RESTRICTEDORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOIP/C/W/331
5 de diciembre de 2001
(01-6179)
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el ComercioOriginal:  francés
EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN
Respuestas de Túnez a las preguntas formuladas por el Canadá y Suiza
Mediante una comunicación de la Delegación Permanente de Túnez, de fecha 27 de
noviembre de 2001, la Secretaría ha recibido las siguientes respuestas a las preguntas formuladas por
el Canadá y Suiza, que fueron distribuidas c on las signaturas IP/C/W/314 y 315, respectivamente.
_______________
CANADÁ
1. Sírvanse indicar cómo se han cumplido las obligaciones relativas a los medios de hacer
respetar los derechos de propiedad intelectual (artículos 41 a 61 del Acuerdo sobre los ADPIC).
En Túnez, la propiedad intelectual, en su aspecto de propiedad literaria y artística (derecho de
autor y derechos conexos) queda protegida mediante:
- los tratados internacionales legalmente ratificados, en virtud del artículo 32 de la
Constitución, que son de rango superior a la ley (los acuerdos de la Ronda Uruguay
(ADPIC), el Convenio de Berna, etc);
- el derecho común:  la legislación general, tanto civil como penal (Código de
obligaciones y contratos, Código de comercio, Ley relativa a la competencia y a los
precios, Código de enjuiciamiento criminal, Código de aduanas, etc);
- la legislación especial ( sui generis) ;  en este caso, la Ley Nº 94-36 de 24 de febrero
de 1994, relativa a la propiedad literaria y artística (derecho de autor) y los textos
adoptados para su aplicación, en particul ar el Decreto Nº 96-2230 de 11 de noviembre
de 1996, relativo a la organización administrativa y financiera del Organismo deprotección de los derechos de autor de Túnez y a sus modalidades de funcionamiento.
Cabe destacar que existe un proyecto de ley que se encuentra actualmente en la Cámara de
Diputados, tras haber sido adoptado por el Consejo de Ministros y el Consejo constitucional.  El
objetivo esencial de este texto es adaptar las disposiciones de la Ley Nº 94-36 mencionada supra ,
relativas a los derechos de autor, a las del Acuerdo sobre los ADPIC y al Tratado de la OMPI de
diciembre de 1996, por un lado, e introducir en esta Ley especial las disposiciones relativas a los
derechos conexos de conformidad con lo estipula do en el Acuerdo sobre los ADPIC, la Convención
de Roma y el Tratado de la OMPI  de diciembre de 1996, por otro.
Por lo que se refiere a la observancia de los derechos de conformidad con lo dispuesto en la
tercera parte del Acuerdo sobre los ADPIC, la legislación de Túnez establece procedimientos deIP/C/W/331
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observancia de los derechos de autor y los derechos conexos que permiten la adopción de medidas
eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos.
Artículo 42
De esta manera, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Acuerdo sobre
los ADPIC, relativo a los procedimientos justos y equitativos:
1) Se autoriza a las partes a estar representadas por un abogado independiente.  Además,
"el concurso de abogado resulta obligatorio ante el tribunal de primera instancia.  El bufete del
abogado se considera como el domicilio fijado por el cliente por lo que se refiere al grado de
jurisdicción de que se ocupa" (artículo 68 del Código de enjuiciamiento civil y comercial).
2) Los demandados tienen derecho a recibir aviso por escrito en tiempo oportuno, con
inclusión del fundamento de la reclamación.  En el artículo 70 del Código de enjuiciamiento civil y
comercial se prevé lo siguiente:  "la demanda introductoria de instancia debe contener el nombre,
apellido, profesión, domicilio y legitimación de todas las partes, así como la relación de los hechos ...Debe además contener la invitación formulada al demandado para que presente sus conclusiones en
réplica".
3) En la legislación de Túnez existe un procedimiento para identificar y proteger la
información confidencial.  En efecto,
- En el artículo 253 del Código Penal se prevé lo siguiente:  "Quien, sin estar
autorizado a ello, divulgare el contenido de una carta, de un telegrama o de cualquier
otro documento que perteneciere a otra persona, será castigado con pena de prisión de
una duración de tres meses".
- En el artículo 254 del Código Penal se estipula lo siguiente:  "los médicos, cirujanos y
otros funcionarios de sanidad, así como los farmacéuticos, las comadronas, y
cualesquiera otras personas depositarias, por su situación o profesión, de secretos que
les fueren confiados, que, fuera de los casos en los cuales la ley les obligare uautorizare a formular denuncias, hubieren revelado dichos secretos serán castigados
con pena de prisión de seis meses de duración y multa ...".
Los diferentes estatutos generales del personal del sector público han sometido a éste a la
obligación del secreto y la discreción profesional;  entre ellos están los siguientes:
- el estatuto general del personal del Estado, de las colectividades públicas locales y de
los establecimientos públicos administrativos;
- el estatuto general de los funcionarios de los organismos paraestatales, de los
establecimientos públicos industriales y comerciales y de las sociedades cuyo capital
pertenece directamente por completo al Estado o a las colectividades públicas;
- el estatuto general de los magistrados;- el estatuto general del personal de aduanas;
- el estatuto general del personal de las fuerzas de seguridad interior.
Además, en el artículo 168 del Código de Trabajo se estipula que "los miembros de la
Comisión consultiva de empresa y los delegados de personal quedan obligados al secreto profesionalIP/C/W/331
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con respecto a toda la información de carácter confidencial de que tengan conocimiento en el ejercicio
de sus funciones y con respecto a todas las cuestiones relacionadas con los procedimientos de
fabricación.  En caso de infracción, quedan sujetos a las sanciones previstas en los artículos 138 y 254
del Código Penal".
En el artículo 138 del Código Penal se prevé "además de la multa, una pena de prisión de dos
años de duración para el director, empleado u obrero de una fábrica que revelare o comunicare los
secretos de fabricación de la misma;  la tentativa resulta igualmente punible".
Artículo 43
La legislación de Túnez, de conformidad con lo  dispuesto en el artículo 43 del Acuerdo sobre
los ADPIC por lo que se refiere a las pruebas, faculta a las autoridades judiciales para ordenar a una
de las partes en el procedimiento, a solicitud de la parte contraria, que aporte pruebas que se hallen
bajo su control.
En virtud de los artículos 213 a 223 del Código de enjuiciamiento civil y comercial, el
Presidente del tribunal está facultado para emitir, previa petición, providencias dirigidas a una u otra
de las partes en el procedimiento, con el fin de permitir la salvaguardia de los derechos e intereses que
no se pueden dejar sin protección.  En caso de extrema urgencia, el juez puede resolver en su
domicilio sobre las peticiones que le sean presentadas.
La ejecución de las providencias así dictadas no está subordinada a la estampación del sello
del tribunal ni a la inscripción en el registro ad hoc.  Estas formalidades se cumplirán ulteriormente.
Las providencias a petición de parte quedan dispensadas de la formalidad de registro;  los
fedatarios-notarios las ejecutan inmediatamente.
La petición de revocación de la providencia no suspende su ejecución.  En virtud del
artículo 101 del mismo Código, "si resultare necesario proceder a un peritaje y no existiere acuerdo
entre las partes sobre la elección del perito, será designado por el juez".
