RESTRICTEDORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOIP/C/W/188
27 de junio de 2000
(00-2634)
Consejo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el ComercioOriginal:  español
EXAMEN DE LEGISLACIÓN
Respuestas de México a preguntas formuladas por Australia,
el Japón y los Estados Unidos
La Secretaría ha recibido de la Misión Permanente de México, en comunicaciones de fecha
16 de junio de 2000, las siguientes respuestas a las preguntas formuladas por Australia, el Japón y los
Estados Unidos.
_______________
AUSTRALIA
A. DERECHOS DE AUTOR
1. ¿Existen excepciones concretas al derecho de autor en la ley de México para permitir el uso
de material de derecho de autor por terceras partes con fines autorizados (como investigación,
educación, uso justo o prácticas comerciales leales )?  ¿Hay decisiones judiciales importantes que
influyan en esta cuestión?  ¿Existen normas o conclusiones específicas en relación con excepciones o
limitaciones a la protección del derecho de autor de programas informáticos?
La Ley Federal del Derecho de Autor solo establece en el Título VI las limitaciones del
derecho de autor y de los derechos conexos, que a continuación se detallan:
Capítulo I. De la limitación por causa de utilidad pública
Artículo 147. Se considera de utilidad pública  la publicación o traducción de obras literarias
o artísticas necesarias para el adelanto de la ciencia, la cultura y la educación nacionales. Cuando nosea posible obtener el consentimiento del titular de los derechos patrimoniales correspondientes y
mediante el pago de una remuneración compensatoria, el Ejecutivo Federal, por conducto de la
Secretaría de Educación Pública, de oficio o a petición de parte, podrá utilizar la publicación o
traducción mencionada. Lo anterior será sin perjuicio de los Tratados internacionales sobre derechos
de autor y derechos conexos suscritos y aprobados por México.
Capítulo II. De la limitación a los Derechos Patrimoniales
Artículo 148. Las obras literarias y artísticas ya divulgadas podrán utilizarse , siempre que no
se afecte la explotación normal de la obra, sin autorización del titular del derecho patrimonial y sin
remuneración, citando invariablemente la fuente y sin alterar la obra, sólo en los siguientes casos:
1. Cita de textos, siempre que la cantidad tomada no pueda considerarse como una reproducción
simulada y sustancial del contenido de la obra.IP/C/W/188
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2. Reproducción de Artículos, fotografías, ilustraciones y comentarios referentes a
acontecimientos de actualidad, publicados por la prensa o difundidos por la radio o la
televisión, o cualquier otro medio de difusión, si este no hubiere sido expresamente prohibido
por el titular del derecho.
3. Reproducción de partes de la obra para la crítica e investigación científica, literaria o artística4. Reproducción por una sola vez, y en un solo ejemplar, de una obra literaria y artística, para
uso personal o privado de quien la hace y sin fines de lucro
Las personas morales no podrán valerse de lo dispuesto en esta fracción salvo que se trate de una
institución educativa, de investigación, o que no esté dedicada a actividades mercantiles
5. Reproducción de una sola copia por parte de un archivo o biblioteca, por razones de seguridad
y preservación, y que se encuentre agotada, descatalogada y en peligro de desaparecer
6. Reproducción para constancia en un procedimiento judicial o administrativo;7. Reproducción, comunicación y distribución por medio de dibujos, pinturas, fotografías y
procedimientos audiovisuales de las obras que sean visibles desde lugares públicos.
8. Artículo 149. Podrán realizarse sin autorización:
I. La utilización de obras literarias y artísticas en tiendas o establecimientos abiertos al público,
que comercien ejemplares de dichas obras, siempre y cuando no haya cargos de admisión y que dichautilización no trascienda el lugar en donde la venta se realiza y tenga como propósito único el de
promover la venta de ejemplares de las obras.
Capítulo III. Del dominio público
Artículo 152. Las obras del dominio público pueden ser libremente utilizadas por cualquier
persona, con la sola restricción de respetar los derechos morales de los respectivos autores.
Artículo 153. Es libre el uso de la obra de un autor anónimo mientras el mismo no se dé a
conocer o no exista un titular de derechos patrimoniales identificado.
Por otra parte, no existe ninguna decisión judicial significativa en relación con este tema.
La Ley Federal del Derecho de Autor no prevé excepciones o limitación de derecho de autor
sobre el software de las computadoras.
2. ¿En qué medida abarca la actual protección de derechos de autor en México el uso y la
divulgación de obras protegidas por el derecho de autor por redes digitales como Internet?  ¿Hay
alguna disposición específica en la ley del derecho de autor en relación con el entorno digital en
línea, y existe alguna decisión judicial administr ativa importante que influya en esta cuestión?
El Artículo 111 de la Ley Federal del Derecho de Autor prevé la protección de los programas
efectuados electrónicamente que contengan elementos visuales, sonoros, tridimensionales o animados
en los elementos primigenios que contengan.
El Artículo 112, por su parte, prohibe la importación, fabricación, distribución y utilización de
aparatos o la prestación de servicios destinados a eliminar la protección técnica de los programas de
cómputo, de las transmisiones, a través del espectro electromagnético y de redes de
telecomunicaciones y de los programas de elementos electrónicos señalados en el Artículo anterior.IP/C/W/188
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a) El Artículo 113 establece la protección de las obras e interpretaciones o ejecuciones
transmitidas por medios electrónicos a través del espectro electromagnético y de
redes de telecomunicaciones y el resultado que se obtenga de esta transmisión
Asimismo, el Artículo 114 señala que la transmisión de obras protegidas por la Ley Federal
del Derecho de Autor, mediante cable, ondas radioeléctricas, satélite u otras similares, deberánadecuarse, en lo conducente a la legislación mexicana y respetar en todo caso y en todo tiempo las
disposiciones sobre la materia.
B. M
ARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO E INDICACIONES GEOGRÁFICAS
3. ¿Hay disposiciones específicas en las leyes y reglamentos mexicanos, o alguna decisión
judicial importante, que influyan en el uso de marcas de fábrica o de comercio o en indicaciones
geográficas por redes digitales como Internet?  ¿Existen decisiones al respecto u otras disposiciones
jurídicas sobre la relación entre nombres de dominio de Internet y marcas de fábrica o de comercio o
indicaciones geográficas?
No, no hay ninguna disposición específica en los ordenamientos legales aplicables, ya que por
la naturaleza de las redes digitales y su relación con estas figuras jurídicas, no existen a la fecha
resoluciones judiciales relevantes en la materia.
C. CONTROL DE LAS PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS
10. ¿Prevé la Ley mexicana medidas concretas sobre las prácticas que constituyen un abuso de
los derechos de propiedad intelectual? ¿Son esas decisiones aplicables u otras directrices jurídicas o
administrativas?
Si, el artículo 129 de la LPI se refiere a aquellos casos en los que el uso de una marca, se
encuentre registrada o no, pueda alterar la dinámica de los usos comerciales, generando prácticasmonopólicas o entorpezca la producción y circulación de productos. Dicho artículo establece las
excepciones en las cuales el interés público, al verse afectado, prevalece sobre el interés individual.
La fracción I se encuentra vinculada con la presencia de prácticas monopólicas, en este
sentido, es pertinente aclarar que en México, existe la Comisión Federal de Competencia Económica,
que es la autoridad encargada de la aplicación de la Ley Federal de Competencia Económica, la cualtiene como objeto el proteger el proceso de competencia y libre concurrencia mediante la prevención
y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento
eficiente de los mercados de bienes y servicios. La declaratoria de existencia de prácticas monopólicas
emitida por dicha Comisión, con fundamento en los artículos 9 y 10 de la LFCE, constituye una
condición para la procedencia de esta fracción.
La fracción II se refiere a las situaciones en las que el uso de una marca no implican una
práctica de comercio irregular, pero si la distribución, producción o comercialización ineficiente debienes y servicios. Finalmente, la fracción III se refiere a las situaciones de emergencia nacional.
Uno de los objetivos de la Ley de la Propiedad Industrial es el prevenir los actos que atenten
contra ésta, incluyendo aquellos que constituyan competencia desleal y que se relacionen con la
materia que regula, así como establecer las sanciones y penas correspondientes.
En este sentido, de conformidad con la fracci ón I del artículo 213 de la LPI se sanciona el
realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que
impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que regula la misma, constituyendo
ésta una forma de sancionar los posibles abusos de derechos de propiedad intelectual.IP/C/W/188
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No se cuenta con resoluciones judiciales relevantes relacionadas con el abuso de los derechos
de propiedad intelectual.
Finalmente, cabe destacar que el sistema legal en México, como país de tradición romano
germánica, se compone de un cuerpo jurídico formulado por leyes, decretos o reglamentos expedidos
por el poder legislativo o por el poder ejecutivo, a diferencia de los países que se rigen por el sistemadel common law, que proviene de sentencias dictadas por los jueces, es decir, de la jurisprudencia de
casos litigados. Por lo cual la actuación de las autoridades judiciales o  administrativas se encuentra
condicionada a la existencia de un supuesto jurídico previsto en una ley con anterioridad a la
realización del hecho.IP/C/W/188
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JAPÓN
A.D ERECHO DE AUTOR
1. Sírvanse indicar qué protección reciben las obras, los fonogramas, las interpretaciones o
ejecuciones y las radiodifusiones de otros Miembros de la OMC en virtud de la Ley de derecho de
autor y derechos conexos de México (denominada en adelante la "Ley de derecho de autor y derechosconexos").  Sírvanse indicar también qué disposiciones de la Ley de derecho de autor y derechos
conexos establecen la concesión de trato nacional y trato de la nación más favorecida, conforme a lo
prescrito en los artículos 3 y 4 del Acuerdo sobre los ADPIC y en el párrafo 1 del artículo 9 del
Acuerdo sobre los ADPIC, que incorpora el párrafo 1) del artículo 5 del Convenio de Berna.
El Artículo 7 de la Ley  Federal del Derecho de Autor establece que los extranjeros  autores o
titulares de derechos y sus causahabientes gozarán de los mismos derechos que los nacionales en los
términos de dicha Ley y de los Tratados internacionales en materia de derechos de autor y derechosconexos suscritos y aprobados por México.
Adicionalmente, el Artículo 8 de la referida Ley señala que los artistas intérpretes o
ejecutantes, los editores, los productores de Fonogramas o videogramas y los organismos de
radiodifusión que hayan realizado fuera del territorio nacional respectivamente, la primera fijación de
sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, la primera fijación de los sonidos de estasejecuciones o de las imágenes de sus videogramas o la comunicación de sus emisiones, gozarán de la
protección que otorga la Ley y los Tratados internacionales en materia de derecho de autor y derechos
conexos suscritos y aprobados por México,
La Ley Federal del Derecho de Autor no contempla ninguna disposición sobre la cláusula de
la nación más favorecida.
2. Sírvanse indicar si existe alguna excepción o exención del trato nacional y del trato de la
nación más favorecida conforme a la Ley de derecho de autor y derechos conexos, como lo permiten
los artículos 3 y 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.
La Ley Federal del Derecho de Autor no contempla ninguna disposición sobre las
excepciones previstas en los Artículo 3 y 4 del Acuerdo TRIPS, relativas al trato nacional y al trato dela cláusula de la nación más favorecida.
3. Sírvanse indicar si México facilita protección retroactiva, y de qué modo, a las obras, los
fonogramas y las interpretaciones o ejecuciones de otros Miembros de la OMC, conforme a lo
prescrito en los artículos 9.1, 14.6 y 70.2 del Acuerdo sobre los ADPIC, que aplican, mutatis
mutandis , el artículo 18 del Convenio de Berna.  Sírvanse indicar la fecha hasta la que retrocede esa
protección con respecto a cada categoría de materia objeto de la misma.
La Ley Federal del Derecho de Autor no contempla ninguna disposición expresamente sobre
protección retroactiva para las obras, fonogramas, interpretaciones para otros Estados miembros de la
OMC.
4. En lo que respecta a las disposiciones de protección de "programas de ordenador"
contenidas en la Ley de derecho de autor y derechos conexos, sírvanse indicar si la protección
abarca los programas de ordenador, sean programas fuente o programas objeto, como lo establece elpárrafo 1 del artículo 10 del Acuerdo sobre los ADPIC.  ¿Están protegidos esos programas de
ordenador como obras literarias, tal como lo establece el párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de
Berna?IP/C/W/188
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La protección de los programas de computación bajo la Ley Federal del Derecho de Autor
cubre tanto a los programas operativos como a los programas aplicativos ya sea en forma de código
fuente  o de código objeto. (Artículo 102).
Asimismo, los programas de computación son protegidos bajo la Ley Federal del Derecho de
Autor en los mismos términos que las obras literarias.
5. Sírvanse aclarar si las "bases de datos" que figuran en la Ley de derecho de autor y derechos
conexos abarcan las compilaciones de datos en forma legible por máquina.  Sírvanse explicar cómo
cumple esa Ley lo establecido en el párrafo 2 del artículo 10 del Acuerdo sobre los ADPIC.
El Artículo 108 de la Ley Federal del Derecho de Autor señala que las bases de datos o de
otros materiales legibles por medio de máquinas o en otra forma, que por razones de selección y
disposición de su contenido constituyan creac iones intelectuales quedarán protegidos como
compilaciones.
6. Sírvanse explicar la duración de la protección de una obra, como una obra de una persona
jurídica, en virtud de la Ley sobre derecho de autor y derechos conexos, según describe en el
artículo 12 del Acuerdo sobre los ADPIC.
La Ley Federal del Derecho de Autor no establece un término específico para la protección de
las obras colectivas creadas por una persona moral, pero se puede hacer uso del término previstoprecisamente en el Artículo 12 del Acuerdo TRIPS, así como del término previsto en la Ley Federal
del Derecho de Autor para obras individuales.
7. Sírvanse explicar cómo el artículo 17 y la Ley Federal del Derecho de Autor de México se
ajusta al párrafo 2 del artículo 9 del Convenio de Berna y al artículo 13 del Acuerdo sobre los
ADPIC, que requieren limitaciones y excepciones impuestas a los derechos exclusivos a determinadoscasos especiales que no atenten contra la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio
injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos.
