ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOG/VAL/49
25 de noviembre de 2002
(02-6516)
INFORME DEL COMITÉ DE VALORACIÓN EN ADUANA AL COMITÉ
DE NEGOCIACIONES COMERCIALES SOBRE LAS CUESTIONES
RELATIVAS A LA APLICACIÓN CONFORME AL PÁRRAFO 12
DE LA DECLARACIÓN MINISTERIAL
Antecedentes
1. Tras la adopción, en Doha, de la Declaraci ón Ministerial (WT/MIN(01)/DEC/1) y la Decisión
sobre las cuestiones y preocupaciones relativa s a la aplicación (WT/MIN(01)/17), el Comité de
Valoración en Aduana ha celebrado siete reuniones este año para cumplir el mandato que figura en el
párrafo 12 b) de la Declaración Ministerial y el párrafo 13 de la Decisión sobre las cuestiones ypreocupaciones relativas a la aplicación.  Esas reuniones tuvieron lugar los días 26 de febrero, 27 de
marzo, 6 y 7 de mayo, 3 de julio, 30 de septiembre y 1º de octubre, 4 y 5 de noviembre y 29 de
noviembre.  Los informes de esas reuniones figuran en los documentos G/VAL/M/25, G/VAL/M/26,
G/VAL/M/27 y Corr.1 y 2, G/VAL/M/28, G/VAL/M/30 y Corr.1 y Add.1, G/VAL/M/31,
G/VAL/M/32 y G/VAL/M/33, que está por distribuir.
2. El mandato correspondiente, que figura en el párrafo 12, dice así:
Atribuimos la máxima importancia a las cuestiones y preocupaciones relativas a la aplicación
planteadas por los Miembros y estamos resueltos a hallar soluciones apropiadas para ellas.  A
este respecto, y teniendo en cuenta las Decisiones del Consejo General de 3 de mayo y 15 de
diciembre de 2000, adoptamos además la Decisión sobre las cuestiones y preocupaciones
relativas a la aplicación que figura en el documento WT/MIN(01)/17 con objeto de abordar
cierto número de problemas de aplicación con que tropiezan los Miembros.  Convenimos enque las negociaciones sobre las cuestiones pendientes relativas a la aplicación serán parte
integrante del programa de trabajo que establecemos, y en que los acuerdos a que se llegue en
una etapa inicial de dichas negociaciones se tratarán de conformidad con las disposiciones del
párrafo 47  infra .  A tal efecto, procederemos del modo siguiente:  […];  b) las demás
cuestiones pendientes relativas a la aplicación serán tratadas con carácter prioritario por losórganos competentes de la OMC, que, no más tarde del final de 2002, presentarán informe al
Comité de Negociaciones Comerciales, establecido en virtud del párrafo 46 infra , con miras a
una acción apropiada.
Las demás cuestiones pendientes que el Comité de Valoración en Aduana habrá de tratar
figuran en los cinco incisos del párrafo 7 del documento JOB(01)/152/Rev.1.  Esos incisos se
enumeran en el análisis técnico que sigue.
3. En su reunión celebrada el 26 de febrero, el Comité adoptó su calendario de trabajo para el
año (G/VAL/44).  Recibió una nueva presentación de los cinco incisos por su proponente.  En su
reunión de marzo, el Comité convino en trabajar sobre la base de un análisis a fondo realizado en susreuniones, así como de una labor de preguntas y respuestas.  Tomó nota de un documento de la
Secretaría sobre la historia de la negociación del Acuerdo (G/VAL/W/95) y de otro que contenía una
recapitulación de los debates celebrados en diversos órganos de la OMC sobre cuestiones relativas a
la aplicación en materia de valoración en aduana (G/VAL/W/97).  En la reunión celebrada en mayo,G/VAL/49
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el Comité tomó nota de las numerosas preguntas  dirigidas al proponente que figuraban en los
documentos G/VAL/W/98 y Add.1 a 5.  Continuó su análisis técnico de los incisos.  En la reunión de
julio se confirmó un calendario de reuniones para el otoño.  En su reunión de septiembre y octubre, el
Comité tomó nota de las respuestas de la India a las preguntas incluidas en el documento
G/VAL/W/101, que suministraban las bases para proseguir el análisis a fondo de los incisos.
4. El presente informe se basa en la labor cumplida por el Comité durante este año.  Constituye
una reseña fáctica del análisis técnico, en que forzosamente se han resumido muchos de los detalles
técnicos.  Para una comprensión más cabal del debate técnico, los Miembros deberán remitirse a los
informes de las reuniones del Comité que se han reseñado.