Artículo 44
Por lo que se refiere al artículo 44 del Acuerdo sobre los ADPIC relativo a los mandamientos
judiciales, la legislación de Túnez prevé que las autoridades judiciales están facultadas para
pronunciar diferentes tipos de decisiones, a saber, las providencias de urgencia, el mandamiento de
pago y la sentencia definitiva u otra sentencia.
Conforme al artículo 86 del Código de enjuiciamiento civil y comercial, "el tribunal puede, si
lo estima necesario, hacer que el juez ponente proceda a adoptar cualquier diligencia de instrucción,
como la indagatoria, la inspección ocular, el perita je, la tacha de falsedad o cualquier otra diligencia
que resulte útil para la manifestación de la verdad".
Puede, en la vista y en presencia de las partes, fijar la fecha para la diligencia de instrucción
prescrita, precisando el día y la hora de la comparecencia de las partes en el despacho del juez ponente
o en el lugar del litigio o en cualquier otro lugar.
En el artículo 225 del mismo Código se estipula que "de todas formas, el tribunal puede
ordenar de oficio la intervención de un tercero en el procedimiento, cuando considere que la presencia
de éste último resulta indispensable para la apreciación del litigio".  Si resultare necesario proceder a
un peritaje y no existiere acuerdo entre las partes sobre la elección del perito, será designado por el
juez.IP/C/W/331
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El procedimiento de urgencia
En virtud del artículo 201 del Código de enjuic iamiento civil y comercial:  "En todos los
casos de urgencia, se resolverá mediante el procedimiento de urgencia de manera precautoria y sin
prejuzgar en cuanto a lo principal".  "Resuelven en  urgencia el Presidente del tribunal de primera
instancia o la persona en quien éste delegare, así como el juez cantonal en los casos en los que la ley
le otorgare competencia" (artículo 202 del Código de enjuiciamiento civil y comercial).
"Las providencias de urgencia se hacen ejecutorias transcurridas 24 horas desde su
notificación personal, excepto cuando el juez hubiere concedido un plazo de gracia".
La ejecución se lleva a cabo sin garantía si el juez no ha ordenado que se constituya una
(artículo 207 del Código de enjuiciamiento civil y comercial).
- El mandamiento de pago
En virtud del artículo 59 del Código de enjuiciamiento civil y comercial, puede
quedar sometida al procedimiento de mandamiento de pago toda demanda de pago de crédito
cuando éste, con independencia de cual sea su naturaleza, alcance un importe determinado y
tenga una causa contractual.
- La sentencia
La sentencia no resulta definitiva si la decisión puede ser recurrida.  Sin embargo,
siempre puede ordenarse la ejecución provisional de la misma, con o sin depósito de fianza,
según la circunstancias del proceso (artículos 126 y 286 del Código de enjuiciamiento civil ycomercial).
Para la ejecución de las sentencias:El fedatario-notario puede:- penetrar en el lugar donde deba llevarse a cabo la ejecución de la sentencia, colocar
un guarda en las puertas para impedir la apropiación indebida, exigir al instante la
ayuda del jefe del puesto de policía o de la guardia nacional en cuya presencia se
procederá a la apertura de las puertas ...  así como de los muebles ...;
- proceder a una ejecución por embargo de bienes muebles con respecto a los bienes de
la parte vencida en juicio.
El tribunal puede:- ordenar la publicación parcial o completa de la sentencia a expensas de la parte
vencida en juicio.
- La sentencia definitiva
La sentencia definitiva pone término a la acción al resolver la cuestión que ha sido
objeto del proceso.IP/C/W/331
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Artículo 45
Con respecto al resarcimiento previsto en el artículo 45 del Acuerdo sobre los ADPIC, las
disposiciones de los artículos 82 y 83 del Código de obligaciones y contratos obligan al autor de
cualquier daño material o moral causado a tercero, a sabiendas o voluntariamente, a reparar dichodaño, cuando quede establecido que este hecho constituye la causa directa del mismo.
De manera similar, en el artículo 51 de la Ley Nº 94-36 de 24 de febrero de 1994, relativa a la
propiedad literaria y artística, se prevé que "quien hubiere infringido el derecho de autor previsto en la
presente Ley, quedará obligado a abonar al titular de dicho derecho un resarcimiento por los
perjuicios materiales y morales que le hubieren sido causados, y cuyo importe será determinado por la
jurisdicción competente".  El proyecto de ley que  modifica y completa la Ley Nº 94-36 indicada supra
ha ampliado estas mismas disposiciones a los derechos conexos.
Artículo 46
En cuanto a los otros recursos previstos en el artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC, cabe
mencionar lo siguiente:
Por lo que se refiere a las diligencias cautelares:
1) El Código de enjuiciamiento criminal faculta al juez de instrucción y en determinados
casos a los agentes de la policía judicial a llevar a cabo:
• registros en todos los lugares donde puedan encontrarse objetos cuyo descubrimiento
fuere necesario para la manifestación de la verdad.
• confiscaciones de documentos o efectos que puedan servir para la manifestación de la
verdad ...
• peritajes, cuando lo exijan las circunstancias para proceder a comprobaciones de
carácter técnico ...;  se concede un plazo a los peritos para presentar sus informes ...
• El Código de enjuiciamiento civil y comercial autoriza a cualquier persona que
justifique un interés legítimo para obrar a solicitar al tribunal que ordene cualesquiera
medidas que sirvan para salvaguardar los derechos e intereses que no deben dejarse
sin protección ...
2) El artículo 55 de la Ley Nº 94-36 de 24 de febrero de 1994, relativa a la propiedad
literaria y artística autoriza a la jurisdicción competente a ordenar de oficio o a petición de parte laconfiscación o la destrucción de las copias fraudulentas y el cierre temporal o definitivo del
establecimiento donde se hubiere grabado el objeto de la infracción.
El propietario del establecimiento donde se hubiera cometido la infracción será considerado
responsable solidario del autor principal de la infracción para la reparación de perjuicios.
Artículo 47
Por lo que se refiere al derecho de información previsto en el artículo 47 del Acuerdo sobre
los ADPIC, y con motivo de un procedimiento penal, la autoridad judicial y sus auxiliares estánfacultados para solicitar al acusado cualquier información o precisión referente a sus cómplices, los
beneficiarios del acto objeto de acusación, así como sobre el destino de los objetos a los que se refiereIP/C/W/331
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el acto delictivo.  Evidentemente, el acusado goza del derecho a mantener silencio y puede abstenerse
de responder a cualquiera de las preguntas, pero el juez penal tomará en consideración este silencio
para la apreciación de la pena que ha infligir.
Los datos establecidos como resultado de la indagatoria penal sirven de elementos de apoyo
para la acción civil, ya se entable ésta de manera independiente de la acción penal o de manera
concomitante.
Artículo 48
En cuanto a la indemnización al demandado mencionada en el artículo 48 del Acuerdo sobre
los ADPIC, el derecho común (el Código de ob ligaciones y contratos) autoriza en general la
reparación de los perjuicios morales y materiales sufridos y se puede incoar un procedimiento para
solicitar la reparación del perjuicio causado por una acción que constituya abuso y sea injustificada.