El Artículo 17 de la Ley Federal del Derecho de Autor no contraviene el Artículo 9.2 del
Convenio de Berna, toda vez que el Artículo 17 se refiere a la explotación normal de la obra.
Asimismo, México cumple con lo estipulado en el Artículo 9.2 de la Convención de Berna y
con el Artículo 13 del Acuerdo TRIPS, mediante la fracción IV del Artículo 148 de la Ley Federal del
Derecho de Autor, misma que permite la reproducción por una sola vez, y en un solo ejemplar, de una
obra literaria o artística para uso personal y privado de quién la hace y sin fines de lucro.
8. Sírvanse explicar cómo el artículo 153 de la Ley Federal del Derecho de Autor de México se
ajusta al artículo 13 del Acuerdo sobre los ADPIC, que requiere limitaciones o excepciones
impuestas a los derechos exclusivos a determinados casos especiales que no atenten contra la
explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titularde los derechos.
El Artículo 153 no contraviene lo estipulado en  el Artículo 13 de Acuerdo TRIPS, toda vez
que el uso de la obra de un autor anónimo es libre siempre y cuando el mismo no se dé a conocer o no
exista un titular de derechos patrimoniales identificado.
B. 
PATENTES
9. Sírvanse explicar cómo se ajustan expresamente las disposiciones de las secciones XI, XII,
XIII y XIV del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial de México al artículo 28 del Acuerdo
sobre los ADPIC, en que se estipulan derechos exclusivos para impedir que terceros realicen actos deIP/C/W/188
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importación de productos objeto de patente o de productos obtenidos mediante un procedimiento de
patente.
Tanto el artículo 28 (Derechos conferidos) de los Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) como el artículo 25 de la Ley de la
Propiedad Industrial (LPI), se refieren al mismo supuesto, que está encaminado a proteger losderechos exclusivos del titular de la patente, facultándolo a impedir que terceros, sin su
consentimiento, realicen cualquiera de los actos que se establecen en dichos ordenamientos.
El derecho de impedir la importación de un pr oducto patentado o del producto resultante de
un proceso patentado, previsto en el artículo 25 de la LPI se relaciona estrechamente con las
disposiciones contenidas en su artículo 213 fracciones de la XI a la XV, que contemplan los supuestos
de infracción administrativa, a saber:
"ARTICULO 213 .- Son infracciones administrativas:
...
XI.- Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro de modelo de
utilidad o diseño industrial, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;
XII.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente o por
un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, a sabiendas de que fueronfabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin la
licencia respectiva;
XIII.- U tilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la
licencia respectiva;
XIV.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultado de la
utilización de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el
consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación;
...
10. Sírvanse explicar cómo se aplica en la legislación mexicana el artículo 34 del Acuerdo sobre
los ADPIC, en relación con la inversión de la car ga de la prueba en procedimientos civiles en casos
de infracción en materia de patentes.
El artículo 192 bis 1 de la LPI establece que cuando la materia objeto de la patente sea un
proceso para la obtención de un producto, en el procedimiento de declaración administrativa de
infracción, el presunto infractor deberá probar que dicho producto se fabricó bajo un proceso diferente
al patentado, cuando:
1. El producto obtenido por el proceso patentado sea nuevo, y
2. Exista una probabilidad significativa de que el producto haya sido fabricado mediante el
proceso patentado y el titular de la patente no haya logrado, no obstante haberlo intentado,
establecer el proceso efectivamente utilizado.
Cabe destacar que a efecto de que proceda la inversión de la carga de la prueba es necesario
que se satisfagan ambos supuestos.IP/C/W/188
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Esta excepción únicamente se aplica en la esfera administrativa, específicamente en los
supuestos de infracción de procesos patentados.
C. OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
11. Sírvanse indicar las medidas que ordenan las autoridades judiciales con respecto de los
derechos de propiedad intelectual, incluidos los mandamientos judiciales, perjuicios, gastos,destrucción o eliminación de las mercancías infractoras y de los materiales o instrumentos para su
producción.  Sírvanse explicar cuáles son los criter ios y el método de cálculo para decidir el importe
de los perjuicios que las autoridades judiciales ordenan que pague la persona que infringe los
derechos de propiedad intelectual al titular de los derechos.
De conformidad con los artículos 49 y 50.8 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, en los procedimientos de declaración
administrativa relativos a la violación de alguno de los derechos que protege la Ley de la PropiedadIndustrial (LPI), el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial podrá adoptar las siguientes
medidas:
a) Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que infrinjan
derechos de los tutelados por la LPI;
b) Ordenar se retiren de la circulación:
• Los objetos fabricados o usados ilegalmente;
• Los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y
similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por la LPI;
• Los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan alguno de los
derechos tutelados por la LPI;  y
• Los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricación, elaboración de
cualquiera de los señalados en los apartados anteriores.
c) Prohibir, de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se vicie un
derecho de los protegidos por la LPI;
d) Ordenar el aseguramiento de bienes;
e) Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan
una violación a las disposiciones de esta Ley, y
f) Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las
medidas que se prevén en las fracciones anteriores, no sean suficientes para prevenir o evitarla violación a los derechos protegidos por esta Ley.
Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores tendrán
la obligación de abstenerse de su enajenación o prestación a partir de la fecha en que se les notifique
la resolución.
Igual obligación tendrán los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores,
quienes serán responsables de recuperar de inmediato los productos que ya se encuentren en el
comercio.IP/C/W/188
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Es aplicable el artículo 199 BIS de la Ley de la Propiedad Industrial
• Órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, con inclusión de la reparación por
concepto de beneficios y los gastos, comprendidos los honorarios de los abogados
Independientemente de la acción judicial o ad ministrativa que proceda, el perjudicado por
violación de su derecho de propiedad intelectual podrá demandar del o de los autores de la violación
la reparación del daño material y el pago de daños y perjuicios sufridos por motivo de dicha violación,que en ningún caso podrá ser inferior al 40% del precio de venta al público de cada producto o de la
prestación de servicios.
Son aplicables los artículos 221 bis y 226 de la Ley de la Propiedad Industrial.
• Destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos comerciales de las
mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para su producción
En el caso de que la resolución definitiva sobre el fondo de la controversia, declare que se ha
cometido una infracción administrativa, la autoridad decidirá con audiencia de las partes sobre el
destino de los bienes asegurados, sujetándose a las siguientes reglas:
I.- Pondrá a disposición de la autoridad judicial competente los bienes que se hubiesen asegurado, tan
pronto sea notificado de que se ha iniciado el proceso tendiente a la reparación del daño material o al
pago de los daños y perjuicios;
II.- Pondrá a disposición de quien determine el laud o, en el caso de que se opte por el procedimiento
arbitral;
III.- Procederá, en su caso, en los términos previstos en el convenio que, sobre el destino de los
bienes, hubiesen celebrado el titular afectado y el presunto infractor;
IV.- En los casos no comprendidos en las fracciones anteriores, cada uno de los interesados presentará
por escrito, dentro de los cinco días siguientes al en que se les dé vista, su propuesta sobre el destino
de los bienes asegurados, que hubieran sido retirados de la circulación, o cuya comercialización se
hubiera prohibido;
V.- Deberá dar vista a las partes de las propuestas presentadas, a efecto de que, de común acuerdo,
decidan respecto del destino de dichos bienes y lo comuniquen por escrito al Instituto dentro de loscinco días siguientes a aquel en que se les haya dado vista;
VI.- Si las partes no manifiestan por escrito su acuerdo sobre el destino de los bienes en el plazo
concedido, o no se ha presentado ninguno de los supuestos a que se refieren las fracciones I a III
anteriores, dentro del plazo de 90 días de haberse dictado la resolución definitiva, la Junta de
Gobierno del Instituto podrá decidir:
a) La donación de los bienes a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal,
entidades federativas, municipios, instituciones públicas, de beneficencia o de seguridad social,
cuando no se afecte el interés público, o
b) La destrucción de los mismos.
Es aplicable el artículo 212 BIS 2 de la Ley de la Propiedad Industrial.IP/C/W/188
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• Otras Medidas
a) Multas.
b) Clausuras.
c) Prisión en el caso de delitos.
Son aplicables los artículos 214 y 218 de la Ley de la Propiedad Industrial.
Las resoluciones judiciales pueden obligar a una parte o a un tercero en el proceso, a que
actúe de una manera en particular, es decir, que realice determinada conducta, ya sea de hacer o no
hacer.
Son aplicables los artículos 220 y 379 al 399 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
• Órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, con inclusión de la reparación por concepto
de beneficios y los gastos, comprendidos los honorarios de los abogados
Cuando hubiere condena por parte del juzgador al pago de daños y perjuicios se fijará su
importe en cantidad líquida o, por lo menos, se establecerán las bases con arreglo a las cuales debe
hacerse la liquidación. La resolución del juzgador podrá contener la orden judicial de pago de costas ygastos judiciales.
Son aplicables los artículos 7 a 11 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
• Destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos comerciales de las
mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para su producción
El Tribunal podrá fijar en la sentencia al obligado la ejecución de un acto que pueda consistir,
entre otras cosas, en la destrucción de bienes y se podrá determinar un plazo prudente para elcumplimiento de la sentencia.
Es aplicable el artículo 420 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
• Otras Medidas
Con atención a la naturaleza del negocio, el Tribunal competente pronunciará  su sentencia
pudiendo adoptar, bajo su responsabilidad, cualquier medida que el mismo considere pertinente;
además podrá adoptar, bajo su responsabilidad, cualquier proyecto proporcionado por las partes,siempre y cuando éste se encuentre apegado a derecho.
Son aplicables los artículos 345 al 353 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
12. Sírvanse indicar títulos de leyes y reglamentos y las disposiciones de los mismos en que se
prescriba la suspensión del despacho de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o
mercancías pirata que lesionan el derecho de autor, como se estipula en el artículo 51 del Acuerdosobre los ADPIC.  Sírvanse señalar los tipos de derechos de propiedad intelectual en virtud de los
cuales se puede efectuar una suspensión si el titular de los derechos presenta una demanda.
Las disposiciones aplicables se contienen en la Ley de la Propiedad Industrial (artículos 199
BIS, 199 BIS 1 al BIS 8) y la Ley Aduanera (artículos 144, 148 y 149).
En este caso, el solicitante que pretenda ejercitar medidas en frontera con respecto de bienes
que presumiblemente infringen un derecho de propiedad intelectual, deberá presentar un escrito ante
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o ante la autoridad judicial competente, en el queIP/C/W/188
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deberá acreditar: ser el titular del derecho que presuntamente se esta violando, otorgar fianza
suficiente para responder de los daños y perjuicios, y proporcionar la información suficiente para la
identificación de los bienes o servicios presuntamente infractores de un derecho de propiedad
intelectual. Lo anterior con fundamento en los artículos 199 bis1 de la LPI y 148 de la Ley Aduanera.
Una vez satisfechos los requisitos anteriores, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
o la autoridad judicial competente notificará la resolución a las autoridades aduaneras con el objeto de
que ésta suspenda la libre circulación de la mercancía presuntamente infractora. La resolución deberá
satisfacer los requisitos establecidos en el artículo 149 Ley Aduanera:
1. El nombre del importador.
2. La descripción detallada de la mercancía.
3. La aduana por la que se tiene conocimiento por la que va a ingresar la mercancía.
4. El período estimado para el ingreso de las mercancías, el cual no excederá de 15 días.5. El almacén en el que deberá quedar depositada la mercancía a disposición de la autoridad
competente, el cual deberá estar ubicado dentro de la circunscripción territorial de la aduana
que corresponda, y
6. La designación o aceptación expresa del depositario.
Cuando la autoridad aduanera haya ejecutado la orden emitida por la autoridad administrativa
o judicial competente, comunicará a éstas la detención de la mercancía, poniéndola a su disposición
en el almacén designado por las mismas. En dicho acto la autoridad aduanera levantará acta
circunstanciada, en la que se deberá hacer constar lo siguiente:
1. La identificación de la autoridad que practica la diligencia.
2. La resolución en la que se ordene la suspención de la libre circulación de la mercancía de
procedencia extranjera y la notificación que se hace de la misma al interesado.
3. La descripción, naturaleza y demás características de las mercancías, y
4. El lugar en el que se quedarán depositadas las mercancías a disposición de la autoridad
competente (artículo 148 Ley Aduanera).
La persona afectada por la ejecución de las medidas, deberá responder  en un término de 10
días, con la oportunidad de presentar las pruebas, excepciones y/o defensas que a su derecho
convenga, a la solicitud de declaración administrativa de infracción o, en su caso, a la demanda en su
contra y podrá exhibir contrafianza suficiente para responder de los daños y perjuicios que pudiere
causar el levantamiento de dicha medida. Para éstos casos, se aplican los artículos 192 bis 1 y 192 bis
2 de la Ley de la Propiedad Industrial.
La autoridad competente deberá resolver en definitiva sobre el procedimiento de medidas en
frontera y pondrá a disposición la fianza o la contrafianza en favor de quien la autoridad haya resueltoel caso. (Artículo 199 bis 3 al 199 bis 8 LPI).
Son aplicables los artículos 199 BIS, 199 BIS 1 al BIS 8 de la Ley de la Propiedad Industrial
y los artículos 148 y 149 de la Ley Aduanera.
13. Sírvanse explicar el tipo y la cuantía de las sanciones penales, incluidas la pena de prisión y
las sanciones pecuniarias, relativas a los derechos de propiedad intelectual.  En particular, ¿sepersiguen los delitos sólo cuando la parte perjudicada haya presentado una acusación formal?
Sírvanse explicar también si las sanciones son compatibles con el artículo 61 del Acuerdo sobre los
ADPIC, que exige que las sanciones sean suficientemente disuasorias, coherentes con el nivel de las
sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente.IP/C/W/188
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• Prisión y sanciones pecuniarias
Propiedad Industrial.
El artículo 223 de la Ley de Propiedad Industrial, tipifica como delitos los siguientes actos:
I. Reincidir en las conductas previstas en las fracciones II a XXII del artículo 213 de la Ley de
la Propiedad Industrial una vez que la primera sanción administrativa impuesta por esta razón haya
quedado firme;
II. Falsificar marcas en forma dolosa y con el fin de especulación comercial, marcas protegidas
por la LPI;
III. Producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender, en forma dolosa y con
el fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas, por la
LPI, así como aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias primas, o insumos
destinados a la producción de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por la LPI.
