 
 RESTRICTED  ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DEL COMERCIO  WT/CTE/M/24  
19 de septiembre de 2000 
 (00-3715) 
Comité de Comercio y Medio Ambiente  
  
 
INFORME DE LA REUNIÓN CELEBRADA 
LOS DÍAS 5 Y 6 DE JULIO DE 2000 
 
Nota de la Secretaría
 
 
 
1. El Comité de Comercio y Medio Ambiente (CCMA) se reunió los días 5 y 6 de julio de 2000 
bajo la presidencia del Embajador Yolande Biké.  Se adoptó el orden del día que figura en el 
aerograma WTO/AIR/1321.  
2. El Presidente
 tomó nota de que la Secretaría había preparado una lista de documentos que se 
había distribuido en el CCMA desde 1995 en el documento WT/CTE/INF/2.  VINCULACIONES ENTRE LOS PROGRAMAS MULTILATERALES SOBRE EL MEDIO 
AMBIENTE Y SOBRE EL COMERCIO  
 
Sesión de información relativa a los AMUMA  
 3. Con el fin de permitir al CCMA conocer mejor las vinculaciones entre los programas multilaterales sobre el medio ambiente y sobre el  comercio, el CCMA invitó a seis secretarías a 
participar en una sesión de información relativa a lo s acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente 
(AMUMA) el 5 de julio de 2000.  Los represen tantes de las siguientes secretarías presentaron 
comunicaciones y prepararon los documentos de inform ación fácticos que se indican a continuación:  
el Convenio sobre Diversidad Biológica (WT/ CTE/W/149 y WT/CTE/W/136);  el Protocolo de 
Montreal relativo a las Sustancias que agotan la  Capa de Ozono (WT/CTE/ W/142);  la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio  Climático (WT/CTE/W/153);  y la Comisión 
Internacional para la Conservación del Atún del A tlántico (WT/CTE/W/152).  La Comisión para la 
Conservación de los Recursos Marinos Vivos del Antártico presentó un documento de información 
fáctico (WT/CTE/W/148).  Véase el anexo I sobre la sesión de información relativa a los AMUMA. 
 4. El observador del PNUMA
 presentó una comunicación sobre la relación entre los AMUMA y 
la OMC, que se distribuyó como documento WT/CTE/W/155. 
 
5. El Presidentea  tomó nota de los documentos de la  Secretaría relativos al Foro 
Intergubernamental sobre los Bosques (WT/CTE/W/ 140);  y a la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y el proyecto de Convenio sobre 
los Contaminantes Orgánicos Persistentes (WT/CTE/W/151). 
 
Puntos 1 y 5  Relación entre las disposiciones del sist ema multilateral de comercio y las medidas 
comerciales adoptadas con fines ambientales, en particular en virtud de acuerdos 
multilaterales sobre medio ambiente;  y rel ación entre los mecanismos de solución de 
diferencias del sistema multilateral de comercio y los previstos en los AMUMA  
 
6. El representante de Suiza  presentó la comunicación de su delegación en el documento 
WT/CTE/W/139, que pretendía estimular un debate c onstructivo sobre este punto.  La relación entre WT/CTE/M/24 
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 las normas y principios de la OMC y las disposiciones relativas al comercio de los AMUMA era una 
de las cuestiones básicas del debate sobre comercio y medio ambiente.  Era general el acuerdo de que 
había que evitar los conflictos entre los regímenes de comercio y de medio ambiente.  Para ello, debía 
estar clara la relación entre ambos.  Los debates del CCMA sobre este tema no habían avanzado hacia la consecución de un acuerdo que aclarase esta relaci ón.  La única conclusión que podría extraerse era 
que los Miembros de la OMC no estaban de acuerdo sobre las normas y principios que debían regir la 
relación entre la OMC y los AMUMA.  Mientras los Miembros de la OMC no aclarasen esta relación, 
existían posibilidades de conflictos para las medi das comerciales vigentes de los AMUMA y las 
disposiciones de los AMUMA futuros con efectos en el comercio.  La presente ambigüedad creaba incertidumbre jurídica y tendía a fomentar el unilate ralismo e influir de manera negativa en las 
negociaciones de los AMUMA.  La aclaración ayuda ría a los negociadores de AMUMA a buscar los 
mejores mecanismos para consegui r sus objetivos.  Se había señalado que, si bien los Miembros de 
la OMC no habían conseguido aclarar esta relación, el Órgano de Apelación lo había hecho en su decisión sobre los Camarones-tortugas , que había aclarado un análisis  de doble vertiente de una 
justificación del artículo XX.  En primer lugar, se hacía una evaluación de si una medida reunía las 
condiciones para una justificación provisional en el marco de los apartados a)-j) del artículo XX, y 
luego se determinaba si dicha medida cumplía el  requisito de la cláusula introductoria del 
artículo XX.  El Comité de Apelación había acla rado que los recursos naturales vivos, como las 
tortugas, podían ser "recursos naturales agotabl es", con arreglo al apartado g) del artículo XX.  
Debido a que esta decisión no tenía relación con medidas establecidas por un AMUMA, no tenía ningún valor para la relación entre la OMC y los AMUMA, sino que simplemente aclaraba las 
condiciones que habían de cumplir las medidas co merciales nacionales relacionadas con el medio 
ambiente.  Aunque se podría argumentar que la solu ción más fácil sería dejar las cuestiones difíciles 
para grupos especiales, debían ser los Miembros de la OMC quienes adoptaran una decisión de este 
tipo y no los grupos especiales.  Una decisión de un grupo especial que afectara a la relación entre 
la OMC y los AMUMA sería una decisión en un caso específico y no aclararía necesariamente la 
relación general entre la OMC y los AMUMA.  Esta  relación era demasiado im portante para delegarla 
en un órgano judicial.  Solamente se podría garan tizar la participación de todos los países en la 
solución de esta cuestión, incluidos los países má s pequeños que tal vez no pa rticiparan en un grupo 
especial relativo al tema, si tomaban la decisi ón los Miembros de la OMC y no grupos especiales. 
 7. En el documento de Suiza se exponían los princi pios generales que habían de seguirse para la 
aclaración de la relación entre la OMC y los AMUM A, a saber, apoyo y deferencia mutuos.  Aunque 
la OMC y los AMUMA trataban de alcanzar los mismos  objetivos globales, es decir, la promoción del 
bienestar, se ocupaban de esferas normativas distinta s.  Concentrándose cada uno en su propia esfera 
normativa, los regímenes de comercio y de medio ambiente se respaldaban mutuamente y eran complementarios;  cada marco debería seguir siendo responsable de las cuestio nes que entraban en su 
esfera primaria de competencia y te ner deferencia hacia la competenci a del otro.  En este enfoque se 
reconocía que las medidas comerciales podían dese mpeñar una función importante para promover los 
AMUMA y que éstos eran con frecuencia el medio m ás eficaz de conseguir objetivos ecológicos.  En 
este enfoque también se reconocía que no era necesa rio que las medidas comerciales de los AMUMA 
fueran injustificablemente discriminatorias o prot eccionistas para proteger eficazmente el medio 
ambiente.  El apoyo mutuo implicaba que, si bien la OMC no debería evaluar la necesidad de medidas 
relacionadas con el comercio en los AMUMA, debe ría ser competente para evaluar si las medidas 
específicas adoptadas o aplicadas por un Miembro de la OMC constituían un medio de discriminación 
arbitraria o injustificable entre países en lo s que predominaban las mismas condiciones o una 
restricción proteccionista del comercio internacional.  
8. El marco jurídico vigente de la OMC refl ejaba el enfoque del apoyo mutuo y podría ser 
suficiente para evitar los conflictos entre la OMC y los AMUMA;  no parecía ser necesaria una 
modificación.  Suiza proponía que los Miembros aclararan el significado de las normas y principios de la OMC relativos a la relación entre la OMC y los AMUMA, por ejemplo adoptando una decisión 
interpretativa;  ésta podría aclarar que la relaci ón entre la OMC y los AMUMA estaba regida por el  WT/CTE/M/24 
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 apoyo y la deferencia mutuos y proporcionar crite rios objetivos a fin de determinar hacia qué 
AMUMA se debería tener deferencia.  Dichos cr iterios podrían ser, por ejemplo, que un AMUMA 
estuviera abierto a todos los países y reflejara un apoyo internacional amplio.  Una decisión 
interpretativa contribuiría a aclarar la relación entre la OMC y los AMUMA y destacaría el compromiso de la OMC en relación con los probl emas del medio ambiente.  Al haber un acuerdo 
general en el sentido de que los regímenes de comercio y de medio ambiente se apoyaban 
mutuamente, este acuerdo se debería formalizar para aclarar la relación entre la OMC y los AMUMA.  
Esto permitiría obtener un beneficio quíntuple, con una mejora de la coherencia, la previsibilidad, la 
certidumbre jurídica, el comercio y el medio ambiente .  El documento de Suiza no trataba de formular 
una propuesta concreta de una solución perfecta;  más bien exponía un enfoque general que sirviera 
de base a una solución.  Una vez alcanzado un acuer do sobre esto, se podría comenzar a examinar una 
propuesta concreta.  9. El representante del Canadá
 dijo que era útil proporcionar a los negociadores de AMUMA un 
mayor grado de orientación en su trabajo, que no de bería quedar al azar (es decir, la decisión de un 
país de impugnar una medida come rcial de un AMUMA en la OMC).  Se debería proseguir la labor 
de conciliación entre la OMC y los AMUMA tanto en la OMC como en el PNUMA (actuando en 
nombre de los AMUMA y trabajando en cooperación con la OMC) para c onseguir una verdadera 
adaptación a las normas que definían la relaci ón entre la OMC y los AMUMA.  Los criterios 
expuestos en el párrafo 10 del documento de Suiza eran idénticos a los tres primeros principios del 
enfoque de los principios y criterios del Canadá.  Para que una medida co mercial de un AMUMA se 
considerase compatible con la OMC, el AMUMA debía estar abierto a todos los países, reflejar un 
respaldo internacional amplio y estar redactado co n precisión.  Éstos eran factores preliminares 
legítimos que había de tener presentes un grupo especial  al determinar si una medida comercial de un 
AMUMA era compatible con la OMC.  El Canadá compartía la opinión de Suiza de que un factor 
apropiado que había de tener presente un grupo especi al de la OMC al evaluar la compatibilidad con 
ésta de una medida comercial particular basada en un AMUMA era si dicha medida constituía una 
discriminación arbitraria o injustificable.  Esto  significaba que una medida comercial determinada 
debía permitir el comercio con una no parte sobre la misma base que con una Parte, cuando la no 
parte proporcionara una protección del medio ambiente  equivalente a la exigida por el AMUMA.  
Otros asuntos de interés en el documento de Suiz a eran si las cuestiones de la legitimidad, la 
proporcionalidad y la necesidad deberían tratarse  de la misma manera;  y la función de las 
suposiciones, los cambios en la carga de la prue ba y otras técnicas de procedimiento para hacer 
efectivos el apoyo y la deferencia mutuos.  El enfoque de los principios  y criterios del Canadá 
reflejaba este punto de vista en la medida en que incorporaba la eficacia y las pruebas menos 
restrictivas para el comercio.  
10. La relación entre la OMC y los AMUMA era uno de los puntos más importantes del orden del 
día del CCMA y en él además el Comité podía y debí a obtener un resultado.  El Canadá se hacía eco 
de la observación de la CE de que los AMUMA se estaban desplazando cada vez más hacia esferas de 
reglamentación amplia del comercio internacional.  Por este motivo, entre otros, sería prudente, tanto 
por razones ecológicas como comerciales, establecer un entendimiento por escrito de la relación entre las obligaciones en el marco de la OMC y la s medidas comerciales de los AMUMA.  La 
jurisprudencia de la OMC había evolucionado considerablemente en los últimos años y había aclarado 
y confirmado la flexibilidad que las normas de la OMC conferían a las medidas en materia de medio 
ambiente.  No obstante, aún existía incertidumbr e jurídica.  La atención del debate en las 
negociaciones del Protocolo sobre la Bioseguridad  se había concentrado en gran parte en la 
posibilidad de una diferencia comercial entre Part es en los AMUMA que también eran Miembros de 
la OMC y no en las diferencias entre Partes y no pa rtes en los AMUMA.  El enfoque del Canadá para 
aclarar la relación entre la OMC y los AMUMA era particularmente pertinente para la cuestión de las Partes/no partes.  En debates anteriores, el Cana dá había defendido un enfoque de principios y 
criterios para los AMUMA y había propuesto los siguien tes principios de idoneidad para el examen de 
un AMUMA por parte de grupos especiales de la OMC:  i) que el AMUMA estuviera abierto a todos WT/CTE/M/24 
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 los países;  ii) que el AMUMA reflejara un respaldo internacional con una base amplia;  iii) que las 
disposiciones que autorizaran expresamente medida s comerciales estuvieran redactadas con la mayor 
precisión posible.  Estos tres principios también est aban presentes en el documento de Suiza.  El 
Canadá añadía además los siguientes criterios:  iv) que el comercio con las no partes se permitiera en 
las mismas condiciones que el comercio con las Partes cuando las no partes tuvieran niveles 
equivalentes de protección del medio ambiente;  y v) que los negociadores hubieran tenido 
explícitamente en cuenta los criterios elaborados por  la OMC para el uso de las medidas comerciales 
en los AMUMA.  El Canadá también proponía vari os criterios para uso de  los negociadores de los 
AMUMA:  i) sólo deberían elegirse medidas comerciales cuando fueran eficaces o cuando las 
medidas alternativas fueran ineficaces o lo  hubieran resultado sin medidas comerciales 
complementarias;  ii) las medidas comerciales no deberían ser más restrictivas del comercio de lo 
necesario para alcanzar el objetivo ecológico;  y iii)  las medidas comerciales no deberían constituir 
una discriminación arbitraria o injustificada.  11. La experiencia del Canadá enseñaba que la aplicación de este enfoque no siempre se daba por 
descontada.  En el caso de que se estuviera ne gociando un nuevo AMUMA, cabía esperar que sus 
negociadores aplicarían estos criterios al decidir la inclusión o no de medidas comerciales en 
el AMUMA.  También cabía esperar que hicieran constar expresamente en el informe de las negociaciones que se habían aplicado los criterios.  Si las negociaciones tenían éxito, el AMUMA se 
concluiría y entraría en vigor.  Si no surgían diferenc ias comerciales, ahí terminaría todo.  En el caso 
de que surgieran diferencias comerciales y un Miembro de la OMC impugnara una medida 
introducida por otro Miembro supuestamente en aplicación del AMUMA, había varias hipótesis 
posibles.  Si un grupo especial, al examinar la me dida y el AMUMA, determinaba que la medida no 
estaba estipulada en el AMUMA, no sería aplicable el resto del enf oque del Canadá.  Si la medida 
estaba estipulada por el AMUMA, pero las partes en la  diferencia en el marco de la OMC eran ambas 
Partes en el AMUMA, tampoco sería aplicable el r esto del enfoque del Canadá.  Si el grupo especial 
determinaba que la medida se había estipulado en  el AMUMA y que la parte reclamante en la 
diferencia no era Parte en el AMUMA, sería pertinen te el enfoque de los principios y criterios del 
Canadá.  En este caso, el grupo especial examinaría si se habían cumplido los principios de idoneidad.  
En el caso de que no se hubiera cumplido uno de los principios, la medida en cuestión probablemente 
entraría en la categoría de medida unilateral.  Si el grupo especial determinaba que se habían 
cumplido los principios de idoneidad, esto podría añ adir algún peso a ese hecho.  Era necesario seguir 
perfeccionando este enfoque, sobre el cual el Cana dá todavía tenía que formar una opinión.  El 
Canadá se preguntaba si los elemen tos de estos principios y criterios eran apropiados y si deberían 
añadirse, suprimirse o modificarse algunos elementos;  por ejemplo, ¿se deberían perfeccionar definiendo el "apoyo amplio a nivel intern acional"? Según el enfoque del Canadá, un AMUMA 
negociado en el ámbito de la OCDE no cumplía las condiciones.  El Canadá se preguntaba si 
el PNUMA podía desempeñar una función útil, en cooperación con la OMC, para perfeccionar este 
enfoque;  qué significado tenía una  medida impuesta por un AMUMA;  cómo deberían tratarse las 
modificaciones de un AMUMA;  cuáles eran las repe rcusiones en este enfoque de una disposición de 
un AMUMA que estableciera la relación entre éste y otros acuerdos internacionales, es decir, una 
cláusula de salvaguardia;  cuáles serían las c onsecuencias si un grupo especial determinaba que 
un AMUMA cumplía los principios de idoneidad:  cabí a prever una serie de acciones posibles;  y qué 
forma debería darse al enfoque de los principios y criterios.  El Canadá todavía no había finalizado su 
propuesta.  Sin embargo, consideraba que tenía un buen planteamiento para promover la coherencia 
en el ámbito normativo e institucional.  El Canadá se congratulaba de la oportunidad de trabajar con 
el CCMA para elaborar ulteriormente estos enfoques.  
12. El representante de Hong Kong, China
 indicó que el documento de Suiza proporcionaba una 
base útil para avanzar en los debat es y hacer reflexiones iniciales sobre él.  La pregunta que le venía a 
la mente era si en este momento había una crisis .  Algunas delegaciones habían señalado la necesidad 
de certidumbre jurídica y de aclarar la relación entre la OMC y los AMUMA.  Sin embargo, Hong Kong, China no opinaba que hubiera una situaci ón de crisis.  Como se había confirmado en las  WT/CTE/M/24 
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 sesiones de información relativas a los AMUMA, las secretarías de éstos no preveían que surgieran 
problemas derivados de la relación entre la OMC y los AMUMA.  Así pues, los Miembros no deberían crear más problemas de los que tuvieran  intención de resolver.  Con respecto a la 
certidumbre jurídica, la cuestión de la diferenc ia de composición entre los AMUMA y la OMC 
apuntaba necesariamente hacia la división del trabajo, como se señalaba en el documento de Suiza.  
Dadas las diferencias de composición, ¿había inte nción de crear distintos niveles de derechos y 
obligaciones en el marco de la OMC, especialment e con respecto a las no partes en los AMUMA que 
eran Miembros de la OMC?  Tomando nota de la refe rencia del Canadá al concepto de equivalencia 
para las no partes en los AMUMA, Hong Kong, Chin a no mostraba preocupación por la protección en 
las no partes en los AMUMA de los derechos y obligaci ones de los Miembros de la OMC a la vista de 
la propuesta de Suiza;  esto debería examinarse más adelante.  Suiza y el Ja pón habían observado que 
la OMC debería tener deferencia hacia un consenso  de la comunidad internacional;  se requería una 
definición del término "comunidad internacional".  Algunos AMUMA contaban sólo con un pequeño 
número de miembros en comparación con los 137 Mi embros de la OMC y no estaba claro de qué 
manera se habían negociado los AMUMA y si se habí a visto involucrada la comunidad internacional. 
 
