a pesar del apercibimiento que se le haya hecho-
                                                     
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podrá ser tenido por confeso en la sentencia definitiva con respecto a los hechos que comprenda el
interrogatorio escrito. Si no hubiere interrogator io escrito y quien formula las preguntas hubiera
comparecido -no así el declarante- el juez podrá tener por ciertos los hechos de la demanda
susceptibles de confesión.
3. ¿Qué facultades tienen las autoridades judiciales para ordenar a una parte en un
procedimiento, a petición de la parte contraria, que aporte pruebas que estén bajo su
control?
Según el Código Procesal Civil y la Ley de Pr ocedimientos de Observancia de los Derechos de
Propiedad Intelectual, Ley Nº 8039, las autoridade s judiciales pueden ordenar a una parte en un
procedimiento, a petición de la parte contraria, que aporte pruebas que estén bajo su control.  Inclusive,
el artículo 39 de la Ley de Procedimientos de Ob servancia establece que “Dentro del proceso abreviado
o en los casos de competencia desleal, dentro del proceso sumario, cuando una parte haya identificado
alguna prueba pertinente para sustanciar sus alegaciones y ésta se encuentre bajo el control de la parte
contraria, el juez estará facultado para ordenarle que la aporte”.
4. ¿Qué medios se prevén para identificar y proteger la información confidencial aportada
como prueba?
Respecto a la información no divulgada (secretos comerciales o industriales), la Ley Nº 8039
sobre Procedimientos de Observancia establece en el artículo 39 que de solicitarse pruebas bajo el
control de la parte contraria, las mismas serán presentadas a condición de que se garantice laprotección a este tipo de información.
Asimismo, la Ley de Información no divulgada, Ley Nº 7975 del 4 de enero del 2000,
establece en el artículo 9 que “En todo proceso, administrativo o judicial, en que alguna de las partes
deba revelar información no divulgada, la autoridad que conozca del asunto deberá adoptar todas lasmedidas necesarias para impedir su divulgación a terceros ajenos a la controversia.  Ninguna de las
partes en el proceso podrá revelar ni usar dicha información”.
5. Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades
judiciales y los criterios, legislativos o jurisprudenciales, sobre su utilización:
- mandamientos judiciales;
- órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, con inclusión de la reparación
por concepto de beneficios y los gastos, comprendidos los honorarios de los
abogados;
- destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos
comerciales de las mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos
utilizados para su producción;
- otras medidas.
Mandamientos judiciales
El artículo 186 del Código Procesal Civil seña la que cuando una diligencia judicial hubiere de
ejecutarse fuera del lugar del proceso, o por un juez o tribunal distinto del que la hubiere ordenado,
éste encargará su cumplimiento al que corresponda por medio de suplicatorio, exhorto o mandamientosegún la categoría del juez a quien se dirija.  Asimismo, esta norma establece que deberá emplearse la
forma de mandamiento para ordenar el libramiento de certificaciones o testimonios y la práctica de
cualquier diligencia judicial cuya ejecución corresponda a registradores, notarios, auxiliares o
subalternos del órgano jurisdiccional (ver artículo s 186 y siguientes del Código Procesal Civil).IP/N/6/CRI/1
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Órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, con inclusión de la reparación por concepto
de beneficios y los gastos, comprendidos los honorarios de los abogados
Según el artículo 221 del Código Procesal Civil, en las sentencias, cuando decidan
definitivamente las cuestiones debatidas mediante pronunciamiento sobre la pretensión formulada enla demanda y, los autos con carácter de sentencia, cuando decidan sobre excepciones o pretensiones
incidentales que pongan término al proceso, se condenará al vencido al pago de las costas personales
y procesales en las cuales se incluyen los gastos de honorarios.
Por otra parte, en los artículos 8 y 9 de la Ley Nº 8039 sobre Procedimientos de Observancia
de los Derechos de Propiedad Intelectual se dispone que si la medida cautelar fue solicitada antes de
incoar el proceso y la demanda no se presenta en un mes después de la notificación de la resoluciónque la acoge, o bien, si la medida cautelar es revocada o por cualquier otra causa se deja sin efecto,
quien pretenda tener derecho al resarcimiento por los daños y perjuicios causados con su ejecución,
deberá solicitarlo dentro del plazo de un mes a quien conozca del proceso de base.  De no solicitarlo
en el período señalado o si no se acredita el derecho se ordenará devolver al actor la caución por
daños y perjuicios.
Destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos comerciales de las
mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para su producción
En el artículo 41 de la Ley de Procedimientos de Observancia se establece que a petición de
parte o de oficio, la autoridad judicial podrá dictar, interlocutoriamente o en sentencia, el decomiso de
las mercancías falsificadas o ilegales objeto de la demanda.  No obstante, la destrucción de las
mercancías o instrumentos utilizados para su producción sólo podrá dictarse en sentencia.
Por otra parte, la Ley Nº 8039 sobre los Procedimientos de Observancia de los Derechos de
Propiedad Intelectual, establece la posibilidad, siempre que previamente el titular del derecho lo  haya
consentido, de que las mercaderías falsificadas o ilegales sean donadas a instituciones de beneficencia
o educativas.
6. ¿En qué circunstancias están, en su caso, las autoridades judiciales facultadas para
ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros
que hayan participado en la producción y dist ribución de los bienes o servicios respecto
de los cuales se haya determinado que se trata de bienes o servicios infractores, y sobresus circuitos de distribución?
Los artículos 316 y siguientes del Código Procesal Civil regulan lo referente a la recepción de
pruebas dentro del proceso civil.  El artículo 316 establece que el juez ordenará recibir las pruebas
ofrecidas que sean procedentes y las que de oficio considere necesarias.  Por su parte, el artículo 318
señala entre los medios de prueba la declaración de las partes y la declaración de testigos.
Adicionalmente, el artículo 333 dispone el deber de las partes de declarar y establece que en cualquier
estado del proceso el juez podrá ordenar la comparecencia de las partes para interrogarlas sobre los
hechos de la demanda.
En el artículo 15 de la Ley de Procedimient os de Observancia, Ley Nº 8039, se establece una
disposición mediante la cual, comprobada una infracción por la autoridad judicial y a solicitud del
titular del derecho o su representante, las autoridades de aduana deberán informar el nombre y la
dirección del consignador, del importador o exportador y del consignatario de las mercancías;además, la cantidad y descripción de las mercancías objeto de la suspensión.IP/N/6/CRI/1
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7. Sírvanse describir las disposiciones relativas a la indemnización a los demandados a los
que se haya impuesto indebidamente una obligación.  ¿En qué medida son responsables
las autoridades y/o funcionarios públicos en tal caso y qué "medidas correctivas" les son
aplicables?
En el artículo 8 de la Ley Nº 8039 sobre Proced imientos de Observancia de los Derechos de
Propiedad Intelectual se dispone que en el caso en que se haya adoptado una medida cautelar pero
posteriormente no se presenta en tiempo la demanda, o bien, cuando se determine que no se infringió
un derecho de propiedad intelectual, la medida cautelar se tendrá por revocada y la parte que la
solicitó será responsable por los daños y perjuicios ocasionados.  Los daños y perjuicios se liquidarán
siguiendo el trámite de ejecución de sentencia.
Adicionalmente, el artículo 16 de la citada Ley -referente a la actuación de oficio  por parte de
las autoridades de aduanas- establece que dentro de las 24 horas siguientes a la retención de las
mercancías, las autoridades de aduana deberán denunciar ante el Ministerio Público la comisión de
alguno de los delitos contemplados en la Ley de Procedimientos de Observancia.  De lo contrario, la
mercancía deberá ser devuelta y la autoridad aduanera será responsable por los daños y perjuicios
ocasionados de conformidad con las normas de la Ley General de Administración Pública,Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978.
En relación con la responsabilidad de los funcionarios públicos, la Ley General de
Administración Pública establece en los artículos 199 y siguientes la responsabilidad del servidor ante
terceros.  Dicha ley determina que será responsable personalmente ante terceros el servidor públicoque haya actuado con dolo o culpa grave en el desempeño de sus deberes o con ocasión del mismo
aunque sólo haya utilizado los medios y oportunidades que le ofrece el cargo.   En tales casos estará
comprendido el funcionario que emitiere actos mani fiestamente ilegales y el que los obedeciere de
conformidad con la ley citada.  Adicionalmente, según el artículo 201 de la Ley General de
Administración Pública, la Administración será solidariamente responsable con el servidor ante
terceros por los daños que éste cause en las condiciones señaladas por la propia ley.
8. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los
procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los
procedimientos y su costo.
