ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOGPA/32
12 de enero de 2000
(00-0109)
Comité de Contratación Pública Original:  inglés/
francés
EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN NACIONAL DE APLICACIÓN
Comunidad Europea
El presente documento reproduce las preguntas formuladas a la delegación de la Comunidad
Europea, las respuestas dadas y las observaciones hechas en las reuniones de examen de la legislación
nacional de aplicación, celebradas el 7 de octubre de 1998 y el 5 de octubre de 1999.1  La notificación
de su legislación nacional de aplicación, efectuada por la Comunidad Europea de conformidad con la
Decisión del Comité en el documento GPA/1/Add.1, se ha distribuido en el documento GPA/20, de
fecha 28 de enero de 1998.
_______________
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS
POR COREA Y LOS ESTADOS UNIDOS
I. APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA POR LOS
ESTADOS MIEMBROS
Pregunta de Corea
1. Corea estima que, en el plano de la CE, por lo general la legislación sobre contratación
pública guarda conformidad con las normas del Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) de
la OMC.
Sin embargo, a Corea le preocupa la aplicación de esa legislación por parte de los Estados
miembros de la CE.  El aspecto import ante no es la legislación de la CE per se , sino su pleno
cumplimiento por los Estados miembros.  Según el Cuadro de Indicadores del Mercado Único, que la
Comisión de la CE publica cada seis meses para evaluar el grado de aplicación de las Directivas
para el mercado único, se informó que la contratación pública es la esfera más pobremente aplicada(los Estados miembros sólo aplican el 55 por ciento de las Directivas).  Además, en la medida en que
Corea sabe, la Comisión de la CE inició este año procedimientos por infracción en contra de Grecia,
España e Italia por no aplicar las Directivas de la CE.
En atención a estas preocupaciones, Corea apre ciará que se le informe de qué medidas está
adoptando y adoptará la CE para cumplir mejor el ACP.
Por decisión del Consejo de las Comunidades Europeas, de diciembre de 1994, en que se
ratificó la totalidad de los documentos de la Ronda Uruguay, el ACP ha pasado a formar parte del
derecho interno de la Comunidad Europea, en su in tegridad, a partir del 1º de enero de 1996, y está
                                                     
1 Las actas de estas reuniones se han distribuido en los documentos GPA/M/10 y 12.GPA/32
Página 2
plenamente en vigor en la Comunidad desde esa fecha.  Las Directivas de la CE, que constituían la
legislación interna de la Comunidad Europea en la época de entrada en vigor del ACP, estaban, en
gran medida, en concordancia con el ACP.  Las escasas áreas en que dicha legislación no era
totalmente congruente con el ACP se referían a las cuestiones del umbral, los requisitos de
información estadística y un número muy limitado de otros asuntos.  Con posterioridad, estas áreasfueron armonizadas con los requisitos exigidos por el ACP a través de dos Directivas que fueron
aprobadas el 10 de octubre de 1996.
La Comunidad actúa en la esfera de la contratación mediante Directivas que rigen las
transacciones entre proveedores y compradores dentro de la Comunidad, confieren a los proveedores
ciertos derechos y crean obligaciones para los compradores.  Las Directivas de la CE no abordan en
forma directa la relación entre proveedores de las Partes en el ACP (con excepción de los Estados
miembros de la UE) y compradores dentro de la UE.  Con respecto al problema de determinar si lalegislación interna de los Estados miembros de la CE está en concordancia con los requisitos
dispuestos en el ACP sobre el trato nacional, la relación entre los proveedores de las Partes miembros
del ACP y los compradores en la Comunidad se rige n plenamente por el ACP que, en su totalidad, ha
pasado a formar parte del derecho de la UE desde diciembre de 1994.  En el contexto de las normas
del ACP es importante asegurar que los proveedores  que no sean de la Comunidad Europea se rijan
exactamente por el mismo sistema de contratación que los proveedores de la Comunidad.  Cualquier
problema que surja en la aplicación de las Directivas sobre la relación entre los proveedores y los
compradores de la Comunidad no implica que todos los derechos que emanen del ACP para los
proveedores en los países del ACP, que no sean de la UE, hayan sido menoscabados en alguna forma.
La Comisión y los Estados miembros consideran importante que las Directivas sean plena ycorrectamente aplicadas dentro de los plazos estipulados.  Todo problema en la aplicación de las
Directivas de la CE no debe afectar las obligacion es de los Estados miembros en el marco del ACP.