13. Con respecto al documento de Suiza, Hong Kong, China se preguntaba si había algún principio vigente que rigiera la relación entre la  OMC y los AMUMA.  En caso afirmativo, no era 
necesario seguir debatiendo el tema.  En el párrafo 6, Suiza citaba el ejemplo del caso de los 
Camarones-tortugas  para confirmar un principio existente.  Sin embargo, los Camarones-tortugas  no 
eran un buen ejemplo para fundamentar su argumen to, puesto que no se había ocupado de la relación 
entre la OMC y los AMUMA, sino de la relación  entre una medida unila teral de un Miembro de 
la OMC y los derechos y obligaciones contenidos en el artículo XX.  El documento de Suiza defendía 
la interpretación de la relación entre la OMC y los AMUMA y proponía que no se ocupara de parte 
del artículo XX un grupo especial o el Comité de Apelación, sino que se remitiera a los AMUMA.  En términos jurídicos, esto equivalía a una modifi cación del artículo XX, y no a una interpretación per se .  
Hong Kong, China no estaba en contra de una modificación del artículo XX, pero deberían 
examinarse las consecuencias.  Hong Kong, China preguntaba si en el caso de que se presentase una 
medida específica a un grupo especial de la OMC o al Órgano de Apelación, la OMC debería esperar a que el AMUMA pertinente determinase si, por ejem plo, en virtud del apartado b) del artículo XX la 
medida era necesaria para proteger la vida o la salud de las personas, los animales o las plantas antes 
de que se pudiera examinar el preámbulo.  ¿O sería al contrario?  En el caso de los Camarones-
tortugas  se habían planteado argumentos análogos, pero la cuestión de la división del trabajo, tal 
como se preveía en el documento de Suiza, no se había planteado cuando el Órgano de Apelación se 
había ocupado del caso en el marco del artículo XX.   Si tuviera que haber una división de trabajo 
entre la OMC y los AMUMA, era imprescindible determinar qué acuerdo ocupaba el primer lugar.  Dado que la propuesta de Suiza se refería sobre t odo a la relación entre el artículo XX y los AMUMA, 
¿qué relación tenía esta propuesta con los problemas planteados por la secretaría del CDB en la sesión 
de información relativa a los AMUMA con respecto al Acuerdo sobre los ADPIC, el AGCS y otros acuerdos de la OMC?  Además, el artículo 13 del Entendimiento sobr e Solución de Diferencias (ESD) 
facultaba a un grupo especial para buscar informac ión y establecer un grupo de expertos que asesorase 
al grupo especial.  Esto podría proporcionar un pos ible mecanismo para abordar las cuestiones. 
 