Según las disposiciones sobre el procedimiento abreviado establecidas en los artículos 420 y
siguientes del Código Procesal Civil, un asunto sobre propiedad intelectual sometido a la jurisdiccióncivil debería durar aproximadamente cuatro meses y medio.  Sin embargo, en muchos casos debido a
la complejidad de los hechos y la prueba, estos juicios pueden tener una duración aproximada de uno
o más años.
En relación con las costas procesales, no existe un registro oficial sobre estos datos, sin embargo
este tipo de juicios podría estimarse entre los US$500 y US$1000, dependiendo de la complejidad del
caso y la prueba.
Las costas personales se determinan con base a la cuantía del juicio y generalmente son un
porcentaje que oscila entre el 20% y 25% de dicha suma.IP/N/6/CRI/1
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b) Procedimientos y remedios administrativos
9. Sírvanse facilitar los datos solicitados en las preguntas anteriores en relación con los
procedimientos administrativos referentes al fondo de un caso y con los remedios que
puedan ordenarse a resultas de esos procedimientos.
Ante la necesidad de fortalecer los procedimientos administrativos para casos de propiedad
intelectual y evitar acudir a la vía judicial, la Ley Nº 8039 sobre Procedimientos de Observancia de
los Derechos de Propiedad Intelectual dispuso en los artículos 19 y siguientes la creación del Tribunal
Registral Administrativo el cual es un órgano de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de
Justicia y Gracia con personalidad jurídica instrumental, independencia funcional y administrativa y
cuyos fallos agotarán la vía administrativa.
Este Tribunal estará conformado por 5 miembros propietarios y 5 suplentes nombrados por
cuatro años quienes deberán contar con reconocida experiencia en materia registral y materias afines y
tener condiciones que garanticen su imparcialidad.
Las resoluciones del Tribunal estarán regidas por los principios de oralidad, oficialidad,
celeridad e inmediación de la prueba para desvirtuar afirmaciones y cargos hechos por cualquiera delos registros del Registro Nacional, entre ellos, el Registro de la Propiedad Industrial y el Registro
Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos.
Los recursos para los casos relativos a patentes, dibujos y modelos industriales, marcas y
signos distintivos, circuitos integrados e información no divulgada se presentarán ante el Registro dela Propiedad Industrial, mientras que en el caso de derechos de autor y derechos conexos, los recursos
se presentarán ante el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos.
La Ley de Procedimientos de Observancia otorga la facultad para ordenar las medidas
cautelares establecidas en el ordenamiento jurídico costarricense al Director del Registro Nacional deDerechos de Autor y Derechos Conexos y al Director del Registro de la Propiedad Industrial.
Los fallos del Tribunal deberán emitirse en un máximo de 30 días naturales prorrogables por
30 días más desde la fecha en que el expediente se encuentre en conocimiento del Tribunal.
Por otra parte, el párrafo 4 del artículo 17 y el artículo 50 de la Ley de Promoción de la
Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor , Ley N° 7472 del 20 de diciembre de 1994, otorga
competencia a la Unidad Técnica de Apoyo de la Comisión Nacional del Consumidor para conocer
denuncias en materia de competencia desleal de marcas u otros signos distintivos cuando éstos actos
causen un daño reflejo al consumidor.
Para iniciar las acciones ante la Comisión Nacional del Consumidor debe presentarse una
denuncia de cualquier consumidor sin que sea neces ariamente el agraviado por el hecho que denuncia.
Las denuncias no están sujetas a formalidades ni requieren autenticación de la firma del denunciante.
La Unidad Técnica de Apoyo debe realizar la instrucción del asunto después de lo cual debe
trasladar el expediente a la Comisión Nacional de l Consumidor para que resuelva.  La Comisión debe
dictar resolución final dentro de los diez días posteriores al recibo del expediente y notificarla a las
partes.IP/N/6/CRI/1
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Medidas provisionales
a) Medidas judiciales
10. Sírvanse describir los tipos de medidas provisionales cuya adopción puede ser ordenada
por las autoridades judiciales, así como el fundamento jurídico de esa facultad.
Las medidas cautelares se adoptan tomando en consideración los intereses de terceros y el
principio de proporcionalidad.  El artículo 37 de la Ley Nº 8039 sobre Procedimientos de Observancia
remite a las disposiciones del Código Procesal Civil, sin embargo se citan como medidas que pueden
solicitarse, entre otras, la cesación de los actos que constituyen infracción, el embargo, la suspensión
del despacho de mercancías y la caución.
