RESTRICTEDORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOWT/WGTCP/W/100
24 de septiembre de 1998
(98-3693)
Grupo de Trabajo sobre la Interacción
entre Comercio y Política de CompetenciaOriginal:  inglés
COMUNICACIÓN DEL BRASIL
Se ha recibido de la Misión Permanente del Brasil la siguiente comunicación, de fecha 18 de
septiembre de 1998, con el ruego de que se distribuya a los Miembros.
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Resumen
La presente comunicación del Brasil consta de tres partes.  En la primera se ofrece una breve
introducción sobre la importancia cada vez mayor de la política de competencia en el mundo entero y
sobre los motivos por los que dicha cuestión debería abordarse desde una perspectiva internacional.
En la segunda parte se presentan y se analizan dos propuestas diferentes sobre la manera en que eseenfoque internacional de la competencia podría lograrse de un modo eficaz y provechoso.  En la
primera propuesta se aboga por reforzar la comunicación y la cooperación entre las autoridades
nacionales encargadas de la competencia, mediante la institucionalización de vías de intercambio
entre los organismos con miras a facilitar el análisis de casos comunes, y por avanzar hacia la
armonización paulatina de los formularios y procedimientos para las notificaciones previas de lasfusiones.  La segunda propuesta se refiere a la extensión de los principios tradicionales
del GATT/OMC, tales como la transparencia o el trato nacional, a la esfera antimonopolio.  Se
incluyen dos ejemplos de cómo se podría lograr dicha extensión, ilustrados por medidas concretas
adoptadas por las autoridades brasileñas encargadas de la defensa de la competencia.  La última parte
recoge un estudio de las ventajas de abordar la competencia dentro de la estructura de la OMC, con la
conclusión de que parece razonable analizar dicha cuestión dentro del marco del régimen de comercio
internacional.
I. INTRODUCCIÓN
Con la reducción gradual de los obstáculos comerciales y el avance de la mundialización, la
cuestión de la política de competencia ha pasado a ocupar un lugar primordial dentro del debate sobre
el comercio internacional.  En efecto, al disminuir los obstáculos, tanto arancelarios como no
arancelarios, que tradicionalmente se imponían al comercio a los niveles más bajos registrados en lostiempos modernos, se fueron haciendo más patentes otras limitaciones e impedimentos al comercio
causados por la actuación de los agentes privados y se volvieron más evidentes sus repercusiones
perjudiciales en el comercio.  Para reconocer los posibles efectos deletéreos que las prácticas
anticompetitivas privadas pueden tener en el comercio, basta con pensar en los cárteles
internacionales que dividen el mundo en regiones con miras a aumentar los precios y reducir lacompetencia o en los acuerdos verticales que restringen las actividades de los proveedores (tanto
nacionales como extranjeros) que no son miembros de los mismos.WT/WGTCP/W/100
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Así pues, la creciente atención y preocupación que suscita este asunto, lejos de causar
sorpresa, es ciertamente del agrado de muchos, en particular de países como el Brasil, que ha
participado desde hace tiempo activamente en el esfuerzo de liberalización del comercio en el seno
del sistema GATT/OMC y que está logrando una rápida consolidación de un régimen moderno de
política de competencia.
Los avances registrados en el ámbito de la política de competencia han constituido, de hecho,
una verdadera tendencia mundial, siendo mayor que nunca el número de países que o bien han
promulgado leyes en materia de competencia, o están en vías de adoptarlas.  Según se señala en la
publicación de la UNCTAD titulada World Invest ment Report 1997, más de 70 naciones cuentan ya
con leyes en materia de competencia, mientras que en la década de 1980 no llegaban a 40.  Al mismo
tiempo, las actividades de las empresas privadas se están mundializando cada vez más, lo que implica
que sus prácticas y sus fusiones tenderán a afectar simultáneamente más jurisdicciones.  Habidacuenta de esas tendencias, es evidente que estamos en un momento particularmente estratégico para
abordar esta cuestión desde un punto de vista internacional.
Una vez reconocida la importancia del tema, se pasarán a estudiar en el presente documento,
como propuesta inicial sometida al Grupo de Trabajo para su examen, dos posibles maneras de
abordar la política de competencia de un modo realista y eficaz en el foro internacional de la OMC.Por último se analizarán, a modo de conclusión, los motivos por los que parece más eficiente y eficaz
emprender ese esfuerzo dentro de la estructura de la OMC.
