ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOG/SPS/GEN/225
G/TBT/W/154WT/CTE/W/181
2 de febrero de 2001
(01-0542)
Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio
Comité de Comercio y Medio AmbienteOriginal:  inglés/
francés/
español
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO EUROPEO SOBRE EL PRINCIPIO DE CAUTELA
Comunicación de las Comunidades Europeas
Se ha recibido de las Comunidades Europeas, con el ruego de que se distribuya a los
Miembros para su información, la Resolución del Consejo Europeo adjunta.  Esta Resolución fueadoptada en la reunión del Consejo Europeo celebrada en Niza los días 7 a 9 de diciembre de 2000,
como Anexo III de las Conclusiones de la Presidencia.  La presente comunicación completa la
Comunicación de la Comisión Europea sobre el principio de cautela adoptada el 2 de febrero de 2000.
Dicho documento se distribuyó a las delegacion es con las signaturas WT/CTE/W/147-G/TBT/W/137
y G/SPS/GEN/168.G/SPS/GEN/225
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ANEXOS DE LAS CONCLUSIONES DE LA PRESIDENCIA
CONSEJO EUROPEO DE NIZA
7, 8 y 9 de diciembre de 2000
ANEXO III
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO SOBRE EL PRINCIPIO DE CAUTELA
A. considerando que el Tratado CE prevé entre sus principios que la acción de la Comunidad
debe aspirar a un elevado nivel de protección de la salud humana, de los consumidores y del medioambiente, y que tales objetivos deben integrarse en las políticas y acciones de la Unión Europea;
B. considerando que, en el apartado 2 de su artículo 174, el Tratado reconoce que el principio de
cautela forma parte de los principios que deben tenerse en cuenta en la política de la Comunidad en
materia de medio ambiente y que este principio es igualmente aplicable a la salud humana, así comoen los ámbitos zoosanitario y fitosanitario;
C. considerando que podría resultar útil estudiar, llegado el momento y en los foros adecuados,
la necesidad y la posibilidad de consagrar formalmente el principio de cautela, de conformidad con la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, asimismo en otras disposicionesdel Tratado relacionadas, en particular, con la salud y la protección del consumidor;
D. recordando que el reconocimiento de este principio se sitúa en una perspectiva de desarrollo
sostenible;
E. recordando que este principio figura en diversos textos internacionales, particularmente en la
Declaración de Río de 1992, en el Convenio sobre el cambio climático de 1992, en el Convenio sobre
la Diversidad Biológica de 1992 y en el Protocol o sobre la seguridad biológica de 2000, así como en
diversos Convenios sobre la protección del medio marino;
F. subrayando la importancia de los trabajos en curso a este respecto en el marco del Codex
Alimentarius;
G. considerando que el principio de cautela no debe utilizarse para adoptar medidas de
restricción encubierta del comercio;
H. considerando los objetivos generales inscritos en el preámbulo del Acuerdo por el que se
establece la OMC, en particular los relativos al desarrollo sostenible y a la protección y conservación
del medio ambiente;  considerando las excepciones generales contempladas en el artículo XX del
GATT y en el artículo XIV del GATS, al igual que el Acuerdo sobre la Aplicación de las Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias (MSF), que en el apartado 7 de su artículo 5 establece las pautas que han de
seguirse en caso de riesgo y de testimonios científicos insuficientes;  considerando, por otra parte, elAcuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC), que permite tomar en consideración los
riesgos para la salud y la seguridad humanas, la vida vegetal o animal y el medio ambiente que
podrían resultar de la no aplicación de medidas;
I. considerando que la Unión Europea concede gran importancia a la ayuda a los países en
desarrollo para que participen en los Acuerdos MSF y OTC, habida cuenta de las especiales
dificultades a que se enfrentan a este respecto;G/SPS/GEN/225
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J. recordando las recomendaciones de los grupos especiales de la OMC, en particular las del
Órgano de Apelación sobre el caso "hormonas", relativas a los derechos de los Miembros de la OMC
