RESTRICTEDORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOIP/Q4/ISL/1
23 de marzo de 1998
(98-1166)
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el ComercioOriginal:  inglés
EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN SOBRE LA OBSERVANCIA
Islandia1
En el presente documento se reproducen la declaración introductoria hecha por la delegación
de Islandia, las preguntas que le fueron formuladas y las respuestas facilitadas en el examen de la
legislación sobre observancia que se llevó a cabo durante la reunión del Consejo celebrada del 17 al
21 de noviembre de 1997.2
_______________
I. INTRODUCCIÓN
Quisiera comenzar haciendo unas cuantas observaciones de carácter general que son de
interés en relación con las cuestiones más detalladas.
Los procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual son, en
general, los mismos que existen para otros tipos de derechos y acciones.  Las diversas leyes de
propiedad intelectual contienen disposiciones especiales relativas a los mandamientos judiciales, losdaños, la destrucción y otros criterios para su uso, pero el procedimiento está regido por normas de
carácter general.
Los juicios civiles relativos a los derechos de propiedad intelectual están regidos por la Ley
de Procedimiento Civil Nº 91 de 1991.  La ejecución de las sentencias está regida por las
disposiciones de la Ley de Ejecución de Sentencias Nº 90 de 1989 y las medidas provisionales por laLey sobre Embargos e Interdictos Nº 31 de 1990.  Los procedimientos de exclusión se aplican
mediante actos administrativos de los comisionados de distrito.  Las controversias que se presentan en
relación con dichos actos se resuelven judicialmente.
El enjuiciamiento penal está regido por la Ley de Procedimiento Penal Nº 19 de 1991.
La Ley de Aduanas de Islandia Nº 55 de 1987 se modificó en 1995 para hacerla compatible
con el Acuerdo sobre los ADPIC.  Las medidas estipuladas en la sección 4 del Acuerdo sobre los
ADPIC constan en el artículo 50A de la Ley de Aduanas.  Como la mayoría de las preguntasplanteadas a Islandia por el Japón se refieren a me didas en la frontera, hemos adjuntado en nuestras
respuestas una traducción al inglés del artículo 50A de la Ley de Aduanas.
3  En este contexto, puede
                                                     
1 En lo que respecta a las leyes y reglamentos relativos a la esfera que se examina notificados por
Islandia con arreglo al párrafo 2 del artículo 63 de l Acuerdo, se remite a los documentos IP/N/1/ISL/1
e IP/N/6/ISL/1.
2 Las actas de la reunión se han distribuido con la signatura IP/C/M/16.
3 El texto figura en el anexo I al presente documento (en inglés solamente).IP/Q4/ISL/1
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ser de interés señalar que hasta la fecha no se ha presentado ninguna solicitud para que las autoridades
aduaneras procedan a la suspensión de un despacho de aduana.
En respuesta a algunas de las preguntas más detalladas formuladas por el Japón se presenta
una visión general del sistema judicial de Islandia.4
En general, conviene destacar en este contexto el carácter moderno de la legislación islandesa,
que se caracteriza no sólo por los importantes derechos de los titulares sino también por unmecanismo jurídico que funciona debidamente y permite la observancia de esos derechos.
II. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL JAPÓN
1. Sírvanse explicar cuáles son las "autoridades  competentes" estipuladas en el artículo 51
del Acuerdo sobre los ADPIC.
La autoridad competente es el Director de Aduanas en el lugar de importación.
2. Sírvanse explicar si el "procedimiento co nducente a una decisión sobre el fondo de la
cuestión", previsto en el artículo 55 del Acuerdo sobre los ADPIC, es judicial o administrativo.
El procedimiento conducente a una decisión sobr e el fondo de la cuestión es primordialmente
judicial.  Puede dictarse un mandamiento sobre la base de procedimientos administrativos, pero el
demandante debe iniciar procedimientos judiciales a fin de confirmar el mandamiento ante los
tribunales.
3. ¿Existe algún medio, además de la demanda prevista en los artículos 51 y 52 del
Acuerdo sobre los ADPIC (a la que se hará re ferencia en adelante como "Demanda"), por el
que un titular de derecho pueda solicitar a las autoridades competentes que suspendan el
despacho de mercancías que infrinjan derechos de propiedad intelectual, o de las que se
sospeche que los infringen?
Además de las medidas en la frontera especiales con arreglo al artículo 50A de la Ley de
Aduanas Nº 55/1987, pueden dictarse mandamientos judiciales provisionales (mandamientos
cautelares) de conformidad con la Ley Nº 31 de 1990.  En ella se estipula que el titular del derecho
puede solicitar a las autoridades que prohíban a una parte que cometa un acto que presente un peligro
inminente de infracción de los derechos de propiedad intelectual, a fin de mantener el statu quo  (véase
el artículo 24 de la Ley Nº 31/1990).
4. Sírvanse explicar cuál considera su país "el plazo razonable" dentro del cual las
autoridades competentes "comunicarán al demandante ... si han aceptado la demanda",
conforme a lo estipulado en el artículo 52 en el Acuerdo sobre los ADPIC.
Las autoridades aduaneras informarán al solicitante tan pronto como sea posible después de
haberse adoptado una decisión sobre la Demanda.
5. Sírvanse explicar cuál es el pl azo de vigencia de las Demandas.
No existe ninguna disposición especial sobre el plazo de vigencia, pero las autoridades
aduaneras están obligadas a tomar prontamente una decisión sobre la Demanda.
                                                     
4 Esta visión general figura en el anexo 2 del presente documento.IP/Q4/ISL/1
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6. Sírvanse explicar si el titular de derech os está obligado a pagar algún gravamen para
poder presentar la Demanda.
