RESTRICTEDORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOIP/Q/PER/1
IP/Q2/PER/1
IP/Q3/PER/1IP/Q4/PER/1
12 de junio de 2001
(01-2877)
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el ComercioOriginal:  español
EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN
PERÚ1
En el presente documento se reproduce la declaración introductoria planteada por la
delegación del Perú, las preguntas que le fueron formuladas y las correspondientes respuestas con
motivo del examen de la legislación que se llevó a cabo en la reunión del Consejo celebrada los días
27 a 30 de noviembre de 2000.2
_______________
I. DECLARACIÓN INTRODUCTORIA
A. INTRODUCCIÓN
La voluntad del Perú de fomentar y proteger la propiedad intelectual como instrumento para
el desarrollo industrial y cultural del país se ve reflejada en la dación desde épocas muy tempranas
de las leyes sobre Derechos de Autor, en 1849, sobre Derecho de Patentes, denominada Ley de
Privilegios, en 1869, y Ley de Marcas, en 1892.
Actualmente, en la Constitución Política de 1993 existe una expresa referencia (en el
artículo 2.8) a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a lapropiedad sobre dichas creaciones y sus productos.  El Estado propicia el acceso a la cultura y
fomenta su desarrollo y difusión.
El sistema legislativo que rige en el Perú la propiedad intelectual está integrado por las
Decisiones Andinas, las normas nacionales que reglamentan o regulan aspectos no previstos en lasDecisiones y los tratados internacionales de los cuales el Perú es parte.
Con relación a las Decisiones Andinas, como ya lo señaló ayer la delegación de Colombia,
actualmente se encuentran vigentes:
- La Decisión 486 sobre propiedad industrial;
                                                     
1 Por lo que respecta a las leyes y reglamentos pertinentes a la esfera objeto de examen y notificados
por el Perú en virtud del párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo, se hace referencia a los documentosIP/N/1/PER/1;  IP/N/1/PER/C/1 a 3;  IP/N/1/PER /I/1 a 3;  IP/N/1/PER/P/1 a 3 e IP/N/6/PER/1.
2 El acta de la reunión se distribuyó en el documento IP/C/M/29.IP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
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- La Decisión 345 sobre derechos de obtentores de variedades vegetales;
- La Decisión 351 sobre derechos de autor;- La Decisión 391 sobre acceso a los recursos genéticos.
A nivel nacional, las principales normas que actualmente rigen la propiedad intelectual son:- El Decreto Legislativo 823 sobre propiedad industrial;- El Decreto Supremo 008-96-ITINCI sobre variedades vegetales;
- El Decreto Legislativo 822 sobre derechos de autor;
- El Decreto Legislativo 807 sobre facultades, normas y organización del INDECOPI,
que contiene normas de observancia de los derechos y de procedimiento.
El Perú es además parte de los principales tratados en materia de propiedad intelectual, tales
como el Acuerdo sobre los ADPIC, el Convenio de  París, el Convenio de Berna, la Convención
Universal sobre Derechos de Autor, el Convenio de Roma, el Convenio de Ginebra para la
Protección de los Productores de Fonogramas, el Convenio de Bruselas sobre la distribución de
señales portadoras en programas transmitidos por satélites, el Tratado sobre el Registro Internacionalde Obras Audiovisuales, así como el Convenio de Washington sobre Protección Marcaria y
Comercial.
Es conveniente reiterar el gran esfuerzo empleado por el Gobierno del Perú junto con los
otros países andinos en el proceso de modificaci ón de la Decisión 344 sobre propiedad industrial, la
misma que ya contemplaba las principales disposiciones sustantivas del Acuerdo sobre los ADPIC.
La nueva Decisión 486 completa la adecuación de la normativa andina a los requerimientos del
Acuerdo sobre los ADPIC y perfecciona algunas instituciones jurídicas del régimen común de
propiedad industrial.
B. A
SPECTOS SUSTANTIVOS
A continuación pasaremos a mencionar los aspectos más relevantes de los principales
derechos de propiedad intelectual regulados en la normativa peruana:
Derecho de patentes
- Pueden ser objeto de un derecho de patente, todas las invenciones, sean de producto
o de procedimiento, en todos los campos de tecnología, siempre que sean nuevas,
tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.  En tal sentido,
es posible el patentamiento de productos farmacéuticos (y eso ya desde la
Decisión 344).
- Las exclusiones a la patentabilidad previstas en la normativa andina corresponden
con aquéllas del Acuerdo sobre los ADPIC (invenciones cuya explotación comercial
debe impedirse necesariamente para proteger el orden público, la moral, la salud o la
vida de las personas, vegetales o medio ambiente).  Asimismo, se encuentran
excluidos de la patentabilidad las plantas, los animales y los métodos terapéuticospara el tratamiento humano o animal.IP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
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- Los microorganismos son patentables hasta tanto se adopten medidas distintas
resultantes del examen previsto en el apartado b) del párrafo 3 del artículo 27 del
Acuerdo sobre los ADPIC.
- El titular de la patente está obligado a explotar la invención patentada.  A estos
efectos, se considera que una patente está siendo explotada tanto si se produce
industrialmente el producto objeto de la patente o se usa el procedimiento patentado,
así como si se importa el producto patentado.
- El régimen de licencias obligatorias está sujeto al cumplimiento de los requisitos
previstos en el Acuerdo sobre los ADPIC (intento de haber obtenido antes la
autorización del titular, el alcance y la duración de la licencia se limitará a los finespara los cuales se ha dado, la licencia no será de carácter exclusivo, se deberá prever
una remuneración adecuada, entre otros).
- En las patentes de procedimiento, se ha invertido la carga de la prueba. Así, en los
casos de infracción corresponderá al presunto infractor demostrar que elprocedimiento empleado es diferente al procedimiento objeto de la patente.
- La duración de la protección es de 20 años (y eso también ya desde la
Decisión 344).
Diseños industriales
- De acuerdo con la Decisión 486, los diseños textiles pueden ser protegidos como
diseños industriales.
- Las limitaciones previstas en la normativa peruana no atentan de manera
injustificada contra la explotación normal del diseño industrial ni causan un
perjuicio injustificado contra los legítimos intereses de su titular.  Así, por ejemplo,
la protección no se extiende a los elementos o características del mismo dictados
enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de unafunción técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador.
- El registro de diseño industrial tiene una duración de 10 años.
Marcas
- Se protege como marcas los signos que sean aptos para distinguir productos o
servicios en el mercado y que sean susceptibles de representación gráfica.
- Es posible ahora -bajo la Decisión 486- que signos intrínsecamente no distintivos
adquieran distintividad mediante su uso.
- La cancelación por no uso de la marca sólo es posible después de tres años de no
uso, salvo que existan razones justificadas del no uso.
- La licencia de marcas sólo procede por voluntad de su titular.  En otras palabras, no
es posible la concesión de licencias obligatorias de marcas.
- En la transferencia de marcas no es necesaria la transferencia de la empresa a la que
pertenece la marca.IP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
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- Las marcas notoriamente conocidas gozan de una protección especial.  Se protegen
contra el riesgo de confusión o de asociación, contra el daño económico o comercial
injusto a su titular, la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o
publicitario del signo, así como contra el aprovechamiento injusto del prestigio o del
renombre del signo. La protección prevista es independiente de los productos oservicios idénticos o similares.  Adicionalmente -y yendo más allá del Acuerdo
sobre los ADPIC- el registro de una marca notoriamente conocida como parte de un
nombre de dominio o de una dirección electrónica puede ser objeto de una
cancelación.
- El registro de una marca tiene una duración de 10 años, protección mayor a la
mínima prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC.
Indicaciones geográficas
- La Decisión 486 concede protección a las indicaciones geográficas, reconociendo
dos categorías:  las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia.
- Se entiende por denominaciones de origen aquellas indicaciones geográficas de un
país, de una región o de un lugar determinado, o que sin ser la denominación de un
país, de una región o de un lugar determinado, se refiere a una zona geográfica
determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos, cuya calidad,reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio
geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.
- El uso de las denominaciones de origen por personas no autorizadas que cree
confusión será prohibido.  Para denominaciones de origen de vinos y bebidasespirituosas la protección prevista es reforzada.  Se prohibirá su uso no autorizado
independientemente de que genere confusión en el público consumidor.
- Se prohíbe el uso de indicaciones de procedencia falsas o engañosas.
- La prohibición anterior no sólo comprende el uso de una indicación de procedencia
sobre un producto sino también su uso en la publicidad y en cualquier
documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o
servicios.
- Queda exceptuada de la prohibición, el uso que haga una persona para indicar su
nombre o domicilio sobre los productos que se comercialicen, siempre que no seinduzca a error sobre el verdadero origen.
Esquemas de trazado de circuitos integrados
- Se ha incluido una protección a los esquemas de trazado, de conformidad con lo
establecido en el Acuerdo sobre los ADPIC.
- La Decisión 486 define los conceptos de circuito integrado y esquema de trazado, y
establece, entre otros, los requisitos de protección, el trámite de registro y los
derechos conferidos por el mismo.IP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
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- Si bien se considera a los esquemas de trazado de circuitos integrados como objeto
de protección del derecho de propiedad industrial, se han contemplado elementos
del derecho de autor en su desarrollo legislativo.
Secretos empresariales
- Se entiende por secretos empresariales cualquier información no divulgada que una
persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna
actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a
un tercero, en la medida que dicha información sea secreta, tenga un valor comercial
por ser secreta y haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo
poseedor para mantenerla secreta.
- La protección perdurará mientras existan las condiciones antes señaladas.- La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza,
características o finalidades de los productos;  a los métodos o procesos deproducción;  a los medios o formas de distribución o comercialización de productos
o prestación de servicios, entre otros.
- Cuando para aprobar la comercialización de productos agroquímicos y
farmacéuticos que utilizan nuevas entidades químicas, se presenten datos de pruebasu otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, éstos
serán protegidos por las autoridades competentes contra todo uso comercial desleal.
Derechos de autor y derechos conexos
- En la Decisión 351 se menciona expresamente que los programas de ordenador y las
bases de datos originales se protegerán como obras literarias.  Además se incorpora
el derecho de alquiler para este tipo de obras. En el caso de los programas de
ordenador siempre que sean el objeto principal del derecho de alquiler.
- El Decreto Legislativo 822 contiene disposiciones de los Tratados de la OMPI
de 1996, aun cuando éstos aún no han entrado en vigencia.  Así, se regulan los
derechos de autor (derecho de reproducción, derecho de comunicación pública) y
derechos conexos en el entorno digital.
- El Decreto Legislativo 822 no ha hecho una relación taxativa de los derechos que
comprenden los derechos patrimoniales del autor, sino que establece de manerageneral que el autor goza del derecho exclusivo de explotar su obra bajo cualquier
forma o procedimiento.  A continuación, la norma hace una mención a título
ejemplificativo de los derechos patrimoniales que comprende el derecho de autor.
- En cuanto a la duración de la protecc ión, el Decreto Legislativo 822 otorga una
protección de 70 años después de la muerte del autor, yendo más allá de las
exigencias del Acuerdo sobre los ADPIC.
- Se prevén mecanismos de autotela que el titular del derecho de autor puede
implementar (codificación de señales con el fin de impedir la comunicación,recepción, retransmisión, reproducción o modificación no autorizadas de su obra).
Se sanciona la importación, fabricación, venta, alquiler de aparatos destinados a
burlar los sistemas de autotela.IP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
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Observancia de los derechos
- El ordenamiento jurídico peruano establece la posibilidad de recurrir a las vías
administrativa, civil y penal para la observancia de los derechos de propiedad
intelectual.
- Es posible en la vía administrativa solicitar la imposición de medidas provisionales
(cese del acto infractor, comiso, deposito o inmovilización de los productos, cierre
temporal del establecimiento, cese de la publicidad, entre otros) y medidas en
frontera con el objeto de impedir la comisión de la infracción.
- Se permite la imposición de multas administrativas hasta por un monto de
aproximadamente 150.000 dólares EE.UU.
- La mayoría de los casos de infracción a los derechos de propiedad intelectual se
resuelven en la vía administrativa, siendo aquí los procedimientos sencillos, poco
gravosos y comportando plazos de resolución muy breves (en promedio, seis mesesen la primera instancia;  en la segunda instancia, 10 meses).
- Se puede acudir a la vía civil para que el juez determine la indemnización por daños
y perjuicios causados por una infracción de los derechos de propiedad intelectual.
- Las penas privativas de la libertad van de dos a cuatro años para los delitos contra la
propiedad industrial y de dos a ocho años en el caso de delitos contra los derechos
de autor.
- En abril de este año, se formó la Comisión Multisectorial de Lucha contra la
Piratería, la Falsificación y la Adulteración, que agrupa a una serie de instituciones
públicas y privadas peruanas.  El objetivo es coordinar esfuerzos en el combate de la
piratería, la falsificación y la adulteración en el país, con el fin de establecer una
estrategia conjunta no sólo en materia de fiscalización sino también de promoción
de una cultura de respeto de la propiedad intelectual en el país.  Para elcumplimiento de sus objetivos, se conformó, al interior de dicha Comisión, los
siguientes Grupos de trabajo:
i) Grupo de prevención y fiscalización;ii) Grupo de impacto económico e intercambio de información;
iii) Grupo de análisis y propuesta legislativa;
iv) Grupo de difusión y desarrollo de una cultura de respeto de la propiedad
intelectual;
v) Grupo de relaciones interinstitucionales y coordinación funcional de las
distintas autoridades competentes.
- A cada grupo de trabajo se encomendó objetivos y metas concretas.  En el Grupo de
Prevención y Fiscalización se inició una revisión de la problemática de la piratería anivel sectorial a fin de identificar aquellas áreas en las que es necesario reforzar en
materia de fiscalización, ya sea a través de una mayor coordinación entre las
distintas instituciones del Estado, gremios y titulares involucrados.  Asimismo, se haIP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
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definido un programa de trabajo que incluye labores de inteligencia y operativos
conjuntos.
- El Grupo de Impacto Económico e Intercambio de Información se ha centrado en el
procesamiento de información relevante para los grupos de fiscalización y difusión,así como en la elaboración de estudios de impacto de la piratería en la economía
nacional. A la fecha se han realizado avances en el mercado de fonogramas,
confecciones y libros.
- Respecto al Grupo de Análisis y Propuesta Legislativa, se ha identificado un
conjunto de normas que requeriría revisarse a fin de hacer más disuasivas las penas
y sanciones a las infracciones contra la propiedad intelectual.  Así, por ejemplo, esteGrupo ha elaborado una propuesta legislativa para establecer sanciones penales al
incumplimiento de las normas de propiedad industrial.
- En materia de Difusión y Desarrollo de una Cultura de Respeto de la Propiedad
Intelectual, el INDECOPI en coordinaci ón con gremios como la BSA ha venido
realizando campañas informativas a fin de promover el respeto de la propiedad
intelectual.  Asimismo, por medio de diversas publicaciones se ha difundido
información estadística sobre el impacto económico de este tipo de actividad así
como de los operativos que se han venido realizando.
- En cuanto a las coordinaciones interinstitucionales, el INDECOPI ha definido una
agenda de trabajo con la Superintendencia Nacional de Aduanas (Aduanas) en la
que, entre otros aspectos, se ha planteado el establecimiento de procedimientos y
mecanismos de cooperación más eficientes y eficaces para la detección de
mercadería pirata que ingresa al país a través de las aduanas.
- Asimismo, se ha logrado incorporar a la Comisión a entidades como la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, la Fiscalía Ad Hoc, a
representantes de la Policía Nacional, entre otros;  con el fin de involucrar más
activamente a dichas entidades en la problemática de la propiedad intelectual en elpaís.
Ésta es una síntesis muy apretada del marco jurídico de la propiedad intelectual en el Perú.
Reflexiones finales
El Perú otorga una adecuada y eficaz protección a los derechos de propiedad intelectual
mediante una combinación de disposiciones internacionales, regionales y nacionales.  Consciente de
la importancia de la propiedad intelectual, el Perú seguirá trabajando activamente en su protección.
Para ello, no sólo hemos adecuado nuestra normativa a lo regulado en el Acuerdo sobre los ADPIC
sino que estamos comprometidos en la tarea de seguir desarrollando una cultura de respeto y
observancia de los derechos de propiedad intelectual a nivel interno e internacional.
El Gobierno peruano propugna una creciente protección de los derechos de propiedad
intelectual y busca fomentar la innovación y la creación de bienes intangibles de valor económico y
comercial en todo el país.  Es así que se ha publicado recientemente una Propuesta de Régimen de
Protección de los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas, la misma que recogecomentarios del sector académico, organizaciones no gubernamentales (ONG), sector empresarial,
organismos internacionales y de los propios pueblos indígenas.  Sin embargo, somos conscientes que
no es suficiente la protección en el ámbito nacional, por lo que consideramos que el reconocimientoIP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
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internacional de los conocimientos tradicionales como un objeto de protección de propiedad
intelectual conferirá a los beneficiarios la posibilidad legal de hacer valer sus derechos en otros
países.
El sistema de propiedad intelectual actualmente conocido es el resultado de un proceso
continuo de evolución para alcanzar un desarrollo comercial y tecnológico.  En este contexto, la
propiedad intelectual ha ido extendiendo su ámbito de cobertura, reconociendo nuevos derechos y
nuevos objetos de protección.  Por ello creemos que no se puede dejar fuera del sistema de propiedad
intelectual a un gran sector de la creatividad humana constituido por los conocimientos tradicionales
poseídos por las comunidades indígenas y locales, quienes tienen un interés legítimo y una
expectativa de reconocimiento legal que no es menor a la que en su momento justificó el
reconocimiento de nuevos objetos de propiedad intelectual, como los que hemos visto a lo largo deeste Examen (variedades vegetales, material biológico, esquemas de trazado de circuitos integrados,
software, bases de datos, entre otros).  El reconocimiento internacional de los conocimientos
tradicionales constituye un tema de fundamental importancia para muchos países en desarrollo, y en
especial para mi país.
Nota: La Decisión 344 ha sido reemplazada por la Decisión 486 -Régimen Común sobre
Propiedad Industrial- que entrará en vigencia el 1º de diciembre de 2000.  En tal sentido, las
respuestas han sido elaboradas en función a lo previsto en la Decisión 486.
II. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL CANADÁ
1. ¿Qué protección da a las "obras extranjeras" la legislación sobre derecho de autor de
su país?
De conformidad con el artículo 2 de la Decisión 351 - Régimen Común sobre Derecho de
Autor y Derechos Conexos, se concede a los nacionales de otro país, una protección no menos
favorable que la reconocida a los nacionales en materia de derecho de autor y derechos conexos.
El Decreto Legislativo 822 -Ley sobre el Derec ho de Autor, señala en el artículo 1 que la
protección de los autores de las obras literarias y artísticas y de sus derechohabientes y de los
titulares de derechos conexos al derecho de autor se reconoce cualquiera que sea la nacionalidad, el
domicilio del autor o titular del respectivo derecho o el lugar de la publicación o divulgación. En tal
sentido, según el artículo 203 de la mencionada Ley, las obras, interpretaciones y ejecucionesartísticas, producciones fonográficas, emisiones de radiodifusión o transmisiones por hilo, cable,
fibra óptica u otro procedimiento análogo, grabaciones audiovisuales, fijaciones fotográficas y
demás bienes intelectuales extranjeros, gozarán en la República del trato nacional, cualquiera que
sea la nacionalidad o el domicilio del titular del respectivo derecho o el lugar de su publicación o
divulgación.
2. ¿Qué recursos tienen a su alcance los titulares de derechos frente a la falsificación
dolosa de marcas de fábrica o de comercio o la piratería lesiva del derecho de autor a escalacomercial, como requiere el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC?
La autoridad pública competente para la iniciación del procedimiento penal es el Ministerio
Público, que es el organismo autónomo del Estado que tiene como funciones principales la defensa
de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos, entre otros.  En el caso de los
derechos de propiedad intelectual, es competente la Decimonovena Fiscalía Provincial Penal deLima y Ad Hoc en Delitos Intelectuales. Asimismo, el INDECOPI a través de la Fiscalía
mencionada, es competente para iniciar procedimientos penales.IP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
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El Ministerio Público puede iniciar el procedimiento de oficio  (propia iniciativa) cuando
existan indicios razonables de la comisión de un delito;  o a instancia de la parte agraviada (a raíz de
reclamaciones).
En el caso de los delitos contra los derechos de propiedad intelectual, los particulares no
están legitimados para entablar procedimientos penales directamente, sino que deben hacerlo a
través de la Fiscalía Especializada.
Nuestro Código Penal, establece como delitos contra los derechos de propiedad intelectual a
los siguientes supuestos:
Delitos contra los derechos de autor y conexos:
- uso indebido de producción intelectual - artículos 216 y 217 del Código Penal;
- plagio - artículo 218 del Código Penal;
- exceso de edición o circulación autorizada - artículo 219 del Código Penal;  y
- venta o distribución de producción ilícita - artículo 220 del Código Penal.