La referencia al 55 por ciento de las Directivas, a que alude la pregunta de Corea, se refiere a
los casos en que los Estados miembros no hayan adoptado todas las medidas necesarias para aplicar
esas Directivas por lo que respecta a las compras efectuadas por las entidades contratantes de la CE deproductos, servicios y obras proporcionados por proveedores de la Comunidad y que, por
consiguiente, quedan fuera del contexto del ACP.
La Comisión Europea, institución encargada de hacer cumplir las normas en la CE, está
plenamente comprometida a aplicar la legislación del Mercado Único.  En 1997 la Comisión aprobó
un Plan de Acción para el Mercado Único.  Uno de sus objetivos consiste en asegurar que las normas
se apliquen efectivamente.  De conformidad con ese Plan, se instará a cada Estado miembro a que
presente su itinerario detallado y demuestre su compromiso político para eliminar con urgencia todoretraso en la incorporación.  El Cuadro de Indicadores del Mercado Único, publicado cada seis meses
por la Comisión, se utiliza para evaluar el progreso en la aplicación de las Directivas para el Mercado
Único.  Mientras tanto, la Comisión continuará entablando acciones enérgicas y rápidas por
infracciones en contra de los Estados miembros que no cumplan esas obligaciones, y aplicará
sanciones contra ellos cuando sea necesario.
Además, en lo que concierne en especial a la contratación pública, la Comisión aprobó este
año una Comunicación sobre su futura política en esta materia, en la que figura un subcapítulo
específico para perfeccionar la aplicación de la política de contratación pública.  El texto de la
Comunicación se puede consultar en el sitio Web SIMAP (http://simap.eu.int).GPA/32
Página 3
II. APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 93/38 DE LA CE DE SERVICIOS PÚBLICOS
Pregunta formulada por los Estados Unidos
2. La sección I.1 i), la sección I.1 iii) y la sección IV.2 6) de la notificación de la legislación
nacional de aplicación de la CE hacen referencia a la Directiva 93/38 de la CE de Servicios
Públicos.  La sección IV.2 6) se refiere concretamente al artículo 36 de la Directiva de ServiciosPúblicos.  ¿Se aplica y se hace cumplir en la actualidad el artículo 36 de la Directiva de Servicios
Públicos en España, Grecia y Portugal?
La Directiva 93/38 es aplicable en su integridad en España a partir del 1º de enero de 1997, y
en Grecia y Portugal se aplica en su totalidad desde el 1º de enero de 1998.  (Véase el artículo 45.2 de
la Directiva 93/38.)
La preferencia otorgada a los Estados miembros de la CE se continúa aplicando con arreglo al
artículo 36 de la Directiva de Servicios Públicos a las compras no comprendidas en el ACP.
III. ANUNCIO DE INFORMACIÓN PREVIO
Pregunta formulada por los Estados Unidos
3. La respuesta de la CE en la sección IV.2 11) del documento GPA/20 sobre "plazos de
licitación y espera" indica que el vencimiento de la recepción de las licitaciones puede reducirse en
los casos en que se haya publicado un "anuncio de información previo".  Sírvanse describir quéinformación se ha de incluir en un anuncio de in formación previo y si éste es equivalente a un
"anuncio de notificación previa" como se describe en la sección IV.2 8).
La información que se ha de incluir en los "anuncios de información previos" se detallan en
los anexos IV de la Directiva 93/36, IV de la Directiva 93/37, III de la Directiva 92/50 y XIV de la
Directiva 93/38.
La información necesaria consiste en:
- Nombre, dirección, etc. de la autoridad contratante y, si es distinto, del servicio en
que se puede obtener información adicional.
- Naturaleza y cantidad o valor de la contratación.  Esta información depende de si la
contratación concierne a bienes, servicios u obras.
- Fecha estimada para iniciar los procedimientos de adjudicación.
- Otros antecedentes (entre ellos, por ejemplo, los plazos de financiación de las obras
en el caso de servicios de construcción.
- Fecha del envío del anuncio.
- Fecha de recepción de los anuncios en la Oficina de Publicaciones Oficiales de las
Comunidades Europeas.
- Indicación acerca de si la contratación está comprendida en el ACP.GPA/32
Página 4
Los "anuncios de información previos" (conocidos también como los AIP) se denominan
asimismo "anuncios indicativos" en las directivas.  En la sección IV.2 8) del documento GPA/20, la
expresión "anuncio de notificación previa", aun cuando no se aplica en forma técnicamente precisa, se
usa como sinónimo de "anuncio de información previo".