El titular de derechos no está obligado a pagar un gravamen para poder presentar la Demanda.
Sin embargo, con arreglo al artículo 50A de la Ley de Aduanas, el demandante aportará una fianza en
forma de un depósito monetario, o en cualquier otra forma que considere adecuada el Director de
Aduanas, que sea suficiente para indemnizar al titular de derechos, el propietario o el importador delas mercancías por los daños o costos que puedan deberse a una suspensión del despacho de aduana
no justificada.
7. Sírvanse indicar las disposiciones de las leyes y ordenanzas que establecen el
"procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto", estipulado en el artículo
55 del Acuerdo sobre los ADPIC;  y resumir el contenido de esas disposiciones.
Sírvanse consultar la visión general del sistema judicial de Islandia que se adjunta al presente
documento.
5
8. Sírvanse explicar qué procedimiento especial  corresponde aplicar, en caso de que exista
alguno, cuando no resulte evidente si las m ercancías infringen o no derechos de propiedad
intelectual, en los casos del artículo 55 del Acuerdo sobre los ADPIC.
No existe un procedimiento especial para tales casos.  Sólo se puede llegar a una conclusión
definitiva ante los tribunales.
9. Sírvanse explicar qué responsabilidad asumen las autoridades competentes y demás
autoridades conexas frente a los titulares de derechos cuando omiten suspender el despacho
para libre circulación de mercancías que infringen derechos de propiedad intelectual, en
relación con la suspensión basada en una Demanda o con la actuación de oficio prevista en el
artículo 58 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Si las autoridades competentes y demás autoridades conexas omiten suspender el despacho
para libre circulación de mercancías en tales casos, las autoridades pueden ser responsables de un
pago por los daños efectivamente sufridos, de conformidad con las reglas generales.
10. Sírvanse explicar qué responsabilidad asumen las autoridades competentes y demás
autoridades conexas frente a los titulares de derechos cuando examinan mercancías que
infringen derechos de propiedad intelectual y a pesar de ello las despachan para libre
circulación, en relación con la suspensión basada en una Demanda o con la actuación de oficio
prevista en el artículo 58 del Acuerdo sobre los ADPIC.
La responsabilidad de las autoridades competentes en tales casos está basada en los mismos
principios jurídicos a que se hace referencia en la respuesta a la pregunta 9.
11. Sírvanse explicar qué responsabilidad asumen las autoridades competentes y demás
autoridades conexas frente a los titulares de de rechos cuando suspenden el despacho para libre
circulación de mercancías que no infringen derechos  de propiedad intelectual, en relación con la
suspensión basada en una Demanda o con la actuación de oficio prevista en el artículo 58 del
Acuerdo sobre los ADPIC.
                                                     
5 Véase el anexo II infra .IP/Q4/ISL/1
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La responsabilidad de las autoridades competentes en tales casos está basada en los mismos
principios jurídicos a que se hace referencia en la respuesta a la pregunta 9.
12. ¿Se informa al titular de derechos sobre la identidad de los importadores y
consignadores cuando las autoridades competentes "suspenden" las mercancías que infringen
derechos de propiedad intelectual, o de la que se sospecha que los infringen, así como en el caso
en que se informa al titular de derechos sobre la identidad de los importadores y consignadoressegún lo estipulado en el artículo 57 del Acuerdo sobre los ADPIC?
De conformidad con el artículo 50A de la Ley de Aduanas, el Director de Aduanas puede, por
iniciativa propia, suspender el despacho de aduana de las mercancías si ha recibido pruebas
suficientes de que se infringe un derecho de propiedad intelectual.  Notificará prontamente y por
escrito su decisión al titular de derechos, fijándole un plazo de tres días hábiles contados a partir del
recibo de la comunicación para que presente una solicitud de suspensión del despacho de aduana con
arreglo al párrafo 1 del artículo 50A.  Si dentro de este plazo el titular de derechos no solicita lasuspensión, podrá efectuarse el despacho de aduana de las mercancías.
13. Sírvanse explicar las medidas destinadas a proteger la información confidencial durante
la inspección prevista en el artículo 57 del Ac uerdo sobre los ADPIC;  y sírvanse indicar las
disposiciones de las leyes y ordenanzas que disponen tales medidas.
No existen disposiciones legislativas encaminadas a proteger la información confidencial
durante la inspección de las mercancías retenidas.  Las autoridades competentes serán responsables de
dichas medidas según las circunstancias de cada caso.
14. Sírvanse explicar los procedimientos para  las retenciones y confiscaciones que han de
disponer las autoridades competentes sobre la ba se de los artículos 51 y 55 del Acuerdo sobre
los ADPIC.
De conformidad con el artículo 50A de la Ley de Aduanas, si se rechaza una solicitud de
medidas provisionales o si un tribunal decide que no se ha infringido un derecho de propiedad
intelectual, el Director de Aduanas revocará su decisión sobre la suspensión del despacho de aduana.
Si un tribunal ha estimado que existe infracción de un derecho de propiedad intelectual y en el fallo
no se estipula qué destino se dará a las mercancías, las autoridades aduaneras pueden ordenar ladestrucción o el apartamiento de las mercancías, sin causar daños al titular de derechos.  Si ha
presentado un recurso de apelación contra el fallo, la destrucción o apartamiento de las mercancías se
aplazará hasta que se haya llegado a una conclusión definitiva.
15. Sírvanse aplicar los procedimientos de apelación contra cualquier decisión dictada por
las autoridades competentes, conforme a los artículos 51 y 55 del Acuerdo sobre los ADPIC.
