ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOGPA/20
28 de enero de 1998
(98-0311)
Comité de Contratación Pública Original:  inglés/
francés/
español
NOTIFICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN NACIONAL DE APLICACIÓN
Comunicación de la Comunidad Europea
Se ha recibido de la Delegación Permanente  de la Comisión de la Comunidad Europea la
siguiente comunicación, de conformidad con la Decisión del Comité de 4 de junio de 1996, relativa al
procedimiento para la notificación de la le gislación nacional de ap licación (GPA/1/Add.1).
_______________
I. RESUMEN DE LA LEGISLACIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA CE
I.1 Nivel de la CE
i) Al nivel de la CE , las normas generales de contratación pública se derivan del Tratado de
Roma.  Esas normas se han completado con varias directivas comunitarias, especialmente en lo que
respecta a los requisitos de procedimiento.
Los principales artículos del Tratado de la CE que guardan relación con la contratación
pública son los artículos 6 (no discriminación sobre la base del principio de nacionalidad), 30 a 36
(prohibición de imponer restricciones cuantitativas a las importaciones y de todas las medidas que
tengan un efecto equivalente), 52 y siguientes (derecho a establecerse en el territorio de otro Estadomiembro), y 59 y siguientes (libertad para prestar servicios).
La legislación secundaria aplica estos principios generales a cuestiones concretas.  Por
ejemplo, hay un grupo de directivas del Consejo que establecen ciertas normas comunes con respecto
a la contratación pública.  Esas directivas deben aplicarse en el plano nacional y su propósito es
coordinar los procedimientos que deben seguirse en los Estados miembros siempre que se deba
adjudicar contratos cuyo valor sobrepase cierto umbral.
El Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) fue incorporado a legislación comunitaria por
la Decisión del Consejo Nº 94/800/CE, de 22 de diciembre de 1994 (véase la sección 4 infra ).
En gran medida, las normas de la CE coinciden con las del ACP.  Se están introduciendo
algunas modificaciones de poca importancia para ajustar las directivas comunitarias a las normas del
ACP en los casos en que las diferencias supondrían una discriminación inversa para los proveedores
de la CE.1
                                                     
1 Véase Posición Común del Consejo y de la Comisión, Diario Oficial C111, de 9 de abril de 1997.GPA/20
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En el caso de los contratos cuyo valor no sobrepase los umbrales, las normas nacionales no
están sujetas a las directivas de las CE ni al ACP, aunque se sigan aplicando las normas generales del
Tratado.  Esto significa que, por debajo de esos valores de umbral las normas nacionales no son
uniformes, de forma que cada Estado miembro tiene sus propias normas de contratación pública, que
deben respetar solamente los principios generales establecidos en el Tratado, en especial el de no
discriminación respecto de bienes y servicios.
Las directivas corresponden a dos grupos:  las que regulan los sectores tradicionales de la
contratación pública (directivas sobre las autoridades públicas o sobre los sectores tradicionales), y las
que se refieren al agua, la energía, las transportes y las telecomunicaciones (directivas sobre los
servicios públicos o directivas sobre los sectores "excluidos").  Cada grupo se completa por una
directiva sobre medidas correctivas.  Aunque difieren en varios aspectos, ambos grupos aplican los
siguientes principios:  prohibición de la discriminación;  libre acceso para todos los proveedores de la
CE;  transparencia en los procedimientos de adjudicación;  indicación precisa de los procedimientosde adjudicación permitidos que se han escogido;  y cumplimiento de los requisitos técnicos y
transparencia de los procedimientos de selección de contratistas y de adjudicación de contratos,
mediante la aplicación de criterios objetivos que deben conocerse.
ii) Directivas sobre las autoridades públicas
En el sentido de estas directivas, los poderes adjudicadores son las autoridades estatales,
regionales o locales, y los órganos de derecho público.  Esos poderes figuran en los Anexos 1 y 2 del
Apéndice I del ACP.
- Directiva 93/36 del Consejo, sobre coordinación de los procedimientos de
adjudicación de contratos públicos de suministro (Directiva de Suministros Públicos).
- Directiva 93/37 del Consejo, sobre coordinación de los procedimientos de
adjudicación de los contratos públicos de obras (Directiva de Obras Públicas).  Esta
Directiva abarca los contratos entre un contratista y un poder adjudicador que se
refieren a la ejecución o a la ejecución y proyecto de obras relacionadas con la
construcción o la ingeniería civil, además de los contratos complementarios de
suministros y servicios necesarios para su ejecución.
- Directiva 92/50 del Consejo, sobre coordinación de los procedimientos de
adjudicación de los contratos públicos de servicios (Directiva de Contratos Públicos
de Servicios).  Esta Directiva abarca todos los contratos entre un poder adjudicador y
un prestador de servicios que no estén cubiertos por otras directivas de contratación
pública vigentes.  Los servicios se dividen en dos categorías:  servicios prioritarios,para los que existe una serie completa de normas, y otros servicios para los que los
requisitos son mucho menores (véanse artículos 8-10). Los servicios prioritarios se
enumeran en el anexo IA de la Directiva.  Todos los servicios enumerados en el
Anexo 4 al Apéndice 1 del ACP corresponden a esta categoría de servicios
prioritarios.
- Directiva 89/665 del Consejo, relativa a la coordinación de las disposiciones legales,
reglamentarias administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos derecurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de
obras (Directiva sobre Medidas Correctivas de Contratos Públicos).  Esta directiva
obliga a los Estados miembros a garantizar procedimientos adecuados, incluida la
autorización de órganos de revisión competentes que tomen las medidas necesarias
para garantizar medidas correctivas efectivas a las empresas perjudicadas porinfracciones del Derecho comunitario.GPA/20
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iii) Directivas de Servicios Públicos
- Directiva 93/38 del Consejo, sobre coordinación de los procedimientos de
adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y
de las telecomunicaciones (Directiva de Servicios Públicos).  Esta directiva regula
contratos de las autoridades y empresas públicas en los llamados "sectores excluidos"
y de otras entidades contratantes que operan sobre la base de derechos especiales oexclusivos concedidos por la autoridad pública competente.  Por consiguiente, se
aplica a los contratos adjudicados por las entidades contratantes enumeradas en el
Anexo 3 al Apéndice I del ACP, que operan en los sectores del agua, la electricidad,
los aeropuertos, los puertos y el transporte urbano.  Las normas que se aplican a estossectores son más flexibles que las previstas para los sectores tradicionales de
contratación pública.
- Directiva 92/13 del Consejo, relativa a la coordinación de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de las normas comunitarias
en los procedimientos de formalización de contratos de las entidades que operan en
los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones
(Directiva sobre Medidas Correctivas de Servicios Públicos).  Esta directiva obliga
también a los Estados miembros a, entre otras cosas, establecer procedimientosadecuados para garantizar medidas correctivas efectivas de las infracciones del
Derecho comunitario en los sectores de que se trata.
iv) Se describen en un folleto las normas de la CE que regulan la contratación pública.
I.2 Nivel de los Estados miembros
Al nivel de los Estados miembros , la legislación nacional ha aplicado tanto el ACP como las
normas de la CE.
A) Austria.  Los reglamentos sobre adquisiciones públicas por encima de los valores máximos,
en el caso de entidades del Gobierno central, se especifican en la Bundesvergabegesetz  (Ley Federal)
de 1997.  Cada uno de los nueve Estados de Austria ( Bundesländer ) ha adoptado su propia legislación
de contratación pública.  La Bundesvergabegesetz  revisada dispone la aplicación obligatoria de la
ONORM A-2050 por debajo de los valores máximos.
B) Bélgica.  La legislación sobre contratación pública de bienes, obras y servicios es de la
competencia de las autoridades federales, que han promulgado una Ley y reglamentos para  su
aplicación ( arrêtés royaux ).  Esta legislación se aplica a todos los contratos públicos, cualquiera que
sea su valor, si tienen un interés pecuniario.
Los textos legales son:
- Ley de 24 de diciembre de 1993, sobre contratación pública y determinados
contratos de obras, bienes y servicios, Real Decreto de 10 de enero de 1996, que
modifica el título IV del libro primero de dicha ley.
- Real Decreto de 8 de enero de 1996, sobre contratación públicas de obras, bienes y
servicios y sobre concesiones de obras públicas.
- Real Decreto de 10 de enero de 1996, sobre contratación pública de obras, bienes y
servicios en los sectores del agua, la energía, los transportes y las
telecomunicaciones.GPA/20
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D) Alemania.  La base de la legislación de contratación pública alemana es el artículo 57a al 57c
de la Haushaltsgrundsätzegesetz  (Ley Presupuestaria).  El artículo 57a define los grupos de
autoridades contratantes.  Los artículos 57b y 57c se ocupan de los procedimientos de revisión
utilizados en los casos de infracción de las disposiciones sobre contratación pública.  Los reglamentos
sobre adjudicación de contratos que las autoridades contratantes alemanas deben cumplir son los
siguientes:  Verdingungsordnung für Leistungen , VOL/A (Código de Adjudicación de Contratos
Públicos de Suministros, incluidos los servicios pr estados comercialmente, pero con exclusión de los
contratos de obras públicas);  y Verdingungsordnung für Bauleistungen , VOB/A (Código de
Adjudicación de Contratos de Obras Públicas).  Cada código se divide en cuatro secciones. VOL/A:
la primera sección contiene las disposiciones sobre la adjudicación nacional de contratos de
suministros y servicios de valor inferior a los valores máximos de la CE;  la segunda sección contiene
disposiciones que aplican las disposiciones de la Directiva 93/36 de Suministros Públicos de la CE y
de la Directiva 92/50 de Contratos Públicos de Servicios de la CE, en lo que se refiere a los servicioscomerciales e industriales.  Las autoridades contratantes deben cumplir con lo dispuesto en esta
sección si el valor del contrato supera los valores máximos de la CE;  la tercera sección contiene las
disposiciones aplicables a las entidades públicas contratantes que operan en los sectores del agua, la
energía, los transportes y las telecomunicaciones de conformidad con la Directiva 93/38 de Servicios
Públicos de la CE;  la cuarta sección contiene la aplicación de la Directiva de Servicios Públicos de laCE para las entidades contratantes privadas.  El VOB/A se divide de manera análoga:  primera
sección, reglamentos nacionales para la adjudicación de contratos de obras públicas de valor inferior a
los valores máximos de la CE;  segunda sección, reglamentos que aplican la Directiva 93/37 de Obras
Públicas de la CE y que, por consiguiente, abarcan los contratos de valor superior a los valores
máximos de la CE;  tercera sección, disposiciones que aplican la Directiva de Servicios Públicos de laCE para las entidades contratantes públicas;  cuarta sección, aplicación de la Directiva de Servicios
Públicos de la CE para las autoridades contratantes privadas.  La Verdingungsordnung für
freiberufliche Leistungen  (VOF) contiene el reglamento de adjudicación de contratos de la Directiva
92/50 de la CE para los servicios prestados por profesionales independientes.
(DK) Dinamarca .  Todas las directivas se han aplicado en la legislación danesa.  La base para ello
es la Ley de Consolidación del Ministerio de Vi vienda y Construcción Nº 600, de 30 de junio de
1992, que permite a los ministerios competentes aplicar las directivas de contratación pública
mediante órdenes ministeriales.  Las disposiciones de aplicación concretas son las siguientes:  Orden
Ministerial Nº 201, de 27 de marzo de 1995, sobre la adjudicación de los contratos públicos de obras
en las Comunidades Europeas (Directiva 93/37);  Orden Ministerial Nº 510, de 16 de junio de 1994,
sobre coordinación de los procedimientos para los contratos públicos de suministro (Directiva 93/36);
Orden Ministerial Nº 415, de 22 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de
adjudicación de los contratos públicos de servicio s en las Comunidades Europeas (Directiva 92/50);
Orden Ministerial Nº 558, de 24 de junio de 1994, sobre la licitación en las adquisiciones para el
suministro de agua y de energía, así como de los transportes y de las telecomunicaciones en las
Comunidades Europeas (Directiva 93/38), en lo que se refiere a los contratos de obras;  aplica también
las disposiciones de la Directiva 92/13 en relación con la certificación);  Orden Ministerial Nº 557, de24 de junio de 1994, sobre licitación de las adquisiciones para el suministro de agua y de energía, así
como de los transportes y de las telecomunicacion es en las Comunidades Europeas (Directiva 93/38,
en lo que se refiere a los suministros y servicios;  aplica también las disposiciones de la Directiva
92/13 en relación con la certificación);  Ley de Consolidación Nº 1166, de 20 de diciembre de 1995,
sobre la Junta de Revisión de Licitaciones (licitación de obras y suministros en las ComunidadesEuropeas) que, en combinación con la Orden Ministeria l Nº 26 de 23 de enero de 1996, sobre la Junta
de Revisión de Licitaciones, aplican la (Directiva 89/665 y la Directiva 92/13).
En Dinamarca se aplican también los siguientes reglamentos para los contratos de valor inferior
a los valores máximos:  Circular de 14 de abril de 1989 del Organismo de Vivienda y Construcción, que
prescribe que los contratos de construcción estata les y los contratos de construcción subvencionadosGPA/20
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 por el Estado estarán sujetos a la licitación pública;  y Circular de 1º de marzo de 1994, del
Ministerio de Finanzas, que impone a las instituciones centrales del Gobierno la obligación de
proceder de manera regular al examen del mercado, con miras a la posible contratación de una
actividad determinada.
E) España.  Legislación básica.  Ley 13/1995 (18 de mayo) de Contratación Pública.  Su ámbito
abarca el Estado, las regiones, las administraciones locales, los órganos autónomos y las entidadessujetas al derecho público que tienen su propia personalidad jurídica, y que están vinculadas con
cualquier administración pública creada para atender el interés general, o cuya actividad está
financiada en su mayor parte por la administración pública, o cuya dirección está controlada por las
administraciones públicas, o cuyos órganos directivos están compuestos en su mayoría por personas
nombradas por las administraciones públicas u otras entidades de derecho público.  Real Decreto
390/1996 (1º de marzo), que aplica la Ley 13/1995.  También son pertinentes la Ley 30/1992 (26 de
noviembre) sobre el régimen legal de las administraciones públicas y el procedimiento administrativocomún;  y la Ley 7/1985 (2 de abril) sobre la administración local.  Además, existen reglamentos
específicos promulgados por las regiones.