IV. Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo de su trabajo, puesto,
cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia
para su uso, sin consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial, habiendo sido
prevenido de su confidencialidad, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para
el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto,
V. Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo
guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propósito de obtener un
beneficio económico para sí o para el tercero o c on el fin de causar un perjuicio a la persona que
guarde el secreto industrial o a su usuario autorizado, y
VI. Usar la información contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud de su trabajo,
cargo, puesto, ejercicio de su profesión o relación de  negocios, sin consentimiento de quien lo guarde
o de su usuario autorizado, o que le haya sido revelado, o que le haya sido revelado por un tercero, a
sabiendas de que éste no contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarde el secreto
industrial o su usuario autorizado, con el propósito de obtener un beneficio económico o con el fin de
causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industria o su usuario autorizado.
Además el artículo 223 BIS establece que se impondrán de dos a seis años de prisión y multa
de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al que venda o
cualquier consumidor  final en vías o lugares públicos, en forma dolosa y con el fin de especulación
comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por la LPI
Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de
salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, a quien cometa los delitos que se señalanen las fracciones I, IV, V o VI del artículo 223 y en el caso de las fracciones II o III del mismo
artículo 223, se impondrán de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a veinte mil días de
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. (Artículo 224 de la Ley de la Propiedad
Industrial).
Los delitos ya mencionados se persiguen a petición de parte ofendida.
II. Derechos de Autor
En materia de Derechos de Autor y Derechos Conexos el Título Vigésimo Sexto del Código
Penal Federal tipifica los delitos y establece las sanciones.IP/C/W/188
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Son aplicables los artículos 424 a 427 del mismo ordenamiento.
Artículo 424. Se impondrán de seis años y de trescientos a tres mil días de multa:
1. Al que especule en cualquier forma con los libros de texto gratuito que distribuye la
Secretaría de Educación Pública; y
2. Al editor, productor o grabador que ha sabiendas produzca más números de ejemplares de una
obra protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor, que los autorizados por el titular delos derechos.
A quien use en forma dolosa, con fin de lucro y sin la autorización correspondiente obras
protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor.
Artículo 424 bis. Se impondrá prisión de tres a diez años y de dos mil a veinte mil días multa.
A quien produzca, reproduzca, introduzca al país, almacene, transporte, distribuya, venda o
arriende copias de obras, fonogramas, videogramas, o libros, protegidos por la Ley Federal delDerecho de Autor, en forma dolosa a escala comercial y sin la autorización que en los términos de lacitada Ley deba otorgar el titular de los derechos de autor o de los derechos conexos.
Igual pena se impondrá a quienes, a sabiendas, aporten o provean de cualquier forma,
materias primas o insumos destinados a la producción o reproducción de obras, fonogramas,
videogramas o libros a que se refiere el párrafo anterior, o use en forma dolosa, a escala comercial ysin la autorización correspondiente obras protegidas por la mencionada Ley; o
A quien fabrique con fines de lucro un dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar los
dispositivos electrónicos de protección de un programa de computación.
Artículo 424 ter. Se impondrá prisión de seis meses a seis años y de cinco mil a treinta mil
días multa a quien venda a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, en forma dolosa,con fines de especulación comercial, copias de obras, fonogramas, videogramas o libros, a que serefiere la fracción I del artículo anterior.
Si la venta se realiza en establecimientos comerciales, o de manera organizada o permanente,
se estará a lo dispuesto en el artículo 424 bis de este Código.
Artículo 426. Se impondrá prisión de seis meses a dos años o de trescientos a tres mil días
multa, en los casos siguientes:
A quien fabrique, importe, venda o arriende un dispositivo o sistema para describir una señal
de satélite cifrada, portadora de programas, sin autorización del distribuidor legítimo de dicha señal; y
A quien realice con fines de lucro cualquier acto con la finalidad de descifrar una señal de
satélite cifrada, portadora de programas, sin autorización del distribuidor legítimo de la señal.
Artículo 427. Se impondrá prisión de seis meses a dos años o de trescientos a tres mil días
multa, a quien publique a sabiendas una obra sustituyendo el nombre del autor por otro nombre.
Es importante mencionar que en materia de derechos de autor, todos los delitos se persiguen a
petición de parte ofendida, con excepción de lo previsto en la fracción I del artículo 424, que se
refiere a la especulación con libros de texto gratuitos, mismo que, con fundamento en el artículo 429del citado Código Penal, se persigue de oficio.
Todas las sanciones mencionadas anteriormente, son completamente consistentes con el
artículo 61 del Acuerdo ADPIC en la medida en que son suficientemente disuasorias.IP/C/W/188
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ESTADOS UNIDOS
A. CONSIDERACIONES GENERALES
1. Sírvanse explicar, con respecto a cada fo rma de propiedad intelectual abarcada por
la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC, incluida la protección de variedades vegetales, la manera
en que las leyes de México garantizan que los nacionales de otros Miembros de la OMC reciben el
mismo trato que los nacionales y el trato de la nac ión más favorecida, conforme se estipula en los
artículos 3 y 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Derechos de autor
La Ley Federal del Derecho de Autor asegura la aplicación del trato nacional a los nacionales
de otros Estados miembros de la OMC, mediante lo estipulado en el Artículo 7 de dicha Ley, el cual
señala que los extranjeros autores o titulares de derechos y sus causahabientes gozarán de los mismos
derechos que los nacionales, en los términos de la referida Ley de los Tratados internacionales enmateria de derecho de autor y derechos conexos suscritos y aprobados por México.
Variedades Vegetales
El artículo 7 del Reglamento de la Ley de Variedades Vegetales establece que la protección
de los derechos de los obtentores extranjeros se otorgará conforme a lo dispuesto en la Ley, este
Reglamento y los tratados o convenios internacionales suscritos por los Estados Unidos Mexicanos.
Así mismo, en el artículo antes mencionado se establece que la autoridad correspondiente
podrá negar el registro de variedades vegetales a nacionales de otros países cuando no exista tratado o
convenio internacionales con el país en cuestión y éste no otorgue reciprocidad a los obtentores
mexicanos.
Invenciones y signos distintivos
El artículo 1 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que las disposiciones de la misma
son de orden público y de observancia general en toda la República, sin perjuicio de lo establecido en
los Tratados Internacionales de los que México sea parte.
B. D
ERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS
2. Sírvanse explicar, y aclarar, el artículo 133 de la Ley Federal del Derecho de Autor de
México, en el que se dispone que, una vez que un fonograma haya sido introducido legalmente a
cualquier circuito comercial, "ni el titular de los derechos patrimoniales, ni los artistas intérpretes o
ejecutantes, ni los productores de fonogramas podrán oponerse a su comunicación directa al público,
siempre y cuando los usuarios que lo utilicen con fines de lucro efectúen el pago correspondiente a
aquéllos".  Además, sírvanse indicar cómo se conforman las disposiciones del artículo 133 alartículo 11 bis del Convenio de Berna, recogido en el artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC.
El Artículo 133 de la Ley Federal del Derecho de Autor no se contrapone al Artículo 11bis
del Convenio de Berna, toda vez que el primero se refiere a derechos conexos y el segundo a derechos
de autor.IP/C/W/188
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3. Sírvanse explicar, y aclarar cómo el artículo 198 de la Ley Federal del Derecho de Autor de
México, en el que se prevé la reciprocidad en el caso de percepciones o derechos para autores del
extranjero, se conforma a las obligaciones de trato nacional del Convenio de Berna y al artículo 3
del Acuerdo sobre  los ADPIC.
El Artículo 198 no contraviene el trato nacional previsto tanto en el Convenio de Berna como
en el Acuerdo del TRIPS, toda vez que el citado Artículo se refiere específicamente al trato entre las
sociedades de gestión colectiva.
C. MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO
4. La sección XV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, publicada en inglés en
junio de 1998, de las leyes y tratados de propiedad intelectual de la OMPI, se dice que "las
denominaciones, figuras o formas tridimensionales iguales o semejantes a una marca que el Instituto
estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicios", no seregistrarán como marcas.  ¿Está verdaderamente limitada la prohibición del registro a las
denominaciones, figuras o marcas "tridimensionales"?  De ser así, sírvanse explicar por qué está
limitada la prohibición del registro.
Primero, es necesario establecer que la traducción al inglés que se cita en esta pregunta sobre
la fracción XV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial es incorrecta, ya que ésta en unatraducción literal, se lee como sigue: “nombres, figuras o formas tridimensionales idénticos o
similares a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser aplicados a
cualquier producto o servicio, no se registrarán como marcas”.
La fracción XV del artículo de la Ley de la Propiedad Industrial en su versión en español, se
lee como sigue: “ Las denominaciones, figuras o formas trid imensionales, iguales o semejantes a una
marca que el Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier
producto o servicio”.
De lo anterior se desprende que, en México, de acuerdo con la sección XV del artículo 90 de
la Ley de la Propiedad Industrial, la prohibición del registro comprende las marcas nominativas,
innominadas, mixtas y tridimensionales, que el In stituto estime notoriamente conocidas en México,
para ser aplicadas a cualquier producto o servicio. En otras palabras, se entiende que las
denominaciones, se refieren a los nombres que conforman las marcas nominativas; las figuras, se
refieren a los elementos figurativos que comprenden las marcas innominadas; la combinación de
nombres y figuras, constituyen las marcas mixtas; y, las formas tridimensionales, constituyen las
marcas tridimensionales.
La prohibición de registro que se establece en la sección XV del artículo 90 de la Ley de la
Propiedad Industrial no se limita a las formas tridimensionales. Asimismo, el concepto detridimensional se refiere exclusivamente a las formas, es decir, aquellas que reúnan las condiciones de
ancho, alto y volumen y no a las denominaciones ni figuras, como se señala en la pregunta, derivado
de la de la traducción incorrecta al inglés.
Se recomienda referirse a  la Ley de la Propiedad Industrial de 1994, cuya última reforma fue
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de mayo de 1999, que forma parte de lalegislación que fue notificada al Consejo de los ADPIC (en español), que a letra establece en su
artículo 90 fracción XV lo siguiente:
Artículo 90 .- No serán registrables como marca:
….IP/C/W/188
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XV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una
marca que el Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier
producto o servicio.
5. Al parecer, la finalidad del artículo 129 de la Ley de la Propiedad Industrial es autorizar al
instituto a tratar de las prácticas anticompetitivas.  Sírvase explicar pormenorizadamente lo quesignifican las fracciones I a III, con ejemplos reales, cuando sea posible.  ¿Cuántas veces se ha
ejercido la autoridad desde que entró en vigor la ley?
El presente artículo se refiere a aquellos casos en los que el uso de una marca, se encuentre
registrada o no, pueda alterar la dinámica de los usos comerciales, generando prácticas monopólicas o
entorpezca la producción y circulación de productos. El presente artículo establece las excepciones en
las cuales el interés público, al verse afectado, prevalece sobre el interés individual.
La fracción I se encuentra vinculada con la presencia de prácticas monopólicas, en este
sentido, es pertinente aclarar que en México, existe la Comisión Federal de Competencia Económica,
que es la autoridad encargada de la aplicación de la Ley Federal de Competencia Económica, la cual
tiene como objeto el proteger el proceso de competencia y libre concurrencia mediante la prevención
y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento
eficiente de los mercados de bienes y servicios. La declaratoria de existencia de prácticas monopólicasemitida por dicha Comisión, con fundamento en los artículos 9 y 10 de la LFCE, constituye una
condición para la procedencia de esta fracción.
La fracción II se refiere a las situaciones en las que el uso de una marca no implican una
práctica de comercio irregular, pero si la distribución, producción o comercialización ineficiente de
bienes y servicios. Finalmente, la fracción III se refiere a las situaciones de emergencia nacional.
A la fecha no ha sido necesaria la aplicación del presente artículo, por lo cual no se cuentan
con ejemplos reales, ni con reglas particulares de uso; sin embargo, se citan los siguientes casos
hipotéticos:
Una asociación de productores de determinado producto, por ejemplo, café de altura, puede
solicitar la regulación del uso de una marca (esté registrada o no) cuando esté asociado su uso aprácticas de competencia desleal. Pensemos que un productor utiliza una marca que, dado su diseño y
denominación, induzca al público consumidor a pensar que se trata de una “marca de garantía”
otorgada mediante el certificado de un organism o regulador, lo cual causa una ventaja indebida
reflejada en una distorsión en la comercialización de otras marcas de café de grano.
El uso indebido de marcas que imiten la imagen de productos alimenticios con el propósito de
utilizar la misma y desplazarlos en el mercado, aprovechándose de la confusión que se genera a
simple vista en el consumidor, al pasar frente a un refrigerador o anaquel en el cual están contenidos.
En el caso de emergencias nacionales, por ejemplo un desastre natural, puede prohibirse el
uso de las marcas comerciales en los medicamentos, haciendo sólo referencia a las sustancias activas
de los mismos, a efecto de ubicarlos y distribuirlos de mejor forma en la zona afectada.
6. El título quinto bis de la Ley de la Propiedad Industrial establece el procedimiento para
aplicar la protección a las indicaciones geográficas en México.  El proceso descrito es claro conrespecto a las propias indicaciones geográficas de México.  Sírvanse describir, pormenorizadamente,
cómo se protegen en México las indicaciones geográficas extranjeras.  ¿Reclamaría el Estado
mexicano la propiedad de la indicación geográfica de conformidad con el artículo 167, y tendrían los
distintos usuarios de la indicación que solicitar autorización para utilizar la indicación geográfica en
México?IP/C/W/188
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Las indicaciones geográficas de otros países reciben protección en México conforme a las
disposiciones contenidas en la propia Ley y los acuerdos o tratados sobre la materia de los que
México sea parte (artículo 1º de la Ley de la Propiedad Industrial).
Asimismo, en México existen dos alternativas para la protección de indicaciones geográficas,
una es a través de denominaciones de origen y la segunda, es través de marcas colectivas.
La protección a través de denominaciones de origen es una protección más rígida respecto a
las características de la indicación geográfica y se deriva da la autoaplicación de los tratados
internacionales sobre la materia. En el caso, de las marcas colectivas, éstas representan un sistema
más flexible para la protección de indicaciones geográficas.