De conformidad con el artículo 26 del Ley Administrativa Nº 37 de 1993, toda parte en un
caso tiene derecho a presentar una queja a una autoridad superior acerca de una decisión
administrativa a fin de que ésta sea revocada o modificada.  Las decisiones dictadas por el Director de
Aduanas sobre la base de los artículos 51 y 55 del Acuerdo sobre los ADPIC serían revisadas por el
Ministerio de Hacienda.
16. Sírvanse explicar la base de cálculo de la  fianza o garantía equivalente estipulada en el
artículo 53 del Acuerdo sobre los ADPIC, que las autoridades competentes pueden exigir aldemandante cuando suspenden el despacho para libre circulación.IP/Q4/ISL/1
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La base de cálculo es una estimación de los gastos o daños que pueda sufrir el titular de
derechos en caso de suspensión ilícita.
17. Sírvanse explicar quién debe pagar los gastos de las retenciones basadas en el artículo 51
del Acuerdo sobre los ADPIC o de la dest rucción estipulada en su artículo 59.
El Ministro de Hacienda puede exigir que el titular de derechos pague los gastos de
almacenamiento y los costos incurridos por las autoridades aduaneras debido a las medidasrequeridas.
18. Sírvanse explicar qué clases de situacione s se consideran "circunstancias excepcionales"
en que las autoridades competentes pueden autorizar la reexportación de mercancías de marca
de fábrica o de comercio falsificada, conforme a lo estipulado en el artículo 59 del Acuerdo
sobre los ADPIC.
No existen disposiciones legales sobre esto, pero el Director de Aduanas está facultado para
determinar los casos que se considerarán como circunstancias excepcionales y está obligado a basarsu estimación en un juicio razonable y equitativo de conformidad con el artículo 12 de la Ley
Administrativa.
19. Sírvanse designar las leyes y ordenanzas, indicando sus disposiciones, en que se
prescribe la suspensión del despacho de las mercancías que infringen derechos de propiedad
intelectual, o de las que se sospecha que los infringen, como lo estipula el artículo 51 delAcuerdo sobre los ADPIC.
El artículo 50 de la Ley de Aduanas Nº 55/1987 contiene disposiciones relativas a la
suspensión del despacho de mercancías.
20. Sírvanse indicar qué derechos de propiedad intelectual se protegen sobre la base de la
Demanda presentada por un titular de derechos.
De conformidad con el artículo 50A de la Ley de Aduanas, la suspensión del despacho de
aduana puede ordenarse en relación con todos los derechos de propiedad intelectual.
21. Sírvanse explicar la naturaleza y el contenido de los documentos que debe aportar el
solicitante al presentar una Demanda.
Se requiere lo siguiente:
a) una solicitud por escrito de que se suspenda el despacho de aduana y el compromiso
de pagar el costo de las medidas adoptadas por las autoridades aduaneras;
b) prueba suficiente de que el derecho de propiedad intelectual está protegido en
Islandia, de que el solicitante es titular de este derecho y de que la importación de
mercancías será causa de una infracción de su derecho.  Además, se debe presentaruna descripción suficientemente detallada de las mercancías de modo que puedan ser
reconocidas con facilidad por las autoridades de aduanas;
c) una fianza en forma de un depósito monetario, o en otra forma que el Director de
Aduanas considere adecuada, que sea suficiente para indemnizar al titular de
derechos, al propietario o al importador de las mercancías por el daño o los costos
que puedan ser consecuencia de una suspensión injustificada del despacho de aduana.IP/Q4/ISL/1
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22. Sírvanse explicar las medidas que las autoridades judiciales pueden disponer en
relación con el derecho de autor y los derechos conexos, las patentes, los dibujos y modelos
industriales, las marcas de fábrica o de comercio y los esquemas de trazado (topografías) de
circuitos integrados, incluyendo los mandamientos judiciales, la indemnización de daños y
perjuicios, la condena al pago de los gastos y la destrucción u otra forma de eliminación de las
mercancías infractoras y los materiales y accesorios utilizados para su producción.
Sírvanse remitirse a las respuestas de Islandia a la Lista de cuestiones sobre la observancia
(IP/N/6/ISL/1), en particular a la respuesta a la pregunta 5.
23. Sírvanse explicar si la cuantía de la indemnización cuyo pago imponen las autoridades
judiciales a quien infringe derechos de propiedad intelectual en favor del titular de los derechos
constituye una reparación adecuada del daño sufrido por éste, y qué criterios y método de
cálculo determinan la cuantía de la indemnización.
No se dispone de datos sobre la cuantía de los daños por infracción de derechos de propiedad
intelectual.  Al determinar la cuantía de la indemnización, se usa una base general para el cálculo de
los daños efectivamente sufridos.  Los daños deben abarcar las pérdidas que pueden probarse y por las
cuales debe ser indemnizada la parte afectada.
[Pregunta complementaria del Japón]
En lo que respecta a la respuesta de Islandia a la pregunta 23 del Japón sobre los daños
por infracción de derechos de propiedad intelect ual, Islandia dice que "al determinar la cuantía
de indemnización, se usa una base general para el cálculo de los daños efectivamente sufridos".
Sírvanse describir el principio y la forma de cálculo de los "daños efectivamente sufridos", y
sírvanse explicar si los "daños efectivamente sufridos" comprenden el lucro cesante del titular
de los derechos de propiedad intelectual, los beneficios de infractor por utilización ilícita de losderechos de propiedad intelectual o una regalía razonable por la utilización de los derechos de
propiedad intelectual.