EL) Grecia.  En lo que se refiere a los contratos de suministros cuyo valor sea inferior al valor
máximo establecido por la Directiva 93/36, Grecia aplica la Ley Nº 2286/94 y el Reglamento de
contratación pública (Decreto Presidencial 394/96), que aplican las disposiciones generales delTratado.  En la mayoría de los casos, el procedimiento de licitación es abierto o restringido y, en casos
excepcionales, negociado.  En lo que se refiere a los contratos de suministros cuyo valor sea igual o
supere los 137.000 ecus, para las entidades del Anexo 1, y los 200.000 ecus, para todas las demás
entidades del sector público, Grecia aplica el Tratado y la Directiva 93/36, incorporada en la
legislación griega mediante el Decreto Presidencial 370/95.  En cuanto a los contratos de obraspúblicas cuyo valor sea inferior al máximo establecido por la Directiva 93/37, Grecia aplica la Ley
Nº 1418/84 (modificada sobre todo por la Ley Nº 2299/94, la Ley Nº 2 308/95, la Ley Nº 2372/96 y
Decretos Presidenciales) que aplica las disposiciones generales del Tratado.  En la mayoría de los
casos el procedimiento de licitación es abierto o re stringido y, en casos excepcionales, negociado.  En
lo que se refiere a los contratos de obras públicas cuyo valor sea igual o supere los 5 millones de ecus,Grecia aplica el Tratado y la Directiva 93/37, incorporada en la legislación griega mediante Decretos
Presidenciales consecutivos (en particular, 23/93 y 85/95).  Por lo que se refiere a todos los contratos
para el proyecto y construcción de obras públicas, se procede a una licitación y a una vigilancia en
tres niveles:  central, periférico y local.  En cuanto a los contratos de servicios públicos, no existe
todavía una legislación de carácter sistemático y general, en espera de la incorporación de laDirectiva 92/50 en la legislación griega.  En cuanto a los contratos de servicios públicos de valor
inferior al valor máximo de 200.000 ecus, Grecia aplica la Ley Nº 2362/95 (artículos 8 y 23), que
dispone la realización de una licitación pública.  Se permite, como excepción, la contratación pública
de servicios después de un procedimiento más simple o de un procedimiento negociado.  Existe
también una legislación especial para contratos de proyectos de obras públicas;  sin embargo, va a ser
modificada, en espera de la incorporación de la Directiva 92/50.  El proceso de contratación pública
de servicios para las entidades que operan en los sectores de servicios públicos se establecerá en lafutura legislación, que incorporará la Directiva 93/38.
F) Francia.  Todo contrato adjudicado por el Estado, las subdivisiones territoriales y los órganos
públicos sigue las normas establecidas por el Código de Contratación Pública, que abarca todos los
textos relativos a la adjudicación de contratos públicos.  Estas normas son similares a las de las
Directivas de la CE.  El Código establece el principio general del libre acceso de candidatos a loscontratos públicos, así como el de la igualdad de trato para los candidatos y licitadores.  Establece que
los contratos se adjudicarán, en general, después de una convocatoria a licitación, y limita los casos en
que se podrá utilizar un procedimiento negociado.GPA/20
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I) Italia.  El régimen italiano en vigor relativo a la contratación pública de servicios ha sido
reglamentado por cuatro Decretos Legislativos, es decir, leyes delegadas por el Parlamento al
Gobierno.  El primero, Decreto legislativo de 19 de diciembre de 1991, Nº 406, incorporó la Directiva
de Obras Públicas.  Además, una Ley de 11 de febrero de 1994, Nº 109 (llamada Ley Merloni) se
refiere también a las obras.  El segundo, Decreto legislativo de 24 de julio de 1992, Nº 358, incorporó
la Directiva de Suministros al Gobierno.  El tercero, Decreto Legislativo de 17 de marzo de 1995,Nº 157, incorporó en la legislación italiana la Directiva 92/50 sobre Contratación Pública de
Servicios.  El segundo, Decreto Legislativo de 17 de marzo de 1995, Nº 158, ha incorporado las
Directivas 90/531 y 93/38, relativas a los llamados sectores excluidos.
Además, en lo que se refiere a medidas correctivas, hay algunas disposiciones aplicables en
otras leyes:  Ley Nº 1034, de 6 de diciembre de  1971;  Ley Nº 142, de 19 de febrero de 1992,
y Código Civil.
IRL) Irlanda.  En la legislación irlandesa no existe un conjunto de leyes que rijan la contratación
pública, con excepción de lo previsto por la Co munidad Europea y la OMC, y de otras obligaciones
internacionales.  Irlanda ha convertido en ley todas las directivas sobre contratación pública de la UE
mediante legislación secundaria, es decir, "instrumentos reglamentarios" que convierten las directivas
directamente en Derecho irlandés.
En lo que respecta a los contratos de valor inferior a los valores máximos de la UE, no hay
reglamentos obligatorios, pero existen directrices oficiales nacionales que las autoridades públicas
deben respetar.  Estas directrices nacionales son publicadas por el Departamento de Finanzas y las
últimas lo fueron en 1994.  Las directrices establecen los requisitos para los contratos inferiores y
superiores al valor máximo de la UE.  Las directrices se aplican a los "departamentos del Gobierno,
autoridades locales y regionales y otros órganos que dependan de la financiación del Estado, en lorelativo a la adjudicación de contratos del sector público (con inclusión de la adquisición,
arrendamiento y enajenación de propiedad pública)".  Además, hay que señalar que los órganos
estatales comerciales y no comerciales deben cumplir los principios generales de los procedimientos
contractuales del Gobierno y que los procedimientos de certificación del pago de impuestos son
obligatorios en todos los casos.  Aunque estas directrices no tienen fuerza de ley, el hecho de noaplicarlas puede entrañar obviamente la censura del Departamento de Finanzas, el Parlamento, los
auditores y los medios de información.  Además, los compradores saben que el incumplimiento de las
directrices puede constituir una violación de una representación o de una obligación contractual, con
el resultado de que el comprador aplicará las directrices publicadas al efecto, al considerar a los
licitadores que presenten una oferta.
L) Luxemburgo.  La ley principal es la Ley relativa a los contratos públicos de suministros y de
obras públicas (4 de abril de 1974), basada en los principios de no discriminación del Tratado de
Roma.  Las Directivas de la CE se han aplicado mediante reglamentos especiales:  uno para los
sectores tradicionales (27 de enero de 1994, enmenda da en 31 de mayo de 1996), y otro para el sector
de los servicios públicos (2 de febrero de 1996).  Una Ley de 21 de diciembre de 1989 incorporó las
directivas de la contratación pública sobre medidas correctivas, que será enmendada en lo que se
refiere a la directiva sobre medidas correctivas en el caso de los servicios públicos.
NL) Países Bajos.  Las Directivas de la CE se han aplicado en los Países Bajos por medio de la
Raamwet EEG-voorschriften aansbestedingen , de 13 de marzo de 1993 (Staatsblad 1993, 212), que
entró en vigor el 12 de abril de 1993 (legislación marco sobre reglamentos de la CEE).  Con arreglo a
esta ley marco, hay dos decretos para los sectores pertinentes:
- Bestluit aanbestedingen nutssector  (Staatsblad 1993, 305), que entró en vigor el 21 de
abril de 1993 (Decreto sobre contratación pública en el sector de los servicios
públicos). Este decreto se aplica a la contratación en el sector de servicios públicos.GPA/20
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- Bestluit overheidsaanbestedingen  (Staatsblad 1993, 305, enmendado en 1994,
Staatsblad 1994, 379), que entró en vigor el 1º de julio de 1993 (Decreto sobre
contratación pública).  Este decreto se aplica a la contratación pública de productos,
servicios y servicios de construcción.
La aplicación se efectúa por referencia en la legislación nacional, a las disposiciones de las
directivas de la CE que deben aplicarse.
Además, la Uniform Aanbestedingsreglement EG 1991  (UAR-EG, Staatscourant 228, 1991,
enmendada en 1995, Staatscourant 1995, 103) (Reglamento armonizado sobre contratación pública en
la CE) contiene condiciones y procedimientos estándar para el Gobierno central en lo que respecta a
los servicios de construcción.
Las dos Directivas sobre medidas correctivas de la CE (89/665 y 92/13) quedan cubiertas por
la legislación nacional existente (Código Civil).  Por consiguiente, no era necesaria una legislación
nacional específica para su aplicación.
P) Portugal.   Las reglas que rigen la contratación pública en Portugal son el Decreto
Ley Nº 55/95, modificada por el Decreto Ley Nº 80/ 96.  El Decreto Ley Nº 64/94 rige la adquisición
de bienes y servicios relacionados con la informática.  El Decreto Ley Nº 405/92 se refiere a las obras
públicas.
S) Suecia.   Suecia ha incorporado todas las directivas pertinentes de la CE en su legislación
(1992:1528) sobre contratación pública ( Lagen (1992:1528) om Offentlig Upphandling, LOU ), que ha
sido revisada en consecuencia (1993:1468) y publicada nuevamente en la colección de leyes
promulgadas ( Svenk Förfarttnningssamling, SFS ).  La ley ha sido revisada mediante las
Enmiendas 1994:614, 1995:704 y 1996:433.  Otras enmiendas de la LOU y reglamentos específicos
detallados entrarán en vigor el 1º de enero de 1998.  La LOU se aplica a los mismos contratantes y losmismos tipos de contrataciones públicas (suministros, servicios y obras públicas) que están sujetos a
la legislación comunitaria.
SF) Finlandia.   La Ley sobre Contratación Pública (1505/92, de 23 de diciembre de 1992,
modificada 1523/94, de 29 de diciembre de 1994) es una Ley marco general que se aplica a casi todas
las adquisiciones, arrendamientos o transacciones correspondientes con respecto a bienes y servicios,y a las licitaciones realizadas por autoridades estatales o locales, o por otras entidades contratantes
mencionadas en dicha Ley.  Las entidades contratantes comprendidas en la Ley deberán observar ésta
en la contratación, a fin de fomentar la competencia y de garantizar un trato adecuado y no
discriminatorio de quienes participen en los procedimientos de licitación.  En todas las esferas
distintas del sector de los servicios públicos (agua, energía, transportes y telecomunicaciones), la Ley
se aplica tanto a los contratos públicos cuyo valor no exceda de los valores máximos, como a aquellos
cuyo valor exceda.
Hay también dos Órdenes de aplicación:  la Orden sobre contratación pública de suministros,
servicios y obras cuyo valor exceda del valor de umbral (24 de febrero de 1995/243) y la Orden sobre
contratos públicos cuyo valor exceda del valor de umbral:  para las entidades que operen en los
sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones (28 de junio
de 1994/567, modificada 24 de  febrero de 1995/244).
UK) Reino Unido .  El Reino Unido ha aplicado las directivas públicas de la CE mediante
legislación secundaria, del siguiente modo:  en el caso de las autoridades públicas, el instrumento
reglamentario (IR) 1995/201 aplica 93/36 CEE a los suministros;  el IR 1991/2680 aplica 93/37/CEE
a las obras públicas;  el IR 1993/3228 aplica 92/50/CEE, a los servicios;  y el IR 1996/2911
aplica 93/38/CEE, a los servicios públicos.GPA/20
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Hay que señalar que cada uno de los instrumentos reglamentarios mencionados aplica
también las normas correspondientes sobre medidas correctivas.  Así, los tres instrumentos
reglamentarios para el sector público (1995/201, 1991/2680 y 1993/3228) aplican también
89/665/CEE, Directiva sobre Medidas Correctivas de Contratos Públicos de Servicios, y en el caso de
los servicios públicos, el IR 1996/2911 aplica 92/13/CEE, Directiva sobre Medidas Correctivas de
Servicios Públicos.
Además de esas leyes, el enfoque normativo esencial del Reino Unido, que comprende
también la contratación pública por un valor inferior al de umbral, se expone en "Normativa de la
contratación pública:  directrices consolidadas" (HM Treasury 1988).  Esas directrices disponen que la
contratación oficial deberá realizarse de forma que se logre la mejor relación calidad/precio mediante
la competencia, lo que no permite discriminar por motivos de nacionalidad.
II. OTRA LEGISLACIÓN EXISTENTE POR LA QUE SE DÉ CUMPLIMIENTO AL
ACUERDO SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA
No aplicable.
III. SERVICIOS DE INFORMACIÓN
Las solicitudes de otra Parte relativas a la legislación de la CE deben dirigirse a:
The European Commission
Directorate General for Internal Market and Financial ServicesUnit XV/B/5 - Public Procurement:  International Relations and Economic Aspects
200, rue de la loi
B-1049 Bruselas
Bélgica
Tel.:  + (32 2) 296.58.26
Fax: + (32 2) 295.01.27
Correo electrónico:  Auke.Haagsma@dg15.cec.be
IV. RESPUESTAS A LA LISTA RECAPITULATIVA DE PREGUNTAS
IV.1 Aspectos generales
1. ¿Se ha incorporado el Acuerdo a la legislac ión nacional y/o se aplica directamente?
El Acuerdo se incorporó al derecho comunita rio por la Decisión del Consejo Nº 94/800/CE,
de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que
respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales
de la Ronda Uruguay (1986-1994).  Véase DO L 336, de 23 de diciembre de 1994, páginas 1 y 273.
Dicha decisión fue completada por la Decisión Nº 95/215/CE, de 29 de mayo de 1995,
relativa a la celebración del Acuerdo, en forma de Canje de Notas, entre la Comunidad Europea y los
Estados Unidos de América sobre contratación pública.  Véase DO L134, de 20 de junio de 1995,
página 25.
Se hizo también una Comunicación para explicar  que el artículo 36 de la Directiva 93/38, que
establecía una preferencia comunitaria, había quedado derogado como consecuencia de la entrada en
vigor del ACP, en los sectores comprendidos en este Acuerdo.  Véase DO C 332/9 de 9 de diciembre
de 1995.GPA/20
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En virtud del Derecho comunitario, no hacen falta otros instrumentos jurídicos para garantizar
la plena aplicación de ese acuerdo.  En otras palabras, a raíz de la decisión del Consejo, el ACP forma
parte integrante del Derecho comunitario.  Todas las entidades contratantes a que se refiere tienen que
cumplir los preceptos del ACP como si se tratara de preceptos de las directivas.
2. En el caso de que queden abarcadas las entidades de nivel inferior al federal o estatal
¿gozan esas categorías de entidades de autonomía respecto del Gobierno federal o central en
la aplicación del Acuerdo?
Las legislaciones nacionales deben adaptarse a los preceptos del Acuerdo incorporado por la
Decisión del Consejo 94/800.  Esto se hace al nivel federal/central o al nivel subcentral, según la
distribución interna de poderes de cada Estado miembro.
Hay que señalar que, dentro de la CE, el nivel federal/central comprende las entidades de la
UE (Consejo y Comisión), y las entidades de nivel central y federal de los diferentes Estados
miembros.
3. En el caso en que queden abarcadas las entidades que figuran en el Anexo 3 ¿gozan estas
categorías de entidades de autonomía en la aplicación del Acuerdo o aplican la legislación
promulgada a nivel federal/central o subcentral?
Las entidades que figuran en el Anexo 3 aplican la legislación promulgada a nivel
federal/central o subcentral.
4. ¿Cuáles son (en su caso) las principales diferencias que hay entre la legislación de
aplicación a nivel de las entidades de los gobiernos federales o centrales, de los gobiernos
subcentrales y de las que se indican en el Anexo 3?
La llamada Directiva de Autoridades Públicas (véase el subcapítulo I.1, supra ) se aplica tanto
a nivel central/federal como a nivel subcentral.  Por consiguiente, las normas son idénticas.
En cuanto a las entidades del Anexo 3, siguen las normas de la Directiva de Servicios
Públicos, que podrían diferir ligeramente de las directivas tradicionales en algunos puntos.  En
particular, en el caso de los servicios públicos se puede elegir libremente entre un procedimiento
abierto, restringido o negociado, siempre que se haga una convocatoria a licitación mediante una
publicación en el Diario Oficial.  En el caso de las entidades de los Anexos 1 y 2, la utilización de unprocedimiento negociado, incluso con una convocatoria a licitación previa es más limitada.
Otra diferencia importante es que, a diferencia de las directivas tradicionales, la Directiva de
Servicios Públicos no establece criterios de selección cualitativa, permitiendo así cierta
discrecionalidad a las entidades contratantes.  Sin embargo, los criterios adoptados deben ser objetivos
y ponerse a disposición de todas las empresas interesadas.