Análisis técnico
- Inciso 57:  Se incluirá en el apartado b) iv) del párrafo 1 del artículo 8 el costo de
servicios tales como los de ingeniería, creación y perfeccionamiento y diseño, que el comprador,
de manera directa o indirecta, haya suministrado gratuitamente o a precios reducidos para que
se utilicen en la producción de las mercancías importadas.
5. El artículo 8 del Acuerdo enumera los ajustes que deben efectuarse en el precio de factura
para determinar el valor de transacción conforme al artículo 1 del Acuerdo.  El párrafo 1 b) delartículo 8 contiene un tipo de ajuste en función de lo que se ha denominado "aportes".  Se trata del
valor de los bienes y servicios que el comprador, de manera directa o indirecta, ha suministrado
gratuitamente o a precios reducidos para que se utilicen en la producción y venta para la exportación
de las mercancías importadas.  En el párrafo 1 b) del artículo 8 se enumeran cuatro categorías de
aportes.  Las tres primeras corresponden a bienes que, cuando se suministran por el compradorgratuitamente o a precios reducidos, se incluyen en el valor de transacción, cualquiera que sea su
origen.  La cuarta categoría corresponde a servicios (de ingeniería, creación y perfeccionamiento,
trabajos artísticos, diseños, y planos y croquis) que, cuando se suministran por el comprador
gratuitamente o a precios reducidos, se incluyen en el valor de transacción con la condición de que los
servicios se hayan realizado fuera del país de importación.
6. El proponente del inciso 57 sostuvo que la distinción basada en el origen de los bienes y
servicios, que figura en el párrafo 1 b) del artículo 8, era discriminatoria y daba pie a la evasión de
derechos.  Esto último se cometía mediante la manipulación de las facturas para declarar que esos
servicios se han suministrado por el comprador cuando no lo han sido, o exagerar en el valor total el
elemento correspondiente a los servicios suministrados por el comprador.  El proponente alegó que
existía una vinculación entre las medidas de lucha contra las prácticas fraudulentas y la valoración.
En consecuencia, la propuesta procuraba impedir prácticas fraudulentas colmando una brecha delAcuerdo.  Algunos Miembros consideraron también que la disposición era discriminatoria por el
régimen que otorgaba a los bienes en comparación con los servicios, y pusieron en tela de juicio la
lógica de exceptuar del valor en aduana únicamente los servicios originados en el país.
7. Algunos Miembros consideraron que la evasión de derechos y el fraude eran problemas de
observancia, y no necesariamente cuestiones referentes a la valoración.  En todas las transaccionesmercantiles existía un margen para la evasión de derechos.  Esos Miembros pusieron en tela de juicio
la legitimidad de una alteración del equilibrio de derechos y obligaciones que se había establecido en
el Acuerdo para tratar problemas internos de un Miembro en materia de imposición de normas.  La
aceptación de la propuesta supondría gravar a los proveedores nacionales de esos servicios y
acrecentar el valor imponible.  Un Miembro explicó que los proveedores de actividades económicasdel país de importación no deberían verse afectados por los aranceles de su propio país.  El
fundamento del distinto trato que se daba a los servicios y los bienes en el párrafo 1 b) del artículo 8
tenía su origen en las prácticas arancelarias de algunos países, en virtud de las cuales se otorgaban
exenciones de aranceles a bienes exportados que posteriormente se reimportaban en un producto final.G/VAL/49
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Otorgar tales exenciones a servicios resultaría más problemático.  Varios Miembros plantearon,
además, el problema conexo de la doble tributación en el plano de la economía interna.  El valor del
servicio suministrado por el comprador como aporte quedaría sujeto a tributación interna y sería
gravado entonces nuevamente a través de un arancel de importación si se lo añadiera al valor en
aduana de los bienes.  El actual párrafo 1 b) iv) del artículo 8 tenía la virtud de crear un incentivoeconómico para que los compradores adquirieran esos servicios a proveedores nacionales y, por
consiguiente, para el desarrollo de esas actividades de servicios en el país.  Algunos Miembros
alegaron que en la negociación del Acuerdo se adoptó una decisión explícita de otorgar tal incentivo.
