RESTRICTEDORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOWT/DSB/M/45
10 de junio de 1998
(98-2351)
Órgano de Solución de Diferencias
ACTA DE LA REUNIÓN
celebrada en el Centro William Rappard
el 22 de abril de 1998
Presidente:  Sr. Kamel Morjane (Túnez)
Temas examinados: Página
1. Vigilancia de la aplicación de las recomendaciones adoptadas por el OSD............................ 2
- Canadá - Determinadas medidas que afectan a las publicaciones:
Informe de situación pres entado por el Canadá.......................................................... 2
2. Argentina - Medidas que afectan a las importaciones de calzado, textiles,
prendas de vestir y otros artí culos............................................................................... 3
- Informe del Órgano de Apelaci ón e Informe del Grupo Especial .............................. 3
3. Japón - Medidas que afectan a las películas y el papel fotográficos de consumo.................... 9
- Informe del Grupo Especial ....................................................................................... 9
4. Comunidades Europeas - Régimen para la importación, venta
y distribución de bananos ......................................................................................... 13
- Declaración del Ecuador, los Estados Unidos, Guatemala, Honduras,
México y Panamá sobre la aplicación de las recomendaciones del OSD................. 13
5. Candidaturas propuestas para su inclusión en la lista indicativa de
expertos gubernamentales y no gubernamentales que pueden
ser integrantes de grupos especiales ......................................................................... 17
6. Estados Unidos - Ley para la Libertad  y la Solidaridad Democrática Cubana...................... 17
- Declaración de Cuba................................................................................................. 17
7. Nota informal de la Secretaría relativa a notificaciones de soluciones
mutuamente convenidas............................................................................................ 18
- Declaración de l Uruguay .......................................................................................... 18
8. India - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y
los productos químicos pa ra la agricultura ............................................................... 18
- Plazo prudencial para la aplicación de las recomendaciones del OSD..................... 18
9. Confidencialidad de los documento s sobre solución de  diferencias...................................... 19
- Declaración de Indonesia.......................................................................................... 19
10. Examen del ESD.............................................................................................................. ...... 20WT/DSB/M/45
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Antes de la aprobación del programa, el Presidente recuerda que el Fondo Monetario
Internacional (FMI) ha manifestado su interés en asistir a la reunión del OSD en la que se examinen
para su aprobación los informes del Órgano de  Apelación y del Grupo Especial sobre el asunto
"Medidas que afectan a las importaciones de calzado, textiles, prendas de vestir y otros artículos".  De
conformidad con el Acuerdo entre la OMC y el FMI y el apartado a) del párrafo 4 de la Decisióndel Consejo General sobre los Acuerdos entre la OMC y el FMI y el Banco Mundial
(documento WT/L/194), el Director General propu so que el OSD invitara a un miembro del personal
del FMI a asistir a los debates acerca del mencionado asunto que se celebrasen en la presente reunión.
Tras consultar con los Estados Unidos y la Argentina, y no habiéndosele formulado objeciones,
el 30 de marzo de 1998 informó a los Miembros del interés expresado por el FMI y de la propuesta de
que el OSD invitase a un miembro del personal del Fondo a asistir a la presente reunión.  Hizo
además una propuesta sobre la manera de abordar esta cuestión.  Propone que se invite a un miembrodel personal del FMI a asistir a los debates en relación con el tema 2 del programa.
El OSD así lo acuerda.
1. Vigilancia de la aplicación de las recomendaciones adoptadas por el OSD
- Canadá - Determinadas medidas que afectan a las publicaciones:
Informe de situación presentado por el Canadá (WT/DS31/9/Add.1)
El Presidente recuerda que el párrafo 6 del artículo 21 del ESD requiere lo siguiente:
"A menos que el OSD decida otra cosa, la cuestión de la aplicación de las recomendaciones o
resoluciones será incluida en el orden del día de la reunión que celebre el OSD seis meses después de
la fecha en que se haya establecido el período prudencial de conformidad con el párrafo 3 y se
mantendrá en el orden del día de sus reuniones hasta que se resuelva."  Señala a la atención eldocumento WT/DS31/9/Add.1 que contiene el segundo informe de situación del Canadá relativo a los
progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones del OSD.
La representante del Canadá dice que su Gobierno tiene el placer de presentar su
segundo informe de situación sobre este asunto.  En razón del poco tiempo transcurrido desde el
informe anterior no había muchas novedades que comunicar al OSD.  Subraya que se están haciendoadelantos con respecto al cumplimiento de las recomendaciones del OSD.  Como se indicaba en el
informe, estaba en curso de redacción la política legislativa propuesta de cambiar la Ley sobre el
Impuesto Especial de Consumo, que en un futuro próximo se examinaría en el Consejo de Ministros
canadiense.  Al mismo tiempo se examinarían también otras modificaciones substantivas, como las
modificaciones del Arancel de Aduanas y de la subvención postal.  Reiteró la intención del Canadá de
cumplir las obligaciones que le incumben en el marco de la OMC en relación con este asunto.
La representante de los Estados Unidos dice que, como se afirmó en la reunión
del OSD celebrada el 25 de marzo, los Estados Unidos desean recibir información acerca de los
pormenores del proceso interno que se desarrolla en el Canadá para ajustar las tres medidas a lo
recomendado por el OSD.  Su país sigue procurando obtener información sobre un calendario, aunque
sólo sea indicativo, de las fechas en que el Canadá prevé que se terminarán las diversas medidas
tendientes a reformar su impuesto especial de consumo del 80 por ciento sobre las publicaciones conediciones separadas.  También se solicita información acerca de los procedimientos que el Canadá se
propone aplicar para modificar sus tasas postales, que han sido tema de los informes.  A este respecto,
los Estados Unidos quisieran disponer de alguna información sobre las etapas intermedias en curso.
Su delegación desea además saber qué progresos ha realizado el Canadá en lo que concierne a la
aplicación de las recomendaciones desde la adopción de los informes y qué cabe esperar en términosde trámites y de resultados en los meses que quedan.
El OSD toma nota de las declaraciones formuladas y acuerda
 volver a examinar este asunto
en su próxima reunión ordinaria.WT/DSB/M/45
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2. Argentina - Medidas que afectan a las importaciones de calzado, textiles, prendas de vestir y
otros artículos
- Informe del Órgano de Apelación (WT/DS56/AB/R y Corr.1)
e Informe del Grupo Especial (WT/DS56/R)
El Presidente señala la comunicación del Órgano de Apelación que figura en el
documento WT/DS56/10 por la que se remite el informe del Órgano de Apelación sobre el asunto
"Argentina - Medidas que afectan a las importaciones de calzado, textiles, prendas de vestir y otros
artículos", que se distribuyó en el document o WT/DS56/AB/R y Corr.1, de conformidad con el
párrafo 5 del artículo 17 del ESD.  Recuerda a las delegaciones que, conforme a la Decisión sobre
Procedimientos para la distribución y la supresión del carácter reservado de los documentos de
la OMC, contenida en el documento WT/L/160/Rev.1, el informe del Órgano de Apelación y el
informe del Grupo Especial se distribuyeron como documentos no reservados.  Recuerda que, deconformidad con el párrafo 14 del artículo 17 del ESD, "los informes del Órgano de Apelación serán
adoptados por el OSD y aceptados sin condiciones por las partes en la diferencia salvo que el OSD
decida por consenso no adoptar el informe del Órgano de Apelación en un plazo de 30 días contado a
partir de su distribución a los Miembros.  Este procedimiento de adopción se entenderá sin perjuicio
del derecho de los Miembros a exponer sus opiniones sobre los informes del Órgano de Apelación".
La representante de los Estados Unidos dice que su país ha solicitado la adopción de los
informes del Órgano de Apelación y el Grupo Especial sobre este asunto.  Los Estados Unidos han
planteado esta diferencia centrándose en dos problemas de acceso al mercado en relación con el
régimen comercial de la Argentina.  El Grupo Es pecial y el Órgano de Apelación han constatado que
estas medidas son incompatibles con las obligaciones que corresponden a la Argentina en virtuddel GATT.  En el presente caso, la Argentina sostuvo que incluso si la tasa de estadística fuera
incompatible con el artículo VIII del GATT de 1994, el FMI había autorizado la percepción de esta
tasa.  Tanto el Grupo Especial como el Órgano de  Apelación rechazaron este argumento.  Constataron
que la Argentina simplemente no dio pruebas que demostrasen que el FMI hubiera aprobado esta tasa.
Observaron además que los diversos elementos referentes a la relación entre el FMI y la OMCmencionados por la Argentina no alteraban los derechos y obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre
la OMC.
Los Estados Unidos instan a la Argentina a que aplique prontamente las recomendaciones del
Grupo Especial.  No se necesitan estas medidas excepto para proteger las industrias argentinas de los
textiles, las prendas de vestir y el calzado.  La Argentina se comprometió en la Ronda Uruguay a
facilitar acceso al mercado mediante una consolidación del 35 por ciento de los derechos ad valorem
sobre sus importaciones industriales.  Como lo  demostraron el Grupo Especial y el Órgano de
Apelación, la Argentina simplemente no ha cumplido ese compromiso.  Nunca ha ofrecido el acceso
al mercado que prometió en la Ronda Uruguay.  Estas medidas han perjudicado a los exportadores de
los Estados Unidos, América Latina y otros interlocutores comerciales de la Argentina y, por encima
de todo, la credibilidad de la OMC.  Los Estados Unidos observan que la Argentina ha modificado
repetidamente sus derechos y su tasa de estadística gracias a rápidas medidas administrativas.  Noparece haber razones administrativas por las que no pueda finalmente poner sin demora sus medidas
en conformidad con las obligaciones que le corres ponden en virtud del Acuerdo sobre la OMC.  Los
Estados Unidos están dispuestos a consultar con la Argentina el contenido y el calendario de la
aplicación.