Infracción Sanción
Uso indebido de producción intelectual 1 a 3 años privación de libertad y 10 a 60 días multa(*).
Forma agravada:  2 a 6 años privación de libertad y 30 a
90 días multa.
Plagio 2 a 8 años privación de libertad y 60 a 120 días multa.
Exceso de edición o circulación
autorizada2 a 8 años privación de libertad y 60 a 180 días multa.
Venta o distribución de producción
ilícita4 a 8 años de privación de libertad y 90 a 365 días multa.
(*) El día multa es una sanción menor establecida según el criterio del juez.  Es un
porcentaje sobre los ingresos del procesado.
En estos casos se prevé la incautación previa de los ejemplares ilícitos y de los
aparatos o medios utilizados para la comisión del ilícito.  Asimismo, se prevé el
allanamiento o descerraje del lugar en que se esté cometiendo el ilícito penal.
Delitos contra la propiedad industrial:
- uso no autorizado de patente - artículo 222 del Código Penal;
- uso o venta no autorizado de modelo o diseño industrial - artículo 223 del Código
Penal;
- uso indebido de expresión que lo acredite como titular de un modelo o diseño
industrial, artículo 224 del Código Penal;  yIP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
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- uso indebido de marca - artículo 225 del Código Penal.
Infracción Sanción
Uso no autorizado de patente 2 a 4 años privación de libertad y 60 a 365 días multa e
inhabilitación (**).
Uso o venta no autorizado de modelo odiseño industrial1 a 4 años privación de libertad y 60 a 365 días multa e
inhabilitación.
Uso indebido de expresión que loacredite como titular de un modelo o
diseño industrial1 a 4 años privación de libertad y 60 a 365 días multa e
inhabilitación.
Uso indebido de marca 1 a 4 años privación de libertad y 60 a 365 días multa e
inhabilitación.
(**) La inhabilitación producirá la incapacidad para ejercer por cuenta propia o por
intermedio de un tercero, profesión, comercio, arte o industria, que deben especificarse en la
sentencia.
III. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LAS COMUNIDADES
EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS
A. GENERAL
1. Sírvanse explicar si la legislación de su país incluye medidas necesarias para proteger
la salud pública y la nutrición de la población, y para promover el interés público en sectoresde importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, de conformidad con el
artículo 8 del Acuerdo sobre los ADPIC.  En caso positivo, se ruega explicar si esas medidas se
acomodan a las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC.
La legislación peruana incluye las siguientes disposiciones facultadas por el artículo 8 del
Acuerdo sobre los ADPIC:
El artículo 20 b) de la Decisión 486 excluye de patentamiento las invenciones cuya
explotación comercial en el país Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la
salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente.
Del mismo modo, el artículo 28 b) del Decreto Legislativo 823 -Ley de Propiedad Industrial- señalaque no serán patentables las invenciones que sean evidentemente contrarias a la salud o a la vida de
las personas o de los animales;  a la preservación de los vegetales;  o, a la preservación del medio
ambiente.  Cabe mencionar que una de las finalidades de las normas de protección a las invenciones
es promover el desarrollo tecnológico de nuestro país y la capacidad creativa de los individuos.
El artículo 1 c) de la Decisión 345 -Régimen Común de Protección a los Derechos de los
Obtentores de Variedades Vegetales- establece como objetivo fomentar las actividades detransferencia de tecnología al interior de la subregión y fuera de ella.
El artículo 2 de la Decisión 345 establece el ámbito de aplicación de la presente Decisión.
Se extiende a todos los géneros y especies botánicas siempre que su cultivo, posesión o utilización
no se encuentren prohibidos por razones de salud humana, animal o vegetal.IP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
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El artículo 45 c) de la Decisión 391 -Régimen Común sobre Acceso a los Recursos
Genéticos-, señala que los países Miembros podrán establecer, mediante norma legal expresa,
limitaciones parciales o totales al acceso a recursos genéticos o sus productos derivados en caso que
se presenten efectos adversos de las actividades de acceso, sobre la salud humana o sobre elementos
esenciales de la identidad cultural de los pueblos.
Estas disposiciones son compatibles con el Acuerdo sobre los ADPIC, pues ninguna de ellas
es incongruente con las disposiciones de ese Acuerdo.
B. DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS
2. Sírvanse indicar cómo establece la legislación de su país la protección de los derechos
exclusivos de los autores en relación con sus ob ras literarias y artísticas, en el sentido del
artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, que exige a los Miembros que observen los artículos 1
a 21 del Convenio de Berna (1971) y el apéndice del mismo.
La adhesión al Convenio de Berna fue aprobada por nuestro país el 3 de noviembre de 1994,
mediante Resolución Legislativa N° 23979.
Asimismo, el artículo 55 de la Constitución Política del Perú establece que los tratados
celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional.
Por tanto, las principales disposiciones del Convenio de Berna se encuentran recogidas en
nuestra legislación sobre derechos de autor, es decir Decisión 351 -Régimen Común sobre Derechos
de Autor y Derechos Conexos- y Decreto Legisl ativo N° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
3. Sírvanse describir la protección concedida a los autores de programas de ordenador,
bases de datos o compilaciones de datos.
De acuerdo al artículo 23 de la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena los programas de
ordenador se protegen en los mismos términos que las obras literarias. Dicha protección se extiende
tanto a los programas operativos como a los programas aplicativos, ya sea en forma de código fuenteo código objeto.
Asimismo, el Decreto Legislativo 822 protege a los programas de ordenador como obras
literarias, tal como lo requiere el ADPIC.
En efecto, el artículo 69 del Decreto Legislativo 822 establece que los programas de
ordenador se protegen en los mismos términos que las obras literarias.  Dicha protección se extiendea todas sus formas de expresión, tanto a los programas operativos como a los aplicativos, ya sean en
forma de código fuente o código objeto.  La protección establecida en la ley se extiende a
cualesquiera de las versiones sucesivas del programa, así como a los programas derivados.
En cuanto a las compilaciones de datos, el artículo 28 de la Decisión 351 señala que las
bases de datos son protegidas siempre que la selección o disposición de las materias constituyan una
creación intelectual. Asimismo, el artículo 78 del Decreto Legislativo 822, señala que las bases o
compilaciones de datos o de otros materiales, legibles por máquina o en otra forma, están protegidassiempre que por la selección o disposición de las materias, constituyan creaciones intelectuales.
Dicha protección, no se hace extensiva a los datos, informaciones o material compilados, pero no
afecta los derechos que pudieran subsistir sobre las obras o materiales que la componen.IP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
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4. Sírvanse especificar si la legislación de su país estipula el derecho de arrendamiento y,
en caso afirmativo, las obras abarcadas por éste.
El artículo 13 de la Decisión 351 c), señala que el autor, o en su caso, sus derechohabientes,
tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:
c) La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta,
arrendamiento o alquiler.
De otro lado, el artículo 72 del Decreto Legislativo 822, señala que el derecho de alquiler o
préstamo no será aplicable a los programas de ordenador cuando el mismo se encuentre incorporado
en una máquina o producto y no pueda ser reproducido o copiado durante el uso normal de dicha
máquina o producto;  o, cuando el alquiler o préstamo no tenga por objeto esencial el programa deordenador en sí.
De igual modo el artículo 37 c) del Decreto Legislativo 822 señala que los productores de
fonogramas tienen el derecho de:
c) Autorizar o prohibir la distribución pública del original y de cada copia del mismo,
mediante la venta, alquiler o cualquier otro medio de distribución al público.
5. Sírvanse describir los derechos concedidos  a los artistas intérpretes o ejecutantes,
productores de fonogramas (grabaciones de so nido) y organismos de radiodifusión en virtud
de la legislación de su país.
Tanto los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos
de radiodifusión son protegidos como Derechos C onexos al Derecho de Autor en nuestra legislación.
El artículo 34 de la Decisión 351 señala que los artistas intérpretes o ejecutantes tienen el
derecho de autorizar o prohibir la comunicación al público en cualquier forma de sus
interpretaciones y ejecuciones no fijadas, así como la fijación y la reproducción de sus
interpretaciones o ejecuciones. El artículo 35 señala a su vez que los artistas intérpretes tienentambién el derecho de exigir que su nombre figure o esté asociado a cada interpretación o ejecución
que se realice;  y, oponerse a toda deformación, mutilación o cualquier otro atentado sobre su
interpretación o ejecución que pueda lesionar su prestigio o reputación.
El artículo 37 de la Decisión 351 señala que los productores de fonogramas tienen el derecho
de:
a) Autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas;
b) Impedir la importación de copias del fonograma, hechas sin autorización del titular;
c) Autorizar o prohibir la distribución pública del original y de cada copia del mismo,
mediante la venta, alquiler o cualquier otro medio de distribución al público;  y,
d) Percibir una remuneración por cada utilización del fonograma o copias del mismo
con fines comerciales, la que podrá ser compartida con los artistas, intérpretes o
ejecutantes.
De otro lado, el artículo 39 de la Decisión 351 señala que los organismos de radiodifusión
gozan del derecho exclusivo de autorizar o prohibir:IP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
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a) La retransmisión de sus emisiones por cualquier medio o procedimiento;
b) La fijación de sus emisiones sobre una base material;  y,
c) La reproducción de una fijación de sus emisiones.
Asimismo, el Decreto Legislativo 822 en su artículo 131 señala que los artistas intérpretes o
ejecutantes gozan del derecho moral al reconocimiento de su nombre sobre sus interpretaciones o
ejecuciones y a oponerse a toda deformación, mutilación o a cualquier otro atentado sobre su
actuación que lesione su prestigio o reputación. Por su parte, el artículo 132 establece que tienen el
derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:
a) La comunicación al público en cualquier forma de sus representaciones o
ejecuciones.
b) La fijación y reproducción de sus representaciones o ejecuciones, por cualquier
medio o procedimiento.
c) La reproducción de una fijación autorizada, cuando se realice para fines distintos de
los que fueron objeto de la autorización.
El Decreto Legislativo 822, establece en su artículo 136, que los productores de fonogramas
tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:
a) La reproducción directa o indirecta de sus fonogramas.
b) La distribución al público, el alquiler, el préstamo público y cualquier otra
transferencia de posesión a título oneroso de las copias de sus fonogramas.
c) La comunicación digital mediante fibra óptica, onda, satélite o cualquier otro
sistema creado o por crearse, cuando tal comunicación sea equivalente a un acto de
distribución, por permitir al usuario realizar la selección digital de la obra yproducción.
d) La inclusión de sus fonogramas en obras audiovisuales.
e) La modificación de sus fonogramas por medios técnicos.
Finalmente, el artículo 140 del Decreto Legislativo 822, señala que los organismos de
radiodifusión tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:
a) La retransmisión de sus emisiones por cu alquier medio o procedimiento, conocido o
por conocerse.
b) La grabación en cualquier soporte, sonoro o audiovisual, de sus emisiones, incluso la
de alguna imagen de salida aislada difundida en la emisión o transmisión.
c) La reproducción de sus emisiones.IP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
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6. Sírvanse especificar si la legislación de su  país estipula cualquier limitación o excepción
en relación con cada uno de los derechos descritos supra de conformidad con las disposiciones
correspondientes del Convenio de Berna y de la Convención de Roma, y a la luz del artículo 13
y del párrafo 6 del artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC.
La Decisión 351, en su capítulo VII establece las limitaciones y excepciones al derecho de
autor, las mismas que se encuentran ampliamente desarrolladas por el Decreto Legislativo 822.
En efecto, según lo establecido por el artículo 13 del Acuerdo sobre los ADPIC, el Decreto
Legislativo 822 establece los siguientes límites al derecho de explotación:
Límites al derecho de comunicación pública:  Las obras pueden ser comunicadas
lícitamente, sin necesidad de la autorización del autor ni pago de remuneración alguna en los
siguientes casos:
a) Cuando se realicen en el ámbito exclusivamente doméstico, siempre que no exista
un interés económico.
b) Las efectuadas en el curso de actos oficiales o ceremonias religiosas, de pequeños
fragmentos musicales o de parte de obras de música, siempre que el público asista
gratuitamente y ninguno de los interpretes o ejecutantes perciba remuneración
específica.
c) Las verificadas con fines exclusivamente didácticos.
d) Las que se realicen dentro de establecimientos de comercio para los fines
demostrativos de la clientela.
e) Las realizadas como indispensables para llevar a cabo una prueba judicial o
administrativa.
Límites al derecho de reproducción y divulgación:  Respecto de las obras ya divulgadas lícitamente,
es permitida sin autorización del autor:
a) La reproducción por medios reprográficos, para la enseñanza o la realización de
exámenes en instituciones educativas.
b) La reproducción por reprografía de breves fragmentos o de obras agotadas,
publicadas en forma gráfica para uso exclusivamente personal.
c) La reproducción individual de una obra por bibliotecas o archivos públicos que no
tengan fines de lucro, cuando el ejemplar se encuentre en su colección permanente,
para preservar dicho ejemplar y sustitui rlo en caso de extravío, destrucción o
inutilización.
d) La reproducción de una obra para actuaciones judiciales o administrativas.
e) La reproducción de una obra de arte expuesta permanentemente en las calles, plazas
u otros lugares públicos, siempre que se indique el nombre del autor si se conociere,
el título de la obra si lo tuviere y el lugar donde se encuentra.IP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
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f) El préstamo al público del ejemplar lícito de una obra expresada por escrito, por una
biblioteca o archivo cuyas actividades no tengan fines de lucro.
Límites al derecho de difusión y emisión:  Es lícita también, sin autorización, siempre que se indique
el nombre del autor y la fuente, y que la reproducción o divulgación no haya sido objeto de reserva
expresa:
a) La difusión, con ocasión de las informaciones relativas a acontecimientos de
actualidad por medios sonoros o audiovisuales, de imágenes o sonidos de las obras
vistas u oídas en el curso de tales acontecimientos, en la medida justificada por el fin
de la información.
b) La difusión por la prensa o la transmisión por cualquier medio, a título de
información de actualidad, de los discursos, disertaciones, alocuciones, sermones y
otras obras de carácter similar pronunciadas en público, y los discursospronunciados durante actuaciones judiciales, en la medida en que lo justifiquen los
fines de información que se persiguen, y sin perjuicio del derecho que conservan los
autores de las obras difundidas para publicarlas individualmente o en forma de
colección.
c) La emisión por radiodifusión o la transmisión por cable de cualquier otro medio,
conocido o por conocerse, de la imagen de una obra arquitectónica, plástica, de
fotografía o de arte aplicado, que se encuentren situadas permanentemente en un
lugar abierto al público.
Otras excepciones contempladas son:
a) las lecciones dictadas en público o en privado, por los profesores de las
universidades, institutos superiores y colegios, podrán ser anotadas y recogidas en
cualquier forma;  citar obras lícitamente divulgadas.
b) Es lícito que un organismo de radiodifusión realice grabaciones efímeras.
c) Es lícito la realización de una transmisión o retransmisión, por parte de un
organismo de radiodifusión, de una obra  originalmente radiodifundida por él.
d) La parodia de una obra divulgada mientras no implique riesgo de confusión ni se
infiera un daño a la obra original o a su autor.
Finalmente, el artículo 76 del Decreto Legislativo 822 señala que en cuanto a los programas
de ordenador, no se requiere la autorización del autor para la reproducción del código de un
programa y la traducción de su forma, cuando sean indispensables para obtener la interoperabilidadde un programa creado de forma independiente con otros programas, siempre que se cumplan los
requisitos siguientes:
a) Que tales actos sean realizados por el licenciatario legítimo o por cualquier otra
persona facultada para utilizar una copia del programa o, en su nombre, por parte de
una persona debidamente autorizada por el titular.IP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
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b) Que la información indispensable para conseguir la interoperabilidad no haya sido
puesta previamente, o después de una solicitud razonable al titular de manera fácil y
rápida tomando en cuenta todas las circunstancias, a disposición de las personas
referidas en el numeral primero;  y
c) Que dichos actos se limiten estrictamente a aquellas partes del programa original
que resulten imprescindibles para conseguir la interoperabilidad.
En cuanto a las excepciones y limitaciones señaladas por el párrafo 6 del artículo 14 del
Acuerdo sobre los ADPIC, cabe mencionar que el artículo 130 del Decreto Legislativo 822 señala
que los derechos conexos y otros derechos intelectuales, podrán invocar las disposiciones relativas a
los autores y sus obras, en tanto se encuentren conformes con la naturaleza de sus respectivos
derechos.
7. Sírvanse indicar la duración de la protección en lo concerniente a cada derecho
descrito anteriormente y la obra o materia a las que éste se aplica.
El Decreto Legislativo 822 (artículos 52 a 56) estipula que el derecho patrimonial dura toda
la vida del autor de la obra más setenta (70) años después de su fallecimiento, cualquiera sea el lugar
de origen de la obra.  En las obras en colaboración el período de protección se contará desde la
muerte del último coautor.
Respecto a las obras colectivas, los programas de ordenador y las obras audiovisuales, el
derecho patrimonial dura setenta (70) años contados desde la primera publicación de la obra o de su
terminación, si no fuesen publicadas.  Este plazo no afecta el que corresponda a cada uno de los
coautores de las obras audiovisuales respecto de su contribución personal.
Pregunta de seguimiento:
Sírvanse aclarar de qué manera la legislación peruana aplica los plazos de protección a
los titulares de derechos conexos, y a la obra u objeto de protección a que se aplican.
En relación a la primera parte de la pregunta -tal como se respondió a la pregunta 7 de las
Comunidades Europeas arriba- el Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor, estipula
que el derecho patrimonial dura toda la vida del autor de la obra más setenta (70) años después de sufallecimiento, cualquiera sea el lugar de origen de la obra.  Con respecto a las obras colectivas, los
programas de ordenador y las obras audiovisuales, el derecho patrimonial dura setenta (70) años
desde la primera publicación de la obra o de su terminación, si no fuesen publicadas.
Cabe señalar que el artículo 130 del Decreto Legislativo 822 señala que los titulares de los
derechos conexos podrán invocar las disposiciones relativas a los autores y sus obras, en tanto se
encuentren conformes con la naturaleza de sus respectivos derechos.
En relación a la segunda parte de la pregunta, el capítulo X de la Decisión 351 -Régimen
Común sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos- está referido a los derechos conexos,
reconociéndose como tales a:
• los artistas intérpretes o ejecutantes
• los productores de fonogramas
• organismos de radiodifusión
• derecho de explotación de grabaciones de imágenes en movimiento que no son obras
• derecho de explotación de fotografías que no son obrasIP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
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• el derecho de explotación por publicación de obra inédita de dominio público.
El Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho de Autor, contiene un título dedicado a
los Derechos conexos al derecho de autor.
Para mayor información sobre el contenido de los derechos conexos, ver las respuestas del
Perú a las preguntas 5 y 6 de las Comunidades Europeas arriba.
8. Sírvanse describir en qué forma la legislación de su país otorga protección retroactiva
de conformidad con el artículo 18 del Convenio de Berna (obligación que tiene su origen en el
artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC) y el párrafo 6 del artículo 14 del mencionado
Acuerdo.
La legislación peruana se aplica a todas las obras que en el momento de la entrada en vigor
del Convenio de Berna, no hayan pasado al dominio público en su país de origen por expiración de
los plazos de protección.
Pregunta de seguimiento:
Sírvanse describir de qué manera y en virtud de qué disposiciones, la legislación
peruana otorga la protección retroactiva prevista  de acuerdo al artículo 18 del Convenio de
Berna y al párrafo 6 del artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC.
La legislación peruana se aplica a todas las obras que, en el momento de la entrada en vigor
del Convenio de Berna, no hayan pasado al dominio público en su país de origen por expiración de
las plazos da protección.
La Decisión 351 -Régimen Común sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos- señala en
su artículo 59 que los plazos de protección menores que estuviesen corriendo, de conformidad con
las legislaciones internas de los países Miembros quedarán automáticamente prorrogados hasta el
vencimiento de los plazos dispuestos en la Decisión.  Asimismo, el artículo 60 de la señalada norma
dispone que los derechos sobre obras que no gozaban de protección conforme a las normas legalesnacionales anteriores a la Decisión, por no haber sido registradas, gozarán automáticamente de la
protección reconocida por ésta, sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros con anterioridad
a la entrada en vigencia de la misma.
Finalmente, la Primera Disposición Transitoria del Decreto Legislativo 822 señala que los
derechos sobre las obras y demás producciones protegidas de conformidad con la ley anterior,
gozarán de los plazos de protección más extensos reconocidos por dicha ley.
C. M
ARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO
9. Les rogamos expliquen si existen prescripciones de utilización como condición para el
registro de una marca de fábrica o de comercio.  Agradeceríamos que nos facilitasen la
definición de utilización y las condiciones de mantenimiento de un registro a ese respecto.
En virtud de lo señalado por el artículo 153 de la Decisión 486, el derecho al uso exclusivo
de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.