"a establecer su propio nivel adecuado de protección sanitaria, que puede ser más elevado que elimplícito en las normas, directrices y recomendaciones vigentes", así como a tomar en consideración
las opiniones minoritarias de los expertos;
K. consciente de que las autoridades públicas tienen la responsabilidad de garantizar un alto
nivel de protección de la salud y del medio ambiente y deben atender a las preocupaciones crecientes
del público con respecto a los riesgos a que podría estar expuesto;
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1. se felicita de la iniciativa de la Comisión de presentar una comunicación sobre el recurso al
principio de cautela, cuya orientación general comparte;
2. estima que el principio de cautela se aplica a las políticas y acciones de la Comunidad y de
sus Estados miembros y atañe a la actuación de las autoridades públicas, tanto en las instituciones
comunitarias como en los Estados miembros;  que estas autoridades públicas deben esforzarse por que
sea plenamente reconocido en los foros internacionales pertinentes;
3. constata que el principio de cautela se afir ma progresivamente como principio de derecho
internacional en los ámbitos de la protección de la salud y del medio ambiente;
4. considera que las normas de la OMC permiten a priori  tener en cuenta el principio de cautela;
5. considera que, según el derecho internacional, la Comunidad y los Estados miembros tienen
derecho a establecer el nivel de protección que estimen apropiado en el marco de la gestión del riesgo;
que, para alcanzar este objetivo, pueden adoptar medidas adecuadas en virtud del principio de cautela;
y que no siempre es posible definir por adelantado el nivel de protección que resulte adecuado paratodas las situaciones;
6. estima necesario definir las directrices que deben regir el recurso al principio de cautela para
aclarar sus modalidades de aplicación;
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7. considera que se debe recurrir al principio de cautela cuando se determine la posibilidad de
efectos nocivos para la salud o el medio ambiente  y una evaluación científica preliminar, a tenor de
los datos disponibles, no permita establecer con certeza el nivel de riesgo;
8. considera que la evaluación científica del riesgo debe seguir un proceso lógico, esforzándose
por identificar el peligro, caracterizar el peligro, evaluar la exposición y caracterizar el riesgo,remitiéndose a los procedimientos vigentes reconocidos a nivel comunitario e internacional;
considera que, debido a la insuficiencia de los datos y a la naturaleza del peligro o al carácter urgente
de éste, a veces no es posible llevar a término esas etapas de forma sistemática;
9. considera que, para proceder a la evaluación de los riesgos, la autoridad pública debe dotarse
de un marco de investigación adecuado, apoyándose de manera especial en comités científicos y enlos trabajos científicos pertinentes realizados a ni vel nacional e internacional;  que dicha autoridadG/SPS/GEN/225
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será responsable de organizar la evaluación del riesgo, que debe desarrollarse de manera
pluridisciplinar, contradictoria, independiente y transparente;
10. estima que la evaluación del riesgo también debe poner de relieve los posibles dictámenes
minoritarios, los cuales deben poder expresarse y comunicarse a los interesados, sobre todo si ponen
de manifiesto la falta de certeza científica;
11. afirma que debe establecerse una separación funcional entre los responsables encargados de la
evaluación científica del riesgo y los encargados de la gestión del riesgo, si bien reconoce la necesidad
de que ambas partes entablen entre sí un diálogo constante;
12. considera que las autoridades públicas responsables deben adoptar las medidas de gestión del
riesgo a tenor de una apreciación política del grado de protección deseado;
13. considera que, a la hora de elegir las medidas que deban adoptarse para gestionar el riesgo,
deberá contemplarse todo el abanico de medidas que permitan alcanzar el nivel de protección
deseado;
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14. estima que todas las etapas deberán llevarse a cabo de forma transparente, especialmente las
de la evaluación y la gestión del riesgo, incluido el seguimiento de las medidas adoptadas;