La base general para calcular los daños efectivamente sufridos es que el titular de los
derechos de propiedad intelectual sea indemnizado por las pérdidas que puedan considerarse como
dimanadas directamente de la infracción.  Si puede probarse, el lucro cesante puede ser parte de losdaños.
Algunas leyes relativas a los derechos de propiedad intelectual contienen disposiciones
especiales acerca de los beneficios resultantes de la infracción.  Entre ellas figuran el párrafo 2 del
artículo 43 de la Ley de Marcas de Islandia, en el cual se estipula una remuneración razonable que no
será superior a los presuntos beneficios percibidos por el infractor como consecuencia de lainfracción.  Una disposición semejante figura en el párrafo 2 del artículo 37 de la Ley de Protección
de los Dibujos y Modelos Industriales.  Estas disposiciones se refieren a los beneficios dimanados de
una infracción, aunque ésta no haya sido cometida intencionalmente ni por negligencia.  En el párrafo
3 del artículo 56 de la Ley de Derecho de Autor se dispone que podrá otorgarse a la parte perjudicada
una indemnización que deberá pagar la persona que infringió sus derechos, aun si esto no se hizo
intencionalmente:  sin embargo, dicha indemnización no será de una cuantía superior a los beneficios
percibidos debido a la infracción.
24. Sírvanse explicar si la cuantía de la indemnización cuyo pago imponen las autoridades
judiciales a quien infringe derechos de propiedad intelectual en favor del titular de los derechos
incluye los gastos de investigación y los honorarios de los abogados que sean procedentes.IP/Q4/ISL/1
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La cuantía de la indemnización por daños cuyo pago imponen las autoridades judiciales a
quien infringe derechos de propiedad intelectual en favor del titular de derechos no incluye los gastos
de investigación ni los honorarios de los abogados.  Los honorarios de los abogados se deciden
concretamente en relación con el alcance del caso.  Estos honorarios pueden comprender los derechos
percibidos por los traductores y otros profesionales por los servicios prestados durante la preparación
del caso y el proceso judicial.
25. Sírvanse indicar en qué grado han estimado los tribunales la cuantía de la
indemnización por daños y perjuicios desde el 1º  de enero de 1996.  Sírvanse explicar si la
cuantía de la indemnización constituye una repar ación adecuada del daño sufrido por el titular
de los derechos, y en qué forma se ajustan esos procedimientos civiles al artículo 45 del Acuerdo
sobre los ADPIC.
No es posible proporcionar datos sobre la cuantía de las indemnizaciones por daños.
26. Sírvanse explicar la naturaleza y la cuantía de las sanciones (penas de prisión o multas)
en los asuntos penales.  Sírvanse explicar igualmente si esas sanciones están en conformidad con
el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, que exige la imposición de sanciones
suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por
delitos de gravedad correspondiente.
Sírvanse referirse a las respuestas de Islandia a la Lista de cuestiones sobre la observancia
(IP/N/6/ISL/1).  Todas las medidas previstas en el  artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC se hallan
disponibles en la legislación islandesa.
III. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS
1. Sírvanse proporcionar información estadística relativa a los asuntos civiles sobre
derecho de autor, las marcas de fábrica o de comercio, las indicaciones geográficas, los dibujos ymodelos industriales, las patentes, los esquemas de trazados de los circuitos integrados y la
observancia de los secretos comerciales para cada uno de los años 1996 y 1997, y en particular
información sobre el número de casos presentados;  los mandamientos judiciales dictados;  las
mercancías infractoras confiscadas;  el equi po infractor confiscado;  los casos resueltos
(inclusive los casos en que se ha llegado a un ar reglo);  y la cuantía de la indemnización por
daños otorgada.
Véase la respuesta a la pregunta 2.
2. Sírvanse proporcionar información estadística relativa a la aplicación de medidas
penales en la esfera de la piratería lesiva del derecho de autor y las infracciones en materia de
marcas de fábrica o de comercio para cada uno de los años 1996 y 1997, inclusive el número deregistros, enjuiciamientos y condenas, así como la  cuantía de las multas y la duración de las
penas de prisión (en particular, si se pagaron las multas y si las penas de prisión se cumplieron o
fueron suspendidas) y cualquier otra información que permita comprobar que su ordenamiento
penal es eficaz para reprimir la piratería lesiva del derecho de autor y la falsificación de marcas
de fábrica o de comercio.
Islandia no es capaz de proporcionar datos tan amplios, que nunca se han recopilado.  En vista
de los limitados recursos de que dispone Islandia, no se ha asignado prioridad a la reunión de datos deesta clase.  Sin embargo, se tendrá presente la cuestión.IP/Q4/ISL/1
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3. Sírvanse confirmar si los tribunales de Islandia están facultados para ordenar la
destrucción de los materiales e instrumentos de  la infracción conforme a lo requerido en el
artículo 46.
Los tribunales de Islandia están facultados para hacerlo.  Se remite a la respuesta de Islandia a
la Lista de cuestiones sobre la observancia (IP/N/6/ISL/1), pregunta 5 c).
4. Sírvanse confirmar si puede ordenarse la adopción de las medidas provisionales
requeridas por el artículo 50 sin notificar al demandado.
La norma principal es que sólo pueden ordenarse la adopción de las medidas provisionales si
se notifica al demandado.  Sin embargo, si se ha comprobado que se puede menoscabar las pruebas
pertinentes o causar daño a los intereses del titular del derecho debido a la demora causada por la
notificación al demandado, puede ordenarse la adop ción de las medidas provisionales sin efectuar
dicha notificación.