Primero nos referiremos a las denominaciones de origen. En el caso de las denominaciones de
origen extranjeras protegidas en México en virtud de tratados internacionales, éstas gozan de las
mismas prerrogativas que las denominaciones de origen nacionales, así como de los procedimientosde observancia que señala la Ley de la Propiedad, en caso de usos ilegales de las mismas (artículos
157 y 213 de la LPI).
Sin embargo, las denominaciones de origen extranjeras no son objeto del procedimiento de
declaración de protección que se establece en la Ley para las nacionales, ni tampoco el Estado
Mexicano es el titular, ni existe una autorización de uso. Es decir, el procedimiento de solicitud,declaración de protección y autorización de uso de una denominación de origen, conforme lo
establece la Ley, regula únicamente a las denominaciones de origen mexicanas. En contraposición las
denominaciones de origen extranjeras se protegen por la autoaplicación de los tratados internacionales
sobre la materia.
A la letra el artículo 157 de la LPI dice: “La protección que esta Ley concede se inicia con la
declaración de protección que al efecto emita el In stituto. El uso ilegal de la misma será sancionado,
incluyendo los casos en que venga acompañada de indicaciones tales como “género”, “tipo”,
“manera”, “imitación” u otras similares que cr een confusión en el consumidor o impliquen
competencia desleal”.
Asimismo, se establece en el artículo 213 de la LPI que constituirán infracciones
administrativas:
“...
IX.- Efectuar, en el ejercicio de actividade s industriales o mercantiles, actos que causen
o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer
infundadamente:
a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;
b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un
tercero;
c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o
especificaciones de un tercero;
d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al
verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origengeográfico del producto;
...IP/C/W/188
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XXII.- Usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen;...”
En cuanto a las marcas colectivas, se tiene que el artículo 96 de la Ley de la Propiedad
Industrial, establece que las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o
prestadores de servicios, podrán solicitar el registro de marcas colectivas para distinguir, en el
mercado, los productos o servicios de sus miembros respectos de los productos o servicios de terceros.Esta disposición debe ser interpretada en el mismo sentido que generalmente, se interpreta el artículo
7bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, es decir, que las marcas
colectivas son signos que sirve para distinguir el origen geográfico u otras características comunes de
productos o servicios de diferentes empresas que utilizan la marca colectiva bajo el control de su
titular.
7. Como los artículos 96 a 98 de la Ley de la Propiedad Industrial tratan de las marcas
colectivas, ¿puede una identidad reconocida responsable de una indicación geográfica en otroMiembro de la OMC solicitar la protección de esa indicación en México como marca colectiva y
recibir el mismo nivel de protección que se concedería en virtud del título quinta de la Ley?  Sírvanse
describir pormenorizadamente las diferencias, si las hubiere, entre las dos formas de protección.
Si es posible que cualquier entidad de un país miembro de la OMC, que tenga interés en
proteger una indicación geográfica en México, pueda solicitar el registro como marca colectiva, deacuerdo con los artículos 96 a 98 de la Ley de la Propiedad Industrial. Como se mencionó en la
pregunta anterior, la protección de indicaciones geográfica a través del registro de marcas colectivas
es una de las alternativas que ofrece la Ley de la Propiedad Industrial para la protección de dicha
figura.
Respecto al nivel de protección de las marcas colectivas, se tiene que el segundo párrafo del
artículo 98 dispone que éstas se regirán, en lo que no haya disposición especial, por lo establecido por
la LPI para las marcas. Por lo tanto, las marcas colectivas gozan del mismo nivel de protección que
establece la Ley para las marcas y además,  deberá satisfacer los requisitos contenidos en el Título
Cuarto, Capítulo I y Capítulo V.
El registro de una marca colectiva tendrá una vigencia de 10 años contados a partir de la fecha
de presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos de la misma duración.
8. Al parecer, no existen medios que permitan a una parte que impugne la concesión de la
protección de una indicación geográfica en México oponerse a esa concesión.  Sírvanse describir
pormenorizadamente los procedimientos que podría utilizar una parte para oponerse a una solicitud
de concesión de protección de indicación geográfica.
En el caso de las denominaciones de origen, el artículo 161 de la Ley de la Propiedad
Industrial establece que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial otorgará un plazo de dosmeses para que cualquier tercero, que justifique su interés jurídico, formule observaciones u
objeciones y aporte las pruebas necesarias en contra de la solicitud de declaración de protección de
una denominación de origen nacional.
Los términos de dicha declaración de protección podrán ser modificados en cualquier tiempo,
de oficio o a petición de parte interesada siguiendo el procedimiento previsto en la Ley. (artículo 166de la LPI)
El procedimiento de objeción a la solicitud de declaración de protección esta previsto en los
artículos 162, 163 y 164 de la Ley de la Propiedad Industrial.
En el caso de marca colectivas que consistan en indicaciones geográficas, existe el
procedimiento de nulidad del registro que está establecido en el artículo 151 de la LPI.IP/C/W/188
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9. De existir una marca de fábrica o de comercio registrada o una marca de fábrica o de
comercio conocida que contenga el término con respecto al cual se solicita protección como
indicación geográfica, ¿se deniega la protección sobre la base del derecho inherente en la marca de
fábrica o de comercio?  En caso negativo, ¿por qué?
En este caso México procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo 22. 3 del Acuerdo
ADPIC que a la letra dice : “Todo Miembro, de oficio si su legislación lo permite, o a petición de una
parte interesada, denegará o invalidará el registro de una marca de fábrica o de comercio que
contenga o consista en una indicación geográfica respecto de productos no originarios del territorio
indicado, si el uso de tal indicación en la marca de  fábrica o de comercio para esos productos en ese
Miembro es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de
origen”.
De aquí se desprende que para invalidar o denegar el registro de una marca que consista en
una indicación geográfica que se pretende proteger hay dos criterios a seguir:  primero, que la marca
registrada o que se pretende registrar que consiste o contiene una indicación geográfica, se refiera a
productos no originarios del territorio indicado. Y segundo, que la marca registrada o que se pretende
registrar que consiste o contiene una indicación geográfica, es de naturaleza tal que induzca a error en
cuanto al verdadero origen.
Al respecto, para el caso de negar el registro de una marca que consista o contenga una
indicación geográfica,  la Ley de la Propiedad Industrial establece lo siguiente:
“Artículo 90.- No serán registrables como marca:
...
X.- Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los
mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando
indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan
originar confusión o error en cuanto a su procedencia;
XI.- Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la
fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres delugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se
tenga el consentimiento del propietario;...”
Por otro lado, para la invalidación del registro de marca que consista o contenga una
indicación geográfica,  la Ley de la Propiedad Industrial establece lo siguiente:
“Artículo 151. El registro de una marca será nulo cuando:
I. Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o la que
hubiese estado vigente en la época de su registro.
…..”
En virtud de lo anterior, puede ser anulado el registro de una marca que consiste o contenga
una indicación geográfica que se refiere a productos no originarios del territorio indicado o que es de
naturaleza tal que induzca a error en cuanto al verdadero origen, ya que se otorgó en contravención a
las secciones X y XI del artículo 90 de la LPI, arriba citado.
Asimismo, la Ley de la Propiedad Industrial también establece lo siguiente:IP/C/W/188
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“Artículo 213 .- Son  infracciones administrativas:
...
IX.- Efectuar, en el ejercicio de actividade s industriales o mercantiles, actos que causen
o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer
infundadamente:
(a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;
(b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un
tercero;
(c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o
especificaciones de un tercero;
(d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad
distinta al verdadero lugar de orige n, de modo que induzca al público a error
en cuanto al origen geográfico del producto;
...
XXII.- Usar sin autorización o licencia corr espondiente una denominación de origen;...”
D. PATENTES
10. En el artículo 192 bis.1 se prevé la inversión de la carga de la prueba en casos de infracción
de patentes en virtud del procedimiento de declaración administrativa cuando intervienen procesos
patentados.  Sírvanse describir la manera en que se realiza la inversión de la carga de la prueba en
casos similares ante los tribunales, y citar las disposiciones legislativas pertinentes.
El artículo 192 bis 1 de la LPI establece que cuando la materia objeto de la patente sea un
proceso para la obtención de un producto, en el procedimiento de declaración administrativa de
infracción, el presunto infractor deberá probar que dicho producto se fabricó bajo un proceso diferente
al patentado, cuando:
I.- El producto obtenido por el proceso patentado sea nuevo, yII.- Exista una probabilidad significativa de que el producto haya sido fabricado mediante el proceso
patentado y el titular de la patente no haya logrado, no obstante haberlo intentado, establecer el
proceso efectivamente utilizado.
Cabe destacar que a efecto de que proceda la inversión de la carga de la prueba es necesario
que se satisfagan ambos supuestos.
Esta excepción únicamente se aplica en la esfera administrativa, específicamente en los
supuestos de infracción de procesos patentados.
E. I
NFORMACIÓN NO DIVULGADA
11. En el artículo 86 bis de la Ley de la Propiedad Industrial se dice que la información
requerida por las leyes especiales para determinar la seguridad y eficacia de productosfarmoquímicos y agroquímicos quedará protegida en los términos de los tratados internacionales de
los que México sea parte.  Sírvanse describi r pormenorizadamente las leyes pertinentes, yIP/C/W/188
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proporcionar copias, y la manera en que México garantiza que la prueba no divulgada y otros datos
relativos a los productos farmoquímicos y agroquímicos sometidos para obtener la aprobación de
comercialización están protegidos contra el uso comercial desleal.
Los expedientes para trámites ante el gobierno son confidenciales y sólo los interesados
pueden tener acceso a ellos de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de ProcedimientoAdministrativo, que establece, en su artículo 33 que los interesados en un procedimiento
administrativo tendrán derecho de conocer, en cualquier momento el estado de su tramitación,
recabando la oportuna información en las oficinas correspondientes, salvo cuando contengan
información sobre la defensa y seguridad nacional, sean relativos a materias protegidas por el secreto
comercial o industrial, en los que el interesado no sea titular o causahabiente, o se trate de asuntos en
que exista disposición legal que lo prohiba.
Asimismo, la Ley Federal de Responsabilidad de Servidores Públicos establece en el
artículo 47, que todo servidor público tendrá obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o
comisión, y cuyo cumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan; entre
estas obligaciones en la fracción IV del mencionado artículo establece la obligación de custodiar y
cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, conserve bajosu cuidado o al cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción, destrucción,
ocultamiento o inutilización indebidas de aquella.
F. O
BSERVANCIA
Disposiciones generales
12. Sírvanse describir brevemente cómo cumple el Gobierno de Méxcio los requisitos del
artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC, incluidos sus párrafos 1, 2, 3 y 4.  En particular, sírvanse
explicar qué medidas eficaces se prevén en las leyes de México contra cualquier acción infractora de
los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre
los ADPIC.
La Ley de la Propiedad Industrial y la Ley Federal de Derechos de Autor establecen
procedimientos necesarios para prevenir y sancionar cualquier acción infractora de un derecho de
propiedad intelectual.
Dentro de los procedimientos de declaración administrativa relativos a la violación de alguno
de los derechos que protege la Ley de la Propiedad Industrial, el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial podrá adoptar las siguientes medidas:
a) Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que
infrinjan derechos de los tutelados por la Ley de la Propiedad Industrial;
b) Ordenar se retiren de la circulación:
• Los objetos fabricados o usados ilegalmente;
• Los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y
similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por la Ley de la Propiedad
Industrial;
• Los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan alguno de los
derechos tutelados por la Ley de la Propiedad Industrial;  yIP/C/W/188
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• Los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricación, elaboración de
cualquiera de los señalados en los apartados anteriores.
c) Prohibir, de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se
vicie un derecho de los protegidos por la Ley de la Propiedad Industrial;
d) Ordenar el aseguramiento de bienes;
e) Ordenar a l presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que
constituyan una violación a las disposiciones de esta Ley, y
f) Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento
cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriores, no sean suficientes
para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por esta Ley.
Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores tendrán
la obligación de abstenerse de su enajenación o prestación a partir de la fecha en que se les notifique
la resolución.
Igual obligación tendrán los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores,
quienes serán responsables de recuperar de inmediato los productos que ya se encuentre en el
comercio.
Es aplicable el artículo 199 BIS de la Ley de la Propiedad Industrial
13. Sírvanse señalar qué tribunales tienen jurisdicción original sobre casos de infracción de los
derechos de propiedad intelectual, y qué tribunales tienen jurisdicción de apelación para examinar
sus decisiones.  ¿Qué limitaciones jurídicas se imponen a la posibilidad de que las resoluciones y
decisiones finales de una parte puedan ser exam inadas por los órganos de apelación que han
señalado?  (Artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.)
Las autoridades judiciales federales tienen jurisdicción y competencia en materia de
propiedad intelectual para revisar las resoluciones que emita el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, que es la autoridad administrativa competente para conocer de las infracciones a los
derechos de propiedad intelectual. Dichas autoridades judiciales son:
• Juzgados de Distrito
• Tribunales Colegiados de Circuito
Asimismo, el artículo 227 de la LPI, dispone que son competentes los tribunales de la
Federación para conocer de los delitos a que se refiere este capítulo, así como de las controversiasciviles y mercantiles y de las medidas precautorias que se susciten con motivo de la aplicación de esta
Ley.
Cuando dichas controversias afecten sólo intereses particulares, podrán conocer de ellas a
elección del actor, los tribunales del orden común, sin perjuicio de la facultades de los particulares de
someterse al procedimiento de arbitraje.
Los artículos aplicables son 33 al 39 y 42 al 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y los
artículos 1º y 227 de la Ley de la Propiedad Industrial.
14. En el capítulo II del título VI de la Ley de la Propiedad Industrial se prevé un procedimiento
de declaración administrativa.  En el capítulo III se prevé la posibilidad de apelar para que seIP/C/W/188
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reconsidere el caso.  ¿Qué órgano del Instituto publica declaraciones administrativas?  ¿Qué órgano
entiende de las apelaciones y decide al respecto?
El recurso de reconsideración contemplado en la LPI procede únicamente contra la resolución
que niegue la patentes o el registro de un modelo de utilidad y diseño industrial, correspondiendo a la
Dirección Divisional de Patentes emitir tanto la resolución que niegue la patente como la procedenciadel recurso invocado.