5. ¿En qué medida se utiliza la tecnología de la información en el proceso de contratación
pública?
Los anuncios de contratos cuyo valor supere los umbrales establecidos en el ACP y en las
directivas comunitarias deben publicarse en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas
(suplemento S).  El Diario Oficial (suplemento S) se publica en versión sobre papel y, desde enero de
1997 en CD-ROM.  Los anuncios se incluyen en una base de datos electrónica:  Diario Electrónico de
Licitaciones, conocido por TED (Tenders Electronic Daily).
El TED es la versión en línea del "Suplemento S del Diario Oficial" impreso.  Lo mismo que
el Diario Oficial, el TED se actualiza cinco veces por semana.  Lo elabora la Oficina de PublicacionesGPA/20
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Oficiales de las Comunidades Europeas, que tien e su sede en la Organización Huésped de la
Comisión Europea (ECHO), y se ofrece en muchos países por conducto de las  Official Gateways .  En
la actualidad, además de los procedimientos de conexión ya establecidos, un interfaz gráfico facilita a
los usuarios la conexión con las bases de da tos ECHO, utilizando un medio "Windows" ("Windows
access to Central Host"). Watch-ECHO  puede ser recuperado de Internet
(http://www2.echo.lu/echo/en/menuecho.html).
Además, los servicios de la Comisión trabajan actualmente en un proyecto experimental
denominado SIMAP (Sistema de Información sobre Contratación Pública), que pretende crear una red
electrónica de contrataciones públicas de toda la UE y cuya finalidad será lograr que el proceso sea
más eficiente, más fiable, exija menos tiempo y, en última instancia, sea menos costoso, tanto para los
encargados de la contratación como para los proveedores.  La Página Inicial de Internet puede
consultarse en: http://simap.eu.int.
IV.2 Aspectos específicos
6. Sírvanse indicar las disposiciones específicas de su legislación en las que se reflejen
los.compromisos en materia de trato nacional y no discriminación del artículo III del Acuerdo.
No hay disposiciones discriminatorias en el  derecho comunitario contra proveedores o
productos de terceros países que no sean las contenidas en la Directiva 93/38 (Directiva de Servicios
Públicos).  Además, en la medida en que el ACP forma parte del derecho comunitario, deconformidad con la Decisión 94/800, todas las relaciones entre las entidades contratantes y los
proveedores de países del ACP se rigen por esa decisión.
El artículo 36 de las llamadas directivas de servicios públicos permite a las entidades
contratantes rechazar una oferta si su porcentaje de productos no comunitarios excede del 50 por
ciento del valor total de los productos que integran la oferta.  Ante dos ofertas equivalentes, el rechazoes obligatorio.  Las ofertas se consideran equivalentes si la diferencia de precios entre las ofertas que
contengan productos comunitarios y no comunitarios, como se describe supra , no es superior al 3 por
ciento.
Este artículo se aplica sólo a las entidades que figuran en el Anexo 3 al Apéndice I del
Acuerdo.  Sin embargo, sus disposiciones dejan de aplicarse automáticamente en el caso de que unacuerdo garantice un acceso comparable y eficaz a los proveedores de la Comunidad.  Así ocurre
especialmente en el caso del ACP.  En el Diario Oficial C332, de 9 de diciembre de 1995, página 9, se
publicó una comunicación que aclaraba esta cuestión.
Véase también la Decisión del Consejo Nº 94/800/CE, de 22 de diciembre de 1994,
mencionada en la respuesta a la pregunta 1.
7. El párrafo 2 del artículo IX del Acuerdo dispone que la invitación a participar podrá adoptar
la forma de un anuncio del contrato proyectado.  Si su legislación de aplicación prevé esa
posibilidad, sírvanse facilitar detalles al respecto.
Las directivas de la CE prevén la publicación de anuncios de los contratos proyectados.  Se
puede distinguir entre los sectores tradicionales y los sectores de servicios públicos.
En el caso de los sectores tradicionales (entidades enumeradas en los Anexos 1 y 2 del ACP),
los poderes adjudicadores darán a conocer, mediante un anuncio, su intención de adjudicar un
contrato.  Este anuncio se enviará a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas, la cual lo publicará a más tardar 12 días después de su envío (cinco días en los
procedimientos acelerados).  Los anuncios se ajustarán a los modelos que figuran en los anexos de las
directivas pertinentes, y especificarán la informaci ón requerida en dichos modelos.  Los anuncios seGPA/20
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publican íntegramente en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (suplemento S) y en  el
banco de datos TED, en su idioma original, que es el único auténtico.  Un resumen de los elementos
importantes de cada anuncio se publica en los demás idiomas oficiales de la Comunidad, siendo el
texto original el único auténtico.  En la actualidad, los idiomas oficiales de la Comunidad son:
alemán, español, danés, finlandés, francés, griego, holandés, inglés, italiano, portugués y sueco.
En el caso de los sectores de servicios públicos (entidades que figuran en el Anexo 3), se
publica en el Diario Oficial de las Comunida des Europeas y en el banco de datos TED una
convocatoria a licitación, en su idioma original.  Un resumen de los elementos importantes de cada
anuncio se publica en los demás idiomas oficiales de la Comunidad, siendo el texto original el único
auténtico.  Los anuncios se envían a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas, la cual los publicará a más tardar 12 días después de su envío (cinco días en los
procedimientos acelerados).
Las convocatorias a licitación pueden adoptar cuatro formas diferentes:  un anuncio en que se
indique la intención de adjudicar un contrato determinado;  un anuncio indicativo periódico respecto
del cual las empresas puedan expresar su interés (en este caso, el anuncio deberá haberse publicado, a
más tardar, 12 meses antes de la fecha en que se envíe la invitación a confirmar el interés;  no se
vuelve a publicar ningún otro anuncio de la convocatoria a licitación);  un anuncio sobre la existencia
de un sistema de calificación;  o un anuncio de convocatoria a licitación en el caso de los concursos deproyectos.
Además, en la actualidad se utilizan formularios uniformados electrónicos para transmitir los
anuncios a la Oficina de Publicaciones.  Sin embargo, el empleo de esos formularios uniformados no
es aún obligatorio.
8. El párrafo 3 del artículo IX del Acuerdo dispone que las entidades de los gobiernos
subcentrales, así como las que se indican en el Anexo 3, podrán utilizar como invitación a
participar un anuncio del contrato programado o un anuncio relativo al sistema de
calificación.  Si su legislación de aplicación prevé esa posibilidad, sírvanse facilitar detalles
al respecto .
Por lo que se refiere a los sectores tradicionales (Anexos 1 y 2), además de los anuncios de
invitaciones a participar se publican anuncios de información previa.  Estos anuncios son simplemente
para información y no pueden utilizarse como convocatoria a licitación.  En los contratos de obras
públicas, los poderes adjudicadores publican anuncios indicativos que contienen las características
esenciales de los contratos de obras que se proponen adjudicar.  Estos anuncios se publican
íntegramente en todos los idiomas oficiales de la Comunidad, siendo el texto original el únicoauténtico.  En otros servicios y en los contratos de suministros, las autoridades contratantes darán a
conocer, mediante un anuncio indicativo que se publicará lo antes posible después del comienzo del
año presupuestario, el total de la contratación pública que se proponen adjudicar en los 12 meses
siguientes, cuando el total del valor estimado no sea inferior a 750.000 ecus.
En cuanto a los servicios públicos (entidades del Anexo 3), véase la respuesta a la pregunta 7.
9. En el caso de las licitaciones selectivas ¿en qué medida pueden las entidades utilizar listas
permanentes de proveedores o están obligadas a establecer una lista de proveedores para
cada contrato?
En el caso de las entidades del Anexo 3, las entidades contratantes que lo deseen pueden
establecer y aplicar un sistema de calificación de proveedores, contratistas y prestadores de servicios.
Se publica un anuncio informativo en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.  El sistema
funciona sobre la base de criterios y normas objetivos.  Es posible actualizar los criterios y las normas.GPA/20
Página 12
El rechazo de una calificación o la terminación de ésta deben explicarse, y se debe notificar al
respecto a los licitadores o a los prestadores de servicios.
Cuando existe un sistema de calificación y se emplea un anuncio de calificación como única
"llamada a licitación", la selección de candidatos para las listas de licitación, en el caso de
determinados contratos, debe hacerse entre los proveedores o contratistas calificados con arreglo al
sistema.
10. El artículo XIV del Acuerdo prevé la celebración de negociaciones bajo ciertas condiciones.
¿Se permite a las entidades celebrar negociaciones?  De ser así, ¿a qué categorías y en qué
condiciones?
En el caso de las entidades que figuran en los Anexos 1 y 2 del ACP, los poderes
adjudicadores pueden optar con toda libertad entre procedimientos abiertos o restringidos.  Sin
embargo, la opción de los procedimientos nego ciados, con publicación previa de un anuncio de
contratación o sin ella, se limita a casos determinados:
- con publicación previa de un anuncio de contratación;
- en caso de ofertas irregulares en respuesta a un procedimiento abierto o restringido o
en el de ofertas inaceptables de conformidad con las disposiciones nacionales,
siempre que los términos originales del contrato no se alteren sustancialmente
(suministros, obras, servicios);
- cuando las obras de que se trate se realicen con fines de investigación,
experimentación o desarrollo (obras);
- en casos excepcionales, cuando la naturaleza de las obras/servicios o los riesgos que
impliquen no permitan la determinación previa del precio global (obras, servicios);
- cuando la naturaleza de los servicios que deban prestarse sea tal que las
especificaciones de los contratos no puedan determinarse con suficiente precisión
para permitir la adjudicación del contrato utilizando procedimientos abiertos o
restringidos (servicios);
- sin publicación previa de un anuncio de contratación:
- falta de ofertas o de ofertas apropiadas en respuesta a un procedimiento abierto o
restringido, siempre que los términos originales del contrato no se alteren
sustancialmente (suministros, obras, servicios);
- cuando los productos de que se trate se fabriquen con fines de investigación,
experimentación, estudio o desarrollo (suministros);
- cuando, por razones técnicas o artísticas, o por razones relacionadas con la protección
de derechos exclusivos, sólo exista un proveedor o contratista (suministros, obras,
servicios);
- cuando el contrato siga a un concurso de proyectos y deba adjudicarse al concursante
ganador o a uno de los concursantes ganadores (servicios);
- cuando resulte estrictamente necesario por razones de extrema urgencia causadas por
acontecimientos imprevisibles (suministros, obras, servicios);GPA/20
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- en el caso de entregas adicionales a cargo del proveedor original, justificadas por el
riesgo de incompatibilidad técnica o dificultades técnicas desproporcionadas
(suministros);
- para la realización de obras/servicios adicionales (hasta un límite del 50 por ciento del
importe del contrato principal) necesarios para realizar la obra/prestar el servicio en
circunstancias imprevistas, si el no separarlos se justifica por razones técnicas oeconómicas (obras, servicios);
- para nuevas obras/servicios consistentes en la repetición de obras/servicios similares
confiados al contratista/prestador de servicios al que los mismos poderes
adjudicadores adjudicaron un contrato anterior, en ciertas condiciones (obras,
servicios).
En el caso de las entidades que figuran en el Anexo 3, las entidades contratistas pueden elegir
algunos de los procedimientos (abierto, restring ido o negociado) siempre que se haya hecho una
convocatoria a licitación (véase la respuesta a la pregunta 7).  Esta convocatoria previa puede eludirse
en algunos casos:
- falta de ofertas o de ofertas apropiadas en respuesta a un procedimiento con
convocatoria a licitación previa, siempre que las condiciones del contrato original no
se hayan modificado sustancialmente.
- cuando el contrato tenga puramente fines de investigación, experimentación, estudio
o desarrollo, en ciertas condiciones;
- cuando, por razones técnicas o artísticas, o por razones relacionadas con la protección
de derechos exclusivos, sólo exista un proveedor o contratista;
- cuando resulte estrictamente necesario por razones de extrema urgencia debidas a
acontecimientos imprevisibles por las partes contratantes;
- en el caso de entregas adicionales del proveedor original, justificadas por el riesgo de
incompatibilidad técnica o de dificultades técnicas desproporcionadas (suministros);
- para obras/servicios adicionales que resulten necesarios para realizar la obra o prestar
el servicio en circunstancias imprevistas, si el no separarlos se justifica por razonestécnicas o económicas (obras, servicios);
- para obras nuevas que consistan en la repetición de obras similares confiadas al
contratista al que los mismos poderes adjudicadores adjudicaron un contrato anterior,
en ciertas condiciones (obras);
- para suministros cotizados y adquiridos en un mercado de productos;- para contratos que deban adjudicarse sobre la base de un acuerdo marco (acuerdo
cuyo fin es establecer los términos por los que se regirán los contratos que se
adjudiquen durante un período determinado);
- para adquisiciones de ocasión (en caso de una oportunidad especialmente ventajosa
que sólo pueda aprovecharse durante un período muy breve, a un precio
considerablemente inferior a los precios normales del mercado;GPA/20
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- para adquisiciones de bienes en condiciones especialmente ventajosas de proveedores
que estén liquidando sus actividades empresariales o de liquidadores de una quiebra
(o de un procedimiento similar);
- cuando el contrato de servicios siga a un concurso de proyectos y deba adjudicarse al
concursante ganador o a uno de los concursantes ganadores (servicios).
11. El artículo XI estipula los plazos de licitación y entrega.  Los plazos no serán normalmente
inferiores a X días.  ¿Incorpora la legisl ación nacional los diferentes plazos mínimos
establecidos en el Acuerdo?  De no ser así, sírvanse facilitar información sobre cualquier
plazo más largo que se haya establecido.
Por lo que se refiere a las entidades que figuran en los Anexos 1 y 2 del ACP (sectores
tradicionales), los plazos son los siguientes:
- En los procedimientos abiertos, el plazo establecido por la autoridad para recibir las
ofertas no puede ser inferior a 50 días naturales contados a partir de la fecha del envíodel anuncio para su publicación.  Este plazo puede reducirse (sólo para las obras y
servicios) a 36 días en el caso de que se haya publicado un anuncio de información
previo.
- En los procedimientos restringidos y negociados, la oferta va precedida de una
solicitud del contratista para que se le invite a participar en la licitación.  El plazopara recibir las solicitudes de participación fijado por los poderes adjudicadores no
será inferior a 37 días contados a partir de la fecha de envío del anuncio.  En el caso
de los procedimientos restringidos el plazo para la recepción de ofertas no será
inferior a 40 días contados a partir de la fecha de envío de la invitación por escrito.
Este plazo puede reducirse a 26 días en el caso de haberse publicado un aviso deinformación previo.  Cuando exista una urgencia justificada, estos plazos pueden
reducirse a no menos de 15 días para la recepción de las solicitudes, y no menos de
10 días para la recepción de las ofertas.
En cuanto a las entidades que figuran en el Anexo 3 del ACP (servicios públicos de algunos
sectores), los plazos son los siguientes:
- En los procedimientos abiertos, el plazo para la recepción de ofertas es el mismo que
para los sectores tradicionales:  52 días (36 días en caso de información previa).