El representante de la Argentina desea expresar el parecer de su delegación sobre
ciertos aspectos de los informes, de conformidad con los párrafos 3 del artículo 16 y 4 del
artículo 17 del ESD.  Estos aspectos son demasiado importantes para circunscribirlos a una diferencia
bilateral y se refieren al funcionamiento del sistema de solución de diferencias.  Agradece a los
Miembros del Grupo Especial que hayan contribuido con sus constataciones y su cauta utilización de
la economía procesal a aclarar el alcance de la s obligaciones conforme al GATT de 1994, otrosWT/DSB/M/45
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Acuerdos conexos y el ESD.  Agradece asimismo a los Miembros del Órgano de Apelación el haber
modificado algunas constataciones del Grupo Especial limitando su alcance.  De haberse mantenido
estas constataciones, habrían tenido como consecuencia obligaciones y compromisos jurídicamente
vinculantes que no se previeron durante las negociaciones de la Ronda Uruguay ni estaban
comprendidas en las disciplinas del GATT de 1947.  En una etapa posterior, examinaría losimportantes principios jurídicos reafirmados en ambos informes, así como los puntos que no se han
reconocido expresamente en esta diferencia, dado que podrían afectar a los derechos de los Miembros.
Con respecto a las constataciones del Grupo Especial relativas al calzado, la Argentina está
satisfecha con la conclusión del Grupo Especial, que figura en el párrafo 6.15 de su informe, por la
que decidió no examinar la compatibilidad con las disposiciones de la OMC de los derechos
específicos sobre el calzado impuestos antes del establecimiento del Grupo Especial.  El razonamiento
jurídico del Grupo Especial basado en los precedentes sentados en el asunto Gasolina
1 y en el asunto
Camisas y blusas de la India2 ha reafirmado que la finalidad de los grupos especiales y del Órgano de
Apelación no es legislar ni aclarar las disposiciones de los Acuerdos fuera del contexto de una
determinada diferencia, sino atender a los argumentos presentados con respecto al asunto objeto de
examen.  Un grupo especial debe examinar únicamente los aspectos que resulten útiles para resolver
el litigio.  Para abordar una diferencia, es necesario que exista una litis acerca de medidas en vigor
que no haya sido examinada por el mecanismo de solución de diferencias de la OMC (excepto en los
casos en los que se trate de la aplicación de las recomendaciones del OSD conforme al párrafo 5 del
artículo 21 del ESD).  Si no fuera así, el mecanismo de solución de diferencias estaría sometido a una
presión adicional de las partes en los casos en que se le solicitase que determinara el alcance de una
obligación sin que hubiese una diferencia concreta o para obtener una segunda resolución sobre elmismo asunto fuera de los plazos previstos en el ESD.  En el presente caso, el Grupo Especial
coincidió con la postura de la Argentina sobre este punto.  Es posible que en adelante se examinen
problemas análogos en el mecanismo de solución de diferencias.
En lo que se refiere al derecho que conservan los Miembros de aplicar derechos específicos
sobre productos importados independientemente de si figuran en sus listas nacionales, el Órgano deApelación ha hecho una interpretación jurídicamente fundada de las obligaciones estipuladas en el
artículo II del GATT de 1994, que armoniza con la postura de la Argentina.  El representante agradece
al Órgano de Apelación el apartado a) del párrafo 87 de su informe, por el que modificó las
constataciones del Grupo Especial contenidas en los párrafos 6.31 y 6.32 del informe.  El Órgano de
Apelación llegó a la conclusión de que "... la aplicación de una clase de derechos diferente de la
establecida en la Lista de un Miembro es incompatible con lo dispuesto en la primera oración del
apartado b) del párrafo 1 del artículo II del GATT de 1994 en la medida en que da como resultado lapercepción de derechos de aduana propiamente dichos que exceden de los fijados en la Lista de ese
Miembro".  El Órgano de Apelación ha resuelto que existe una obligación de respetar el valor de la
concesión, pero que no hay ningún compromiso de los Miembros respecto de la clase de derecho:  es
decir, específico, ad valorem  o una combinación de ambos.  Este argumento ha sido desarrollado por
el Órgano de Apelación en el párrafo 47 de su info rme donde se declara:  "Una vez que una concesión
arancelaria ha sido acordada y consolidada en la Lista de un Miembro, la reducción de su valor
mediante la imposición de derechos que excedan de los consolidados socavaría el equilibrio de las
concesiones entre los Miembros."
Existen diversas clases de derechos que pueden aplicarse individualmente o en forma
combinada.  Pueden figurar en la Lista totalmente  o sólo de modo parcial.  Los Miembros violan su
obligación conforme al artículo II del GATT de 1994 sólo en la medida en que ello resulte en la
                                                     
1 WT/DS2.
2 WT/DS33.WT/DSB/M/45
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percepción de derechos de aduana ordinarios por encima de los previstos en la Lista.  Toda otra
interpretación del artículo II del GATT de 1994 equivaldría a dar a esta disposición un alcance
ultra vires  incompatible con la interpretación del Acuerdo por el Órgano de Apelación de acuerdo con
las reglas generales de interpretación de los tratados establecidas en la Convención de Viena .
En aras de la precisión y respondiendo a los argumentos de las partes en la diferencia y los
terceros, el Órgano de Apelación ha presentado ejemplos detallados de casos en que se han cobrado
derechos de aduana de una clase diferente a la de los contenidos en la Lista y que son compatibles con
el artículo II del GATT de 1994.  En ese sentido, el párrafo 54 del informe del Órgano de Apelación
afirma que "... es posible ... que un Miembro establ ezca mediante disposición legislativa un "techo" o
"tope" al nivel del derecho aplicado que asegure que, incluso si la clase de derechos aplicada difiere
de la fijada en la Lista de ese Miembro, los equivalentes ad valorem   de los derechos efectivamente
aplicados no excedan de los derechos ad valorem  fijados en la Lista del Miembro".  Las
constataciones del Órgano de Apelación que modifica ron las del Grupo Especial indicaron lo que es
ajustado al GATT de 1994 y señalaron lo que violaría las disposiciones de la OMC.  Esta conclusión
tiene un alcance clarísimo y proporciona a los Miembros directrices precisas para el futuro.
Por lo que hace a la cuestión de las obligaciones cruzadas y las consultas con el FMI, la
Argentina sostuvo ante el Órgano de Apelación que la tasa de estadística era el resultado denegociaciones con el FMI que llevaron a la conclusión de un acuerdo jurídicamente vinculante que
creó y continúa creando una obligación frente al FMI.  La Argentina afirmó que los Estados Unidos,
con su aquiescencia y su participación en el FMI, contribuyeron a crear la obligación de la Argentina
frente al Fondo.  Con otras palabras, el reclamante, que en la OMC aseguró que la tasa de estadística
era incompatible con el artículo VIII del GATT de 1994 y obtuvo al respecto conclusiones favorablesdel Grupo Especial y del Órgano de Apelación, contribuyó en 1995 a crear la obligación de la
Argentina frente al FMI.
Antes de abordar la cuestión jurídica substantiva, el representante observa que en el pasado la
Argentina ha coincidido con la posición de los Estados Unidos sobre el tema general de la coherencia.
Por ejemplo, cuando el Consejo General examinó el informe del Director General sobre la Aplicaciónde los Acuerdos entre la OMC y el FMI y el Banco Mundial en diciembre de 
3, la Argentina apoyó la
afirmación de los Estados Unidos en el sentido de que "coherencia" significaba que la OMC y el FMI
tenían que aplicar políticas que se apoyaran mutuamente y debían evitar dar a los gobiernos consejos
contradictorios.  La interpretación jurídica más reciente del término "coherencia" pondría  a un país en
desarrollo como la Argentina en una situación difícil.  Desde el punto de vista jurídico, este problema
interesaba al OSD en tres aspectos:  i) el valor de la aquiescencia como forma de conducta de un
país que despertaba expectativas en otro y que, como fuente de derechos y obligaciones, debíaexaminarse a la luz de las normas de interpretación de los tratados del derecho internacional público,
de conformidad con el párrafo 2 del artículo 3 del ESD;  ii) la existencia de obligaciones
vinculantes cruzadas e incompatibles;  iii) la importancia de consultar al FMI conforme a los
artículos 11 y 13 del ESD.  En opinión de la Argentina, la cuestión de la aquiescencia no es
meramente doctrinal ni constituye un argumento circunstancial sino una cuestión de derecho que elpaís esperaba que fuera reconocida por el Órga no de Apelación.  Por desgracia, no lo hizo.
A juicio de su delegación, puede interpretarse que la conducta de los Estados Unidos, que no
se opuso en el FMI a la tasa de estadística de la Argentina, creó una obligación que los Estados
Unidos no podían ignorar en la OMC.  No obstante, la Argentina abrigaba la esperanza de que el
Órgano de Apelación examinaría esta cuestión de derecho no resuelta e incompatible con losobjetivos del Acuerdo entre la OMC y el FMI y con sus disposiciones expresas.  Todos los Miembros
han contribuido a la redacción de ese Acuerdo, que es parte integrante de sus derechos y obligaciones.
                                                     
3 WT/GC/M/25.WT/DSB/M/45
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El Órgano de Apelación ha analizado los argu mentos del Grupo Especial con respecto a la
existencia de condicionalidades cruzadas y conflictos entre los compromisos de la Argentina ante
el FMI y sus obligaciones en virtud del Acuerdo sobr e la OMC.  Ha señalado, en el párrafo 68 de su
informe, que "... el Grupo Especial ofrece algunas explicaciones de por qué no había examinado los
argumentos aducidos por la Argentina", co nfirmando así que el Grupo Especial no examinó
los argumentos de la Argentina.  Esta afir mación del Órgano de Apelación parece confirmar el
argumento de la Argentina de que no hubo una "evaluación objetiva del asunto" con arreglo al
artículo 11 del ESD.  Sin efectuar este examen, el Grupo Especial llegó a la conclusión que figura en
el párrafo 5.3 de su informe, que ha sido confirmada por el Órgano de Apelación en el apartado c) del
párrafo 87 de su informe.