IV. ACUERDOS MARCO
Pregunta formulada por los Estados Unidos
4. La sección IV.2 10) establece que las entidades del Anexo 3 pueden optar entre
procedimientos abiertos y restringidos sin una convocatoria a licitación para los contratos que se
adjudiquen sobre la base de un acuerdo marco ...  Sírvanse facilitar detalles de la definición jurídica
de un "acuerdo marco" e información relativa a los casos en que autoriza la utilización de dichos
acuerdos y en qué forma operan.
En la legislación de la Comunidad Europa los acuerdos marco atañen exclusivamente a las
Directivas de Servicios Públicos, vale decir sólo a las entidades del Apéndice 3.  En la Directiva de
entidades públicas no se hace referencia alguna a las entidades de los Apéndices 1 y 2.
Según la Directiva 93/38, la Directiva de Servicios Públicos, se entiende por "acuerdo marco"
un acuerdo entre una de las entidades contratantes y uno o más proveedores, contratistas o
proveedores de servicios cuyo propósito es establecer las condiciones, en particular con respecto a losprecios y, cuando se estime necesario, la cantidad que se ha de estipular y que regirá los contratos que
se adjudicarán durante un período dado.
Las entidades del Anexo 3 pueden considerar un acuerdo marco como un contrato y
adjudicarlo de conformidad con la Directiva 93/38:   por ejemplo, utilizando el procedimiento abierto,
restringido o negociado (con publicación), como pertinentes.  Cuando las entidades contratantes sehayan adjudicado un acuerdo marco con arreglo a la Directiva 93/38 no será obligatorio que
convoquen a una licitación, si se adjudican contratos basados en ese acuerdo.
Conforme al artículo 5 de la Directiva 93/38, las entidades contratantes no deben hacer un uso
indebido del acuerdo marco para obstaculizar, limitar o falsear la competencia.
V. EJECUCIÓN
Pregunta formulada por los Estados Unidos
5. Sírvanse proporcionar detalles sobre las acciones por infracciones emprendidas, en la
actualidad, por la Comisión Europea contra Estados miembros por violar las leyes de contratación
de la CE compendiadas en el documento GPA/20.  Sírvanse explicar también las repercusiones de la
infracción por parte del Estado miembro de la CE del derecho comunitario en la esfera de la
contratación o de las normas nacionales de aplicación de ese derecho a las obligaciones
internacionales de la CE en virtud del ACP de la OMC.
No se reputan públicos los detalles de los procedimientos por transgresión, entablados por la
Comisión Europea contra los Estados miembros, salvo que se presenten casos ante la Corte Europea
de Justicia.  No obstante, el servicio del portavoz de la Comisión Europea publica de ordinario
comunicados de prensa con respecto a las infracciones de la contratación pública en las fases
preliminares del procedimiento.  Dichos comunicados están a disposición del público y se puedeacceder a ellos por conducto de la base de dato s RAPID, mediante el servidor EUROPA RAPID
(http://europa.eu.int).GPA/32
Página 5
En cuanto a las repercusiones de las transgresiones del derecho comunitario por el Estado
miembro, cabe recordar que el artículo 189 del Tratado de la CE dispone que la forma de la
legislación comunitaria conocida como la "directiva" es vinculante en lo que concierne al resultado
que se ha de lograr, pero faculta a las autoridades nacionales la elección de la forma y los métodos.
Por consiguiente, los Estados miembros están obligados a adoptar todas las medidas adecuadas paraasegurar que se cumplan las disposiciones de la directiva.  Esas medidas tienen que acordarse dentro
de los plazos fijados.
Puede suceder que un Estado miembro no adopte todas las medidas necesarias para aplicar la
directiva en la fecha prescrita y podría pensarse que, en ese caso, la directiva sería inaplicable.  Pero,
el mismo artículo 189, prevé el fundamento de lo que se conoce como "efecto directo".  La Corte de
Justicia ha interpretado el artículo 189 en el sentido que cuando se reúnan las condiciones en que la
Corte haya sostenido que los particulares puedan valerse de las disposiciones de una directiva ante lostribunales nacionales, todos los órganos de la administración, incluidas las autoridades
descentralizadas como las municipalidades, estarán obligadas a aplicar esas normas (CEJ, caso
Costanzo).