14. El representante de la India
 hizo algunas observaciones preliminares sobre el documento de 
Suiza.  Con respecto a la importancia de las medida s relacionadas con el comercio en los AMUMA, la 
India recordaba que sólo contenían medidas comercia les el 10 por ciento de los AMUMA, de manera 
que esta cuestión se debía examinar en esa persp ectiva.  Cuando se proponía una interpretación 
autorizada o una modificación de una disposición de la OMC, había que tener presente que las 
medidas comerciales raras veces ocupaban el centro de objetivos ecológicos.  Además, había casi 
consenso en el CCMA en el sentido de que las me didas comerciales no eran la primera y la mejor 
solución para los problemas del medio ambiente.  Ha bía elementos, por lo menos en el Protocolo de 
Montreal y en el CDB, que indicaban que las dis posiciones relativas a la creación de capacidad, la 
asistencia técnica y financiera y la transferencia de tecnología eran componentes importantes de WT/CTE/M/24 
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 los AMUMA, además de las medidas comerciales.   En el párrafo 4 se señalaba que la OMC no 
debería tratar de decidir si un objetivo ecológico de un AMUMA era legítimo o si era necesario adoptar una medida para aplicar un AMUMA.  Si  el sistema elegido para aplicar un AMUMA se 
basaba en medidas comerciales, entre otras, la India estimaba que era necesario examinar 
los AMUMA en el marco de los principios come rciales, aunque también eran pertinentes los 
principios ecológicos.  Sin embargo, el mandato del CCMA no podía sobrepasar la competencia de 
la OMC al examinar medidas comerciales.  La India hacía suyas las observaciones de Hong Kong, China sobre el párrafo 6 relativo al in forme del Órgano de Apelación sobre los Camarones-tortugas , 
sobre el cual no había habido unanimidad o consenso en el Órgano de Solución  de Diferencias (OSD), 
como se ponía de manifiesto en las observaciones de varios Miembros en dicho Órgano;  el informe 
se había adoptado debido al principio de automaticid ad.  Aunque el documento de Suiza sólo se 
refería a un aspecto de los Camarones-tortugas , este caso era más complejo y no se podía reducir a 
una simplificación excesiva del artículo XX o a la relación entre una medida comercial y los AMUMA.  Como señalaba Hong Kong, China,  los AMUMA no habían ocupado el centro del 
debate en ese caso, aunque el Órgano de Apelaci ón había indicado que los AMUMA podrían ser un 
mecanismo para que los Estados Unidos aplicaran las recomendaciones del OSD. 
 15. Hasta el momento no había habido todavía ninguna impugnación jurídica en la OMC relativa 
a un AMUMA.  Así pues, como afirmaba Hong Kong, Ch ina, no había crisis.  En cuanto al motivo de 
que no hubiera habido ninguna impugnación jurídica,  si se habían negociado con éxito AMUMA 
como el Protocolo de Montreal, la CITES o el CDB, era poco probable una impugnación de 
dichos AMUMA en la OMC, puesto que la inmensa mayoría de los Miembros de la OMC eran 
también Parte en esos AMUMA.  Una cuestión fundame ntal en este debate era la de los métodos de 
producción y elaboración no relaciona dos con productos.  A pesar de todo, el CCMA evitaba referirse 
a esta cuestión como tal.  En cambio, se hacía referencia a los AMUMA en general, puesto que formaban un conjunto muy positivo;  los AMUM A gustaban porque eran multilaterales.  Sin 
embargo, si un AMUMA tenía más de 100 Miembros de  la OMC que también eran Parte en él, había 
pocas posibilidades de que un país c on un pequeño porcentaje de comerc io mundial que no fuera parte 
en el AMUMA pero sí Miembro de la OMC presentara una diferencia a la OMC y argumentara que se estaba alterando su comercio.  Esto no sucedería.  Si los países eran miembros tanto de un AMUMA como de la OMC, tampoco sucedería;  así pues, ¿cuál era el problema?  
16. Las preocupaciones con respecto a los AMUMA se concentraban en su definición.  A este 
respecto, Suiza había propuesto algunos criterios apropiados, pero incompletos.  La India se 
preguntaban si, de acuerdo con la propuesta de Su iza, sería aceptable que la OCDE negociara un 
acuerdo, lo denominara AMUMA y decidiera utilizar medidas comerciales contra los no miembros de 
la OCDE.  Se podía argumentar que  este acuerdo era amplio, particul armente teniendo en cuenta que 
algunos países en desarrollo eran miembros de la  OCDE, aunque muchos países en desarrollo no lo 
eran.  Dicha situación no sería aceptable para la In dia, y éste era el motivo de que su país hubiera 
propuesto que en la definición de un AMUMA se incluyera una representación geográfica adecuada y la representación de países con distintos niveles de  desarrollo.  En caso contrario, los países con 
niveles de desarrollo semejantes podrían negociar un  acuerdo, denominarlo AMUMA y decidir incluir 
medidas comerciales contra otros países cuyos nivel es de desarrollo fueran diferentes, siendo de esta 
manera también diferentes las compensaciones comerciales y ecológicas mutuas.  Así pues, la 
cuestión se concentraba en la manera de definir un AMUMA, la manera de abordar la cuestión de los 
métodos de producción y elaboración no relacionados con productos y la cuestión de si había que 
suavizar los conceptos de necesidad y proporcionalid ad en el artículo XX.  La India estimaba que 
había suficiente jurisprudencia sobre la "necesidad"  en el contexto del artículo XX, y no debería 
atenuarse.  Algunas de las decisiones adoptadas por  grupos especiales y por el Órgano de Apelación 
estaban orientadas en una dirección particular.  En este marco presente, la India preguntaba qué países 
en desarrollo podrían esperar salir ganando con una decisión interpretativa o una modificación, 
particularmente si no consideraban que hubiera un problema real.  Había habido algunos informes de 
grupos especiales y del Órgano de Apelación que la India consideraba que habían sobrepasado su  WT/CTE/M/24 
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 mandato;  otros estimaban que entraba en su mandato.  La cuestión era si sería  posible llenar la laguna 
existente en relación con cuestiones tan espinosas como los métodos de producción y elaboración no 
relacionados con productos y la definición de un AMUMA.  Asimismo, algunos países interesados en 
esta cuestión habían dejado de interesarse por el de bate, al considerar que los grupos especiales y el 
Órgano de Apelación estaban haciendo su trabajo y no serían necesarias negociaciones difíciles y 
prolongadas, para lo cual se requerirían contrap esos y salvaguardias.  La India opinaba que estas 
cuestiones eran importantes y se deberían seguir deba tiendo, pero que algunas de ellas eran difíciles 
de solucionar a la vista de las últimas novedades.  17. El representante del Japón
 convino con Suiza en que, si bien tanto los AMUMA como 
la OMC tenían como objetivo común la mejora del bienestar, sus esferas de competencia eran 
distintas;  así pues, debería examinarse algún tipo de división de trabajo.  Los asuntos sustanciales, por ejemplo si eran necesarias medidas comerciales para la protección del medio ambiente en los AMUMA, deberían decidirse en éstos, puesto que tení an la experiencia y la competencia necesarias.  
La OMC debería ocuparse principalm ente de la manera en que se aplicaban las medidas comerciales 
adoptadas por los AMUMA y de si esas medidas se apli caban de manera discriminatoria y arbitraria.  
La OMC debería concentrarse en conocer si la aplicación de las medidas comerciales se ajustaba a los criterios del preámbulo del artículo XX.  El CCMA debería examinar las directrices para los criterios de identificación del tipo de aplicación de medidas comerciales que se consideraba arbitrario, discriminatorio o injustificado.  Estos criteri os podrían acordarse como directrices o como un 
entendimiento interpretativo mediante una decisi ón del Consejo General.  A fin de seguirlos 
elaborando, los Miembros podrían presentar ejemplos de aplicaciones arbitrarias o discriminatorias de 
medidas comerciales en los AMUMA.  Entre los ejemplos podrían figurar aplicaciones de medidas 
comerciales sin consultar a los países interesados, lo cual se consideraba que era arbitrario.  Las 
cuestiones que habían de examinarse en la elaboración de los criterios eran, entre otras, el trato de las 
medidas comerciales decididas por las organizaciones regionales.  Como había declarado el Japón en 
el Simposio de alto nivel de la OMC sobre co mercio y medio ambiente en marzo de 1999, las 
cuestiones relativas al medio ambiente deberían abor darse y solucionarse principalmente en el marco 
de la política en materia de medio ambiente.  Las preocupaciones ecológicas no se solucionarían 
necesariamente de manera eficaz mediante el uso de  medidas comerciales.  Por consiguiente, habría 
que esforzarse para garantizar que  se adoptaran medidas ecológicas apropiadas en el origen de los 
problemas que afectaban al medio ambiente, incluso mediante asistencia técnica y financiera.  Sin 
embargo, si la comunidad internacional reconocía  que las medidas comerciales podían desempeñar 
una función como complemento de las medidas en materia de medio ambiente y que eran necesarias, 
no sería conveniente para el AMUMA o la OMC qu e ésta impidiera la aplicación de tales decisiones 
por parte de la comunidad internacional, puesto que el objetivo de la OMC era conseguir un desarrollo 
sostenible protegiendo al mismo tiempo el medio ambiente.  La aclaración de  la relación entre las 
medidas comerciales de los AMUMA y las normas de la OMC aportaría certidumbre jurídica y 
previsibilidad con respecto al comercio y el medio ambiente.  18. Era necesario aclarar los criterios del Canadá y darles una forma más concreta.  Por ejemplo, 
había que aclarar el uso del término "efectivo" por  parte del Canadá, como se hacía con el término 
"necesario".  También debería aclararse el significado de  arbitrario e injustificable mediante ejemplos 
de lo que constituirían tales medidas.  Si se aplicab an estrictamente los criterios del Canadá, se podría 
poner objeciones a las medidas comerciales decidid as por organizaciones comerciales de pesca, aun 
cuando participasen todos los principales países de la región.  Estos criterios podrían afectar a la 
introducción de medidas comerciales en el futuro para conservar los recursos pesqueros.  El Japón 
recordaba la declaración del Canadá en julio de  1998 de que la solución de diferencias en los 
AMUMA y en la OMC eran diferentes por naturaleza.  En el marco de un AMUMA, las Partes en 
conjunto abordaban la violación de un acuerdo median te el diálogo y la cooperación.  Este enfoque 
era diferente del de la OMC, donde cada Miembro interesado emprendía una solución de diferencias 
mediante grupos especiales y el Órgano de Apelaci ón.  El proceso de solución de diferencias de 
la OMC tenía un aspecto de confrontación, mientras que en los AMUMA se intentaba solucionar la WT/CTE/M/24 
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 violación de un AMUMA mediante la cooperación.  Aunque no debía negarse el derecho de los 
Miembros de la OMC a utilizar el mecanismo de so lución de diferencias, habría que concentrar la 
atención en si las medidas comerciales de lo s AMUMA se aplicaban de manera arbitraria, 
discriminatoria o proteccionista.  Si un Miembro de la OMC se planteaba presentar un asunto ante ésta, sería importante estudiar si era idóneo el uso de l mecanismo de solución de diferencias para ese 
asunto, dado que la competencia de la OMC correspondí a al comercio.  Sobre las declaraciones de la 
India y de Hong Kong, China, aunque no había nin gún conflicto presente con respecto a la relación 
entre la OMC y los AMUM A podría haber problemas en el futuro, por ejemplo con respecto a la 
relación entre el CDB y el Acuerdo sobre los ADPIC en  relación con la distribución de los beneficios.  
Si se rechazaban las disposiciones del CDB en el Acuerdo sobre los ADPIC, habría que reconocer la 
necesidad de aclarar la relación entre la OMC y los AMUMA. 
 19. El representante de Islandia
 dijo que la relación entre los AMUMA y la OMC era compleja, 
puesto que ciertos AMUMA contenían disposicion es relacionadas con el comercio para promover 
ciertos objetivos ecológicos, mientras que la razón de  ser de la OMC era eliminar las restricciones al 
comercio.  En ambos casos, la mayoría de los gobiernos, al ser simultáneamente Partes en los 
AMUMA y Miembros de la OMC, habían reconocido los objetivos y medios de los AMUMA.  La relación presente entre la OMC y los AMUMA abría la posibilidad de conflic tos que podrían llevar a 
conclusiones contradictorias, con escasos benefici os tanto para el régimen comercial multilateral 
como para el medio ambiente.  Esta confusión ju rídica se había puesto de manifiesto en los grupos 
especiales sobre los Atunes-delfines  y sobre los Camarones-tortugas  y en el informe del Órgano de 
Apelación sobre los Camarones-tortugas .  Esto no era simplemente una cuestión teórica interesante, 
sino un problema real que podría tener efectos graves para el medio ambiente y para el desarrollo 
socioeconómico de los países desarrollados y en desarro llo por igual.  La ausencia de un consenso  
internacional claro sobre la relación entre la OMC y los AMUMA podía inducir a la adopción de 
medidas unilaterales para ocultar objetivos ecológico s fuera de la jurisdicción del país importador.  
Islandia no tenía una solución sencilla para abordar esta relación, pero compartía la preocupación de 
Suiza en el sentido de que la aclaración era tan fundamental que no debería dejarse en manos de un 
órgano judicial.  Para ser coherentes con el enf oque del multilateralismo, deberían ser los propios 
Miembros quienes decidieran.  El CCMA tenía, entre otras cosas, el mandato de ocuparse de la relación entre las disposiciones del sistema comerc ial multilateral y las medidas comerciales con fines 
ecológicos, incluidas las que se apli caban en el marco de los AMUMA.  Era necesario intensificar el 
diálogo sobre esta cuestión para hacer frente a las preocupaciones de todos los Miembros y guiarse 
por el apoyo y la deferencia mutuos, lo cual  contribuiría al apoyo mutuo entre las políticas 
comerciales y ambientales.  20. El representante de Corea
 dijo que, a pesar del hecho de que no se había producido ningún 
conflicto real entre las disposiciones de la OM C y las medidas comerciales en aplicación de los 
AMUMA y que sólo 20 de un total de 200 AMUM A contenían disposiciones que afectaban al 
comercio, se debería proseguir la labor analítica pa ra aclarar esta relación y deberían examinarse 
medidas preventivas contra las incompatibilidades ju rídicas.  En la Conferencia Ministerial de 
Singapur de 1996, Corea había propuesto un "enfoque diferenciado", de tal ma nera que las medidas 
comerciales en aplicación de los AMUMA se diferenciaran en función de que estuvieran o no 
expresamente estipuladas por los AMUMA y que la aplicación de las medidas comerciales se 
diferenciara en función de que se aplicaran entre las Partes en el AMUMA o entre una Parte y una no 
parte en el AMUMA.  El enfoque de Corea era pa recido a la propuesta de Su iza en el sentido de que 
en ambos se subrayaba que debían respetarse los ámbitos de la OMC y de los AMUMA, manteniéndose al mismo tiempo un apoyo mutuo.  Co rea respaldaba el enfoque de apoyo mutuo de 
Suiza.  La determinación de si una medida era perjudi cial para el medio ambiente y de si era necesario 
contrarrestarla debería corresponder a los AMUMA, mientras que la OMC debería concentrarse en 
evaluar si una medida comercial, destinada a contrarrestar ese efecto perjudicial, era arbitrariamente discriminatoria.  Esto estaba justificado por el hecho de que en la mayoría de los AMUMA ya se puntualizaban los procesos y métodos de producci ón que se habían reconocido en conjunto como  WT/CTE/M/24 
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 perjudiciales, y en consecuencia censura bles.  En el caso de que hubiera una diferencia entre Partes en 
un AMUMA, éstas deberían agotar todas las medidas estipuladas en el AMUMA para solucionar la diferencia antes de remitir el asunto a la OM C.  Corea estaba de acuerdo en que una decisión 
interpretativa crearía una certidumbre jurídica mayor.   En relación con los posibles criterios objetivos 
para determinar si un AMUMA tenía un apoyo am plio, como se indicaba en el párrafo 10 del 
documento de Suiza, el artículo 9 del Acuerdo s obre la OMC relativo a la adopción de decisiones 
constituía una referencia valiosa.  En conjunto, la propuesta de Suiza era equilibrada y podría ayudar a 
avanzar en este punto.  Sin embargo, había much as preguntas sin respuesta, por ejemplo qué se podía 
hacer en relación con los sectores para los cuales no existía un AMUMA;  cómo podrían abordarse los conflictos entre una Parte y una no parte en un AMUMA;  y si se debería acudir directamente al OSD 
en tales casos.  Estas preguntas requerían un debate ulterior. 
 21. El representante de Australia
 elogió la exposición de Suiza s obre el concepto de apoyo mutuo 
y estuvo de acuerdo con dicho país en cuanto a la importancia de que los AMUMA y la OMC fueran 
conscientes de sus respectivos mandatos y competenci as.  Sin embargo, Australia consideraba que las 
disposiciones vigentes de la OMC proporcionaban un  marco adecuado para facilitar el apoyo mutuo.  
Tanto los AMUMA como la OMC eran instrumentos para promover los objetivos compartidos por la 
comunidad internacional y Australia respaldaba los esfuerzos para fomentar la coordinación entre 
ellos, por ejemplo mediante las sesiones de información periódicas relativas a los AMUMA en el CCMA.  Un factor sorprendente que había su rgido de estas sesiones de información era la 
diversidad de interacciones entre la OMC y los AM UMA.  Sin embargo, no estaba claro que en el 
planteamiento de Suiza se tuviera en cuenta esta diversidad.  Las normas vigentes podían hacer frente 
de manera más adecuada a esta diversidad mediante  la promoción del objetivo de políticas de apoyo 
mutuo en materia de comercio y medio ambiente.  Los AMUMA presentaban variaciones en cuanto al 
grado en que contenían medidas específicas relaciona das con el comercio.  Por ejemplo, el Protocolo 
sobre la Bioseguridad proporcionaba un marco para  el intercambio de información y la cooperación 
entre importadores y exportadores que  permitía la adopción de una decisión fundamentada;  era esta 
adopción de decisiones por cada país, más que las me didas específicas relaci onadas con el comercio 
del Protocolo, lo que muy probablemente plantearía posibles problemas ante la OMC.  En los países 
que eran parte en ambos acuerdos era imprescindi ble que hubiera procesos de coordinación interna 
apropiados para garantizar el respeto de sus der echos y obligaciones en el marco de cada uno de ellos 
y el examen de los factores relacionados tanto con el comercio como con el medio ambiente.  Las 
normas vigentes de la OMC podrían desempeñar una f unción positiva para garantizar esto.  Sería una 
desgracia que los países recurrieran al Protocolo sobr e la Bioseguridad para justificar medidas que no 
respetasen los procesos de adopc ión de decisiones, las prescrip ciones de transparencia y las 
disposiciones sobre el nivel adecuado de prot ección del Acuerdo MSF.  Había que actuar con 
prudencia a la hora de modificar las normas de la OMC relativas a los AMUMA. 
 