De este modo, sobre la base del párrafo 5.3 del informe del Grupo Especial, el Órgano de
Apelación ha formulado sus observaciones sobre los argumentos y el valor jurídico de las
disposiciones aducidas por la Argentina y ha manifestado en el párrafo 69 de su informe que "en esa
declaración está implícita la convicción del Grupo Especial de que la Argentina no había demostrado
de modo incontrovertible que el acuerdo concertado con el FMI prescribía que debía imponer la tasa
de estadística".  Este aserto, en que se centraban los debates sobre obligaciones cruzadas e
incompatibles ha confirmado que, si bien la Argentina no ha logrado demostrar que el FMI le exigíaque impusiese la tasa de estadística, por lo menos planteó elementos que indujeron al Grupo Especial
a considerar que podría haber una presunción de la existencia de esa obligación jurídica.  Sin
embargo, esta presunción no tuvo suficiente peso para que el Grupo Especial trasladase la carga de la
prueba y pidiese a los Estados Unidos que refutasen la existencia de la supuesta obligación.  Esto fue
confirmado por el Órgano de Apelación cuando afir mó que "… el Grupo Especial no parece haber
quedado convencido de que la Argentina hubiera concertado con el FMI un acuerdo que tuviera la
característica de ser jurídicamente vinculante".  El Acuerdo entre la Argentina y el FMI puede haber
disminuido las obligaciones de la Argentina en el marco del GATT y la OMC o haberla relevado de
ellas.  Pero lo que se necesita es determinar la naturaleza jurídica del Acuerdo y en qué medida es
vinculante.  Como consecuencia de esta incertidumbre acerca de la naturaleza jurídica delcompromiso, la Argentina continúa preguntando por qué el Grupo Especial no examinó la solicitud de
los Estados Unidos, apoyada por la Argentina, de consultar con el FMI.  Si la consulta hubiera
demostrado que los Estados Unidos tenían razón, no habría habido apelación sobre esta cuestión.  Si,
por el contrario, hubiera probado que la Argentina estaba en lo cierto, habría logrado demostrar que
existía una obligación cruzada incompatible con la Declaración de Coherencia.
4  La omisión de la
consulta con el FMI indujo al Órgano de Apelación a afirmar, en el párrafo 69 de su informe que "no
parece posible determinar el carácter jurídico preciso de ese Memorándum de Política Económica nien qué medida los compromisos asumidos por la Argentina en ese Memorándum constituyen
obligaciones jurídicamente vinculantes".  ¿Si el Órgano de Apelación no puede determinar esos
asuntos, quién puede hacerlo en una diferencia en el seno de la OMC?  Si la Argentina presentó una
apelación fundándose en que existía una obligación cruzada y la respuesta ha sido que no resultó
posible determinar la naturaleza jurídica de esa obligación porque en la etapa anterior delprocedimiento (es decir, durante las actuaciones del Grupo Especial) no se utilizaron los medios
apropiados para aclarar este punto, sólo cabe llegar a la conclusión de que hay una laguna en el ESD o
que no se ha observado correctamente el debido proceso con respecto a una de las partes en la
diferencia.  Parecería confirmarlo el análisis del Órgano de Apelación que llevó a la conclusión del
apartado d) del párrafo 87 de que el Grupo Especial no violó el artículo 11 del ESD al no haberconsultado al FMI.
Como se menciona en el párrafo 83 del informe del Órgano de Apelación, los Estados
Unidos, con el apoyo de la Argentina, solicitaron que el Grupo Especial consultara con el FMI.  El
                                                     
4 Declaración sobre la contribución de la Organi zación Mundial del Comercio al logro de una mayor
coherencia en la formulación de la política económica a escala mundial, en Los Resultados de la RondaUruguay - Los Textos Jurídicos, Secretaría del GATT (1994), página 460.WT/DSB/M/45
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Órgano de Apelación ha hecho hincapié en el caráct er discrecional de la facultad del Grupo Especial
de recabar información de expertos, como se dispone en el artículo 13 del ESD.
Aunque la Argentina no pone en duda el carácter discrecional del artículo 13 del ESD, queda
claro que en una diferencia de esa naturaleza, si un grupo especial hubiera actuado con arreglo a los
procedimientos aprobados en una organización qu e procura fomentar la "coherencia" con una
organización análoga, omitir las consultas no sería fomentar la coherencia sino privarse de elementos
objetivos para llegar a una determinación.  Incluso si la consulta no está comprendida en el
artículo XV del GATT de 1994 ni es de naturaleza jurisdiccional, habría contribuido a una evaluación
más precisa conforme al artículo 11 del ESD.  Lo ha confirmado el Órgano de Apelación en el
párrafo 86 de su informe en el que observa que el Grupo Especial no violó el artículo 11 del ESD al
no haber consultado al FMI, pero afirma, al mismo tiempo, que "quizás habría sido útil que el Grupo
Especial hubiera consultado con el FMI con respecto al carácter jurídico de la relación o el arregloentre la Argentina y el FMI en el presente asunto".  La Argentina coincide con esta afirmación y le
complace el reconocimiento del Órgano de Apelación, si bien lamenta que no haya influido en sus
constataciones.
Finalmente, señala la obligación de las partes, en virtud del párrafo 3 del artículo 21 del ESD,
de informar, dentro de los 30 días siguientes a la adopción de los informes, de sus propósitos encuanto a la aplicación de las recomendaciones del OSD.  El representante propone que, siguiendo una
práctica que tiene precedentes en el OSD, en lugar de hacer una declaración en una reunión del OSD,
la Argentina informe al Órgano de su propósito respecto de la aplicación de las recomendaciones
del OSD a más tardar el 22 de mayo de 1998, en una nota dirigida al Presidente del OSD para que se
distribuya a todos los Miembros.  Reafirma la adhesión de la Argentina al sistema de solución dediferencias.
La representante de los Estados Unidos responde a la declaración de la Argentina sobre su
interpretación de los informes del Grupo Especial y del Órgano de Apelación señalando las
conclusiones del informe del Grupo Especial que figuran en el párrafo 7.1, confirmadas por el Órgano
de Apelación.  El apartado a) del párrafo 7.1 establece que "los derechos específicos mínimosimpuestos por la Argentina a los textiles y el vestido son incompatibles con las prescripciones del
artículo II del GATT".  Además, en el apartado b) del párrafo 7.1 del informe del Grupo Especial se
afirma que "la tasa de estadística del 3 por ciento ad valorem  impuesta por la Argentina sobre las
importaciones es incompatible con las prescripciones del artículo VIII del GATT".  Los Estados
Unidos trabajarán conjuntamente con la Argentina en forma bilateral sobre el procedimiento
propuesto con la intención de confirmar que se mantengan los derechos y obligaciones de ambas
partes como si se hubiese celebrado una reunión conforme al párrafo 3 del artículo 21 del ESD.
El representante de la Argentina cree que las observaciones formuladas por los Estados
Unidos reflejan su propia visión del informe del Grupo Especial.  La Argentina está dispuesta a
trabajar con los Estados Unidos de modo que queden a salvo los derechos y obligaciones de las partes
en la diferencia como si se hubiese celebrado una reunión del OSD conforme al párrafo 3 del
artículo 21 del ESD de acuerdo con la jurisprudencia del OSD.
El representante de las Comunidades Europeas dice que las Comunidades están en general
satisfechas con el informe del Órgano de Apelación ya que se ha hecho cargo de la mayoría de los
argumentos jurídicos expuestos por las Comunidades en su presentación en calidad de tercero.
En primer lugar, el Órgano de Apelación ha  confirmado las conclusiones del Grupo Especial
según las cuales el sistema de derechos específicos de la Argentina ha dado como resultado unainfracción de sus obligaciones conforme al artículo II del GATT de 1994 en todas las categorías
arancelarias que el régimen abarca.  Además, el Órgano de Apelación ha considerado acertadamente
que la misma naturaleza de los derechos específicos mínimos significa que las operaciones por debajoWT/DSB/M/45
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de determinado nivel de precios darían siempre como resultado una infracción del artículo II
del GATT de 1994 con respecto a todas las categorías arancelarias y que no es, por lo tanto, necesario
demostrar que el régimen infringe el artículo II en todas y cada una de las operaciones de importación.
En segundo lugar, el Órgano de Apelación ha apoyado el parecer de las Comunidades de que
la aplicación de una clase de derecho diferente del previsto en la Lista de un Miembro es compatiblecon el apartado b) del párrafo 1 del artículo II del GATT de 1994 siempre que no dé como resultado la
percepción de derechos por encima de la consolidación.  El Órgano de Apelación ha observado que no
había obligación conforme al artículo II de imponer únicamente la clase de derechos mencionada en la
Lista.  El Órgano de Apelación ha reconocido pues implícitamente que el cambio de la clase de
derechos no constituye en sí mismo una reducción del valor de las concesiones arancelarias.  Ha
desechado los argumentos del Grupo Especial de que la práctica del GATT ha establecido claramente
que un cambio de la clase de derechos es contrari o al artículo II sobre la base de que ningún grupo
especial ha abordado aún la cuestión concreta que se examina, que los informes de los grupos de
trabajo no dieron lugar a que las Partes Contratantes formularan recomendaciones de conformidad con
el artículo XXIII del GATT de 1994 y que los informes no adoptados de los grupos especiales
carecían de valor normativo en el sistema de la OMC.