Esta disposición figura en la Ley sobre la Ejecución de Sentencias Nº 90 de 1989 y en la Ley
sobre Embargos e Interdictos Nº 31 de 1990.IP/Q4/ISL/1
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ANEXO 1
Article 50A of the Customs Act No. 55/1987
When there is suspicion that importation of goods is taking place involving infringement of
intellectual property rights, the director of customs is authorised upon request by the right holder to
suspend customs clearance of the goods while the right holder seeks provisional measures form
competent authorities and following that initiates judicial proceedings. Authorization by the directorof customs is subject to the following conditions:
(a) that the right holder submits to the director of customs a written request for
suspension of customs clearance and commits himself to pay the cost derived from
measures taken by the customs authorities;
(b) that the right holder provides adequate evidence that the individual property right is
protected in this country, that he is the holder of this right and that the importation of
the goods will cause infringement of his right, he must, furthermore, supply asufficiently detailed description of the goods to make them readily recognizable by
the customs authorities;
(c) that the right holder provides a security in the form of a monetary deposit or in other
form deemed adequate by the director of customs, sufficient to compensate the right
holder, owner or importer of the goods for the damage or costs which may be derivedform unjustified suspension of customs clearance.
If satisfactory evidence has been presented, the director of customs is authorized to suspend
customs clearance of the goods for a period not exceeding 10 weekdays. He shall promptly notify
both the right holder and the owner of the goods or importer of his decision. If the right holder has not
within the aforementioned time limit initiated proceedings with the competent authorities to seek hisright and notified the customs authorities thereof in writing, the consignment may be cleared through
customs. The aforementioned time limit may be extended for 10 days when special circumstances
apply.
The director of customs can on his own initiative suspend the customs clearance of goods in
respect of which he has acquired satisfactory evidence than an intellectual property right is beinginfringed. He shall promptly dispatch a notification of his decision in writing to the right holder,
giving him a time limit of three weekdays from the receipt of the letter to make a request for
suspension of customs clearance according to paragraph I. If the right holder does not within this time
limit request suspension, the goods may be cleared through customs.
If a request for provisional measures is refused or a court has ruled that there has been no
infringement of an intellectual property right, the director of customs shall revoke his decision on
suspension of customs clearance. If a court has ruled that there is infringement of an intellectual
property right and the ruling does not stipulate the disposal of the goods, the customs authorities may
have the goods destroyed or disposed of in another manner without harm to the right holder. If a
ruling has been appealed, the destruction or disposal of goods shall be postponed until final
conclusion is available.
Small quantities of goods contained in travellers' personal luggage or sent in small
consignments are excluded from the provisions of this Article, provided the importation is of
non-commercial nature. Goods which have been marketed in another country by the right holder or
with his approval and goods in transit are also excluded.IP/Q4/ISL/1
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In regulations, the Minister shall issue further provisions concerning the suspension of
customs clearance. He can also require the right holder to pay storage fees and the costs incurred by
the customs authorities due to the aforementioned measures. The Minister can stipulate that the
aforementioned provisions shall apply to the exportation of goods.IP/Q4/ISL/1
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ANEXO 2
El sistema judicial de Islandia
I. GENERALIDADES
Los tribunales islandeses pueden dividirse en las tres categorías siguientes:
a) tribunales de distrito, que son tribunales de primera instancia;
b) el Tribunal Supremo, que es el tribunal de apelación para todo el país;c) los tribunales especiales, que son en su mayoría tribunales de primera y única
instancia.
La Constitución de Islandia sólo contiene unas cuantas disposiciones relativas a los tribunales
y al procedimiento judicial.  Se dice en ella, sin embargo, que los tribunales administran uno de los
tres poderes del Estado y son competentes para determinar la legalidad de los actos y decisiones de las
autoridades administrativas.  La Constitución requiere que el sistema judicial esté determinado
por ley, y se establecen en ella algunos principios fundamentales relativos a la independencia de lamagistratura.  Contiene también reglas que impiden que el particular esté privado de libertad durante
más de un breve plazo sin ser presentado ante un juez.  Aunque la Constitución no contiene muchas
disposiciones sobre estas cuestiones, el sistema judicial de Islandia está basado también en los
principios enunciados en los acuerdos internacionales sobre derechos humanos de los cuales es parte
el país.
El 1º de julio de 1992 entró en vigor en Islandia una amplia legislación sobre el sistema
judicial del primer nivel.  Esta nueva legislación entrañaba, en comparación con la anterior, una
revisión fundamental.  La principal diferencia es que no se establecía una distinción completa entre
las funciones de los representantes del poder ejecutivo y del poder judicial.  Hasta el 1º de julio de
1992, los comisionados de distrito que actuaban fuera de la capital, Reykjavik, desempeñabanfunciones tanto judiciales como ejecutivas, lo cual  podía tener por resultado que el mismo funcionario
se ocupara de un caso penal en su calidad de jefe de la policía y de juez.  Esto tenía su origen en las
épocas de absolutismo en que todos los aspectos del poder del Estado estaban unidos en la monarquía.
La innovación principal de las nuevas leyes es que el poder judicial, tanto en casos civiles como
penales, ha transferido de los comisionados de distrito a ocho tribunales de distrito que fueronestablecidos.  Las funciones regionales del poder ejecutivo se hallan ahora divididas entre
27 comisionados de distrito.  Conjuntamente con la transferencia del poder judicial, que dejó de ser
atribuido a los comisionados de distrito, much as otras funciones o actos judiciales que esos
comisionados desempeñaban en su calidad de jueces se volvieron a definir en tanto que actos
administrativos.  Se consideró que, por su naturaleza, esos actos constituían más bien funcionesejecutivas o administrativas ordinarias y no funciones judiciales.  Se trata por ejemplo de las medidas
adoptadas para poner en ejecución las sentencias civiles, es decir la posesión obligatoria de bienes, las
subastas durante la ejecución y los procedimientos sucesorios.  Los comisionados de distrito, en su
calidad de agentes del poder ejecutivo, desempeñan ahora esas funciones y se han abolido los
tribunales especiales que se encargaban de ellas en el antiguo sistema.