Los funcionarios de la administración que cometieren abusos y faltas profesionales quedan
sujetos, en virtud de sus estatutos, a sanciones administrativas y pueden ser perseguidos en justiciacivil e incluso penalmente, según la naturaleza de la falta y su grado.
En el artículo 50-4 del proyecto de ley que modifica y completa la Ley Nº 94-36 de 24 de
febrero de 1994, se prevé que "a reserva del cumplimiento de todas las formalidades aduaneras, queda
anulada de pleno derecho la medida consistente en la retención de los productos, si el autor titular delos derechos conexos o su representante no han justificado a los servicios de aduanas, en el plazo de
10 días contados desde la notificación de la retención de los productos:
• La consignación de un depósito de fianza suficiente para cubrir su responsabilidad
con respecto a las personas concernidas, en el caso de que quedase establecido
posteriormente que los productos objeto de litigio no infringen el derecho de autor o
los derechos conexos.  Es el tribunal competente quien fija este depósito de fianza.
Igualmente, en último párrafo del artículo 54 (nuevo) del mismo proyecto de ley, se prevé
que:  "las actas de comprobación y de confiscación se remiten en un plazo de siete días al Fiscal,quien las transmite al tribunal competente para resolver sobre la aprobación o anulación de la
confiscación en un plazo que no debe exceder de un mes, contado desde la fecha en que se hubiere
realizado la confiscación.
En caso de que el tribunal no resuelva sobre la confiscación en los plazos prescritos, la
confiscación queda anulada de pleno derecho".
Artículo 49
Por lo que se refiere a los procedimientos administrativos mencionados en el artículo 49 del
Acuerdo sobre los ADPIC, en la legislación de Túnez no se han previsto procedimientos
administrativos referentes al fondo de un caso.  Las autoridades judiciales son las únicas facultadas
para tratar de la cuestión.
Artículo 50
Por lo que se refiere a las medidas provisionales mencionadas en el artículo 50 del Acuerdo
sobre los ADPIC (la legislación general), el derecho común faculta para actuar mediante el
procedimiento de urgencia y las providencias a petición de parte como se ha indicado supra  a fin de
adoptar las medidas provisionales adecuadas.IP/C/W/331
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En el artículo 54-1 del proyecto de ley que modifica y completa la Ley Nº 94-36 de 24 de
febrero de 1994, relativa a la propiedad literaria y artística, se prevé que "el titular del derecho o su
representante pueden, a título preventivo y en virtud de una providencia a petición de parte dictada
por el Presidente del tribunal competente, hacer que el fedatario-notario, ayudado por un perito,
proceda a la descripción pormenorizada, con o sin confiscación real, de los productos supuestamentefalsificados y que supongan una violación de los derechos de autor o de los derechos conexos".
Estas medidas pueden ordenarse "en todos los casos de urgencia de manera precautoria y sin
prejuzgar en cuanto a lo principal" (artículo 201 del Código de enjuiciamiento civil y comercial).
Artículos 51-60
Por lo que se refiere a las prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera
mencionadas en los artículos 51 a 60 del Acuerdo sobre los ADPIC, además del Código de Aduanas
que protege las fronteras contra toda infracción de la propiedad intelectual, y el artículo 50 de la Ley
Nº 94-36 de 24 de febrero de 1994, relativa a la propiedad literaria y artística, que prohíbe importar
obras que infrinjan el derecho de autor, en los artículos 50-1 a 50-5 del proyecto de ley que modifica ycompleta la Ley Nº 94-36, relativa a la propiedad literaria y artística, se prevén disposiciones
conformes a los requisitos estipulados en el Acuerdo sobre los ADPIC.
1. Así, en el artículo 50-1 del proyecto de ley se prevé que:  "los servicios de aduanas
pueden dejar en suspenso los procedimientos de despacho de aduanas relativos a los productos paralos cuales existen pruebas manifiestas de infracción del derecho de autor y los derechos conexos.  Los
servicios de aduanas pueden solicitar al autor y a los titulares de los derechos conexos o a su
representante cualquier información que pudiera ayudarles en el ejercicio de su autoridad".
2. Por lo que se refiere a los procedimientos relativos a la suspensión del despacho de
aduana de las mercancías por las autoridades aduaneras, en el párrafo 2 del artículo 50-1 se estipula
que "los servicios de aduanas informan en un plazo breve al autor o a los titulares de los derechos
conexos o a su representante de esta suspensión;  en un plazo de siete días a contar desde la fecha de
la notificación estos últimos deben presentar la demanda prevista en el artículo 50-2".
En el artículo 50-3 del mismo proyecto se prevé lo siguiente:  "los servicios de aduanas
informan inmediatamente de la retención al autor o a los titulares de los derechos conexos o a surepresentante, así como al propietario, al importador o al destinatario, concediéndoles la posibilidad
de examinar esos productos retenidos de conformidad con lo dispuesto en el Código de aduanas.
Mediando una providencia a petición de parte y con el fin de permitir al autor y a los titulares de los
derechos conexos o a su representante incoar un procedimiento judicial, los servicios de aduanas
quedan obligados a informarles de los nombres y direcciones del propietario, el importador o eldestinatario, si se conoce".
Por último, en el artículo 50-5 del proyecto de ley que modifica y completa la Ley Nº 94-36,
de 24 de febrero de 1994, se estipula que "el propietario, el importador o el destinatario pueden
obtener del tribunal la anulación de la retención de los productos objeto de litigio consignando undepósito de fianza suficiente para proteger los intereses del autor o de los titulares de los derechos
conexos, a condición de que :
- los servicios de aduanas hayan sido informados en el plazo contemplado en el
artículo 50-4 de la presente Ley del derecho que asiste al tribunal competente pararesolver sobre el fondo;
- al vencimiento de este plazo, el tribunal competente no haya acordado diligencias
cautelares;IP/C/W/331
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- se hayan cumplido todas las formalidades aduaneras.
3. Por lo que se refiere a la duración efectiva de los procedimientos de aduanas, en el
artículo 50-4 del proyecto de ley que modifica y completa la Ley Nº 94-36 de 24 de febrero de 1994,relativa a la propiedad literaria y artística, se estipula que:
"A reserva del cumplimiento de todas las formalidades aduaneras, queda anulada de pleno
derecho la medida consistente en la retención de los productos, si el autor, los titulares de los derechos
conexos o su representante no han justificado a los servicios de aduanas, en el plazo de 10 días
contados desde la notificación de la retención de los productos:
- o bien la existencia de medidas cautelares adecuadas adoptadas por el tribunal
competente;
- o bien la incoación de acciones civiles o penales;
- o bien la consignación de un depósito de fianza suficiente para cubrir su
responsabilidad con respecto a las personas concernidas, en el caso de que quedase
establecido posteriormente que los productos objeto de litigio no infringen el derecho
de autor o los derechos conexos.  Es el tribunal competente quien fija este depósito de
fianza.
En los casos adecuados, el tribunal competente puede prorrogar 10 días como máximo el
plazo mencionado en el primer párrafo del presente artículo.