De esta manera, el registro de una marca es constitutivo de derechos, no siendo necesaria prueba de
uso alguna para su registro.  Durante la vigencia del registro la oficina nacional competente no
exigirá la prueba de uso de la marca.IP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
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De otro lado, el artículo 135, último párrafo, de la Decisión 486, señala que ciertos signos
que no pueden registrarse como marca podrán ser registrados si quien solicita el registro o su
causante lo hubiese estado usando constantemente en el país Miembro y, por efecto de tal uso, el
signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica
(adquisición por el signo de un "significado secundario" que le da capacidad distintiva).
El registro de una marca se renovará a solicit ud de parte sin exigirse prueba de uso alguna.
El artículo 166 de la Decisión 486, indica que se entenderá que una marca se encuentra en
uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se
encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente
corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las
cuales se efectúa su comercialización en el mercado.  También se considerará usada una marca,
cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde el país en la cantidad y delmodo establecidos antes.  El uso de una marca en modo que difiera en la forma en que fue registrada
sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la
cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.
10. Sírvanse confirmar si la legislación de su país permite o no que el registro de marcas de
fábrica o de comercio sea renovable indefinidamente.
El artículo 152 de la Decisión 486, señala que el registro de una marca tendrá una duración
de 10 años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse indefinidamente por
períodos sucesivos de 10 años.
11. Describan, en caso afirmativo, las prescripcione s especiales existentes en la legislación
de su país en lo concerniente al uso de una marca de fábrica o de comercio.
En virtud de lo señalado por el artículo 165 de la Decisión 486, la oficina nacional
competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo
justificado no se hubiese utilizado en al menos uno de los países Miembros, por su titular, por un
licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a
la fecha en que se inicie la acción de cancelación.
D. I
NDICACIONES GEOGRÁFICAS
12. Sírvanse dar ejemplos, si los hubiere, de indicaciones que hayan sido consideradas
como comunes o genéricas de conformidad con el párrafo c) del artículo 132 de la Decisión 344
y/o el artículo 221 del Decreto Legislativo 823.
No existen ejemplos.
13. Sírvanse aclarar el significado del artículo 137 del Decreto Legislativo 823 y confirmar
si la autoridad encargada del registro de marcas de fábrica o de comercio denegará o no una
solicitud de registro de una marca si contiene una indicación geográfica.
El artículo 137 del Decreto Legislativo 823, que corresponde al artículo 160 de la
Decisión 486, prevé un requisito para la comercialización del producto, que busca proporcionar
información al consumidor, pero no constituye un impedimento para el registro de la marca.IP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
Página 19
La oficina nacional competente denegará el registro de una marca compuesta por un nombre
geográfico nacional o extranjero cuando ella fuese susceptible de inducir a confusión respecto a los
productos o servicios a los cuales se aplique, de conformidad con lo previsto en el artículo 135 l) de
la Decisión 486 y el artículo 129 i) del Decreto Legislativo 823.
14. Se ruega describir cómo otorga protección adicional la legislación de su país a los vinos
y bebidas espirituosas.  Sírvanse mencionar otros tipos de productos, en caso de que existan,
abarcados por esa protección adicional.
El artículo 215 de la Decisión 486 señala que los países Miembros prohibirán la utilización
de una denominación de origen que identifique vinos o bebidas espirituosas para productos de ese
género que no sean originarios del lugar designado por la denominación de origen en cuestión,
incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográficatraducida o acompañada de expresiones como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas.
Asimismo, los países Miembros no podrán impedir el uso continuado y similar de una denominación
de origen de otro país, que identifique vinos o bebidas espirituosas con relación a productos o
servicios, por alguno de sus nacionales que hayan utilizado esa denominación de origen de manera
continua para esos mismos productos o servicios, u otros afines, en el territorio del respectivo paísMiembro durante 10 años como mínimo antes del 15 de abril de 1994, o de buena fe, antes de esa
fecha.
Pregunta de seguimiento:
Sírvanse proporcionar la lista de deno minaciones, de ser el caso, que han sido
utilizadas por sus nacionales, de manera cont inuada, en un tiempo de por lo menos 10 años
anteriores al 15 de abril de 1994.
El Perú tiene reconocida como denominación de origen nacional al PISCO, denominación
de origen utilizada desde el siglo XVI, que distingue y protege el ancestral aguardiente de uva
producido en la costa de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y los valles de
Locumba, Sama y Caplina en el departamento de Tacna de la República del Perú.
PISCO es un lugar geográfico en la costa sur del Perú que ha existido desde el siglo XVI con
ese nombre, correspondiendo a una ciudad, un puerto y una provincia, que obtuvieron gran
reputación por la producción de un aguardiente de uva que, precisamente, tomó el nombre de la
región donde se producía y el puerto por el cual se exportaba.  PISCO es un vocablo de la lenguaquechua que significa "pájaro".  Los Incas al llegar al valle, tomaron el nombre PISCO, para
denominarlo por la cantidad de aves existentes en dicho lugar.  Otra acepción, señala que en la
misma región existía una comunidad de indios llamados "Piscos", los cuales eran ceramistas y entre
otros productos elaboraban botijas de arcilla en las que almacenaban bebidas alcohólicas y chichas.
Cuando los españoles trajeron la uva a la región, también se almacenó el aguardiente de uva
elaborado en la zona, resultando que con el paso del tiempo el aguardiente pasó a identificarse con el
nombre de dicho recipiente.  En el siglo XVI, PISCO pasó a ser el nombre de un poblado y de unpuerto.
Las bondades y cualidades propias de dicho aguardiente son consecuencia de un proceso
productivo exclusivo de la técnica peruana desarrollada y difundida en dicha región, así como del
aprovechamiento de una variedad resultante de la mutación genética de la uva negra, inducida por laadaptación de la planta a las condiciones ambientales de suelo y clima propios de la región de Pisco,
que se extiende a los valles donde existen condiciones similares.IP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
Página 20
Cabe destacar que el Gobierno peruano viene realizando una serie de acciones a fin de
reconocer diversas denominaciones de origen, que son fruto de las distintas zonas geográficas
del Perú.
De otro lado, es importante señalar que el Perú cumple con sus compromisos internacionales
en materia de protección de las denominaciones de origen.
E. DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES
15. Sírvanse explicar si su legislación abarca la protección a los dibujos y modelos dictados
esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales.  Se ruega explicar de qué modo se
protegen los dibujos y modelos textiles.
El artículo 116 b) de la Decisión 486 menciona que no serán registrables los diseños
industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o
por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador.
De otro lado, la protección conferida a un diseño industrial no alcanza a los elementos o
características del diseño dictados enteramente por consideraciones de orden técnico o por la
realización de una función técnica, que no incorporen ningún aporte arbitrario del diseñador, deacuerdo al artículo 130 de la mencionada Decisión.
Los diseños textiles pueden ser protegidos como diseños industriales siempre que cumplan
con los requisitos del artículo 115 de la Decisión 486.
16. Sírvanse explicar cómo protege su legislación a los titulares de derechos de un dibujo o
modelo frente a la importación de artículos que ostenten o incorporen un dibujo o modelo que
sea una copia.
El artículo 129 de la Decisión 486 establece que el registro de un diseño industrial conferirá
a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño.  En tal virtud,
el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimientoimporte productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial.  El registro también confiere el
derecho de actuar contra quien comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias
secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a éste.
17. Se ruega indicar si la legislación de su país proporciona o no el derecho a otorgar una
licencia obligatoria en lo que respecta a los dibujos y modelos industriales.
La legislación peruana no establece la concesión de licencias obligatorias para los diseños
industriales.
18. Se ruega indicar durante qué período de tiempo la legislación de su país otorga
protección a los dibujos y modelos industriales.
De acuerdo al artículo 128 de la Decisión 486, el registro de un diseño industrial tendrá una
duración de 10 años, contados desde la fecha de pr esentación de la solicitud en el país Miembro.
Dicho plazo se encuentra también previsto en el artículo 109 del Decreto Legislativo N° 823.IP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
Página 21
F. PATENTES
19. Les rogamos que describan de qué forma los microorganismos, los procedimientos no
esencialmente biológicos, los procedimientos microbiológicos y las obtenciones vegetales están
protegidos en la legislación de su país.  Sí rvanse explicar a este respecto los artículos
pertinentes de la legislación de su país.  En particular, el párrafo b) del artículo 27 del DecretoLegislativo 823, Ley de Propiedad Industrial (en adelante, "el Decreto 823"), estipula que las
materias que ya existen en la naturaleza o una réplica de las mismas no se considerarán
invenciones a efectos de la concesión de patentes.  ¿Significa esto que los microorganismos
están excluidos de la patentabilidad?
El artículo 20 c) de la Decisión 486 señala que no serán patentables las plantas, los animales
y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean
procedimientos no biológicos o microbiológicos.  En tal virtud, los procedimientos no esencialmentebiológicos y los procedimientos microbiológicos son susceptibles de patentamiento.
Las variedades vegetales están protegidas mediante la Decisión 345, Régimen Común de
Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales.  Asimismo, el Decreto
Supremo 008-96-ITINCI, Reglamento de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades
Vegetales, regula en el Perú la Decisión 345.
La legislación no prevé ninguna exclusión de protección para los microorganismos, siempre
que sean invenciones.  En virtud de la Segunda Disposición Transitoria de la Decisión 486 los
microorganismos serán patentables hasta tanto se adopten medidas distintas resultantes del examen
previsto en el apartado b) del párrafo 3 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC.
20. El párrafo e) del artículo 28 del Decreto 823 excluye de la patentabilidad las
invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos
esenciales de la Organización Mundial de la Salud.  Sírvanse indicar qué disposición del
Acuerdo sobre los ADPIC podría servir de f undamento jurídico a esta excepción, y cómo
podría resultar conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 27 de dicho Acuerdo, que
estipula que las patentes se podrán obtener sin discriminación por el campo de la tecnología.
La Decisión 486 no contiene la exclusión referida en esta pregunta.
21. Les rogamos aclaren si la protección de patentes de un procedimiento, según está
estipulado en la legislación de su país, abarca el producto obtenido directamente mediante ese
procedimiento.
El artículo 52 b) ii) de la Decisión 486 señala que el titular de una patente de procedimiento
podrá impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento ejecutar cualquiera de los
siguientes actos respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento:
a) fabricar el producto
b) ofrecer en venta, vender o usar el producto;  o importarlo para alguno de estos fines.
El artículo 67 del Decreto Legislativo 823 establece que si el objeto de la patente es un
procedimiento, la protección conferida por la patente se extiende a los productos obtenidos
directamente por dicho procedimiento.IP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
Página 22
22. Les rogamos que expliquen las condiciones adicionales, si las hay, existentes en la
legislación de su país además de la divulgación suficiente de la invención contenida en el
artículo 29 del Acuerdo sobre los ADPIC (a saber, presentación de justificación en lo que
respecta al acceso a material genético o consentimiento previo a su utilización).  Si esas
condiciones adicionales existen, indíquese la disposición pertinente y descríbanse lascondiciones adicionales.
De conformidad con el artículo 26 de la Decisión 486 la solicitud presentada ante la oficina
nacional competente para obtener una patente de invención deberá contener, además del petitorio y
la descripción:
c) Una o más reivindicaciones.
d) Uno o más dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invención, los que
se considerarán parte integrante de la descripción.
e) El resumen, que de acuerdo al artículo 31 de la Decisión 486 consistirá en una
síntesis de la divulgación técnica contenida en la solicitud de patente.
f) Los poderes que fuesen necesarios.
g) El comprobante de pago de las tasas establecidas.
h) De ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando los productos o
procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir
de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los
países Miembros es país de origen.
i) De ser el caso, la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso
de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o
locales de los países Miembros, cuando los productos o procedimientos cuya
protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos
conocimientos de los que cualquiera de los países Miembros es país de origen.
j) De ser el caso, el certificado de depósito del material biológico.
k) De ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la
patente del inventor al solicitante o a su causante.
23. Se ruega describir si la legislación de su país estipula excepciones limitadas a los
derechos exclusivos concedidos por una patente.  Si su respuesta es afirmativa, se ruega
mencionar la legislación pertinente.
El artículo 53 de la Decisión 486 menciona que el titular de la patente no podrá ejercer el
derecho a que se refiere el artículo anterior respecto de los siguientes actos:
a) actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales;
b) actos realizados exclusivamente con fines de experimentación, respecto al objeto de
la invención patentada;IP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
Página 23
c) actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica
o académica;
d) actos referidos en el artículo 5 ter del Convenio de París para la Protección de la
Propiedad Industrial;
e) cuando la patente proteja un material biológico excepto plantas, capaz de
reproducirse, usarlo como base inicial para obtener un nuevo material viable, salvo
que tal obtención requiera el uso repetido de la entidad patentada.
El artículo 54 de la Decisión 486 estipula que la patente no dará el derecho de impedir a un
tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por la patente, después de que
ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular de la patente, o
por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a ella.  A estos efectos se
entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa oindirectamente sobre la otra, una influencia decisiva con respecto a la explotación de la patente o
cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.
Cuando la patente proteja material biológico capaz de reproducirse, la patente no se
extenderá al material biológico obtenido por reproducción, multiplicación o propagación del material
introducido en el comercio conforme al párrafo primero, siempre que la reproducción, multiplicación
o propagación fuese necesaria para usar el material conforme a los fines para los cuales se introdujo
en el comercio y que el material derivado de tal uso no se emplee para fines de multiplicación o
propagación.
El artículo 55 de la Decisión 486 estipula que los derechos conferidos por la patente no
podrán hacerse valer contra una tercera persona que, de buena fe y antes de la fecha de prioridad ode presentación de la solicitud sobre la que se concedió la patente, ya se encontraba utilizando o
explotando la invención, o hubiere realizado preparativos efectivos o serios para hacerlo.  En tal caso
esa persona tendrá el derecho de iniciar o continuar la utilización o explotación de la invención, pero
este derecho sólo podrá cederse o transferirse junto con el establecimiento o la empresa en que se
estuviese realizando tal utilización o explotación.
24. El artículo 75 del Decreto 823 permite el otorgamiento de una licencia obligatoria si,
vencido el plazo de tres años contados a partir de la concesión de la patente, o de cuatro años
contados a partir de la solicitud de la misma, la patente no se ha "explotado" en los términos
que establecen los artículos 70 y 71 de dicho decreto en el país Miembro del Acuerdo de
Cartagena donde se solicite la licencia.  Sírvanse aclarar si esto supone que basta con que no seproduzca el producto patentado para proporcionar motivos suficientes para conceder una
licencia obligatoria en el país donde se solicite la licencia, incluso si el producto concernido se
importa en cantidades suficientes para satisfacer la demanda del mercado.
El artículo 59 de la Decisión 486 establece que el titular de la patente está obligado a
explotar la invención patentada en cualquier país miembro de la Comunidad Andina, directamente o
a través de alguna persona autorizada por él.  El artículo 60 prevé que se entenderá por explotación,
la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del procedimientopatentado junto con la distribución y comercialización de los resultados obtenidos, de forma
suficiente para satisfacer la demanda del mercado.  También se entenderá por explotación la
importación, junto con la distribución y comercialización del producto patentado, cuando ésta se
haga de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado.  Cuando la patente haga referencia
a un procedimiento que no se materialice en un producto, no serán exigibles los requisitos decomercialización y distribución.  En consecuencia, una mera falla en producir el producto patentadoIP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
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no brindaría suficiente base para el otorgamiento de una licencia obligatoria en el país donde se
presentó la solicitud si es que el producto mencionado es importado en cantidad suficiente para
satisfacer la demanda del mercado.
25. Sírvanse explicar en qué medida el artículo 75 del Decreto 823 garantiza que 1) un
potencial usuario ha intentado obtener la autoriza ción del titular de los derechos en términos y
condiciones comerciales razonables;  y 2) que esos intentos no han surtido efecto en un plazo
prudencial.  En este contexto, ¿cómo definen la expresión "plazo prudencial", y sobre qué
base?
1) El artículo 61 de la Decisión 486 (al que corresponde el artículo 75 del Decreto
Legislativo 823) establece que sólo se concederá licencia obligatoria cuando quien la solicite
hubiere intentado previamente obtener una licencia contractual del titular de la patente, entérminos y condiciones comerciales razonables y este intento no hubiere tenido efectos en un
plazo prudencial.
2) La definición de "período razonable de tiempo" corresponde a la oficina nacional
competente, y se apreciará en atención a las circunstancias de cada caso particular.
26. El artículo 75 del Decreto 823 estipula que el titular de la licencia obligatoria deberá
pagar al titular de la patente una compensación adecuada.  ¿Implica esto que debe tenerse en
cuenta el valor económico de la autorización?
El artículo 62 de la Decisión 486 señala que la oficina nacional competente establecerá el
alcance o extensión de la licencia, especificando en particular, el período por el cual se concede, el
objeto de la licencia, el monto y las condiciones de la compensación económica.  Esta compensación
deberá ser adecuada, según las circunstancias propias de cada caso, considerando en especial el valor
económico de la autorización.
27. Sírvanse indicar en qué lugar de la legislación de su país se estipula que toda decisión
relativa a la autorización de una licencia obligatoria estará sujeta a revisión judicial u otra
revisión independiente por una autoridad superior diferente.
Cualquier decisión adoptada por la Oficina de  Invenciones del INDECOPI, encargada de la
autorización de una licencia obligatoria, puede ser objeto de revisión en vía de apelación por la Sala
de la Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual,de acuerdo a lo previsto en el artículo 11 de l Decreto Ley 25868, Ley de Organización y Funciones
del INDECOPI.
En virtud del artículo 17 del Decreto Ley 25868, las resoluciones que expida el Tribunal del
INDECOPI, pueden ser impugnadas en la vía judicial, en primera instancia ante la Sala Civil de la
Corte Suprema.  Las Resoluciones que expida la referida Sala podrán ser apeladas, en segunda
instancia ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema.
28. Sírvanse indicar si la legislación de su país estipula que el alcance y duración de una
licencia obligatoria deben limitarse a los fines para los que hayan sido autorizados, y en qué
lugar.
El artículo 68 d) de la Decisión 486 establece que el alcance y la duración de las licencias
obligatorias se limitarán en función de los fines para los que se concedieran.IP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
Página 25
29. Sírvanse indicar qué disposición de la legislación de su país estipula la posibilidad de
una revisión judicial de toda decisión de revocación o de declaración de caducidad de una
patente.
Cualquier decisión adoptada por la Oficina de Invenciones del INDECOPI, encargada de
declarar la nulidad de una patente, puede ser objeto de revisión en vía de apelación por la Sala dePropiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, de
acuerdo a lo previsto en el artículo 11 del Decreto Ley 25868, Ley de Organización y Funciones del
INDECOPI.
En virtud del artículo 17 del Decreto Ley 25868, las resoluciones que expida el Tribunal del
INDECOPI, pueden ser impugnadas en la vía judicial, en primera instancia ante la Sala Civil de la
Corte Suprema.  Las resoluciones que expida la referida Sala podrán ser apeladas, en segundainstancia, ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema.
30. Se ruega indicar si la legislación de su país otorga protección adicional a las
innovaciones una vez transcurrido el período de 20 años otorgado por la patente.
La legislación peruana no otorga protección adicional a las invenciones después que el
período de 20 años de protección otorgado por la patente ha transcurrido.
31. Sírvanse explicar de qué forma la legislación de su país estipula el incremento de la
protección mediante patente o solicitudes de patente en trámite al 1º de enero de 1995.
La legislación peruana establece un régimen de patentes congruente con los niveles de
protección previstos en el Acuerdo sobre los ADPIC.  Conforme a la Disposición TransitoriaPrimera de la Decisión 486, todo derecho de pr opiedad industrial válidamente concedido de
conformidad con la legislación comunitaria anterior, se regirá por las disposiciones aplicables en la
fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los
derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en la Decisión 486.  En lo
relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normascontenidas en la Decisión 486.  Para el caso de procedimientos en trámite, la Decisión 486 regirá en
las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.
G. E
SQUEMAS DE TRAZADO (TOPOGRAFÍAS ) DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS
32. Se ruega describir cómo protege la legislación de su país las topografías.
La Decisión 486 contiene un título completo (artículos 86 a 112) dedicado a la protección de
los esquemas de trazado de circuitos integrados.  A estos efectos, el artículo 86 de la Decisión 486
contiene las siguientes definiciones:
a) circuito integrado:  un producto, en su forma final o intermedia, cuyos elementos, de
los cuales al menos uno es un elemento activo y alguna o todas las interconexiones, forman
parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material, y que esté destinado a
realizar una función electrónica;
 
b) esquema de trazado:  la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de
los elementos, siendo al menos uno de éstos activo, e interconexiones de un circuito
integrado, así como esa disposición tridimensional preparada para un circuito integrado
destinado a ser fabricado.IP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
Página 26
El artículo 87 de la Decisión 486 señala que un esquema de trazado de circuito integrado
será protegido cuando fuese original.  Un esquema de trazado será considerado original cuando
resultara del esfuerzo intelectual propio de su creador y no fuese corriente en el sector de la industria
de los circuitos integrados.  Cuando un esquema de trazado esté constituido por uno o más elementos
corrientes en el sector de la industria de los circuitos integrados, se le considerará original si lacombinación de tales elementos, como conjunto, cumple con esa condición.