En tercer lugar, el Órgano de Apelación ha confirmado las constataciones implícitas del
Grupo Especial de que la Argentina no ha de mostrado que estuviera ligada con el FMI por un
compromiso jurídicamente vinculante de imponer una tasa de estadística del 3 por ciento y
que esa circunstancia pudiera prevalecer sobre las obligaciones de la Argentina en virtud del
artículo VIII del GATT de 1994.  El Órgano de Apelación ha observado que la Argentina no ha
demostrado que exista una incompatibilidad irreconciliable entre lo dispuesto en el Memorándum deEntendimiento con el FMI y lo dispuesto en el  artículo VIII del GATT de 1994.  El Órgano de
Apelación ha recordado además con razón qu e no hay ninguna disposición de los acuerdos
y declaraciones concertados entre el FMI y la OMC que justifique la conclusión de que el
compromiso de un Miembro frente al FMI deba prevalecer sobre sus obligaciones en virtud del
artículo VIII del GATT de 1994.  En cuarto lugar, las Comunidades toman nota de la determinacióndel Órgano de Apelación de que los grupos especiales conservan un amplio margen de maniobra, con
arreglo al artículo 11 del ESD, con respecto a la posibilidad de admitir pruebas presentadas
tardíamente en el curso del procedimiento;  es decir, pocos días antes de la segunda reunión
substantiva del Grupo Especial con las partes.
El OSD toma nota de las declaraciones formuladas y adopta
 el informe del Órgano de
Apelación contenido en el docu mento WT/DS56/AB/R y Corr.1 y el informe del Grupo Especial que
figura en el documento WT/DS56/R, modificado por el informe del Órgano de Apelación.
El representante del FMI, hablando en calidad de observador, agradece al OSD la oportunidad
de hablar sobre este asunto.  Este caso, que es objeto del informe del Órgano de Apelación que
el OSD tiene ante sí en la presente reunión, plantea dos cuestiones generales al FMI.  Primeramente,
como consta en actas, se ha citado un programa apoyado por el FMI como justificación de una medida
que se sostiene entraña una violación del GATT.  La cuestión plantea preguntas sobre los hechos queel FMI está singularmente calificado para contestar.  Además, la OMC y el FMI tienen entre sí una
vinculación especial, dada la historia de las relaciones entre el FMI y el GATT, la cooperación entre
ambas instituciones durante los últimos años y el Acuerdo de Cooperación FMI/OMC.  En vista de
esta relación especial, el interés del FMI por los asuntos referentes a su condicionalidad y el derecho
de los grupos especiales a recabar información de expertos conforme al artículo 13 del ESD, elrepresentante desea hacer constar el vivo interés del FMI en ser consultado por los grupos especiales
en casos semejantes.  En segundo lugar, la comunidad comercial internacional puede estar segura de
que es política general del FMI no propugnar medidas que resulten incompatibles con las obligaciones
de los Miembros en el marco de la OMC.WT/DSB/M/45
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El representante de la India dice ser consciente de que el OSD ya ha adoptado los informes
del Órgano de Apelación y del Grupo Especial sobre este asunto.  Toma nota de las declaraciones
hechas por la Argentina, los Estados Unidos y la s Comunidades Europeas.  La India necesitará algún
tiempo para captar toda la importancia de estas declaraciones.  Ha pedido la palabra, después de la
declaración formulada por el FMI en calidad de observador, con el fin de manifestar que sudelegación ha tomado nota cuidadosamente de las observaciones del FMI.  A juicio de su delegación,
estas observaciones planteaban ciertas cuestiones sistémicas.  Su delegación, como muchas otras,
participó en las negociaciones del Acuerdo entre la OMC y el FMI, así como en la Decisión del
Consejo General acerca de este Acuerdo.
5  La India no interpreta la segunda parte del apartado a) del
párrafo 4 de la Decisión en el sentido de que el FMI pueda hacer observaciones como las formuladas
en la presente reunión.  En consecuencia, es preciso reflexionar con cautela sobre esta situación.  La
India se reserva sus derechos a plantear este asunto en el Consejo General, de ser necesario, en unmomento oportuno, a la luz de su interpretación del apartado a) del párrafo 4 de la Decisión del
Consejo General.  El representante no tiene inconveniente en que el OSD tome nota de la declaración
del FMI.
El OSD toma nota de las declaraciones formuladas.
3. Japón - Medidas que afectan a las películas y el papel fotográficos de consumo
- Informe del Grupo Especial (WT/DS44/R)
El Presidente recuerda que en su reunión del 16 de octubre de 1996, el OSD estableció un
Grupo Especial para que examinase la reclamación de los Estados Unidos.  Posteriormente, el informe
del Grupo Especial que figura en el documento WT /DS44/R se distribuyó el 31 de marzo de 1998 y
está ahora, a solicitud del Japón, ante el OSD para su adopción.  De conformidad con el párrafo 4 delartículo 16 del ESD, el procedimiento de adopción  se entiende sin perjuicio del derecho de los
Miembros a exponer sus opiniones sobre el informe del Grupo Especial.
El representante del Japón dice que su Gobierno ha recibido con beneplácito las conclusiones
del Grupo Especial de que las supuestas medidas del Japón no anulan ni menoscaban las
ventajas resultantes para los Estados Unidos en el sentido del apartado b) del párrafo 1 delartículo XXIII del GATT de 1994, ni violan el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, ni el
párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994.  Este complejo caso se refería a medidas correctivas de la
anulación o el menoscabo sin violación de disposiciones, que tradicionalmente se han tratado como
excepcionales en la solución de una diferencia y se han abordado con cautela.  Sin embargo, tras un
profundo y objetivo examen de los argumentos de las partes en la diferencia, el Grupo Especial llegó
a conclusiones adecuadas.  Aunque el Grupo Especi al no ha dado por buenos todos los argumentos
esgrimidos por el Japón, sus constataciones y conclusiones se basan en una evaluación objetiva de loshechos y se apoyan en gran medida en sólidos razonamientos.  En particular, el Japón está satisfecho
con las siguientes constataciones:  i) el Grupo Especial ha constatado que para quedar comprendida en
los términos del párrafo 2 del artículo 6 del ESD, una medida no expresamente descrita en una
solicitud de establecimiento del Grupo Especial debe ser subsidiaria o estar estrechamente relacionada
con una medida identificada específicamente en la solicitud de forma que se indique suficientementeel alcance de las pretensiones;  ii) el Grupo Especial ha reconocido que la medida correctiva en los
casos en que no existe infracción debe ser objeto de un enfoque prudente y ha de seguir siendo una
acción excepcional;  iii) con respecto a la cuestión de si una medida es razonablemente prevista por la
parte reclamante en el contexto de las reclamaciones en los casos en que no existe infracción, el
Grupo Especial ha establecido una directriz apropiada:  es decir, que al mostrar que ciertas medidas seintrodujeron antes de la conclusión de las negociaciones arancelarias, la parte demandada ha hecho
nacer una presunción de que la parte reclamante debiera haber previsto las medidas, por lo que
                                                     
5 WT/L/194.WT/DSB/M/45
Página 10
corresponde a esa parte refutar esa presunción;  iv) el Grupo Especial ha constatado que la parte
reclamante debe mostrar que hay una clara relación entre las medidas y los efectos desfavorables
sobre la pertinente relación de competitividad entre las importaciones y los productos nacionales y
que los Estados Unidos no lo han hecho así.  A este respecto, el Grupo Especial ha constatado
asimismo que las reclamaciones sobre los "efectos combinados" de las supuestas medidas debenabordarse con cautela, por lo cual se requerirá de la parte reclamante que presente más argumentos o
pruebas en apoyo de su reclamación en el sentido de que todas las medidas han actuado de concierto
en menoscabo de las condiciones competitivas de acceso al mercado para las películas y el papel
importados.  El Japón cree que estas constataciones del Grupo Especial, así como sus conclusiones,
no sólo sirven para obtener una solución satisfactoria de esta diferencia, sino que sientan además un
importante precedente para guiar el futuro funcionamiento del sistema de solución de diferencias.  La
delegación del representante pide que el OSD adopte este informe de conformidad con el párrafo 4 delartículo 16 del ESD y espera que los Estados Unidos lo respeten plenamente.
El representante desea igualmente expresar la preocupación del Japón con respecto a
dos puntos concretos contenidos en el informe del Grupo Especial a la luz del carácter excepcional de
la medida correctiva en los casos en que no existe infracción.  Primeramente, en lo referente a la
cuestión de qué constituye una "medida" en el sentido del apartado b) del párrafo 1 del artículo XXIII,el Grupo Especial ha asignado demasiada importancia a la necesidad de adoptar una definición amplia
del término "medida".  El Grupo Especial ha constatado además que una medida adoptada por
particulares puede considerarse como gubernamental si hay suficiente participación del Gobierno.  En
la aplicación de este criterio a las supuestas medidas examinadas, el Grupo Especial ha hecho una
determinación positiva.  Si bien el Japón no discrepa del parecer del Grupo Especial de que esimportante no definir de forma injustificadamente restrictiva las medidas que se consideran abarcadas
por el párrafo 1 b) del artículo XXIII, estima que el enfoque del Grupo Especial debe ser tratado con
precaución en casos futuros.  De no ser así, se podría considerar a un gobierno responsable de actos
que escapan a su control lo que podría acarrear una ampliación de la medida correctiva en los casos en
que no existe violación de las disposiciones.
En segundo lugar, aunque el Grupo Especial ha constatado que la parte reclamante tiene que
demostrar una clara relación causal entre las medida s de que se trate y la anulación o el menoscabo de
los beneficios, ha afirmado también que, al determinar el grado de causalidad que se ha de demostrar,
la cuestión es saber "si [una medida] ha contribuido de forma apreciable a la anulación o menoscabo".
Independientemente de la intención del Grupo Especial, preocupa al Japón que esta declaración, que
puede dar la impresión de que el Grupo Especial ha adoptado un patrón menos exigente para la
determinación de la causalidad, podría ser objeto de abuso en casos futuros.