Otras medidas cautelares que pueden aplicarse y que están consagradas en los artículos 245 y
siguientes del Código Procesal Civil son, entre ot ras, la confesión, la exhibición de documentos o de
cosas muebles, el reconocimiento judicial, pruebas pericial y testimonial y la citación a la parte
contraria.
11. ¿En qué circunstancias puede ordenarse la adopción de esas medidas inaudita altera
parte ?
En el párrafo segundo del artículo 6 de la Ley de Procedimientos de Observancia, Ley Nº 8039,
se establece que “en los casos en que la audiencia a las partes pueda hacer nugatorios los efectos de la
medida, la autoridad judicial, el Registro de Der echos de Autor y Derechos Conexos o el Registro de
la Propiedad Industrial, deberá resolver la procedencia de la solicitud de la medida cautelar en el plazo
de cuarenta y ocho horas después de presentada”.
No obstante lo anterior y cuando se ejecute una medida cautelar sin haber oído previamente a
la otra parte, la autoridad que ordenó la medida deberá notificar a la parte afectada, dentro de los tres
días hábiles después de la ejecución.  La parte afectada podrá recurrir la medida ejecutada.
12. Sírvanse describir el procedimiento principal para iniciar el proceso de adopción de
medidas provisionales, ordenar su adop ción y mantenerlas en aplicación, y
especialmente los plazos pertinentes y las medidas de salvaguardia para proteger los
intereses legítimos del demandado.
En los artículod 242 y siguientes del Código Procesal Civil se dispone que el procedimiento
cautelar podrá ser instaurado antes o en el curso del proceso principal del que siempre formará parte.
La autoridad judicial, dentro de las cuarenta y ocho horas después de presentada la solicitud
de medida cautelar, deberá conceder audiencia a las partes para que, dentro del plazo de tres días
hábiles, se manifiesten sobre la solicitud.  Luego de transcurrido este plazo, el tribunal competente
procederá, con contestación o sin ella, a resolver dentro de tres días lo procedente sobre la medida
cautelar.  La resolución tomada por la autoridad judicial deberá ejecutarse inmediatamente.  Elrecurso de apelación no suspende los efectos de la ejecución de la medida.
El juez podrá determinar las medidas precautorias que considere adecuadas cuando hubiere
fundado temor de que una parte, antes de la sentencia, le cause una lesión grave y de difícil reparación
al titular del derecho. Para evitar el daño, el juez podrá autorizar o prohibir la práctica dedeterminados actos, ordenar el depósito de bienes o imponer el otorgamiento de una caución.
La parte deberá presentar su demanda en el plazo de un mes contado desde la fecha en que se
realizó la medida cautelar cuando ésta hubiere sido concedida en el procedimiento preparatorio.IP/N/6/CRI/1
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La eficacia de la medida cautelar cesará si la parte no estableciera la demanda en el plazo de
un mes, o bien si injustificadamente no fuese ejecutada dentro de ese mismo plazo.  Una vez que haya
cesado la eficacia de la medida será prohibido a la parte repetir la gestión salvo por nuevo
fundamento.
Para proteger los intereses legítimos del demandado, en el artículo 8 de la Ley Nº 8039 sobre
Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual se dispone que en el caso en
que se haya adoptado una medida cautelar pero posteriormente no se presenta en tiempo la demanda, o
bien, cuando se determine que no se infringió un derecho de propiedad intelectual, la medida cautelar
se tendrá por revocada y la parte que la solicitó será responsable por los daños y perjuicios
ocasionados los cuales se liquidarán siguiendo el trámite de ejecución de sentencia.
13. ¿Cuáles son normalmente la duración y el costo del procedimiento?  Sírvanse facilitar
los datos de que disponga sobre la duración real de los procedimientos y su costo.
El artículo 6 de la Ley Nº 8039 establece un pro cedimiento para el conocimiento y otorgamiento
de solicitudes de medida cautelar el cual posee plazos perentorios cortos.  Por tratarse de una normativarelativamente nueva, no se tiene conocim iento de su duración en la práctica.
El costo para la obtención de una medida provis ional en juicios civiles se puede dividir en dos
rubros:  costas procesales y costas personales.  El principal costo procesal para la obtención de medidas
cautelares lo constituye la fianza o garantía que el solicitante de la medida debe otorgar a efectos deproteger al supuesto infractor contra abusos.  El monto de dicha garantía la determinará
discrecionalmente el juez tomando en cuenta la naturaleza de la medida.  En el caso de embargo de
dinero o valores, la garantía consistirá en un porcentaje de su valor (aproximadamente un 25%).