II. PROPUESTAS
1. Una manera de abordar la relación entre defensa de la competencia y comercio en el ámbito
internacional que merece ser estudiada con más detenimiento es el fortalecimiento de la comunicacióny la cooperación entre las autoridades de distintos países encargadas de la competencia, lo que sin
duda puede resultar muy beneficioso, tanto en lo que se refiere a los conocimientos técnicos como a la
experiencia.
Convendría tomar en consideración dos factores para comprender los motivos por los que se
debe dar prioridad a la cooperación internacional:
i) a diferencia de la jurisprudencia de los años sesenta y setenta, existen cada vez más
casos que no sólo presentan las mismas características en varios mercados, sino que,
en realidad, constituyen fusiones transfronterizas o conductas generalizadas.  Por
consiguiente, es muy probable que surjan contradicciones entre las decisiones
adoptadas por los distintos organismos nacionales.
ii) la frecuencia de las transacciones transfronterizas plantea el problema de los costos de
transacción en los que incurren las empresas al tener que cursar varias solicitudes yajustarse a distintos plazos administrativos.  Los esfuerzos encaminados a armonizar
determinados requisitos (por ejemplo, para el examen de las fusiones) podrían ser
útiles incluso sin una convergencia más profunda en lo que a la legislación se refiere.
De estas consideraciones se desprenden automáticamente dos opciones para la cooperación
internacional en el ámbito de la defensa de la competencia.
En lo que se refiere a la cooperación relativa a la conducta generalizada de los agentes
privados con repercusiones internacionales, la forma adecuada de abordar los cambios que se
producen consiste en centrarse primeramente en las categorías de comportamiento anticompetitivo
más patentes, irrefutables y condenadas a nivel universal.  Ése es el caso, por ejemplo, de laWT/WGTCP/W/100
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cooperación para luchar contra los cárteles residuales.  En consecuencia, esta cuestión debería
considerarse como un asunto importante dentro del programa del Grupo de Trabajo.
En realidad, prácticamente todas las jurisdicciones que han promulgado leyes en materia de
competencia cuentan con disposiciones destinadas a combatir tales prácticas, y sus efectos
perjudiciales en la competencia son, por lo general, relativamente fáciles de evaluar.  En ese sentido, ydado que la naturaleza mundial de las acciones privadas es cada vez mayor, la creación de vías o, al
menos, de modelos para la comunicación entre los organismos competentes, por ejemplo con respecto
al estado de un asunto sometido simultáneamente a varias jurisdicciones, podría resultar sumamente
útil para cada una de las autoridades encargadas de la defensa de la competencia interesadas.  No
obstante, en cualquier caso es evidente que el recurso de hecho a tales mecanismos de comunicación
quedaría a la discreción de cada uno de los organismos en cada asunto concreto.
Una clara ventaja de examinar y tratar de alcanzar algún tipo de acuerdo dentro de la
estructura de la OMC es que ello permitiría introducir la cuestión de la cooperación en materia
antimonopolio en el programa de trabajo de los países de todo el mundo, lo que al mismo tiempo
incrementaría sus posibles efectos positivos.  Como se verá en la última parte del presente documento,
no cabe sobrestimar el efecto alentador que puede entrañar el hecho de que un régimen tan complejo
como el sistema internacional de comercio se haga cargo de tales cuestiones.
La segunda opción de defensa de la competencia que podría ser objeto de una cooperación
internacional, como mencionamos más arriba, es el tratamiento de las fusiones y adquisiciones.
En realidad, es bastante evidente que, a medida que aumentan las repercusiones
multinacionales de tales operaciones, también se incrementan considerablemente los costos de
transacción que entraña para los agentes privados el cumplimiento de las distintas prescripcionesimpuestas por cada uno de los organismos nacionales de defensa de la competencia interesados, lo
que tiene efectos negativos en la competencia.  Así pues, se ha pasado a estudiar la elaboración de un
formulario modelo común para las notificaciones e informes de fusiones, que los países puedan
utilizar en parte o en su totalidad, o incluso como referencia general sobre esta cuestión.
Obviamente, cabe la posibilidad de que con el tiempo, y siempre que los organismos
nacionales vean alguna ventaja en recurrir a un formulario modelo, se dé una armonización
progresiva, si no del formato, al menos del contenido de la información requerida por cada
jurisdicción, lo que reduciría los costos que tienen que sufragar las empresas.
Otra posible ventaja, que probablemente se daría más adelante, sería la reducción de las
diferencias en los plazos previstos en las distintas jurisdicciones para la aprobación de las fusiones.