El representante quisiera expresar su sincero aprecio al Grupo Especial y a la Secretaría por el
tiempo y los esfuerzos que han invertido.  Por más que este caso no sólo es complejo sino también
controvertido y muy comentado, el Grupo Especial lo ha examinado y ha alcanzado sus conclusiones
de manera objetiva e imparcial, como lo prueba la calidad de su informe.  El Japón cree que la labor
de este Grupo Especial ha demostrado claramente la credibilidad del mecanismo de solución dediferencias en lo referente al mantenimiento de los derechos y obligaciones de los Miembros
conforme al Acuerdo sobre la OMC.
La representante de los Estados Unidos dice que su país discrepa mucho de la constatación
del Grupo Especial.  Los Estados Unidos creen que el Grupo Especial no ha tenido suficientemente en
cuenta la pruebas de los efectos combinados de las medidas del Japón y de su responsabilidad por elcomportamiento del sector privado en este caso.  Los Estados Unidos sometieron al Grupo Especial
un amplio conjunto de obstáculos impuestos y mantenidos por el Japón mediante una elaborada
combinación de medios no transparentes, formales e informales.  Cada vez que el Japón ha reducido
los aranceles en este sector, ha adoptado disposiciones deliberadas, completas y sistemáticas para
compensar las concesiones arancelarias que ha otorgado.  Algunas medidas han apuntadoWT/DSB/M/45
Página 11
directamente a las películas y el papel, otras se han aplicado con mayor amplitud.  Algunas parecen
flagrantemente proteccionistas, otras son aparentemente neutras y su efecto protector resulta evidente
sólo al ser aplicadas.
Estas medidas disminuyen las oportunidades de competir de los materiales fotográficos
importados y cada una de ellas ha servido para reforzar la protección que ofrecen las demás.  Enconjunto, han formado una estructura del mercado concebida para excluir las importaciones.  Las
consecuencias de los esfuerzos del Japón por reestructurar la distribución en el sector fotográfico
constituyen un testimonio irrefutable del poder de esas medidas.  Los fabricantes extranjeros de
material fotográfico se ven eficazmente impedidos de llegar a los puntos de venta al por menor.
Mientras que casi el 100 por ciento de la película nacional continúa distribuyéndose por conducto de
los principales mayoristas, ni uno de los grandes mayoristas de artículos fotográficos del ámbito
nacional del Japón comercia en material extranjero.  Menos del 3 por ciento de toda la películavendida por conducto de las canales mayoristas era importada.
Para desempeñarse eficazmente en el mercado de las películas y el papel fotográficos del
Japón, los productores extranjeros tienen que atacar directamente una estructura cuidadosamente
construida que se apoya en un poderoso consenso del Gobierno y la industria.  No es sorprendente que
virtualmente todos los intentos de los productores extranjeros por conseguir el acceso al sistema dedistribución hayan fracasado, porque esos intentos requieren mucho más que tácticas empresariales.
La participación del Ministerio de Comercio Exterior y de Industria y de otros organismos japoneses
ha sido indispensable para el buen éxito del plan de reestructuración.  No podía producirse -y no se
produjo- por mera coincidencia ni únicamente merced a los esfuerzos privados.
Sigue existiendo un grave problema de acceso al mercado.  Los Estados Unidos vigilan los
acontecimientos en el mercado japonés de material fotográfico con el fin de determinar si el Japón
actúa conforme a las múltiples declaraciones formales que hizo ante este Grupo Especial sobre la
actual apertura de su mercado.  Los esfuerzos de vigilancia de los Estados Unidos se centrarán en la
disponibilidad de marcas extranjeras en los canales de distribución del Japón, el número y tipo de
establecimientos minoristas que venden productos fotográficos y la existencia, por volumen, demarcas extranjeras en estos puntos de venta.  El informe del Grupo Especial no ha disminuido la
determinación de los Estados Unidos de lograr el acceso a este mercado.  Tampoco la adopción del
informe del Grupo Especial exonera en manera alguna un sistema económico desfavorable para las
importaciones.  El mundo reconoce, como lo hace el Japón, que debe estimular su economía,
fortalecer su sistema financiero, abrir sus mercados, desreglamentar activa y urgentemente su
economía, fundamentalmente reformar su sistema de distribución y eliminar las prácticas
empresariales excluyentes que limitan no sólo las importaciones sino también la competencia y elcrecimiento económico del Japón.
El representante del Japón dice que en interés de la credibilidad del mercado de su país, desea
hacer algunas observaciones con respecto a la declaración de los Estados Unidos.  La estructura del
mercado del Japón y su sistema de distribución fueron examinados a fondo ante el Grupo Especial de
manera prolongada y sobre la base de diversos documentos.  Por consiguiente, no desea reiterar estosargumentos.  Subraya que es importante señalar las conclusiones del Grupo Especial en el sentido de
que "no estamos convencidos de que haya un nexo significativo entre las Directrices de 1970 y esta
estructura del mercado, que databa de mucho antes.
6  Las Directrices de 19707 son la medida clave
que los Estados Unidos han aducido en el contexto de la reclamación en un caso en que no existe
infracción conforme al apartado b) del párrafo 1 del artículo XXIII del GATT de 1994.  El Grupo
                                                     
6 WT/DS44/R, párrafo 10.173.
7 Directrices para la racionalización de las condic iones de comercio de las películas fotográficas
de 1970.WT/DSB/M/45
Página 12
Especial observó asimismo que, como lo sostuvo el Japón y no lo contradijeron los Estados Unidos, la
distribución al por mayor de una sola marca es la estructura común de los mercados.  Es una norma
que prevalece en todos los grandes mercados del mundo, inclusive el de los Estados Unidos.  Los
Estados Unidos respondieron que la estructura de su mercado era el resultado de medidas privadas y
no gubernamentales.  No está claro por qué las mismas fuerzas económicas que actúan en los EstadosUnidos no habrían de existir también en el Japón.  El párrafo antes mencionado demuestra que el
mercado del Japón no es diferente del de los Estados Unidos.  El representante abriga la esperanza de
que los miembros del OSD tendrán esto presente.  Con respecto a la vigilancia del mercado de
películas fotográficas del Japón por los Estados Unidos, dice que el Japón no viola las disposiciones
del GATT.  Si hubiere algún problema, los Estados Unidos pueden plantearlo en la OMC ya que no se
trata de un asunto bilateral.
El representante de las Comunidades Europeas dice que el informe de este Grupo Especial
tiene importantes consecuencias sistémicas, tanto por lo que se refiere al enfoque general de los casos
en que no existe infracción como con respecto a sus efectos sobre el debate acerca del comercio y la
competencia en el seno de la OMC.  Las Comunidades, que han participado como tercero en las
actuaciones del Grupo Especial tienen importantes intereses comerciales en esta diferencia.  Estos
intereses se relacionan en particular con las preocupaciones por las dificultades existentes para elacceso a los canales de distribución de los productos fotográficos importados en el Japón.  En la
presente reunión, no desea hacer observaciones sobre los puntos concretos de esta diferencia sino
indicar las cuestiones sistémicas que, en opinión de las Comunidades, merecen particular atención
dentro del marco de la OMC.  Desde la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, es ésta la primera
vez que un Grupo Especial ha abordado, en cuanto al  fondo, el alcance de las medidas correctivas en
los casos en que no existe infracción.  Las Comunidades, que siempre han abogado por un enfoque
cauteloso de los casos en que no existe infracción, apoyan el cauto criterio del Grupo Especial.  El
Grupo Especial ha puesto claramente de relieve que "se trata de una acción excepcional, en la que la
parte reclamante ha de apoyar con una justificación detallada  sus reclamaciones" (párrafo 10.30).  Las
Comunidades hacen suya sin reservas la afir mación del Grupo Especial de que "los Miembros
negocian las normas que convienen en seguir y sólo excepcionalmente prevén la posibilidad de que se
dirijan contra ellas impugnaciones por medidas que no infringen esas normas" (párrafo 10.36).  Al
llevar a cabo su análisis en un caso en que no existe infracción, el Grupo Especial ha adoptado una
definición amplia de lo que constituye una medida oficial, a la vez que establece un claro requisito de
causalidad entre las medidas atribuidas al Gobi erno y la anulación o el menoscabo.  En términos
generales, las Comunidades consideran que éste es un enfoque jurídicamente correcto, que logra el
justo equilibrio entre el carácter excepcional de la medida correctiva en los casos en que no existeinfracción y la necesidad de abarcar diferentes tipos de intervención del Gobierno, que perturban la
relación de competencia entre productos nacionales e importados.
El representante quisiera igualmente compartir algunas consideraciones generales con
respecto a las consecuencias de esta resolución para el debate en curso en la OMC acerca de la
interfaz entre comercio y competencia.  Una lectura cuidadosa del informe del Grupo Especialmuestra que este último no ha resuelto si, como resultado de prácticas anticompetitivas privadas, se
perturbó la relación de competencia entre los productos nacionales y los importados.  En cambio, se
ha centrado en determinar si la anulación o el menoscabo podía atribuirse a medidas tomadas por el
Gobierno.  Las Comunidades consideran que ese criterio está plenamente justificado conforme a las
reglas vigentes de la OMC.  En su presenta ción al Grupo Especial en calidad de tercero, las
Comunidades han subrayado dos puntos.  Primeramente, han observado que el respeto de las reglas de
competencia no era una cuestión que estuviese sometida al Grupo Especial.  En segundo lugar,
hicieron hincapié en que algunos aspectos de la diferencia confirmaban el interés y la necesidad de un
marco internacional de reglas de competencia dentro del sistema de la OMC.  El orador cree, por lo
tanto, que es conveniente y oportuno que los Miembros reflexionen sobre las consecuencias de laresolución del Grupo Especial en relación con la labor en curso en la OMC en la esfera del comercio y
la competencia.  Independientemente de los hechos en un caso particular, queda claro que lasWT/DSB/M/45
Página 13
prácticas anticompetitivas pueden ejercer un efecto apreciable de preclusión del mercado y denegar
los beneficios de la liberalización del comercio.  El impacto comercial de tales prácticas no depende
del grado de intervención de los gobiernos.  La OMC necesita establecer un enfoque multilateral para
enfrentarse con las prácticas anticompetitivas que se apoye en reglas mutuamente acordadas y en una
más estrecha cooperación entre las autoridades en materia de competencia.  Los Miembros deberíanestar dispuestos a aceptar disciplinas básicas relativas a la adopción y la observancia de legislación
sobre la competencia, así como a cooperar con otros Miembros cuando las prácticas anticompetitivas
tengan consecuencias adversas para los objetivos de apertura de los mercados.  Ese enfoque reforzaría
el sistema multilateral de comercio y ayudaría a abordar mejor las discrepancias entre los Miembros
acerca de los efectos de las prácticas anticompetitivas sobre el comercio internacional.  Las
Comunidades confían, pues, en que la resolución de este Grupo Especial provocará una
intensificación de los debates relativos a la interacción entre comercio y política en materia decompetencia en el marco del Grupo de Trabajo creado con esta finalidad.