La repercusión de este fallo no se limita a aplicar una disposición de una directiva particular;
establece asimismo el principio que las medidas nacionales no pueden impedir la aplicación de unadisposición de una directiva particular si ésta puede aplicarse directamente.
La Comisión está facultada para garantizar el pleno cumplimiento de las directivas e incluye
la atribución de obligar a comparecer a un Estado miembro ante la Corte de Justicia.  La misma
facultad existe cuando cualquiera de las entidades  contratantes comprendidas en el marco del ACP
infringe sus obligaciones en cualquiera de los Estados miembros.  Una infracción de las directivasafectaría a la relación entre proveedores y entidades de la Comunidad y no a la relación entre los
proveedores de los países del ACP y las entidades de la Comunidad.  En lo que se refiere a la
Directiva sobre Medidas Correctivas, siempre y cuando no se otorguen en la legislación de la UE los
derechos a impugnar la licitación, debido a que la Directiva sobre Medidas Correctivas no haya
podido ser totalmente aplicada por un Estado miembro, existe una red de seguridad en la Comunidadque se denomina la "Jurisprudencia Francovitch".  Ésta concede a los proveedores de las partes en
el ACP, que no sean Estados miembros de la CE, la posibilidad de presentar el problema ante la Corte
Europea de Justicia y contar con recursos rápidos y eficaces como lo requiere el ACP, que podría
utilizar la red de seguridad dispuesta por la Juri sprudencia Francovitch.  En el caso "Francovitch", la
Corte aceptó el principio que un Estado miembro debe hacer sufrir un fuerte daño a los particulares
como consecuencia de la infracción de una ley de la Comunidad, por ejemplo, por dejar de incorporar
una directiva a la legislación nacional o de incorporarla correctamente.  Esta orientación haproseguido desarrollándose en el caso "Brasserie du Pêcheur".  Es así como esta red de seguridad
faculta a todo proveedor de cualquier país del ACP para que pueda concurrir a los tribunales y
disponer de recursos rápidos y eficaces, como lo requiere el ACP.  En consecuencia, la falta de
aplicación de la Directiva sobre Medidas Correctivas por parte de un Estado miembro no afecta el
derecho de los proveedores del ACP, ya que podrán utilizar la red de seguridad establecida por la"Jurisprudencia Francovitch".
Pregunta formulada por los Estados Unidos
6. La sección IV.3 del documento GPA/20 dispon e que los Estados miembros están autorizados
para escoger entre dos "opciones" relativas a las facultades de los órganos de revisión.  Sírvanse
describir qué medidas provisionales rápidas, como las que se requieren en el artículo XX.7 a)del ACP, se estipulan en la segunda opción:  la "presión indirecta".
Como se señala en la sección IV.3 del documento GPA/20, la posibilidad de esas "dos
opciones" sólo concierne al régimen jurídico aplicable a las entidades del Anexo 3 (entidadesGPA/32
Página 6
contratantes sujetas a la Directiva 93/38).  En la época en que la Directiva 92/13 fue promulgada
(la denominada Directiva sobre Medidas Correctivas de los Servicios Públicos), se estimó necesario
tener en cuenta la naturaleza específica de algunas disposiciones legislativas de la CE y autorizar a los
Estados miembros para elegir las distintas facultades con que se iba a dotar a sus órganos de revisión
de efecto equivalente.  Cabe observar que siempre son factibles las demandas por indemnización dedaños y perjuicios.
Una de las opciones comprende la facultad de intervenir directamente en los procedimientos
de contratación pública de las entidades contratantes, suspendiéndolos o revocando decisiones o
cláusulas discriminatorias de documentos o publicaciones.  Así, pues, esta opción se fundamenta en
los litigios tradicionales.
Sin embargo, en algunas disposiciones legislativas, los órganos de revisión no pueden, debido
a la naturaleza jurídica de ciertas entidades contratantes, anular o suspender las decisiones deadjudicación efectuadas por este tipo de entidades.  Ésta es la razón por la cual hay una segunda
opción, relativa a esta materia, que prevé la facultad de ejercer una presión eficaz indirecta sobre las
entidades contratantes a fin de hacer corregir cualquier infracción e impedir que se produzcan daños.