- En los procedimientos restringidos y negociados los plazos son diferentes.  El plazo
para la recepción de solicitudes de participación será, por regla general, por lo menos
de 5 semanas a partir de la fecha del envío del anuncio o la invitación, y en ningúncaso será inferior a 22 días (o 15, en ciertas condiciones).  El plazo para recibir
ofertas puede fijarse por acuerdo mutuo entre la entidad contratante y los candidatos
seleccionados, siempre que se dé a todos los licitadores el mismo tiempo para
preparar y presentar ofertas.  Si no se llega a este tipo de acuerdo, la entidad
contratante fijará un plazo que, por regla general, será por lo menos de tres semanas y
en ningún caso inferior a 10 días contados a partir de la fecha de la convocatoria a
licitación.
12. ¿En qué medida la legislación de aplicación permite a las entidades, de conformidad con el
párrafo 1 del artículo XII, presentar las ofertas en varios idiomas (uno de los cuales deberá
ser un idioma oficial de la OMC)?  ¿En qué medida aprovechan las entidades este margen deflexibilidad?GPA/20
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El idioma utilizado en los procedimientos de contratación pública es una cuestión que decide
cada Estado miembro.  Hay que subrayar que seis Estados miembros tienen como idioma oficial un
idioma de la OMC (Bélgica, España, Franci a, Irlanda, Luxemburgo y el Reino Unido).
IV.3 Procedimiento de impugnación - Artículo XX
13. El párrafo 3 del artículo XX dispone que cada Parte establecerá por escrito y hará públicos
sus procedimientos de impugnación.  Sírvanse  facilitar la información correspondiente.
La regla prevé que si un posible contratista considera que ha sido perjudicado por una
decisión ilegal adoptada por un poder adjudicador puede presentar una reclamación.  Hay dos niveles
de posibles recursos:  procedimientos nacionales y control a nivel de la CE.
i) En lo que respecta a los recursos nacionales , la Comunidad ha publicado dos directivas
(la llamada Directiva sobre Medidas Correctivas de Contratos Públicos de Servicios véase supra ,
capítulo I.1), para la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
referentes a la aplicación de las normas de la Comunidad sobre los procedimientos de contrataciónpública.  De conformidad con el propósito general de esas directivas, los Estados miembros deben
adoptar las medidas necesarias para que las decisiones tomadas por las entidades contratantes puedan
revisarse eficazmente si esas decisiones han infringido el derecho comunitario en materia de
contratación pública o las normas nacionales que lo aplican, cuando se trata de procedimientos de
adjudicación de contratos comprendidos en el ámbito de las Directivas sobre las autoridades públicaso de la Directiva de Servicios Públicos.  El objetivo es garantizar que todos, en todo lugar, tengan los
mismos derechos en relación con los procedimientos de revisión.
Esas directivas prevén el establecimiento en cada Estado miembro de tribunales o de otros
órganos legalmente autorizados con poderes efectivos para resolver los conflictos que puedan surgir
entre entidades contratantes y empresas, prestadores de servicios o personas individuales.  Esto
significa que en cada Estado miembro existe algún órgano legalmente autorizado para resolver las
controversias en materia de contratación pública.  Sin embargo, el carácter de la jurisdicción puede
diferir entre los Estados miembros, así como las medidas correctivas disponibles.  Los órganos de
revisión en primera instancia pueden no ser necesariamente de carácter judicial, aunque su decisión
deba ser siempre razonada.  Sin embargo, en esos casos, la decisión debe estar sujeta a revisiónjudicial o por otro órgano que sea un tribunal en el sentido de lo dispuesto en el artículo 177 del
Tratado, e independiente tanto de la entidad contratante como del órgano de revisión.  Este órgano
independiente adoptará sus decisiones siguiendo un procedimiento en que se oirá ambas partes y sus
decisiones serán legalmente vinculantes, por los medios que determine cada Estado miembro.
Los procedimientos de revisión están disponibles por lo menos para cualquier persona que
tenga o haya tenido interés en obtener un contrato determinado y haya sido o pueda ser perjudicada
por una supuesta infracción.
Los Estados miembros deben garantizar que los órganos de revisión tengan un número
mínimo de facultades.
- Revisión de la actuación de las entidades contratantes
En el caso de conflictos derivados de la Directiv a de Autoridades Públicas (entidades que figuran
en los Anexos 1 y 2 del Acuerdo), los Estados miem bros deben garantizar que los órganos de revisión
tengan facultades para intervenir directamente en el  procedimiento de contratación pública de las entidades
contratantes.  Esas facultades incluyen, en primer lu gar, la de adoptar, en la  primera oportunidad y por
medio de un procedimiento interl ocutorio, medidas provisionales,  incluida la de suspender oGPA/20
Página 16
garantizar la suspensión del procedimiento de adjudicación de un contrato o de la ejecución de
cualquier decisión adoptada por la entidad contratante.  En segundo lugar, la facultad de revocar las
decisiones adoptadas ilegalmente (véase el artículo 2.1 a) y b) de la Directiva sobre Medidas
Correctivas Públicas).
En el caso de conflictos derivados de la Directiva de Servicios Públicos (entidades que
figuran en el Anexo 3 del Acuerdo), se autoriza a los Estados miembros a elegir entre la introducción
de diferentes facultades para sus órganos de revisión, de efecto equivalente (habida cuenta las
diferencias de carácter entre las disposiciones legislativas de los Estados miembros).
La primera opción comprende la facultad de intervenir directamente  en los procedimientos de
contratación pública de las entidades contratantes, suspendiéndolos o revocando decisiones o
cláusulas discriminatorias de documentos o publicaciones (véase el artículo 2.1 a) y b) de la Directiva
sobre Medidas Correctivas de los Servicios Públicos).
La segunda opción prevé la facultad de ejercer una presión indirecta  sobre las entidades
contratantes a fin de hacer que corrijan cualquier infracción, e impedir que se produzcan daños.  En
particular, esas medidas pueden consistir en ordenar el pago de una suma determinada, como por
ejemplo sanciones pecuniarias periódicas (incluso diarias) (véase el artículo 2.1 c) de la Directiva
sobre Medidas Correctivas de los Servicios Públicos).
En consecuencia, en el caso de los servicios públicos, los Estados miembros pueden elegir
entre la primera solución y la segunda.  Esta elección puede hacerse para todas las entidades
contratantes o para categorías de entidades definidas sobre la base de criterios objetivos.  En cualquier
caso, la elección debe conservar la eficacia de las medidas establecidas para impedir los daños
causados a los intereses de que se trate.
- Indemnización de las pérdidas:  reclamaciones por daños
De conformidad con el artículo 2.1 c) de la Directiva sobre Medidas Correctivas de Contratos
Públicos de Servicios y con el artículo 2.2 d) de la Directiva sobre Medidas Correctivas de Servicios
Públicos, debe ser siempre posible conceder una indemnización a las personas perjudicadas por una
infracción.  En consecuencia, los terceros perjudicados pueden solicitar una indemnización por daños
basada en el quebrantamiento de las reglas de contratación pública.
Las directivas obligan a los Estados miembros a prever al menos la indemnización del daño
emergente ( damnum emergens ), es decir, los gastos de preparar la oferta o de participar en el
procedimiento de contratación pública.  Cuando se formule una reclamación por esa clase de daños, el
reclamante deberá probar que ha habido una infracción del Derecho comunitario en materia de
contratación pública o de normas nacionales de aplicación de ese Derecho, y que tenía una posibilidadreal de que se le adjudicara el contrato, pero, como consecuencia de esa infracción, su posibilidad se
vio perjudicada.  Esto no significa que la persona que formule la reclamación tenga que probar que el
contrato le habría sido adjudicado de no haberse producido la infracción.
Es decir, hay que probar la existencia de una infracción, los daños y la relación de causalidad
entre ambos.
La indemnización puede reclamarse directamente ante los tribunales competentes.  Sin
embargo, cuando se reclame una indemnización basada en que se tomó ilegalmente una decisión, losEstados miembros pueden prever que la decisión impugnada tenga que ser antes anulada o declarada
ilegal, si su derecho interno lo exige así.GPA/20
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Por lo que se refiere a la indemnización del lucro cesante, ( lucrus cessans ), las directivas no
obligan a los Estados miembros a preverla para las personas perjudicadas.  Sin embargo, ninguna
disposición de las directivas impide a los Estados miembros incluir esa posibilidad en sus normas
nacionales.  En tal caso, la indemnización del lucro cesante se concederá de conformidad con los
preceptos de la legislación nacional.
Por lo que se refiere a la indemnización punitiva concedida a terceros, que tendría un efecto
disuasor, no se conoce en el régimen jurídico europeo.
 La Directiva sobre Medidas Correctivas de Servicios Públicos establece un procedimiento
especial conocido como certificación.  Se da a las entidades contratantes la posibilidad de utilizar un
sistema de certificación, con arreglo al cual, órganos independientes examinan periódicamente losprocedimientos de adjudicación de contratos con miras a obtener una certificación de que, en ese
momento, esos procedimientos y prácticas son conformes con la legislación de la Comunidad relativa
a la adjudicación de contratos y con las normas nacionales que la aplican.
Si las Directivas sobre Medidas Correctivas no han sido debidamente aplicadas, las partes
pueden recurrir contra el Estado miembro de que se trate ante un tribunal nacional de ese Estado,
invocando la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia, con arreglo a la cual se dispone que el
Estado miembro puede ser objeto de un recurso por no aplicar directivas, siempre que se den ciertos
requisitos (véanse las sentencias del Tribunal Europeo de Justicia en los casos Francovitch y Brasseriedu Pecheur).
Hay también un procedimiento mixto.  Cualquier tribunal nacional puede plantear una
cuestión preliminar ante el Tribunal Europeo de Justicia en Luxemburgo a fin de obtener una decisión
que interprete la disposición de la legislación de la CE que pueda ser aplicable al caso.  Durante el
procedimiento ante el Tribunal Europeo de Justicia, se permite a la Comisión intervenir y expresar susopiniones.  Una vez dictada la decisión del Tribunal Europeo de Justicia, el tribunal nacional a quo ,
debe decidir sobre el caso de que se trate, de conformidad con la interpretación dada.  Véase el
artículo 177 del Tratado de la CE.
ii) En lo que concierne a los procedimientos de revisión de la CE,  las partes pueden presentar
reclamaciones ante la Comisión de la CE, posiblemente al mismo tiempo que inician una acción legalnacional, pero esta última no es requisito preliminar para la presentación de esa reclamación.  La
reclamación puede ser tratada de manera confidencial y no entraña ningún gasto.
La Comisión examina las reclamaciones, y cuando considera que sea ha cometido una
infracción de las disposiciones comunitarias en materia de contratación pública, puede iniciar el
procedimiento establecido en los artículos 169 y 170 del Tratado, que, después de celebrar consultasentre la Comisión y el Estado miembro, puede llevar a la adopción de una decisión por el Tribunal
Europeo de Justicia.  Con arreglo al artículo 3 de la Directiva sobre Medidas Correctivas de Contratos
Públicos de Servicios y al artículo 8 de la Directiva sobre Medidas Correctivas de Servicios Públicos
existe un procedimiento especial en el caso de que la Comisión considere que se ha cometido una
infracción, antes de concertarse el contrato.
Asimismo, de conformidad con los artículos 186 del Tratado de la CE y 83 del Reglamento de
Procedimiento del Tribunal, la Comisión puede plantear un procedimiento interlocutorio ante elTribunal de Justicia, para obtener la suspensión del procedimiento de adjudicación.
iii) Esas directivas se aplican a nivel de los Estados miembros .  Véase infra  información
detallada
14. Si esa información no responde plenamente a los siguientes puntos, sírvanse facilitar la
información adicional necesaria a tal efecto.GPA/20
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i) El plazo para presentar la reclamación que estipula el Acuerdo "en ningún caso será
inferior a 10 días".  ¿Cuáles son los plazos establecidos en la legislación nacional?
ii) ¿Cuál es el órgano responsable del procedimiento de impugnación?  Es un "tribunal"
o un "órgano de examen imparcial e independiente"?  En este último caso:
- ¿Cómo se selecciona a sus miembros?
- ¿Están sus decisiones sujetas a revisión judicial?- De no ser así, ¿cómo se tienen en cuenta las prescripciones del párrafo 6 del
artículo XX?
iii) ¿Cuál es la legislación aplicable con referencia a la cual el órgano de impugnación
examinará las reclamaciones?
iv) ¿Qué medidas rápidas provisionales se prevén para corregir las infracciones del
Acuerdo y preservar las oportunidades comerciales?
- ¿Se incluye entre estas medidas la posibilidad de suspender el proceso de
contratación?  ¿En qué condiciones?
v) ¿Cómo prevé el procedimiento de impugnación la rectificación del Acuerdo?  ¿Qué
tipos de compensación por los daños o perjuicios sufridos podrá imponer el órgano
de impugnación?
vi) Sírvanse facilitar la información disponible sobre los plazos de las distintas etapas
del proceso de impugnación, incluida la obtención de medidas provisionales y de una
decisión definitiva.
vii) ¿Cuáles son los costes habituales de un procedimiento de impugnación?  ¿Está
prevista la posibilidad de que tales procedimientos sean gratuitos?
Véanse infra  las respuestas de los Estados miembros.
IV.3.A   Procedimientos de impugnación - Artículo XX:  Austria
13. El párrafo 3 del artículo XX dispone que cada Parte establecerá por escrito y hará públicos
sus procedimientos de impugnación.  Sírvanse  facilitar la información correspondiente.
El procedimiento de impugnación está a cargo de:
1) la Bundesvergabekontrollkommission  (en adelante denominada "Comisión de
Control");  y
2) el Bundesvergabeamt  (en adelante denominado "Organismo Federal de Contratación
Pública"), en primera y última instancia.
El procedimiento de impugnación propiamente dicho ante el Organismo Federal de
Contratación Pública se inicia por la empresa que alegue tener un interés en obtener un contratopúblico determinado, con sujeción a la Ley Federal de Contratación Pública y solicite la revisión de
una decisión ilegal de una autoridad contratante en un procedimiento de contratación, por haber sido o
poder ser perjudicada por la supuesta infracción.GPA/20
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El Organismo Federal de Contratación Pública se encarga del procedimiento de impugnación
orientado a revocar las decisiones ilegales.  Antes de la adjudicación del contrato, el Organismo tiene
competencia para:
1) adoptar medidas provisionales (véase también el punto 14 iv) infra );  y
2) anular las decisiones ilegales del poder adjudicador.
Después de la adjudicación del contrato o del procedimiento de adjudicación, incumbe al
Organismo Federal de Contratación Pública declarar si, de forma ilegal, el contrato no se ha
adjudicado  a la oferta económicamente más ventajosa de una forma ilegal.
La reclamación ante el Organismo Federal de Contratación Pública está sujeta normalmente
al requisito previo de que el reclamante trate de llegar a un arreglo amistoso ante la Comisión de
Control, si el asunto no se haya resuelto ya amigablemente, y el reclamante recurra en un plazo de dos
semanas a partir de la recomendación de la Comisión de Control sobre el asunto.
Después de la conclusión del contrato o de la terminación del procedimiento de adjudicación,
el plazo es de seis semanas a partir del día en que el reclamante tenga conocimiento de la
adjudicación.
Por lo que se refiere a la reclamación de indemnización en nombre del un licitador preterido,
véase el punto 14 v) infra .
14. Si esa información no responde plenamente a los siguientes puntos, sírvanse facilitar la
información adicional necesaria a tal efecto.
i) El plazo para presentar la reclamación que estipula el Acuerdo "en ningún caso será
inferior a 10 días".  ¿Cuáles son los plazos establecidos en la legislación nacional?