Esto sería sin duda un cambio crucial, por cuanto se reduciría el período de incertidumbre, y todos los
costos que de él se derivan, a los que hoy por hoy tienen que hacer frente los agentes privados alsometer una sola transacción internacional a organismos que cuentan con plazos muy diferentes para
la adopción de decisiones.
Una vez más, incluso el mero hecho de debatir y adoptar un formulario modelo o unas
prescripciones comunes que sirvan de simple referencia podría contribuir a estimular la conciencia de
los costos que tienen que encarar los agentes privados, así como de las posibles ventajas queentrañaría la consecución de cierto grado de similitud en lo que respecta al contenido de la
información requerida, lo que, a su vez, allanaría el camino para seguir avanzando en esa dirección.
También se pueden encontrar ejemplos de progresos alentadores en esa dirección en el
contexto de la política de competencia aplicada dentro del MERCOSUR.  El Protocolo de Fortaleza,
firmado en diciembre de 1996 y aún pendiente de reglamentación y ratificación por parte de laslegislaturas nacionales, prevé mecanismos de cooperación entre los organismos nacionales encargadosWT/WGTCP/W/100
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de la competencia, así como la adopción de un calendario para la aplicación de un sistema de examen
de las fusiones dentro del bloque regional.
Deseosos de avanzar un paso más en la cooperación, los organismos del Brasil y de la
Argentina encargados de la competencia han acordado un programa de trabajo común, que incluye el
intercambio de funcionarios, la organización de seminarios y talleres y, aspecto éste que resulta másimportante, el examen de casos comunes y la participación de observadores en las reuniones de ambas
instituciones.
Igualmente importantes son las iniciativas de cooperación entre profesionales del Brasil y de
la Argentina en materia de defensa de la competencia, iniciativas que podrían desembocar en la
creación de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la consolidación y al desarrollo de la
cultura de la competencia.
2. Una segunda forma importante de abordar la relación entre política de competencia y
comercio consistiría en hacer extensivos los principios de la OMC a la esfera antimonopolio.  Tal
iniciativa sería sumamente significativa, ya que dichos principios han sido aceptados universalmente
como fundamentales para un entorno económico internacional equitativo y eficaz.  Concebida como
punto de partida para exámenes ulteriores, la presente comunicación no tratará de ofrecer un análisis
exhaustivo de esta cuestión.  Antes bien, se examinarán únicamente dos de los muchos principios dela OMC, como mero ejercicio preliminar para la extensión propuesta de su aplicación a la política de
competencia.
Las Partes Contratantes de la OMC, podrían por ejemplo, comprometerse a respetar el
principio básico de la transparencia en lo que respecta a la política de competencia, de un modo
similar en que lo respetan en lo que atañe a las disposiciones relativas al comercio.  En realidad, esevidente que resulta fundamental asegurar a los agentes privados un acceso a las leyes, reglamentos y
jurisprudencia pertinentes de cada parte contratante para que puedan determinar su modo de
actuación.
Más compleja, en cambio, resulta la cuestión de la aplicación del principio de transparencia a
los procedimientos antimonopolio de adjudicación.  No cabe duda de que las partes en unareclamación han de tener acceso a toda la documentación pertinente y a los procedimientos
respectivos para poder defenderse debidamente.  Ahora bien, el hecho de permitir el acceso a tal
información y a tales procedimientos a terceros también puede tener un efecto instructivo muy
positivo en lo que respecta a la defensa de la competencia, efecto que obviamente viene a sumarse a la
ventaja general, reconocida desde hace tiempo por los tribunales de todo el mundo que celebran
audiencias públicas, que supone permitir que la sociedad siga la aplicación de sus propias leyes.
Es importante subrayar, por una parte, que las autoridades en materia de competencia a
menudo tienen en su poder información particularmente sensible, que puede comprender secretos
comerciales e industriales o planes estratégicos, en cuyo caso es legítimo que los agentes privados
deseen que se mantenga su carácter confidencial.  Además, esta garantía es importante para el eficaz
funcionamiento del propio organismo encargado de la defensa de la competencia, ya que, de entrada,
la incertidumbre respecto del uso que se va a dar a los datos secretos haría que las empresas fuesenmuy renuentes a facilitarlos.