Si para el otorgamiento de este tipo de medi das se hace necesario la evacuación o presentación
de prueba anticipada, tales como peritaje o reconocimiento cautelar, se deberá cubrir el costo de la
prueba  el cual puede oscilar entre los US$100 y US$300.
En cuanto a los honorarios de abogado, si la medida cautelar se solicita antes de la presentación
del juicio principal se determinará con base en un porcentaje de honorarios.  Si la medida provisional se
solicita durante la tramitación del juicio su costo normalmente se estima por hora de trabajo.
b) Medidas administrativas
14. Sírvanse facilitar los datos solicitados en las preguntas anteriores en relación con las
medidas provisionales administrativas.
Según lo establece la Ley Nº 8039 sobre Procedimientos de Observancia de los Derechos de
Propiedad Intelectual, los respectivos directores del Registro Nacional de Derechos de Autor yDerechos Conexos y el Registro de la Propiedad Industrial están facultados para ordenar la adopción
de medidas cautelares en los mismos términos que los señalados anteriormente (ver las respuestas a
las preguntas 10 a 13).
Al igual que para los procesos judiciales, la Ley Nº 8039 prevé plazos perentorios cortos para
que los órganos administrativos competentes conozcan y otorguen medidas cautelares.  Sin embargo,
tratándose de una regulación relativamente nueva no se conocen casos ni se poseen datos que
permitan determinar su duración real.  Además, el Tribunal Registral Administrativo aún no está
constituido ya que el Transitorio II de la Ley Nº 8039 confiere al Poder Ejecutivo un plazo de un año
(a partir del 27 de octubre del 2000) para la constitución y el funcionamiento de dicho Tribunal.IP/N/6/CRI/1
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Los honorarios profesionales para la tramitación de una medida cautelar ante el órgano
administrativo competente serán calculados con ba se en una tabla de honorarios que podría ser
aproximadamente US$1000.  No se tienen registros oficia les sobre la cuantía por costas procesales, sin
embargo se estiman que las mismas pueden oscilar entre los US$50 y US$150.
Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera
15. Sírvanse indicar respecto de qué mercancías puede solicitarse la suspensión por las
autoridades aduaneras de su despacho para libre circulación, y especialmente si cabe
también recurrir a ese procedimiento en relación con mercancías que entrañen
infracciones de los derechos de propiedad in telectual distintas de las que entrañan las
mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o las mercancías pirata que
lesionan el derecho de autor, en el sentid o del Acuerdo sobre los ADPIC (nota a pie de
página al artículo 51).  Sírvanse indicar, juntamente con los criterios pertinentes, las
importaciones a las que no es aplicable ese procedimiento (mercancías de otro Miembro,
una unión aduanera, mercancías en tránsito o importaciones de minimis ).  ¿Es aplicable
el procedimiento a las importaciones de mercancías colocadas en el mercado de otro país
por el titular del derecho o con su consenti miento y a las mercancías destinadas a la
exportación?
La Ley Nº 8039 sobre los Procedimientos de Observancia a los Derechos de Propiedad
Intelectual establece que las medidas en frontera pueden ser aplicadas para cualquier mercancía que
viole algún derecho de propiedad intelectual y no exclusivamente para las mercancías de marca de
fábrica o de comercio falsificada o las mercancías pirata que lesionan el derecho de autor.Específicamente, el artículo 11 de la Ley dispone que  “El titular de un derecho de propiedad
intelectual que tenga conocimiento fundado sobre la llegada o el despacho de mercancías que
infringen su derecho, podrá solicitarle al Registro de la Propiedad Industrial, al Registro Nacional de
Derechos de Autor y Derechos Conexos o  a la autoridad judicial, que ordene a las autoridades
aduaneras suspender el despacho”.  Por lo anterior queda claramente establecido que las medidas enfrontera si pueden ser aplicadas a las mercancías destinadas a la exportación si las mismas violan
algún derecho de propiedad intelectual.
Según la legislación costarricense, no habrá obligación de aplicar las medidas en frontera a las
importaciones de mercaderías puestas en el mercado nacional por el titular del derecho o con su
consentimiento y las importaciones hechas por quienes están autorizados por el Estado o de acuerdo
con las leyes del país, una vez que el titular del derecho o su representante las haya introducidolícitamente en el país o en el extranjero.  Asimismo, tampoco serán aplicables las medidas en frontera
a las cantidades de mercancías que constituyan parte del equipaje personal del pasajero.