La retención de los productos adoptada en virtud del artículo 50-1 también queda anulada de
pleno derecho si el autor titular de los derechos conexos o su representante no han presentado la
demanda indicada en el presente artículo en un plazo de siete días contados a partir de la fecha de la
notificación por parte de los servicios de aduanas".
Los servicios de aduanas pueden suspender por su propia iniciativa los procedimientos de
despacho de aduanas relativos a los productos para los cuales existan pruebas manifiestas de
infracción de los derechos de autor o los derechos conexos (artículo 50-1 del proyecto de ley indicadosupra ).
Artículo 61
Por lo que se refiere a los procedimientos penales previstos en el artículo 61 del Acuerdo
sobre los ADPIC, junto a la reparación de perjuicios en el ámbito civil, en el artículo 52 de la Ley
Nº 94-36 de 24 de febrero de 1994 se prevé una multa de 50 a 5.000 dinares, que se duplica en caso de
reincidencia, con la posibilidad de pena de prisión de uno a seis meses.
El artículo 52 (nuevo) del proyecto de ley que modifica y completa la Ley Nº 94-36 de 24 de
febrero de 1994, relativa a la propiedad literaria y artística ha agravado la multa y la ha fijado
en 1.000 a 50.000 dinares.
Esta multa se duplicará en caso de reincidencia, y la posibilidad de la pena de prisión se ha
fijado en uno a 12 meses.
Estas sanciones pueden ir acompañadas del decomiso de los bienes objeto de la infracción, de
su destrucción y del cierre temporal o definitivo del establecimiento donde se haya cometido la
infracción.IP/C/W/331
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Por lo que se refiere a las autoridades públicas encargadas de comprobar las infracciones y de
incoar el procedimiento penal, en el primer párrafo del nuevo artículo 54 del proyecto de ley que
modifica y completa la Ley Nº 94-36 de 24 de febrero de 1994, relativa a la propiedad literaria y
artística, se estipula lo siguiente:  "la comprobación de las infracciones a la presente Ley, así como laredacción de los atestados confiados a las autoridades de la policía judicial y a los funcionarios
jurados del Ministerio de Cultura habilitados a tal fin ...".
El nuevo artículo 54 del proyecto de ley que modifica y completa la Ley Nº 94-36 ha
ampliado estas mismas prerrogativas a los funcionarios de aduanas, de control económico y de la
regulación municipal.
Las autoridades públicas pueden incoar los procedimientos penales por su propia iniciativa.
Así, en los párrafos 2 y 3 del nuevo artículo 54 del proyecto de ley que modifica y completa la Ley
Nº 94-36 de 24 de febrero de 1994, relativa a la propiedad literaria y artística, se estipula lo siguiente:
"los funcionarios mencionados supra  pueden confiscar los documentos necesarios y tomar muestras
de los productos falsificados en función de las necesidades de la indagatoria y con el fin de probar lainfracción, extendiendo un resguardo.  Pueden igualmente, con carácter preventivo, confiscar los
productos de los que se sospeche que son una falsificación y que no resulten conformes a las normas
en vigor".
2. ¿Qué protección da a las "obras extranjeras" la legislación sobre derecho de autor de su
país?
Con arreglo a lo dispuesto en el último párrafo del nuevo artículo 56 del proyecto de ley que
modifica y completa la Ley Nº 94-36 de 24 de febrero de 1994, relativa a la propiedad literaria y
artística "las disposiciones de la presente Ley, relativa al derecho de autor, son de aplicación a las
obras que tienen derecho a la protección en virtud de un convenio internacional en el cual sea parte elEstado de Túnez";  téngase en cuenta que en el artículo 32 de la Constitución de Túnez se prevé que
los convenios legalmente ratificados ocupan un rango superior a las leyes nacionales en la jerarquía
normativa, siempre que sean aplicados por la otra parte (principio de reciprocidad).
Túnez ratificó los Acuerdos de la Ronda Urug uay mediante la Ley Nº 95-6 de 23 de febrero
de 1995.  De esta manera, las disposiciones de esta Ley benefician a los nacionales de todos los países
Miembros.
SUIZA
A. P
ATENTES
1. ¿Otorga su legislación protección mediante patente a las invenciones relacionadas con
productos o procesos en todos los campos de la tecnología, o hay excepciones?  De ser así, sírvanse
indicar cuáles son esas excepciones y cómo se ajustan a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo
sobre los ADPIC.  En particular, ¿se otorga protección mediante patente a todos los productos
farmacéuticos?
La legislación relativa a la protección de las invenciones, y en particular la Ley Nº 84-2000,
de 24 de agosto de 2000, prevé en su artículo 1º que "toda invención de un producto o proceso de
fabricación puede quedar protegida mediante un título denominado patente de invención".IP/C/W/331
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Con arreglo al artículo 2, basta con que la invención cumpla un determinado número de
condiciones, a saber:  ser nueva, entrañar una actividad inventiva y ser susceptible de aplicación
industrial.
En otras palabras, se pueden otorgar patentes por todas las invenciones, sean de productos o
de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, incluidos los productos farmacéuticos y los
productos químicos agrícolas.
Además, existe un determinado número de excepciones que se ajustan a lo dispuesto en el
párrafo 1 del artículo 27.  En efecto, en el artículo 3 de la ley citada supra  se prevé que la patente no
puede otorgarse para las obtenciones vegetales, las razas animales o los procedimientos esencialmente
biológicos para la producción de plantas o an imales.  Sin embargo, esta disposición no es de
aplicación a los procedimientos biológicos médicos y a los productos obtenidos de estos productos.
2. ¿Considera su legislación, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 27 en el contexto del
artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC, que la  importación es una forma de "explotación" de una
patente (y excluye por tanto el otorgamiento de una licencia obligatoria, si se importa un producto)?
La legislación considera, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 27 en el contexto del
artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC, que la im portación es una forma de "explotación" de una
patente.
En efecto, en el artículo 69 de la Ley Nº 2000-84 relativa a las patentes de invención se
prevén entre los casos de sometimiento de la patente al régimen de licencias obligatorias los
siguientes:
- "cuando el producto objeto de la invención no ha sido comercializado en cantidad
suficiente para satisfacer las necesidades del mercado de Túnez";
- "cuando la explotación industrial o comercial de la invención, objeto de la patente, ha
sido abandonada durante más de tres años en Túnez".
De estos dos párrafos se desprende que la explotación de una patente no se interpreta de
manera restrictiva, y que por ella se entiende tanto una explotación industrial como comercial.
Lo esencial es que el producto objeto de la patente sea comercializado, ya sea a través de una
explotación industrial o de su importación, de manera que queden satisfechas las necesidades del
mercado nacional.
3. ¿Están las licencias obligatorias sujetas en su legislación a las condiciones enumeradas en el
artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC?  Sírvanse indicar las disposiciones correspondientes de la
ley.
En la Ley Nº 2000-84 de 24 de agosto de 2000 se sujetan las licencias obligatorias a las
condiciones enumeradas en el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.