El OSD toma nota de las declaraciones formuladas y adopta
 el informe del Grupo Especial
contenido en el documento WT/DS44/R.4. Comunidades Europeas - Régimen para la importación, venta y distribución de bananos
- Declaración del Ecuador, los Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México y
Panamá sobre la aplicación de las recomendaciones del OSD
El representante del Ecuador, hablando en  nombre de los Estados Unidos, Guatemala,
Honduras, México y Panamá, recuerda que el 14 de enero de 1998 la Comisión Europea adoptó una
propuesta de modificación del régimen de importación de bananos de las CE.  Desde entonces, los
seis países han continuado indicando que esta propuesta es incompatible con las obligaciones queincumben a las Comunidades en el marco de la OMC y han solicitado que el Consejo de las CE
enmiende esta propuesta con el fin de ponerla en conformidad con las obligaciones que corresponden
a las CE en el marco de la OMC.  Señala la declaración de los seis países, de fecha 5 de febrero
de 1998, que figura en el documento WT/DSB/COM/4.  Lamentablemente, como respuesta a las
preocupaciones en ella expresadas, se han formula do nuevos argumentos para justificar el propuesto
mantenimiento de los principales elementos discriminatorios del régimen vigente.  En la presente
reunión, en nombre de los seis países, el representante desea hacer una declaración cuyo texto puede
obtenerse en la sala.  Esta declaración se refiere a ciertos argumentos que se han expuesto en defensa
de la posición de las Comunidades, y explica que estos nuevos argumentos no han alterado la posición
de los seis países en el sentido de que la propuesta de la Comisión es incompatible con la OMC.
En los últimos cinco años, las Comunidades han hecho una serie de alegaciones para justificar
sus reglamentaciones sobre los bananos.  Durante dos procedimientos sucesivos de grupos especialesdel GATT
8, las Comunidades han intentado justificar sus medidas alegando que el Convenio de Lomé
-programa de preferencias no recíprocas y en una sola dirección- es una zona de libre comercio
comprendida en el artículo XXIV del GATT de 1994.  Ambos grupos especiales rechazaron esta
reclamación.  En el caso más reciente9, las Comunidades han sostenido que los compromisos de la
Ronda Uruguay las han eximido de todas las oblig aciones de no discriminación y que la exención
relativa al Convenio de Lomé les ha permitido discriminar contra sus interlocutores comerciales
siempre que decidan que el Convenio de Lomé ex ige esa discriminación.  El Grupo Especial y el
Órgano de Apelación han rechazado estas alegac iones.  No obstante, las Comunidades siguen
formulando nuevas alegaciones con objeto de justificar la reciente propuesta incompatible con la
                                                     
8 DS32/R; DS38/R.
9 WT/DS27.WT/DSB/M/45
Página 14
OMC.  Estas alegaciones no tienen más fundamento jurídico que las que hicieron en el pasado y que
fueron rechazadas.
El representante señala la siguiente alegación:  La propuesta de la Comisión es compatible
con la OMC porque concede únicamente a los países ACP preferencias arancelarias comprendidas
en la exención relativa al Convenio de Lomé .  El Órgano de Apelación ha constatado que las actuales
asignaciones de cuotas tradicionales y no tradicionales de contingentes arancelarios son incompatibles
con el artículo XIII del GATT de 1994 (párrafos 159 a 162) y no están comprendidas en la exención
relativa al Convenio de Lomé que sólo es aplicable a las violaciones del artículo I (párrafo 188).  El
permanente intento de justificar las asignaciones discriminatorias a favor de los abastecedores ACP
como una violación del artículo I, y no del artículo XIII, no sólo contraviene las conclusiones del
Órgano de Apelación fundadas en la premisa de que el artículo XIII se aplica a las ventajas no
arancelarias, sino que ésta además es incompatible con el texto de este artículo.  Como observael Órgano de Apelación, lo dispuesto en materia de no discriminación en el párrafo 5 del
artículo XIII "es aplicable también a los contingentes arancelarios" (párrafo 160).  Dado que la
asignación de cuotas actual y propuesta de las Comunidades a los abastecedores ACP constituye
contingentes arancelarios, es explícitamente aplicable la obligación prevista en el artículo XIII.  La
propuesta de la Comisión  reconoce también que la importación de bananos no sería comercialmenteviable con un tipo de 765 ecus por tonelada para las cantidades no comprendidas en el contingente
arancelario.  Si las asignaciones de contingentes a los abastecedores ACP fueran puramente una
"ventaja arancelaria", el Órgano de Apelación no habría comparado el trato mediante asignaciones de
cuotas a los abastecedores ACP con el acordado a Guatemala, Honduras y México (párrafo 159) al
constatar una violación del artículo XIII.  Ni habría tenido que examinar la aplicación de la exención alas violaciones del artículo XIII (párrafos 179 a 188).  Lo que es más:  el Órgano de Apelación ha
confirmado las conclusiones del Grupo Especial rechazando el argumento de las Comunidades de que
se prescinda del artículo XIII con respecto a las asignaciones a países ACP (párrafo 191).  En este
sentido, el Órgano de Apelación ha confirmado la constatación del Grupo Especial que figura en el
párrafo 7.82 de su informe.  Al rechazar la argumentación de las Comunidades de que las
asignaciones a países ACP no estarían sometidas al artículo XIII porque constituyen un régimen
preferencial distinto, el Grupo Especial manifestó que  "no aplicar el artículo XIII equivaldría a otorgar
a esos  Miembros un trato preferencial que vendría a sumarse a la preferencia arancelaria"
(párrafo 7.80).
El representante señala la siguiente alegación:  Las Comunidades sólo tienen que llegar a un
arreglo con los cuatro países que son abastecedores sustanciales -Costa Rica, Colombia, el Ecuador
y Panamá- para cumplir las obligaciones que les incumben en el marco de la OMC .  Las obligaciones
en el marco de la OMC se aplican a todos los Miembros y las medidas de las CE con respecto a las
asignaciones de contingentes y la distribución de licencias deben quedar  armonizadas con el Acuerdo
sobre la OMC para el 1º de enero de 1999.  Además, las Comunidades están comprometidas a aplicar
todas las recomendaciones y resoluciones del Grupo Especial y del Órgano de Apelación.  A este
respecto, como lo indica el Órgano de Apelación en el párrafo 161 de su informe, incluso si se llega auna avenencia con todos los Miembros que tengan un interés substancial, toda asignación, incluso la
asignación a Miembros que no tengan un interés sustancial, "debe estar sujeta al principio básico de
no discriminación" contenido en el párrafo 1 del artículo XIII.  Con la creación de un contingente
arancelario distinto, menos favorable, para el banano latinoamericano, la propuesta actual discrimina
contra todos los abastecedores latinoamericanos -sustanciales y no sustanciales- a favor de losabastecedores ACP no sustanciales.  La no violación del principio de no discriminación con referencia
a las asignaciones de contingentes arancelarios sólo se podría garantizar respetando plenamente las
disposiciones pertinentes del artículo XIII.
El representante señala la siguiente alegación:  Las Comunidades tienen derecho a mantener
la cantidad de 2,2 millones de toneladas comprendi das dentro del contingente.  Ampliarla a fin de
crear un único contingente que abarcase la totalidad de las cantidades de ACP y América Latina iríaWT/DSB/M/45
Página 15
más allá de lo requerido para la aplicación de los informes del Grupo Especial y el Órgano de
Apelación .  Como lo confirman el Grupo Especial (pár rafos 7.67 a 7.77) y el Órgano de Apelación
(párrafos 159 a 162), el artículo XIII prohibe toda asignación de contingentes arancelarios,
independientemente de si es o no notificada en las Listas, a menos que todos los Miembros sean
objeto de la misma restricción, basada en una distribución del comercio que habría tenido lugar si noexistieran restricciones.  Una cantidad dentro del contingente enunciada en una Lista es una concesión
-una promesa de no reducir el acceso- no un derecho del país importador a mantener ese trato si
sus obligaciones en el marco de la OMC requieren que modifique la asignación general del
mercado porque la asignación existente discrimina a favor de otros abastecedores.  Dado que el
contingente arancelario actual y propuesto para el banano latinoamericano, inclusive la propuesta
de 2,2 millones de toneladas, discrimina contra los proveedores latinoamericanos y es diferente de la
asignación del contingente arancelario propuesta para los abastecedores ACP, la distribución delmercado actual y la propuesta son incompatibles con el artículo XIII.  Si las Comunidades optan por
restringir el acceso a su mercado de conformidad con las prescripciones fundamentales de no
discriminación del artículo XIII -como las interpretan el Grupo Especial y el Órgano de Apelación-
deberá exigírseles que establezcan un único contingente arancelario dentro del cual todos los
abastecedores, inclusive los países ACP, puedan competir.