22. A diferencia del Protocolo sobre la Bio seguridad, había una serie de otros AMUMA que 
incluían medidas específic as relacionadas con el comercio acordadas por las Partes para cada uno de 
estos acuerdos, por ejemplo el modelo de documen tos sobre capturas para la merluza negra de la 
CCRMVA.  El proceso de elaboración y adopción de  este modelo era un ejemplo de cómo se podían 
abordar positivamente las cuestiones relacionadas con el  comercio y el medio ambiente.  Este modelo 
se había introducido en respuesta a la amenaza de extinción de la merluza negra que suponía la pesca 
ilegal, no declarada y no reglamentada.  Dicha pes ca, consecuencia del elevado precio de la merluza 
negra en el mercado, seguía so cavando la eficacia de las medid as de conservación adoptadas por 
la CCRMVA.  El modelo de documentos sobre la s capturas complementaba estas otras medidas 
mediante el suministro de información acerca de los orígenes y las proporciones de las capturas y el 
comercio de la especie.  Se había elaborado gr acias a una amplia negociación internacional y a los 
esfuerzos posteriores para lograr la cooperación de  las no partes en la conservación de la merluza 
negra.  Este tipo de medida de cooperación específica, transparente y no discriminatoria de la CCRMVA no debería plantear ningún c onflicto con las normas de la OMC. 
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 23. El representante de México
 respaldó las declaraciones de Hong Kong, China y la India y dio 
las gracias a las secretarías de los AMUMA por sus exposiciones en la sesión de información relativa 
a los AMUMA, que habían contribuido a mejorar el conocimiento de estas cuestiones por parte de los 
Miembros.  Dado que hasta el momento no había habido ningún conflicto entre los AMUMA y la OMC, cabía preguntarse por qué se estaba deba tiendo esta cuestión.  Más bien, los esfuerzos 
del CCMA deberían concentrarse en  temas sustanciales de importancia para todos los Miembros.  
México formuló observaciones preliminares sobre el doc umento de Suiza.  En cuanto a los principios 
y criterios propuestos para orientar a los negoc iadores de los AMUMA sobre las normas pertinentes 
de la OMC, cada Estado tenía el derecho soberano de enunciar los cr iterios y principios que deseaba 
que utilizasen sus negociadores.  Sin embargo, no sería  adecuado transferir esos criterios y principios 
a la OMC e incorporarlos a su marco.  Las normas de la OMC y las disposiciones de los AMUMA no 
daban lugar a ninguna contradicci ón o confusión.  Las normas de la OMC estaban claramente 
formuladas;  la OMC se encargaba del comercio  y los AMUMA del medio ambiente.  El punto de 
intersección entre estos dos marcos jurídicos era claro.  Había disposiciones de la OMC que reconocían el establecimiento de políticas en materia de medio ambiente siempre que se respetaran los 
derechos y obligaciones en el marco de la OMC.  Al no haber ningún conflicto, sino coexistencia 
entre la OMC y los AMUMA, no era necesario establecer principios o criterios para aclarar la relación 
entre la OMC y los AMUMA.  Además, había prin cipios para guiar al OSD en relación con los 
conflictos con las normas de la OMC.  Por consi guiente, México consideraba difícil aceptar la 
propuesta de Suiza.  
24. El representante de la Argentina
 se refirió al elemento fundame ntal del documento de Suiza 
en el párrafo 6, donde se proponía que la prueba  de necesidad del artículo XX no se aplicara a las 
medidas comerciales adoptadas en cumplimiento de un  AMUMA.  Este argumento tenía la ventaja de 
que se suponía que los gobiernos debe rían ocuparse de manera cohere nte de la adopción de políticas 
en ambos foros.  Sería raro que un gobierno c onsiderarse una medida necesaria en un AMUMA pero 
no necesaria en la OMC.  Sin embargo, las medidas comerciales formaban parte de un conjunto de 
instrumentos de los AMUMA que comprendían transferencias financieras y de tecnología y 
cooperación técnica.  La cuestión era si se debía dar mayor valor a uno de los instrumentos de este 
conjunto de medidas, es decir, las comerciales, si no se habían aplicado otras medidas, en particular para los países en desarrollo.  ¿No sería más lógico  respetar el equilibrio entre las medidas en el 
conjunto de las de un AMUMA?  El hecho de que  la OMC y los AMUMA debieran concentrarse en 
su competencia primordial no significaba, sin emba rgo, que la OMC no pudiera adoptar principios y 
normas que afectaran al medio ambiente.  En el CC MA, la Argentina y otros muchos países habían 
solicitado la eliminación de las restricciones y distor siones del comercio que eran perjudiciales para el 
medio ambiente.  Así pues, la Argentina estaba de  acuerdo en que la OMC debería adoptar medidas 
en interés del medio ambiente que fueran compatib les con su mandato, que consistía en promover la 
liberalización del comercio.  La Argentina estaba dispuesta a examinar fórmulas para fomentar la 
compatibilidad y el apoyo mutuo entre los AMUM A y la OMC, como indicaba Suiza, y promover 
oportunidades doblemente benefici osas derivadas del cumplimiento del mandato del CCMA de 
determinar y suprimir las medidas comerciales que t uvieran efectos negativos pa ra el medio ambiente.  
El primer paso de la OMC consistiría en suprimir  las restricciones y distorsiones del comercio nocivas 
para el medio ambiente, lo cual se examinaba en el punto 6. 
 