Los ocho distritos judiciales del país varían en gran medida tanto en tamaño como en
población.  La regla general es que los tribunales de distrito se encargan de todos los casos judicialesque no corresponden a la jurisdicción de tribunales especiales conforme a normas especiales.  Se
reservan muy pocos casos a los tribunales especiales de modo que, en la práctica, casi todos los casos,
tanto civiles como penales, comienzan en los tribunales de distrito.  Además, estos tribunales toman
decisiones en los procedimientos de quiebra e inso lvencia así como en los procedimientos públicos de
sucesión y resuelven las controversias relativas a la ejecución de fallos civiles por los comisionadosde distrito.  La determinación de cuál es el tribunal de distrito que debe ocuparse de cada caso
depende de las normas sobre competencia, que varían en lo que respecta a los casos civiles, los casos
penales y los casos relativos a la ejecución de los fallos dictados en juicios civiles y en procedimientos
sucesorios.IP/Q4/ISL/1
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Los fallos y sentencias de los tribunales de distrito pueden ser objeto de un recurso de
apelación ante el Tribunal Supremo, si el recurso se presenta dentro del plazo prescrito y si se
cumplen las condiciones relativas al mínimo de intereses y de cuantía monetaria en los casos civiles.
No existen restricciones en cuanto a los casos penales que pueden ser recurridos ante el Tribunal
Supremo.  El Tribunal Supremo examina tanto cu estiones de hecho como de derecho en los casos
civiles y penales, y también las penas en los casos penales.  El Tribunal Supremo puede revisar losfallos de todos los tribunales islandeses, con excepción de los del Tribunal Superior del Estado y las
decisiones dictadas en función del fondo de la cuestión por el Tribunal Laboral.  En los casos
judiciales que conocen los tribunales de distrito y otras partes del sistema judicial de Islandia no se
usan los jurados.
No existe en Islandia un tribunal constitucional ni un tribunal administrativo.  Los tribunales
ordinarios consideran que tienen derecho a decidir si las leyes son anticonstitucionales, aun si sus
facultades en este campo no se exponen expresamente en la Constitución.  Por ejemplo, si lostribunales estiman que una disposición reglamentaria es contraria a las disposiciones constitucionales
en materia de derechos humanos, pueden no tenerla en cuenta en sus sentencias.  Sin embargo, los
tribunales islandeses no están facultados para derogar formalmente las leyes, aunque las consideren
anticonstitucionales.
Con arreglo al artículo 60 de la Constitución, los tribunales determinan el alcance de las
facultades de las autoridades administrativas.  En consecuencia, es posible remitir las decisiones de
las autoridades ante los tribunales solicitando que las declaren nulas.  Los tribunales no examinan las
opiniones independientes que entraña una decisión administrativa, pero son capaces de decidir si la
autoridad en cuestión ha seguido el procedimiento prescrito y si las opiniones en que se basa la
decisión son conforme a la ley.  En caso de existir una falla en el procedimiento adoptado por lasautoridades, los tribunales pueden anular la decisión y pedir a las autoridades que vuelvan a adoptarla
sobre un fundamento legal.
Los comisionados de distrito son jefes de la policía, salvo en el distrito de Reykjavik, donde
existe un jefe de policía por separado.  Además de la fuerza de policía ordinaria, que se halla bajo el
mando del jefe de policía de cada zona administrativa, existe también una policía de investigacionespenales del Estado.  Esta fuerza está encargada de investigar los delitos graves, posiblemente en
colaboración con la policía ordinaria.  La policía de investigaciones penales se halla bajo el mando de
un director.
Los jefes de policía investigan los casos penales y pueden poner término a los casos de menor
importancia concertando un arreglo extrajudicial con el acusado.  También actúan en elenjuiciamiento de los casos penales de menor importancia y pueden presentarlos ante los tribunales de
distrito.  El representante supremo del Estado encargado de la acusación es el Fiscal General, quien es
nombrado por el Presidente conforme a las recomendaciones del Ministro de Justicia.  La Oficina del
Fiscal General emplea fiscales que presentan la acusación ante los tribunales.  El Fiscal General no
dirige la labor de la policía, aunque puede hacer que la policía emprenda investigaciones en los casos
penales.  No obstante, en tanto que representante supremo de la acusación, está facultado para dar
instrucciones a los jefes de policía y supervisar su acción cuando actúan en nombre de la acusación.Cuando los jefes de policía no actúan en nombre de la acusación, el Fiscal General recibe las pruebas
del caso después de efectuada la investigación y debe tomar una decisión sobre si procede iniciar un
juicio.
Existen diversas reglas en cuanto a quién pueda actuar en nombre de la acusación.  Cuando la
acusación esté en manos del propio Fiscal Genera l, él mismo, o un miembro calificado de su personal,
pueden actuar en el juicio, o bien el Fiscal General puede designar a un jefe de policía o a un abogado.