Por lo que se refiere al plazo para interponer una reclamación ante el Organismo Federal de
Contratación Pública, véase respuesta a la pregunta 13 supra .  En los párrafos que siguen se facilita
información sobre el procedimiento ante la Comisión de Control.
Antes de hacer la adjudicación, la Comisión de Control se encarga de resolver las
controversias entre los candidatos o licitadores y la entidad contratante, a instancia de parte, en
relación con el procedimiento de adjudicación.  Una vez conocida la controversia, la solicitud debe
presentarse con prontitud.  No hay un plazo oficial.
El órgano de conciliación de la Comisión de Control oirá a ambas partes en la controversia e
investigará los hechos.  En un plazo de dos semanas, tratará de llegar a una amigable composición.  Si
ésta no es posible, el órgano de conciliación formulará una recomendación sobre la aplicación de la
disposición que dio lugar a la controversia.
Mientras dure el procedimiento ante la Comisión de Control, el poder adjudicador no deberá
adjudicar el contrato.
ii) ¿Cuál es el órgano responsable del procedimiento de impugnación?  ¿Es un
"tribunal" o un "órgano de examen imparcial e independiente"?  En este último caso:
- ¿Cómo se selecciona a sus miembros?
- ¿Están sus decisiones sujetas a revisión judicial?GPA/20
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- De no ser así, ¿cómo se tienen en cuenta las prescripciones del párrafo 6 del
artículo XX?
El Organismo Federal de Contratación Pú blica es un organismo público con derechos
soberanos.  Tiene competencia para adoptar medidas de aplicación obligatoria.  Sus miembros
adoptan sus decisiones libremente y no están vinculados por directivas ni órdenes.  De las decisiones
del Organismo Federal de Contratación Pública no se puede recurrir ante ningún otro organismoadministrativo o tribunal administrativo.  El único recurso contra una decisión del Organismo Federal
de Contratación Pública es el de queja ante el Tribunal Constitucional.
El Organismo Federal de Contratación Pública se compone de un Presidente, un número
suficiente de vicepresidentes y otros miembros.  El Presidente y los vicepresidentes deben ser
magistrados.  El Presidente de la República los nombra a recomendación del Gobierno Federal, por un
período de cinco años.
Por consiguiente, el Organismo Federal de Contratación Pública reúne los criterios de un
tribunal en el sentido del artículo 6 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos
Humanos así como los criterios de un tribunal en el sentido del artículo 177 del Tratado de Roma.
La Comisión de Control, en cambio, es un simple órgano de arbitraje sin competencia para
dictar decisiones ejecutivas.  Se limita únicamente a las mediación y la negociación.  Por lo que se
refiere a su composición y a la posición jurídica de sus miembros, se aplican las mismas normas queal Organismo Federal de Contratación Pública.
iii) ¿Cuál es la legislación aplicable con referencia a la cual el órgano de impugnación
examinará las reclamaciones?
La Ley Federal de Contratación Pública de 1997 y sus reglamentos son aplicables
 a los
procedimientos de impugnación a nivel federal.  Las reclamaciones por daños tienen que interponerse
ante los tribunales civiles y se rigen por el derecho civil.
iv) ¿Qué medidas rápidas provisionales se prevén para corregir las infracciones del
Acuerdo y preservar las oportunidades comerciales?
- ¿Se incluye entre estas medidas la posibilidad de suspender el proceso de
contratación?  ¿En qué condiciones?
Una vez iniciado el procedimiento de contratación pública ante el Organismo Federal de
Contratación Pública, este organismo, a petición de parte, puede conceder las medidas provisionales
necesarias y apropiadas por medio de un procedimiento interlocutorio, a fin de que el reclamante nosufra nuevos daños en sus intereses.  El organismo debe tener en cuenta las probables consecuencias
para todos los intereses que probablemente serán afectados, y especialmente el interés público encontinuar el procedimiento.
Entre las medidas provisionales pueden figurar:
1) la suspensión provisional de todo el procedimiento de contratación pública;  o
2) la suspensión provisional de las decisiones del poder adjudicador, en tanto el
Organismo no decida sobre su validez.GPA/20
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v) ¿Cómo prevé el procedimiento de impugnación la rectificación del Acuerdo?  ¿Qué
tipos de compensación por los daños o perjuicios sufridos podrá imponer el órgano
de impugnación?
Si el poder adjudicador ha quebrantado las disposiciones de la Ley Federal de Contratación
Pública, culpablemente, el licitador o candidato  preterido podrá reclamar indemnización por daños
siempre que tuviera una auténtica posibilidad de que se le adjudicara el contrato, de haber cumplido el
poder adjudicatario la ley.  El licitador preterido puede solicitar el lucro cesante, los gastos de
preparación de su oferta y todos los demás gastos que le haya causados su participación en el
procedimiento de contratación.  La reclamación por daños debe presentarse ante los tribunales civiles
ordinarios.
La Ley de Contratación Pública austriaca no prevé ningún medio para rescindir un contrato
concluido.  Sin embargo, se puede anular un contrato concluido, en determinadas circunstancias, en
virtud del Derecho civil austriaco.
vi) Sírvanse facilitar la información disponible sobre los plazos de las distintas etapas
del proceso de impugnación, incluida la obtención de medidas provisionales y de una
decisión definitiva.
El Organismo Federal de Contratación Pública tiene que decidir sobre la aplicación de
cualquier medida provisional en un plazo de cinco días a más tardar.  Cuando se trate de una solicitudde anulación de decisiones del poder adjudicador, el plazo será de dos meses, siempre que el contrato
no se haya formalizado.  Además, el Código de Procedimiento Administrativo de Austria se aplica a
los procedimientos de esa índole ante el Organismo Federal de Contratación Pública.
vii) ¿Cuáles son los costes habituales de un procedimiento de impugnación?  ¿Está
prevista la posibilidad de que tales procedimientos sean gratuitos?
Se puede exigir al reclamante que abone los gastos del procedimiento ante el Organismo
Federal de Contratación Pública, de conformidad c on el Código de Procedimiento Administrativo.  El
reclamante ante la Comisión de Control no tiene que abonar tasas.
IV.3.B    Procedimientos de impugnación - Artículo XX:  Bélgica
13. El párrafo 3 del artículo XX dispone que cada parte establecerá por escrito y hará públicos
sus procedimientos de impugnación.  Sírvanse  facilitar la información correspondiente.
El Consejo de Estado es el órgano jurisdiccional encargado de decidir, por medio de fallos,
sobre los recursos de anulación dirigidos contra los actos de las diversas autoridades administrativas.
Por lo que se refiere más especialmente a los contratos de la administración, el Consejo de
Estado puede anular los actos unilaterales y distintos que acompañan a la formación y la ejecución delos contratos.
14. Si esa información no responde plenamente a los siguientes puntos, sírvanse facilitar la
información adicional necesaria a tal efecto.
i) El plazo para presentar la reclamación que estipula el Acuerdo "en ningún caso será
inferior a 10 días".  ¿Cuáles son los plazos establecidos en la legislación nacional?GPA/20
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Para interponer un recurso de anulación de un acto administrativo ante el Consejo de Estado,
el recurrente debe justificar un daño o un interés legítimo;  la demanda de intervención se interpondrá
en un plazo de 60 días a más tardar desde que el recurrente haya tenido conocimiento del acto
administrativo de que se trate.
ii) ¿Cuál es el órgano responsable del procedimiento de impugnación?  ¿Es un
"tribunal" o un "órgano de examen imparcial e independiente"?
El Consejo de Estado es un tribunal administrativo.
iii) ¿Cuál es la legislación aplicable con referencia a la cual el órgano de impugnación
examinará las reclamaciones?
Las leyes coordinadas de 12 de enero de 1973 sobre el Consejo de Estado.
iv) ¿Qué medidas rápidas provisionales se prevén para corregir las infracciones del
Acuerdo y preservar las oportunidades comerciales? - ¿Se incluye entre estas
medidas la posibilidad de suspender el proceso de contratación?  ¿En quécondiciones?
El Consejo de Estado puede conocer de una solicitud de suspensión de un acto administrativo
y ordenar la suspensión de su ejecución a fin de salvaguardar los intereses de las partes
(procedimiento de interdicto administrativo).
La suspensión de la ejecución sólo puede ordenarse si se invocan razones graves que puedan
justificar la anulación del acto impugnado y siempre que la ejecución inmediata del acto amenace
causar al recurrente un perjuicio grave difícilmente reparable.
v) ¿Cómo prevé el procedimiento de impugnación la rectificación del Acuerdo?  ¿Qué
tipo de compensación por los daños o perjui cios sufridos podrá imponer el órgano de
impugnación?
En caso de impugnación por una infracción del Acuerdo en los procedimientos de
contratación pública comprendidos en su ámbito de aplicación, el Consejo de Estado anulará la
decisión impugnada.
Las solicitudes de indemnización de daños corresponden al derecho civil y son de la
incumbencia de los tribunales civiles.
vi) Sírvanse facilitar la información disponible sobre los plazos de las distintas etapas
del proceso de impugnación, incluida la obtención de medidas provisionales y de una
decisión definitiva.
Las decisiones de suspensión a que se refiere el punto iv) supra  se adoptan con urgencia, en
los plazos más breves.  Las decisiones definitivas se adoptan en los plazos necesarios para el examende cada uno de los fundamentos, respetando los derechos de las Partes.
vii) ¿Cuáles son los costes habituales de un procedimiento de impugnación?  ¿Está
prevista la posibilidad de que tales procedimientos sean gratuitos?
Los gastos de interposición de una demanda an te el Consejo de Estado son mínimos.  En 1997
se elevaban a 7.000 francos belgas.  Los honorarios de los letrados corren a cargo de los recurrentes.GPA/20
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IV.3.D    Procedimiento de impugnación - Artículo XX:  Alemania
13. El párrafo 3 del artículo XX dispone que cada Parte establecerá por escrito y hará públicos
sus procedimientos de impugnación.  Sírvanse  facilitar la información correspondiente.
En la República Federal de Alemania hay dos órganos distintos encargados de los
procedimientos de impugnación:
a) El procedimiento de impugnación ante los órganos de revisión inicial -
ergabeprüfstellen (Organismos de inspección de la contratación pública) - puede
iniciarse ex officio  o ex parte  por un licitador.  No hay plazo para presentar la
reclamación.  Tampoco se limita el acceso al procedimiento de impugnación por los
participantes.  Las vistas pueden celebrarse públicamente.  Los participantes pueden
ser oídos por el órgano de revisión, antes de que se dicte una decisión.  Pueden estar
representados por un letrado.  Las opiniones o decisiones se formulan por escrito, con
una exposición de los fundamentos en que se basan.  Se puede aportar testigos.  Losdocumentos tienen que mostrarse al órgano de revisión si éste lo solicita.
El Vergabeprüfstelle puede obligar al poder adjudicador a revocar las medidas o
decisiones ilegales, o a adoptar medidas o decisiones legales.  En particular, el
Vergabeprüfstelle está autorizado a suspender los procedimientos de adjudicación.
Al hacer su examen, el órgano debe tener en cuenta las consecuencias probables para
todos los intereses que puedan verse afectados, y especialmente el interés público en
continuar el procedimiento.  El reclamante no tiene que abonar tasas ante este órgano.
b) Los órganos de revisión secundaria encargados de los procedimientos de
impugnación son las Vergabeüberwachungsausschüsse (Comisiones de vigilancia de
la contratación pública), que son tribunales de conformidad con el derecho
comunitario.  A nivel federal, dependen del Bundeskartellamt (Organismo Antitrust
Federal), y a nivel de los Estados dependen normalmente de los Landeskartellämter
(Organismos antitrust regionales).
La función de las Vergabeüberwachungsausschüsse es revisar las decisiones de los
Vergabeprüfstellen.  Este procedimiento de revisión puede iniciarse por el reclamante del
procedimiento ante el Vergabeprüfstelle en un plazo de cuatro semanas a partir de la adopción de la
decisión.  El órgano de revisión debe oír a todos los participantes en el primer procedimiento.  Puede
convalidar la decisión del Vergabeprüfstelle o declararla ilegal.  En este último caso, la
Vergabeüberwachungsausschuß ordena al Vergabeprüfstelle  que vuelva a examinar el asunto y lo
decida de conformidad con su propia interpretación del derecho.
Se puede requerir al recurrente para que pague los gastos del procedimiento.
Incumbe al Presidente del Bundeskartellamt la designación de los miembros de la
Vergabeüberwachungsausschuß a nivel federal, los cuales son independientes y sólo están sometidos
a la ley.  El Presidente y uno de los asesores deberán ser funcionarios, y el Presidente y uno de los
asesores tener la calidad de jueces.
Si la Vergabeüberwachungsausschuß considera que es necesaria una decisión sobre la
interpretación del Derecho comunitario para poder fallar, deberá someter la cuestión al Tribunal
Europeo de Justicia.GPA/20
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La base jurídica para establecer los Vergabeprüfstellen y las
Vergabeüberwachungsausschüsse son los artículos 57 b y 57 c de la Haushaltsgrundsätzegesetz  (Ley
Presupuestaria) y la Nachprüfungsverordnung (Directiva de revisión).
Con independencia de la decisión de revisión, los licitadores pueden solicitar una
indemnización ante los tribunales ordinarios;  esta solicitud no está sujeta a plazo.
A fin de dar más derechos a los licitadores perjudicados, el Gobierno Federal de Alemania ha
decidido darles acceso a los tribunales ordinarios.  Actualmente se está modificando el marco jurídico.
14. Si esa información no responde plenamente a los siguientes puntos, sírvanse facilitar la
información adicional necesaria a tal efecto.
Véase la respuesta a la pregunta 13.
IV.3.DK  Procedimiento de impugnación - Artículo XX: Dinamarca
13. El párrafo 3 del artículo XX dispone que cada Parte establecerá por escrito y hará públicos
sus procedimientos de impugnación.  Sírvanse  facilitar la información correspondiente.
Véase el artículo adjunto sobre el procedimiento de impugnación en Dinamarca, publicado en
EU Public Contract Law Nº 1/1996.
14. Si esa información no responde plenamente a los siguientes puntos, sírvanse facilitar la
información adicional necesaria a tal efecto.
i) El plazo para presentar la reclamación que estipula el Acuerdo "en ningún caso será
inferior a 10 días".  ¿Cuáles son los plazos establecidos en la legislación nacional?
No hay plazos.
ii) ¿Cuál es el órgano responsable del procedimiento de impugnación?  ¿Es un
"tribunal" o un "órgano de examen imparcial e independiente"?
La Junta de Apelación de Contratación Pública de Dinamarca es, por lo menos, "un órgano de
examen imparcial e independiente".  Sin embargo, no resulta claro si ese órgano de revisión posee
todas las características necesarias para ser considerado "tribunal" en el sentido del artículo 177 del
Tratado.
La composición de la Junta de Apelación es  la siguiente:  un magistrado del Tribunal
Supremo ocupa la presidencia, con asistencia de dos vicepresidentes que son también magistrados.Además de los magistrados, algunos expertos son "miembros especialistas" de la junta.  El Presidente,
los vicepresidentes y los expertos son designados por el Ministerio de Industria y Comercio, y su
mandato es de cuatro años.  Al terminar ese plazo, pueden ser nuevamente nombrados.