8. El proponente, con el apoyo de algunos Miembros, alegó que si existiera doble tributación
también constituiría un problema para los "aportes" de bienes previstos en los apartados i) a iii) del
párrafo 1 b) del artículo 8.  Esos apartados establecen que los bienes adquiridos en el país y
suministrados como aportes deben añadirse al valor imponible.  Cabía presumir que esos bienesestuvieron sujetos a los impuestos internos sobre las ventas y el valor añadido cuando el comprador
los adquirió.  Por otra parte, el proponente alegó que la disposición no otorgaba un incentivo
económico para el desarrollo de las actividades de servicios internas.  El proponente interpretaba la
disposición en el sentido de que esos servicios solamente dejarían de incluirse en el valor imponible
cuando fuesen suministrados por el comprador.  Cuando los prestara cualquier otro proveedor, inclusoen el país de importación, esos servicios quedarían incluidos en el valor imponible.  Por lo tanto, no
existía ningún incentivo para la adquisición de los servicios en el país.  El proponente consideraba
que, de cualquier modo, el desarrollo de las actividades de servicios en el país, así como las medidas
destinadas a evitar la doble tributación, deberían ser funciones de la política fiscal interna y no de la
política en materia de valoración en aduana.
9. Esta deliberación, en realidad, planteaba un problema de interpretación de la disposición que
contiene el párrafo 1 b) iv) del artículo 8, porque algunos de los otros Miembros que se refirieron al
tema no compartían la interpretación planteada por el proponente.  Esos Miembros entendían que la
disposición significaba que los "aportes" de servicios se excluirían del valor imponible cualquiera que
fuese su proveedor dentro del país de importación, y no únicamente cuando el servicio fuerasuministrado por el comprador.  Por otra parte, se dijo que la doble tributación no existiría en los
casos de los apartados i) a iii) porque muchos países exoneraban los bienes destinados a la
exportación de los impuestos internos sobre las ventas y el valor añadido conforme al "principio del
destino" (es decir, se gravaban los bienes en su lugar de destino o de consumo).  En cambio, este
principio muchas veces no existía para los servicios, que se gravaban en el lugar de origen.  A este
respecto, el proponente sostuvo que debía aplicarse el mismo principio a los servicios contratados en
otros países y que dispensar un trato diferente a los servicios suministrados por el comprador eradiscriminatorio.
- Inciso 58:  El método residual para determinar el valor en aduana previsto en el
artículo 7 incluirá todas las demá s eventualidades, a fin de permitir la valoración basada en el
precio en el mercado interno o en el precio de exportación en un país tercero con los ajustes que
proceda.
10. El artículo 7 del Acuerdo contiene las disposiciones referentes al método residual, así como
una lista de métodos prohibidos para la determinación del valor.  Dos de esas disposiciones, a saber,
los apartados c) y e) del párrafo 2, se refieren al empleo de precios en el país exportador y en un tercer
país, respectivamente.
11. El proponente de la iniciativa explicó que las situaciones que llevaban a las administraciones
de aduanas al artículo 7, por no poder determinar el valor con arreglo a los métodos anteriores del
Acuerdo, planteaban graves problemas a esas administraciones a falta de información adecuada.  En
tales condiciones, la prescripción del párrafo 1 del artículo 7, de que el valor debe determinarse sobre
la base de los datos disponibles en el país de importación, y las prohibiciones de los apartados c) y e)G/VAL/49
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del párrafo 2, eran difíciles de justificar y creaban problemas de aplicación.  El artículo 7 disponía la
determinación del valor "según criterios razonables, compatibles con los principios y las disposiciones
generales de este Acuerdo...".  A este respecto, no era "razonable" excluir estos dos métodos.  La
propuesta procuraba eliminar estos dos métodos de la  actual lista de métodos prohibidos que figura en
el artículo 7 permitiendo su utilización, mediante los ajustes del caso, como medios para determinar elvalor en aduana como método residual.  Podrían efectuarse ajustes adecuados en función de los
precios FOB o CIF, las diferencias en los niveles comerciales o de cantidad, así como los gastos
locales de venta.  La información utilizada sería proporcionada por el importador y sobre la base de
los usos comerciales internacionales predominantes, como los determinan boletines publicados
internacionalmente, boletines de precios de productos, catálogos, listas de precios, etc.  La propuesta
recibió el apoyo de otro Miembro.