“Artículo 12 .- Compete a la Dirección Divisional de Patentes:
III.- Otorgar o negar las patentes y registros de modelos de utilidad, diseños industriales
y esquemas de trazado de circuitos integrados, que se tramiten de acuerdo con lo previsto
en las disposiciones aplicables en la materia, y sustanciar y resolver cualquier
procedimiento previsto en la Ley respecto al otorgamiento de patentes y registros;
...V.- Sustanciar y resolver el recurso de reconsideración de negativas a las
solicitudes de patentes y registros, previsto en la Ley; ...”
Lo anterior con fundamento en los artículos 200, 201 y 202 de la Ley de la propiedad
Industrial y 12 fracción III y V del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
15. En el título VII de la Ley de la Propiedad Industrial se prevén procedimientos administrativos
para el cumplimiento de los derechos de propiedad industrial, y figuran disposiciones para que el
Instituto inspeccione los establecimientos comerciales a fin de garantizar que se cumple la ley.  En el
capítulo III de ese título se determinan los delitos y se establecen las sanciones correspondientes.  Los
Tribunales de la Federación mexicana son competen tes con respecto a esas disposiciones, en virtud
del artículo 227, así como con respecto a las controversias mercantiles y civiles.  Sírvanse explicarpormenorizadamente la relación existente entre lo s procedimientos administrativos y judiciales,
indicando si se pueden aplicar medidas coercitivas con arreglo a ambos procedimientos para el
mismo delito, y qué factores debe tener en cuenta el titular del derecho para decidir qué invocar a fin
de hacer valer sus derechos.
Para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos previstos en las fracciones I y II del
artículo 223 de la LPI, el Instituto debe emitir un dictamen técnico en el que no se prejuzgará sobre
las acciones penales que procedan, siendo requisito de procedibilidad para el inicio de una acción
penal.
Como fue mencionado anteriormente, los tribunales federales tienen jurisdicción y
competencia en materia de propiedad intelectual para revisar las resoluciones que emita el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial.
Procedimientos y recursos civiles y administrativos
16.  Sírvanse describir los procedimientos seguidos por los Tribunales y/u órganos
administrativos para notificar a los demandados que se han iniciado procedimientos judiciales civiles
contra ellos.  Sírvanse describir también el tipo de información proporcionada en la notificación.
(Artículo 42 del Acuerdo sobre  los ADPIC.)
De conformidad con lo establecido en la LPI en su artículo 193 una vez admitida la solicitud
de declaración administrativa de nulidad, caducidad y cancelación, el IMPI notificará al demandado el
inició de un procedimiento administrativo en su contra, concediéndole un plazo de un mes para que
manifieste por escrito lo que a su derecho convenga.IP/C/W/188
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En los casos de infracción administrativa se emplazará al presunto infractor concediéndole un
plazo de 10 días para que presente las pruebas que estime convenientes.
El artículo 70 del Reglamento de la LPI, señala que en toda promoción relacionada con los
procedimientos previstos en el artículo 187 de la LPI, deberá acompañarse una copia que quedará a
disposición de la parte demandada.
En el ámbito judicial el Código Federal de Procedimientos Civiles establece las normas
generales sobre las notificaciones y, particularmente, sobre el emplazamiento.
En primer término, con fundamento en el artícu lo 276 del CFPC, todo litigante con su primera
promoción, presentará el número de copias simples necesario para correr traslado a las demás partes,
tanto de la demanda principal o incidental como de los documentos que con ella se acompañen.
Una vez admitida la demanda se correrá traslado a la persona contra quien se proponga,
emplazándola para que la conteste dentro de nu eve días, aumentados con los que correspondan por
razón de la distancia (artículo 327).
Con fundamento en el artículo 309 del CFPC , la notificación para emplazar a juicio al
demandado, y en todo caso en que se trate de la primera notificación en el negocio, deberá realizarse
manera personal. Dicha notificación deberá entenderse con el interesado o con su representante o
procurador, en la casa designada, dejándole copia íntegra, autorizada, de la resolución que se lenotifica (artículo 310).
17. ¿Tienen las partes el derecho a estar representadas por un abogado independiente en los
casos de propiedad intelectual (PI) judiciales y administrativos, y hay alguna limitación de ese
derecho?  Sírvanse describir cualquier prescripción especial sobre la comparecencia personal
obligatoria de las partes.  (Artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC.)
Las partes tienen derecho a estar representadas por un abogado independiente en todo
momento y no existe ninguna limitación a este derecho. Los requerimientos especiales para acreditar
la personalidad se encuentran establecidos en el articulo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial, que
establece que cuando las solicitudes y promociones se presenten por conducto de mandatario, éste
deberá acreditar su personalidad:
I.- Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos si el mandante es persona física;
II.- Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos, cuando en el caso de personas morales, se
trate de solicitudes de patentes, registros, o la inscripción de licencias o sus transmisiones.
En este caso, en la carta poder deberá manifestarse que quien la otorga cuenta con facultades
para ello y citarse el instrumento en el que consten dichas facultades.
III.- En los casos no comprendidos en la fracción anterior, mediante instrumento público o carta poder
con ratificación de firmas ante notario o corredor cuando se trate de persona moral mexicana,debiendo acreditarse la legal existencia de ésta y las facultades del otorgante, y
IV.- En los casos no comprendidos en la fracción II, mediante poder otorgado conforme a la
legislación aplicable del lugar donde se otorgue o de acuerdo a los tratados internacionales, en caso de
que el mandante sea persona moral extranjera. Cuando en el poder se dé fe de la existencia legal de la
persona moral en cuyo nombre se otorgue el poder, así como del derecho del otorgante paraconferirlo, se presumirá la validez del poder, salvo prueba en contrario.IP/C/W/188
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En cada expediente que se tramite deberá acreditarse la personalidad del solicitante o
promovente; sin embargo, bastará con una copia simple de la constancia de registro, si el poder se
encuentra inscrito en el registro general de poderes establecido por el Instituto.
La Ley de la Propiedad Industrial no contempla comparecencias obligatorias o forzosas de las
partes.
Son aplicables los artículos 1 al 6 del Código Federal de Procedimientos Civiles y los
artículos 181 y 182 de la Ley de la Propiedad Industrial.
18. ¿Qué requisitos deberá cumplir una parte extranjera para iniciar un procedimiento en los
Tribunales y órganos administrativos identificados que no se exija a un nacional o residente de su
país?
No existe ningún requerimiento o requisito especial, tanto nacionales, residentes y extranjeros
deberán cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 179 y siguientes de la LPI y 5º delReglamento.
19. Sírvanse describir cualquier limitación de la capacidad de una parte a sustanciar una
reclamación o a presentar pruebas pertinentes en casos judiciales civiles y administrativos de
propiedad intelectual.  (Artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC.)
Los procedimientos de declaración administrativa contemplados en la LPI pueden iniciarse de
oficio o a petición de quien tenga interés jurídico y funde su pretensión (artículo 188).
Asimismo, el artículo 1º del CFPC, supletorio en materia de propiedad industrial, establece
que sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga interés en que la
autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, y quien tenga el interés
contrario.
Adicionalmente, con fundamento en al artículo 195 de la LPI, en el procedimiento de
declaración administrativa no se substanciarán incidentes de previo y especial pronunciamiento sino
que se resolverán al emitirse la resolución que proceda.
Finalmente, cabe precisar que, dentro de los procedimientos judiciales y administrativos,
contemplados en la legislación mexicana existen las etapas de ofrecimiento, admisión y desahogo depruebas, una vez que se han agotado estas etapas no es posible la admisión de nuevas pruebas, con
excepción de las aquellas que tengan el carácter superveniente.
20. Sírvanse describir los mecanismos para identifi car y proteger la información confidencial en
casos judiciales civiles y administrativos de propiedad intelectual.  (Párrafo 1 del artículo 43 del
Acuerdo sobre los ADPIC.)
En cualquier procedimiento judicial o administrativo en que se requiera que alguno de las
partes o terceros revele información confidencial, la autoridad que conozca deberá adoptar lasmedidas necesarias para impedir que se lesionen los derechos de los interesados.
Ningún interesado, en ningún caso, podrá revelar o usar el secreto industrial a que se refiere el
párrafo anterior.
En el caso de los expedientes de patentes, modelos utilidad y diseños industriales, el personal
del Instituto que intervenga en los diversos trámites que procedan conforme a esta Ley y suReglamento, estará obligado a guardar absoluta reserva respecto del contenido de los expedientes en
trámite, de lo contrario se le sancionará conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de losIP/C/W/188
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Servidores Públicos, independientemente de las penas que correspondan en su caso. Igual obligación
tendrá el personal de organismos públicos o privados que pudieran conocer dicho contenido en apoyo
al Instituto en el ejercicio de sus funciones.
Son aplicables los artículos 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles y el 86 BIS1 y
186 de la Ley de la Propiedad Industrial.
21. ¿Qué disposiciones garantizan que los casos de infracción de la propiedad intelectual se
tratan con prontitud, y qué disposiciones existen para impedir demoras deliberadas en procedimiento
por las partes?  ¿En qué circunstancias se aplican esas disposiciones?
Los procedimientos de declaración administrativa contemplados en la LPI, así como el de
infracción en materia de comercio, están creados sobre la base de los procesos sumarios, es decir, se
trata de procedimientos administrativos breves y desprovistos de formalidades innecesarias. Una
característica muy particular de éstos es que incluso dichos procedimientos pueden ser iniciados deoficio por el IMPI, lo cual abrevia los plazos y agiliza la tramitación de los mismos.
En cuanto a las dilaciones deliberadas mediante recursos frívolos, el artículo 57 del CFPC
establece que los tribunales no admitirán nunca incidentes, recurso o promociones notoriamente
maliciosos o improcedentes. Los desecharán de plano, sin necesidad de mandarlos hacer saber a las
otras partes, ni dar traslado, ni formar artículo. Asimismo, existen criterios jurisprudenciales sobre elparticular; por ejemplo:
RECURSOS FRIVOLOS O IMPROCEDENTES, APRECIACION  DE LOS.
Instancia: Tercera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Epoca: Quinta EpocaTomo: LXVIII
Página: 2005
Texto:
“La apreciación de la frivolidad o improcedencia de un recurso, no queda al arbitrio de
los jueces ni es exclusiva del tribunal sentenciador, sino que debe aparecer manifiesta a lascircunstancias de cada caso”.
Precedente:
TOMO LXVIII, Pág.  2005.- Sandi Mauricio.- 6 de junio de 1941.- 5 votos.
RECURSOS FRIVOLOS
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Epoca: Quinta EpocaTomo: IVIP/C/W/188
Página 27
Página: 365
Texto:
“..., pues frívolos son los recursos que carecen de seriedad, de fundamento, que se introducen
únicamente por el deseo de prolongar los pleitos; ...
Precedente:TOMO IV, Pág. 365.- “The United Security Life Insurance and Trust Company of
Pensylvania”.- 14 de febrero de 1919.- 11 votos.
Finalmente, existen una serie de tipos especiales en el Código Penal Federal para el caso de
Delitos de abogados, patronos y litigantes que prevén las sanciones correspondientes al presentarse
conductas que de manera delibera retrasen la resolución de un procedimiento (artículo 231 del Código
Penal Federal).
“Artículo 231.- Se impondrá de dos a seis años de prisión, de cien a trescientos días de
multa y suspensión e inhabilitación hasta por un término igual al de la pena señalada
anteriormente para ejercer la profesión a los abogados, a los patronos, o a los litigantes
que no sean ostensiblemente patrocinados por abogados, cuando cometan algunos de los
delitos siguientes:
...
II.- Pedir términos para probar lo que notoriamente no puede probarse  o no ha de
aprovechar a su parte; promover artículos o incidentes que motiven la suspensión del
juicio o recursos manifiestamente improcedentes o de cualquiera otra manera procurar
dilaciones que sean notoriamente ilegales;
III.- A sabiendas y fundándose en documentos falsos o sin valor o en testigos falsos
ejercite acción u oponga excepciones en contra de otro, ante las autoridades judiciales o
administrativas; y
...”
22. Sírvanse describir cómo y en qué circunstancias pueden los funcionarios judiciales y
administrativos ordenar a las partes que presenten pruebas en casos judiciales civiles yadministrativos de propiedad intelectual.  ¿Qué tipos de pruebas o de información debe exigirse que
se divulgue antes del juicio, y cuánto dura generalmente ese período de divulgación previo al juicio?
(Párrafo 2 del artículo 43 del Acuerdo sobre los ADPIC.)
Se puede requerir cualquier tipo o clase de información o de pruebas, salvo la testimonial,
confesional, salvo que el testimonio o la confesión estén contenidas en documental, o bien las
contrarias a la moral y al derecho, según lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de la Propiedad
Industrial.
Adicionalmente, para la comprobación de hechos que puedan constituir violación de alguno o
algunos de los derechos que protege la LPI, o en los procedimientos de declaración administrativa, el
Instituto podrá valerse de los medios de prueba que estime necesarios.
Cuando el titular afectado o el presunto infractor hayan presentado las pruebas
suficientes a las que razonablemente tengan acceso como base de sus pretensiones y hayanindicado alguna prueba pertinente  para la sustentación de dichas pretensiones que esté bajo elIP/C/W/188
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control de la contraria, el Instituto podrá orde nar a ésta la presentación de dicha prueba, con
apego, en su caso, a las condiciones que garanticen la protección de información
confidencial.
Asimismo, son aplicables los artículos 79 y 90 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
23. ¿A qué clase de acciones pueden proceder los funcionarios judiciales y administrativos si la
parte no proporciona la información necesaria?  Descríbanse las circunstancias en que se imponen
normalmente esas medidas y las actuaciones de ob servancia judiciales civiles y administrativas.
(Párrafo 2 del artículo 43 del Acuerdo sobre los ADPIC.)
Cuando el titular afectado o el presunto infractor nieguen el acceso a pruebas o no
proporcionen pruebas pertinentes bajo su control en un plazo razonable, u obstaculicen de manera
significativa el procedimiento, el Instituto podrá dictar resoluciones preliminares y definitivas, de
naturaleza positiva o negativa, con base en las pruebas presentadas, incluyendo los argumentos
presentados por quien resulte afectado desfavorablemente con la denegación de acceso a las pruebas,
a condición de que se conceda a los interesados la oportunidad de ser oídos respecto de los
argumentos y las pruebas presentadas.