25. El representante de las Comunidades Europeas
 señaló que compartía el análisis de Suiza en el 
sentido de que el CCMA debería seguirse ocupando de  la relación entre la  OMC y los AMUMA.  
Parecía haber dudas entre algunos Miembros sobre si esta cuestión tenía interés.   La CE estimaba que 
algunas observaciones tenían reminiscencias del Tita nic, que se consideraba que no podía hundirse y 
que los riesgos eran mínimos, al igual que el sistema comercial multilateral;  en consecuencia, no era 
necesario contar con suficientes botes salvavidas.  De manera análoga, la CE no estaba muy convencida de que, aunque todavía no se hubiera producido ningún conflicto entre los AMUMA y 
la OMC, no pudiera surgir alguno.  De los debat es de la sesión de información relativa a los AMUMA 
se deducía claramente que algunos AMUMA que entr arían pronto en vigor serían aplicables a gran  WT/CTE/M/24 
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 parte del comercio de importancia para los países desarrollados y en desarrollo.  Otras esferas de la 
actividad de los AMUMA que estaban en fase de aplicación también tendrían consecuencias para el 
comercio.  En consecuencia, sería equivocado sentirse satisfechos de la relación entre la OMC y los AMUMA.  La CE observó que había pocos grupos especiales relativos a las cuestiones que 
figuraban en el orden del día del CCMA, pero la  CE procuraba ocuparse con un espíritu positivo de 
todos los puntos.  Así pues, si un punto era importa nte, podría merecer la pena examinarlo aun cuando 
no se hubiera producido en él una diferencia.  El si stema comercial no consistía meramente en evitar 
las diferencias.  La incertidumbre que reinaba en la relación entre la OMC y los AMUMA estaba 
creando dificultades a los gobiernos en la elaboración de AMUMA.  Con respecto al Protocolo sobre la Bioseguridad, se había perdido mucho tiem po discutiendo sobre este nuevo marco de derecho 
público internacional y las normas de la OMC.  Con otros AMUMA en fase de negociación, sería 
prudente aclarar la relación entre la OMC y los AMUMA, de manera que no se perdiera más tiempo en esta cuestión.  La satisfacción no era el mensaje que la OMC debería enviar al mundo exterior a este respecto.  
26. La CE estaba de acuerdo en que este debate no se refería exclusivamente al GATT, sino a las 
normas de la OMC en conjunto, incluidos el AGCS  y el Acuerdo sobre los ADPIC, lo cual podría 
tener repercusiones en las negociaciones de los AMUMA.  Había que tener esto en cuenta, aunque 
la CE se había concentrado en el modelo del ar tículo XX al determinar el modo de proceder.  
Deberían abarcarse todas las esferas de la reglamentación de la OMC.  La cuestión de las no partes también era importante.  En la sesión de información relativa a los AMUMA, la secretaría del 
Protocolo de Montreal había dicho que, aunque había sido necesario incluir algunas disposiciones 
comerciales para las no partes, no había sido posible examinar los aspectos relativos a los métodos de 
producción y elaboración de esas medidas comerciales, puesto que en la práctica no podrían aplicarse.  
La CE coincidía con Hong Kong, China y con ot ros países en que la composición de los AMUMA 
tenía importancia y se debería seguir examinando, puesto que los AMUMA de ámbito mundial tenían 
una importancia universal.  Incluso con respecto a lo s convenios sobre la merl uza negra del Antártico 
o el atún del Atlántico, esos acuerdos contenían disposiciones del tipo de los AMUMA en el sentido 
de que habían participado los protagonistas primor diales, con una responsabilidad territorial para la 
explotación del recurso, al igual que podía hacerlo cualquier país interesado.  27. La representante de los Estados Unidos
 estaba de acuerdo con Suiza en que no era probable 
que hubiera obstáculos para las me didas comerciales en los AMUMA con un apoyo amplio y que las 
normas vigentes de la OMC, tal como se habían interpretado, permitían la  adopción y aplicación de 
medidas relacionadas con el comercio.  Los Estados Unidos también estaban de acuerdo en que la OMC y los AMUMA deberían concentrarse cada uno por su lado en su competencia primordial, 
teniendo al mismo tiempo en cuenta las preocupacion es del otro.  Las medidas comerciales podían ser 
un medio decisivo para conseguir objetivos en materia de medio ambiente convenidos 
internacionalmente cuando se adapta sen cuidadosamente y se aplicasen de manera apropiada.  Sin 
embargo, con independencia  total de la poca probabilidad de un obstáculo para una medida comercial 
contenida en un AMUMA con un apoyo amplio, los Estados Unidos creían que las medidas comerciales de los AMUMA se ajustaban en términos generales a las normas de la OMC.  Por consiguiente, los Estados Unidos no estaban convencidos de que fuera necesario aclarar ulteriormente 
las normas de la OMC para salvaguardar las medidas de protección del medio ambiente adoptadas en 
el marco de un AMUMA.  28. El representante de Noruega
 dijo que las sesiones de información relativas a los AMUMA 
habían puesto de manifiesto que en algunos casos eran necesarias medidas comerciales para conseguir 
objetivos ecológicos.  El régimen comercial multilate ral debería contribuir al desarrollo sostenible y 
coexistir apoyándose mutuamente con otros instru mentos jurídicos internacionales.  Noruega se 
congratulaba de las decisiones adoptadas en la ultim a Conferencia de las Partes en el Convenio sobre 
la Diversidad Biológica, en particular la invit ación a la OMC a que reconociera las disposiciones 
pertinentes del CDB y tuviera en cuenta la relación existente entre el CDB y el Acuerdo sobre WT/CTE/M/24 
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 los ADPIC.  Noruega expresaba su apoyo a la solicitud de la condición de observador por parte de la 
secretaría del CDB y del PNUMA en el Consejo de  los ADPIC y en el Comité de Agricultura.  
Noruega subrayaba la importancia de la relación entre el CDB y el Acuerdo sobre los ADPIC en 
relación con la cuestión de la distribución justa y e quitativa de los beneficios derivados del uso de los 
recursos genéticos, incluida la cuestión de la divulgación del origen de los recursos genéticos 
utilizados en productos para los cuales se solicita ban patentes.  Muchos estimaban que el presente 
Acuerdo sobre los ADPIC impedía la aplicación efectiva del CDB.  Si bien debería garantizarse la compatibilidad entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el CDB, esta relación no debería considerarse 
aislada del debate general sobre la relación entre la OMC y los AMUMA.  El CCMA debería garantizar que lo que se consiguiera en un foro multilateral no se viera socavado en otro y que las 
negociaciones de los AMUMA no se retrasaran debido a la falta de claridad con respecto a su relación 
con las normas de la OMC;  esta situación se había planteado en las negociaciones del Protocolo sobre 
la Bioseguridad y del Convenio sobre los Contamin antes Orgánicos Persistentes.  Durante los 10 años 
del programa sobre comercio y medi o ambiente de la OMC, la relación entre la OMC y los AMUMA 
había sido una de las principales cuestiones, y aun cuando al comienzo no había existido una relación 
de facto  clara, el debate la había creado.  Era necesaria la aclaración de esta relación y posiblemente 
podría conseguirse en relación con el artículo XX o mediante directrices.  29. Teniendo en cuenta las diferencias de opini ón con respecto a la necesidad de aclarar la 
relación entre la OMC y los AMUMA, Noruega acogí a positivamente el documento de Suiza.  Antes 
de examinar un posible entendimien to interpretativo, el CCMA debería concentrarse en las premisas o 
los principios que regían esa relación.  Como había indicado Noruega en la reunión del CCMA de 
junio de 1999, podían citarse los siguientes ejempl os de tales principios:  que no hubiera jerarquía 
entre la OMC y los AMUMA;  que la OMC y los AMUMA se prestaran apoyo mutuo;  que la manera más efectiva de solucionar los problemas mundial es y transfronterizos de medio ambiente era 
mediante la cooperación internacional y las normas mu ltilaterales;  en la medida de lo posible se 
deberían evitar las medidas unilaterales;  en dete rminados casos parecía necesario adoptar medidas, 
incluso comerciales, para alcanzar los objetivos  de los AMUMA;  las políticas multilaterales en 
materia de medio ambiente se deberían seguir fo rmulando en el ámbito de los AMUMA y no de 
la OMC;  y los conflictos entre las Partes en un AMUMA en relación con la aplicación de ese AMUMA deberían solucionarse en su ámbito.  En relación con la declaración del Canadá, la OMC debería actuar con cautela al examinar la formulación de los criterios para los negociadores 
de otros instrumentos internacionales.  Noruega consideraba que no había jerarquía entre la OMC y 
los AMUMA.  Sin embargo, el enfoque de los criteri os podía convertirse fácilmente en una jerarquía.  
Por consiguiente, sería muy útil examinar los principios generales.  30. El representante del Brasil
 compartía la opinión de Hong Kong, China y de la India en el 
sentido de que no era necesario aclarar el ámbito de la OMC con respecto a su relación con 
los AMUMA, debido al hecho de que no se habí a producido ningún conflicto.  Así pues, cabría 
deducir que había un reconocimiento mutuo entre los AMUMA y la OMC de que no existía un 
conflicto.  Aun cuando esto no significaba que en el futuro no podrían surgir conflictos, como 
señalaban la CE y otros países, había que tener presente que la mayoría de los Miembros de la OMC eran también Parte en los AMUMA.  El Brasil estimaba que había un entendimiento mutuo de que 
la OMC y los AMUMA tenían esferas de competenci a distintas.  Además, como había señalado la 
Argentina, el comercio era solamente un elem ento de un conjunto de medidas utilizadas en 
los AMUMA, y sólo alrededor del 10 por ciento de los más de 200 AMUMA aplicaba medidas relacionadas con el comercio.  El Brasil se pre guntaba si, dado que las recientes negociaciones del 
Protocolo sobre la Bioseguridad se habían conclui do con éxito, era necesario continuar el debate sobre 
la relación entre la OMC y los AMUMA.  El Bras il alentaba a que se tomaran iniciativas informales, 
como por ejemplo la del PNUMA, para intercambiar opiniones sobre las medidas relacionadas con el comercio de los AMUMA y su compatibilidad con la OMC.  En el caso de que se intentara formalizar 
una aclaración de la relación entre la OMC y los AMUMA, esto podría resultar difícil, si no  WT/CTE/M/24 
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 imposible, y se necesitaría mucho tiempo y dinero para acercar las distintas perspectivas de los 
Miembros.  31. El representante de Nueva Zelandia
 dijo que el debate había contribuido a definir las 
cuestiones relativas a la relación entre la OMC y lo s AMUMA.  Aunque en último término se había 
llegado a un acuerdo, la negociación del Protocolo s obre la Bioseguridad había sido difícil.  Muchas 
de las preocupaciones expresadas por Suiza en relación con el apoyo y la deferencia mutuos se habían 
examinado detenidamente durante esas negociaciones.   El preámbulo del Protocolo se refería 
expresamente de manera precisa al punto del documen to de Suiza sobre el apoyo y la deferencia 
mutuos.  En el párrafo siguiente del preámbulo se señalaba sin ambigüedades que el Protocolo no se 
debía interpretar en el sentido de que entrañaba un cambio en los derechos y obligaciones de una Parte 
en virtud de cualquier acuerdo internacional vigente.  Como indicaba Australia, la OMC disponía de 
un mecanismo para el apoyo y la deferencia mu tuos con respecto a la relación entre la OMC y 
los AMUMA por medio de las sesiones de información periódicas relativas a los AMUMA en el CCMA.  Nueva Zelandia señalaba la dificultad de l enfoque de Suiza con respecto a la deferencia 
mutua y se preguntaba cómo sería posible convencer a los Miembros de la OMC que no eran parte en 
un AMUMA particular de que deberían aplicar "e l apoyo y la deferencia mutuos" entre esos dos 
conjuntos de acuerdos.  Esta cuestión fundamental se debía examinar.  En términos jurídicos, una 
interpretación del artículo XX se trataría como un a modificación efectiva, lo cual no sería útil.  
Los AMUMA eran muy dinámicos y quienes intervenía n en ellos encontraban soluciones ingeniosas 
para problemas complejos;  era este elemento de flexibilidad de los AMUMA lo que los hacía tan 
atractivos.  La codificación de la relación por me dio de una interpretación del artículo XX, tal como 
proponía Suiza, corría el riesgo de ahogar el dina mismo y la innovación en el derecho internacional 
sobre el medio ambiente.  En cuanto al párrafo 10 del documento de Suiza, Nueva Zelandia no estaba 
segura de que la determinación de la proporcionalidad de una medi da para conseguir un objetivo 
ecológico debiera decidirse exclusivamente en un AMUMA.  En muchos casos, dichas medidas 
estaban relacionadas con el comercio, y en con secuencia sujetas a obligaciones en el marco de 
la OMC.  No estaba claro de qué manera ayudaba el  enfoque de Suiza a "establecer los principios que 
rigen la relación entre las dispos iciones de la OMC y las de los AMUMA".  Nueva Zelandia haría 
nuevas observaciones sobre el enfoque de los principios y criterios del Canadá. 
 32. El representante de Hungría
 dijo que el documento de Suiza daba un impulso a un examen a 
fondo de la relación entre la OMC y los AMUMA.  Las sesiones de información relativas a 
los AMUMA, así como la información recopilada por la Secretaría en el documento WT/CTE/W/144, 
demostraban que sólo se utilizaban medidas come rciales en un pequeño número de AMUMA.  No 
obstante, al igual que Suiza y otros muchos países,  Hungría estimaba que el posible conflicto entre 
la OMC y los AMUMA merecía un debate detenido.  Hungría compartía la opinión de Suiza de que 
los regímenes de comercio y medio ambiente podían  y debían apoyarse mutu amente.  La OMC debía 
concentrarse en las cuestiones relacionadas con el  comercio y no dedicarse a establecer normas sobre 
el medio ambiente.  Los AMUMA no debían establecer normas comerciales y debían utilizar las medidas comerciales únicamente cuando se demostrara que eran necesarias para conseguir objetivos ecológicos, y sólo de manera que no constituy eran un medio de discriminación arbitraria o 
injustificable entre países en los que predom inaran las mismas condiciones o una restricción 
encubierta del comercio.  Había problemas de medi o ambiente de alcance mundial que como mejor 
podían solucionarse era por medio del uso de medid as comerciales.  Sin embargo, como indicaba la 
Argentina, las medidas comerciales eran sólo un instrumento en un conjunto de medidas en 
los AMUMA.  Hungría compartía la opinión de Suiza de que, con el fin de acl arar la relación entre 
la OMC y los AMUMA, no era necesario abrir de nuevo o modificar el artículo XX, o incluir un 
nuevo artículo en el Acuerdo sobre la OMC para ab ordar esta cuestión.  Hungría veía favorablemente 
la propuesta de Suiza de que se aclarase esta relación en forma de una decisión interpretativa.  En el 
caso de que se decidiera proseguir en el sentido pr opuesto por Suiza, había dos cuestiones básicas que 
deberían abordarse en dicha decisión para reducir al  mínimo los abusos proteccionistas.  La decisión 
debería contener criterios objetivos para dete rminar qué AMUMA deberían estar comprendidos.  WT/CTE/M/24 
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 Merecía la pena examinar los criterios del párrafo  10 del documento de Suiza y los expuestos por el 
Canadá, que podrían complementarse con otros.  La India había presentado otros dos criterios válidos.  
En la decisión tendría que queda r claro que las medidas comerciales de los AMUMA deberían ser 
necesarias para conseguir un objetivo ecológico, lo  menos restrictivas posible del comercio y no 
constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificada o una restricción encubierta del 
comercio internacional.  Los Miembros deberían exam inar las cuestiones planteadas, en particular por 
Hong Kong, China.  Hungría comentaría más tard e el documento de Suiza y el enfoque de los 
principios y criterios del Canadá.  33. La representante de Malasia
 pidió aclaraciones a Suiza sobre si estaba proponiendo que dos 
Miembros que al mismo tiempo fueran Parte en  un AMUMA pudieran proceder con una medida 
comercial sin tener que ajustarse al preámbulo del artículo XX.  Se preguntaba qué sucedería si uno 
de los dos Miembros decidiese demandar el caso en  la OMC basándose en que se habían violado sus 
derechos y si se hubiera propuesto que el OSD no de bería examinar si la medida en cuestión se 
ajustaba a la prueba de necesidad en virtud del ar tículo XX;  si la OMC debería limitarse a otros 
aspectos, por ejemplo si la medida constituía una discriminación arbitraria o injustificada;  y qué 
ocurría si la medida en cuestión no se hubiese justifi cado en primera instancia.  No podían ignorarse 
los derechos y obligaciones de los países que eran pa rte tanto en la OMC como en los AMUMA.  Al 
ajustarse a uno, había que tener en cuenta la compa tibilidad con el otro, sin que hubiera conflicto entre 
ambos.  Como había dicho el Brasil, los Miembros no deberían llegar al punto en que se solucionaran 
los conflictos con un costo elevado de tiempo y dinero.  Malasia pedía que se le aclararse si había una 
contradicción potencial entre los párrafos 4 y 5 del do cumento de Suiza en cuanto a la concentración 
de la OMC y los AMUMA en sus esferas de compet encia, pero sin excluir la posibilidad de que 
la OMC y los AMUMA examinaran sectores del ot ro.  Las disposiciones vigentes de la OMC 
proporcionaban un marco idóneo para la coexis tencia mutua entre los AMUMA y la OMC. 
 
34. El representante del Pakistán  respaldó las observaciones de Ho ng Kong, China, la India, 
México y el Brasil y compartió la opinión de Nu eva Zelandia de que una decisión interpretativa 
llevaría a una modificación jurídica del Acuerdo sobr e la OMC.  El Pakistán no creía que hubiera 
lugar para este tipo de decisión.  En cuanto a la posibilidad de un conflicto futuro entre la OMC y un AMUMA, era necesario plantearse los probl emas cuando llegaran.  La observación de 
Hong Kong, China de que por el mo mento no había crisis era válida. 
 