12. Un Miembro apoyó la inclusión del método mencionado en el párrafo 2 e) del artículo 7 sobre
la base de que la evolución del entorno comercial internacional había sufrido cambios considerables
desde la negociación del Acuerdo, sobre todo por el crecimiento del comercio intraempresarial.  La
utilización de un precio de un tercer mercado podría constituir un mecanismo apropiado para su
empleo con arreglo al método residual.  En cambi o, ese Miembro estimó que el método previsto en el
párrafo 2 c) del artículo 7 era contrario al Preámbulo del Acuerdo, en que se establecía que losprocedimientos de valoración no deben utilizarse pa ra combatir el dumping.  Algunos otros Miembros
plantearon también la posible contradicción de  esta propuesta con el Preámbulo del Acuerdo.
13. Numerosas delegaciones plantearon preocupaciones en el sentido de que la admisión de estos
métodos prohibidos comprometería los principios fundamentales del Acuerdo.  Con arreglo a él, la
valoración debe basarse en las realidades del comercio propias de cada transacción en el país deimportación.  Los métodos prohibidos previstos en el artículo 7 tenían por objeto impedir que
pudieran idearse sistemas paralelos o sustitutivos que comprometiesen la integridad del sistema de
valoración prescrito en el Acuerdo.  Esas delegaciones consideraban que el Acuerdo contenía un
número suficiente de métodos al incluir los cinco principales y la flexibilidad que permitía el
artículo 7.  Esos Miembros plantearon otras cuestiones, como la forma de obtener los precios en elpaís exportador;  el modo de ajustar esos precios conforme a cada transacción;  si se utilizarían como
base catálogos que a menudo no corresponden a precios finales;  de qué modo se efectuarían ajustes
en función de las distintas situaciones de mercado (los distintos países tendrían en sus precios internos
diferentes elementos de costo);  y qué país se utilizaría para las comparaciones basadas en terceros
mercados.
- Inciso 59:   Deberá modificarse el Acuerdo para que se tome en cuenta el valor más alto
cuando se constate más de un valor de transacción de mercancías idénticas o similares.
14. El párrafo 3 del artículo 2 y el párrafo 3 del artículo 3 del Acuerdo establecen que, si al
aplicar esas disposiciones se dispone de más de un valor de transacción, para determinar el valor en
aduana de las mercancías importadas se utilizará el valor de transacción más bajo.  Además, la lista de
métodos prohibidos del artículo 7 del Acuerdo comprende "un sistema que prevea la aceptación, a
efectos de valoración en aduana, del más alto de dos valores posibles".
15. El proponente explicó que el párrafo 3 del artículo 2 y el párrafo 3 del artículo 3 ofrecían
vastas oportunidades para su aplicación indebida por comerciantes inescrupulosos.  Se despachaban
en aduana pequeñas partidas piloto a valores bajos, seguidas deliberadamente por envíos mayores
para los cuales no era posible utilizar el valor de transacción y tenía que utilizarse, con arreglo a las
disposiciones del párrafo 3 del artículo 2 y el párrafo 3 del artículo 3, el bajo valor antes liquidado.También se mencionaron casos en que un cártel de comerciantes importaba cierto número de
pequeñas partidas a precios bajos.  En consecuencia, el proponente procuraba modificar el párrafo 3
del artículo 2 y el párrafo 3 del artículo 3 a fin de establecer la utilización del valor más alto de losG/VAL/49
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bienes idénticos o similares.  Con ello se impediría el abuso de las disposiciones, se pondría freno a la
manipulación de facturas y se impediría la distorsión del comercio y la pérdida de ingresos.
16. Respondiendo a varios Miembros que indicaron que se trataba, una vez más, de un problema
de imposición de las normas y no de valoración, el proponente explicó que los comerciantes
fraudulentos eran extremadamente difíciles de dete ctar.  Muchas veces la partida piloto inicial se
importaba por importadores fugaces a los que posteriormente no era posible rastrear.  A menudo la
importación se efectuaba en puestos de aduana apartados, en que no se disponía fácilmente de
información.  Algunos Miembros sugirieron que las administraciones de aduanas deberían llevar a
cabo el despacho previa auditoría para advertir la importación fraudulenta inicial.  De ese modo
podría efectuarse entonces una corrección que se aplicaría a los envíos ulteriores.  También en este
caso la solución de más largo plazo consistiría en tratar el problema fundamental de imposición de las
normas.  El proponente, sin dejar de convenir en la necesidad de la imposición de las normas,consideró que no podría realizarse en forma contraria al Acuerdo.  Sostuvo que, a menos que las
administraciones de aduanas pudiesen establecer que determinada partida había sido subvalorada
deliberadamente y tuviesen pruebas que acreditasen la existencia de fraude, sería difícil rechazar el
valor declarado.