33. Sírvanse explicar qué protección otorga la legislación de su país a los titulares de
derechos frente a la importación ilícita, la venta o la distribución para fines comerciales de
topografías comprendidos los circuitos integrados o un artículo que incorpore un circuito
integrado en el sentido del artícu lo 36 del Acuerdo sobre los ADPIC.
El artículo 99 de la Decisión 486 establece que la protección se aplicará independientemente
de que el circuito integrado que incorpora el esquema de trazado registrado se encuentre contenidoen un artículo e independientemente de que el esquema de trazado se haya incorporado en un
circuito integrado.  El registro de un esquema de trazado de circuito integrado confiere a su titular el
derecho de impedir a terceras personas realizar cualquiera de los siguientes actos:
a) reproducir, por incorporación en un circuito integrado o de cualquier otro modo, el
esquema de trazado protegido, en su totalidad o una parte del mismo que cumpla la
condición de originalidad;
b) comercializar, importar, ofrecer en venta, vender o distribuir de cualquier forma el
esquema de trazado protegido, o un circuito integrado que incorpore ese esquema;  o
c) comercializar, importar, ofrecer en venta, vender o distribuir de cualquier forma un
artículo en el que se encuentre incorporado el circuito integrado protegido, sólo en la
medida en que éste siga conteniendo un esquema de trazado ilícitamente
reproducido.
La protección conferida por el registro sólo atañe al esquema de trazado propiamente, y no
comprende ningún concepto, proceso, sistema, técnica o información codificados o incorporados en
el esquema de trazado.
El artículo 100 de la Decisión 486 señala que el derecho conferido por el registro del
esquema de trazado sólo podrá hacerse valer contra actos realizados con fines industriales o
comerciales.
34. Se ruega explicar cómo prevé la legislación de su país la derogación del artículo 36
como se especifica en el artículo 37 del Acuerdo sobre los ADPIC cuando la persona que
realice esos actos no supiera o no tuviera motivos  razonables para saber, al adquirir el circuito
integrado o el artículo que incorpora tal ci rcuito integrado, que incorporaba un esquema de
trazado reproducido ilícitamente.
De conformidad con el artículo 104 de la Decisión 486, no se considerará infracción de los
derechos sobre un esquema de trazado registrado la realización de alguno de los actos referidos en elartículo 99 de la Decisión respecto de un circuito integrado que incorpore ilícitamente un esquema
de trazado, o de un artículo que contenga tal circuito integrado, cuando la persona que los realizara
no supiera, y no tuviera motivos razonables para saber, que ese esquema de trazado se había
reproducido ilícitamente.  Desde el momento en que esa persona fuese informada de la ilicitud del
esquema de trazado, podrá continuar realizando esos actos respecto de los productos que aún tuvieraen existencia o que hubiese pedido desde antes pero a petición del titular del registro deberá pagarleIP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
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una compensación equivalente a una regalía razonable basada en la que correspondería pagar por
una licencia contractual.
35. Se ruega indicar la duración de la protección otorgada por la legislación de su país a
las topografías.
Según el artículo 98 de la Decisión 486 el derecho exclusivo sobre un esquema de trazado
registrado tendrá una duración de 10 años contados a partir de la más antigua de las siguientes
fechas:
a) el último día del año en que se haya realizado la primera explotación comercial del
esquema de trazado en cualquier lugar del mundo;  o
b) la fecha en que se haya presentado la solicitud de registro ante la oficina nacional
competente del respectivo país Miembro.
La protección de un esquema de trazado registrado caducará en todo caso al vencer un plazo
de 15 años contado desde el último día del año en que se creó el esquema.
36. Sírvanse indicar si la legislación de su país estipula que si se trata de tecnología de
semiconductores, únicamente se concederá una licencia obligatoria para un uso público no
comercial o para rectificar una práctica declarada contraria a la competencia tras un
procedimiento judicial o administrativo, y en qué lugar.
El artículo 68 e) de la Decisión 486, relativo a la concesión de licencias obligatorias sobre
patentes de invención, estipula que en caso de invenciones relativas a tecnología de
semiconductores, la licencia obligatoria sólo se autorizará para un uso público no comercial o para
remediar o rectificar una práctica declarada contraria a la libre competencia por la autoridad nacionalcompetente.  Esta disposición corresponde a la del artículo 31 apartado c) del Acuerdo sobre
los ADPIC.   
H. P
ROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA
37. Sírvanse explicar si la legislación de su país otorga o no un período de tiempo definido
para la protección de la información no divulgad a.  En caso afirmativo, se ruega especificar la
duración.
De acuerdo a lo señalado por el artículo 263 de la Decisión 486, la protección de un secreto
empresarial perdurará mientras existan las condiciones enumeradas en el artículo 260 de la referida
Decisión, es decir:  que sea secreta, que tenga valor comercial por ser secreta y haya sido objeto de
medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.
38. Sírvanse explicar cómo define la legislación de su país el término "información no
divulgada".
De acuerdo al artículo 260 de la Decisión 486, se considerará como secreto empresarial
cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que
pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de
transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea:IP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
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a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de
sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes
se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva;
 
b) tenga un valor comercial por ser secreta;  y
 
c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para
mantenerla secreta.
La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, características
o finalidades de los productos;  a los métodos o procesos de producción;  o, a los medios o formas de
distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.
39. Sírvanse explicar cómo define legislación su país los datos que se hayan sometido a
gobiernos u organismos gubernamentales.
El artículo 266 de la Decisión 486 (que corresponde al párrafo 3 del artículo 39 del Acuerdo
sobre los ADPIC), referida a secretos empresariales, señala que los países Miembros, cuando exijan,como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos
químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u
otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos
contra todo uso comercial desleal.
Específicamente con relación a la transparencia en la tramitación de procedimientos
administrativos, los documentos, antecedentes, estudios, dictámenes, opiniones, datos estadísticos y
toda otra información que las entidades del sector público tengan en su poder, deben ser
suministrados a los particulares que así lo soliciten quedando exceptuadas la documentación e
información que puedan afectar a la seguridad nacional y las relaciones exteriores y las
correspondientes a los particulares que tengan carácter reservado conforme a los dispositivos legalesvigentes o que se refieran a secretos comerciales o tecnológicos.  Ello se encuentra regulado por la
Ley Marco para el crecimiento de la inversión privada, aprobada mediante Decreto Legislativo
N° 757.
Queda entendido que las autoridades que autorizan la comercialización de productos
farmacéuticos y agroquímicos son entidades del sector público, sin fines de lucro, que desarrollanuna función encomendada expresamente por la ley.  En este sentido, el uso que hacen esas
autoridades al interior de sus instituciones y en cumplimiento de su función legal estatutaria de
autorizar la comercialización de esos productos, no constituye un uso comercial ni un uso desleal.
Tal uso es un uso estatal, no comercial, y por definición es un uso lícito, pues lo requieren las leyes
que rigen el mandato y funcionamiento de esas autoridades.
I. O
BSERVANCIA
40. Sírvanse indicar en qué medida la legislación de su país prevé la adopción de medidas
eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual.
La Decisión 486 establece las siguientes acciones para proteger los derechos de propiedad
industrial:IP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
Página 29
Acción reivindicatoria
El artículo 237 de la Decisión 486 establece que, cuando una patente o un registro de diseño
industrial se hubiese solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a obtenerlo, o en perjuicio de
otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante laautoridad nacional competente pidiendo que le sea transferida la solicitud en trámite o el derecho
concedido, o que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho.
Asimismo, cuando un registro de marca se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de otra
persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad
nacional competente pidiendo que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho.
Acción por infracción de derechos
El artículo 238 de la Decisión 486 establece que el titular de un derecho protegido en virtud
de la misma, podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona
que infrinja su derecho o ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.
Acción de indemnización por daños y perjuicios
La Decisión 486 dispone en su artículo 239 que el titular de una patente podrá ejercer acción
judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la invención o del modelo de utilidaddurante el período comprendido entre la fecha en que adquiera carácter público y pueda ser
consultada la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la patente.
Adicionalmente, agotada la vía administrativa, el titular de un derecho de propiedad
intelectual está legitimado para iniciar acciones reivindicatorias o indemnizatorias en la vía civil.
Se puede acudir al ámbito civil para que la autoridad judicial determine la indemnización
por daños y perjuicios causados por la infracción a derechos de propiedad intelectual, debidamente
acreditados en la vía administrativa, la cual comp ensará las pérdidas sufridas así como el lucro
cesante causado por la infracción. Asimismo, se puede ordenar el pago de costos y costas (verrespuesta a la pregunta 45).  De acuerdo a lo señalado por el artículo 246 del Decreto
Legislativo 823 la cuantía de las ganancias dejadas de obtener se fijará teniendo en cuenta, entre
otros, los criterios siguientes:
1) Los beneficios que el titular hubiese obtenido mediante el uso o explotación del
derecho de no haberse producido la violación;
2) Los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación;
3) El precio que el infractor hubiese tenido que pagar al titular por la concesión de la
licencia que le hubiese permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.
En vía de acción contencioso administrativa (artículo 540 del Código Procesal Civil), se
puede acudir a la vía judicial civil para revocar lo resuelto en la instancia administrativa.
En lo referido a medidas cautelares, ver respuesta a la pregunta 48. En cuanto a los
procedimientos penales, ver respuesta a pregunta 53.IP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
Página 30
41. Sírvanse explicar si la legislación de su país prevé un mecanismo para apelar contra las
decisiones administrativas definitivas ante órganos judiciales.
En virtud de lo señalado por el artículo 17 del Decreto Ley N° 25868 las resoluciones que
expida el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (segunda y última
instancia administrativa), podrán ser impugnadas en la vía judicial, en primera instancia, ante la SalaCivil de la Corte Suprema de Justicia.  Las resoluciones que expida la referida Sala podrán ser
apeladas, en segunda instancia, ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema
de Justicia.
Las resoluciones emitidas por las Comisiones, Oficinas o Tribunal del INDECOPI, se
ejecutarán inmediatamente, sin perjuicio que el interesado interponga los recursos impugnatorios
que la ley le otorga.  Únicamente se suspenderá la ejecución cuando lo dispusiera expresamente el
Tribunal del INDECOPI o la Co rte Suprema del Poder Judicial.
42. Sírvanse indicar en qué medida la legislación de su país autoriza a los jueces a ordenar
que la parte contraria presente pruebas.  Sírvanse dar información precisa sobre cuáles son las
medidas que se adoptan para garantizar la protección de la información confidencial.
En virtud del artículo 189 del Código Procesal Civil, los medios probatorios deben ser
ofrecidos por las partes en los actos postulatorios.  Como medio probatorio, las partes se encuentranfacultadas para solicitar la exhibición de documentos que se encuentren bajo el control de la otra
parte.  El juez puede conminar dicha exhibición.  El incumplimiento de la parte obligada a la
exhibición, será apreciado por el juez al momento de resolver, sin perjuicio de aplicar una sanción.
Cabe señalar que según el artículo 194 del Código Procesal Civil, cuando los medios
probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar convicción, el juez puede ordenar
la actuación de los medios probatorios adicionales que considere convenientes.
En la vía administrativa, según el artículo 76 del Decreto Supremo 02-94-JUS -Texto Único
Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos- cuando los mediosprobatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar convicción, la Autoridad
Administrativa puede ordenar la actuación de los medios probatorios adicionales que considere
convenientes.
Asimismo, el artículo 2 del Decreto Legislativo 807 -Ley sobre Facultades, Normas y
Organización del INDECOPI- señala que el INDECOPI puede exigir a las personas naturales o
jurídicas la exhibición de todo tipo de documentos .  Quien proporcione información falsa u oculte,
destruya o altere cualquier libro, registro o documento que haya sido requerido, será sancionado con
una multa, la cual se duplicará sucesivamente en caso de reincidencia.
En cuanto a la protección de la información confidencial, por el principio constitucional del
derecho de defensa, todas las pruebas e informaciones materia de un proceso deben ser puestas enconocimiento de la otra parte y son susceptibles del ejercicio de todos los medios impugnatorios.
Los procesos son públicos, por lo que la información vertida en ellos no goza de confidencialidad
salvo el respeto a la intimidad y al honor de las personas que se aplica en forma general dentro o
fuera de un proceso.  De otro lado, el artículo 184.6 del Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica
del poder judicial señala que es deber de los magistrados guardar absoluta reserva sobre los asuntosen los que intervienen.IP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
Página 31
Sin embargo, en virtud del artículo 6 del Decreto Legislativo 807, la información recibida
por el INDECOPI que constituya un secreto industrial o comercial, deberá ser declarada reservada.
En tal caso, se tomarán todas las medidas que sean necesarias para garantizar la reserva y
confidencialidad de la información, bajo responsabilidad.
De llegar a la vía civil, el INDECOPI (como parte co-demandada) mantendrá la reserva
sobre la información confidencial, no proporcionándola a los jueces.  En caso que los jueces
soliciten dicha información al INDECOPI, éste deberá presentarla.  A partir de dicho momento, los
jueces civiles asumirán responsabilidad directa por la reserva y confidencialidad de la información.
43. Sírvanse citar las disposiciones de la legislación de su país que autorizan a los jueces a
ordenar a un demandado que desista de una infracción.
El artículo 241 a) de la Decisión 486, establece que el demandante o denunciante podrá
solicitar a la autoridad nacional competente que se ordene el cese de los actos que constituyen la
infracción.
Asimismo, el artículo 246 a) de la Decisión 486, señala que puede solicitarse como medida
cautelar el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción.
 
Finalmente, el artículo 177 a) de la Ley sobre el Derecho de Autor, señala entre las medidas
provisionales que pueden ser solicitadas por los titulares de un derecho de autor la suspensión o cese
inmediato de la actividad ilícita.
44. Sírvanse citar las disposiciones de la legislación de su país que autorizan a los jueces a
ordenar el pago al titular de un resarcimiento adecuado para compensar el daño que éste haya
sufrido.
De acuerdo con el artículo 245 del Decreto Legislativo 823, la indemnización por daños y
perjuicios compensará las pérdidas sufridas así como el lucro cesante causado por la violación.  La
cuantía de las ganancias dejadas de obtener se fijará teniendo en cuenta, entre otros, los criterios
siguientes:
a) Los beneficios que el titular hubiese obtenido mediante el uso o explotación del
derecho de no haberse producido la violación;
b) Los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación;c) El precio que el infractor hubiese tenido que pagar al titular por la concesión de las
licencias que le hubiese permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.
El artículo 196 del Decreto Legislativo 822 señala que los titulares de cualesquiera de los
derechos reconocidos en la ley, sus representantes o las sociedades de gestión colectiva, sin perjuicio
de otras acciones que les correspondan, podrán pedir el cese de la actividad ilícita del infractor y
exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados por la violación, así como el
pago de las costas procesales.IP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
Página 32
45. Sírvanse citar las disposiciones de la legislación de su país que autorizan a los jueces a
ordenar al infractor que pague los gastos al titular de los derechos.
En virtud del artículo 412 del Código Procesal Civil, el reembolso de las costas y costos del
proceso no requiere ser demandado y es de cargo de la parte vencida.  Las costas están constituidas
por las tasas judiciales, los honorarios de los órganos de auxilio judicial y los demás gastos judicialesrealizados en el proceso.  Son costos del proceso el honorario del abogado de la parte vencedor, más
un porcentaje para el Colegio de Abogados del distrito judicial respectivo.
46. Sírvanse explicar si los jueces tienen autoridad para ordenar que las mercancías
infractoras sean apartadas de los circuitos comerciales o sean destruidas y en qué medida
tienen esa autoridad.
El artículo 241 incisos c) y f) de la Decisión 486 estipula que el demandante o denunciante
de una acción por infracción podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordene elretiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los
envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los
materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;  y que se ordene la
adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción,
incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos.
El artículo 246 inciso b) de la Decisión 486 menciona que podrá ordenarse como medida
cautelar el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción,
incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así
como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción.
El artículo 255 segundo párrafo de la Decisión 486 señala que podrá ordenarse la
destrucción de mercancías con marcas falsificadas que fuesen incautadas por las autoridades de
aduanas.
El artículo 178 del Decreto Legislativo 822 estipula que la Oficina de Derechos de Autor
podrá ordenar la destrucción de las mercancías infractoras y de cualquiera de los materiales o
instrumentos utilizados para la comisión de la infracción.
47. Sírvanse citar las disposiciones de la legislación de su país que autorizan a los jueces a
indemnizar al demandado en caso de abuso por parte del demandante.
Las medidas cautelares se dictan por cuenta y bajo responsabilidad del denunciante.
Se podrá solicitar en la vía civil la indemnización de los daños y perjuicios a que hubiere
lugar como consecuencia de las medidas cautelares dictadas.
Cabe agregar que nuestro Código Procesal Civil en su artículo 613 contempla la figura de la
contracautela, que tiene por objeto asegurar al afectado con una medida cautelar, el resarcimiento de
los daños y perjuicios que pueda causar su ejecución.
48. Sírvanse indicar de qué forma la legislación de su país aplica el artículo 50 del Acuerdo
sobre los ADPIC.
La Decisión 486 contiene un capítulo (artículos 245 a 249) dedicado especialmente a las
medidas cautelares.  Esas disposiciones reflejan, en lo relativo a los derechos de propiedad
industrial, las disposiciones del artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC.IP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
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A nivel judicial, según el artículo 608 del C ódigo Procesal Civil, todo juez puede, a pedido
de parte, dictar medidas cautelares (medidas provisionales) antes de iniciarse un proceso o dentro de
éste, destinadas a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva.
Asimismo, el artículo 198 del Decreto Legislativo N° 822 señala que el juez, a instancia del
titular del respectivo derecho, de su representante o de la sociedad de gestión correspondiente
ordenará la práctica inmediata de las medidas cautelares necesarias para evitar que se cometa la
infracción o que se continúe o repita una violación ya realizada, y en particular las siguientes:
- embargo de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita o, en su caso de las
cantidades debidas por concepto de remuneración;
- la suspensión inmediata de la actividad de fabricación, reproducción, distribución,
comunicación o importación ilícita según proceda;
- el secuestro de los ejemplares producidos o utilizados y el del material o equipos
empleados para la actividad infractora.
Adicionalmente, se puede solicitar y conceder una medida cautelar no prevista pero que
asegure de la forma más adecuada el cumplimiento de la decisión definitiva.
La adopción de esas medidas inaudita altera parte , es una de las características de las
medidas cautelares (medidas provisionales) y tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de ladecisión definitiva.  En virtud del artículo 611 de l Código Procesal Civil, el juez, siempre que de lo
expuesto y prueba anexa considere verosímil el derecho invocado y necesaria la decisión preventiva
por constituir peligro la demora del proceso o por cualquier otra razón justificable, dictará medida
cautelar en la forma solicitada o la que considere adecuada atendiendo a la naturaleza de la
pretensión principal.
El artículo 610 del Código Procesal Civil señala que el que solicita la medida cautelar
(medida provisional) debe exponer ante el juez, los fundamentos de su pretensión cautelar (debiendo
acreditar la apariencia del derecho invocado y el peligro en la demora);  señalar la forma de ésta;
indicar si fuera el caso, los bienes sobre los que de be recaer la medida y el monto de su afectación;
ofrecer contracautela y designar el órgano de auxilio judicial correspondiente.
Para mantener en aplicación la medida cautelar, a pedido del titular de la medida y en
cualquier estado del proceso, puede variarse ésta, sea modificando su forma o variando los bienes
sobre los que recae o su monto.
La contracautela tiene por objeto asegurar al afectado con una medida cautelar, el
resarcimiento de los daños y perjuicios que pueda causar su ejecución.  La admisión de la
contracautela, en cuanto a su naturaleza y monto, es decidida por el juez, quien puede aceptar la
ofrecida por el solicitante, graduarla, modificarla o, incluso, cambiarla por la que considere
pertinente.
Finalmente, cabe mencionar que toda medida cautelar importa un prejuzgamiento y es
provisoria, instrumental y variable.
A nivel administrativo, el artículo 27 del Decreto Legislativo Nº 807, establece que en
cualquier etapa del procedimiento, de oficio  o a pedido de parte, el INDECOPI podrá dictar una o
varias de las siguientes medidas cautelares:IP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
Página 34
- la cesación de los actos materia de denuncia;
- el comiso, el depósito o la inmovilización de los productos, etiquetas, envases y
material publicitario materia de la denuncia;
- el cese preventivo de la publicidad materia de la denuncia;
- la adopción de las medidas necesarias para que las autoridades aduaneras impidan el
ingreso al país de los productos materia de denuncia;
- el cierre temporal del establecimiento del denunciado;
- cualquier otra medida que evite que se produzca algún perjuicio.