Es aplicable el artículo 192 bis de la Ley de la Propiedad Industrial.
24. ¿Están facultados los jueces y funcionarios administrativos para dictar mandamientos
judiciales (o medidas equivalentes) con el fin de  ordenar a una parte que desista de una infracción y
de impedir que los productos importados que infrinjan un derecho entren en los circuitos
comerciales?  Sírvanse describir pormenorizadamente los procedimientos para dictar esosmandamientos judiciales.  (Párrafo 1 del artículo 44 del Acuerdo sobre los ADPIC.)
De conformidad con los artículos 49 y 50.8 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, en los procedimientos de declaración
administrativa relativos a la violación de alguno de los derechos que protege la Ley de la Propiedad
Industrial (LPI), el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial podrá adoptar las siguientesmedidas:
(a) Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que
infrinjan derechos de los tutelados por la LPI;
(b) Ordenar se retiren de la circulación:
• Los objetos fabricados o usados ilegalmente;
• Los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y
similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por la LPI;
• Los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan alguno de los
derechos tutelados por la LPI; y
• Los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricación, elaboración de
cualquiera de los señalados en los apartados anteriores.
g) Prohibir, de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se
vicie un derecho de los protegidos por la LPI;
h) Ordenar el aseguramiento de bienes;
i) Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que
constituyan una violación a las disposiciones de esta Ley, yIP/C/W/188
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j) Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento
cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriores, no sean suficientes
para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por esta Ley.
Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores tendrán
la obligación de abstenerse de su enajenación o prestación a partir de la fecha en que se les notifiquela resolución.
Igual obligación tendrán los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores,
quienes serán responsables de recuperar de inmediato los productos que ya se encuentren en el
comercio.
Es aplicable el artículo 199 BIS de la Ley de la Propiedad Industrial
• Órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, con inclusión de la reparación por concepto
de beneficios y los gastos, comprendidos los honorarios de los abogados
Independientemente de la acción judicial o ad ministrativa que proceda, el perjudicado por
violación de su derecho de propiedad intelectual podrá demandar del o de los autores de la violación
la reparación del daño material y el pago de daños y perjuicios sufridos por motivo de dicha violación,
que en ningún caso podrá ser inferior al 40% del precio de venta al público de cada producto o de la
prestación de servicios.
Son aplicables los artículos 221 bis y 226 de la Ley de la Propiedad Industrial.
• Destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos comerciales de las
mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para su producción
En el caso de que la resolución definitiva sobre el fondo de la controversia, declare que se ha
cometido una infracción administrativa, la autoridad decidirá con audiencia de las partes sobre el
destino de los bienes asegurados, sujetándose a las siguientes reglas:
I.- Pondrá a disposición de la autoridad judicial competente los bienes que se hubiesen asegurado, tan
pronto sea notificado de que se ha iniciado el proceso tendiente a la reparación del daño material o al
pago de los daños y perjuicios;
II.- Pondrá a disposición de quien determine el laud o, en el caso de que se opte por el procedimiento
arbitral;
III.- Procederá, en su caso, en los términos previstos en el convenio que, sobre el destino de los
bienes, hubiesen celebrado el titular afectado y el presunto infractor;
IV.- En los casos no comprendidos en las fracciones anteriores, cada uno de los interesados presentará
por escrito, dentro de los cinco días siguientes al en que se les dé vista, su propuesta sobre el destino
de los bienes asegurados, que hubieran sido retirados de la circulación, o cuya comercialización se
hubiera prohibido;
V.- Deberá dar vista a las partes de las propuestas presentadas, a efecto de que, de común acuerdo,
decidan respecto del destino de dichos bienes y lo comuniquen por escrito al Instituto dentro de los
cinco días siguientes a aquel en que se les haya dado vista;
VI.- Si las partes no manifiestan por escrito su acuerdo sobre el destino de los bienes en el plazo
concedido, o no se ha presentado ninguno de los supuestos a que se refieren las fracciones I a IIIIP/C/W/188
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anteriores, dentro del plazo de 90 días de haberse dictado la resolución definitiva, la Junta de
Gobierno del Instituto podrá decidir:
(a) La donación de los bienes a dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, entidades federativas, municipios, instituciones públicas, de beneficencia o
de seguridad social, cuando no se afecte el interés público, o
(b) La destrucción de los mismos.
Es aplicable el artículo 212 BIS 2 de la Ley de la Propiedad Industrial.
• Otras Medidas
d) Multas.
e) Clausuras.
f) Prisión en el caso de delitos.
Son aplicables los artículos 214 y 218 de la Ley de la Propiedad Industrial.
Las resoluciones judiciales pueden obligar a una parte o a un tercero en el proceso, a que
actúe de una manera en particular, es decir, que realice determinada conducta, ya sea de hacer o no
hacer.
Son aplicables los artículos 220 y 379 al 399 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
• Órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, con inclusión de la reparación por concepto
de beneficios y los gastos, comprendidos los honorarios de los abogados
Cuando hubiere condena por parte del juzgador al pago de daños y perjuicios se fijará su
importe en cantidad líquida o, por lo menos, se establecerán las bases con arreglo a las cuales debe
hacerse la liquidación. La resolución del juzgador podrá contener la orden judicial de pago de costas y
gastos judiciales.
Son aplicables los artículos 7 a 11 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
• Destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos comerciales de las
mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para su producción.
El Tribunal podrá fijar en la sentencia al obligado la ejecución de un acto que pueda consistir,
entre otras cosas, en la destrucción de bienes y se podrá determinar un plazo prudente para el
cumplimiento de la sentencia.
Es aplicable el artículo 420 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
• Otras Medidas .
Con atención a la naturaleza del negocio, el Tribunal competente pronunciará  su sentencia
pudiendo adoptar, bajo su responsabilidad, cualquier medida que el mismo considere pertinente;
además podrá adoptar, bajo su responsabilidad, cualquier proyecto proporcionado por las partes,
siempre y cuando éste se encuentre apegado a derecho.
Son aplicables los artículos 345 al 353 del Código Federal de Procedimientos Civiles.IP/C/W/188
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25. ¿Cuánto se tarda generalmente en la práctica en obtener desagravio por mandato judicial (o
medidas equivalentes) desde el momento de la aplicación hasta su concesión?  ¿Qué pruebas hay que
aportar normalmente para determinar el derecho de una parte a cada uno de los tipos de desagravio
señalados y qué condiciones se imponen para obtenerlos?  (Artículo 44 del Acuerdo sobre
los ADPIC.)
El plazo dependerá del caso en concreto.
Para determinar la práctica de las medidas a las que se refiere el artículo 199 bis de la LPI, el
Instituto requerirá al solicitante que:
Acredite ser el titular del derecho y cualquiera de los siguientes supuestos:
(a)  La existencia de una violación a su derecho;
(b)  Que la violación a su derecho sea inminente;
(c)  La existencia de la posibilidad de sufrir un daño irreparable, y(d)  La existencia de temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren.
Los medios probatorios presentados por el interesado para acreditar lo anterior serán
valorados por el Instituto como condición para otorgar las medidas solicitadas.
Resulta aplicable el artículo 199 bis 2 de la LPI.
Asimismo, como parte de los requisitos para el otorgamiento de las medidas es necesario que
el solicitante otorgue fianza suficiente para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar
a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida, y proporcione la información necesaria
para la identificación de los bienes, servicios o establecimientos con los cuales o en donde se comete
la violación a los derechos de propiedad industrial.
El Instituto podrá modificar los términos de las medidas que adopte tomando en
consideración de las circunstancias del caso en particular.
Son aplicables los artículos 228 y 199 bis de la LPI.
26. En el párrafo 2 del artículo 44 se prevé una excepción al requisito del párrafo 1 para la
utilización por el gobierno, o por terceros autoriz ados por el gobierno, para limitar el desagravio por
la infracción al pago de una remuneración adecuada según se prevé en el apartado h) delartículo 31.  ¿Existen esas limitaciones o recursos en las leyes de México?
Las limitaciones a las acciones, en materia de patentes, se contemplan en el artículo 22 de la
Ley de la Propiedad Industrial, estableciéndose que el derecho que confiere una patente no producirá
efecto alguno contra:
I.- Un tercero que, en el ámbito privado o académico y con fines no comerciales, realice actividades
de investigación científica o tecnológica puramente experimentales, de ensayo o de enseñanza, y para
ello fabrique o utilice un producto o use un proceso igual al patentado;
II.- Cualquier persona que comercialice, adquiera o use el producto patentado u obtenido por el
proceso patentado, luego de que dicho producto hubier a sido introducido lícitamente en el comercio;IP/C/W/188
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III.- Cualquier persona que, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en
su caso, de prioridad reconocida, utilice el proceso patentado, fabrique el producto patentado o
hubiere iniciado los preparativos necesarios para llevar a cabo tal utilización o fabricación;
IV.- El empleo de la invención de que se trate en los vehículos de transporte de otros países que
formen parte de ellos, cuando éstos se encuentren en tránsito en territorio nacional;
V.- Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con materia viva, utilice el producto patentado
como fuente inicial de variación o propagación para obtener otros productos, salvo que dicha
utilización se realice en forma reiterada, y
VI.- Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con productos que consistan en materia viva,
utilice, ponga en circulación o comercialice los productos patentados, para fines que no sean de
multiplicación o propagación, después de que éstos hayan sido introducidos lícitamente en el
comercio por el titular de la patente, o la persona que tenga concedida una licencia.
La realización de cualquier actividad contemplada en el presente artículo no constituirá
infracción administrativa o delito en los términos de esta Ley.
En materia de marcas, el artículo y 92 de la misma LPI dispone que el registro de una marca
no producirá efecto alguno contra:
I.- Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en
grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero
hubiese empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la
solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro
de la marca, dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso
deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste,
II.- Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplica la
marca registrada, luego de que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio por
el titular de la marca registrada o por la persona a quien le haya concedido licencia.
Queda comprendida en este supuesto la importación de los productos legítimos a los que se aplica la
marca, que realice cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en México, en lostérminos y condiciones que señale el reglamento de esta ley, y
III.- Una persona física o moral que aplique su nombre, denominación o razón social a los productos
que elabore o distribuya, a los servicios que preste, o a sus establecimientos, o lo use como parte de su
nombre comercial, siempre que lo aplique en la forma en que esté acostumbrado a usarlo y que tenga
caracteres que lo distingan claramente de un homónimo ya registrado como marca o publicado como
nombre comercial.
La realización de cualquier actividad contemplada en el presente artículo no constituirá infracción
administrativa o delito en los términos de esta Ley.
27. Sírvanse explicar si los funcionarios judiciales y administrativos están facultados para
ordenar a una parte infractora que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado para
compensar el daño que éste haya sufrido, que pueden incluir los honorarios de los abogados.  ¿Qué
factores se consideran al determinar la cuantía de los daños?  (Artículo 45 del Acuerdo sobrelos ADPIC.)
El perjudicado por violación de su derecho de propiedad intelectual podrá demandar del o de
los autores de la violación la reparación del daño material y el pago de daños y perjuicios sufridos porIP/C/W/188
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motivo de dicha violación, que en ningún caso podrá ser inferior al 40% del precio de venta al público
de cada producto o de la prestación de servicios.
Corresponde a la autoridad judicial competente ordenar el pago de daños y perjuicios, quien
fijará su importe en cantidad líquida o, por lo menos, se establecerán las bases con arreglo a las cuales
debe hacerse la liquidación. La resolución del juzgador podrá contener la orden judicial de pago decostas y gastos judiciales.
Son aplicables los artículos 7 a 11 del Código Federal de Procedimientos  Civiles y los
artículos 226 y 221 BIS de la Ley de la Propiedad Industrial.
28. Sírvanse describir cualesquiera otros recursos (por ejemplo, eliminación de bienes y
destrucción de materiales e instrumentos que se hayan utilizado para la producción de los bienes
infractores) que los funcionarios judiciales y adm inistrativos puedan imponer en casos judiciales
civiles y administrativos de propiedad intelectual, y las circunstancias en que se aplicarán esosrecursos.  ¿Qué factores se consideran al determinar la clase de recurso imponible?  (Artículo 46 del
Acuerdo sobre los ADPIC.)
En el caso de que se hubieren adoptado medidas provisionales, éstas podrán tornarse
definitivas, según lo dispuesto por el artículo 199 bis 5 que establece que el Instituto decidirá en la
resolución definitiva del procedimiento de declaración administrativa de infracción, sobre ellevantamiento o definitividad de las medidas adoptadas con fundamento en el 199 BIS.
En el caso de que la resolución definitiva sobre el fondo de la controversia, declare que se ha
cometido una infracción administrativa, el Instituto decidirá, con audiencia de las partes, sobre el
destino de los bienes asegurados, sujetándose a las siguientes reglas:
I.- Pondrá a disposición de la autoridad judicial competente los bienes que se hubiesen asegurado, tan
pronto sea notificado de que se ha iniciado el proceso tendiente a la reparación del daño material o al
pago de los daños y perjuicios;
II.- Pondrá a disposición de quien determine el laud o, en el caso de que se opte por el procedimiento
arbitral;
III.- Procederá, en su caso, en los términos previstos en el convenio que, sobre el destino de los
bienes, hubiesen celebrado el titular afectado y el presunto infractor;
IV.- En los casos no comprendidos en las fracciones anteriores, cada uno de los interesados presentará
por escrito, dentro de los cinco días siguientes al en que se les dé vista, su propuesta sobre el destino
de los bienes asegurados, que hubieran sido retirados de la circulación, o cuya comercialización se
hubiera prohibido;
V.- Deberá dar vista a las partes de las propuestas presentadas, a efecto de que, de común acuerdo,
decidan respecto del destino de dichos bienes y lo comuniquen por escrito al Instituto dentro de loscinco días siguientes a aquel en que se les haya dado vista;
VI.- Si las partes no manifiestan por escrito su acuerdo sobre el destino de los bienes en el plazo
concedido, o no se ha presentado ninguno de los supuestos a que se refieren las fracciones I a III
anteriores, dentro del plazo de 90 días de haberse dictado la resolución definitiva, la Junta de
Gobierno del Instituto podrá decidir:
a) La donación de los bienes a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal,
entidades federativas, municipios, instituciones públicas, de beneficencia o de seguridad
social, cuando no se afecte el interés público, oIP/C/W/188
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b) La destrucción de los mismos.