16. Sírvanse describir los principales elementos del procedimiento relativo a la suspensión
del despacho de aduana de las mercancías por las autoridades aduaneras,particularmente en lo que respecta a las autoridades competentes (artículo 51), los
requisitos que ha de reunir la solicitud a tal efecto (artículo 52) y las diversas
prescripciones relativas a la duración de la  suspensión (artículo 55).  ¿Cómo se han
aplicado los artículos 53 (fianza o garantía equivalente), 56 (indemnización al
importador y al propietario de las mercancías) y 57 (derecho de inspección einformación)?
A partir del artículo 10 de la Ley Nº 8039 sobre Procedimientos de Observancia a los
Derechos de Propiedad Intelectual se establecen las disposiciones sobre las medidas en frontera y el
procedimiento para aplicarlas.  El artículo 10 de dicha Ley dispone que cuando se requiera aplicar una
medida cautelar en el momento del despacho aduanero de las mercancías falsificadas o ilegales (yasea para la importación o exportación), la decisión administrativa del Registro de la PropiedadIP/N/6/CRI/1
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Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o la decisión judicial que
ordena tal medida deberá ser comunicada de inmediato a las autoridades aduaneras y a la parte
demandada.
A todo titular de un derecho de propiedad intelectual protegido, o su representante, que
solicite la suspensión del despacho de las mercancías se le exigirá como mínimo que:
- acredite ser el titular o el representante de un derecho de propiedad intelectual;- otorgue una garantía por un monto razonable, antes de que se dicte, para proteger al
supuesto infractor y evitar abusos,
- aporte la información y descripción de la mercancía lo más detallada posible, para que
las autoridades de aduana puedan identificarla con facilidad.
Ejecutada la suspensión del despacho de mercancías, el Registro de la Propiedad Industrial, el
Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o las autoridades judiciales, lo
notificarán inmediatamente al importador o exportador de las mercancías y al solicitante de la medida.
El artículo 13 de la Ley de Procedimientos de Observancia establece que si transcurren diez
días hábiles contados desde que la suspensión se notificó al solicitante de la medida, sin que éste haya
presentado demanda o sin que se haya recibido comunicación del Registro de la Propiedad Industrial,
del Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o de una autoridad judicial de quese han tomado las medidas precautorias que prolonguen la suspensión del despacho, el Registro de la
Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o el juez
competente notificará a las autoridades aduaneras para que la medida sea levantada y se ordene el
despacho de las mercancías si se han cumplido las demás condiciones requeridas.
Antes del 27 de octubre del 2000, fecha en que entró en vigencia la Ley de Procedimientos de
Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, en Costa Rica no existía legislación relativa a
las medidas en frontera por lo cual aún no se han conocido casos sobre la aplicación de las
disposiciones sobre la fianza, la indemnización al importador y al propietario de las mercancías y el
derecho de inspección e información.
17. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los
procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los
procedimientos y su costo.  ¿Cuál es el período de validez de las decisiones de las
autoridades competentes para las que se suspende el despacho de las mercancías para
libre circulación?
Tal y como se comentó anteriormente, Costa Rica implementó hasta finales del año 2000 las
normas relativas a las medidas en frontera por lo cual  no es posible otorgar datos sobre su aplicación real
ya que no se ha presentado ningún caso hasta la fecha.
En cuanto a las disposiciones legales al respecto, el artículo 13 de la Ley de Procedimientos
de Observancia dispone que una vez que las autoridades de aduana han suspendido el despacho parala libre circulación de las mercancías falsificadas, el solicitante de la medida tiene diez días hábiles
para presentar la demanda.  Eventualmente, las autoridades de aduana podrían ser notificadas por
parte del Registro de la Propiedad Industrial, del Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos
Conexos o de una autoridad judicial de que se han tomado las medidas precautorias que prolonguen la
suspensión del despacho.IP/N/6/CRI/1
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18. ¿Están obligadas las autoridades competente s a actuar por propia iniciativa y, en tal
caso, en qué circunstancias?  ¿Hay disposiciones especiales aplicables a la actuación de
oficio?
El artículo 16 de la Ley de Procedimientos de  Observancia de los Derechos de Propiedad
Intelectual dispone que cua ndo las autoridades aduaneras tengan suficientes motivos para considerar
que se vulnera un derecho de propiedad intelectual deberán actuar de oficio y retener el despacho de
las mercancías, sea porque aluden directamente a tales motivos, o bien, porque pueden generar
confusión en el público consumidor.
Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la retención de las mercancías, las autoridades de
aduana deberán denunciar, ante el Ministerio Público, la comisión de alguno de los delitos
contemplados en la Ley de Procedimientos de Observancia.  De lo contrario, la mercancía  serádevuelta y la autoridad aduanera será responsable por los daños y perjuicios ocasionados de
conformidad con las normas de la Ley General de la Administración Pública (ver la respuesta a la
pregunta 7).  En la medida de lo posible, las autoridades de aduanas informarán al titular sobre los
derechos que puedan estar infringiéndose.
19. Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades
competentes y los criterios que regulen su aplicación.
Las medidas cautelares que pueden aplicarse en frontera son aquellas contempladas en el
Código Procesal Civil o en el Código de Procedimientos Penales, así como las indicadas en el
artículo 5 de la Ley de Procedimientos de Observancia.  Una de las medidas que se prevé serán demayor aplicación es el embargo preventivo de las mercancías falsificadas.
Ahora bien, como principio general para adoptar una medida cautelar, toda decisión que
resuelva la solicitud de adopción de medidas cautelares, deberá considerar tanto los intereses de
terceros como la proporcionalidad entre los efectos de la medida y los daños y perjuicios que ellapuede provocar.
Procedimientos penales
20. Sírvanse indicar los tribunales que tienen competencia en casos de infracción penal de
los derechos de propiedad intelectual.
En Costa Rica no existen tribunales especializados para conocer asuntos de propiedad
intelectual, así que según la Ley Orgánica del Poder Judicial, son los tribunales penales, de acuerdo ala jurisdicción respectiva, los que tienen competencia para conocer de los delitos contra los derechos
de propiedad intelectual.
21. ¿En relación con qué infracciones de los derechos de propiedad intelectual y de qué
derechos de esa naturaleza se prevé la aplicación de procedimientos y sancionespenales?
La Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual,
Ley Nº 8039, establece en los artículos 43 y siguientes que el régimen procesal penal común
(establecido en el Código de Procedimientos Penales) regirá los procesos relativos a los delitos
referidos en dicha Ley, cuya acción será pública a instancia privada.
Asimismo, los artículos 44 y siguientes de la citada Ley establecen delitos contra derechos de
marcas y signos distintivos, información no divulgada, derechos de autor y derechos conexos,
patentes de invención y esquemas de trazado de circuitos integrados.IP/N/6/CRI/1
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22. ¿Cuáles son las autoridades públicas competentes para la iniciación de procedimientos
penales?  ¿Están obligadas a iniciarlos por propia iniciativa y a raíz de reclamaciones?
La legislación nacional establece que los delitos de propiedad intelectual son de acción pública
perseguibles a instancia privada, lo que significa que este tipo de delitos requieren del conocimiento dela noticia criminis para que de oficio  el Ministerio Público inicie el proceso penal.
Según el artículo 62 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público ejercerá la acción penal
en la forma establecida por la ley y practicará las diligencias pertinentes y útiles para determinar la
existencia del hecho delictivo. Tendrá a su cargo la investigación preparatoria, bajo control
jurisdiccional en los actos que lo requieran.
23. ¿Hay particulares que estén legitimados para entablar procedimientos penales y, de ser
así, quiénes están legitimados para hacerlo?
El artículo 17 del Código Procesal Penal establece que en los casos en que el ejercicio de la
acción penal pública requiera instancia privada (tal como en el caso de los delitos contra derechos de
propiedad intelectual) el Ministerio Público sólo la ejercerá una vez que formulen la respectivadenuncia, ante autoridad competente.
Según las disposiciones del Código Procesal Penal, toda persona con capacidad civil que se
pretenda ofendida por un delito de acción pública a instancia privada tendrá derecho a presentar
querella y a ejercer conjuntamente la acción civil resarcitoria.  Podrá denunciar el ofendido mayor dequince años o, si es menor de esa edad, en orden excluyente, sus representantes legales, tutor o
guardador.  El querellante deberá actuar con el patrocinio de un abogado.
24. Sírvanse indicar, si es necesario por categorías de derechos de propiedad intelectual y
tipos de infracción, las sanciones y otras medidas correctivas que pueden imponerse:
- prisión;
- sanciones pecuniarias;
- confiscación, decomiso y destrucción de las mercancías infractoras y de los
materiales y accesorios utilizados para su producción;
- otras medidas.