Las decisiones de la Junta de Apelación pueden ser objeto de revisión judicial.  En un plazo
de ocho semanas a partir de la fecha en que la decisión de la Junta se haya comunicado a las partes enuna controversia, la decisión puede someterse a los tribunales ordinarios.
Presentar una reclamación ante la Junta es una posibilidad según la legislación danesa.  Otra
posibilidad es presentar una reclamación en primera instancia ante un tribunal ordinario.  También en
estos casos la decisión se puede someter a un tribunal superior.GPA/20
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iii) ¿Cuál es la legislación aplicable con referencia a la cual el órgano de impugnación
examinará las reclamaciones ?
La "legislación aplicable" es la legislación de contratación pública de la CE o los reglamentos
daneses que aplican el derecho comunitario en la materia (lo que viene a ser lo mismo), y las
disposiciones pertinentes del Tratado de la CE (cuando el contrato público, por ejemplo a causa de su
reducido valor, no esté sometido a las disposiciones de las directivas de contratación pública de laCE).
iv) ¿Qué medidas rápidas provisionales se prevén para corregir las infracciones del
Acuerdo y preservar las oportunidades comerciales?  ¿Se incluye entre estas medidas
la posibilidad de suspender el proceso de contratación?  ¿En qué condiciones?
El órgano de revisión tiene facultades para suspender los procedimientos de adjudicación de
contratos o requerir a la autoridad/entidad contratante para que cumpla la legislación aplicable (en
otras palabras, para que legalice su actuación).
v) ¿Cómo prevé el procedimiento de impugnación la rectificación del Acuerdo?  ¿Qué
tipos de compensación por los daños o perjuicios sufridos podrá imponer el órgano
de impugnación?
El órgano de revisión puede anular las decisiones ilegales en que se base la adjudicación de
un contrato o imponer la última de las dos sanciones mencionadas en el apartado iv) supra .
La indemnización no es de la competencia de la Junta y tiene que reclamarse separadamente
de la impugnación de la licitación ante un tribunal  ordinario (salvo, probablemente, en los casos en
que las decisiones adoptadas por una autoridad/entidad contratante se impugnen directamente ante un
tribunal ordinario y no ante el órgano de revisión).
vi) Sírvanse facilitar la información disponible sobre los plazos de las distintas etapas
del proceso de impugnación, incluida la obtención de medidas provisionales y de una
decisión definitiva.
No hay plazos legalmente establecidos para las distintas etapas del proceso de impugnación.
Los plazos los fija el Presidente del órgano de revisión, teniendo en cuenta la necesidad de resolver
con prontitud las controversias, de conformidad con los objetivos de la Directiva sobre MedidasCorrectivas Públicas de Servicios y del ACP y, naturalmente la necesidad de una actuación
especialmente rápida de la Junta de Apelación en los casos en que se solicite la adopción de medidas
provisionales.
vii) ¿Cuáles son los costes habituales de un procedimiento de impugnación?  ¿Está
prevista la posibilidad de que tales procedimientos sean gratuitos?
Está legalmente establecido que, al presentar una reclamación ante la Junta de Apelación, se
abonará una tasa de 4.000 coronas danesas.  Esa tasa se reembolsará al reclamante en los casos en que
la Junta, total o parcialmente, decida a su favor.  No se exige la representación ante la Junta mediante
un experto, por ejemplo un abogado.  Sin embargo, en los casos en que la Junta decida a favor del
reclamante, éste tendrá derecho a reclamar (además de las tasas) los gastos que pueda haber realizado
por concepto de asistencia jurídica o de otros expertos en relación con la reclamación.GPA/20
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IV.3.E    Procedimiento de impugnación - Artículo XX:  España
13. El párrafo 3 del artículo XX dispone que cada parte establecerá por escrito y hará públicos
sus procedimientos de impugnación. Sírvanse facilitar la información correspondiente.
La notificación de los acuerdos debe contener referencia exacta a los procedimientos de
impugnación, consistente en: el tipo de recurso que se puede utilizar, órgano ante el que ha de
interponerse y plazo de interposición, con la advertencia de que éste empieza a transcurrir desde el díaen que la notificación es recibida.
14. Si esa información no responde plenamente a los siguientes puntos, sírvanse facilitar la
información adicional necesaria a tal efecto.
i) El plazo para presentar la reclamación que estipula el Acuerdo "en ningún caso será
inferior a 10 días".  ¿Cuáles son los plazos establecidos en la legislación nacional?
Treinta días o dos meses, según los tipos de recurso.
ii) ¿Cuál es el órgano responsable del procedimiento de impugnación?  ¿Es un
"tribunal" o un "órgano de examen imparcial e independiente"?
En función del tipo de recurso, el órgano de la Administración superior al que dictó el
acuerdo impugnado, o un Tribunal Jurisdiccional.
iii) ¿Cuál es la legislación aplicable con referencia a la cual el órgano de impugnación
examinará las reclamaciones?
La Ley 30/1992, de 16 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, de 27 de diciembre de 1956.
iv) ¿Qué medidas rápidas provisionales se prevén para corregir las infracciones del
Acuerdo y preservar las oportunidades comerciales?
- ¿Se incluye entre estas medidas la posibilidad de suspender el proceso de
contratación? ¿En qué condiciones?
El órgano que resuelve el recurso está facultado para actuar de oficio o a instancia de parte
para suspender el acto impugnado.
v) ¿Cómo prevé el procedimiento de impugnación la rectificación del Acuerdo? ¿Qué
tipos de compensación por los daños o perjuicios podrá imponer el órgano de
impugnación?
La resolución del recurso debe pronunciarse sobre todas las cuestiones planteadas en el
mismo, en sentido de admisible o no admisible y, en  caso de admisión, estimatorio o desestimatorio.
La compensación por daños y perjuicios puede determinarse en el mismo procedimiento o en
procedimiento separado, si existiera causa fundada.GPA/20
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vi) Sírvanse facilitar la información disponible sobre los plazos de las distintas etapas
del proceso de impugnación, incluida la obtención de medidas provisionales y de una
decisión definitiva.
En recursos interpuestos en vía administrativa (Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) debe haber un
pronunciamiento expreso en el plazo de tres mese s. Si en el citado período no recae resolución
expresa deberá entenderse desestimado, sin perjuicio de la obligación de la Administración de
resolver.
En vía jurisdiccional los plazos se determinan en la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa, y la resolución de los re cursos está en función de los asuntos en trámite.
vii) ¿Cuáles son los costes habituales de un procedimiento de impugnación? ¿Está
prevista la posibilidad de que tales procedimientos sean gratuitos?
En vía administrativa son gratuitos. En vía jurisdiccional son gratuitos, salvo que se aprecie
mala fe en la demanda.
IV.3.EL  Procedimientos de impugnación - Artículo XX:  Grecia
13. El párrafo 3 del artículo XX dispone que cada Parte establecerá por escrito y hará públicos
sus procedimientos de impugnación.  Sírvanse  facilitar la información correspondiente.
El Derecho griego prevé procedimientos de impugnación en los asuntos de contratación
pública.  Los procedimientos son efectivamente por escrito y están abiertos a todas las partes
perjudicadas.  Muy recientemente, Grecia ha promulgado disposiciones legales para aplicar la
Directiva sobre Medidas Correctivas de Contratos Públicos de Servicios, es decir, la Directiva
89/665/CEE.  No se han adoptado medidas pa ra dar cumplimiento a la Directiva 92/13/CEE
(Directiva sobre Medidas Correctivas de Servicios Públicos).  Grecia deberá aplicar esta últimaDirectiva para el 1º de enero de 1998.
14. Si esa información no responde plenamente a los siguientes puntos, sírvanse facilitar la
información adicional necesaria a tal efecto.
i) El plazo para presentar la reclamación que estipula el Acuerdo "en ningún caso será
inferior a 10 días".  ¿Cuáles son los plazos establecidos en la legislación nacional?
Las reclamaciones son de la jurisdicción de los tribunales administrativos o civiles, según el
carácter del poder adjudicador.  Si la reclamación pretende la anulación de un acto administrativo,
como una decisión de adjudicación, la acción se interpondrá ante el Tribunal Administrativo Supremo
de Grecia en un plazo máximo de 60 días a partir de la fecha en que se publique o notifique el acto
impugnado.
ii) ¿Cuál es el órgano responsable del procedimiento de impugnación?  ¿Es un
"tribunal" o un "órgano de examen imparcial e independiente"?
Los órganos encargados de los procedimientos de impugnación son los tribunales.
iii) ¿Cuál es la legislación aplicable con referencia a la cual el órgano de impugnación
examinará las reclamaciones?
La legislación griega y el Derecho comunitario.GPA/20
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iv) ¿Qué medidas rápidas provisionales se prevén para corregir las infracciones del
Acuerdo y preservar las oportunidades comerciales?
El reclamante puede solicitar del tribunal una orden provisional, que puede traducirse en la
suspensión del proceso de contratación pública, la conservación de documentos, etc.  Si su solicitud
prospera, el reclamante deberá interponer una acción judicial en regla en un plazo de 30 días a partir
de dicha orden.
v) ¿Cómo prevé el procedimiento de impugnación la rectificación del Acuerdo?  ¿Qué
tipos de compensación por los daños o perjuicios sufridos podrá imponer el órgano
de impugnación?
Puede anularse la decisión de adjudicación.  También se puede conceder una indemnización.
vi) Sírvanse facilitar la información disponible sobre los plazos de las distintas etapas
del proceso de impugnación, incluida la obtención de medidas provisionales y de una
decisión definitiva.
De conformidad con la nueva ley, que debe entrar en vigor en noviembre del presente año, el
reclamante tiene que presentar una objeción ante el poder adjudicador en un plazo de cinco días a
partir de la fecha en que tenga conocimiento del acto impugnado.  La decisión sobre esa objeción
deberá recaer en un plazo de 10 días.  El procedimiento provisional ante un tribunal se deberá iniciar
en un plazo de 10 días a partir de la decisión del pod er adjudicatario.  Si el procedimiento prospera, el
reclamante tendrá que presentar una acción judicial en regla en un plazo de 30 días a partir de la orden
dictada.
vii) ¿Cuáles son los costes habituales de un procedimiento de impugnación?  ¿Está
prevista la posibilidad de que tales procedimientos sean gratuitos?
Los costes dependerán del procedimiento y del valor del proyecto.  Tanto en el procedimiento
administrativo como en el civil, el juez ordenará normalmente a la parte perdedora que abone los
costes del procedimiento a la otra parte.  Sin embargo, la suma prevista es muy baja y no cubre los
costes reales del procedimiento.
IV.3.F    Procedimientos de impugnación - Artículo XX:  Francia
13. El párrafo 3 del artículo XX dispone que cada Parte establecerá por escrito y hará públicos
sus procedimientos de impugnación.  Sírvanse  facilitar la información correspondiente.
La Directiva 89/665 se ha incorporado al derecho francés por los artículos L22 y R241-24 del
Código de Tribunales Administrativos y de Tribunales de Apelación Administrativos (ejemplar
adjunto), en lo que se refiere a los contratos públicos, tanto con respecto al derecho comunitario como
al código de contratación pública francés.
Esa misma Directiva se ha incorporado por el artículo 11-1 de la Ley Nº 91-3, modificada el
3 de enero de 1991, y por los artículos 1441-1 a 1441-3 del nuevo Código de Procedimiento Civil, en
lo que se refiere a los contratos públicos con respecto al derecho comunitario pero privados con
respecto al derecho francés (ejemplar adjunto).
La Directiva 92/13 se ha incorporado:GPA/20
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- por los artículos L22 y R241-24 del Código de Tribunales Administrativos y de
Tribunales de Apelación Administrativos, en lo que se refiere a los contratos
concertados por entidades que explotan redes previstas en el Código de Contratación
Pública (Estado, colectividades territoriales, entidades públicas locales);
- por el artículo L23 del Código de Tribunales Administrativos mencionado, en lo que
se refiere a los contratos concertados por entidades que explotan redes no previstas enel Código de Contratación Pública, que tengan el carácter de contratos
administrativos (ejemplar adjunto);
- por los artículos 7-1 y 7-2 de la Ley de 11 de diciembre de 1992, modificada, en lo
que se refiere a los contratos concertados por entidades que explotan redes no
previstas en el Código de Contratación Pública, que tengan carácter de contratos de
derecho privado (ejemplar adjunto).
14. Si esa información no responde plenamente a los siguientes puntos, sírvanse facilitar la
información adicional necesaria a tal efecto.
Véanse los documentos adjuntos.
IV.3.I Procedimientos de impugnación - Artículo XX:  Italia
13. El párrafo 3 del artículo XX dispone que cada Parte establecerá por escrito y hará públicos
sus procedimientos de impugnación.  Sírvanse  facilitar la información correspondiente.
El sistema italiano de reclamaciones prevé procedimientos de impugnación por escrito,
abiertos a todos los licitadores, ante jueces administrativos en el caso de menoscabo de intereses
legítimos antes de que se concluya el contrato.  Después de esa fase, los licitadores pueden acudir al
juez ordinario competente en materia de derechos subjetivos e indemnizaciones por daños y
perjuicios.
14. Si esa información no responde plenamente a los siguientes puntos, sírvanse facilitar la
información adicional necesaria a tal efecto.
i) El plazo para presentar la reclamación que estipula el Acuerdo "en ningún caso será
inferior a 10 días".  ¿Cuáles son los plazos establecidos en la legislación nacional?
En la legislación nacional, el plazo para presentar una reclamación es de 60 días.ii) ¿Cuál es el órgano responsable del procedimiento de impugnación?  ¿Es un
"tribunal" o un "órgano de examen imparcial e independiente"?
El órgano responsable del procedimiento de impugnación es un tribunal denominado
Tribunale Administrativo Regionale  (Tribunal Administrativo Regional), cuyas decisiones están
sujetas a revisión judicial por el Consiglio di Stat o (Consejo de Estado), en el caso de apelaciones de
los licitadores y de las entidades contratantes.
iii) ¿Cuál es la legislación aplicable con referencia a la cual el órgano de impugnación
examinará las reclamaciones?
La Ley 6 de diciembre de 1971, Nº 1034 (artículos 19 a 37).GPA/20
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iv) ¿Qué medidas rápidas provisionales se prevén para corregir las infracciones del
Acuerdo y preservar las oportunidades comerciales? - ¿Se incluye entre estas
medidas la posibilidad de suspender el proceso de contratación?  ¿En qué
condiciones?
Las leyes citadas prevén la adopción rápida de medidas provisionales para corregir las
infracciones y preservar las oportunidades comerciales, como la suspensión de los procedimientos decontratación (artículo 21), si existe una presunción razonable ( fumus boni iuris ) y los datos pueden
llegar a ser graves e irreparables ( periculum in mora ).
v) ¿Cómo prevé el procedimiento de impugnación la rectificación del Acuerdo?  ¿Qué
tipos de compensación por los daños o perjuicios sufridos podrá imponer el órgano
de impugnación?
La ley citada prevé la anulación de los procedimientos de contratación por infracción de
disposiciones legales.  Además, el juez ordinario puede conceder una compensación por los daños operjuicios sufridos, de conformidad con el principio del "daño eventual" y del "lucro cesante".
vi) Sírvanse facilitar la información disponible sobre los plazos de las distintas etapas
del proceso de impugnación, incluida la obtención de medidas provisionales y de una
decisión definitiva.