Asimismo, en caso de persistir la conducta infractora podrá imponerse una multa adicional
según el artículo 214 fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial hasta por el importe de
quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
29. Están facultados los funcionarios judiciales y administrativos para ordenar a los infractores
que proporcionen información a los titulares del derecho relacionada con la producción y
distribución de los bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución?  ¿En qué
circunstancias se ejerce esa facultad?  (Artículo 47 del Acuerdo sobre  los ADPIC.)
Cuando una parte requiera indispensablemente para entablar una demanda, la inspección de
determinadas cosas, documentos, libros o papeles; la  autoridad judicial puede decretar su exhibición,
previa comprobación del derecho con el que se solicita la medida y la necesidad de la misma.
El juzgador podrá valerse de cualquier persona, cosa o documento, ya sea que pertenezcan a
las partes o a un tercero para determinar la situación legal de éstas en un litigio, sin más limitación
que las pruebas estén reconocidas por la Ley y tengan relación inmediata con los hechos
controvertidos.
Son aplicables los artículos 89, 90, 91 y 379 del Código Federal de Procedimientos Civiles y
el 187 de la LPI.
El IMPI, con fundamento en el artículo 203 fracción I de la LPI, puede requerir se le
proporcionen informes y datos para la comprobación del cumplimiento de lo dispuesto en la misma.
Asimismo, establece en su artículo 199 BIS 7 que el solicitante de las medidas provisionales
podrá utilizar la documentación relativa a la práctica de las medidas provisionales para iniciar el juicio
correspondiente o para exhibirla en los autos de los procesos en trámite, con prohibición de usarla,divulgarla o comunicarla a terceros.
30. Sírvanse explicar si las autoridades y los funcionarios públicos están eximidos de la
responsabilidad por el abuso de procedimientos de observancia, y descríbanse las circunstancias en
que no se aplican esas limitaciones.  (Artículo 48 del Acuerdo sobre los ADPIC.)
Dentro del desarrollo de los procedimientos, las autoridades judiciales y administrativas, no
son responsables por las medidas que solicitan las partes; sin embargo, en México la actuación de las
autoridades públicas está sujeta a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que
establecen las obligaciones que deben observar los funcionarios públicos en el desarrollo de su
encargo.
Es aplicable el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
G. M
EDIDAS PROVISIONALES
31. Sírvanse señalar las medidas provisionales de que se dispone en virtud de las leyes de México
para evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y para
preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción.  (Artículo 50 del Acuerdo
sobre  los ADPIC.)
En los procedimientos de declaración administrativa relativos a la violación de alguno de los
derechos que protege la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), el Instituto Mexicano de la PropiedadIndustrial podrá adoptar las siguientes medidas:IP/C/W/188
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a) Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que infrinjan
derechos de los tutelados por la LPI;
b) Ordenar se retiren de la circulación:
• Los objetos fabricados o usados ilegalmente;
• Los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares que
infrinjan alguno de los derechos tutelados por la LPI;
• Los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan alguno de los derechos
tutelados por la LPI;  y
• Los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricación, elaboración de cualquiera
de los señalados en los apartados anteriores.
c) Prohibir, de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se vicie un derecho
de los protegidos por la LPI;
d) Ordenar el aseguramiento de bienes;
e) Ordenar a l presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una
violación a las disposiciones de esta Ley, y
f) Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las
medidas que se prevén en las fracciones anteriores, no sean suficientes para prevenir o evitar la
violación a los derechos protegidos por esta Ley.
Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores tendrán
la obligación de abstenerse de su enajenación o prestación a partir de la fecha en que se les notifique
la resolución.
Igual obligación tendrán los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores,
quienes serán responsables de recuperar de inmediato los productos que ya se encuentre en el
comercio.
Es aplicable el artículo 199 BIS de la Ley de la Propiedad Industrial.
Con fundamento en el artículo 199 BIS 7, el solicitante sólo podrá utilizar la documentación
relativa a la práctica de una medida provisional para iniciar el juicio correspondiente o para exhibirla
en los autos de los procesos en trámite, con prohibición de usarla, divulgarla o comunicarla a terceros.
En cuanto a los procedimientos judiciales, dent ro del juicio o antes de iniciarse éste, pueden
decretarse, a solicitud de la parte ofendi da, las siguientes medidas provisionales:
a) Embargo de bienes suficientes para garantizar el resultado del juicio.b) Depósito o aseguramiento de las cosas, libros, documentos o papeles sobre que trate la
controversia.
Todas las medidas que sean necesarias para mantener la situación de hecho existente.
Son aplicables los artículos  384 y 389 del Código Federal de Procedimientos Civiles y el 228
relacionado con el 199 BIS de la Propiedad Industrial.IP/C/W/188
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32. Sírvanse describir brevemente:
A) cualesquiera requisitos para determinar el daño irreparable al titular de los
derechos (Párrafo 2 del artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC.);
B) los factores considerados por las autoridades judiciales y administrativas para
determinar si existe un riesgo demostrable de destrucción de pruebas.  (Párrafo 2 delartículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC.)
Para determinar la práctica de las medidas provisionales contenidas en la LPI, el Instituto
requerirá al solicitante que:
Acredite ser el titular del derecho y cualquiera de los siguientes supuestos:
a) La existencia de una violación a su derecho;
b) Que la violación a su derecho sea inminente;
c) La existencia de la posibilidad de sufrir un daño irreparable, y
d) La existencia de temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren.
Para efecto de acreditar los extremos señalados anteriormente, se admitirán toda clase de
pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que las mismas estén contenidas en una
documental. No se admitirán aquellas pruebas que sean contrarias a la moral y al derecho.
Son aplicables los artículos 192 y 199 bis 1 de la LPI.
33. Para cada clase de propiedad intelectual objeto del Acuerdo sobre los ADPIC, ¿qué tipo de
prueba tienen que presentar los titulares del derecho para probar que les pertenece la propiedad
intelectual de que se trata y que se está violando su derecho?  (Párrafo 3 del artículo 50 del Acuerdo
sobre los ADPIC.)
Para acreditar la titularidad y el riesgo de que sus derechos sean infringidos, el titular puede
hacer uso de aquellas pruebas a las que tenga acceso o de las que disponga, a fin de establecer un
grado de certidumbre respecto a dichos supuestos.
Para efecto de acreditar los supuestos señalados anteriormente, se admitirán toda clase de
pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que las mismas estén contenidas en una
documental. No se admitirán aquellas pruebas que sean contrarias a la moral y al derecho.
Son aplicables los artículos 192 y 199 bis 1 de la LPI.
34. ¿Están obligados los titulares del derecho a aportar una fianza o garantía equivalente para
proteger al demandado y evitar abusos, y cómo se determina su cuantía?  (Párrafo 3 del artículo 50
del Acuerdo sobre los ADPIC.)
Para determinar la práctica de las medidas a que se refiere el artículo 199 BIS, el Instituto
requerirá al solicitante que otorgue fianza suficiente para responder de los daños y perjuicios que se
pudieran causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida.
La persona contra la que se haya adoptado la medida podrá exhibir contrafianza para
responder de los daños y perjuicios que se causen al solicitante de la misma, a efecto de obtener su
levantamiento.IP/C/W/188
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El Instituto deberá tomar en consideración la gravedad de la infracción y la naturaleza de la
medida solicitada para adoptar la práctica de ésta y determinar el importe de la fianza y la
contrafianza.
Son aplicables los artículos  384 y 389 del Código Federal de Procedimientos Civiles y el 228
relacionado con el 199 BIS de la Propiedad Industrial.
35. Sírvanse describir brevemente lo siguiente:
A) si los funcionarios judiciales y admin istrativos están facultados para adoptar
medidas provisionales sin haber oído a la otra parte, y qué medidas pueden
adoptarse en esas circunstancias (Párrafo 4) del artículo 50 de los ADPIC.);
B) si esas autoridades necesitan una orden judicial para actuar así.  (Párrafo 4 del
artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC.)
Por la naturaleza de estas medidas, se decretan sin audiencia de la parte contraria.Además el solicitante de alguna medida provisional deberá cumplir con los siguientes
requisitos:
1. Acreditar ser el titular del derecho
2. Otorgar fianza suficiente para responder a los daños y perjuicios.
3. Proporcionar la información necesaria para la identificación de los bienes y servicios.
Son aplicables los artículos  384 y 389 del Código Federal de Procedimientos Civiles y el 228
relacionado con el 199 BIS de la Propiedad Industrial.
36. ¿Cuánto se tarda generalmente en aplicar ese desagravio desde que se concede, en el caso de
cada una de las medidas mencionadas anteriormente?
El plazo dependerá del caso en concreto.
37. Sírvanse describir los procedimientos para la notificación a las partes afectadas después de
la aplicación de las medidas provisionales e iniciar una revisión.  (Párrafo 4 del artículo 50 del
Acuerdo sobre los ADPIC.)
Los procedimientos para notificar la imposición de medidas provisionales dependen de la
naturaleza de las mismas, a manera ejemplificativa, sí se ordena el aseguramiento de mercancíapresuntamente infractora, la notificación se realizará durante el desarrollo de una visita de inspección.
En el caso, de que naturaleza de que la infracción administrativa no amerite visita de inspección, se
deberá notificar de manera personal al presunto infractor con los elementos y pruebas que sustenten la
solicitud, con fundamento en el artículo 310 del CFPC.
La persona en contra de quien se haya ordenado alguna de las medidas a que nos referimos
con anterioridad, tendrá un plazo de diez días para presentar ante el Instituto las observaciones que
tuviere respecto de éstas.
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial podrá modificar los términos de la medida
que se haya adoptado tomando en consideración las observaciones que se le presenten.
Son aplicables los artículos 193, 209 fracción IX y 216 de la LPIIP/C/W/188
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38. Sírvanse describir la clase de información que deberán presentar los demandantes para
identificar las mercancías objeto de medidas provisionales.  (Párrafo 5 del artículo 50 del Acuerdo
sobre los ADPIC.)
El solicitante deberá proporcionar la información necesaria para la identificación de los
bienes, servicios o establecimientos con los cuales o en donde se comete la violación a los derechosde propiedad industrial, siendo facultad de la autoridad la valoración de la información proporcionada.
Es aplicable el artículo 199 BIS 1 fracción III de la LPI.
39. Sírvanse describir la naturaleza de la prueba que han de presentar los solicitantes antes de la
concesión de esas medidas provisionales para cada tipo de propiedad intelectual protegida en virtud
del Acuerdo sobre los ADPIC.  (Artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC.)
Depende del caso en particular que sea sometido a la autoridad, con la condición de que los
medios probatorios sean suficientes para satisfacer los requisitos contemplados en la fracción I delartículo 199 BIS 1 de la LPI. Es aplicable el artículo 192 de la LPI.
40. Sírvanse describir los procedimientos para revocar o anular medidas provisionales en
actuaciones coercitivas judiciales y administrativas si el procedimiento conducente a una decisión
sobre el fondo del asunto no se inicia en un plazo razonable.  ¿Qué constituye un plazo razonable
para iniciar el procedimiento?  (Párrafo 6 del artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC.)
Cuando se haya solicitado una medida provisional y no se hubiese presentado la demanda o
solicitud de declaración administrativa de infracción ante la autoridad competente respecto del fondo
de la controversia, quedará sin efectos y restituirán las cosas al estado que guardaban antes de dictarse
la medida.
Asimismo, la persona en contra de quien se hayan solicitado las medidas provisionales tendrá
la posibilidad de obtener su levantamiento, previa exhibición de una contrafianza para responder de
los daños y perjuicios que se causen al solicitantes de las mismas.
Siendo aplicables el artículo 187, 1999 BIS 1 y 199 BIS 3 fracción II de la LPI y el 397 del
Código Federal de Procedimientos Civiles.
41. ¿Están facultados los funcionarios judiciales y administrativos para ordenar que se
indemnice al demandado por cualquier daño caus ado como consecuencia de la caducidad o
revocación de medidas provisionales?  (Párrafo 7 del artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC.)
El solicitante de las medidas provisionales a que se refiere el artículo 199 BIS será
responsable del pago de los daños y perjuicios causados a la persona en contra de quien se hubiesen
ejecutado cuando la resolución definitiva que hubiese quedado firme sobre el fondo de la controversia
declare que no existió violación ni amenaza de violación a los derechos del solicitante de la medida, y
cuando se haya solicitado una medida provisional y no se hubiese presentado la demanda o solicitudde declaración administrativa de infracción ante la autoridad competente o ante el Instituto respecto
del fondo de la controversia, dentro de un plazo de veinte días contado a partir de la ejecución de la
medida.
Son aplicables los artículos 199 BIS al 199 BIS 8 de la LPI.IP/C/W/188
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H. MEDIDAS EN FRONTERA
42. Sírvanse señalar la autoridad competente en México autorizada para recibir solicitudes
sobre la suspensión del despacho de mercancías sospechosas de infracción.  (Artículo 51 del Acuerdo
sobre los ADPIC.)
La autoridad competente para recibir solicitudes de medias en frontera es el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial y la autoridad judiciales competentes.
Son aplicables los artículos 199 BIS y 228 de la LPI y 148 de la  Ley Aduanera.
43. Sírvanse describir los procedimientos para proteger la propiedad intelectual en frontera (por
ejemplo solicitud, información n ecesaria, trámite y plazo para notificar al solicitante de la
aceptación, período efectivo de las medidas de observancia en frontera).  (Artículo 52 del Acuerdo
sobre los ADPIC.)
Las disposiciones aplicables se contienen en la Ley de la Propiedad Industrial (artículos 199
BIS, 199 BIS 1 al BIS 8) y la Ley Aduanera (artículos 144, 148 y 149)
En este caso, el solicitante que pretenda ejercitar medidas en frontera con respecto de bienes
que presumiblemente infringen un derecho de propiedad intelectual, deberá presentar un escrito ante
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o ante la autoridad judicial competente, en el que
deberá acreditar: ser el titular del derecho que presuntamente se esta violando, otorgar fianzasuficiente para responder de los daños y perjuicios, y proporcionar la información suficiente para la
identificación de los bienes o servicios presuntamente infractores de un derecho de propiedad
intelectual. Lo anterior con fundamento en los artículos 199 bis1 de la LPI y 148 de la Ley Aduanera.