35. El representante de Suiza
 dio las gracias a los Miembros por sus observaciones, que habían 
estimulado el debate e indicaban que era necesario ex aminar esta cuestión.  Varios Miembros habían 
argumentado que, puesto que sólo el 10 por ciento de  los AMUMA incluían medidas comerciales, no 
había conflicto entre la OMC y los AMUMA, al no  haber crisis, y en consecuencia no eran necesarias 
aclaraciones.  Estos argumentos no eran convincen tes.  No tenía importancia el número de AMUMA 
que contenían disposiciones comerciales;  bastab a que varios AMUMA importantes las incluyeran 
para que surgiera la posibilidad de conflictos. Durante la presentación del Protocolo de Montreal en la 
sesión de información relativa a los AMUMA, se había señalado claramente que había un riesgo sustancial de que las Partes en el Protocolo, no  todas ellas Parte en las modificaciones posteriores, 
pudieran presentar ante la OMC una diferencia sobre una medida comercial estipulada en una 
modificación.  La Secretaría del Protocolo de Montreal también había indicado que era necesario 
aclarar la relación entre la OMC y los AMUMA.  Varios Miembros habí an mencionado que las 
posibilidades de conflicto se referían no sólo a los AMUMA vigentes, sino también a los futuros, y 
que era necesaria una aclaración, especialmente a fin de facilitar la negociación de los futuros 
AMUMA.  La referencia al caso de los Camarones-tortugas  en el documento de Suiza no pretendía 
indicar que este caso hubiera solucionado la cuestió n de la relación entre la OMC y los AMUMA;  
indicaba una interpretación de las normas de la OMC de tal manera que los términos "recursos 
naturales agotables" y "necesarias para proteger la vi da y la salud de las personas" en el artículo XX 
coincidían con el enfoque de Suiza.  Así pues, los grupos especiales de la OMC no habían aclarado la 
relación entre la OMC y los AMUMA y deberían ser los Miembros quienes lo hicieran, y no grupos  WT/CTE/M/24 
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 especiales.  Suiza estaba de acuerdo en que las medidas comerciales eran "sólo un mecanismo en el 
conjunto de instrumentos utilizados en los AMUMA" ;  que la asistencia técnica y financiera, la 
cooperación técnica y la creación de capacidad también eran importantes;  y que las medidas 
comerciales deberían ser el último recurso.  Sin emba rgo, aunque no había probl emas con la asistencia 
técnica y las normas de la OMC, existía la posibilid ad de conflictos con las medidas comerciales de 
los AMUMA.  Un elemento importante de la pr opuesta de Suiza era que la OMC debería tener 
competencia para verificar si las medidas co merciales de los AMUMA eran arbitrarias, 
discriminatorias o proteccionistas.  Sin embargo, los negociadores de los AMUMA ya habrían decidido si esas medidas eran necesarias;  la  OMC no deberían duplicar ese trabajo. 
 
36. Suiza tomó nota del acuerdo en el sentido de  que la OMC y los AMUMA deberían apoyarse 
mutuamente y de que el punto de partida para los de bates debería ser su compatibilidad.  Los criterios 
de la India según los cuales los AMUMA deberían re presentar a todos los continentes y los niveles de 
desarrollo eran válidos;  un AMUMA negociado sólo  por algunos países no constituiría un AMUMA 
con una base amplia.  En cuanto a si los principios de Suiza deberían ser diferentes en función de que 
en una diferencia intervinieran Partes en un AMUM A o Partes/no partes en él, Suiza estimaba que las 
normas deberían ser las mismas, pero era necesario reflexionar sobre esto.  Había distintas formas válidas de aclarar la relación entre la OMC y lo s AMUMA.  Como habían indicado el Canadá y 
Noruega, no había por qué solucionar esta cu estión en este momento;  la atención debería 
concentrarse en el contenido de la relación.  
Punto 7
  Cuestión de las mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen  
 37. El representante de Bangladesh
 presentó el documento de su delegación sobre el comercio de 
mercancías cuya venta está prohibida en el país de  origen, WT/CTE/W/131, en el que se describía la 
experiencia de Bangladesh y se formulaban recomend aciones para incorporarlas al trabajo sobre las 
mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen.  Había varios AMUMA que ayudaban a 
controlar el comercio de dichas mercancías y contribu ían a reducir los riesgos para la vida y la salud 
de las personas, los animales y las plantas con resp ecto a los desechos peligrosos, los estupefacientes 
y las sustancias psicotrópicas, las sustancias quími cas y orgánicas y los contaminantes orgánicos 
persistentes.  Al abordar la cuestión del comercio de  mercancías cuya venta está prohibida en el país 
de origen había que tener presente la soberanía de cada país para adoptar decisiones de restricción o 
prohibición de las importaciones de mercancías nocivas para la salud humana y el medio ambiente.  
Al mismo tiempo, las medidas restrictivas deberían basarse en principios científicos, de conformidad con las disposiciones de la OMC, en particular el Acuerdo MSF.  Era necesario alcanzar un equilibrio 
para garantizar que las medidas no se convirtiera n en obstáculos innecesarios al comercio.  Los 
gobiernos tenían que desempeñar una función aceptando su responsabilidad, de manera que los 
intereses comerciales no se impusieran sobre el bienestar de otros países.  El bienestar humano y la 
equidad exigían que las sustancias clasificadas científ icamente como perjudiciales para las personas y 
para el medio ambiente no fueran objeto de comercio.  Los países importadores, exportadores y de tránsito deberían comprometerse a reducir al míni mo los posibles daños ocasionados por el comercio 
de mercancías cuya venta está prohibida en el país  de origen.  En el documento de Bangladesh se 
señalaban posibles medidas correctoras.  Como primera medida, el CCMA debería restablecer y 
fortalecer el sistema de notificación de mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen 
de 1982, que para ser eficaz debería abarcar las mer cancías cuya venta está prohibida en el país de 
origen cuya exportación se había prohibido y que se seguían exportando.  Bangladesh pedía a la Secretaría que actualizara los documentos anteriores sobre mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen, concentrándose en la exportación de productos de consumo c uya venta está prohibida 
en el país de origen en cooperación con los AMUM A pertinentes, como por ejemplo los Convenios de 
Basilea y sobre el CFP y el proyecto del Conve nio sobre los COP, la OMS, el PNUMA y la 
UNCTAD.  Las ONG que se ocupaban del comercio, el medio ambiente y la salud también podrían 
contribuir a respaldar las medidas en este sector.  Había necesidad de creación de capacidad, cooperación técnica y mayor intercambio de información sobre las mercancías cuya venta está WT/CTE/M/24 
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 prohibida en el país de origen entre los países  en desarrollo y desarrollados y entre los países en 
desarrollo sobre su comercio ilícito.  La export ación de dichas mercancías también debería tener 
prioridad para el Grupo de Trabajo Especial PNUMA-UNCTAD sobre la creación de capacidad acerca del comercio, el medio ambiente y el desarrollo.  
38. El representante de Egipto
 indicó que estaba convencido de  que el documento de Bangladesh 
abordaba cuestiones fundamentales relativas al come rcio de mercancías cuya venta está prohibida en 
el país de origen y puso de relieve la experienci a de Bangladesh.  Egipto respaldaba la necesidad de 
asistencia técnica para los países en desarrollo, a fin de crear capacidad en orden a ocuparse de las mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen.  También era importante buscar la 
cooperación internacional con objeto de tomar las me didas necesarias para c ontrolar las mercancías 
cuya venta está prohibida en el país de origen a nivel mundial, lo cual ayudaría a los gobiernos a 
detectar las prácticas encubiertas de algunas compañías.  En la segunda recomendación del 
documento de Bangladesh se suponía que el problema de las mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen se podía abordar mediante norma s y reglamentos internos adecuados sobre salud y 
medio ambiente en relación con las importacione s de dichas mercancías;  así pues, Bangladesh 
solicitaba asistencia técnica en este sector.  Sin embargo, Egipto estimaba que no sólo se requería 
asistencia técnica para formular reglamentos internos, sino también para conseguir que fueran eficaces.  También debería destinarse asistencia té cnica al mejoramiento de la capacidad humana e 
institucional de las autoridades competentes para de tectar las importaciones de mercancías cuya venta 
está prohibida en el país de origen y para determin ar la manera de ocuparse de su comercio.  Egipto 
haría observaciones detalladas una vez examinado ulteriormente el documento en la capital. 
 39. El representante de la India
 dijo que su delegación concedía  importancia a la exportación de 
mercancías cuya venta está prohibida en el país de  origen y respaldaba los puntos planteados en el 
documento de Bangladesh.  Bangladesh también ha bía formulado recomendaciones concretas sobre 
las cuales podría avanzar el trabajo relativo a dich as mercancías.  La India opinaba que el CCMA 
tenía competencia para actuar con respecto a l as recomendaciones de Bangladesh, que se referían 
principalmente a la transparen cia y la asistencia técnica. 
 40. El representante de Hong Kong, China
 dijo que su delegación acogía positivamente las 
recomendaciones de Bangladesh sobre las mercancías cu ya venta está prohibida en el país de origen.  
Preguntó de qué manera se administraba en la  OMC la decisión de 1982 sobre este tipo de 
mercancías;  si su aplicación se debería imponer en el ámbito de ese órgano de administración;  y sí, tras la entrada en vigor de la OMC, había otr as prescripciones sobre la notificación relativas a las 
mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen.  
41. El representante del Japón
 dijo que su delegación comprendí a las preocupaciones planteadas 
en el documento de Bangladesh.  Sería útil un examen de los tipos concretos de problemas que 
encontraban los países en desarrollo.  A partir de  él podrían estudiarse resultados específicos, así 
como el tipo de asistencia técnica.  Dado que había otras organizaciones y acuerdos internacionales 
que ya se ocupaban de muchas de las mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen, la 
Secretaría podría preparar una actualizaci ón del trabajo sobre dichas mercancías.  
 