Asimismo, el artículo 177 de la Ley sobre el Derecho de Autor, señala entre las medidas
provisionales que pueden ser solicitadas por los titulares de un derecho de autor a las siguientes:
- la suspensión o cese inmediato de la actividad ilícita;
- la incautación o comiso y retiro de los canales comerciales de los ejemplares
producidos o utilizados y del material o equipos empleados para la actividad
infractora;
- la realización de inspección, incautación o comiso sin aviso previo.
La adopción de esas medidas inaudita altera parte , es una de las características de las
medidas cautelares (medidas provisionales) y tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de la
decisión definitiva.  El artículo 27 del Decreto Legislativo Nº 807 señala que puede ordenarse laadopción de esas medidas en cualquier etapa del procedimiento de acción por infracción, de oficio o
a pedido de parte.  Pueden ordenarse a efectos de asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva,
es decir evitar que se produzca algún perjuicio derivado del acto denunciado o que tenga por
finalidad la cesación de éste.
A nivel administrativo, no existe un procedimiento especial para la adopción de medidas
provisionales.  Éstas deben ser solicitadas al interior de un procedimiento de acción por infracción de
derechos de propiedad intelectual (cabe mencionar que el procedimiento de acción por infracción
puede también iniciarse cuando exista peligro inminente de que los derechos del titular pueden ser
conculcados).
El artículo 241 del Decreto Legislativo Nº 823, señala que las medidas cautelares serán
dictadas por cuenta y bajo responsabilidad del denunciante.
De otro lado, el artículo 181 del Decreto Legislativo Nº 822, señala que la Oficina de
Derechos de Autor tiene la facultad para ordenar medidas preventivas o cautelares en virtud del
pedido de una sola parte, sin necesidad de notificar previamente a la otra, en especial cuando hayaposibilidad de que cualquier retraso cause un daño irreparable al titular del derecho o cuando haya
un riesgo inminente de que se destruyan las pruebas.
49. Sírvanse identificar las autoridades compet entes en su jurisdicción que reciben las
solicitudes presentadas por los titulares para demandar que las autoridades de aduanasuspendan el despacho de mercancías falsificadas.IP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
Página 35
En el Perú se protegen los derechos de propiedad intelectual en tres ámbitos:  administrativo,
civil y penal, resolviéndose la mayoría de casos en la vía administrativa.
Las medidas en frontera pueden ser solicitadas ante el Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), dentro de un proceso de
acción por infracción de derechos de propiedad intelectual. Asimismo, pueden ser solicitadas como
medida cautelar al interior de un proceso civil o penal. En ambos casos, las medidas en frontera son
ejecutadas por las autoridades competentes de aduanas.   
50. Sírvanse indicar si existen o no procedimientos para suspender la exportación de
mercancías falsificadas.
En virtud de lo señalado por el artículo 250 de la Decisión 486, el titular de un registro de
marca, que tuviera motivos fundados para suponer que se va a realizar la importación o exportación
de productos que infringen ese registro, podrá solicitar a la autoridad nacional competente suspender
esa operación aduanera.
51. Sírvanse citar las disposiciones de la legislación de su país que autorizan a las
autoridades competentes a ordenar la destrucció n o eliminación de las mercancías infractoras.
Ver respuesta a la pregunta 46.
Conforme al artículo 241 incisos c) y f) de la Decisión 486, el demandante o denunciante
puede pedir que se ordene el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la
infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros
materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer lainfracción.  También podrá pedir la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o
la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios
referidos.
En cuanto a los bienes incautados, de acuerdo con el artículo 178 del Decreto
Legislativo 822, la Oficina de Derechos de Autor, podrá ordenar la destrucción de las mercancías
infractoras y de cualquiera de los materiales e instrumentos utilizados para la comisión de la
infracción.
52. Sírvanse indicar si la legislación de su país prevé una excepción para las importaciones
insignificantes.
El artículo 256 de la Decisión 486, referido a medidas en frontera, señala que quedan
excluidas de la aplicación de las disposiciones sobre las medidas en frontera, las cantidades
pequeñas de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de
los viajeros o se envíen en pequeñas partidas.
53. Sírvanse explicar de qué forma la legislación de su país aplica el artículo 61 del
Acuerdo sobre los ADPIC.
La autoridad pública competente para la iniciación del procedimiento penal es el Ministerio
Público, que es el organismo autónomo del Estado que tiene como funciones principales la defensa
de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos, entre otros.  En el caso de los
derechos de propiedad intelectual, es competente la Decimonovena Fiscalía Provincial Penal de
Lima y Ad Hoc en Delitos Intelectuales.  Asimismo, el INDECOPI a través de la Fiscalíamencionada, es competente para iniciar procedimientos penales.IP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
Página 36
El Ministerio Público puede iniciar el procedimiento de oficio  (propia iniciativa) cuando
existan indicios razonables de la comisión de un delito;  o a instancia de la parte agraviada (a raíz de
reclamaciones).
En el caso de los delitos contra los derechos de propiedad intelectual, los particulares no
están legitimados para entablar procedimientos penales directamente, sino que deben hacerlo a
través de la Fiscalía Especializada.
Nuestro Código Penal, establece como delitos contra los derechos de propiedad intelectual a
los siguientes supuestos:
Delitos contra los derechos de autor y conexos:
- uso indebido de producción intelectual - artículos 216 y 217 del Código Penal;
- plagio - artículo 218 del Código Penal;
- exceso de edición o circulación autorizada - artículo 219 del Código Penal;  y
- venta o distribución de producción ilícita - artículo 220 del Código Penal.
Infracción Sanción
Uso indebido de producción intelectual 1 a 3 años privación de libertad y 10 a 60 días multa(*).
Forma agravada:  2 a 6 años privación de libertad y 30a 90 días multa.
Plagio 2 a 8 años privación de libertad y 60 a 120 días multa.
Exceso de edición o circulaciónautorizada2 a 8 años privación de libertad y 60 a 180 días multa.
Venta o distribución de producción
ilícita4 a 8 años de privación de libertad y 90 a 365 días multa.
(*) El día multa es una sanción menor establecida según el criterio del juez.  Es un
porcentaje sobre los ingresos del procesado.
En estos casos se prevé la incautación previa de los ejemplares ilícitos y de los
aparatos o medios utilizados para la comisión del ilícito.  Asimismo, se prevé el
allanamiento o descerraje del lugar en que se esté cometiendo el ilícito penal.
Delitos contra la propiedad industrial:
- uso no autorizado de patente - artículo 222 del Código Penal;- uso o venta no autorizado de modelo o diseño industrial - artículo 223 del Código
Penal;
- uso indebido de expresión que lo acredite como titular de un modelo o diseño
industrial, artículo 224 del Código Penal;  yIP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
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- uso indebido de marca - artículo 225 del Código Penal.
Infracción Sanción
Uso no autorizado de patente 2 a 4 años privación de libertad y 60 a 365 días multa e
inhabilitación (**).
Uso o venta no autorizado de modelo odiseño industrial1 a 4 años privación de libertad y 60 a 365 días multa e
inhabilitación.
Uso indebido de expresión que loacredite como titular de un modelo o
diseño industrial1 a 4 años privación de libertad y 60 a 365 días multa e
inhabilitación.
Uso indebido de marca 1 a 4 años privación de libertad y 60 a 365 días multa e
inhabilitación.
(**) La inhabilitación producirá la incapacidad para ejercer por cuenta propia o por
intermedio de un tercero, profesión, comercio, arte o industria, que deben especificarse en la
sentencia.
IV. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL JAPÓN
A. D ISPOSICIONES GENERALES
1. Sírvanse explicar cómo se aplican en su  país las Decisiones 344, 345, 351 y 391 de la
Comisión del Acuerdo de Cartagena, e indicar si se cumplen directamente o por medio de la
legislación nacional.
Las Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre el Régimen Común sobre
Propiedad Industrial (Decisiones 344 y 486), el Régi men Común de Protección a los Derechos de los
Obtentores de Variedades Vegetales (Decisión 345), el Régimen Común sobre Derecho de Autor y
Derechos Conexos (Decisión 351) y el Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos
(Decisión 391) son aplicadas directamente en nuestra legislación, según lo señalado en el artículo 55de la Constitución Política del Perú que establece que los tratados celebrados por el Estado y en
vigor forman parte del derecho nacional.
Asimismo, el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
establece, en su artículo 3, que las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de RelacionesExteriores o de la Comisión, serán directamente aplicables en los países Miembros a partir de la
fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha
posterior.
B. D
ERECHO DE AUTOR
2. Sírvanse explicar cuáles son las excepciones o exenciones al trato nacional y al trato de
la nación más favorecida que habría en la legislación sobre derecho de autor y derechos
conexos, tal como lo admiten los artículos 3 y 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.IP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
Página 38
Nuestra legislación interna en materia de Derechos de Autor y Derechos Conexos
(Decisión 351 y Decreto Legislativo N° 822), no ha previsto excepciones con respecto a la
aplicación de los principios de trato nacional y trato de la nación más favorecida previstos en los
artículos 3 y 4 del Acuerdo sobre los ADPIC respectivamente.
C. D IBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES
3. Sírvanse explicar cómo se aplica en su país el párrafo 2 del artículo 25 del Acuerdo
sobre los ADPIC que establece la protección de los dibujos o modelos textiles, considerando
que el artículo 58 de la Decisión 344 estipula que los dibujos industriales "relativos a las
prendas de vestir" no se registrarán.
La Decisión 486 no contiene la exclusión que existía en el artículo 58 de la Decisión 344,
referida en esta pregunta.
De esta forma, el artículo 116 de la Decisión 486 -Régimen Común sobre Propiedad
Industrial- al enumerar los diseños que no serán registrables no incluye dentro de ellos a los diseños
industriales relacionados a indumentaria, razón por la cual quedan protegidos bajo las normas de
propiedad industrial.
4. Sírvanse explicar cómo se aplica en su país el párrafo 3 del artículo 26 del Acuerdo
sobre los ADPIC que exige que la protección de los dibujos y modelos industriales sea por 10
años como mínimo, considerando que el artículo 65 de la Decisión 344 estipula que el registro
de los dibujos y modelos industriales tendrá una duración de 8 años contados a partir de la
fecha de presentación de la solicitud.
La Decisión 486 señala en su artículo 128 que el registro de un diseño industrial tendrá una
duración de 10 años, contados desde la fecha de pr esentación de la solicitud en el país Miembro,
conforme con la protección otorgada por el párrafo 3 del artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Cabe mencionar que el plazo de 10 años de protección a los diseños industriales, se
encuentra también previsto en el artículo 109 del Decreto Legislativo N° 823 (Ley de Propiedad
Industrial del 24 de abril de 1996).
V. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR SUIZA
A. P ATENTES
1. ¿Están todas las categorías de productos su jetas a protección mediante patente en su
legislación o hay excepciones?  De ser así, sírvanse explicar de forma detallada cuáles son esas
excepciones y cómo se aplican.  En particular, ¿son patentables todos los productos
farmacéuticos?
La Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, señala en su artículo 14 que
se otorgan patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos
de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicaciónindustrial.
De acuerdo al artículo 15 de la mencionada norma, no se considerarán invenciones:a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;IP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
Página 39
b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos
biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que
pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural;
c) las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor;d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o
actividades económico-comerciales;
e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales;  y, las formas de
presentar información.
De otro lado, en su artículo 20, señala que no serán patentables:
a) Las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del país Miembro
respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral.
A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerarácontraria al orden público o a la moral sólo debido a la existencia de una disposición
legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación.
b) Las invenciones cuya explotación comercial en el país Miembro respectivo deba
impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de losanimales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente.  A estos efectos la
explotación comercial de una invención no se considerará contraria a la salud o la
vida de las personas, de los animales, o para la preservación de los vegetales o del
medio ambiente sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que
prohíba o que regule dicha explotación.
c) Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la
producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o
microbiológicos.
d) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así
como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.
Por lo anterior cabe mencionar que todos los productos farmacéuticos son patentables
siempre y cuando cumplan con los requisitos de patentabilidad, es decir:  que sean nuevos, tengan
nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial, y que no se encuentren dentro de los
supuestos previstos en los artículos 15 y 20 anteriormente citados.
Pregunta de seguimiento:
De acuerdo al artículo 15 e) de la Deci sión 486, sobre Régimen Común de Propiedad
Industrial, "los programas de ordenador o el soporte lógico, como tales" no se considerarán
invenciones.  ¿Podrían explicar si en la prác tica esta excepción general significa que en el
campo de los programas de ordenador, no se otorgarán patentes aunque los requerimientos depatentabilidad sean completados?(por ejemplo, si son nuevos, entrañan nivel inventivo y son
susceptibles de aplicación industrial) o sírvanse indicar bajo qué condiciones se otorgará una
patente en este campo.IP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
Página 40
Los programas de computadora o software son expresiones literarias y se encuentran
protegidas -de conformidad con el artículo 10 del Acuerdo sobre los ADPIC- por derechos de autor,
que el régimen común andino prevé una protección mayor que el derecho de patentes (artículos 23 y
siguientes de la Decisión 351 "Régimen Común sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos",
artículos 59 y siguientes del Decreto Legislativo 822 "Ley sobre el Derecho de Autor") en la medidaen que su protección está libre de cualquier formalidad, desde su creación, y los plazos de protección
son mayores.
2. ¿Considera su legislación, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 27 en el
contexto del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC, que la importación es una forma de
"explotación de una patente" (y excluye por tanto el otorgamiento de una licencia
obligatoria)?
De acuerdo al artículo 60 de la Decisión 486, se entenderá por explotación, la producción
industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del procedimiento patentado junto con la
distribución y comercialización de los resultados obtenidos, de forma suficiente para satisfacer la
demanda del mercado.  También se entenderá por explotación la importación, junto con la
distribución y comercialización del producto patentado, cuando ésta se haga de forma suficiente parasatisfacer la demanda del mercado.  Cuando la patente haga referencia a un procedimiento que no se
materialice en un producto, no serán exigibles los requisitos de comercialización y distribución.
De acuerdo al artículo 59 de la Decisión 486, esa explotación podrá hacerse en el Perú o en cualquier
otro país miembro de la Comunidad Andina.
En tal sentido, el régimen de licencias obligatorias se aplicará cuando no se haya explotado
la patente de conformidad con el artículo 60.
Por lo tanto, las licencias obligatorias no tendrán lugar si el producto patentado es
importado, distribuido y comercializado.
3. ¿Están las licencias obligatorias sujetas en  su legislación a las condiciones enumeradas
en el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC?  Si se prevén excepciones, sírvanse explicar de
forma detallada cuáles son esas excepciones y cómo se aplican en su legislación.
La Decisión 486 incorpora en el Título II "De las Patentes de Invención", capítulo VII
"Del Régimen de Licencias Obligatorias", artículos 61 a 69, las condiciones enumeradas en elartículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC, referido a "Otros usos sin autorización del titular de los
derechos".
Nuestra legislación no establece excepciones a las condiciones enumeradas en el artículo 31
del Acuerdo sobre los ADPIC.
4. ¿Prevé su legislación el principio de la inversión de la carga de la prueba en los litigios
relativos a patentes de procedimientos?  Sírvanse indicar la ley pertinente y explicar losartículos correspondientes.
De acuerdo al artículo 240 de la Decisión 486, en los casos en los que se alegue una
infracción a una patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto, corresponderá
al demandado en cuestión probar que el procedimiento que ha empleado para obtener el producto es
diferente del procedimiento protegido por la patente cuya infracción se alegue.  A estos efectos sepresume, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del
titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, si:IP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
Página 41
a) el producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo;  o
b) existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado
mediante el procedimiento y el titular de la patente de éste no puede establecer
mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamenteutilizado.
En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del
demandado o denunciado en cuanto a la protección de sus secretos empresariales.
B. P
ROTECCIÓN DE INFORMACIÓN NO DIVULGADA
5. Sírvanse explicar de forma detallada si su legislación garantiza que los datos de
pruebas u otros no divulgados y confidenciales presentados por un solicitante al organismooficial competente en el marco del procedimiento prescrito para autorizar la comercialización
de un producto farmacéutico quedan protegidos contra toda divulgación y contra todo uso
comercial desleal por un competidor, por ejemplo a través de la prohibición impuesta a un
segundo solicitante de fundarse en los datos originales del primer solicitante o de referirse a
ellos en el marco de su posterior solicitud de autorización de comercialización de su propioproducto.  ¿Establece su legislación excepciones a tal respecto?  De ser así, ¿con sujeción a qué
condiciones resultarían ellas aplicables?
El artículo 266 de la Decisión 486, señala que los países Miembros, cuando exijan como
condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicosagrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no
divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo
uso comercial desleal.  Además los países Miembros protegerán esos datos contra toda divulgación,
excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para
garantizar la protección de los datos, contra todo uso comercial desleal.
Asimismo, el artículo 35 del Decreto Legislativo 757 -Ley Marco para el Crecimiento de la
Inversión Privada- señala que la documentación e información proporcionada a las entidades del
sector público no puede ser divulgada en cuanto pudiera afectar a la seguridad nacional y las
relaciones exteriores, las que tengan alcance y circulación meramente internos de la administraciónpública, y las correspondientes a los particulares que tengan carácter reservado, o que se refieran a
secretos comerciales o tecnológicos.
Respecto del uso comercial desleal, queda entendido que las autoridades que autorizan la
comercialización de productos farmacéuticos y agroquímicos son entidades del sector público, sin
fines de lucro, que desarrollan una función encomendada expresamente por la ley.  En este sentido,
la utilización de esos datos por dichas autoridades al interior de sus instituciones y en cumplimientode su función legal estatutaria de autorizar la comercialización de esos productos, no constituye un
uso comercial ni un uso desleal.  Tal utilización es un uso estatal, no comercial, y por definición es
un uso lícito, pues lo requieren las leyes que rigen el mandato y el funcionamiento de esas
autoridades. Asimismo, respecto de la divulgación, queda entendido que la utilización de los datos
por las referidas autoridades al interior de sus instituciones y en cumplimiento de su función legal,cualquiera sea el origen de esos datos, no implica una divulgación de los mismos en la medida que
no se permita a terceros acceder a ellos, salvo en los casos de excepción indicados en el artículo 266
de la Decisión 486, que corresponden a los del párrafo 3 del artículo 39 del Acuerdo sobre
los ADPIC.IP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
Página 42
Pregunta de seguimiento:
En cuanto al tema de uso comercial desleal de datos sometidos por un solicitante
anterior a las autoridades responsables en el procedimiento de autorización de
comercialización cuando se trate de un producto farmacéutico o un producto químico para laagricultura, sírvanse explicar si y de qué manera, su ley prevé que un segundo solicitante no se
base o haga referencia en su solicitud para autorización de comercialización de su propio
producto, en los datos originales sometidos por el primer solicitante para un segundo producto
equivalente al producto de la primera parte. ¿Su legislación prevé plazos en los que las
autoridades o un segundo solicitante no pueden basarse en tales datos o hacer referencia a los
mismos antes de su expiración?
La pregunta formulada consta de dos partes.
Con relación a la primera parte de la pregunta:  En el Perú, la autoridad encargada de otorgar
el certificado de registro sanitario es la DIGEMID (Dirección General de Medicamentos, Insumos y
Drogas) del Ministerio de Salud.
La disposición del párrafo 3 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC se refiere al caso
en que, como condición para la aprobación sanitaria de un producto farmacéutico o químico agrícola
se exija la presentación de datos de pruebas u otros datos no divulgados, cuya elaboración suponga
un esfuerzo considerable.  Si tal fuese el caso, los Miembros de la OMC tendrán dos obligaciones
puntuales, a saber, a) proteger esos datos contra t odo uso comercial desleal, y b) proteger esos datos
contra toda divulgación.
En tal sentido, el artículo 266 de la Decisión 488 cumple plenamente con las exigencias del
Acuerdo sobre los ADPIC.
Cabe observar que sólo hay obligación de proteger los datos contra un uso que fuese a la vez
comercial y desleal. No habría obligación de proteger los datos contra un uso que no fuese
comercial, o que no fuese desleal.
Con relación a la segunda parte de la pregunta:  En la normativa peruana sobre propiedad
industrial y represión de la competencia desleal (en la parte correspondiente a la protección de dicha
información no divulgada) no se establecen plazos para la protección de dicha información, mientras
existan las condiciones establecidas en la norma (que la información sea secreta, que tenga un valor
comercial por ser secreta y que haya sido objeto de medidas razonables tomadas per su legítimo
poseedor para mantenerla secreta).