En efecto, en el artículo 69 de esta Ley se prevé que tras la expiración del plazo previsto
(cuatro años contados desde la presentación de las solicitudes, o tres años contados desde la concesión
de la patente), cualquier persona interesada puede obtener, en cualquier momento, una licenciaobligatoria:IP/C/W/331
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- cuando la invención objeto de la patente no ha empezado a ser explotada
industrialmente o no ha sido objeto de preparativos serios con vistas a esa explotación
en Túnez;
- cuando el producto objeto de la invención no ha sido comercializado en cantidad
suficiente para satisfacer las necesidades del mercado de Túnez;
- cuando la explotación industrial o comercial de la invención objeto de la patente ha
sido abandonada durante más de tres años en Túnez.
En el artículo 70 de la misma Ley se prevé que toda solicitud tendente a obtener una licencia
obligatoria debe dirigirse al tribunal competente.  El solicitante de una licencia obligatoria debeprobar que se ha dirigido al titular de la patente solicitándole una licencia contractual, pero que no ha
podido obtenerla en términos y condiciones comerciales razonables y en un plazo prudencial.
La licencia obligatoria por falta o insuficiencia de explotación no podrá otorgarse en ningún
caso si el titular de la patente justifica la existencia de una excusa legítima.
La licencia obligatoria es de carácter no exclusivo.Según el artículo 74, el tribunal establece la s condiciones de la licencia obligatoria, y en
particular, su duración, su ámbito de aplicación y el importe que se debe abonar al titular de lapatente, que debe guardar correlación con la importancia de la explotación.
4. ¿Prevé su legislación el principio de la inversión de la carga de la prueba en los litigios
relativos a patentes de procedimientos?  Sírvanse indicar las disposiciones correspondientes de la
ley.
En el artículo 85 de la Ley relativa a las patentes de invención se prevén disposiciones
referentes a la inversión de la carga de la prueba en los litigios relativos a patentes de procedimiento.
En virtud de este artículo, "si la patente tiene por objeto el procedimiento de fabricación de un
producto, el tribunal estará facultado para orde nar al demandado que pruebe que el procedimiento
utilizado para obtener un producto idéntico es diferente del procedimiento patentado.  Si el
demandado no presenta esta prueba, se presumirá que todo producto idéntico fabricado sin elconsentimiento del titular de la patente ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, cuando
este producto es nuevo".
B. P
ROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA
5. Sírvanse indicar de forma detallada si su legislación garantiza que los datos de pruebas u
otros no divulgados presentados por un solicitante al organismo oficial competente en el marco del
procedimiento prescrito para autorizar la comercialización de un producto farmacéutico o de un
producto químico para la agricultura quedan protegidos contra toda divulgación y contra todo uso
comercial desleal por un competidor, por ejempl o mediante la prohibición impuesta a un segundo
solicitante de fundarse en los datos originales del primer solicitante o de remitirse a ellos en el marco
de su posterior solicitud de autorización de come rcialización de su propio producto.  ¿Establece su
legislación excepciones a tal respecto?  De ser así, ¿con sujeción a qué condiciones resultarían éstas
aplicables?  ¿Establece su legislación un plazo concreto de protección de los datos de pruebas u
otros no divulgados del primer solicitante?
La documentación presentada es diferente según se trate de un producto original o genérico.
Sólo en el caso del primer producto (original) es necesario presentar todos los datos clínicos exigidos
por la Ley.IP/C/W/331
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Estos datos son evaluados por peritos obligados por ley al secreto profesional.  La propia
administración queda obligada a guardar secreto y ninguna documentación presentada puede ser
comunicada o utilizada con ocasión de la presentación de una segunda solicitud.
Los productos genéricos pueden quedar exonerados de la documentación clínica y fármaco-
toxicológica si la administración considera que existe perspectiva suficiente y que la patente ha
expirado.  Si la administración considera necesaria esa documentación, el laboratorio interesado está
obligado a reconstruir personalmente todos los datos requeridos, sin poder remitirse a la
documentación del producto original.
Sin embargo, cabe señalar que, por tradición, se pueden utilizar en la documentación relativa
a un primer o segundo producto las publicaciones científicas aparecidas en revistas, dado que estos
elementos se han hecho públicos por iniciativa del propietario del producto original.
C. O BSERVANCIA
6. Sírvanse indicar los recursos de su legislación que constituyen medios eficaces de disuasión
de las infracciones de los derechos de propiedad intelectual.
Además de la respuesta a esta pregunta que se ha proporcionado entre las respuestas de Túnez
a la Lista de preguntas relativas a la observancia (documento IP/N/6/TUN/1) y en particular lasrespuestas a las preguntas N
os 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 y 24, cabe indicar lo siguiente:
En Túnez, la propiedad intelectual, en su aspecto de propiedad literaria y artística (derecho de
autor y derechos conexos) queda protegida mediante:
- los tratados internacionales legalmente ratificados, en virtud del artículo 32 de la
Constitución, que son de rango superior a la ley (los acuerdos de la Ronda Uruguay
(ADPIC), el Convenio de Berna, etc);
- el derecho común:  la legislación general, tanto civil como penal (Código de
obligaciones y contratos, Código de comercio, Ley relativa a la competencia y a los
precios, Código de enjuiciamiento criminal, Código de aduanas, etc);
- la legislación especial ( sui generis) ;  en este caso, la Ley Nº 94-36 de 24 de febrero
de 1994, relativa a la propiedad literaria y artística (derecho de autor) y los textos
adoptados para su aplicación, en particul ar el Decreto Nº 96-2230 de 11 de noviembre
de 1996, relativo a la organización administrativa y financiera del Organismo deprotección de los derechos de autor de Túnez y a sus modalidades de funcionamiento.
Cabe destacar que existe un proyecto de ley que se encuentra actualmente en la Cámara de
Diputados, tras haber sido adoptado por el Consejo de Ministros y el Consejo constitucional.  El
objetivo esencial de este texto es adaptar las disposiciones de la Ley Nº 94-36 mencionada supra ,
relativas a los derechos de autor, a las del Acuerdo sobre los ADPIC y al Tratado de la OMPI de
diciembre de 1996, por un lado, e introducir en esta Ley especial las disposiciones relativas a los
derechos conexos de conformidad con lo estipula do en el Acuerdo sobre los ADPIC, la Convención
de Roma y el Tratado de la OMPI  de diciembre de 1996, por otro.
Por lo que se refiere a la observancia de los derechos de conformidad con lo dispuesto en la
tercera parte del Acuerdo sobre los ADPIC, la legislación de Túnez establece procedimientos de
observancia de los derechos de autor y los derechos conexos que permiten la adopción de medidas
eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos.IP/C/W/331
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Artículo 42
De esta manera, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Acuerdo sobre
los ADPIC, relativo a los procedimientos justos y equitativos:
1) Se autoriza a las partes a estar representadas por un abogado independiente.  Además,
"el concurso de abogado resulta obligatorio ante el tribunal de primera instancia.
El bufete del abogado se considera como el domicilio fijado por el cliente por lo que se refiere
al grado de jurisdicción de que se ocupa" (artículo 68 del Código de enjuiciamiento civil y comercial).
2) Los demandados tienen derecho a recibir aviso por escrito en tiempo oportuno, con
inclusión del fundamento de la reclamación.  En el artículo 70 del Código de enjuiciamiento civil y
comercial se prevé lo siguiente:  "la demanda introductoria de instancia debe contener el nombre,
apellido, profesión, domicilio y legitimación de todas las partes, así como la relación de los hechos ...