Es obvio que al aplicar el principio de la transparencia a la defensa de la competencia se debe
tener en cuenta esta peculiar circunstancia y permitir que cada país emprenda la delicada tarea de
lograr su propio equilibrio entre la confidencialidad y la publicidad de las acciones y procedimientos
de las autoridades en materia antimonopolio.  La creación de mecanismos útiles que prevean untratamiento apropiado de la información confidencial entre las autoridades competentes debería
constituir una cuestión importante dentro del programa de la cooperación internacional.WT/WGTCP/W/100
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Una consecuencia derivada del principio anterior, que probablemente requerirá un examen
más detenido en el caso de la política de competencia, es el respeto de un proceso legal con todas las
garantías.  Sería un avance importante que cada parte contratante aceptara formalmente el reto y el
compromiso de respetar sus disposiciones en materia de debido proceso legal al ocuparse de asuntos
antimonopolio.  Las repercusiones, tanto en lo que se refiere a la seguridad y confianza de los agentesprivados como a la reducción de los costos asociados con la falta de seguridad y confianza, no pueden
ser sino positivas.
Otro aspecto complejo en lo que atañe al respeto de las garantías legales, al que sin duda
alguna tienen que hacer frente las autoridades judiciales de todos los países del mundo y que cobra
especial importancia en el caso de la política de competencia, es el equilibrio entre la seguridad y la
celeridad del proceso de adopción de decisiones.  Lo cierto es que en el mundo actual las condiciones
económicas evolucionan a un ritmo cada vez más asombroso.  En muchos casos, una decisión
demasiado lenta en materia antimonopolio puede resultar, a efectos prácticos, igual de ineficaz que si
no se hubiese adoptado decisión alguna.  Dadas esas circunstancias, sería importante que las partes
contratantes asumieran el compromiso de procurar adoptar decisiones rápidas y al mismo tiempo
firmes y bien fundadas, velando debidamente por el pleno respeto de las garantías legales.
Otro principio importante de la OMC que se podría hacer extensivo a la política de
competencia es el principio del trato nacional.  Este requisito básico de equidad exigiría que todos los
países garantizaran a las empresas extranjeras los mismos derechos y obligaciones con respecto a su
legislación, autoridades y procedimientos nacionales en materia de competencia que los que se
otorgan a las empresas nacionales.
Los propios organismos nacionales en materia de competencia podrían encargarse de una
parte importante de la aplicación propiamente dicha de los principios arriba mencionados.  Así por
ejemplo, el CADE (Consejo Administrativo de  Defensa Económica, organismo autónomo que se
encarga en el Brasil de analizar los asuntos relativos a la competencia y de adoptar decisiones
respecto de los mismos), que ha asumido esos retos con decisión, ha adoptado recientemente un nuevo
Código de normas y procedimientos internos y está elaborando un Código de ética interno.  Gracias ala celebración de sesiones de debate y foros abiertos, así como a la página de presentación permanente
del CADE en Internet, se han abordado cuestiones difíciles aunque cruciales, tales como la
transparencia y la confidencialidad o la adopción de decisiones firmes pero oportunas, tomando en
cuenta las contribuciones aportadas por abogados en ejercicio, académicos, organismos extranjeros y
la comunidad en general.  En la página de presentación mencionada se pueden encontrar, además de
los debates en curso sobre asuntos como los arriba mencionados, decisiones adoptadas en el pasado,
datos relativos a asuntos antimonopolio y decisiones sobre los mismos, informes sobre cuestionesconcretas relacionadas con la competencia y el Informe Anual del CADE.
Asimismo, con el fin de fomentar la transparencia, la SDE (Secretaría de Derecho Económico
del Ministerio de Justicia, encargada de la investigación de asuntos relacionados con la competencia
sometidos al CADE) ha adoptado, desde 1996, la inicia tiva de publicar en el Diario Oficial todas las
notificaciones relacionadas con las fusiones y adquisiciones, asegurándose así de que el público tengaconocimiento de los casos de que se trate y pueda manifestarse al respecto.  Tales procedimientos
también proporcionan elementos importantes para otras posibles investigaciones.  La SDE también
está examinando, con la ayuda de especialistas de renombre, una reforma de sus procedimientos
internos de investigación con miras a mejorar su eficacia y transparencia.
En ese mismo sentido, la SEAE (Secretaría de Seguimiento Económico del Ministerio de
Hacienda, encargada de preparar dictámenes de carácter económico respecto de asuntos de
competencia) celebra audiencias con la participación de los representantes del CADE y de la SDE, en
las que las partes en una transacción exponen sus opiniones y motivos relacionados con las fusiones
de que se trate, lo que permite un tratamiento conjunto y más rápido de los casos más sencillos.  LosWT/WGTCP/W/100
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resúmenes de las opiniones e iniciativas de la SEAE relacionadas con la competencia, así como el
informe anual de la Secretaría, se pueden consultar en Internet.