VI. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS
A. D
ISPOSICIONES GENERALES
1. Sírvanse describir, en relación con cada forma de propiedad intelectual a que se aplica
el Acuerdo sobre los ADPIC, incluida la protección de las obtenciones vegetales, cómo el Perú
otorga el trato nacional y el trato de la nación más favorecida a los nacionales de los demás
Miembros de la OMC.
La Decisión 486 -Régimen Común sobre Propiedad Industrial-, cubre las siguientes formas
de propiedad intelectual:IP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
Página 43
- patentes de invención;
- los modelos de utilidad;
- los esquemas de trazado de circuitos integrados;
- los diseños industriales;
- las marcas;
- lemas comerciales;
- las marcas colectivas;
- las marcas de certificación;
- nombres comerciales;
- rótulos o enseñas;
- indicaciones geográficas.
Los artículos 1 y 2 de la referida Decisión establecen con respecto a la protección de la
propiedad intelectual, los principios de trato nacional y del trato de la nación más favorecida
respectivamente.
En relación con el principio de trato nacional, el artículo 1 señala que cada país Miembro
concederá a los nacionales de los demás Miembros de la Comunidad Andina, de la Organización
Mundial del Comercio y del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, un trato
no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales.
En cuanto al principio del trato de la nación más favorecida, el artículo 2 de la Decisión 486
indica que toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un país Miembro a los nacionales
de otro país miembro de la Comunidad Andina, se hará extensiva a los nacionales de cualquier
Miembro de la Organización Mundial del Comercio o del Convenio de París para la Protección de la
Propiedad Industrial.
De otro lado, la Decisión 351 -Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos
Conexos-, señala en su artículo 2 que cada país Miembro concederá a los nacionales de otro país,
una protección no menos favorable que la reconocida a sus propios nacionales en materia de derecho
de autor y derechos conexos.
El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio de la OMC (el "Acuerdo sobre los ADPIC") quedó incorporado en la legislación interna
en 1995 como parte de la ratificación del Perú de lo s Acuerdos de la Ronda Uruguay, por lo que los
principios de trato nacional y trato de la nación más favorecida, allí consagrados, forman parte de
nuestra legislación y por tanto resultan también aplicables a la Decisión 345 -Régimen Común de
Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales.
Sin perjuicio de lo anterior, conviene observar que el trato nacional y el trato de la nación
más favorecida que ofrece el Perú a los nacionales de los otros Miembros de la OMC resulta en todo
caso de la ausencia de discriminación entre nacionales y extranjeros (trato nacional) o entre
extranjeros de distintos Miembros (nación más favorecida) en la legislación vigente en el país, salvo
las excepciones expresamente permitidas por el Acuerdo sobre los ADPIC.  Al no haberdiscriminación prevista en la legislación de propiedad intelectual, los nacionales y extranjeros tienen
acceso a los mismos principios, procedimientos y autoridades para todo efecto relativo al
reconocimiento de sus derechos.IP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
Página 44
B. DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS
2. Sírvanse explicar de qué manera la legislación sobre el derecho de autor del Perú
protege los programas de ordenador como obras literarias y compilaciones de datos, conforme
a lo dispuesto en el artículo 10 del Acuerdo sobre los ADPIC, y sírvanse citar las disposiciones
pertinentes.
La Decisión 351 -Régimen Común sobre Derec ho de Autor y Derechos Conexos- establece
en su artículo 23 que los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras
literarias.  Dicha protección se extiende tanto a los programas operativos como a los programas
aplicativos, ya sea en forma de código fuente o código objeto.
Asimismo, el Decreto Legislativo 822 -Ley sobre el Derecho de Autor- protege a los
programas de ordenador como obras literarias, tal como lo requiere el Acuerdo sobre los ADPIC.
En efecto, el artículo 69 del Decreto Legislativo 822 establece que los programas de
ordenador se protegen en los mismos términos que las obras literarias.  Dicha protección se extiende
a todas sus formas de expresión, tanto a los programas operativos como a los aplicativos, ya sean en
forma de código fuente o código objeto.  La protección establecida en la ley se extiende acualesquiera de las versiones sucesivas del programa, así como a los programas derivados.
En cuanto a las compilaciones de datos, el artículo 28 de la Decisión 351 señala que las
bases de datos son protegidas siempre que la selección o disposición de las materias constituyan una
creación intelectual.  Asimismo, el artículo 78 del Decreto Legislativo N° 822 señala que las bases ocompilaciones de datos o de otros materiales, legibles por máquina o en otra forma, están protegidas
siempre que por la selección o disposición de las materias, constituyan creaciones intelectuales.
Dicha protección no se hace extensiva a los datos, informaciones o material compilados, pero no
afecta los derechos que pudieran subsistir sobre las obras o materiales que la componen.
3. El artículo 11 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que se conferirán derechos de
arrendamiento respecto de los programas de ordenador y de las obras cinematográficas en la
mayoría de los casos, y el artículo 14 que se confieran tales derechos a los productores de
fonogramas.  Sírvanse describir cómo se confieren los derechos de arrendamiento a los
titulares de los derechos sobre estas obras y fonogramas, y sírvanse citar las disposicionespertinentes de la legislación so bre el derecho de autor del Perú.
El artículo 13 de la Decisión 351, en su inciso c), señala que el autor, o en su caso, sus
derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:
"La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento
o alquiler."
En relación específicamente con los productores de fonogramas, el artículo 37 c) de la
Decisión 351 señala que los productores de fonogramas tienen derecho de autorizar o prohibir la
distribución pública del original y de cada copia de l mismo, mediante la venta, alquiler o cualquier
otro medio de distribución al público.
Asimismo, el artículo 136 b) del Decreto Legislativo N° 822 señala que los productores de
fonogramas tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la distribución al público, el
alquiler, el préstamo público y cualquier otra transferencia de posesión a título oneroso de las copias
de sus fonogramas.IP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
Página 45
En relación específicamente con los programas de ordenador, el Decreto Legislativo 822 en
su artículo 72 señala que el derecho de alquiler o préstamo no será aplicable a los programas de
ordenador cuando el mismo se encuentre incorporado en una máquina o producto y no pueda ser
reproducido o copiado durante el uso normal de di cha máquina o producto;  o cuando el alquiler o
préstamo no tenga por objeto esencial el programa de ordenador en sí.
C. MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO
4. Sírvanse indicar cómo la legislación sobre marcas de fábrica o de comercio del Perú
establece la presunción de probabilidad de confusión, según lo dispuesto en el párrafo 1 del
artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, cuándo una marca idéntica para mercancías y
servicios idénticos se utiliza sin autorización en mercancías o servicios idénticos, y sírvanse
citar la disposición pertinente.
La Decisión 486 establece en el literal d) del artículo 155 que el titular de una marca
registrada podrá impedir a un tercero usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca
respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo
de asociación con el titular del registro, y que tratándose del uso de un signo idéntico para productos
o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión.
5. Sírvanse indicar si la legislación sobre marcas de fábrica o de comercio y otras leyes
del Perú garantizan la protección de las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de
servicio notoriamente conocidas, y el modo en que lo hacen, y sírvanse citar las disposiciones
legales pertinentes.
La Decisión 486 contiene un título completo (Título XIII, artículos 224 a 237) dedicado a la
protección de los signos distintivos notoriamente conocidos.  La protección de las marcas (de
producto o de servicio) notoriamente conocidas queda comprendida dentro de ese Título.  En
particular, la Decisión 486 señala en su artículo 226 que constituirá uso no autorizado de un signo
distintivo notoriamente conocido, el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o unareproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en
relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se
aplique.
También constituirá uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido el uso
del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o
transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios
diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso
pudiese causar alguno de los efectos siguientes:
a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus
establecimientos, actividades, productos o servicios;
b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de
la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo;  o,
c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.El uso podrá verificarse a través de cualqui er medio de comunicación, incluyendo los
electrónicos.IP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
Página 46
Asimismo, de conformidad con el artículo 233, cuando un signo distintivo notoriamente
conocido se hubiese inscrito indebidamente en el país Miembro como parte de un nombre de
dominio o de una dirección de correo electrónico por un tercero no autorizado, a pedido del titular o
legítimo poseedor de ese signo la autoridad nacional competente ordenará la cancelación o la
modificación de la inscripción del nombre de  dominio o dirección de correo electrónico.
El titular de un signo distintivo notoriamente conocido está facultado para prohibir su uso a
terceros y ejercer ante la autoridad nacional competente las acciones y medidas que correspondan.
La acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido
prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de
tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción.Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho
común.
Cabe agregar que el artículo 136 h) de la Decisión 486, referido a los requisitos para el
registro de marcas, señala que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en elcomercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando constituyan una
reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo
distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o
servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de
confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios;  un aprovechamientoinjusto del prestigio del signo;  o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o
publicitario.
Finalmente, el artículo 172 segundo párrafo de la Decisión 486, señala que la autoridad
nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de unregistro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el
artículo 136 h).  Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del
registro impugnado.
D. I
NDICACIONES GEOGRÁFICAS
6. Sírvanse describir en detalle cómo y en vi rtud de qué leyes se protegen las indicaciones
geográficas en el Perú, y sírvanse citar las disposiciones legales pertinentes.
La Decisión 486 trata sobre las indicaciones geográficas en su Título XII, reconociendo dos
categorías:  las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia.
De acuerdo al artículo 201 de la Decisión 486, la denominación de origen es definida como
una indicación geográfica, constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugardeterminado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar
determinado se refiera a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto
originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o
esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.
Esta definición es concordante con la del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC.
De acuerdo al artículo 206 de la Decisión 486, la declaración de protección se hará de oficio
o a petición de quienes demuestren tener legítimo interés y la vigencia de la misma estará
determinada por la subsistencia de las condicione s que la motivaron.  En cuanto a la autorización de
uso de una denominación de origen protegida, ésta tendrá una duración de 10 años, pudiendo serrenovada por períodos iguales de conformidad con el artículo 210.IP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
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Las oficinas nacionales competentes podrán reconocer las denominaciones de origen
reconocidas y protegidas en otro país Miembro, cuando la solicitud la formulen sus productores,
extractores, fabricantes o artesanos que tengan legítimo interés o las autoridades públicas de los
mismos.
Para solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas
como tales en sus países de origen.
Resulta pertinente señalar que el artículo 214 de la Decisión 486 señala que el uso de
denominaciones de origen por personas no autorizadas que cree confusión, será considerado una
infracción al derecho de propiedad industrial objeto de sanción, incluyendo los casos tales como
género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión en el consumidor.  Asimismo, elartículo 215 de la mencionada Decisión establece que los países Miembros prohibirán la utilización
de una denominación de origen que identifique vinos o bebidas espirituosas para productos de ese
género que no sean originarios del lugar designado por la denominación de origen en cuestión,
incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica
traducida o acompañada de expresiones tales como  "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras
análogas.
Por otro lado, el artículo 221 define a la indicación de procedencia como un nombre,
expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado.
Una indicación de procedencia no podrá usarse en el comercio en relación con un producto o unservicio, cuando fuese falsa o engañosa con respecto a su origen o cuando su uso pudiera inducir al
público a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del
producto o servicio.
El uso de una indicación de procedencia falsa o engañosa puede ser objeto de una acción de
competencia desleal con base en los artículos 258 y 259 inciso c) de la Decisión 486, y en los
artículos 6, 7 y 10 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal (Decreto Ley 26122).
El artículo 10 de esta Ley tipifica como acto de competencia desleal la utilización de expresiones
que puedan inducir a error sobre la procedencia geográfica de un producto.  Entre otros, se reputa
desleal emplear en el comercio falsas indicaciones de procedencia y falsas denominaciones deorigen.
7. ¿Prevé la legislación del Perú relativa a las indicaciones geográficas alguna de las
excepciones a la protección de las indicaciones geográficas a que se refiere el artículo 24 del
Acuerdo sobre los ADPIC?  En caso afirmativo, sírvanse describir el modo en que se aplica la
excepción y citar las disposiciones legales correspondientes.
El artículo 215, segundo párrafo, de la Decisión 486, recoge la excepción prevista en el
artículo 24 párrafo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.  El artículo 202 inciso b) de la Decisión 486,
recoge la excepción prevista en el artículo 24 párrafo 6, primera oración, del Acuerdo sobre los
ADPIC.  El artículo 223 de la Decisión 486 recoge la excepción prevista en el artículo 24 párrafo 8
del Acuerdo sobre los ADPIC.  El artículo 219 de la Decisión 486 recoge la excepción prevista en el
artículo 24 párrafo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC.
E. D
IBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES
8. Sírvanse describir en detalle cómo se protegen en la legislación del Perú los dibujos y
modelos industriales, incluidos los dibujos y modelos textiles, y sírvanse citar las disposiciones
legales pertinentes.IP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
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La Decisión 486 señala en su artículo 129 que el registro de un diseño industrial, incluidos
los diseños textiles, conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del
correspondiente diseño.  En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier
tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice
comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial.
El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un
producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya
apariencia sea igual a ésta.
Finalmente, cabe mencionar que de acuerdo al artículo 128 de la Decisión 486, el registro de
un diseño industrial tendrá una duración de 10 años, contados desde la fecha de presentación de lasolicitud en el país Miembro.  Dicho plazo se encuentra también previsto en el artículo 109 del
Decreto Legislativo 823 -Ley de Propiedad Industrial.
F. P
ATENTES
9. Sírvanse indicar si las invenciones pertenecientes a las categorías enumeradas a
continuación son patentables con arreglo a la legislación del Perú si son nuevas, entrañan una
actividad inventiva y son susceptibles de aplicación industrial:
a) las invenciones de procedimiento que consistan, total o parcialmente, en
operaciones ejecutadas por un ordenador y dirigidas por un programa de
ordenador;
Sí podría patentarse un procedimiento que consista en todo o en parte, en pasos
ejecutados por una computadora y dirigidos por un programa de computadora. Tal
procedimiento puede considerarse una invención y patentarse si cumple con las condiciones
de patentabilidad.
b) las invenciones de productos consistentes en elementos de una invención de
ejecución informatizada, en particular:
i) los códigos de programas de ordenador almacenados en forma legible
por máquina en un soporte físico como un disco flexible, un disco duro
o una memoria de ordenador;  o
De acuerdo con el artículo 15 e) de la Decisión 486 no se consideran invenciones, y
por ende no son patentables, los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales.
Los programas de ordenador como tales se protegen por vía del derecho de autor, de
conformidad con el artículo 10 del Acuerdo sobre los ADPIC, el artículo 23 de la
Decisión 351 y 69 del Decreto Legislativo N° 822.
ii) los ordenadores de propósito general cuya novedad respecto del estado
anterior de la técnica resida fundamentalmente en su combinación con
determinado programa de ordenador;
Sería patentable si la programación de la computadora diera como resultado un
funcionamiento diferente y no obvio de la computadora, o la modificara en su
funcionamiento técnico. De acuerdo con el artículo 15 e) de la Decisión 486 no seconsideran invenciones, y por ende no son patentables, los programas de ordenadores comoIP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
Página 49
tales.  Un programa de computadora no podría sustraerse a esta disposición sólo por
encontrarse contenido en una computadora.
c) las invenciones de procedimiento que faciliten las operaciones comerciales;
No es patentable pues según el artículo 15 d) de la Decisión 486 no se considera
invención a los planes, reglas o métodos para el ejercicio de actividades económico-
comerciales.  Estas materias no se consideran invenciones porque carecen de carácter
técnico.
d) los microorganismos de todo tipo.
Son patentables hasta tanto se adopten medidas distintas resultantes del examen
previsto en el apartado b) del párrafo 3 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, deconformidad con la Disposición Transitoria Segunda de la Decisión 486.
10. Las especies y razas animales quedan expresamente excluidas en virtud del apartado c)
del artículo 7 de la Decisión 344.  En dicha Decisión, no se excluyen las obtenciones vegetales ni
se mencionan los microorganismos.  Sírvanse indicar si el inventor de un microorganismo quesea nuevo, entrañe una actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial puede
obtener una patente por ese microorganismo en el Perú.
En el artículo 20 inciso c) de la Decisión 486, se señala que no serán patentables las plantas,
los animales y los procedimientos esencialmente bi ológicos para la producción de plantas o animales
que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos.
En cuanto a los microorganismos, de acuerdo con la Disposición Transitoria Segunda de la
Decisión 486, éstos son patentables hasta tanto se adopten medidas distintas resultantes del examen
previsto en el apartado b) del párrafo 3 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC.
11. Los apartados a) y b) del artículo 7 de la Decisión 344 excluyen de la materia
patentable "las invenciones contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres"
y "las invenciones que sean evidentemente contrari as a la salud o la vida de las personas …".
El párrafo 2 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC autoriza a excluir de la
patentabilidad por razones de orden público sólo las invenciones cuya explotación comercialdeba impedirse necesariamente, pero no si tal exclusión se hace meramente porque la
explotación está prohibida por la legislación.  Sí rvanse describir en detalle cómo aplica el Perú
los apartados a) y b) del artículo 7 de la Decisión 344, en particular qué criterios utiliza para
determinar lo que es "necesario".
La Decisión 486 prevé en su artículo 20 a) y b) que no serán patentables las invenciones
cuya explotación comercial en el territorio del país Miembro respectivo deba impedirse
necesariamente para proteger el orden público y la moral o para proteger la salud o la vida de laspersonas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente, respectivamente.  Sin
embargo, esas mismas disposiciones aclaran que la explotación comercial de una invención no se
consideraran contraria al orden público o a la moral, ni contraria a la salud o la vida de las personas,
de los animales, o a la preservación de los vegetales o del medio ambiente, sólo por razón de existir
una disposición legal o administrativa que prohíba o regule dicha explotación.
Hasta la actualidad la Oficina de Invenci ones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI no ha
rechazado o denegado una solicitud por las causales previstas en la Decisión 344 (que se encuentran
recogidas en el artículo 20 de la Decisión 486).IP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
Página 50
12. El apartado e) del artículo 7 de la Decisión 344 parece excluir de la materia patentable
"las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos
esenciales de la Organización Mundial de la Sa lud".  Sírvanse explicar cómo ha aplicado el
Perú esta disposición de manera compatible con la prohibición enunciada en el artículo 27 del
Acuerdo sobre los ADPIC de toda la discriminación por el campo de la tecnología.
La Decisión 486 no contiene la exclusión referida en esta pregunta.
13. El artículo 16 de la Decisión 344 estable ce que los productos ya patentados no serán
objeto de nueva patente por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originariamente
comprendido por la patente inicial.  Sírvanse indicar si un uso distinto de un producto
existente puede patentarse en el Perú si ese uso es nuevo, entraña una actividad inventiva y es
susceptible de aplicación industrial.
El artículo 21 de la Decisión 486 (que corresponde al artículo 16 de la anterior
Decisión 344) estipula que un producto o procedimie nto patentado y comprendido en el estado de la
técnica, no puede ser patentado nuevamente por el simple hecho de atribuirse a ese producto o
procedimiento un uso distinto al original.  Esta disposición aclara que no puede patentarse
nuevamente un invento (producto o procedimiento)  que no cumple con la condición de novedad
requerida por el derecho de patentes.  Este principio no podría obviarse aduciendo que el producto o
procedimiento en cuestión es objeto de un nuevo uso.
Pregunta de seguimiento:
El artículo 16 de la Decisión 344 parece haber prohibido la concesión de patentes para
invenciones que reivindican un nuevo uso de un producto patentado anteriormente.  El
artículo 21 de la Decisión 486 parece continuar con esta prohibición.  Sírvanse explicar si y de
qué manera una invención que incluye un uso innovativo sobre un producto patentado
anteriormente, que resuelve un problema diferente para el cual había sido originalmentedesarrollado, puede ser patentado tratándose de un nuevo uso, que entrañe una actividad
inventiva y sea susceptible de aplicación industrial.
De conformidad con la interpretación realizada por las autoridades competentes del Perú, el
artículo 21 de la Decisión 486 (que corresponde al artículo 16 de la anterior Decisión 344) noprohíbe el patentamiento de usos que cumplan con las condiciones de patentabilidad.  Ese artículo
sólo prohíbe que se patente nuevamente un producto o un procedimiento anteriormente patentado y
comprendido en el estado de la técnica, por el simple hecho de atribuirse a ese producto o
procedimiento un uso distinto al original.  Tal producto o procedimiento no podría patentarse
nuevamente porque no cumpliría con la condición de novedad requerida por el derecho de patentes.
Cabe señalar que esta norma ha dado lugar a diferentes interpretaciones en los países
andinos. Actualmente, se encuentra pendiente en el Tribunal Andino un proceso, que llevará a una
interpretación prejudicial sobre los alcances de dicha disposición.
14. El artículo 35 de la Decisión 344, según la traducción de que se dispone, establece que
los titulares de patentes tienen derecho a impedir que terceros, sin su consentimiento,"exploten" la invención patentada.  Sírvanse explicar qué actos, enumerados en el artículo 28
del Acuerdo sobre los ADPIC, pueden servir de base al titular de la patente para el ejercicio en
el Perú de una acción por violación del derecho de patente.