Debe además contener la invitación formulada al demandado para que presente sus conclusiones enréplica".
3) En la legislación de Túnez existe un procedimiento para identificar y proteger la
información confidencial.  En efecto,
- En el artículo 253 del Código Penal se prevé lo siguiente:  "Quien, sin estar
autorizado a ello, divulgare el contenido de una carta, de un telegrama o de cualquier
otro documento que perteneciere a otra persona, será castigado con pena de prisión de
una duración de tres meses".
- En el artículo 254 del Código Penal se estipula lo siguiente:  "los médicos, cirujanos y
otros funcionarios de sanidad, así como los farmacéuticos, las comadronas, y
cualesquiera otras personas depositarias, por su situación o profesión, de secretos que
les fueren confiados, que, fuera de los casos en los cuales la ley les obligare u
autorizare a formular denuncias, hubieren revelado dichos secretos serán castigados
con pena de prisión de seis meses de duración y multa de 500 dinares ...".
Los diferentes estatutos generales del personal del sector público han sometido a éste a la
obligación del secreto y la discreción profesional;  entre ellos están los siguientes:
- el estatuto general del personal del Estado, de las colectividades públicas locales y de
los establecimientos públicos administrativos;
- el estatuto general de los funcionarios de los organismos paraestatales, de los
establecimientos públicos industriales y comerciales y de las sociedades cuyo capital
pertenece directamente por completo al Estado o a las colectividades públicas;
- el estatuto general de los magistrados;
- el estatuto general del personal de aduanas;- el estatuto general del personal de las fuerzas de seguridad interior ...Además, en el artículo 168 del Código de Trabajo se estipula que "los miembros de la
Comisión consultiva de empresa y los delegados de personal quedan obligados al secreto profesional
con respecto a toda la información de carácter confidencial de que tengan conocimiento en el ejercicioIP/C/W/331
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de sus funciones y con respecto a todas las cuestiones relacionadas con los procedimientos de
fabricación.  En caso de infracción, quedan sujetos a las sanciones previstas en los artículos 138 y 254
del Código Penal".
En el artículo 138 del Código Penal se prevé "además de la multa, una pena de prisión de dos
años de duración para el director, empleado u obrero de una fábrica que revelare o comunicare los
secretos de fabricación de la misma;  la tentativa resulta igualmente punible".
Artículo 43
La legislación de Túnez, de conformidad con lo  dispuesto en el artículo 43 del Acuerdo sobre
los ADPIC por lo que se refiere a las pruebas, faculta a las autoridades judiciales para ordenar a unade las partes en el procedimiento, a solicitud de la parte contraria, que aporte pruebas que se hallen
bajo su control.
En virtud de los artículos 213 a 223 del Código de enjuiciamiento civil y comercial, el
Presidente del tribunal está facultado para emitir, previa petición, providencias dirigidas a una u otrade las partes en el procedimiento, con el fin de permitir la salvaguardia de los derechos e intereses que
no se pueden dejar sin protección.  En caso de extrema urgencia, el juez puede resolver en su
domicilio sobre las peticiones que le sean presentadas.
La ejecución de las providencias así dictadas no está subordinada a la estampación del sello
del tribunal ni a la inscripción en el registro ad hoc.  Estas formalidades se cumplirán ulteriormente.
Las providencias a petición de parte quedan dispensadas de la formalidad de registro;  los
fedatarios-notarios las ejecutan inmediatamente.
La petición de revocación de la providencia no suspende su ejecución.  En virtud del
artículo 101 del mismo Código, "si resultare necesario proceder a un peritaje y no existiere acuerdo
entre las partes sobre la elección del perito, será designado por el juez".
Artículo 44
Por lo que se refiere al artículo 44 del Acuerdo sobre los ADPIC relativo a los mandamientos
judiciales, la legislación de Túnez prevé que las autoridades judiciales están facultadas para
pronunciar diferentes tipos de decisiones, a saber, las providencias de urgencia, el mandamiento de
pago y la sentencia definitiva u otra sentencia.
Conforme al artículo 86 del Código de enjuiciamiento civil y comercial, "el tribunal puede, si
lo estima necesario, hacer que el juez ponente proceda a adoptar cualquier diligencia de instrucción,
como la indagatoria, la inspección ocular, el perita je, la tacha de falsedad o cualquier otra diligencia
que resulte útil para la manifestación de la verdad".
Puede, en la vista y en presencia de las partes, fijar la fecha para la diligencia de instrucción
prescrita, precisando el día y la hora de la comparecencia de las partes en el despacho del juez ponente
o en el lugar del litigio o en cualquier otro lugar.
En el artículo 225 del mismo Código se estipula que "de todas formas, el tribunal puede
ordenar de oficio la intervención de un tercero en el procedimiento, cuando considere que la presenciade éste último resulta indispensable para la apreciación del litigio".  Si resultare necesario proceder a
un peritaje y no existiere acuerdo entre las partes sobre la elección del perito, será designado por el
juez.IP/C/W/331
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Además, conforme al artículo 86 del Código de enjuiciamiento civil y comercial, "el tribunal
puede, si lo estima necesario, hacer que el juez ponente proceda a adoptar cualquier diligencia de
instrucción, como la indagatoria, la inspección ocular", el peritaje, la tacha de falsedad o cualquier
otra diligencia que resulte útil para la manifestación de la verdad.
El procedimiento de urgencia
En virtud del artículo 201 del Código de enjuiciamiento civil y comercial:  "En todos los
casos de urgencia, se resolverá mediante el procedimiento de urgencia de manera precautoria y sin
prejuzgar en cuanto a lo principal".
"Resuelven en urgencia el Presidente del tribunal de primera instancia o la persona en quien
éste delegare, así como el juez cantonal en los casos en los que la ley le otorgare competencia"
(artículo 202 del Código de enjuiciamiento civil y comercial).
"Las providencias de urgencia se hacen ejecutorias transcurridas 24 horas desde su
notificación personal, excepto cuando el juez hubiere concedido un plazo de gracia".
La ejecución se lleva a cabo sin garantía si el juez no ha ordenado que se constituya una
(artículo 207 del Código de enjuiciamiento civil y comercial).
- El mandamiento de pago
En virtud del artículo 59 del Código de enjuiciamiento civil y comercial, puede
quedar sometida al procedimiento de mandamiento de pago toda demanda de pago de crédito
cuando éste, con independencia de cual sea su naturaleza, alcance un importe determinado y
tenga una causa contractual.
- La sentencia
La sentencia no resulta definitiva si la decisión puede ser recurrida.  Sin embargo,
siempre puede ordenarse la ejecución provisional de la misma, con o sin depósito de fianza,
según la circunstancias del proceso (artículos 126 y 286 del Código de enjuiciamiento civil y
comercial).
- La sentencia definitiva
La sentencia definitiva pone término a la acción al resolver la cuestión que ha sido
objeto del proceso.