Las medidas adoptadas pueden consistir por lo general en ordenar el pago de una suma determinada, a
menos que la infracción sea corregida o evitada.  Esa suma debe fijarse a un nivel lo suficientementeelevado para disuadir a la entidad contratante de cometer una infracción o persistir en ella.  Estas
medidas se han de adoptar a la mayor brevedad, si es posible mediante procedimientos interlocutorios
y, si es necesario, a través de un procedimiento definitivo sobre el fondo del asunto.
La distinción entre las dos opciones concierne a las facultades ejercidas por los órganos
revisores y no al procedimiento realmente utilizado.  En ambos casos, hay una disposición que velapor la prontitud con que se adopten las medidas.
Una opción es judicial, la otra consiste en un procedimiento administrativo.  Al elegir
cualquiera de las opciones, el Estado miembro ha de satisfacer en su totalidad las condiciones en
función de la rapidez y de los recursos adecuados, en armonía con los procedimientos del ACP.
Los requisitos del artículo XX del ACP están más ampliamente redactados que los de la
Directiva sobre Medidas Correctivas.  Se resolvió actuar en forma más concreta que en los términos
establecidos en el artículo XX.  De conformidad con ambas opciones, hay garantías suficientes de que
los recursos se ofrezcan con rapidez y que abarquen todas las exigencias del artículo XX del ACP.
Pregunta formulada por los Estados Unidos
7. La sección IV.3 13) ii) describe los procedimientos de revisión de la CE.  Sírvanse
proporcionar información sobre el plazo que de ordinario requiere la Comisión para completar la
determinación de las infracciones, la Corte Europea de Justicia para dictar las decisiones y losEstados miembros para cumplir con esas decisiones y determinaciones.
El tiempo dependerá de la complejidad y la naturaleza del caso de que se trate.  Las
formalidades procesales comienzan cuando la Comisión envía una "notificación formal" al respectivo
Estado miembro.  En general, los Estados miembros disponen de dos meses para presentar sus
consideraciones, salvo que la urgencia requiera respuestas más rápidas.  En ese caso, la Comisiónpuede enviar un "dictamen motivado", en el que explica por que el Estado miembro aludido ha
infringido el derecho comunitario, y solicita que se adopten las medidas apropiadas para corregir la
situación.  Si el Estado miembro no cumple al "dictamen motivado" dentro del plazo establecido
(de ordinario dos meses), la Comisión puede presentar el caso a la Corte Europea de Justicia.  De
todos modos, si el caso justifica una intervención más rápida, los plazos se acortan.GPA/32
Página 7
El procedimiento que se tramite ante la Corte Europea de Justicia puede durar, en promedio,
entre un año y medio y dos años.  Pero, por otra parte, los procedimientos pueden apresurarse si hay
un motivo plausible.  La Comisión puede (y, de ordinario, lo hace) solicitar medidas provisionales
cuando lo juzga necesario.
Casi todos los casos se resuelven antes de llegar a un tribunal de justicia, y la mayoría de ellos
aun antes del envío del "dictamen motivado", de modo que la duración es variable y puede reducirse
notablemente con respecto a la indicada supra .
La Comisión tiene facultades para supervisar la forma en que los Estados miembros cumplen
con sus obligaciones de acuerdo a la legislación de la CE.  Si la Comisión llega a la conclusión de que
existe una infracción demandará de oficio, formal, oficiosa o anónimamente.  Ello puede entrañar
transgresiones de la legislación de la Comunidad que impliquen  per se  obligaciones internacionales
para la Comunidad.  En ese evento, la Comisión puede iniciar un procedimiento que, en últimainstancia, puede culminar en una decisión de un tribunal de justicia.  Son muy pocos los casos que
actualmente ingresan a un tribunal en los que recaerá una decisión.  De hecho, los tribunales de
justicia sólo resuelven una o dos causas anuales.  En la mayoría de los casos las demandas se
resuelven antes de llegar a esa fase.GPA/32
Página 8
V. PREGUNTAS ESPECÍFICAS A LOS ESTADOS MIEMBROS
A. AUSTRIA
Pregunta formulada por los Estados Unidos  (sección IV.3.A del documento GPA/20)
8. La respuesta a la pregunta 14 i) de la lista recapitulativa del documento GPA/20 observa
que, una vez conocidas las controversias potenciales, deben presentarse en forma expeditareclamaciones a la Comisión de Control.  U na reclamación presentada 10 días después de una
controversia potencial, ¿podría por lo general considerarse presentada en forma expedita?