El artículo 52 de la Decisión 486 señala que la patente confiere a su titular el derecho de
impedir a terceros que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos:IP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
Página 51
a) cuando en la patente se reivindica un producto:
i) fabricar el producto,
ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto, o importarlo para alguno de
estos fines.
b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento:
i) emplear el procedimiento, o
ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un
producto obtenido directamente mediante el procedimiento.
Estos actos corresponden a los señalados en el artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC y
pueden servir de base para que el titular de la patente interponga una acción por infracción ante la
autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho o contra quien
ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción, según se desprende del artículo 238
de la Decisión 486.  
15. Sírvanse describir en detalle las excepciones limitadas de los derechos de patente
previstas en la legislación del Perú e indicar qué  salvaguardias se utilizan para garantizar que
tales excepciones limitadas no atenten de manera injustificable contra la explotación normal
de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de lapatente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.
Las excepciones limitadas a los derechos de la patente se encuentran establecidos en los
artículos 53 a 55 de la Decisión 486.
El artículo 53 de la Decisión 486 establece que el titular de la patente no podrá impedir que
terceros que no tengan su consentimiento realicen con relación a la patente:
a) actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales;b) actos realizados exclusivamente con fines de experimentación, respecto al objeto de
la invención patentada;
c) actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica
o académica;
d) actos referidos en el artículo 5 ter del Convenio de París para la Protección de la
Propiedad Industrial;
e) cuando la patente proteja un material biológico excepto plantas, capaz de
reproducirse, usarlo como base inicial para obtener un nuevo material viable, salvo
que tal obtención requiera el uso repetido de la entidad patentada.
El artículo 54 de la Decisión 486 señala que el titular de la patente no podrá impedir a un
tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por la patente, después que ese
producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular de la patente, o por
otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él.IP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
Página 52
De acuerdo con el artículo 55 de la Decisión 486 los derechos conferidos por la patente no
podrán hacerse valer contra un tercero que, de buena fe y antes de la fecha de prioridad o de
presentación de la solicitud sobre la que se concedió la patente, ya se encontraba utilizando o
explotando la invención, o hubiere realizado preparativos efectivos o serios para hacerlo.  En tal
caso, esa persona tendrá el derecho de iniciar o de continuar la utilización o explotación de lainvención, pero este derecho sólo podrá cederse o transferirse junto con el establecimiento o la
empresa en que se estuviese realizando tal utilización o explotación.
Estas excepciones limitadas al derecho exclusivo conferido por la patente son concordantes
con lo previsto en el artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC, pues no atentan de manera
injustificable contra la explotación normal de la patente ni causan un perjuicio injustificado a los
legítimos intereses del titular de la patente.  Asimismo, esas limitaciones toman en cuenta los
legítimos intereses de terceros.
16. Sírvanse describir cómo ha aplicado el Perú el artículo 14 de la Decisión 344 (que
establece que, si se reivindica prioridad, a la solicitud de patente deberá acompañarse copia de
la primera solicitud de patente presentada) para garantizar que el solicitante tenga un plazo detres meses para presentar la copia certificada a teno r de lo establecido en el artículo 4 D) 3) del
Convenio de París, incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC en virtud del párrafo 1 de su
artículo 2.
El artículo 9 de la Decisión 486 señala que la solicitud que invoca el derecho de prioridad de
patente deberá presentarse dentro de los 12 meses contados desde la fecha de presentación de lasolicitud cuya prioridad se invoca.  El artículo 10 de la Decisión 486 establece que la copia de la
solicitud cuya prioridad se invoca, certificada por la autoridad que la expidió, debe presentarse
dentro de los 16 meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se
invoca.
De este modo, el solicitante de un derecho de prioridad en materia de patentes en el caso que
presentase la solicitud de reivindicación de prioridad el último día (es decir al cumplirse los
12 meses desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca) contaría con un
plazo mínimo de 4 meses para presentar la copia certificada, con lo cual gozaría de un plazo mayor
al previsto en el artículo 4(D)(3) del Convenio de París.
17. El artículo 37 de la Decisión 344 parece exigir que cada invención patentada sea
"explotada" en un país miembro de la Comunidad Andina.  Sírvanse describir el modo en que
el Gobierno del Perú aplica esta disposición para asegurar el cumplimiento de las obligaciones
que le incumben en virtud del artículo 4 y el párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre
los ADPIC.
El artículo 59 de la Decisión 486 (que corresponde al artículo 37 de la Decisión 344) señala
que el titular de la patente está obligado a explotar la invención patentada en cualquier país
Miembro, directamente o a través de alguna persona autorizada por él.  De acuerdo al artículo 60, se
entenderá por explotación la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral
del procedimiento patentado junto con la distribución y comercialización de los resultados
obtenidos, de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado.  También se entenderá porexplotación la importación, junto con la distribución y comercialización del producto patentado
cuando ésta se haga de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado.
La obligación de explotar la patente en cualquier país miembro de la Comunidad Andina no
contraviene el principio del trato de la nación más favorecida previsto en el artículo 4 del Acuerdosobre los ADPIC, pues las disposiciones de los artículos 59 y 60 se aplican por igual a cualquierIP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
Página 53
titular de una patente, sin discriminación por razón de su procedencia de uno u otro Miembro de
la OMC.  En tal sentido, cualquiera sea la nacionalidad, domicilio o lugar de establecimiento de la
persona que es titular de la patente en el Perú, esa persona podrá prevalerse de la posibilidad de
explotar la invención en otro país miembro de la  Comunidad Andina, y no necesariamente dentro del
Perú.  En tal virtud, la explotación en cualquiera de los otros países miembros de la ComunidadAndina se considera como explotación dentro del Perú para efectos de la ley.  Toda vez que esa
ventaja puede ser aprovechada por cualquier persona que sea titular de una patente en el Perú,
independientemente de su nacionalidad, domicilio o lugar de establecimiento, no se atenta contra la
regla de la nación más favorecida.
El párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC no se contraviene, pues no hay
discriminación alguna por el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país.Como se indicó arriba, la importación y la producción industrial se consideran equivalentes, y el
requisito de explotación puede cumplirse por cualquiera de las dos vías, o por una combinación de
ambas.
18. Los artículos 42 a 46 de la Decisión 344 autorizan la concesión de licencias obligatorias
para remediar la insuficiencia de la explotació n, en caso de emergencia nacional o por razones
de seguridad nacional.  El artículo 47 autoriza las licencias obligatorias en caso de
comportamiento anticompetitivo, y el artículo 48 prevé la concesión de licencias obligatorias
para permitir el uso de una patente dependiente.  Sírvanse describir en detalle el modo en que
el Perú garantiza que cada una de las condiciones establecidas para las licencias obligatorias secumpla en relación con cada forma de licencia obligatoria.
Para asegurar que las condiciones establecidas para las licencias obligatorias se relacionen
con cada forma de licencia obligatoria, el artículo 68 de la Decisión 486 señala que, además de las
condiciones estipuladas para cada causal de licencia obligatoria, todas las licencias obligatorias están
sujetas a lo siguiente:
- Para surtir efectos legales, sólo podrán transferirse con la parte de la empresa o de su
activo intangible que permite su explotación industrial, debiendo constar por escrito
y registrarse ante la oficina nacional competente.
- Podrán revocarse, a reserva de la protección adecuada de los intereses legítimos de
las personas que han recibido autorización para las mismas, si las circunstancias que
les dieron origen han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir.
- Su alcance y duración se limitarán en función de los fines para los que se
concedieran.
- Contemplarán una remuneración adecuada según las circunstancias de cada caso,
habida cuenta del valor económico.
- Los usos sean para abastecer principalmente el mercado interno.
19. Sírvanse indicar cuántas licencias obligatorias se han otorgado en cada uno de los
últimos cinco años.
El Perú no ha otorgado licencias obligatorias en los últimos cinco años.IP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
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G. ESQUEMAS DE TRAZADO (TOPOGRAFÍAS ) DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS
20. Sírvanse describir en detalle cómo cumple el Perú las obligaciones que le incumben en
virtud de la Sección 6 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC, y sírvanse citar las
disposiciones legales correspondientes.
Con la Decisión 486 se incorpora el tratamiento de los esquemas de trazado de circuitos
integrados en la normativa andina y peruana.  El Título IV (artículos 86 a 112) de la Decisión 486
aborda los siguientes temas en cuanto a los esquemas de trazado de circuitos integrados:
definiciones de circuito integrado y esquema de trazado, requisitos de protección, titulares del
derecho al registro de un esquema de trazado de circuito integrado, el trámite para el registro, los
derechos que confiere el registro, el régimen de licencias y la nulidad del registro.
H. PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA
21. El último párrafo del artículo 72 de la De cisión 344 define los "secretos industriales"
en función exclusivamente de la naturaleza de los productos, los métodos de producción o los
medios de distribución.  Sírvanse describir en detalle cómo abarca esta definición todos los
tipos de información no divulgada definidos en el párrafo 2 del artículo 39 del Acuerdo sobre
los ADPIC.
La Decisión 486 no contiene la disposición menc ionada en la pregunta.  El artículo 260 de la
Decisión 486, referida a secretos empresariales, reproduce el contenido de lo establecido en el
párrafo 2 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC, al señalar que:
"Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una
persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad
productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la
medida que dicha información sea:
a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de
sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes
se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva;
 
b) tenga un valor comercial por ser secreta;  y
 
c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para
mantenerla secreta."
22. Sírvanse describir en detalle las medidas que pueden adoptar las autoridades judiciales
del Perú para proteger la confidencialidad de  la información no divulgada proporcionada por
una parte al tribunal durante un procedimiento judicial, conforme a lo dispuesto en el
artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC, cuando la información se ha proporcionado parahacer valer derechos sobre esa información o con otros fines.
Por el principio constitucional del derecho de defensa, todas las pruebas e informaciones
materia de un proceso deben ser puestas en conocimiento de la otra parte y son susceptibles del
ejercicio de todos los medios impugnatorios.  Los procesos son públicos, por lo que la información
vertida en ellos no goza de confidencialidad salvo el respeto a la intimidad y al honor de las personasque se aplica en forma general dentro o fuera de un proceso.IP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
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El artículo 184.6 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala
que es deber de los Magistrados guardar absoluta reserva sobre los asuntos en los que intervienen.
Sin embargo, en virtud del artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 807 -Ley sobre Facultades,
Normas y Organización del INDECOPI- la inform ación recibida por el INDECOPI que constituya
un secreto industrial o comercial, deberá ser declarada reservada.  En tal caso, se tomarán todas las
medidas que sean necesarias para garantizar la reserva y confidencialidad de la información, bajo
responsabilidad.
De interponerse una acción contencioso administrativa contra una resolución del
INDECOPI, ante las autoridades judiciales, el INDECOPI (como parte co-demandada) mantendrá la
reserva sobre la información confidencial, no proporcionándola a los jueces.  En caso los juecessoliciten dicha información al INDECOPI, éste deberá presentarla.  A partir de dicho momento, los
jueces civiles asumirán responsabilidad directa por la reserva y confidencialidad de la información.
23. A la luz de la excepción prevista en el segundo párrafo del artículo 79 de la
Decisión 344, sírvanse explicar en detalle cómo garantiza el Perú la protección contra todo uso
comercial desleal de los datos de pruebas y otros datos presentados para obtener la aprobación
de la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas, y
sírvanse citar las disposiciones legales correspondientes.
El artículo 266 de la Decisión 486 (que corresponde al párrafo 3 del artículo 39 del Acuerdo
sobre los ADPIC), referida a secretos empresariales, señala que los países Miembros, cuando exijan,como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos
químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u
otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos
contra todo uso comercial desleal.
Queda entendido que las autoridades que autorizan la comercialización de productos
farmacéuticos y agroquímicos son entidades del sector público, sin fines de lucro, que desarrollan
una función encomendada expresamente por la ley.  En este sentido, el uso que hacen esas
autoridades al interior de sus instituciones y en cumplimiento de su función legal estatutaria de
autorizar la comercialización de esos productos, no constituye un uso comercial ni un uso desleal.Tal uso es un uso estatal, no comercial, y por definición es un uso lícito, pues lo requieren las leyes
que rigen el mandato y funcionamiento de esas autoridades.
24. Sírvanse explicar en detalle cómo garantiza el Perú la protección contra toda
divulgación de los datos de pruebas y otros datos presentados para obtener la aprobación de la
comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas, y sírvanse
citar las disposiciones legales correspondientes.
Conforme al artículo 266 de la Decisión 486 (que corresponde al párrafo 3 del artículo 39
del Acuerdo sobre los ADPIC), los datos e información que se hubieran presentado a las autoridades
competentes quedan protegidos contra toda divulgación.  Queda entendido que la utilización de los
datos e información de la referida autoridad al interior de sus instituciones y en cumplimiento de su
función legal cualquiera sea el origen de esos datos e información, no implica una divulgación de losmismos en la medida en que no se permita a terceros acceder a los datos e información, salvo en los
casos de excepción indicados en el artículo 266 de la Decisión 486.
De otro lado, la Dirección General de Sal ud Ambiental (DIGESA) otorga autorizaciones
sanitarias de productos agroquímicos de uso en salud pública.  Específicamente con relación a latransparencia en la tramitación de procedimientos administrativos, los documentos, antecedentes,IP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
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estudios, dictámenes, opiniones, datos estadísticos y toda otra información que las entidades del
sector público tengan en su poder, deben ser suministrados a los particulares que así lo soliciten
quedando exceptuadas la documentación e información que puedan afectar a la seguridad nacional y
las relaciones exteriores y las correspondientes a los particulares que tengan carácter reservado
conforme a los dispositivos legales vigentes o que se refieran a secretos comerciales o tecnológicos.Ello se encuentra regulado por la Ley Marco para el crecimiento de la inversión privada, aprobada
mediante Decreto Legislativo N° 757.
Pregunta de seguimiento:
Sírvanse explicar si y de qué manera la legislación del Perú impide que los Ministerios
pertinentes se basen en datos no divulgados presentados anteriormente por una parte en el
curso de la aprobación de una nueva solicitud de aprobación de comercialización de un
producto químico para la agricultura o un producto farmacéutico, que sea bioequivalente al
producto de la primera parte.
La disposición del párrafo 3 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC se  refiere al caso
en que, como condición para la aprobación sanitaria de un producto farmacéutico o químico
agrícola, se exija la presentación de datos de pruebas u otros datos no divulgados, cuya elaboración
suponga un esfuerzo considerable. Si tal fuese el caso, los Miembros de la OMC tendrá dos
obligaciones puntuales a saber:  a) proteger esos datos contra todo uso comercial desleal y
b) proteger esos datos contra toda divulgación.
Cabe observar que sólo hay obligación de proteger los datos contra un uso que fuese a la vez
comercial y desleal.  No habría obligación do proteger los datos contra un uso que no fuese
comercial, a que no fuese desleal.
En una situación típica de aplicación de la norma comentada, las partes que podrían "usar"
los datos entregadas a la autoridad sanitaria por el primer solicitante serían i) la autoridad sanitaria y
ii) un solicitante posterior.
Una persona que solicita la autorización sanitaria de un segundo producto equivalente a otro
autorizado anteriormente no "usa" los datos presentados  por el primer solicitante, por la simple razón
de que no tiene acceso a ellos.  Por tratarse de información sujeta a confidencialidad, la autoridad
sanitaria no podrá comunicar esos datos a un solicitante posterior ni permitirle acceder a ellos. En tal
sentido, es imposible que el solicitante posterior use dichos datos para ningún fin, pues no los tendrá
a su disposición.  Quien "usa" los datos es la autoridad sanitaria en el cumplimiento de sus funciones
legales obligatorias, pero tal uso no es comercial ni desleal.
Cabe destacar que el párrafo 3 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC no estipula que
el simple hecho de pedir a una autoridad sanitaria aprobar un producto farmacéutico idéntico a otra
aprobado  anteriormente por la misma autoridad constituye un uso de los datos, aun cuando la
autoridad sanitaria se apoye en ellos para decidir la aprobación del producto posterior.  En todo caso,
la legislación adopta un criterio de economía, que la autoridad sanitaria debe aplicar dentro delmarco del cumplimiento de sus funciones. Si la autoridad sanitaria autoriza públicamente la
comercialización de un primer producto, y posteriormente otra persona pide que se autorice la
comercialización de un producto idéntico que cumple con las condiciones técnicas de eficacia e
inocuidad, la autoridad sanitaria no tendrá el derecho de denegar la autorización al segundo
solicitante, pues éste habrá cumplido con lo que la legislación sanitaria requiere.  Si la autoridaddenegara la autorización de un producto que cumple con las condiciones sanitarias prescritas,
incurriría en discriminación injustificada, lo cual podría acarrear responsabilidad administrativa y
penal.IP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
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I. OBSERVANCIA
25. Sírvanse describir en detalle las acciones y recursos civiles que, de conformidad con la
legislación del Perú, pueden ejercitar los titula res de los derechos de propiedad intelectual a
que se refiere la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC, incluida la protección de las
obtenciones vegetales, para actuar eficazmente contra cualquier infracción de su derecho, para
prevenir las infracciones y como medio de disuasión de nuevas infracciones, y sírvanse citar las
disposiciones legales que establecen esos remedios jurídicos.
La Decisión 486 establece las siguientes acciones para proteger los derechos de propiedad
industrial:
Acción reivindicatoria
El artículo 237 de la Decisión 486 establece que, cuando una patente o un registro de diseño
industrial se hubiese solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a obtenerlo, o en perjuicio de
otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la
autoridad nacional competente pidiendo que le sea transferida la solicitud en trámite o el derecho
concedido, o que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho.
Asimismo, cuando un registro de marca se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de otra
persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad
nacional competente pidiendo que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho.
Acción por infracción de derechos
El artículo 238 de la Decisión 486 establece que el titular de un derecho protegido en virtud
de la misma, podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona
que infrinja su derecho o ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.
Acción de indemnización por daños y perjuicios
La Decisión 486 dispone en su artículo 239 que el titular de una patente podrá ejercer acción
judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la invención o del modelo de utilidaddurante el período comprendido entre la fecha en que adquiera carácter público y pueda ser
consultada la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la patente.
Adicionalmente, de conformidad con la respuesta del Perú a la pregunta 5 de la Lista de
cuestiones sobre la observancia, agotada la vía administrativa, el titular de un derecho de propiedad
intelectual está legitimado para iniciar acciones reivindicatorias o indemnizatorias en la vía civil.
Se puede acudir al ámbito civil para que la autoridad judicial determine la indemnización
por daños y perjuicios causados por la infracción a derechos de propiedad intelectual, debidamente
acreditados en la vía administrativa, la cual comp ensará las pérdidas sufridas así como el lucro
cesante causado por la infracción.  Asimismo, se puede ordenar el pago de costos y costas.
De acuerdo a lo señalado por el artículo 246 del Decreto Legislativo N° 823 -Ley de PropiedadIndustrial- la cuantía de las ganancias dejadas de obtener se fijará teniendo en cuenta, entre otros, los
criterios siguientes:
1) los beneficios que el titular hubiese obtenido mediante el uso o explotación del
derecho de no haberse producido la violación;IP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
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2) los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación;
3) el precio que el infractor hubiese tenido que pagar al titular por la concesión de la
licencia que le hubiese permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.
En vía de acción contencioso administrativa (artículo 540 del Código Procesal Civil), se
puede acudir a la vía judicial civil para revocar lo resuelto en la instancia administrativa.
26. Sírvanse indicar si las decisiones sobre el fondo dictadas en los procedimientos
judiciales se formulan por escrito y si se ponen a disposición del público, a fin de que éste
pueda familiarizarse con la ley.
Sólo las partes y terceros interesados pueden tener acceso a las sentencias en materia de
propiedad intelectual expedidas por los Juzgados Civiles.  En el ámbito administrativo, los
expedientes son públicos, cualquier persona interesada puede tener acceso a los mismos en cualquier
etapa del trámite, salvo que la materia en discusión haya sido declarada reservada.
Las resoluciones administrativas se emiten por escrito y están a disposición de cualquier
interesado, sea o no parte en el procedimiento, siendo posible que solicite copia de las mismas, si así
lo deseara, tradicionalmente se publican en el Diario Oficial "El Peruano", aquellas Resoluciones
que establecen un precedente de observancia obligatoria.
27. Sírvanse describir las medidas provisionales civiles que pueden solicitar los titulares de
los derechos de conformidad con la legislación del Perú, así como el procedimiento que se debe
seguir, y sírvanse citar las disp osiciones legales correspondientes.