En general, un procedimiento de impugnación puede durar unos dos años (incluido el tiempo
necesario para obtener medidas provisionales y una decisión definitiva).
vii) ¿Cuáles son los costes habituales de un procedimiento de impugnación?  ¿Está
prevista la posibilidad de que tales procedimientos sean gratuitos?
Los costos habituales son, por término medio, de unos 2 millones de liras italianas, y no existe
la posibilidad de que los procedimientos sean gratuitos.
IV.3.IRL  Procedimientos de impugnación - Artículo XX:  Irlanda
13. El párrafo 3 del artículo XX dispone que cada Parte establecerá por escrito y hará públicos
sus procedimientos de impugnación.  Sírvanse  facilitar la información correspondiente.
Existen procedimientos de impugnación (a instancia de parte) ante los tribunales irlandeses,
como disponen los instrumentos de incorporación de las directivas de la UE sobre contrataciónpública.
14. Si esa información no responde plenamente a los siguientes puntos, sírvanse facilitar la
información adicional necesaria a tal efecto.
i) El plazo para presentar la reclamación que estipula el Acuerdo "en ningún caso será inferior
a 10 días".  ¿Cuáles son los plazos establecidos en la legislación nacional?
ii) ¿Cuál es el órgano responsable del procedimiento de impugnación?  ¿Es un "tribunal" o un
"órgano de examen imparcial e independiente"?
El órgano competente para conocer de tales asuntos es un tribunal, concretamente el Tribunal
Supremo de Irlanda.
iii) ¿Cuál es la legislación aplicable con referencia a la cual el órgano de impugnación
examinará las reclamaciones?GPA/20
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El Acuerdo y el Derecho de la UE y el derecho nacional, según proceda.
iv) ¿Qué medidas rápidas provisionales se prevén para corregir las infracciones del
Acuerdo y preservar las oportunidades comerciales? - ¿Se incluye entre estas
medidas la posibilidad de suspender el proceso de contratación?  ¿En qué
condiciones?
La medida rápida provisional sería la suspensión del proceso de contratación pública.  Las
condiciones las determinará el tribunal de conformidad con los términos del Acuerdo.
v) ¿Cómo prevé el procedimiento de impugnación la rectificación del Acuerdo?  ¿Qué
tipos de compensación por los daños o perjuicios sufridos podrá imponer el órgano
de impugnación?
Primera parte:  una declaración de que el procedimiento de adjudicación infringe el Acuerdo
o es ilegal por otros conceptos.  El tribunal tiene amplias facultades discrecionales para conceder los
costes y una indemnización a las partes perjudicadas.
vi) Sírvanse facilitar la información disponible sobre los plazos de las distintas etapas
del proceso de impugnación, incluida la obtención de medidas provisionales y de una
decisión definitiva.
Si se solicitan, y después de una audiencia inicial ante el Tribunal, se pueden conceder
medidas provisionales, al menos de carácter tempor al.  No hay plazo para que el Tribunal adopte su
decisión definitiva sobre el asunto.
vii) ¿Cuáles son los costes habituales de un procedimiento de impugnación?  ¿Está
prevista la posibilidad de que tales procedimientos sean gratuitos?
IV.3.L    Procedimiento de impug nación - Artículo XX:  Luxemburgo
13. El párrafo 3 del artículo XX dispone que cada Parte establecerá por escrito y hará públicos
sus procedimientos de impugnación.  Sírvanse  facilitar la información correspondiente.
Los procedimientos de impugnación (contenciosos o no) están abiertos a todo candidato o
licitador sin distinción de nacionalidades.
14. Si esa información no responde plenamente a los siguientes puntos, sírvanse facilitar la
información adicional necesaria a tal efecto.
i) El plazo para presentar la reclamación que estipula el Acuerdo "en ningún caso será
inferior a 10 días".  ¿Cuáles son los plazos establecidos en la legislación nacional?
El plazo para presentar una reclamación es de tres meses a contar de la notificación de la
decisión del rechazo.
ii) ¿Cuál es el órgano responsable del procedimiento de impugnación?  Es un "tribunal"
o un "órgano de examen imparcial e independiente"?
El tribunal administrativo es competente para conocer los litigios en materia de contratación
pública.  También puede recurrirse ante la Cort e Administrativa.  El tribunal administrativo es
evidentemente imparcial e independiente:GPA/20
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- los miembros son nombrados por el Gran Duque;
- se trata de una instancia jurisdiccional;  y
- hay posibilidad de apelación.
Todas las prescripciones del párrafo 6 del artículo XX quedan garantizadas por la Ley de 7 de
noviembre de 1996 sobre la organización de las jurisdicciones de carácter administrativo.
iii) ¿Cuál es la legislación aplicable con referencia a la cual el órgano de impugnación
examinará las reclamaciones?
La Ley de 7 de noviembre de 1996, ya mencionada.
iv) ¿Qué medidas rápidas provisionales se prevén para corregir las infracciones del
Acuerdo y preservar las oportunidades comerciales? - ¿Se incluye entre estas
medidas la posibilidad de suspender el proceso de contratación?  ¿En qué
condiciones?
Existe la posibilidad de suspensión mediante un interdicto.  Corresponde al juez apreciar la
posibilidad de suspensión habida cuenta de la gravedad de la supuesta infracción.
v) ¿Cómo prevé el procedimiento de impugnación la rectificación del Acuerdo? ¿Qué
tipos de compensación por los daños o perjuicios sufridos podrá imponer el órgano
de impugnación?
En caso de anulación por infracción del Acuerdo en los procedimientos de contratación
pública comprendidos en el ámbito de aplicación de dicho Acuerdo, el tribunal administrativo anulará
la decisión impugnada.
Las demandas de compensación del lucro cesante son de derecho civil y corresponden a los
tribunales civiles.
vi) Sírvanse facilitar la información disponible sobre los plazos de las distintas etapas
del proceso de impugnación, incluida la obtención de medidas provisionales y de una
decisión definitiva.
Las decisiones de suspensión mencionadas en el punto iv) supra  se adoptan con urgencia en
los plazos más breves.  Las decisiones definitivas se adoptan en los plazos que sean necesarios para
examinar cada uno de los fundamentos, respetando los derechos de las Partes.
vii) ¿Cuáles son los costes habituales de un procedimiento de impugnación?  ¿Está
prevista la posibilidad de que tales procedimientos sean gratuitos?
La interposición de una demanda no exige gastos.  Los honorarios de los abogados corren a
cargo de la parte requirente.
IV.3.NL  Procedimiento de impugnación - Artículo XX:  Países Bajos
13. El párrafo 3 del artículo XX dispone que cada Parte establecerá por escrito y hará públicos
sus procedimientos de impugnación.  Sírvanse  facilitar la información correspondiente.GPA/20
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Fundamentos jurídicos
Los contratistas/proveedores pueden presentar reclamaciones basadas en una actuación ilegal
ante los tribunales civiles, de conformidad con el artículo 162, Libro 6 del Código Civil.  El
incumplimiento de la legislación nacional o de las órdenes gubernamentales (que incorporan los
acuerdos internacionales pertinentes) puede considerarse como un acto que infringe una obligación
legal y es ilícito con respecto a los contratistas/proveedores preteridos.
En lo que se refiere a un acuerdo entre el servicio contratante y un contratista/proveedor,
puede presentarse una reclamación de conformidad con el artículo 74, Libro 6 del Código Civil.
En el caso de que se incumpla un acuerdo, puede presentarse una reclamación por el servicio
contratante o por la parte a la que se adjudicó el contrato.
Procedimiento
De conformidad con las normas del Código de Procedimiento Civil:  procedimientos civiles
ordinarios (sobre el fondo del asunto) o, en los asuntos urgentes, interdictos provisionales(artículos 289 y siguientes del Código).
Con respecto a la accesibilidad, las leyes se publican en la Colección Legislativa y los
reglamentos de dichas leyes en la Gaceta Oficial.  Son accesibles al público en general y están a su
disposición.
14. Si esa información no responde plenamente a los siguientes puntos, sírvanse facilitar la
información adicional necesaria a tal efecto.
i) El plazo para presentar la aclamación que estipula el Acuerdo "en ningún caso será
inferior a 10 días".  ¿Cuáles son los plazos establecidos en la legislación nacional?
En los Países Bajos no hay un plazo inferior a 10 días para iniciar un procedimiento de
apelación.  El plazo general para las reclamaciones es de 20 años, y el plazo para las reclamacionessobre cumplimiento de compromisos o compensación de daños, de cinco años (artículos 306 y
siguientes, Libro 3 del Código Civil).
ii) ¿Cuál es el órgano responsable del procedimiento de impugnación?  ¿Es un
"tribunal" o un "órgano de examen imparcial e independiente"?
El procedimiento de apelación se inicia ante los tribunales civiles.iii) ¿Cuál es la legislación aplicable con referencia a la cual el órgano de impugnación
examinará las reclamaciones?
Derecho aplicable:  disposiciones pertinentes en lo que se refiere a las órdenes
gubernamentales;  Derecho civil general y Derecho del procedimiento civil.
iv) ¿Qué medidas rápidas provisionales se prevén para corregir las infracciones del
Acuerdo y preservar las oportunidades comerciales?
Posibilidad de adopción urgente;  procedimientos de interdictos provisionales (artículos 289 y
siguientes del Código).  Con respecto a la cuestión de la suspensión:GPA/20
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En el caso de una actuación ilegal:
- Posibilidad de prohibir la conducta ilegal (actuaciones inadecuadas en los
procedimientos de licitación) (artículo 296, Libro 3 del Código Civil), imponiendo en
caso necesario una sanción (artículo 611a del Código).
v) ¿Cómo prevé el procedimiento de impugnación la rectificación del Acuerdo?   ¿Qué
tipos de compensación por los daños o perjuicios sufridos podrá imponer el órganode impugnación?
Véase el apartado iv) y, con respecto a los actos ilegales, la posibilidad de compensación de
los daños.
En el caso de incumplimiento (artículos 74 y siguientes, Libro 6 del Código Civil):
- Orden de cumplimiento, posiblemente con compensación de los daños.
- Compensación de los daños sustitutiva del cumplimiento.
- Derecho a la rescisión del acuerdo, posiblemente con compensación de los daños.  La
naturaleza de la compensación de los daños se regula en los artículos 95 y siguientes,
Libro 6, del Código Civil.
vi) Sírvanse facilitar la información disponible sobre los plazos en las distintas etapas
del proceso de impugnación, incluida la obtención de medidas provisionales y de una
decisión definitiva.
- Procedimientos de interdicto provisionales:  no hay plazo para la vista/decisión del
asunto por el tribunal;  la duración de los procedimientos varía entre unos días y
varias semanas.
- Las apelaciones deben presentarse en un plazo de 14 días desde que el tribunal
comunique su decisión, en los procedimientos de interdictos provisionales(artículo 295 del Código);  no hay plazo fijo para la vista.
- Las apelaciones ante el Tribunal Supremo contra las decisiones comunicadas por un
tribunal de apelación deben presentarse en un plazo de seis semanas (artículo 295 del
Código).
- Procedimientos civiles sobre el fondo del asunto:  no hay plazo fijo para la
vista/decisión del caso por el tribunal.
- Apelaciones:  por regla general, las apelaciones deben presentarse en un plazo de
tres meses desde que el tribunal comunique su decisión (artículo 339 del Código);  no
hay plazo fijo para la vista/decisión.
- Apelaciones ante el Tribunal Supremo:  en general, dentro de un plazo de tres meses
a partir de la decisión (artículo 402 del Código).
vii) ¿Cuáles son los costes habituales de un procedimiento de impugnación?  ¿Está
prevista la posibilidad de que tales procedimientos sean gratuitos?GPA/20
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Gastos de los procedimientos:  varían.  En los procesos civiles, las costas judiciales se regulan
en la Ley de Tasas de Tribunales Civiles.  Dependen de la reclamación y pueden variar entre 300
y 8.300 florines neerlandeses.  Otros gastos comprenden los de asistencia letrada y aportación de
pruebas, como indemnizaciones a los testigos (artículo 208 del Código) y remuneración de expertos
(artículo 223 y 225 del Código).  La Ley de Asistencia Jurídica a las Personas Indigentes prevé la
posibilidad de ejercitar acciones judiciales libres de gastos.
IV.3.P    Procedimiento de impugnación - Artículo XX:  Portugal
13. El párrafo 3 del artículo XX dispone que cada Parte establecerá por escrito y hará públicos
sus procedimientos de impugnación.  Sírvanse  facilitar la información correspondiente.
La impugnación de los contratos públicos se rige por la Ley del procedimiento ante los
tribunales administrativos (Lei de Processo dos Tribunais Administrativos) aprobada por el Decreto-
Ley (Decreto-Lei) Nº 267/85, de 16 de julio de 1985, con las modificaciones introducidas por la
Ley Nº 12/86, de 21 de mayo de 1986.
14. Si esa información no responde plenamente a los siguientes puntos, sírvanse facilitar la
información adicional necesaria a tal efecto.
i) El plazo para presentar la reclamación que estipula el Acuerdo "en ningún caso será
inferior a 10 días".  ¿Cuáles son los plazos establecidos en la legislación nacional?
El párrafo 1 del artículo 64 del Decreto-Ley Nº 55/95, de 29 de marzo, prevé un plazo
especial de cinco días para la presentación de un recurso jerárquico de deliberaciones sobre la
reclamación.  Con independencia de ese plazo especial, el plazo para interponer el recurso jerárquico
de impugnación de la legalidad de los actos administrativos es de 30 días.
Por lo que se refiere al recurso contencioso-administrativo, los reclamantes disponen de
dos meses (cuatro en el caso de los residentes en Macao o en el extranjero) y el Ministerio Público deun año para interponer el recurso (artículo 28 del Decreto-Ley Nº 267/85, de 16 de julio), y el derecho
administrativo establece la norma de la posibilidad de impugnar en todo momento los actos nulos o
inexistentes.
ii) ¿Cuál es el órgano responsable del procedimiento de impugnación?  ¿Es un
"tribunal" o un "órgano de examen imparcial e independiente"?
El órgano que conoce de las impugnaciones es, en primer lugar, el órgano jerárquicamente
superior al que haya realizado el acto, mientras que los tribunales administrativos conocen de los
recursos contenciosos.
iii) ¿Cuál es la legislación aplicable con referencia a la cual el órgano de impugnación
examinará las reclamaciones?
La ley aplicable es la ley del procedimiento ante los tribunales administrativos (Lei de
Processo dos Tribunais Administrativos).
iv) ¿Qué medidas rápidas provisionales se prevén para corregir las infracciones del
Acuerdo y preservar las oportunidades comerciales? - ¿Se incluye entre estas
medidas la posibilidad de suspender el proceso de contratación?  ¿En qué
condiciones?GPA/20
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No hay medidas rápidas provisionales, salvo las previstas en el artículo 84 del Código de
Procedimiento Administrativo sobre la competencia del órgano que adopta la decisión definitiva.  Los
interesados pueden solicitar la suspensión de la ejecución del acto administrativo en la fase
contenciosa (artículos 76 y 55 de la Ley del procedimiento ante los tribunales administrativos,
Decreto Ley Nº 267/85, de 16 de julio).  Si se dan todas las condiciones de los apartados a) a c) del
párrafo primero del artículo 76, esta medida suspende el proceso de adjudicación del contrato, enespera de la decisión del tribunal.
v) ¿Cómo prevé el procedimiento de impugnación la rectificación del Acuerdo?  ¿Qué
tipos de compensación por los daños o perjuicios sufridos podrá imponer el órgano
de impugnación?