El representante señala la siguiente alegación:  La imposición de un arancel de 300 ecus por
tonelada a 353.000 toneladas de importaciones procedentes de terceros países es compatible con las
obligaciones que corresponden a las Comunidades en el marco de la OMC.  Al parecer, las
Comunidades ponen en tela de juicio los compromisos que han asumido en la Ronda Uruguay de
mantener un arancel de 75 ecus por tonelada.  En 1994, Colombia y Costa Rica, dos abastecedoressustanciales, convinieron en la imposición de un contingente arancelario al banano latinoamericano
que reemplazó los regímenes anteriores de los Estados miembros que habían en gran medida
permitido un acceso y un aumento de las importaciones sin restricciones para los bananos
latinoamericanos.  Convinieron asimismo en renunciar a sus derechos conforme al GATT de
impugnar otros aspectos del régimen aplicable al banano, en particular las disposicionesdiscriminatorias sobre licencias.  Obtuvieron a cambio de las Comunidades dos importantes
concesiones;  es decir, un arancel consolidado dentro del contingente de 75 ecus por tonelada y
pequeños aumentos en la cantidad comprendida en el contingente sujeta a ulteriores aumentos como
consecuencia de la ampliación de las CE.  En 1995, tras la adhesión de Austria, Finlandia y Suecia a
la CE, la cantidad comprendida en el contingente de 2,2 millones de toneladas se aumentó
en 353.000, con un tipo arancelario de 75 ecus por tonelada.  La actual propuesta de imponer un
arancel mucho más restrictivo de 300 ecus a las 353.000 toneladas haría el régimen para los bananosaplicable a los abastecedores latinoamericanos aún más proteccionista e impondría una nueva carga a
las exportaciones latinoamericanas, lo que plantea serias dudas sobre su compatibilidad con la OMC.
El representante señala la siguiente alegación:  El Órgano de Apelación permite a las CE
conceder asignaciones hasta las mayores cantidades que hayan obtenido ("best-ever" quantities) por
los abastecedores ACP .  El informe del Órgano de Apelación deja en claro que las actuales
asignaciones de esas cantidades para abastecedores ACP tradicionales y no tradicionales no son
compatibles con las obligaciones que corresponden a las CE en el marco de la OMC,
independientemente de lo que pueda exigir el Convenio de Lomé.  En los informes del Grupo
Especial y del Órgano de Apelación, la cuestión de lo que exige el Convenio de Lomé es sólo
pertinente en cuanto se refiere a la exención del artículo I para el trato preferencial "exigido por elConvenio de Lomé".  El Órgano de Apelación ha aclarado que al margen de que ciertas medidas
puedan ser "exigidas por" el Convenio de Lomé, siguen siendo incompatibles con la OMC a menos
que se cumplan todas las condiciones de la exención relativa al Convenio o se satisfagan todas las
obligaciones en el marco de la OMC.  No se exige a las Comunidades que equilibren las obligaciones
que les corresponden en el marco de la OMC y el Convenio de Lomé, sino que aseguren que surégimen se ajuste plenamente a las disposiciones de la OMC (párrafos 164 a 168).  El Órgano
de Apelación ha constatado que la exención relativa al Convenio de Lomé no exime de lasWT/DSB/M/45
Página 16
obligaciones que pesan sobre las Comunidades conforme al artículo XIII, que se aplica a todas las
cuotas de mercado (párrafo 188).  A este respecto ha revocado las conclusiones que figuran en el
párrafo 7.110 del informe del Grupo Especial.  En consecuencia, no se permite el régimen de
asignaciones de contingentes de las CE, independientemente de lo que pueda exigir el Convenio de
Lomé, a menos que todos los aspectos de ese régimen se ajusten a lo dispuesto en el artículo XIII.Tanto el régimen actual como la nueva propuesta de las CE violan las prescripciones sobre no
discriminación del artículo XIII.  El Órgano de Apelación ha confirmado expresamente
las conclusiones del Grupo Especial de que todas las asignaciones a los abastecedores ACP
son incompatibles con el artículo XIII, dado que no se ha dado el mismo trato a los
abastecedores latinoamericanos no sustanciales (párrafo 162).  Como se afirmó en la reunión del OSD
del 13 de febrero, las importantes desigualdades en el trato en materia de asignaciones propuesto por
las CE entre los abastecedores ACP y los latinoamericanos constituye una violación del artículo XIII.No hay justificación compatible con la OMC de las nuevas medidas propuestas por la Comisión en
relación con el banano.  Los Gobiernos del Ecuador, los Estados Unidos, Guatemala, Honduras,
México y Panamá instan a los Estados miembros a que insistan en la necesidad de que se establezca
un régimen compatible con la OMC a partir del 1º de enero de 1999.  Continúan dispuestos a trabajar
con las Comunidades en un esfuerzo por encontrar una solución a esta prolongada diferencia.
La representante de Colombia dice que su delegación no se propone formular observaciones
sobre el fondo de la cuestión planteada por el Ecuador sino aclarar un punto.  Se refiere a la
afirmación del Ecuador de que Colombia ha renunciado a sus derechos en virtud del GATT a cambio
de varios privilegios.  Señala que Colombia nunca ha renunciado a sus derechos, pero que en 1994, a
la luz de las negociaciones de la Ronda Uruguay, Colombia negoció con las Comunidades uncontingente arancelario para el banano.  De conformidad con las modalidades de negociación para los
productos agrícolas, se trata de un contingente de acceso actual equivalente a las importaciones totales
efectuadas en condiciones de NMF durante el período de referencia con un arancel de 75 ecus dentro
del contingente.
El representante de las Comunidades Europeas dice que desea plantear dos cuestiones.  Una
se refiere a la distribución de las declaraciones formuladas en las reuniones del OSD.  Preocupa a las
Comunidades dicha práctica que, en su opinión, constituye un precedente.  Esta práctica puede
convertirse en regla y los Miembros podrían considerar que tienen derecho a distribuir sus
declaraciones como documentos oficiales de la OMC.  La práctica no parece necesaria porque las
declaraciones hechas en las reuniones del OSD forman parte del acta, y si se consolidara, el OSD se
vería ante una proliferación de declaraciones distribuidas como documentos oficiales de la OMC.
A juicio de las Comunidades, ello no mejoraría el funcionamiento del mecanismo de solución dediferencias sino que formalizaría diferentes posiciones de los países, con lo que haría más difíciles los
esfuerzos tendientes a lograr soluciones mutuamente aceptables.
El segundo punto ya ha sido reiterado en varias ocasiones  Las Comunidades están
preocupadas ante el hecho de que el OSD contin úe oyendo declaraciones sobre la propuesta de la
Comisión.  Los mismos argumentos se han esgrimido repetidas veces.  El representante recuerda que
conforme a lo dispuesto en el artículo 21 del ESD, el árbitro estableció un plazo prudencial de
15 meses para que las Comunidades pudieran cumplir sus obligaciones.  Las Comunidades se
ajustarán dentro de ese plazo a las obligaciones que les incumben en el marco de la OMC.  En este
sentido, ya se ha iniciado el proceso y las Comuni dades creen que toda modificación de su régimen de
importación de bananos debe juzgarse al final de ese proceso.  Observa que están en curso cambioslegislativos y que sólo cuando se conozca la legislación definitiva podrán las partes interesadas
evaluarla.  Se pregunta si existe algún procedimiento para evitar una repetición de este trámite.
El representante de Costa Rica expresa el apoyo de su delegación a la declaración formulada
por Colombia.  Lamenta las opiniones manifestadas por los seis países con respecto a los motivos que
movieron a Costa Rica y a Colombia.WT/DSB/M/45
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El OSD toma nota de las declaraciones formuladas.
5. Candidaturas propuestas para su inclusión en la lista indicativa de expertos gubernamentales y
no gubernamentales que pueden ser integrantes de grupos especiales (WT/DSB/W/72)
El Presidente señala el documento WT/DSB/W/72 que contiene nuevos nombres propuestos
para su inclusión en la lista indicativa de conformidad con el párrafo 4 del artículo 8 del ESD.
Recuerda que este documento se sometió a la aprobación del OSD en su reunión del 13 de febrero
de 1998, pero que su examen se postergó para una futura reunión.  Propone que el OSD apruebe los
nombres que figuran en el documento WT/DSB/W/72.
El OSD así lo acuerda.
6. Estados Unidos - Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana
- Declaración de Cuba
El representante de Cuba, hablando en relación con el punto "Otros asuntos", dice que
el 21 de abril de 1998 concluyó un largo proceso de consultas conforme al procedimiento previsto en
el ESD.  En otras palabras, el Grupo Especial establecido a solicitud de las Comunidades Europeas
para examinar la Ley Helms-Burton quedó sin efecto porque las Comunidades no reactivaron la labor
de este Grupo Especial dentro del plazo de 12 meses de conformidad con el párrafo 12 del
artículo 12 del ESD.  Aunque esto no sorprendió a Cuba, le preocupa no obstante que se hayaproducido esta situación con respecto al caso en que participaba el país más poderoso del mundo.
Desde un principio, los Estados Unidos trataron de evitar las actuaciones de este Grupo Especial, y
vincularon la guerra económica que libran contra Cuba desde hace casi 40 años con una política de
diferencia bilateral sin relación con las normas del comercio internacional.
No ha sido Cuba sino las Comunidades y su s Estados miembros quienes han procurado
aclarar la situación.  En la reunión del OSD celebrada el 16 de octubre de 1996, el representante de las
Comunidades observó que "... las medidas estadounidenses identificadas en su solicitud de
establecimiento de un grupo especial infringen varias disposiciones del GATT y del AGCS.  Estas
medidas, aun cuando no estén en conflicto con las normas de la OMC, anulan o menoscaban las
ventajas resultantes del GATT para las Comuni dades, y del AGCS para las Comunidades y sus
Estados miembros ... las medidas estadounidenses impiden el logro de determinados objetivos
generales del GATT, tales como la expansión de la producción y del comercio y el derecho de acceso
a los mercados."