Una vez satisfechos los requisitos anteriores, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
o la autoridad judicial competente notificará la resolución a las autoridades aduaneras con el objeto deque ésta suspenda la libre circulación de la mercancía presuntamente infractora. La resolución deberá
satisfacer los requisitos establecidos en el artículo 149 Ley Aduanera:
1. El nombre del importador.
2. La descripción detallada de la mercancía.
3. La aduana por la que se tiene conocimiento por la que va a ingresar la mercancía.4. El periodo estimado para el ingreso de las mercancías, el cual no excederá de 15 días.
5. El almacén en el que deberá quedar depositada la mercancía a disposición de la autoridad
competente, el cual deberá estar ubicado dentro de la circunscripción territorial de la aduana que
corresponda, y
6. La designación o aceptación expresa del depositario.
Cuando la autoridad aduanera haya ejecutado la orden emitida por la autoridad administrativa
o judicial competente, comunicará a éstas la detención de la mercancía, poniéndola a su disposiciónen el almacén designado por las mismas. En dicho acto la autoridad aduanera levantará acta
circunstanciada, en la que se deberá hacer constar lo siguiente:
1. La identificación de la autoridad que practica la diligencia.
2. La resolución en la que se ordene la suspención de la libre circulación de la mercancía de
procedencia extranjera y la notificación que se hace de la misma al interesado.3. La descripción, naturaleza y demás características de las mercancías, y
4. El lugar en el que se quedarán depositadas las mercancías a disposición de la autoridad competente
(artículo 148 Ley Aduanera).IP/C/W/188
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La persona afectada por la ejecución de las medidas, deberá responder  en un término de 10
días, con la oportunidad de presentar las pruebas, excepciones y/o defensas que a su derecho
convenga, a la solicitud de declaración administrativa de infracción o, en su caso, a la demanda en su
contra y podrá exhibir contrafianza suficiente para responder de los daños y perjuicios que pudiere
causar el levantamiento de dicha medida. Para éstos casos, se aplican los artículos 192 bis 1 y 192 bis2 de la Ley de la Propiedad Industrial.
La autoridad competente deberá resolver en definitiva sobre el procedimiento de medidas en
frontera y pondrá a disposición la fianza o la contrafianza en favor de quien la autoridad haya resuelto
el caso. (Artículo 199 bis 3 al 199 bis 8 LPI).
Son aplicables los artículos 199 BIS, 199 BIS 1 al BIS 8 de la Ley de la Propiedad Industrial
y los artículos 148 y 149 de la Ley Aduanera.
44. ¿Se dispone de procedimientos para detener la exportación de bienes infractores y de bienes
expedidos en tránsito?
Las medidas en frontera sólo son aplicables a las importaciones de bienes. Los bienes en
tránsito no son susceptibles de ser detenidos por las autoridades aduaneras, toda vez que los mismos
no pasan por el sistema aleatorio.
Con respecto a las importaciones mínimas se entiende que son de carácter personal y no son
susceptibles de ser detenidas por las autoridades aduaneras.
45. Sírvanse describir qué pruebas constituyen presunción de infracción a los fines del
artículo 52 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Las autoridades aduanales sólo podrán ordenar una medida en frontera a petición de una
autoridad administrativa o judicial competente, con fundamento en el artículo 148 de la LeyAduanera; por lo tanto las autoridades aduanales no pueden detener la mercancía ni determinar, a
primera vista, si la mercancía que ingresa por las fronteras viola algún derecho de propiedad
intelectual. Sin embargo, de conformidad con el artículo 19 de la citada ley, la autoridad
administrativa o judicial que emita la resolución de libre circulación de las mercancías debe
proporcionar los elementos suficientes para que la identificación y posterior detención de los bienespresuntamente infractores.
Para tal efecto se admitirán toda clase de pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo
que las mismas estén contenidas en una documental. No se admitirán aquellas pruebas que sean
contrarias a la moral y al derecho.
Son aplicables los artículos 192, 199 bis y 199 bis1 de la LPI y 148 y 149 de la Ley
Aduanera.
46. Sírvanse verificar que las autoridades competentes señaladas anteriormente están facultadas
para exigir una fianza o garantía equivalente.  (Artículo 53 del Acuerdo sobre los ADPIC.)
Al tratarse de medidas provisionales, para su procedencia el solicitante deberá cumplir con los
requisitos establecidos en el artículo 199 bis 1 de la Ley de la Propiedad Industrial.
47. Sírvanse señalar qué formas de propiedad intelectual, si las hubiere, están sujetas a las
disposiciones del párrafo 2 del artículo 53 del Acuerdo sobre los ADPIC.
No hay distinción sobre las figuras de propiedad intelectual, en cuanto a la aplicación de las
disposiciones de medidas en frontera.IP/C/W/188
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Al respecto, para proceder a levantar las medidas solicitadas, la persona en contra de la cual
se haya adoptado la medida podrá exhibir contrafianza para responder de los daños y perjuicios que le
causen al solicitante de las mismas.
48. ¿Qué procedimientos existen para notificar a los demandantes la suspensión del despacho de
aduana?  (Artículo 54 del Acuerdo sobre los ADPIC.)
Al momento de practicar la retención se entreg ará copia del acta que levantó al efecto a la
persona con quien se entendió la diligencia, así como copia de la resolución de suspensión de libre
circulación de las mercancías emitida por la autoridad administrativa o judicial competente, con el
objeto de que continúe el procedimiento administrativo o judicial conforme a la legislación de la
materia.
Una vez que la autoridad aduanera practique la retención deberá notificar a la autoridad
administrativa o judicial que emitió la orden y será ésta quien notifique al solicitante.
Es aplicable el artículo 148 de la Ley Aduanera.
49. Sírvanse indicar los foros en que un demandante/una parte puede iniciar procedimientos
sobre el fondo que permita a las autoridades aduaneras retener las mercancías más de 10 días
hábiles.  (Artículo 55 del Acuerdo sobre los ADPIC.)
Las medidas en frontera se encuentran sujetas a las disposiciones contenidas en la LPI, por lo
cual existe la obligación de mantener retenidos los bienes presuntamente infractores hasta por veinte
días hábiles que corresponden al plazo con cuenta el solicitante para interponer la solicitud de
declaración administrativa.
Es aplicable el artículo 199 BIS 3 fracción II de la LPI.
50. ¿Están facultados los funcionarios judiciales y administrativos para ordenar al demandante
que pague al importador, al consignatario y al propietario de las mercancías una indemnización por
todo daño causado por la retención infundada o por la retención de conformidad con el artículo 55?
(Artículo 56 del Acuerdo sobre  los ADPIC.)
Se aplica el régimen de las medidas provisionales que se ha mencionado con anterioridad.
51. Sírvanse explicar los procedimientos para dar al titular del derecho oportunidades de
inspeccionar mercancías sospechosas retenidas por las autoridades aduaneras.  (Artículo 57 del
Acuerdo sobre los ADPIC.)
Dentro del procedimiento administrativo de infracción el solicitante puede requerir con
fundamento en el artículo 203 fracción II, al Instituto la práctica de una visita de inspección a efecto
de verificar la mercancía detenida.
De conformidad con el artículo 71 fracción III del Reglamento de la LPI el titular de un
derecho de propiedad intelectual podrá asistir por si mismo o por conducto de apoderado a la prácticade la diligencia correspondiente y formular observaciones, mismas que deberán asentarse en el acta
correspondiente.
52. Sírvanse explicar si las autoridades competentes de México están facultadas para actuar de
oficio y, de ser así, las medidas de ejecución que pueden adoptar.  (Artículo 58 del Acuerdo sobre los
ADPIC.)IP/C/W/188
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Las autoridades aduaneras no pueden actuar de oficio, requieren de una resolución emitida
por la autoridad administrativa o judicial competente en materia de propiedad intelectual.
Son aplicables los artículos 148 de la Ley Aduanera, 199 bis y 199 bis 1 de la LPI
53. Sírvanse describir los recursos en el caso de mercancías infractoras (es decir, destrucción,
eliminación o ambas cosas).  (Artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC.)
En el caso de que la resolución definitiva sobre el fondo de la controversia, declare que se ha
cometido una infracción administrativa la autoridad decidirá con audiencia de las partes sobre el
destino final de los bienes asegurados.
Es aplicable el artículo 212 BIS 2 de la Ley de la Propiedad Industrial
54. Sírvanse aclarar si las importaciones insignificantes están excluidas de las medidas en
frontera en virtud de la legislación de México.  ¿Qué constituye una importación insignificante?
(Artículo 60 del Acuerdo sobre los ADPIC.)
Respecto a las importaciones mínimas, se entiende que son aquellas de carácter personal y no
son susceptibles de ser detenidas por las autoridades aduaneras.
55. Sírvanse explicar si entre los remedios disponibles figuran la confiscación, el decomiso y la
destrucción de las mercancias infractoras y de todos los materiales y accesorios, y en qué
circunstancias, en los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de pirateríaagresiva del derecho de autor, y describir las condiciones en que se impondrían esas sanciones.
Propiedad Industrial.
El artículo 223 de la Ley de Propiedad Industrial, tipifica como delitos los siguientes actos:
I.- Reincidir en las conductas previstas en las fracciones II a XXII del artículo 213 de la Ley de la
Propiedad Industrial una vez que la primera sanción administrativa impuesta por esta razón hayaquedado firme;
II.- Falsificar marcas en forma dolosa y con el fin de especulación comercial, marcas protegidas por la
LPI;
III.- Producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender, en forma dolosa y con el
fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas, por la LPI,así como aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias primas, o insumos destinados a
la producción de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por la LPI.
IV.- Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo de su trabajo, puesto,
cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia
para su uso, sin consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial, habiendo sido
prevenido de su confidencialidad, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para
el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto,
V.- Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo guarde
o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propósito de obtener un
beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que
guarde el secreto industrial o a su usuario autorizado, yIP/C/W/188
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VI.- Usar la información contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud de su trabajo,
cargo, puesto, ejercicio de su profesión o relación de  negocios, sin consentimiento de quien lo guarde
o de su usuario autorizado, o que le haya sido revelado, o que le haya sido revelado por un tercero, a
sabiendas de que éste no contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarde el secreto
industrial o su usuario autorizado, con el propósito de obtener un beneficio económico o con el fin decausar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industria o su usuario autorizado.
Además el artículo 223 BIS establece que se impondrán de dos a seis años de prisión y multa
de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al que venda o
cualquier consumidor  final en vías o lugares públicos, en forma dolosa y con el fin de especulación
comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por la LPI
Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de
salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, a quien cometa los delitos que se señalanen las fracciones I, IV, V o VI del artículo 223 y en el caso de las fracciones II o III del mismo
artículo 223, se impondrán de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a veinte mil días de
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. (Artículo 224 de la Ley de la Propiedad
Industrial).
Los delitos ya mencionados se persiguen a petición de parte ofendida.
Derechos de Autor
En materia de Derechos de Autor y Derechos Conexos el Título Vigésimo Sexto del Código
Penal Federal tipifica los delitos y establece las sanciones.
Son aplicables los artículos 424 a 427 del mismo ordenamiento.Artículo 424. Se impondrán de seis años y de trescientos a tres mil días de multa:
I. Al que especule en cualquier forma con los libros de texto gratuito que distribuye la
Secretaría de Educación Pública; y
II. Al editor, productor o grabador que ha sabiendas produzca más números de ejemplares de una
obra protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor, que los autorizados por el titular delos derechos.
A quien use en forma dolosa, con fin de lucro y sin la autorización correspondiente obras
protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor.
Artículo 424 bis. Se impondrá prisión de tres a diez años y de dos mil a veinte mil días multa.
A quien produzca, reproduzca, introduzca al país, almacene, transporte, distribuya, venda o
arriende copias de obras, fonogramas, videogramas, o libros, protegidos por la Ley Federal del
Derecho de Autor, en forma dolosa a escala comercial y sin la autorización que en los términos de lacitada Ley deba otorgar el titular de los derechos de autor o de los derechos conexos.
Igual pena se impondrá a quienes, a sabiendas, aporten o provean de cualquier forma,
materias primas o insumos destinados a la producción o reproducción de obras, fonogramas,
videogramas o libros a que se refiere el párrafo anterior, o use en forma dolosa, a escala comercial y
sin la autorización correspondiente obras protegidas por la mencionada Ley; o
A quien fabrique con fines de lucro un dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar los
dispositivos electrónicos de protección de un programa de computación.IP/C/W/188
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Artículo 424 ter. Se impondrá prisión de seis meses a seis años y de cinco mil a treinta mil
días multa a quien venda a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, en forma dolosa,
con fines de especulación comercial, copias de obras, fonogramas, videogramas o libros, a que se
refiere la fracción I del artículo anterior.
Si la venta se realiza en establecimientos comerciales, o de manera organizada o permanente,
se estará a lo dispuesto en el artículo 424 bis de este Código.
Artículo 426. Se impondrá prisión de seis meses a dos años o de trescientos a tres mil días
multa, en los casos siguientes:
I. A quien fabrique, importe, venda o arriende un dispositivo o sistema para describir una señal
de satélite cifrada, portadora de programas, sin autorización del distribuidor legítimo de dicha
señal; y
II. A quien realice con fines de lucro cualquier acto con la finalidad de descifrar una señal de
satélite cifrada, portadora de programas, sin autorización del distribuidor legítimo de la señal.
Artículo 427. Se impondrá prisión de seis meses a dos años o de trescientos a tres mil días
multa, a quien publique a sabiendas una obra sustituyendo el nombre del autor por otro nombre.
Es importante mencionar que en materia de derechos de autor, todos los delitos se persiguen a
petición de parte ofendida, con excepción de lo previsto en la fracción I del artículo 424, que serefiere a la especulación con libros de texto gratuitos, mismo que, con fundamento en el artículo 429
del citado Código Penal, se persigue de oficio.
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