17. Varios Miembros consideraron que el problema planteado por el proponente no justificaba la
modificación de una premisa fundamental del Acuerdo.  Se manifestó la preocupación de que la
propuesta estuviese motivada por el deseo de lograr una valoración más alta y mayores ingresos, más
que por el propósito de combatir el fraude o resolver problemas de aplicación.  Esos Miembros
consideraron que las disposiciones del Acuerdo que establecían ajustes en función de la cantidad y el
nivel comercial, así como las limitaciones de tiempo, al utilizar bienes idénticos o similares, bastabanpara contrarrestar cualquier esfuerzo de esa clase en transacciones fraudulentas.  Otro Miembro
manifestó preocupación porque la búsqueda del valor más elevado sería gravosa y trabaría los
objetivos de facilitación del comercio de la OMC.  Además, otro Miembro puso en tela de juicio la
existencia misma de tales mecanismos, teniendo en cuenta la extrema complejidad que supone lograr
que el segundo envío siga en breve plazo al primero y no se lo valore sobre la base del valor detransacción, sino del valor de bienes idénticos o similares.
- Inciso 60:  Deberán tenerse en cuenta las comisiones de compra al determinar el valor
en aduana de las mercancías importadas, ya que son un componente legítimo del costo
descargado de las mercancías importadas.
18. El párrafo 1 a) i) del artículo 8 estipula que las comisiones y los gastos de corretaje, salvo las
comisiones de compra, deben añadirse al precio de factura en la medida en que corran a cargo del
comprador y no estén incluidos ya en el precio.  Las comisiones de compra quedaron definidas en la
nota al párrafo 1 a) i) del artículo 8 como "la retribución pagada por un importador a su agente por los
servicios que le presta al representarlo en el extranjero en la compra de las mercancías objeto de
valoración".  El proponente de la iniciativa consideró que las comisiones de compra, al formar parte
del precio pagado por los bienes, no deberían excluirse del valor en aduana.  No existía fundamento
para su exclusión, que daba lugar a abusos por importadores fraudulentos.  Los compradores en granescala instalaban a agentes de compras en el extranjero e invocaban voluminosas comisiones de
compra para reducir considerablemente el valor imponible de sus importaciones.  Las
administraciones de aduanas de los países en desarrollo tenían dificultades para distinguir las
comisiones de compra de otras fuentes de comisiones;  en algunos casos los comisionistas actuaban
para ambas partes, y era difícil discernir los límites entre las comisiones de compra y de venta.  Lapropuesta recibió el apoyo de otro Miembro.
19. La mayoría de las delegaciones que se refirieron a esta propuesta consideró que los agentes de
compras eran una extensión del comprador, cuya actividad no beneficiaba al vendedor.  En
consecuencia, tales comisiones no formaban parte del precio pagado al vendedor y, por lo tanto, noG/VAL/49
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deberían incluirse en el valor aduanero.  Tal inclusión significaría castigar a los importadores que
recurriesen a agentes de compras y crearía un desincentivo para el comercio en general.  Algunos
Miembros llegaron a considerar que la propuesta era de naturaleza punitiva y representaría una
solución radical para un problema interno de aplicación de las normas.
20. Algunos Miembros, aunque convinieron en que se planteaba un problema de definiciones
pertinente, observaron que éste había sido tratado por el Comité Técnico de la OMA a través de
directrices y notas explicativas.  Un Miembro explicó que su gobierno había dictado leyes internas
que establecían directrices acerca de los elementos de prueba necesarios para establecer las
circunstancias que podían considerarse como comisiones de compra o comisiones o gastos del
vendedor pagados a un intermediario, y acerca de la naturaleza de esos pagos.  Conforme a esas
directrices, la administración de aduanas tenía a su disposición todos los medios necesarios para
establecer una conclusión acerca de si los servicios prestados por el intermediario eran o no parte delprecio efectivamente pagado en la importación.  Cuando no se contaba con pruebas suficientes para
determinar la vinculación entre el comprador y el agente, el reglamento establecía que la
administración de aduanas podía determinar la inexistencia de vinculación entre ellos.
21. El proponente explicó que su país también disponía de directrices e instrucciones análogas
sobre la forma de proceder respecto de las comisiones de compra y de verificar si determinadoelemento era o no una comisión de compra.  No obstante, le preocupaba que, si las administraciones
de aduanas rechazaban comisiones de compras mediante un acto administrativo basado en las
directrices, el importador podría promover procedimientos judiciales alegando la existencia de la
comisión de compra sin que la administración de aduanas pudiese probar lo contrario.