La experiencia del Brasil a este respecto demuestra las posibles ventajas concretas que se
pueden obtener mediante el compromiso de respetar y aplicar los principios analizados más arriba, al
tiempo que refuerza la importancia de que tales principios sean adoptados o apoyados de algún modopor la OMC.
III. CONCLUSIÓN
Un último aspecto que merece ser examinado es el motivo por el que el hecho de abordar la
política de competencia dentro del ámbito de la OMC contribuiría a reducir los costos de transacción
en toda una serie de frentes diversos.  En efecto, la participación en un régimen más amplio y ya
institucionalizado permitiría un acceso mucho mayor a la información, cuestión ésta que se considera
comúnmente como uno de los mayores obstáculos para la conclusión de acuerdos y transaccionesinternacionales.
La inclusión del tema de la política de competencia dentro del marco de la OMC también
permitiría aprovechar la infraestructura logística de la organización, en lo que se refiere a experiencia
negociadora, personal y modelos de transacción, con la ventaja de que se contaría con el respaldo de
todo un régimen de trabajo, aspectos éstos que contribuirían a reducir notablemente los costos detransacción.  Además, al vincular la política de competencia a un marco más amplio, con un conjunto
de normas y procedimientos por todos conocidos y consolidados, con definiciones, principios y
conceptos fundamentales aclarados con el tiempo, pueden aumentar las posibilidades de un
entendimiento y una interpretación comunes de las disposiciones adoptadas, lo que, a su vez,
esclarecería su significado, reduciría la incertidumbre y contribuiría así a aumentar las posibilidadesde cumplimiento de las mismas.
Por último, el hecho de abordar la cuestión de la competencia dentro de la OMC ofrece otra
ventaja muy importante.  La organización elabora información que no se limita a ofrecer una mera
visión de la situación de determinados países o datos de carácter general y análisis de tendencias y
evoluciones generales.  Los informes, estudios y análisis a menudo contribuyen a recalcar las ventajasde un comercio más libre y del sistema multilateral, al tiempo que sirven para demostrar los efectos
perjudiciales del proteccionismo.  Este factor, si bien no tiene nada de sorprendente, permite ilustrar
una cuestión en la que también hacen hincapié los teóricos en materia de relaciones internacionales, a
saber, que la información facilitada por las instituciones internacionales, además de responder a las
necesidades de los Estados Miembros, también puede tratar de lograr una interacción con esas
necesidades, o al menos con la percepción de las mismas.
Dentro del régimen del GATT/OMC, constantemente se recuerda a los países Miembros lo
beneficioso que puede resultar el sistema multilateral para ayudarles a alcanzar sus propios objetivos
de aumento del bienestar y se les anima a procurar dar nuevos pasos en esa misma dirección.  Ese tipo
de información, junto con el papel de promotor que a menudo desempeña la OMC, puede contribuir a
alterar la manera en que un Estado percibe una esfera determinada, y sus propias necesidades en la
misma, así como los incentivos que a su juicio puede suponer para él el hecho de concluir nuevosacuerdos o transacciones.
Esa capacidad de información -junto con la experiencia acumulada de la OMC en este
ámbito- podría ser muy útil para divulgar la cultura de la competencia.  Mediante la facilitación de
datos sobre las ventajas que se derivan de un entorno de la competencia más libre, la promoción
activa de nuevos avances en esa dirección y el fomento de la cooperación, el régimencomercial/antimonopolio internacional podría cumplir la importante función de promover la
elaboración o reforma de leyes y procedimientos que estén en consonancia con los principiosWT/WGTCP/W/100
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generales a los que se hace referencia en la presente comunicación e impulsar asimismo las iniciativas
de cooperación en relación con los aspectos antimonopolio y bloques comerciales mencionados más
arriba.  Todas éstas son ventajas con un considerable potencial de aumento del bienestar.
En cualquier caso, el mero hecho de que la OMC aborde esta cuestión contribuiría a realzarla
dentro del programa internacional, lo que, como mínimo, tendría por efecto que las principales partescontratantes ponderasen, debatiesen y mostrasen el reconocimiento de la importancia cada vez mayor
de la política de competencia en el mundo actual, así como de las ventajas que se podrían derivar de
un tratamiento multilateral de esta cuestión, permitiendo a cada país alcanzar sus propios objetivos
económicos y sociales.
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