42. El representante de Suiza  hizo unas observaciones preliminares sobre el documento de 
Bangladesh.  Era interesante observar que, mientras  que las mercancías cuya venta está prohibida en 
el país de origen podían ocasionar problemas al medio ambiente y la economía internos, así como 
acarrear riesgos para la salud humana, también podrían tener otras funciones, como por ejemplo en 
relación con la salud y la seguridad alimentaria.  Suiza estaba interesaba en obtener más información 
sobre la manera en que se habían tratado las mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen en los talleres regionales de la UNCTAD, en particular la situación específica en los países en desarrollo.  Merecía la pena investigar por qué no había habido ninguna notificación de mercancías 
cuya venta está prohibida en el país de origen al GATT/OMC desde 1990.  Según la información  WT/CTE/M/24 
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 preliminar, la industria suiza había establecido un có digo de conducta que exigía la notificación a los 
países importadores de las mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen y las sustancias químicas sometidas a restricciones rigurosas para ci ertos usos en Suiza.  Suiza no sólo había 
prohibido la utilización, sino también la producción de muchas sustancias químicas peligrosas, como 
el DDT.  Suiza también había firmado el Convenio s obre el CFP, que debería ratificar el Parlamento 
en el presente año, y esperaba que otros países industrializados hicieran lo mismo.  Los AMUMA, 
como por ejemplo los Convenios sobre el CFP y de Basilea y el proyecto de Convenio sobre los COP y el Protocolo de Montreal eran el mejor lugar para solucionar la mayoría de los problemas que afectaban a las mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen.  Sin embargo, también sería necesario aclarar la relación entre la OMC y los AMUMA.  Podría haber situaciones relativas a las 
mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen que quedaran fuera del ámbito de los 
acuerdos internacionales vigentes.  La Secretar ía podría preparar, en cooperación con otras 
organizaciones internacionales, un estudio sobre la exportación de productos de consumo cuya venta 
está prohibida en el país de origen basándose en documentos anteriores.  Para evitar duplicaciones, la 
atención debería concentrarse en las mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen todavía 
no comprendidas en otros instrumentos.  Suiza cont ribuiría de manera constructiva a la búsqueda de 
soluciones eficaces en este sector.  43. El representante de Noruega
 dijo que el documento de Bangl adesh constituía una aportación 
útil al debate sobre el comercio de mercancías cu ya venta está prohibida en el país de origen.  
Bangladesh proponía la reanudación del sistema de notificación de las mercancías cuya venta está 
prohibida en el país de origen establecido por el GATT en 1984, y que este sistema se aplicara a los 
productos de consumo no comprendidos en otros instrumentos internacionales;  Noruega era favorable a esta propuesta.  Noruega deseaba referirs e al documento de la Secretaría WT/CTE/W/73, 
que contenía información sobre los productos incl uidos en el ámbito de otros instrumentos 
internacionales y sus requisitos de notificación.  Di cha nota podría actualizarse para conocer mejor los 
productos que habían de figurar en el sistema de  notificación propuesto por Bangladesh.  En 1991, el 
Grupo de Trabajo del GATT sobre las mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen no 
había conseguido llegar a un acuerdo sobre los producto s comprendidos en el sistema de notificación.  
Si no se definían con claridad los productos incluidos, el sistema de notificación suministraría información no uniforme.  Noruega estimaba que esta cuestión se debería abordar, pero mientras tanto 
podría reanudarse el sistema de notificación de mercan cías cuya venta está prohibida en el país de 
origen de 1984, tal como proponía Bangladesh. 
 44. El representante del Pakistán
 hizo suyo el enfoque de Bangladesh y dio las gracias a Egipto 
por exponer su preocupación acerca de las mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen de carácter específico.  Las recomendaciones de Bangl adesh eran moderadas y entraban en el ámbito 
de la competencia del CCMA;  las recomendacion es buscaban la transparen cia en cuanto a las 
notificaciones y la adopción de medidas concretas en orden a la asistencia técnica en relación con el control del comercio de mercancías cuya vent a está prohibida en el país de origen.  
 45. El representante de Nueva Zelandia
 dijo que la cuestión de las mercancías cuya venta está 
prohibida en el país de origen era importante en el orden del día del CCMA y expresó su aprecio por 
las recomendaciones concretas del documento de Bangladesh.  Tal como señalaba Bangladesh, se 
estaba trabajando en otras organizaciones, como el PNUMA y el proyecto de Convenio sobre los COP.  Nueva Zelandia se adhería a los principios  expuestos en el documento de Bangladesh, en el 
sentido de que debería intensificarse la cooper ación entre las organizaciones pertinentes sobre las 
mercancías cuya venta está prohibida en el país de  origen a fin de asegurar que hubiera un sistema 
eficaz para abordar este aspecto.  Como primera medida, sería útil que la Secretaría facilitará 
información actualizada sobre las novedades en este  sector.  Como señalaba Egipto, la asistencia 
técnica era importante y sería útil seguirla ex aminando.  Se requería información sobre las 
necesidades específicas de los países  en desarrollo y sería útil tener presente la asistencia técnica ya 
suministrada por la OMC y por otros en relación con dichas mercancías.  Nueva Zelandia era WT/CTE/M/24 
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 favorable a las recomendaciones de Bangladesh;  los debates sobre las cuestiones del acceso a los 
mercados podían complementarse c on una labor concreta en relaci ón con las mercancías cuya venta 
está prohibida en el país de origen.  46. El representante de las Comunidades Europeas
 dijo que su delegación acogía favorablemente 
las preocupaciones de Bangladesh.  La CE de jaba constancia del sentido de cooperación y 
participación activa en este punto, estableciendo una conexión con los debates en relación con los 
puntos 1 y 5, en los que esperaba que predominara el  mismo espíritu.  En relación con el caso de los 
jabones que contenían mercurio planteado por Egipto , al reunir pruebas sobre el comercio de esos 
productos se había puesto de manifiesto la existenc ia de alguna actividad ile gal en varios Estados 
miembros de la CE.  Se habían encontrado en países vecinos jabones con mercurio que se habían 
prohibido en la CE.  Algunos de esos productos se habían producido en Europa, mientras que otros se habían producido en otras partes, pero se habían presentado como producción europea.  Incluso en 
la CE, mercado con una reglamentación rigurosa y un grado elevado de recursos gubernamentales 
para la protección del consumidor , había productos que la CE deseaba prohibir, pero que a pesar de 
todo conseguían entrar en el mercado.  Esto era pe rtinente para la aplicación práctica de algunas de las 
recomendaciones de Bangladesh.  Como se ilustraba por la experiencia con la reglamentación de las mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen en determinados países en desarrollo, no todas esas mercancías eran "malas" desde la perspectiv a de los países importadores;  los países tenían 
distintos puntos de vista sobre la utilidad de cierto s productos.  Por ejemplo, se informaba que Uganda 
había señalado en el Taller de la UNCTAD en Cuba que la ropa usada era una mercancía cuya venta 
está prohibida en el país de origen;  no era esa la opinión de la CE.  Con arreglo a la experiencia de 
Costa Rica, como había señalado Egipto, el aume nto de la capacidad de las autoridades de 
reglamentación del país para impe dir que ciertos productos llegaran al  mercado era la primera y mejor 
solución para el problema de la comercialización de productos en contra de los intereses del 
consumidor.  Dado que cada país de bía asumir la responsabilidad de reglamentar sus importaciones de 
la manera menos restrictiva posible del come rcio, ¿hasta qué punto sería apropiado establecer 
sistemas más rigurosos en los países exportadores?  En principio, si el régimen de exportación se 
basaba en el consentimiento fundamentado previo, esto no debería ser restrictivo del comercio.  En la práctica, el hecho de tratar de imponer control es sobre las exportaciones de desechos no peligrosos 
aun cuando se administraran en redes burocráti cas con recursos abundantes provocaba retrasos y 
costos tanto en las economías importadoras como en  las exportadoras.  Esto no era solamente una 
cuestión de Norte-Sur, sino que también se planteab a entre países con distintos marcos reglamentarios 
para los productos en cuestión.  Era importante ser conscientes de los costos que llevaba consigo el 
establecimiento de controles en est e sector.  Sería útil que el documento de la Secretaría sobre las 
mercancías cuya venta está prohibida en el país  de origen incluyera una descripción de la Lista 
Consolidada de las Naciones Unidas. 
 
47. El representante de Egipto
 dio las gracias a la CE por la información adicional sobre la 
cuestión de los jabones que contenían mercurio.  Eg ipto esperaba que el debate en el CCMA pudiera 
llevar a una cooperación, asistencia y coordinación  internacionales más intensas para elaborar un 
mecanismo de control del comercio de las mercancías  cuya venta está prohibida en el país de origen 
en todo el mundo y ayudar a las autoridades gubernam entales a detectar las prácticas encubiertas de 
las compañías en este sentido.  La cuestión de este tipo de mercancías era más un problema para los 
países en desarrollo que para los desarrollados.  Co n toda la reglamentación en materia de salud, 
inocuidad y medio ambiente vigente en muchos países desarrollados, Egipto estimaba que estas 
mercancías no podrían entrar fácilmente en esos países, pero éstos no tenían dificultades para 
introducirlas en países en desarrollo, debido a la falta  de recursos para vigilar esos movimientos. 
 
48. El representante de los Estados Unidos  dijo que su delegación estaba examinando el 
documento de Bangladesh y estaba interesada en la r espuesta de la Secretaría a las preguntas de los 
Miembros, en particular sobre qué  órgano de la OMC administraba la Decisión sobre las mercancías 
cuya venta está prohibida en el país de origen de 1982.  En la medida en que ese era un problema  WT/CTE/M/24 
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 general con respecto a las notificaciones en este c aso y en otros en la OMC, se debería abordar 
como tal.  49. El representante de Tailandia
 dijo que su delegación conced ía una prioridad elevada a la 
cuestión de las mercancías cuya venta está prohib ida en el país de origen y refrendaba las 
recomendaciones de Bangladesh en su documento. 
 50. El representante del Brasil
 indicó que compartía las opiniones expresadas en el documento de 
Bangladesh.  El Brasil estaba interesado en reciclar ciertos tipos de desechos, puesto que la industria 
del reciclaje era rentable.  Cuando la Secretaría ac tualizara el estudio sobre las mercancías cuya venta 
está prohibida en el país de origen, debería te ner presente que abarcaba una amplia variedad de 
productos distintos, como había señalado la CE.  La Secretaría tendría dificultades para facilitar 
información acerca de los posibles efectos de las mer cancías cuya venta está prohibida en el país de 
origen en la salud humana y en el medio ambiente.  
51. El representante del Canadá
 dijo que su delegación estaba interesada en señalar que la 
cuestión de las mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen se había replanteado, dado que se habían negociado otros instrumentos intern acionales para abordar los problemas más graves de 
dichas mercancías.  Esta cuestión se estaba tratando en varios AMUMA, entre ellos los Convenios de 
Basilea y sobre el CFP y el proyecto de Convenio sobre los COP y el Protocolo de Montreal.  Los países tal vez no efectuaran notificaciones en cumplimi ento de la Decisión sobre las mercancías cuya 
venta está prohibida en el país de origen de 1982 por considerar que era suficiente pertenecer a 
los AMUMA.  Con el fin de no duplicar el tr abajo que se estaba realizando sobre instrumentos 
relativos al medio ambiente en este sector, el CCM A debería concentrarse en las lagunas existentes en 
la cobertura de los AMUMA y otras organizaci ones internacionales.  Esta cuestión debería 
examinarse con renovado interés con objeto de determinar lo que se podría conseguir de manera útil. 
 
52. El observador de la UNCTAD
 dijo que ésta estaba ejecutando un proyecto, financiado por el 
Reino Unido, sobre la creación de capacidad en rel ación con el comercio y el medio ambiente con la 
participación de 10 países en desarrollo.  En  noviembre de 1999 se había celebrado un taller en 
Filipinas y en mayo de 2000 otro en Cuba, en los cuales se había examinado la cuestión de las 
mercancías cuya venta está prohibida en el país de  origen, concentrándose en la búsqueda de lagunas 
en la cobertura de dichas mercancías por los instru mentos internacionales.  Bangladesh había tomado 
la iniciativa de presentar esta cuestión basándose en  el documento que había aportado al taller de 
Cuba.  La UNCTAD proporcionaría de buen grado las aportaciones de los países a esos talleres para 
el estudio de las mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen.  Con respecto al ejemplo de la ropa usada, si esos productos estaban cont aminados con sustancias enumeradas en el Convenio 
de Basilea, en ese caso la ropa usada entraría en la  definición de desechos peligrosos de Basilea.  La 
determinación de las lagunas en la cobertura de los instrumentos internacionales era compleja;  los 
estudios de los países preparados para los talleres de  la UNCTAD eran un primer paso para identificar 
preocupaciones específicas en este sector.  El deba te en los talleres se había orientado a los productos 
de consumo cuya venta está prohibida en el país de origen, como se señalaba en el documento de 
Bangladesh.  La UNCTAD y el PNUMA habían distribuido un documento, WT/CTE/W/138, sobre el 
Grupo de Trabajo para el Mejoramiento de la Cap acidad en Materia de Comercio, Medio Ambiente y 
Desarrollo, de acuerdo con el cual Bangladesh pod ía presentar la propuesta que exponía en su 
documento.  53. El representante de Bangladesh
 dio las gracias a los Miembros por su respaldo a las 
propuestas del documento de su delegación.  Como pr imera medida, reiteró la petición de su país de 
que la Secretaría actualizara la información sobre las lagunas en la cobertura de las mercancías de consumo cuya venta está prohibida en el país de origen.   WT/CTE/M/24 
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 54. El representante de la Secretaría
 dijo que el documento WT/CTE/W/43 contenía información 
sobre el sistema de notificación de mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen establecido en el GATT en 1982 (BISD, 29S/19).  En virtud de este sistema se habían hecho 50 notificaciones entre 1983 y 1990;  seguía en  vigor, aunque no se había recibido ninguna 
notificación desde 1990.  El principal motivo de que este sistema ya no se utilizara era que se había 
convertido en un procedimiento ex cepcional, mediante el cual los países notificaban que no 
exportaban mercancías cuya venta está prohibida en el  país de origen.  En la medida en que otros 
mecanismos de notificación de la OMC facilitaban información sobre las mercancías cuya venta está 
prohibida en el país de origen, como se estab lecía en el documento WT/CTE/W/43, podrían ser 
pertinentes los sistemas de notificación de obstácu los técnicos al comercio, medidas sanitarias y 
fitosanitarias, restricciones cuantitativas y otros en el marco de la OMC.  La cobertura de las 
mercancías cuya venta está prohibida en el país de  origen en otros instrumentos internacionales se 
examinaba en el documento WT/CTE/W/73.  En cuan to a la asistencia técnica relativa a este tipo de 
mercancías, era una cuestión que se incluía en los seminarios regionales de la OMC sobre comercio y medio ambiente;  serían bien acogidas las propuestas de nueva asistencia técnica. 
 