En general, la rectificación podrá realizarse mediante la anulación del acto administrativo de
adjudicación del contrato y la repetición del procedimiento, o bien mediante la concesión de una
compensación por los daños sufridos, de conformidad con el Decreto Nº 48051, de 21 de noviembrede 1967, que regula la responsabilidad civil extracontractual del Estado por actos de administración
pública.
vi) Sírvanse facilitar la información disponible sobre los plazos de las distintas etapas
del proceso de impugnación, incluida la obtención de medidas provisionales y de una
decisión definitiva.
No se puede responder con precisión sobre la duración total de la fase contenciosa.  Sin
embargo, se puede afirmar que las vías de impugnación son con frecuencia eficaces.
vii) ¿Cuáles son los costes habituales de un procedimiento de impugnación?  ¿Está
prevista la posibilidad de que tales procedimientos sean gratuitos?
Los gastos corrientes de funcionamiento de los tribunales, que varían según la importancia del
asunto.
IV.3.S    Procedimiento de impugnación - Artículo XX:  Suecia
13. El párrafo 3 del artículo XX dispone que cada Parte establecerá por escrito y hará públicos
sus procedimientos de impugnación.  Sírvanse  facilitar la información correspondiente.
Los medios de recurso previstos en el capítulo 7 de la Ley sueca de contratación pública, en
su redacción actual (LOU), son medidas provisionales y recursos de anulación, así como
indemnizaciones por daños y perjuicios.  Un proveedor en sentido amplio que considere que ha sido o
puede ser perjudicado por una infracción de las disposiciones de la LOU, puede acudir al tribunal
administrativo (Länsrätt), que examinará si el procedimiento de adjudicación del contrato público de
que se trate se ha realizado de conformidad con las disposiciones de la LOU.  El tribunal
administrativo puede adoptar medidas provisionales o anular el procedimiento, hasta el momento de
la formalización del contrato.
A partir de la fecha en que se haya formalizado el contrato, el proveedor tiene la posibilidad
de reclamar daños y perjuicios ante un tribunal de derecho común (  allmän domstol ).  En efecto, la
LOU prevé que un poder adjudicador que haya infringido sus normas deberá compensar al proveedor
de que se trate por los daños sufridos.
14. Si esa información no responde plenamente a los siguientes puntos, sírvanse facilitar la
información adicional necesaria a tal efecto.GPA/20
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i) El plazo para presentar la reclamación que estipula el Acuerdo "en ningún caso será
inferior a 10 días".  ¿Cuáles son los plaz os establecidos en la legislación nacional?
Por lo que se refiere a las medidas provisionales y al recurso de anulación, el proveedor podrá
acudir al tribunal administrativo, hasta que se formalice el contrato.
Se podrá interponer ante un tribunal de derecho común una reclamación de daños y
perjuicios, en un plazo de un año a contar de la fecha en que se formalizó el contrato.
ii) ¿Cuál es el órgano responsable del procedimiento de impugnación?  ¿Es un
"tribunal" o un "órgano de examen imparcial e independiente"?
Los tribunales administrativos son competentes para adoptar medidas provisionales y para
conocer de los recursos de anulación.  Los tribunales de derecho común son competentes para
conceder indemnizaciones por daños y perjuicios a las personas perjudicadas por una infracción de la
ley.
iii) ¿Cuál es la legislación aplicable con referencia a la cual el órgano de impugnación
examinará las reclamaciones?
La Ley (1992: 1528) de contratación pública, modificada y publicada nuevamente por la
Ley (1993:  1468) que entró en vigor el 1º de enero de 1994, nuevamente modificada por la Ley
(1994: 614) que entró en vigor el 1º de julio de 1994, la Ley (1995:  704), de 8 de junio de 1995, que
entró en vigor el 1º de julio de 1995, y por último la Ley (1996:  433).  El 1º de enero de 1998 debeentrar en vigor una nueva ley modificadora.
iv) ¿Qué medidas rápidas provisionales se prevén para corregir las infracciones del
Acuerdo y preservar las oportunidades comerciales? - ¿Se incluye entre estas
medidas la posibilidad de suspender el proceso de contratación?  ¿En qué
condiciones?
El tribunal administrativo puede ordenar la suspensión inmediata del procedimiento de
adjudicación del contrato, en espera de su pronunciamiento definitivo sobre el fondo.  Sin embargo,
puede abstenerse de adoptar esa decisión si considera que los daños o los inconvenientes que
supondría son superiores a los daños sufridos por el proveedor.
v) ¿Cómo prevé el procedimiento de impugnación la rectificación del Acuerdo?  ¿Qué
tipos de compensación por los daños o perjuicios sufridos podrá imponer el órgano
de impugnación?
vi) Sírvanse facilitar la información disponible sobre los plazos de las distintas etapas
del proceso de impugnación, incluida la obtención de medidas provisionales y de una
decisión definitiva.
vii) ¿Cuáles son los costes habituales de un procedimiento de impugnación?  ¿Está
prevista la posibilidad de que tales procedimientos sean gratuitos?
v)-vii) La Oficina Sueca de Contratación Pública (NOU) se remite al documento adjunto
que, entre otras cosas, trata de los medios de recurso en Suecia.
IV.3.SF  Procedimiento de impugnación - Artículo XX:  Finlandia
13. El párrafo 3 del artículo XX dispone que cada Parte establecerá por escrito y hará públicos
sus procedimientos de impugnación.  Sírvanse  facilitar la información correspondiente.GPA/20
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Concesión de una indemnización por daños y perjuicios.  En el caso de una adjudicación
contraria al Acuerdo o a la legislación que lo aplica, se podrá interponer una reclamación por daños y
perjuicios ante un tribunal de justicia, de conformidad con las normas procesales habituales del
derecho civil.  Quien haya ocasionado daños a un contratista por la aplicación de un procedimiento
contrario al Acuerdo o a la legislación que lo aplica deberá pagar una indemnización por los daños
causados.  Cuando se presente una reclamación por los daños correspondientes al coste de participaren un procedimiento de adjudicación, el candidato o licitador, para obtener una indemnización, sólo
tendrá que probar que el procedimiento ha sido incorrecto y que hubiera tenido una posibilidad real de
obtener el contrato si hubiera sido correcto.
Otras medidas correctivas.  El Consejo de la Competencia, a solicitud de la persona a que se
refieran las actuaciones, podrá:
- revocar total o parcialmente la decisión de una parte contratante;
- prohibir a la entidad contratante que aplique una medida de un documento relativo a
la contratación pública o que siga un procedimiento incorrecto por otro concepto, o
- exigir a la entidad contratante que corrija el procedimiento incorrecto.
La solicitud se hará por escrito.  No se admitirán las solicitudes con respecto a las cuales se
hayan iniciado actuaciones, una vez formalizado el contrato.  Antes de presentar una solicitud al
Consejo de la Competencia, el reclamante deberá informar a la entidad contratante por escrito de suintención de someter la cuestión a dicho órgano.  El Consejo de la Competencia, a fin de subrayar la
importancia de observar la prohibición mencionada supra  en el punto 2) o la mencionada en el punto
3), podrá imponer una multa a la entidad contratante.
14. Si esta información no responde plenamente a los siguientes puntos, sírvanse facilitar la
información adicional necesaria a tal efecto.
i) El plazo para presentar la reclamación que estipula el Acuerdo "en ningún caso será
inferior a 10 días".  ¿Cuáles son los plazos establecidos en la legislación nacional?
No hay plazo para presentar una reclamación ante el Consejo de la Competencia.  Debe
señalarse, sin embargo, que el Consejo de la Competencia no acepta las reclamaciones presentadas
después de la formalización del contrato de que se trate.  En los casos en que el contrato haya sido yaformalizado, la única medida correctiva disponible es formular una reclamación para la obtención de
una indemnización por daños ante un tribunal de justicia.
ii) ¿Cuál es el órgano responsable del procedimiento de impugnación?  ¿Es un
"tribunal" o un "órgano de examen imparcial e independiente"?
El órgano competente en los procedimientos de impugnación es el Consejo de la
Competencia, órgano de revisión imparcial e independiente.  Tiene un Presidente, un vicepresidente y
siete miembros.  La composición del Consejo se prepara para su debate por el Gabinete y se somete a
la decisión del Presidente de la República de Finlandia.  El Presidente y el vicepresidente del Consejo
deberán tener una titulación jurídica y un buen conocimiento de las responsabilidades de un juez.  Los
miembros deberán ser personas con un buen conocimiento de los diferentes aspectos de la vida
económica.
Las decisiones del Consejo de la Competencia están sometidas a revisión judicial ante el
Tribunal Supremo Administrativo.GPA/20
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iii) ¿Cuál es la legislación aplicable con referencia a la cual el órgano de impugnación
examinará las reclamaciones?
El Consejo de la Competencia examinará las reclamaciones con referencia a la Ley de
Contratación Pública (1502/92, modificada 1523/94), la Orden sobre contratación pública de
suministros, servicios y obras que excedan del valor de umbral (243/95) o la Orden sobre la
contratación pública de suministros y obras por entidades que operen en los sectores del agua, laenergía, los transportes y las telecomunicacione s (567/94, modificada 244/95).  El Consejo podrá
aplicar también directamente las disposiciones pertinentes del Tratado de la CE, las directivas
pertinentes de la CE o el Acuerdo.
iv) ¿Qué medidas rápidas provisionales se prevén para corregir las infracciones del
Acuerdo y preservar las oportunidades comerciales? - ¿Se incluye entre estas
medidas la posibilidad de suspender el proceso de contratación?  ¿En qué
condiciones?
Cuando se le presenta una reclamación, el Co nsejo de la Competencia puede, como medida
provisional, prohibir o suspender la aplicación de una decisión o bien ordenar que se suspenda el
procedimiento de contratación durante el período en que el Consejo de la Competencia se ocupe de la
cuestión.  La prohibición de aplicar un punto de un documento relativo a la contratación pública o de
seguir un procedimiento incorrecto (anteriormente mencionada en relación con la pregunta 13) y laobligación de corregir el procedimiento incorrecto (mencionada también en relación con la misma
pregunta) pueden imponerse como medida provisional.
v) ¿Cómo prevé el procedimiento de impugnación la rectificación del Acuerdo?  ¿Qué
tipos de compensación por los daños y perjuicios sufridos podrá imponer el órgano
de impugnación?
En relación con la pregunta 13 se mencionan las medidas de rectificación del Acuerdo que
adopta el Consejo de la Competencia.
vi) Sírvanse facilitar la información disponible sobre los plazos de las distintas etapas
del proceso de impugnación, incluida la obtención de medidas provisionales y de una
decisión definitiva.
En casos urgentes, la orden de adopción de medidas provisionales puede obtenerse del
Consejo de la Competencia el mismo día en que se inicien las actuaciones.
Los plazos necesarios para adoptar la decisión definitiva dependen de los diversos aspectos de
cada asunto.  En general, el Consejo de la Competencia suele adoptar su decisión definitiva en un
plazo aproximado de dos a seis meses a contar desde la iniciación del procedimiento.
vii) ¿Cuáles son los costes habituales de un procedimiento de impugnación?  ¿Está
prevista la posibilidad de que tales procedimientos sean gratuitos?
No se dispone de información sobre los costes habituales de los procedimientos de
impugnación.  El Consejo de la Competencia no percibe ninguna tasa por el procedimiento de
impugnación, pero puede haber otros gastos, como los honorarios de los abogados que quizá empleen
las partes en una controversia, etc.  Sin embargo, no hay obligación legal de emplear a un miembro
del colegio de abogados ni a cualquier otro tipo de asesor jurídico en el procedimiento.
Puede ocurrir también que el Consejo de la Competencia ordene que la parte perdedora en la
controversia abone los gastos del procedimiento a la ganadora.  Naturalmente, esto puede llevar a
situaciones en que los gastos totales del procedimiento resulten considerablemente altos.GPA/20
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IV.3.UK  Procedimiento de impugnación - Artículo XX:  Reino Unido
13. El párrafo 3 del artículo XX dispone que cada Parte establecerá por escrito y hará públicos
sus procedimientos de impugnación.  Sírvanse  facilitar la información correspondiente.
Véase la respuesta de la CE.
14. Si esa información no responde plenamente a los siguientes puntos, sírvanse facilitar la
información adicional necesaria a tal efecto.
i) El plazo para presentar la reclamación que estipula el Acuerdo "en ningún caso será
inferior a 10 días".  ¿Cuáles son los plazos establecidos en la legislación nacional?
Las reclamaciones deben someterse a la autoridad/entidad contratante.  Los procedimientos
deben iniciarse tan pronto como sea posible y, salvo autorización de los tribunales, en un plazo de tres
meses desde que se produjeron los hechos en que se funden;
ii) ¿Cuál es el órgano responsable del procedimiento de impugnación?  ¿Es un
"tribunal" o un "órgano de examen imparcial e independiente"?
Los órganos de revisión en el Reino Unido son los Tribunales Supremos de Inglaterra, Gales
e Irlanda del Norte y el Tribunal de Sesiones de Escocia.
iii) ¿Cuál es la legislación aplicable con referencia a la cual el órgano de impugnación
examinará las reclamaciones?
La legislación aplicable con referencia a la cual los tribunales examinarán las reclamaciones
será probablemente los reglamentos del Reino Uni do que aplican las normas de la CE y el propuesto
reglamento para aclarar los derechos de los proveedores del ACP cuando se aplique este acuerdo.
Entretanto, cabe esperar que los tribunales recurran a sus propias facultades jurisdiccionales para
adoptar medidas correctivas en caso de infracción del ACP, aplicando el propio Acuerdo y las
medidas correctivas existentes para los proveedores de la CE.
iv) ¿Qué medidas rápidas provisionales se prevén para corregir las infracciones del
Acuerdo y preservar las oportunidades comerciales? - ¿Se incluye entre estas
medidas la posibilidad de suspender el proceso de contratación?  ¿En qué
condiciones?
Los tribunales del Reino Unido tienen las facultades necesarias para adoptar medidas
provisionales a fin de corregir las infracciones del ACP, entre ellas la suspensión de un procedimiento
de adjudicación de contratos no terminado aún.
v) ¿Cómo prevé el procedimiento de impugnación la rectificación del Acuerdo?  ¿Qué
tipos de compensación por los daños o perjuicios sufridos podrá imponer el órgano
de impugnación?
Los tribunales del Reino Unido tienen facultades para corregir las infracciones, ordenando la
revocación de una decisión o medida, o la modificación de un documento, concediendo
indemnizaciones por daños o aplicando ambas medi das, pero, al no aplicar el Reino Unido las
directivas de cumplimiento y medidas correctivas de la CE, la indemnización por daños será la única
medida correctiva una vez formalizado el contrato.GPA/20
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vi) Sírvanse facilitar la información disponible sobre los plazos de las distintas etapas
del proceso de impugnación, incluida la obtención de medidas provisionales y de una
decisión definitiva.
Es poco probable que se produzca ninguna demora importante en la aplicación de medidas
provisionales, pero la decisión definitiva puede ser algo más larga de obtener, según las circunstancias
del caso.
vii) ¿Cuáles son los costes habituales de un procedimiento de impugnación?  ¿Está
prevista la posibilidad de que tales procedimientos sean gratuitos?
Los costes son los de la asistencia jurídica.
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