10
Las medidas que contiene la Ley Helms-Burton y su predecesora, la llamada Ley Torricelli,
son resultado de la voluntad de los Estados Unidos de aplicar sanciones económicas internacionales
de manera unilateral y extraterritorial y, en este caso, también de su deseo de internacionalizar el
embargo económico, comercial y financiero que han impuesto a Cuba.  Hace aproximadamente unaño, las partes en la diferencia alcanzaron un entendimiento en el sentido de que las  Comunidades
suspenderían las actuaciones previstas en el ESD a condición de que los Estados Unidos enmendasen
el Título IV de la Ley Helms-Burton, por la que se negaban visas a los extranjeros que invirtieran en
activos nacionalizados en Cuba, y suspendiesen el Título III, que permitía a las empresas
estadounidenses entablar acciones contra las empresas europeas que comerciaran con Cuba.  Sinembargo, a pesar de las concesiones que se hicieron, las Comunidades no quedaron satisfechas.
Parecía existir un frágil entendimiento según el cual los intereses europeos no se verían afectados
como consecuencia de la aplicación de la Ley Helms-Burton.  Con todo, esta legislación contenía
además disposiciones incompatibles con las normas internacionales más fundamentales.
                                                     
10 WT/DSB/M/24.WT/DSB/M/45
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Cuba se ve afectada por estas medidas que perjudican su comercio con otros Miembros, y está
convencida del carácter ilícito de la Ley Helms-Burton.  Varios foros internacionales han rechazado
esta legislación por considerarla en violación del derecho internacional y los principios de libre
comercio.  Basta recordar las repetidas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
adoptadas por una abrumadora mayoría, las declaraci ones del Grupo de Río, la Asociación de Estados
del Caribe, la Unión Europea y el Consejo del Si stema Económico Latinoamericano.  El Gobierno del
representante no ha participado en este proceso para no dar a los Estados Unidos ningún argumento
político.  Ha mostrado flexibilidad con respecto a sus derechos como Miembro de pleno derecho de
la OMC, a pesar de los efectos negativos sobre sus intereses nacionales.  Cuba se reserva sus derechos
conforme a los Acuerdos pertinentes de la OMC de volver a hablar de este asunto, de ser necesario.
El OSD toma nota de la declaración formulada.
7. Nota informal de la Secretaría relativa a notificaciones de soluciones mutuamente convenidas
- Declaración del Uruguay
El representante del Uruguay, hablando en relación con el punto "Otros asuntos", agradece a
la Secretaría su nota informal, preparada como respuesta a la solicitud hecha en la reunión del OSD
del 13 de marzo de 199811, sobre la cuestión de las notificaciones de soluciones mutuamente
convenidas.  Esta nota permitirá al Uruguay centrarse más en este asunto, que quisiera que seconsiderase más detalladamente.  Dado que no se examinan cuestiones de fondo en relación con el
punto "Otros asuntos", solicita que el asunto mencionado se incluya en el programa de la próxima
reunión ordinaria del OSD.
El OSD toma nota de la declaración formulada.
8. India - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos
para la agricultura
- Plazo prudencial para la aplicación de las recomendaciones del OSD
El representante de la India, hablando en relación con el punto "Otros asuntos" también en
nombre de los Estados Unidos, recuerda que en su reunión del 16 de enero de 1998, el OSD adoptó el
informe del Órgano de Apelación y el informe del Grupo Especial modificado por el Órgano de
Apelación sobre el asunto "India - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los
productos químicos para la agricultura".  En la reunión del 13 de febrero de 1998, la India informó
al OSD de su intención de cumplir las obligaciones que le correspondían en el marco de la OMC con
respecto a este asunto.  Posteriormente, la India y los Estados Unidos celebraron varias rondas de
consultas bilaterales con miras a fijar de común acuerdo un plazo prudencial, con arreglo al
apartado b) del párrafo 3 del artículo 21 del ESD, para aplicar las recomendaciones del OSD sobre el
asunto.  En la presente reunión, el representante desea comunicar al OSD que, como resultado deconsultas bilaterales, el 21 de abril de 1998 la India y los Estados Unidos han acordado un plazo
prudencial de 15 meses para que la India aplique la s recomendaciones del OSD.  La India ha indicado
a los Estados Unidos que introducirá la legislación necesaria para aplicar esas recomendaciones tan
pronto como sea posible, en la inteligencia de que la nueva ley esté en vigor y se pueda aplicar a más
tardar el 19 de abril de 1999.
La representante de los Estados Unidos agradece a la India sus esfuerzos por salvar las
diferencias sobre esta cuestión que han permitido que las partes las resuelvan.
El OSD toma nota de las declaraciones.
                                                     
11 Job Nº 1772.WT/DSB/M/45
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9. Confidencialidad de los documentos sobre solución de diferencias
- Declaración de Indonesia
La representante de Indonesia, hablando en relación con el punto "Otros asuntos", dice que el
informe provisional del Grupo Especial sobre el asunto "Indonesia - Determinadas medidas que
afectan a la industria del automóvil", que debía ser estrictamente confidencial, se ha filtrado de una ovarias fuentes no identificadas al periódico de lengua inglesa The Japan Times, 24 horas después de
haber sido enviado a las partes en la diferencia.  The European Report del 1º de abril reveló también
alguna información que figura en el informe provis ional.  Además, el 26 de marzo los Estados Unidos
publicaron un comunicado de prensa en el que la Sra. Ch. Barshefsky de la Oficina del Representante
de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales Internacionales anunciaba las resoluciones del
Grupo Especial.  La filtración del informe provisional constituye una grave infracción de las
obligaciones en materia de confidencialidad.  Si bien, en general, Indonesia considera que el sistemade solución de diferencias funciona eficazmente, le preocupa la violación de los procedimientos
del ESD acordados por las partes en la diferencia.  A juicio de su delegación, todos los Miembros
deben observar la obligación de confidencialidad acerca de las actuaciones de los grupos especiales,
así como toda la información y los documentos que los grupos especiales o las partes en la diferencia
consideren confidenciales.  Lamenta que algunos Miembros dejen de lado esta solemne obligación.Indonesia no devolverá con la misma moneda, porque respeta el sistema de solución de diferencias en
su integridad.  Pero el OSD debería examinar seriamente la cuestión de las filtraciones de informes de
los grupos especiales y del Órgano de Apelación.  Tiene que establecer procedimientos para sancionar
a quienes no respeten esta importante obligación.
La representante de los Estados Unidos dice que su delegación desea aclarar este asunto.  El
comunicado de prensa a que se refiere Indonesia se difundió como respuesta a anteriores informes de
periódicos japoneses y otras fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores del Japón.  El comunicado
de prensa de la Oficina del Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales
Internacionales se limitaba a responder a estos informes periodísticos provocados por la publicación
anticipada en el Japón de los resultados del Grupo Especial.  La representante hace hincapié en quelos Estados Unidos no difundieron el informe provisional del Grupo Especial ni sus constataciones.
El representante de las Comunidades Europeas expresa la preocupación de las Comunidades
por lo que se refiere a la obligación de respetar la confidencialidad en la OMC.  La confidencialidad
es imprescindible para el funcionamiento del sistema de solución de diferencias, en particular con
respecto a los informes provisionales, que están reservados únicamente a las partes en una diferencia.
Los informes provisionales están sujetos a modificaciones y sirven para facilitar una solución
amistosa.  Por consiguiente, es importante que esos informes se mantengan como confidenciales enesa etapa.  Los Miembros están constantemente sometidos a presiones políticas y solicitudes de la
prensa difíciles de resistir, pero es imprescindible que se mantenga el principio de la confidencialidad.
El representante de la India dice que Indonesia ha planteado un asunto importante.  Todos los
Miembros se han comprometido a respetar el carácter confidencial de las actuaciones de los grupos
especiales.  Todo el mundo debe reconocer el problema que representa la violación de laconfidencialidad.  El representante es consciente de algunas situaciones en que la infracción de este
principio se produjo sin participación alguna de los representantes con base en Ginebra.  En
consecuencia, este asunto debe ser examinado colectivamente, y luego los Miembros podrían
comunicar a las capitales respectivas sus inquietudes respecto de este problema con objeto de hallar
conjuntamente una solución.  Apoya, por tanto, la propuesta de Indonesia de que el asunto se examineen un momento apropiado con miras a mejorar la situación existente.
El representante de Tailandia observa que en el  pasado se han producido en varias ocasiones
violaciones de la confidencialidad.  Apoya, por lo tanto, la propuesta de Indonesia, así como las
declaraciones formuladas a este respecto por las Comunidades Europeas y la India.WT/DSB/M/45
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El Presidente dice que el asunto planteado por Indonesia es de gran importancia y como tal
requiere que se tome en consideración a su debido tiempo.  No obstante, no es ésta la única esfera en
que se requiere de los Miembros que respeten la confidencialidad.
El OSD toma nota de las declaraciones formuladas.
10. Examen del ESD
El Presidente, hablando en relación con el punt o "Otros asuntos", recuerda que la propuesta
relativa al examen del ESD que se hizo en la reunión del OSD celebrada el 25 de marzo de 1998 se ha
revisado a la luz de los debates celebrados y se ha enviado en facsímil a las delegaciones el 2 de abril
de 1998.  Este texto se ha puesto además a disposición en la sala en la presente reunión.  Dice que,
atendiendo a las observaciones formuladas por algunos Miembros, el 29 de abril se celebrará una
reunión informal del OSD para continuar examinando los aspectos de procedimiento del examen
del ESD.
El OSD toma nota de esta información.
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