Artículo 45
Con respecto al resarcimiento previsto en el artículo 45 del Acuerdo sobre los ADPIC, las
disposiciones de los artículos 82 y 83 del Código de obligaciones y contratos obligan al autor decualquier daño material o moral causado a tercero, a sabiendas o voluntariamente, a reparar dicho
daño, cuando quede establecido que este hecho constituye la causa directa del mismo.
De manera similar, en el artículo 51 de la Ley Nº 94-36 de 24 de febrero de 1994, relativa a la
propiedad literaria y artística, se prevé que "quien hubiere infringido el derecho de autor previsto en lapresente Ley, quedará obligado a abonar al titular de dicho derecho un resarcimiento por los
perjuicios materiales y morales que le hubieren sido causados, y cuyo importe será determinado por la
jurisdicción competente".IP/C/W/331
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El proyecto de ley que modifica y completa la Ley Nº 94-36 indicada supra  ha ampliado estas
mismas disposiciones a los derechos conexos.
Artículo 46
En cuanto a los otros recursos previstos en el artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC, cabe
mencionar lo siguiente:
Por lo que se refiere a las diligencias cautelares:
1) El Código de enjuiciamiento criminal faculta al juez de instrucción y en determinados
casos a los agentes de la policía judicial a llevar a cabo:
• registros en todos los lugares donde puedan encontrarse objetos cuyo descubrimiento
fuere necesario para la manifestación de la verdad;
• confiscaciones de documentos o efectos que puedan servir para la manifestación de la
verdad ...;
• peritajes, cuando lo exijan las circunstancias para proceder a comprobaciones de
carácter técnico ...;  se concede un plazo a los peritos para presentar sus informes ...
• El Código de enjuiciamiento civil y comercial autoriza a cualquier persona que
justifique un interés legítimo para obrar a solicitar al tribunal que ordene cualesquiera
medidas que sirvan para salvaguardar los derechos e intereses que no deben dejarse
sin protección ...
2) El artículo 55 de la Ley Nº 94-36 de 24 de febrero de 1994, relativa a la propiedad
literaria y artística autoriza a la jurisdicción competente a ordenar de oficio o a petición de parte la
confiscación o la destrucción de las copias fraudulentas y el cierre temporal o definitivo del
establecimiento donde se hubiere grabado el objeto de la infracción.
El propietario del establecimiento donde se hubiera cometido la infracción será considerado
responsable solidario del autor principal de la infracción para la reparación de perjuicios.
3) Para la ejecución de las sentencias:El fedatario-notario puede:- penetrar en el lugar donde deba llevarse a cabo la ejecución de la sentencia, colocar
un guarda en las puertas para impedir la apropiación indebida, exigir al instante la
ayuda del jefe del puesto de policía o de la guardia nacional en cuya presencia se
procederá a la apertura de las puertas ...  así como de los muebles ...;
- proceder a una ejecución por embargo de bienes muebles con respecto a los bienes de
la parte vencida en juicio.
El tribunal puede:- ordenar la publicación parcial o completa de la sentencia a expensas de la parte
vencida en juicio.IP/C/W/331
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Artículo 47
Por lo que se refiere al derecho de información previsto en el artículo 47 del Acuerdo sobre
los ADPIC, y con motivo de un procedimiento penal, la autoridad judicial y sus auxiliares están
facultados para solicitar al acusado cualquier información o precisión referente a sus cómplices, losbeneficiarios del acto objeto de acusación, así como sobre el destino de los objetos a los que se refiere
el acto delictivo.  Evidentemente, el acusado goza del derecho a mantener silencio y puede abstenerse
de responder a cualquiera de las preguntas, pero el juez penal tomará en consideración este silencio
para la apreciación de la pena que ha infligir;  lo cual tiene por consecuencia lógica desalentar la
adopción de esta postura rebelde por parte del acusado.
Los datos establecidos como resultado la indagatoria penal sirven de elementos de apoyo para
la acción civil, ya se entable ésta de manera independiente de la acción penal o de manera
concomitante.
Artículo 48
En cuanto a la indemnización al demandado mencionada en el artículo 48 del Acuerdo sobre
los ADPIC, el derecho común (el Código de ob ligaciones y contratos) autoriza en general la
reparación de los perjuicios morales y materiales sufridos y se puede incoar un procedimiento para
solicitar la reparación del perjuicio causado por una acción que constituya abuso y sea injustificada.
Los funcionarios de la administración que cometieren abusos y faltas profesionales quedan
sujetos, en virtud de sus estatutos, a sanciones administrativas y pueden ser perseguidos en justicia
civil e incluso penalmente, según la naturaleza de la falta y su grado.
En el artículo 50-4 del proyecto de ley que modifica y completa la Ley Nº 94-36 de 24 de
febrero de 1994, se prevé que "a reserva del cumplimiento de todas las formalidades aduaneras, queda
anulada de pleno derecho la medida consistente en la retención de los productos, si el autor titular de
los derechos conexos o su representante no han justificado a los servicios de aduanas, en el plazo de
10 días contados desde la notificación de la retención de los productos:
La consignación de un depósito de fianza suficiente para cubrir su responsabilidad con
respecto a las personas concernidas, en el caso de que quedase establecido posteriormente que los
productos objeto de litigio no infringen el derecho de autor o los derechos conexos.  Es el tribunal
competente quien fija este depósito de fianza".
Igualmente, en último párrafo del artículo 54 (nuevo) del mismo proyecto de ley, se prevé
que:  "las actas de comprobación y de confiscación se remiten en un plazo de siete días al Fiscal,quien las transmite al tribunal competente para resolver sobre la aprobación o anulación de la
confiscación en un plazo que no debe exceder de un mes, contado desde la fecha en que se hubiere
realizado la confiscación.  En caso de que el tribunal no resuelva sobre la confiscación en los plazos
prescritos, la confiscación queda anulada de pleno derecho".
Artículo 49
Por lo que se refiere a los procedimientos administrativos mencionados en el artículo 49 del
Acuerdo sobre los ADPIC, en la legislación de Túnez no se han previsto procedimientos
administrativos referentes al fondo de un caso.  Las autoridades judiciales son las únicas facultadaspara tratar de la cuestión.IP/C/W/331
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Artículo 50
Por lo que se refiere a las medidas provisionales mencionadas en el artículo 50 del Acuerdo
sobre los ADPIC (la legislación general), el derecho común faculta para actuar mediante el
procedimiento de urgencia y las providencias a petición de parte como se ha indicado supra  a fin de
adoptar las medidas provisionales adecuadas.
En el artículo 54-1 del proyecto de ley que modifica y completa la Ley Nº 94-36 de 24 de
febrero de 1994, relativa a la propiedad literaria y artística, se prevé que "el titular del derecho o su
representante pueden, a título preventivo y en virtud de una providencia a petición de parte dictada
por el Presidente del tribunal competente, hacer que el fedatario-notario, ayudado por un perito,
proceda a la descripción pormenorizada, con o sin confiscación real, de los productos supuestamentefalsificados y que supongan una violación de los derechos de autor o de los derechos conexos".
Estas medidas pueden ordenarse "en todos los casos de urgencia de manera precautoria y sin
prejuzgar en cuanto a lo principal" (artículo 201 del Código de enjuiciamiento civil y comercial).