La Austrian Bundesvergabegesetz (Ley Federal de Contratación Pública) no determina
ningún plazo oficial para presentar reclamaciones.  Sin embargo, si se presentara una reclamación
10 días después de conocerse una controversia potencial, se consideraría que se ha presentado en
forma expedita.
B. A
LEMANIA
Pregunta formulada por los Estados Unidos  (sección IV.3.D del documento GPA/20)
9. Sírvanse facilitar información adicional sobre el marco jurídico modificado de la
contratación pública en Alemania.  En especial, sírvanse resumir las diferencias entre el marco
jurídico existente y el marco modificado, y detallar las disposiciones del marco modificado que
garantizan una competencia libre y abierta entre licitadores.
Las normas sobre contratación pública se han incorporado a la Ley contra la Restricción de la
Competencia (GWB) mediante la inserción de una parte 4ª de la Ley, véanse BdGBl. 1998 Teil I,
2568, Nº 59, de fecha 2 septiembre de 1988.  Los principios básicos de contratación pública
(competencia, transparencia y no discriminación)  se han compendiado en el § 97 GWB.  Los
requisitos admisibles, pero que no están relacionados con la contratación pública -como los métodosde producción en condiciones ambientales ventajosas, los objetivos sociales especiales y la acción
afirmativa- fueron limitados y sólo se pueden imponer a los licitadores cuando existan bases jurídicas
para hacerlo.  El § 97 GWB puntualiza que el licitador tiene derecho a valerse de la entidad
contratante para acatar el procedimiento de contratación pública.
Se ha efectuado una revisión judicial eficaz y fundamentada en forma amplia en los §§ 102
a 124 de la GWB.  Se ha creado el nuevo procedimiento "Vergabekammer" (primera instancia para la
revisión de la contratación pública) que, a solicitud de parte, revisa la contratación pública.  Previa
apelación, la Corte de Apelaciones puede revisar las decisiones de primera instancia.  Según las
nuevas normas, la interposición de un procedimiento de revisión provoca una interrupción del proceso
de adjudicación.  La acción de indemnización de daños y perjuicios deducida por el licitador o una
entidad contratante fue prevista en la Ley, §§ 125-126 GWB.
C. E
SPAÑA
Pregunta formulada por los Estados Unidos  (sección IV.3.E del documento GPA/20)
10. Sírvanse aclarar la respuesta dada en la sección 13, sobre todo en lo que concierne a la
referencia acerca de "la notificación de los acuerdos".
La "notificación de los acuerdos" debe entenderse como la notificación de los resultados de la
licitación.  De conformidad con el derecho administrativo español, las autoridades públicas no sólotienen la obligación de notificar a los licitadores el resultado de cada licitación, sino también deGPA/32
Página 9
informarles los recursos y procedimientos judiciales a su disposición en el caso en que deseen
impugnar el resultado de la licitación.
D. GRECIA
Pregunta formulada por los Estados Unidos  (sección IV.3.EL del documento GPA/20)
11. ¿Indica la respuesta a la pregunta 14 vi) que, con arreglo a la nueva ley, el reclamante
dispondrá de un plazo de cinco días para presentar una reclamación después de tener conocimiento
de un acto impugnado por un poder adjudicador?
Debemos distinguir entre:  a) procedimientos provisionales de compensación, y b) la acción
principal.  Los plazos impuestos por la nueva legislación se refieren fundamentalmente a los
procedimientos provisionales de compensación.  De este modo, el demandante está obligado a
presentar una "petición de compensación administrativa" al poder adjudicador dentro de un plazo de
5 días, después de haber tomado conocimiento del acto de impugnación.  Si la petición es rechazada,el demandante estará facultado para solicitar, mediante una orden del tribunal competente, una
compensación provisional.  La presentación debe hacerse dentro del plazo de 10 días desde el
momento en que se rechaza la petición.  No obstante, la ley dispone que en los casos en que la
compensación provisional se conceda, el demandante habrá de entablar la acción principal dentro del
plazo de 30 días contados desde que se conceda la orden;  si se abstiene de hacerlo, la orden decompensación provisional quedará automáticamente nula.
Por otra parte, en lo que se refiere a la acción principal (es decir, la acción para anular un acto
administrativo, etc.) se continúan aplicando los plazos normales.  Por ejemplo, el plazo para presentar
una acción de nulidad de un acto administrativo será, por lo general de 60 días.