Cuando el jefe de policía actúa en nombre de la acusación, él mismo o un miembro de su personal se
presenta ante el tribunal.  En los casos ante el Tribunal Supremo, el Fiscal General, un fiscal
empleado por su Oficina o un abogado elegido por él  defienden el caso en nombre de la acusación.IP/Q4/ISL/1
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Durante la investigación de un caso penal por la policía, ésta tiene obligación de aceptar la
solicitud de un acusado que ha sido detenido para que se designe a una persona a fin de que defienda
sus intereses legales.  Después de iniciarse los procedimientos judiciales de un caso penal, el juez está
obligado a designar a un abogado defensor del acusado de conformidad con los deseos de este último.
Como norma general, sólo puede designarse a abogados para que defiendan los intereses legales de
los acusados o actúen como abogados defensores.  Más aún, el acusado puede contratar a un abogadopara que actúe como representante suyo en un caso penal sin necesidad de ningún procedimiento
especial de designación, en cuyo caso lo hace a su propia costa.  En los casos penales, el Estado paga
los honorarios de la persona que defiende los intereses legales de los acusados o actúa como su
abogado defensor.  Por otra parte, puede ordenarse al acusado que pague las costas de un caso penal si
es condenado por el delito, y los gastos de su defensa son partes de las costas.  En consecuencia, el
Estado puede reclamar al acusado de un caso penal el costo de la asistencia jurídica.
En los casos civiles las partes pueden encargarse de su propia defensa a ambos niveles
judiciales y lo mismo puede decirse de los representantes de las partes que no son personas físicas.
En la práctica, sin embargo, esto ocurre pocas veces, y lo más frecuente es que los abogados
comparezcan en nombre de ambas partes.
En los casos civiles no existe un derecho general de acceso a la asistencia jurídica a costa del
Estado.  Puede solicitarse asistencia jurídica financiada por el Estado, que es proporcionada por elMinisterio de Justicia ya sea al demandante o al demandado, por recomendación de un comité
especial.  La asistencia jurídica sólo puede concederse para sufragar los costos incurridos por la
propia parte como resultado de un procedimiento judicial de carácter civil.  Para tener derecho a dicha
asistencia, el caso debe justificar su otorgamiento, y la parte que la solicita sólo debe contar con
recursos financieros limitados o bien el caso debe referirse a intereses en extremo importantes por laparte o tener una importancia general considerable.
Debido a los cambios efectuados en la estructura judicial de Islandia el 1º de julio de 1992, no
pueden utilizarse las estadísticas sobre cuestiones judiciales correspondiente a períodos anteriores
para dar una idea del número de casos judiciales.  Al redactar el presente documento, aún no se
disponía de las estadísticas definitivas sobre el número de casos judiciales en Islandia durante los12 eses contados a partir del 1º de julio de 1992.
Alrededor del 75 por ciento de los casos civiles iniciados en Islandia se llevan a cabo en el
Tribunal de Distrito de Reykjavik.  Entre el 1º  de julio de 1992 y el 30 de junio de 1993, se
presentaron ante este Tribunal 9.796 casos civiles.  De éstos se defendieron 949 casos, o sea poco
menos del 10 por ciento.  Poco menos del 45 por ciento de los casos penales que llegaron a lostribunales se presentaron ante el Tribunal de Distrito de Reykjavik.  Del 1º de julio de 1992 al 30 de
junio de 1993 se presentaron ante el Tribunal 617 casos penales.
En 1992 se interpusieron ante el Tribunal Supremo recursos de apelación contra
240 sentencias en casos civiles y 81 en casos penales.  Durante el mismo año, se presentaron recursos
contra 75 fallos de los tribunales de distrito en casos civiles y 37 en casos penales.  En 1992, el
Tribunal Supremo dictó 366 sentencias en apelación y otros casos, mientras que se retiraron 46 casos
que habían sido presentado al Tribunal Supremo.
II. LOS DIVERSOS TRIBUNALES
Durante los últimos años se manifestó una tendencia a reducir el número de tribunales
especiales en Islandia.  Además de los Tribunales de Distrito, existen ahora otros dos tribunales de
primera instancia:  el Tribunal Laboral y el Tr ibunal de Estado.  A continuación se describen los
diversos tipos de tribunales.IP/Q4/ISL/1
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1. Tribunales de Distrito
Los Tribunales de Distrito juzgan todos los casos civiles y penales al primer nivel judicial, a
menos que una norma especial disponga otra cosa.  Los Tribunales de Distrito dictan sentencias en los
casos de controversias sobre los actos realizados por los comisionados de distrito durante la ejecución
de las sentencias dictadas en los procesos civiles, y toman decisiones en los procedimientos relativos a
moratorias de deuda, avenencia judicial, quiebra e insolvencia, así como en los procedimientossucesorios.  También designan administradores judiciales encargados de los procedimientos de
quiebra e insolvencia y de procedimientos sucesorios públicos y dictan fallos en las controversias
sobre los actos de los administradores.
Los Tribunales de Distrito están integrados por jueces de primera instancia calificados.
Actualmente existen en el país 38 jueces de Tribunales de Distrito.  En los distritos más pequeños los
tribunales constan de un solo juez.  El Tribunal de Distrito de Reykjavik, que es con mucho el más
importante, está integrado por 21 jueces.  También forman parte de los tribunales 13 adjuntoscalificados.  Cinco de ellos están empleados en el Tribunal de Distrito de Reykjavik.
Los jueces de los Tribunales de Distrito son nombrados de manera permanente por el
Presidente de Islandia de conformidad con las recomendaciones del Ministro de Justicia;  antes de
efectuarse el nombramiento, un comité independiente da su opinión, que no tiene carácter vinculante,
sobre los candidatos al cargo de jueces.  Los jueces de los tribunales integrados por más de un juezeligen entre ellos al Presidente del Tribunal para un período de seis años.  Los adjuntos calificados
están autorizados por el Ministro de Justicia para desempeñar las funciones judiciales que les
encomiende el Presidente del Tribunal o el juez del Tribunal de Distrito cuando éste está integrado
por un solo juez.  El Presidente del Tribunal determina las funciones del adjunto y decide con qué juez
del Tribunal de Distrito debe trabajar el adjunto en cualquier momento.