Artículos 51-60
Por lo que se refiere a las prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera
mencionadas en los artículos 51 a 60 del Acuerdo sobre los ADPIC, además del Código de Aduanas
que protege las fronteras contra toda infracción de la propiedad intelectual, y el artículo 50 de la LeyNº 94-36 de 24 de febrero de 1994, relativa a la propiedad literaria y artística, que prohíbe importar
obras que infrinjan el derecho de autor, en los artículos 50-1 a 50-5 del proyecto de ley que modifica y
completa la Ley Nº 94-36, relativa a la propiedad literaria y artística, se prevén disposiciones
conformes a los requisitos estipulados en el Acuerdo sobre los ADPIC.
1. Así, en el artículo 50-1 del proyecto de ley se prevé que:  "los servicios de aduanas
pueden dejar en suspenso los procedimientos de despacho de aduanas relativos a los productos para
los cuales existen pruebas manifiestas de infracción del derecho de autor y los derechos conexos.  Los
servicios de aduanas pueden solicitar al autor y a los titulares de los derechos conexos o a su
representante cualquier información que pudiera ayudarles en el ejercicio de su autoridad".
2. Por lo que se refiere a los procedimientos relativos a la suspensión del despacho de
aduana de las mercancías por las autoridades aduaneras, en el párrafo 2 del artículo 50-1 se estipula
que "los servicios de aduanas informan en un plazo breve al autor o a los titulares de los derechos
conexos o a su representante de esta suspensión;  en un plazo de siete días a contar desde la fecha de
la notificación estos últimos deben presentar la demanda prevista en el artículo 50-2".
En el artículo 50-3 del mismo proyecto se prevé lo siguiente:  "los servicios de aduanas
informan inmediatamente de la retención al autor o a los titulares de los derechos conexos o a su
representante, así como al propietario, al importador o al destinatario, concediéndoles la posibilidad
de examinar esos productos retenidos de conformidad con lo dispuesto en el Código de aduanas.
Mediando una providencia a petición de parte y con el fin de permitir al autor y a los titulares de losderechos conexos o a su representante incoar un procedimiento judicial, los servicios de aduanas
quedan obligados a informarles de los nombres y direcciones del propietario, el importador o el
destinatario, si se conoce".
Por último, en el artículo 50-5 del proyecto de ley que modifica y completa la Ley Nº 94-36,
de 24 de febrero de 1994, se estipula que "el propietario, el importador o el destinatario pueden
obtener del tribunal la anulación de la retención de los productos objeto de litigio consignando un
depósito de fianza suficiente para proteger los intereses del autor o de los titulares de los derechos
conexos, a condición de que:IP/C/W/331
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- los servicios de aduanas hayan sido informados en el plazo contemplado en el
artículo 50-4 de la presente Ley del derecho que asiste al tribunal competente para
resolver sobre el fondo;
- al vencimiento de este plazo, el tribunal competente no haya acordado diligencias
cautelares ;
- se hayan cumplido todas las formalidades aduaneras.3. Por lo que se refiere a la duración efectiva de los procedimientos de aduanas, en el
artículo 50-4 del proyecto de ley que modifica y completa la Ley Nº 94-36 de 24 de febrero de 1994,relativa a la propiedad literaria y artística, se estipula que:
"A reserva del cumplimiento de todas las formalidades aduaneras, queda anulada de pleno
derecho la medida consistente en la retención de los productos, si el autor, los titulares de los derechos
conexos o su representante no han justificado a los servicios de aduanas, en el plazo de 10 díascontados desde la notificación de la retención de los productos:
- o bien la existencia de medidas cautelares adecuadas adoptadas por el tribunal
competente;
- o bien la incoación de acciones civiles o penales;
- o bien la consignación de un depósito de fianza suficiente para cubrir su
responsabilidad con respecto a las personas concernidas, en el caso de que quedase
establecido posteriormente que los productos objeto de litigio no infringen el derechode autor o los derechos conexos.  Es el tribunal competente quien fija este depósito de
fianza.
En los casos adecuados, el tribunal competente puede prorrogar 10 días como máximo el
plazo mencionado en el primer párrafo del presente artículo.
La retención de los productos adoptada en virtud del artículo 50-1 también queda anulada de
pleno derecho si el autor titular de los derechos conexos o su representante no han presentado la
demanda indicada en el presente artículo en un plazo de siete días contados a partir de la fecha de la
notificación por parte de los servicios de aduanas".
Los servicios de aduanas pueden suspender por su propia iniciativa los procedimientos de
despacho de aduanas relativos a los productos para los cuales existan pruebas manifiestas de
infracción de los derechos de autor o los derechos conexos (artículo 50-1 del proyecto de ley indicado
supra ).
Artículo 61
Por lo que se refiere a los procedimientos penales previstos en el artículo 61 del Acuerdo
sobre los ADPIC, junto a la reparación de perjuicios en el ámbito civil, en el artículo 52 de la Ley
Nº 94-36 de 24 de febrero de 1994 se prevé una multa de 50 a 5.000 dinares, que se duplica en caso de
reincidencia, con la posibilidad de pena de prisión de uno a seis meses.
El artículo 52 (nuevo) del proyecto de ley que modifica y completa la Ley Nº 94-36 de 24 de
febrero de 1994, relativa a la propiedad literaria y artística ha agravado la multa y la ha fijado
en 1.000 a 50.000 dinares.IP/C/W/331
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Esta multa se duplicará en caso de reincidencia, y la posibilidad de la pena de prisión se ha
fijado en uno a 12 meses.
Estas sanciones pueden ir acompañadas del decomiso de los bienes objeto de la infracción, de
su destrucción y del cierre temporal o definitivo del establecimiento donde se haya cometido la
infracción.
Por lo que se refiere a las autoridades públicas encargadas de comprobar las infracciones y de
incoar el procedimiento penal, en el primer párrafo del nuevo artículo 54 del proyecto de ley que
modifica y completa la Ley Nº 94-36 de 24 de febrero de 1994, relativa a la propiedad literaria y
artística, se estipula lo siguiente:  "la comprobación de las infracciones a la presente Ley, así como laredacción de los atestados confiados a las autoridades de la policía judicial y a los funcionarios
jurados del Ministerio de Cultura habilitados a tal fin ...".
El nuevo artículo 54 del proyecto de ley que modifica y completa la Ley Nº 94-36 ha
ampliado estas mismas prerrogativas a los funcionarios de aduanas, de control económico y de laregulación municipal.
Las autoridades públicas pueden incoar los procedimientos penales por su propia iniciativa.
Así, en los párrafos 2 y 3 del nuevo artículo 54 del proyecto de ley que modifica y completa la Ley
Nº 94-36 de 24 de febrero de 1994, relativa a la propiedad literaria y artística, se estipula lo siguiente:"los funcionarios mencionados supra  pueden confiscar los documentos necesarios y tomar muestras
de los productos falsificados en función de las necesidades de la indagatoria y con el fin de probar la
infracción, extendiendo un resguardo.  Pueden igualmente, con carácter preventivo, confiscar los
productos de los que se sospeche que son una falsificación y que no resulten conformes a las normas
en vigor".
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