E. F
RANCIA
Pregunta formulada por los Estados Unidos  (sección IV.3.F del documento GPA/20)
12. ¿Responden los documentos mencionados en la pregunta 14 a las preguntas 14 i) a 14 vii)?
En caso afirmativo, ¿están estos documentos a disposición de las Partes del ACP para su examen?
Los documentos referidos figuran en el anexo2 a este documento.
F. IRLANDA
Pregunta formulada por los Estados Unidos  (sección IV.3.IRL del documento GPA/20)
13. ¿Hay plazos para presentar demandas, como se alude en la pregunta 14 i)?
Las Directivas sobre Recursos de la UE se han incorporado directamente a la legislación
irlandesa por medio de instrumentos legislativos.  En las Directivas no hay plazos para presentar
reclamaciones, como tampoco los hay en la legislación irlandesa.
                                                     
2 Sólo en francés.GPA/32
Página 10
G. PORTUGAL
Pregunta formulada por los Estados Unidos  (sección IV.3.P del documento GPA/20)
14. Como se menciona en la respuesta a la pregunta 14 i), ¿cuál es la diferencia entre un recurso
jerárquico de deliberaciones sobre la reclamación, al que se ha de aplicar un plazo de 5 días, y un
recurso jerárquico de impugnación de la legalidad de los actos administrativos que es de 30 días?
La pregunta se refiere a dos situaciones diferentes:  una reclamación administrativa
("reclamação") y una reclamación judicial ("recurso contencioso").
En el primer caso, los proveedores tienen un plazo de cinco días para solicitar a la entidad
contratante que revoque su decisión de adjudicar.
Si no se revoca la decisión, el demandante tiene entonces un plazo de 30 días para presentar
una demanda judicial ante el tribunal competente ("Tribunal Administrativo").GPA/32
Página 11
ANEXO
Legislación nacional de Francia
1. Code des Tribunaux Administratifs et Cours Administratives D'Appel
Article L.22
Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement
aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des
marchés publics et des conventions de délégation de service public.
Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont
susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département
dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un
établissement public local.
Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat.  Il peut
ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du
contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte.  Il peut également annuler ces décisions et
supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissaient
lesdites obligations.  Sauf si la demande porte sur des marchés ou contrats passés par l'Etat, elle peut
également être présentée par celui-ci lorsque la Commission des Communautés européennes lui anotifié les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation claire et manifeste des obligations de
publicité et de mise en concurrence d'origine communautaire ou résultant de l'accord sur l'Espace
économique européen a été commise.
Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la
forme des référés.
Article L.23
Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement
aux obligations de publicité ou de mise en concurrence auxquelles sont soumis les contrats visés à
l'article 7-2 de la loi nº 92-1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains
contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications.  Le juge nepeut statuer, avant la conclusion du contrat, que dans les conditions définies ci-après.
Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont
susceptibles d'être lésées par ce manquement.
Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut ordonner à l'auteur du
manquement de se conformer à ses obligations.  Il détermine les délais dans lesquels l'auteur du
manquement doit s'exécuter.  Il peut aussi prononcer une astreinte provisoire courant à l'expiration des
délais impartis.  Il peut toutefois prendre en considération les conséquences probables de cettedernière mesure pour tous les intérêts susceptibles d'être atteints, notamment l'intérêt public, et
décider de ne pas l'accorder lorsque ses conséquences négatives pourraient dépasser ses avantages.
Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à
qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.GPA/32
Página 12
Sauf si la demande porte sur des marchés ou contrats passés par l'Etat, elle peut également
être présentée par celui-ci lorsque la Commission des communautés européennes lui a notifié les
raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation claire et manifeste des obligations mentionnées ci-
dessus a été commise.
Le président du tribunal administratif, ou son délégué, statue en premier et dernier ressort en
la forme des référés.
Si, à la liquidation de l'astreinte provisoire, le manquement constaté n'a pas été corrigé le juge
peut prononcer une astreinte définitive.  Dans ce cas, il statue en la forme des référés, appel pouvant
être fait comme en matière de référé.
L'astreinte, qu'elle soit provisoire ou définitive, est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le
retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Article R.241-21
Toute personne habilitée à introduire un recours dans les conditions prévues par l'article L.22
doit, si elle entend engager une telle action, demander préalablement à la personne morale tenue aux
obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats et
marchés mentionnés audit article de s'y conformer.