15. estima que deberá asociarse a la sociedad civil y ponerse especial cuidado en consultar a todas
las partes interesadas en una fase lo más temprana posible;
16. estima que deberá establecerse una comunicación adecuada a propósito de los dictámenes
científicos y de las medidas de gestión del riesgo;
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17. considera que las medidas adoptadas deberán respetar el principio de proporcionalidad,
teniendo en cuenta los riesgos a corto y largo plazo y encaminándose a alcanzar el alto nivel de
protección deseado;
18. considera que las medidas no deben dar lugar a discriminaciones arbitrarias o injustificadas en
su aplicación;  cuando existan varias posibilidades de alcanzar el mismo nivel de protección de la
salud o del medio ambiente, deberá tratarse de adoptar las medidas menos restrictivas para elcomercio;
19. considera que las medidas deberían ser coherentes con las que ya se adoptaron en situaciones
similares o que utilicen enfoques similares, teniendo en cuenta la más reciente evolución científica y
la evolución del nivel de protección deseado;
20. insiste en que las medidas que se adopten presuponen el estudio de las ventajas y de las cargas
derivadas de la acción o de la falta de acción.  Dicho estudio tendrá en cuenta los costes sociales y
medioambientales, así como la aceptación que puedan suscitar entre la población las distintas
opciones posibles, e incluirá, cuando sea factible, un análisis económico, entendiéndose que deberáG/SPS/GEN/225
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concederse un carácter prioritario a las exigencias vinculadas a la protección de la salud pública,
incluidos los efectos que en ella tiene el medio ambiente;
21. estima que las decisiones que se adopten en virtud del principio de cautela deben volver a
estudiarse en función de la evolución de los conocimientos científicos.  Para ello, deberá garantizarse
el seguimiento de estas decisiones y deberán llevarse a cabo indagaciones complementarias para
reducir el nivel de incertidumbre;
22. estima que, al definir las medidas que vayan a adoptarse en virtud del principio de cautela y
en el marco de su seguimiento, la autoridad competente debe tener la posibilidad de determinar, caso
por caso, con arreglo a normas claras definidas en el nivel adecuado, a quién corresponde facilitar los
datos científicos necesarios con vistas a una evaluación más completa del riesgo;  dicha obligaciónpuede variar según los casos y debe procurar establecer un equilibrio satisfactorio entre los poderes
públicos, los organismos científicos y los agentes económicos, teniendo en cuenta, en particular, las
obligaciones que recaen sobre estos últimos por sus actividades.
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23. se compromete a poner en práctica los principios que figuran en la presente Resolución.
24. invita a la Comisión a que:
• aplique de forma sistemática sus directrices sobre las condiciones para recurrir al
principio de cautela, teniendo en cuenta las características específicas de los distintos
sectores en que aquéllas puedan llevarse a la práctica;
• integre el principio de cautela, siempre que sea necesario, en la elaboración de sus
propuestas legislativas y en el conjunto de sus acciones;
25.  invita a los Estados miembros y a la Comisión a que:
• confieran especial importancia al desarr ollo del conocimiento científico y a la
necesaria coordinación institucional;
• procuren que se reconozca plenamente el principio de cautela en los foros
internacionales pertinentes en materia de salud, medio ambiente y comerciointernacional, en particular con arreglo a los principios propuestos por la presente
Resolución, fomenten este objetivo y garanticen que se tenga más en cuenta, en
particular ante la OMC, al tiempo que contribuyen a su clarificación;
• garanticen la mayor información posible al público y a los distintos interesados sobre
el estado de los conocimientos científicos, los desafíos y los riesgos que les afectan aellos y a su medio ambiente;
• trabajen activamente para lograr que los interlocutores internacionales se
comprometan a hallar un terreno de entendimiento para la aplicación del principio;
• garanticen la difusión más amplia posible de la presente Resolución.
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