Prisión
En la legislación costarricense se contemplan delitos penales para proteger las diferentes áreas
de la propiedad intelectual con sanciones de uno a tres años de prisión.  Específicamente, la
Ley Nº 8039, Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual,
dispone los siguientes delitos:
Delitos contra los derechos de la propiedad intelectual derivados de marcas y signos
distintivos:  falsificación de marca; venta, almacenamiento y distribución de productos fraudulentos;
venta, adquisición y ofrecimiento de diseños o ejemplares idénticos a una marca ya inscrita;
identificación fraudulenta como distribuidor y utilización fraudulenta de indicaciones o
denominaciones de origen.
Delitos contra derechos de información no divulgada:  divulgación de secretos comerciales o
industriales y obtención de información no divulgada por medios ilícitos.IP/N/6/CRI/1
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Delitos contra derechos de autor y derechos conexos: representación o comunicación pública
sin autorización de obras literarias o artísticas;  comunicación de fonogramas, videogramas o
emisiones sin autorización;  inscripción registral de derechos de autor ajenos;  reproducción no
autorizada de obras literarias o artísticas, fonogramas o videogramas;  fijación, reproducción y
transmisión de ejecuciones e interpretaciones protegidas;  impresión de un número superior deejemplares de una obra;  publicación como propias de obras ajenas;  adaptación, traducción,
modificación y compendio sin autorización de obras literarias o artísticas; venta, ofrecimiento,
almacenamiento, depósito y distribución de ejem plares fraudulentos;  arrendamiento de obras
literarias o artísticas, fonogramas o videogramas sin autorización del autor; fabricación, importación,
venta y alquiler de aparatos o mecanismos descodificadores;  alteración, supresión, modificación o
deterioro de las defensas tecnológicas contra la reproducción de obras o la puesta a disposición del
público y alteración de información electrónica colocada para proteger derechos patrimoniales deltitular.
Delitos contra derechos de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos
de utilidad:  violación de productos patentados o protegidos;  invocación frente a terceros de derechos
en calidad  de titular; violación de derechos derivados de patentes o modelos de utilidad registrados enCosta Rica; reproducción ilícita de modelos o dibujos industriales y venta, almacenamiento,
distribución, depósito, exportación o importación de ejemplares fraudulentos.
Delitos contra derechos sobre esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados:
violación de los derechos derivados de un esquema original de trazado (topografía) de circuitosintegrados.
Sanciones pecuniarias
La legislación costarricense no establece sanciones pecuniarias para delitos cometidos contra
derechos de propiedad intelectual.
Confiscación, decomiso y destrucción de las mer cancías infractoras y de los materiales y
accesorios utilizados para su producción
En el artículo 71 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad
Intelectual, Ley Nº 8039, se dispone que a petición de parte o de oficio , la autoridad judicial podrá
ordenar, interlocutoriamente o en la sentencia penal condenatoria,  el decomiso de las mercancías
falsificadas o ilegales, sin embargo, la destrucción sólo podrá dictarse en sentencia penal
condenatoria.
Otras medidas
El artículo 49 de la Ley de Procedimientos de  Observancia de los Derechos de Propiedad
Intelectual (referente al delito de divulgación de s ecretos comerciales o industriales) señala que si un
funcionario público es quien revela la información no divulgada, se le impondrá, además de la pena
privativa de libertad, inhabilitación de uno a dos años  para el ejercicio de cargos y oficios públicos.
25. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y el costo del procedimiento
y facilitar los datos de que dispongan, en su caso, sobre la duración real del
procedimiento y su costo.
La duración de los procesos penales es de aproximadamente un año.
No se tienen datos o registros oficiales sobre el costo y duración de los procedimientos penales,
sin embargo en estos casos las costas proces ales podrían oscilar entre los US$200 y US$400. LosIP/N/6/CRI/1
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honorarios de abogado por preparación y presenta ción de la denuncia penal pueden estimarse
aproximadamente entre los US$500 y US$2000, dependiendo de la complejidad de los hechos.  Por otra
parte, el procedimiento penal costarricense tamb ién prevé la posibilidad de que la víctima pueda
provocar la persecución penal mediante la presentación de una querella.   En estos casos, los honorarios
de abogado por la presentación y prosecución de  una querella podrían ser aproximadamente entre
US$2000 y US$2500.
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