En cas de refus ou d'absence de réponse dans un délai de dix jours, l'auteur de la demande
peut saisir le président du tribunal administratif ou son délégué, qui statue dans un délai de vingt
jours.
Article R.241-22
L'article R.241-21 est applicable au représenta nt de l'Etat mentionné à l'article R.241-23.
Article R.241-23
Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L.22, l'Etat est représenté par le ministre de
tutelle lorsqu'il s'agit d'un contrat passé par un établissement public de l'Etat ayant un caractère autre
qu'industriel et commercial ou par le préfet lorsqu'il s'agit d'un contrat passé par une collectivité
territoriale ou un établissement public local ayant un caractère autre qu'industriel et commercial.
Lorsqu'il s'agit d'un contrat passé par une personne morale de droit privé pour le compte de
l'Etat, d'une collectivité territoriale ou un établissement public local ayant un caractère autre
qu'industriel et commercial et relevant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, l'Etat est représenté,
selon le cas, par le ministre ou le préfet intéressé.
Article R.241.24
La décision du président du tribunal administratif ou de son délégué, qui est exécutoire par
provision, est susceptible de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans la quinzaine de sanotification.GPA/32
Página 13
1. LOI n° 91-3 du 3 Janvier 1991 Modifiée (relative à la transparence et la régularité des
procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de
publicité et de mise en concurrence)
Article 11-1
En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est
soumise la passation des contrats définis aux articles 9, 9-1, 10 aux I, II, III, et IV de l'article 10-1 et à
l'article 11 et relevant du droit privé, toute personne ayant intérêt à conclure le contrat et susceptible
d'être lésée par ce manquement peut demander au juge de prendre, avant la conclusion du contrat, des
mesures provisoires tendant à ce qu'il soit ordonné à la personne morale responsable du manquement
de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, à ce que soit suspendue la procédure de passation
du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte.  Elle peut également demander que soient
annulées de telles décisions et que soient supprimées les clauses ou prescriptions destinées à figurerdans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations.
La demande peut également être présentée par le ministère public lorsque la Commission des
Communautés européennes a notifié à l'Etat les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation
claire et manifeste des obligations mentionnées au premier alinéa a été commise.
La demande est portée devant le président de la juridiction de l'ordre judiciaire compétente ou
son délégué, qui statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.
2. LOI n° 92-1282 du 11 Décembre 1992 (modifiée par la loi nº 93-1416 du
29 décembre 1993 et par la loi nº 97-50 du 22 janvier 1997)
Article 7-1
En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est
soumise la passation des contrats définis à l'article 1er et relevant du droit privé, le juge ne peut
statuer, avant la conclusion du contrat, que dans les conditions définies ci-après.
Sur demande de toute personne ayant intérêt à conclure le contrat et susceptible d'être lésée
par un manquement, le président de la juridiction de l'ordre judiciaire compétente ou son délégué peut
ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations.  Il détermine les délais danslesquels l'auteur du manquement doit s'exécuter.  Il peut aussi prononcer une astreinte provisoire
courant à compter de l'expiration des délais impartis.  Il peut toutefois prendre en considération les
conséquences probables de cette dernière mesure pour tous les intérêts susceptibles d'être atteints,
notamment l'intérêt public, et décider de ne pas l'accorder lorsque ses conséquences négatives
pourraient dépasser ses avantages.
La demande peut également être présentée par le ministère public lorsque la Commission des
communautés européennes a notifié à l'Etat les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violationclaire et manifeste des obligations mentionnées au premier alinéa a été commise.
Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à
qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le président de la juridiction de l'ordre judiciaire compétente ou son délégué statue en
premier et dernier ressort en la forme des référés.GPA/32
Página 14
Si, à la liquidation de l'astreinte provisoire, le manquement constaté n'a pas été corrigé, le juge
peut prononcer une astreinte définitive.  Dans ce cas, il statue en la forme des référés, appel pouvant
être fait comme en matière de référé.
L'astreinte, qu'elle soit provisoire ou définitive, est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou leretard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Article 7-2
En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est
soumise la passation des contrats définis à l'article 1er et relevant du droit public, toute personne qui a
intérêt à conclure le contrat et qui est susceptible d'être lésée par ce manquement peut demander au
juge de prendre, avant la conclusion du contrat, les mesures prévues à l'article L.23 du code des
tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
__________