Como se señaló en la respuesta del Perú a la pregunta 10 de la Lista de cuestiones sobre la
observancia, el artículo 608 del Código Procesal Civil dispone que todo juez puede, a pedido de
parte, dictar medidas cautelares (medidas provisionales), tales como secuestros, embargos, medidastemporales sobre el fondo, medidas innovativas y de no innovar, antes de iniciarse un proceso o
dentro de éste, destinadas a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva.  Dentro de éstas,
puede solicitarse el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción;  el retiro de
los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo los
envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad;  la suspensión de la importación o
exportación de los productos o materiales presuntamente infractores;  la constitución por el presunto
infractor de una garantía suficiente y el cierre temporal del establecimiento del demandado.
La Decisión 486 (artículos 245 a 249) también establece medidas cautelares que puede pedir
a la autoridad nacional competente quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción de un
derecho de propiedad industrial.
Asimismo, el artículo 198 del Decreto Legislativo N° 822 -Ley sobre el Derecho de Autor-
señala que el juez, a instancia del titular del respectivo derecho, de sus representantes o de la
sociedad de gestión correspondiente, ordenará la práctica inmediata de las medidas cautelares
necesarias para evitar que se cometa la infracción o que se continúe o repita una violación ya
realizada, y en particular el embargo de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita o, en su caso delas cantidades debidas por concepto de remuneración;  la suspensión inmediata de la actividad de
fabricación, reproducción, distribución, comunicación o importación ilícita según proceda;  el
secuestro de los ejemplares producidos o utiliza dos y el del material o equipos empleados para la
actividad infractoraIP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
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Adicionalmente, se puede solicitar y conceder una medida cautelar no prevista pero que
asegure de la forma más adecuada el cumplimiento de la decisión definitiva.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 27 del Decreto Legislativo 807 y el artículo 240
del Decreto Legislativo 823, Ley de Propiedad Industrial, las medidas cautelares también pueden sersolicitadas en los procedimientos administrativos por infracción a los derechos de propiedad
industrial, en cualquier etapa del trámite, hasta antes de la emisión de la resolución que corresponda.
El artículo 27 del Decreto Legislativo 807 establece como medidas provisionales a las siguientes:
a) la cesación de los actos materia de denuncia;b) el comiso, el depósito o la inmovilización de los productos, etiquetas, envases y
material publicitario materia de denuncia;
c) el cese preventivo de la publicidad materia de denuncia;d) la adopción de las medidas necesarias para que las autoridades aduaneras impidan el
ingreso al país de los productos materia de denuncia;
e) el cierre temporal del establecimiento del denunciado;f) cualquier otra medida que tenga por objeto evitar que se produzca algún perjuicio
derivado del acto denunciado o que tenga como finalidad la cesación de éste.
28. Sírvanse indicar si las autoridades judiciales están facultadas para adoptar medidas
provisionales sin haber oído a la otra parte, a tenor de lo dispuesto en el párrafo 2 del
artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC, y en qué circunstancias se ejercerá esa potestad.
La adopción de las medidas  inaudita altera parte , es una de las formas permitidas para la
adopción de las medidas cautelares (medidas provisionales) y tiene como objetivo asegurar el
cumplimiento de la decisión definitiva.  En virtud del artículo 611 del Código Procesal Civil, el juez,
siempre que de lo expuesto y prueba anexa considere verosímil el derecho invocado y necesaria la
decisión preventiva por constituir peligro la demora del proceso o por cualquier otra razónjustificable, dictará medida cautelar en la forma solicitada o la que considere adecuada atendiendo a
la naturaleza de la pretensión principal.
Los artículos 245 y 248 de la Decisión 486 también permiten ordenar medidas cautelares
inaudita altera parte.  Se prevé que las medidas cautelares podrán solicitarse antes de iniciar la
acción de fondo sobre la infracción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio, con el
objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservarpruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.
Cuando se hubiera ejecutado una medida cautelar sin intervención de la otra parte, ella se
notificará a la parte afectada inmediatamente después de la ejecución.  La parte afectada podrá
recurrir ante la autoridad nacional competente para que revise la medida ejecutada.
29. Sírvanse describir en detalle los procedimientos previstos en la legislación del Perú, por
lo menos en relación con las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas y con
las mercancías pirata que lesionan el derecho de  autor, para que los titulares de los derechos
puedan solicitar a las autoridades aduaneras que no efectúen el despacho para librecirculación, y sírvanse citar las disposiciones lega les correspondientes.  Sírvanse indicar si las
autoridades aduaneras pueden actuar de oficio.IP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
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En virtud del artículo 240 del Decreto Legislativo N° 823, sin perjuicio de las acciones
civiles y penales a que hubiere lugar, el titular de un derecho de propiedad industrial podrá
interponer ante el INDECOPI una acción por infracción contra quien infrinja tales derechos.
También procede la acción por infracción cuando exista peligro inminente de que los derechos del
titular puedan ser conculcados.  Asimismo, según el artículo 27 del Decreto Legislativo N° 807, sepuede solicitar como medida cautelar la suspensión del despacho de aduana de las mercancías que
infrinjan un derecho de propiedad intelectual.  Una vez solicitada dicha medida, el INDECOPI cursa
un oficio a ADUANAS solicitando la suspensión del despacho de aduana de los productos
infractores.
Los artículos 250 al 256 de la Decisión 486 también regulan las medidas que pueden
tomarse en la frontera para suspender la importación de productos con marcas falsas.
La Intendencia de Fiscalización Aduanera  de ADUANAS, inmoviliza los contenedores que
contienen productos presuntamente infractores en los terminales aduaneros, antes de su despacho.
Se pone en conocimiento del INDECOPI y se so licita su participación para determinar si
efectivamente son productos infractores.
INDECOPI ha suscrito un Convenio de intercambio de información con las Autoridades de
Aduana, herramienta que viene siendo utilizada a fin de obtener información sobre mercancía que
arriba a puerto y que pudiera vulnerar la legislación sobre el derecho de autor.
Han sido frecuentes las intervenciones que la Oficina de Derechos de Autor del INDECOPI
-de oficio y a petición de parte- ha realizado en el interior de los terminales de despacho aduanero,
lográndose incautar ejemplares ilícitos.
Las Autoridades de Aduana, de acuerdo con sus procedimientos y manuales, sólo pueden
inmovilizar aquellos contenedores sobre los cuales se tenga información que podrían contener
mercancías infractoras, en cuyo caso da aviso al INDECOPI, para que proceda de acuerdo con sus
atribuciones.
30. Sírvanse indicar si se puede solicitar la adopción de medidas en frontera en relación
con otros tipos de derechos de propiedad intelectual, y sírvanse citar las disposiciones legales
correspondientes.
El capítulo III del Título XV "De las acciones por infracción de Derechos" de la
Decisión 486 (artículos 250 a 256), se encuentra referido a las medidas en frontera, estableciendo
expresamente que el titular de un registro de marca que tuviera motivos fundados para suponer que
se va a realizar la importación o la exportación de productos que infringen ese derecho, podrá
solicitar suspender esa operación aduanera.
En cuanto a los demás objetos de la propiedad industrial, el Decreto Legislativo N° 823,
remite al artículo 27 del Decreto Legislativo Nº 807, el cual establece que en cualquier etapa del
procedimiento, de oficio o a pedido de parte, el INDECOPI podrá dictar una o varias de las
siguientes medidas cautelares:
"La adopción de las medidas necesarias para que las autoridades aduaneras impidan el
ingreso al país de los productos materia de denuncia."IP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
Página 61
En cuanto a Derecho de Autor, el Decreto Legislativo Nº 822 prevé en su artículo 40, que la
Oficina de Derechos de Autor podrá solicitar a la Autoridad Aduanera que proceda al decomiso en
las fronteras de las mercancías piratas que lesionan el derecho de autor, a efectos de suspender la
libre circulación de las mismas, cuando éstas pretendan importarse al territorio de la República.
31. Sírvanse describir en detalle cómo aplica el Perú las disposiciones restantes de la
Sección 4 de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC, y sírvanse citar las disposiciones legales
pertinentes.
Véanse las respuestas a las preguntas 29 y 30.
32. Sírvanse describir en detalle las acciones y recursos penales que se pueden ejercitar en
relación con las mercancías de marcas de fábrica o de comercio falsificadas y las obras pirataque lesionan derecho de autor, y sírvanse ci tar las disposiciones legales correspondientes.
La autoridad pública competente para la iniciación del procedimiento penal es el Ministerio
Público, que es el organismo autónomo del Estado que tiene como funciones principales la defensa
de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos, entre otros.  En el caso de los
derechos de propiedad intelectual, es competente la Decimonovena Fiscalía Provincial Penal deLima y Ad Hoc en Delitos Intelectuales.  Asimismo, el INDECOPI a través de la referida Fiscalía, es
competente para iniciar procedimientos penales.
El Ministerio Público puede iniciar el procedimiento de oficio (propia iniciativa) cuando
existan indicios razonables de la comisión de un delito;  o a instancia de la parte agraviada (a raíz dereclamaciones).
En el caso de los delitos contra los derechos de propiedad intelectual, los particulares no
están legitimados para entablar procesos penales directamente, sino que deben hacerlo a través de la
Fiscalía Especializada.
33. Sírvanse indicar las autoridades encargadas de ejercitar las acciones penales en
materia de derechos de propiedad intelectual, y si sus facultades se extienden a otros tipos de
derechos de propiedad intelectual.
Es el Juez de Primera Instancia en lo Penal quien tiene competencia para conocer los delitos
contra los derechos de propiedad intelectual.  En segunda instancia tiene competencia la Sala Penal
de la Corte Superior.
En relación con los delitos contra derecho de autor y derechos conexos y derechos de
propiedad industrial, el Código Penal en sus artíc ulos 216 al 221, señala que respecto al derecho de
autor, se prevé la aplicación de sanciones penales al uso indebido de producción intelectual, plagio,
exceso de edición o circulación autorizada, y venta o distribución de producción ilícita.
De acuerdo a los artículos 222 a 225 del Código Penal, relativos a los derechos de propiedad
industrial, las sanciones penales se aplican al uso no autorizado de patente, uso o venta no autorizado
de modelo o diseño industrial, uso indebido de expresión que lo acredite como titular de un modelo
o diseño industrial y uso indebido de marca.IP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
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34. Sírvanse explicar si, y en qué circunstancias, la confiscación, el decomiso y la
destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios figuran entre
los recursos disponibles en los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio
o de piratería lesiva del derecho de autor, y describir supuestos en que se impondrían tales
sanciones penales.
Conforme al artículo 241 incisos c) y f) de la Decisión 486, el demandante o denunciante
puede pedir que se ordene el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la
infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros
materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la
infracción.  También podrá pedir la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o
la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios
referidos.
De otro lado, el artículo 27 del Decreto Legislativo Nº 807, establece que en cualquier etapa
del procedimiento, de oficio o a pedido de parte, el INDECOPI podrá dictar una o varias de las
siguientes medidas cautelares:
a) la cesación de los actos materia de denuncia;
b) el comiso, el depósito o la inmovilización de los productos, etiquetas, envases y
material publicitario materia de la denuncia;
c) el cese preventivo de la publicidad materia de la denuncia;
d) la adopción de las medidas necesarias para que las autoridades aduaneras impidan el
ingreso al país de los productos materia de denuncia;
e) el cierre temporal del establecimiento del denunciado;
f) cualquier otra medida que evite que se produzca algún perjuicio.Asimismo, el artículo 177 de la Ley sobre el Derecho de Autor, señala entre las medidas
provisionales que pueden ser solicitadas por los titulares de un derecho de autor las siguientes:
a) la suspensión o cese inmediato de la actividad ilícita;b) la incautación o comiso y retiro de los canales comerciales de los ejemplares
producidos o utilizados y del material o equipos empleados para la actividad
infractora;
c) la realización de inspección, incautación o comiso sin aviso previo.Asimismo, las Oficinas de Derechos de Autor, de Invenciones y Nuevas Tecnologías y de
Signos Distintivos, podrán adoptar sanciones administrativas, conjunta o indistintamente, tales comoamonestación o una multa de hasta 152.250,00 dólares EE.UU. aproximadamente.
En cuanto a los bienes incautados, de acuerdo con el artículo 178 del Decreto
Legislativo 822, la Oficina de Derechos de Autor, podrá ordenar, de ser el caso, la entrega al
damnificado o a una institución adecuada, de las mercancías infractoras y de cualquiera de losmateriales e instrumentos utilizados para la comisión de la infr acción, u ordenar la destrucción de los
mismos.IP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
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35. Sírvanse proporcionar la información estadística correspondiente a 1998 y 1999
relativa a los procedimientos civiles entablados para lograr la observancia del derecho de
autor, de las marcas de fábrica, de las indicaciones geográficas, de los dibujos y modelos
industriales, de las patentes, de los esquemas de trazado de los circuitos integrados y del
secreto comercial, en particular el número de demandas presentadas, de mandamientosjudiciales dictados, de mercancías infractoras co nfiscadas, de equipos infractores confiscados y
de causas en que se ha dictado resolución (inclu idas las transacciones), así como la cuantía de
las indemnizaciones de daños y perjuicios otorgadas.
En el Perú se protegen los derechos de propiedad intelectual en tres ámbitos:  administrativo,
civil y penal, resolviéndose la mayoría de casos en la vía administrativa.  Por ello, las estadísticas
que figuran en el Anexo, están referidas a la vía administrativa.
36. Sírvanse proporcionar la información estadística correspondiente a 1998 y 1999
relativa a los procedimientos penales incoados para lograr la observancia en materia de
piratería lesiva del derecho de autor y de violación de marcas de fábrica o de comercio, en
particular el número de redadas, inculpaciones y condenas, y la cuantía de las multas y/o la
duración de las penas de prisión (con indicación de si las multas se pagaron y de si la pena deprisión se cumplió efectivamente o si se suspen dió su ejecución), y cualquier otra información
que demuestre que el sistema penal funciona eficazmente como elemento disuasorio de la
piratería lesiva del derecho de autor y la falsificación de marcas de fábrica o de comercio.
En el presente cuadro se encuentra la estadística de los informes técnicos emitidos por la
Oficina de Derechos de Autor para el Poder Judicial y el Ministerio Público durante los años 1998y 1999.  Cabe señalar que antes que el Ministerio Público emita acusación o informe, según sea el
caso, debe solicitar obligatoriamente al INDECOPI un informe técnico.
Informes emitidos en procesos judiciales, 1998
Informes técnicos 328
Al Poder Judicial 62
Al Ministerio Público 266
Informes emitidos en procesos judiciales, 1999
Informes técnicos 377
Al Poder Judicial 42
Al Ministerio Público 335
37. Sírvanse describir cualquier nueva iniciativa prevista para mejorar la observancia de
los derechos de propiedad intelectual en el Perú , especialmente las iniciativas relacionadas con
la observancia por vía penal.
Con el fin de profundizar los avances ya alcanzados en la defensa de los derechos de
propiedad intelectual, se conformó la Comisión Multisectorial sobre Adulteración y Piratería,
compuesta por INDECOPI y gremios empresariales vinculados a los titulares de los derechos(Business Software Alliance - BSA, Motion Picture Assotiation - MPA, Sociedad Nacional de
Industrias - SNI, entre otros) y organismos públicos competentes (INDECOPI, Policía
Nacional, etc.) que coordina las acciones y estrategias a seguir para fortalecer la defensa de los
derechos de propiedad intelectual en el Perú.IP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
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En cuanto a materia penal, si bien la Ley sobre Derechos de Autor de 1996 vigente,
establece penas privativas de la libertad de hasta ocho años y recogió los nuevos tipos penales, en la
actualidad existe una iniciativa legislativa en el Congreso de la República que, de ser aprobada,
introduciría sanciones más drásticas a los infractores.
Por otro lado se ha automatizado, los trámites y procedimientos para la obtención de registro
de marcas, lo que permite conocer el estado de los expedientes vía Internet. Próximamente será
ampliada esta automatización para los trámites de obtención de patentes.IP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
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ANEXO
Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías
INFRACCIONES 1998 1999
ADMITIDAS 3 14
Acciones de infracción para patentes de
invención05
Acciones de infracción para diseño
industrial37
Acciones de infracción para modelo de
utilidad02
INSPECCIONES REALIZADAS 4 34
Patentes de invención 0 10
Diseños industriales 4 22
Modelos de utilidad 0 2
MEDIDAS CAUTELARES
EJECUTADAS
(Decomisos, Inmovilizaciones, Ceses
y otras)03 6
Patentes de invención 0 22
Diseños industriales 0 8
Modelos de utilidad 0 6
RESUELTAS EN 1999 6 6
Patente de invención 1 desistimiento
Diseños industriales 4 infundadas
1 improcedente3 infundadas
1 desistimiento
Modelo de utilidad 1 improcedente Fundada, se sancionó con
una multa equivalente a
0.41 UIT
Infracciones Oficina de Signos Distintivos
1998 1999
Casos presentados 304 295
Inspecciones realizadas 312 283
Medidas cautelares ejecutadas 123 113
Casos conciliados 61 58
Casos resueltos 206 143IP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
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Oficina de Derechos de Autor
Solicitudes 1998 1999
Reg. Devienen en contenciosos 8 5
Observaciones 0 0
Procedimiento de oficio 0 0
Procedimiento de parte 0 0
Cancelaciones 8 5
Procedimientos de oficio 2 0
Procedimientos de parte 6 5
Servicios de Solución de Controversias
(Denuncias)106 132
Procedimiento de oficio 13 9
Procedimiento de parte 93 123
Solicitantes nacionales 51 74
Solicitantes extranjeros 40 47
Solicitantes y extranjeros (mixtos) 2 2
Visitas inspectivas 88 123
Procedimientos de oficio 15 4
Procedimientos de parte 73 119
Solicitantes nacionales 14 67
Solicitantes extranjeros 58 44
Solicitantes nacionales y extranjeros (mixtos) 1 8
Medidas preventivas (cautelares) 56 30
Procedimiento de oficio 0 0
Decomisos 0 0
Inmovilizaciones 0 0
Ceses 0 0
Otros 0 0
Procedimiento de parte 56 30
Decomisos 0 0
Inmovilizaciones 0 0
Ceses 54 30
Otros 2 0
Medidas cautelares dentro de un
procedimiento25 80
Procedimiento de oficio 3 11
Decomisos 1 6
Inmovilizaciones 1 0
Ceses 0 0
Inspecciones 1 5
Otros 0 0
Procedimiento de parte 22 69
Decomisos 7 29
Inmovilizaciones 3 8
Ceses 0 0
Inspecciones 12 32
Otros 0 0IP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
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CONCLUIDOS 1998 1999
REG. DEVIENEN EN CONTENCIOSOS 5 7
Observaciones 0 0
Fundadas 0 0
Infundadas 0 0
Improcedentes 0 0
Desistimientos 0 0
Conciliaciones 0 0
Abandono 0 0
Caducidad 0 0
Sobreseimiento definitivo 0 0
Cancelaciones 5 7
Fundadas 4 2
Infundadas 1 4
Improcedentes 0 1
Desistimientos 0 0
Conciliaciones 0 0
Abandono 0 0
Caducidad 0 0
Sobreseimiento definitivo 0 0
REG. DEVIENEN EN CONTENCIOSOS
(INFRACCIONES )78 130
Procedimiento de oficio 3 12
Fundadas 3 9
Infundadas 0 2
Improcedentes 0 0
Desistimientos 0 0
Conciliaciones 0 1
Abandono 0 0
Caducidad 0 0
Sobreseimiento definitivo 0 0
Procedimiento de parte 75 118
Fundadas 26 33
Infundadas 4 12
Improcedentes 4 0
Desistimientos 11 27
Conciliaciones 22 42
Abandono 8 4
Caducidad 0 0
Sobreseimiento definitivo 0 0
SANCIONES 68 119
Multas impuestas 20 40
Monto expresado en UIT 85 200
Cierre temporal 1 0
Cierre definitivo 0 0
Incautación 5 13
Amonestación 10 6
Reparación de omisiones 1 1
Otras 31 59IP/Q/PER/1, IP/Q2/PER/1,
IP/Q3/PER/1, IP/Q4/PER/1
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VISITAS INSPECTIVAS 98 125
Procedimiento de oficio 15 4
Procedimiento de parte 83 121
Solicitantes nacionales 13 68
Solicitantes extranjeros 69 45
Solicitantes nacionales y extranjeros (mixtos) 1 8
MEDIDAS CAUTELARES (PREVENTIVAS ) 56 30
Procedimiento de oficio 0 0
Decomisos 0 0
Inmovilizaciones 0 0
Ceses 0 0
Otros 0 0
Procedimiento de parte 56 30
Decomisos 0 0
Inmovilizaciones 0 0
Ceses 54 30
Otros 2 0
MEDIDAS CAUTELARES EN UN
PROCEDIMIENTO31 44
Procedimiento de oficio 4 1
Decomisos 1 0
Inmovilizaciones 1 0
Ceses 0 0
Inspecciones 2 1
Otros 0 0
Procedimiento de parte 27 43
Decomisos 7 13
Inmovilizaciones 2 4
Ceses 0 0
Inspecciones 18 26
Otros 0 0
__________