- Inciso 61:  Deberán considerase automáticamente "vinculadas" las personas asociadas
entre sí, por ser una de ellas agente, distribuidor o concesionario exclusivo de la otra, cualquiera
que sea la designación utilizada.
22. El párrafo 5 del artículo 15 del Acuerdo establece que "las personas que están asociadas en
negocios porque una es agente, distribuidor o concesionario exclusivo de la otra, [denominados en
adelante, agentes exclusivos, etc.] cualquiera que sea la designación utilizada, se considerarán comovinculadas, a los efectos del presente Acuerdo, si se les puede aplicar alguno de los criterios
enunciados en el párrafo 4 [del artículo 15 del Acuerdo]".  El párrafo 4 del artículo 15 contiene la
definición de vinculación a los efectos del Acuerdo.  En realidad, el Acuerdo estipula que esos
agentes exclusivos, etc., no se consideran vinculados automáticamente a menos que cumplan los
criterios de vinculación fijados en él.
23. El proponente de la iniciativa observó que el párrafo 5 del artículo 15 imponía a las
administraciones de aduanas la carga de la prueba respecto de la vinculación.  Era improbable que laadministración de aduanas del país importador tuviera acceso a la documentación mercantil pertinente
sobre los contratos que resultaría indispensable para acreditar tal vinculación.  La propuesta procuraba
introducir una disposición en el Acuerdo que calificase a los agentes exclusivos, etc., como partes
vinculadas en la respectiva transacción.  En estos tipos de transacciones el comprador y el vendedor
no eran independientes entre sí, y los precios suponían descuentos especiales para esos agentesexclusivos.  Los criterios del párrafo 4 del artículo 15 podrían no captar la totalidad de los posibles
tipos de vinculación.
24. Varios Miembros consideraron que los agentes exclusivos, etc., eran agentes comerciales
normales y que sus transacciones simplemente se realizaban a través de una forma de contrato de
distribución que suponía cierta exclusividad territorial.  Ello se diferenciaba considerablemente deltipo de vinculación contemplado en el párrafo 4 del artículo 15, que se refería a formas de asociación
bastante íntimas.  Si se impusiera al agente exclusivo, etc., la obligación de probar la inexistencia de
esa vinculación, la carga de la prueba sería imposible de cumplir porque supondría la prueba de unG/VAL/49
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hecho negativo.  El Acuerdo, en el párrafo 4 de su artículo 15, establecía criterios suficientes y
precisos acerca de las bases sobre las cuales debía determinarse la vinculación.
25. Un Miembro, aunque compartiendo la idea de  que el Acuerdo no debería modificarse,
consideró que los agentes exclusivos, etc., no tenían ningún incentivo para presentar pruebas
documentales solicitadas por las administraciones de aduanas.  Estaban al abrigo porque, si lasadministraciones de aduanas no podían probar una vinculación, su situación quedaba resguardada.  De
este modo, cuando la aduana sospechara que pudiera existir una vinculación, podría pedir al agente
exclusivo, etc., que presentara la documentación probatoria necesaria para que la administración de
aduanas determinase si se cumplían o no las condiciones del párrafo 4 del artículo 15.  La aduana, sin
presumir automáticamente la vinculación de los agentes exclusivos, etc., podría presumir la existencia
de una vinculación en caso de que no presentaran pruebas documentales de lo contrario.
26. Algunos Miembros consideraron que el artículo 17 y la Decisión Ministerial relativa a los
casos en que las administraciones de aduanas tengan motivos para dudar de la veracidad o exactitud
del valor declarado daban suficiente flexibilidad para tratar las situaciones en que el importador no
presentaba pruebas documentales.  Otro Mi embro preguntó qué impediría a los importadores
fraudulentos presentar un contrato ficticio para ocultar la vinculación cuando el propósito real fuera el
abuso de las disposiciones.  Otro Miembro preguntó qué debería hacerse en el caso en que existierauna vinculación, pero no afectase al precio.  El proponente manifestó interés por la idea expuesta en el
párrafo 25.  Si se la modificara incluyendo no solame nte el contrato entre el comprador y el vendedor,
sino también toda la información necesaria para acreditar ante la aduana la inexistencia de la
vinculación, el proponente expresó su interés por examinar más a fondo la idea como posible solución
práctica de transacción.
Conclusión
27. A la luz del debate técnico expuesto en la sección anterior, el Comité no puede proponer un
modo de proceder en relación con ninguna de las cuestiones por falta de consenso.
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