La norma general es que un juez se ocupa de cada caso presentado al Tribunal de Distrito.
Sin embargo un juez puede, con aprobación del Presidente del Tribunal, designar a otros dos jueces
del Tribunal de Distrito para que se ocupen de un caso en extremo voluminoso o especialmente
importante por consideraciones de carácter general.  En segundo lugar, el juez puede designar a dos
especialistas, sin calificaciones jurídicas, para que juzguen el caso con él cuando la solución del casodepende de conocimientos especializados en una esfera ajena al derecho;  estos especialistas
comparten el trámite y la resolución del caso en todos sus detalles.
Es posible interponer recurso de apelación contra las sentencias de los Tribunales de Distrito
ante el Tribunal Supremo;  algunos fallos dictados durante los procedimientos de los Tribunales de
Distrito pueden ser objeto de una apelación ante  el Tribunal Supremo mediante un procedimiento
sumario.
2. El Tribunal Laboral
El Tribunal Laboral juzga los casos que entrañan acciones relativas a las infracciones del
derecho del trabajo, las acciones por indemnización que son resultados de dichas infracciones y las
controversias relativas a los acuerdos salariales y las condiciones de trabajo.  Además, la mayoría del
Tribunal puede decidir que juzgará otros casos relativos a las relaciones laborales entre empleadores y
trabajadores si las partes han convenido en llevar el caso ante el Tribunal Laboral.
El Tribunal Laboral tiene su sede en Reykjavik.  Está integrado por cinco jueces designados
por un período de tres años.  El Tribunal Supremo nom bra al Presidente del Tribunal y a otro juez.  El
Ministro de Asuntos Sociales designa a un juez de un grupo de tres designados por el Tribunal
Supremo.  Por último, cada una de las partes del mercado de trabajo designa a un juez;  sus
identidades pueden variar según cuales sean las partes que participan en la controversia.  Los juecesIP/Q4/ISL/1
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del Tribunal Laboral no están empleados a tiempo completo.  El volumen del trabajo que realizan para
el Tribunal varía según el número de casos recibidos.
Algunos fallos del Tribunal Laboral relativos a cuestión de procedimientos pueden ser objeto
de apelación ante el Tribunal Supremo, pero no existe un recurso de apelación contra las sentencias
del Tribunal Laboral.  Se trata, en consecuencia, de la primera y única instancia en su campo.
3. El Tribunal de Estado
La disposición relativa al Tribunal de Estado es el artículo 14 de la Constitución.  El Tribunal
de Estado juzga los casos que Althing (Parlamento) decide incoar contra los Ministros en relación con
el desempeño de sus funciones.  El Tribunal de Estado está integrado por 15 jueces.  Se trata de los
cinco jueces más antiguos del Tribunal Supremo, el Presidente del Tribunal de Distrito de Reykjavik,
el Profesor de Derecho Constitucional de la Univ ersidad de Islandia y ocho personas elegidas por la
Asamblea General del Althing en representación  proporcional para períodos de seis años.
El Presidente del Tribunal Supremo es, por derecho propio, Presidente del Tribunal de
Estado.  Hasta ahora no se ha presentado ningún caso ante el Tribunal de Estado, de manera que éste
no ha sido convocado nunca.
Las sentencias del Tribunal de Estado no pueden ser objeto de un recurso de apelación ante el
Tribunal Supremo.
4. El Tribunal Supremo de Islandia
El Tribunal Supremo, que es el único tribunal de apelación, tiene su sede en Reykjavik.
Prestan servicio en el Tribunal ocho jueces, designados con carácter permanente por el Presidente de
Islandia.  Los jueces del Tribunal Supremo eligen entre ellos al Presidente del Tribunal para un
período de dos años.  El número de jueces que participan en el examen de cada caso varían entres tres,
cinco y siete según el carácter de importancia del caso.  El Tribunal consta de dos salas.
El Tribunal Supremo es la primera y única instan cia judicial tan sólo en una clase de casos,
aquellos en que se reclama una indemnización como consecuencia de los actos de los jueces.
Las apelaciones que se presentan al Tribunal Supremo son de dos clases:  contra las
sentencias dictadas en los casos civiles o penales, y contra ciertos fallos dictados por los jueces
durante los procedimientos judiciales.  También es posible interponer apelaciones contra lasconclusiones de los casos judiciales, que varían según la categoría del caso y el tipo de apelación.  El
derecho de apelación está también limitado con respecto a los intereses que entraña el caso y depende
de si éste se ha defendido a un nivel judicial inferior.  Las limitaciones de este tipo se aplican en
mayor medida a los casos civiles que a los penales.
El derecho de apelar en los casos penales no depende de las cuantías mínimas de las multas o
de los tipos de delito.  Puede interponerse una apelación respecto de un caso penal en su integridad,
pidiendo que se revise cualquiera de los elementos siguientes:  la determinación de la culpa (o la
inocencia), es decir, si el acusado ha cometido el delito del cual se le acusa;  la aplicación de las
disposiciones penales y la determinación de la pena.  También es posible apelar sólo contra la parte
del caso relativa a la aplicación de las disposiciones penales y la determinación de la pena.
El Tribunal Supremo es el tribunal más elevado de Islandia y sus sentencias son definitivas.
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