55. Se acordó
 que la Secretaría preparase una actualización de los documentos anteriores sobre la 
exportación de mercancías cuya venta está prohibida  en el país de origen, concentrándose en las 
lagunas de la cobertura de otros instrumentos intern acionales y de la medida en que esos instrumentos 
se ocupaban de estas mercancías.  
Punto 8
  Disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio  
 56. El representante de la India
 presentó el documento WT/CTE/W/156-IP/C/W/198 de su 
delegación sobre la experiencia nacional de su país en relación con la protección de la biodiversidad y 
los conocimientos tradicionales.  La posición de la India sobre la  relación entre el Acuerdo sobre 
los ADPIC y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) se había expuesto en sus documentos anteriores, WT/CTE/W/65 y WT/CTE/W/85.  La India era uno de los 12 países con mayor biodiversidad del mundo, con un 7-8 por ciento de las especies mundiales, y disponía también de una 
gran riqueza de conocimientos tradicionales e indíge nas codificados e informales.  La India era Parte 
en el CDB, que había entrado en vigor el 29 de diciembre de 1993.  La India había presentado en el 
Parlamento el Proyecto de Ley de 2000 sobre la  Biodiversidad para abordar las preocupaciones 
básicas relativas al acceso de los ex tranjeros a los recursos biológicos , a  su recogida y utilización, así 
como a la distribución de los beneficios resultantes de ese acceso.  Esta legislación preveía la creación de una Autoridad Nacional, que concedería au torizaciones para el acceso, en determinadas 
condiciones, lo cual garantizaría la distribución e quitativa de los beneficios, en aplicación del CDB.  
El documento de la India abordaba la relación en tre la biodiversidad y el Acuerdo sobre los ADPIC, 
en particular con respecto a las patentes.  Ha bía habido casos de biopiratería de conocimientos 
tradicionales de la India.  El caso más conocido era el de la cúrcuma, para el cual se había concedido 
una patente en los Estados Unidos, que posteriorme nte se había anulado.  Desde entonces también se 
habían obtenido patentes en otros países  para las propiedades hipoglucémicas del karela y el brinjal.  
La cuestión se refería a la obtención de patentes por  parte de extranjeros sobre la base de material 
biológico de la India.  A este respecto habí a quienes opinaban que el Acuerdo sobre los ADPIC 
ayudaba a explotar la biodiversidad, al privatizar la diversidad biológica expresada en formas de vida 
y en conocimientos tradicionales.  También se ha bía dado un caso reciente en el que la Oficina 
Europea de Patentes había anulado una  patente para la margosa como fungicida en mayo de 2000.  En 
el documento de la India se indicaba que se ha bían necesitado cantidades prohibitivas de tiempo y 
dinero para que se volvieran a examinar y se anul aran las patentes en las oficinas de patentes 
extranjeras de países desarrollados.  De ahí la neces idad de una solución aceptada internamente para 
este tipo de biopiratería.  Si bien la legislación n acional era importante, el problema de la biopiratería 
no se podía resolver solamente con ella.  Eran  también necesarias medidas internacionales.  
  WT/CTE/M/24 
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 57. Aunque el CDB reconocía el derecho soberano de los Estados sobre sus recursos biológicos, 
el Acuerdo sobre los ADPIC trataba los derechos de  propiedad intelectual como un derecho privado.  
La India había propuesto que en las solicitudes de pa tente se exigiera la declaración de la fuente de 
origen del material biológico de una invención en  virtud del Acuerdo sobre los ADPIC y la obtención 
de un consentimiento fundamentado previo del país de origen de ese material biológico.  Si se 
introducían esas prescripciones, los mecanismos institucionales inter nos del país interesado podrían 
garantizar que los titulares de las patentes compartier an los beneficios derivados de su uso comercial 
con los propietarios de los conocimientos tradiciona les, es decir, las comunidades indígenas.  La 
protección de los conocimientos, las innovaciones y las prácticas tradicionales asociados con los 
recursos biológicos no parecían quedar incluidos en  los sistemas jurídicos ordinarios de protección de 
los derechos de propiedad intelectual.  Los der echos de propiedad intelectual ordinarios no eran 
adecuados para proteger los conocimientos tradic ionales, puesto que se basaban en la protección de 
derechos de propiedad individuales, mientras  que los conocimientos tradicionales eran 
fundamentalmente de propiedad colectiva.  La  dificultad estaba en que los conocimientos 
tradicionales se habían adquirido a lo largo del tiempo y podían no estar codificados en textos o 
haberse mantenido en tradiciones orales.  Así pu es, no se habían cumplido las condiciones de novedad 
e innovación para la concesión de una patente, porque esos conocimientos habían sido de dominio 
público durante generaciones.  Algunas comunidades también poseían conocimie ntos en paralelo con 
otras comunidades.  La India consideraba que la elaboración de una forma adecuada de protección para los conocimientos de las comunidades local es era de interés para los países ricos en 
biodiversidad y conocimientos tradicionales. 
 
58. La documentación podía impedir la biopiraterí a;  la India estaba introduciendo Registros 
Comunitarios de la Biodiversidad.  A raíz  de la patente sobre las berenjenas ( brinjal), se había 
iniciado en la India la elaboración de bases de dato s informatizadas, fáciles de consultar, sobre los 
conocimientos tradicionales documen tados de dominio público, es d ecir, bibliotecas informatizadas 
de conocimientos tradicionales.  Si las oficinas de  patentes de todo el mundo dispusieran de este tipo 
de bases de datos informatizadas, esto contribuiría a impedir la biopiratería.  La documentación de los 
conocimientos tradicionales era solamente una  forma de reconocer a los titulares de los 
conocimientos;  no permitiría la distribución de los beneficios derivados del uso de dichos 
conocimientos a menos que contara con el respal do de mecanismos de protección.  Así pues, la 
documentación era necesaria, pero no suficiente para  proteger los conocimientos tradicionales.  La 
India había tratado de facilitar a los inventores el  registro y los sistemas de patente de las 
innovaciones, por ejemplo mediante la red de bases de datos Honeybee, una de las más grandes del 
mundo sobre innovaciones básicas.  En cuanto al desarrollo de un sistema sui generis para los 
recursos biológicos, a diferenc ia del que proporcionaba el Acue rdo sobre los ADPIC para la 
protección de las obtenciones vegetales, la India dijo que la documentación y el registro eran 
importantes, pero que las personas que poseían lo s conocimientos tradicionales no tenían capacidad 
para beneficiarse de ellos.  Por consiguiente, como  parte de su presupuesto para 1999-2000, la India 
había propuesto la creación de una Fundación Nacional  de las Innovaciones para elaborar un registro 
nacional de ellas.   59. Era interesante comprobar en el documen to WT/CTE/W/125 que de los 112 países que se 
habían adherido al Compromiso Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos, sólo 44 eran Parte en 
la UPOV.  De éstos, únicamente 12 se había adheri do al modelo de 1991.  Por consiguiente, la 
mayoría de los que habían elegido la UPOV parecían  preferir el modelo de 1978 (párrafos 4 y 11).  
La UPOV no parecía estar plenamente informad a acerca de varios otros modelos existentes y 
nacientes que se basaban en precepto s distintos de los suyos o en sistemas de patentes (párrafo 10).  
La India señaló a la atención un documento reciente de  Carlos Correa, "Opcione s para la aplicación de 
los derechos de los agricultores a nivel nacional", pa ra el Instituto Agronómic o de Ultramar, Italia.  
Fue interesante el hecho de que la FAO y la UPOV observaran que la UPOV y el Compromiso Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos no er an incompatibles y podían coexistir en un sistema 
sui generis (párrafo 13).  El párrafo 19 no reflejaba plenam ente las disposiciones pertinentes del CDB.  WT/CTE/M/24 
Página 22  
 
 El CDB también exigía a las Partes que adoptasen medidas jurídicas, administrativas o normativas en 
materia de acceso a los recursos biológicos y transf erencia de tecnología basada en dichos recursos.  
Las disposiciones del CDB, consideradas conjuntamente  con los artículos 7 y 8 y los párrafo 2 y 3 b) 
del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, propor cionaban un modelo para las leyes de acceso y 
protección.  El estudio de sólo 18 de los 137 países no se podía considerar una muestra representativa 
para determinar las prácticas nacionales relativas a los modelos de protección de las obtenciones 
vegetales adoptadas por los Miembros de la OMC.   La India indicó la sección IV del documento 
WT/CTE/W/125, en el que se exponía que:  a) los pr oductos derivados de recu rsos genéticos y otros 
elementos intangibles se estaban convirtiendo en pa rte integrante de los sistemas de protección sui 
generis, sobre todo en los países en desarrollo;  y b) se estaba introduciendo en las legislaciones 
nacionales el consentimiento fundamentado previo  de las aplicaciones de las patentes para la 
utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales. 
 60. El representante de Tailandia
 agradeció a la FAO la presentación de su documento y acogió 
con satisfacción la revisión del Compromiso.  Ta ilandia observó que el Compromiso, a diferencia de 
la UPOV de 1991, reconocía la impor tancia de los derechos del ag ricultor y del obtentor.  Debía 
protegerse el derecho soberano de los países sobre sus recursos y los derechos de las comunidades y 
los agricultores indígenas.  El Acuerdo sobre los ADPIC debería reconocer el concepto de 
distribución equitativa de los beneficios.  El párrafo  3 b) del artículo 27 debería seguir abierto para 
que los Miembros eligiesen un sistema de patentes.  Tailandia entendía que el Compromiso se convertiría en un instrumento jurídicamente vincul ante relacionado con la FAO y el CDB y estimaba 
que cuando se aplicase el Compromiso deberí a abordarse el examen del mecanismo de 
fortalecimiento.  61. El representante del Perú
 señaló que el documento de la I ndia había contribuido de manera 
importante al debate.  Numerosos países en de sarrollo habían definido su posición en foros 
internacionales, por ejemplo en la OMPI y la FAO.   La India había analizado distintas maneras de 
proporcionar protección a los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales mediante los 
derechos de propiedad intelectua l aplicando sistemas existentes y sui generis.  El Perú apreciaba la 
referencia a los problemas concretos de la India co n respecto a la biopiratería.  El Perú estaba de 
acuerdo en que en la propiedad intelectual ordina ria no podían estar comprendidos los conocimientos 
tradicionales.  En algunos casos habría que establecer regímenes sui generis  o ajustar los existentes 
para incluir la protección de lo s conocimientos tradicionales. 
 62. El representante del Brasil
 dio las gracias a la India por su valioso documento.  Era un hecho 
bien conocido que los conocimientos tradicionales podí an contribuir de manera significativa a varios 
sectores industriales, en particular al sector farm acéutico, donde los conoc imientos tradicionales 
podían desempeñar una función esencial en la fase de  selección previa para la identificación de las 
sustancias activas de los me dicamentos.  Si hubiera que sintetizar tales sustancias, su investigación en 
los laboratorios tardaría años y probablemente se n ecesitarían millones de dólares.  Al igual que la 
India, el Brasil estaba debatiendo proyectos de le y sobre el acceso a los recursos genéticos, que 
incluían cuestiones como la distribución de los beneficios y la protección de los conocimientos 
tradicionales para la aplicación del CDB.  El Bras il estaba de acuerdo con la India en que sería menos 
eficaz en relación con los costos establecer sistemas de distribución de los beneficios en el sistema de 
patentes, nacionales o internacionales, que utilizar r ecursos en procesos judiciales costosos para la 
anulación de patentes que incluyeran recursos ge néticos ilegales.  La India había señalado su 
experiencia con la biopiratería en los casos de la margosa, el basmati y la cúrcuma y había introducido 
un tema de interés para la aplicación del CDB a este respecto.  La biopiratería había afectado 
fundamentalmente a los países ricos en biodiversidad , la mayor parte de los cuales eran países en 
desarrollo.  La biopiratería podía llegar a ser menos re ntable para los biopiratas que el establecimiento 
de sistemas de distribución de los beneficios en el sistema de patentes.  El Brasil estaba de acuerdo con la India en que los sistemas jurídicos ordina rios de protección de los derechos de propiedad 
intelectual no proporcionaban necesariamente un ámbito adecuado para la protección de los  WT/CTE/M/24 
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 conocimientos tradicionales.  Algunos países habían  mencionado la posibilidad de utilizar el sistema 
de derechos de propiedad intelectua l existente para proteger los conoc imientos tradicionales.  En la 
medida en que esto fuera viable, los países no deberían descartar esa posibilidad, aunque tal vez 
valdría la pena que este debate se mantuviese en otras organizaciones, por ejemplo la OMPI, que contaban con conocimientos técnicos y recursos suficientes para establecer una cooperación técnica 
en este sector.  La India había aportado una contri bución útil en relación con la documentación de los 
conocimientos tradicionales.  La vasta experi encia de la India, expuesta en su documento, 
proporcionaba una base concreta para el examen de las diferentes posibilidades de protección de los 
conocimientos tradicionales.  Que la documentaci ón pudiera facilitar o no la biopiratería, como se 
indicaba en el documento de la India, era discutible .  El Brasil estaba de acuerdo con la India en que 
el establecimiento de bases de datos tenía la ve ntaja de proporcionar la documentación necesaria para 
que las oficinas de patentes pudieran controlar l as solicitudes de patentes que se presentasen sin el 
consentimiento de la comunidad.  63. El Brasil estaba de acuerdo con la India en la  necesidad de ir más allá del ámbito nacional 
para dar una protección adecuada a los conocimientos tradicionales, además de  la que proporcionaban 
los regímenes ordinarios de los de rechos de propiedad intelectual.   La India había mencionado la 
posibilidad de investigar otras opciones, por ej emplo las llamadas "patentes provisionales" y los 
sistemas sui generis , que podrían ser útiles pero no suficientes para proteger de ma nera adecuada los 
conocimientos tradicionales.  Algunos países habí an mencionado en debates anteriores que el 
statu quo  ya establecía diferentes sistemas de protecci ón de dichos conocimient os.  Por ejemplo, las 
empresas podrían establecer contratos inter partes  con las comunidades tradicionales o indígenas.  Sin 
embargo, estas modalidades contractuales de protección no era fácilmente ejecutorias y estaban sujetas a negociaciones directas entre las partes inter esadas.  No había ninguna manera de garantizar 
que el consentimiento previo de estas comunidades fuera fundamentado o que la distribución de los beneficios entre una empresa y una comunidad fuera justa y equitativa.  Varios países estaban 
estableciendo legislación nacional que contribuiría a regl amentar los distintos elementos de la relación 
entre la propiedad intelectual y el acceso a los recurs os genéticos.  La manera más eficaz de proteger 
los conocimientos tradicionales en el marco del sistema de propiedad intelectual sería establecer 
normas mínimas de protección de carácter multilater al.  Algunos países podrían aducir el hecho de 
que la escasa legislación nacional dificultaría el  establecimiento de un régimen reconocido 
internacionalmente para garantizar los benefi cios derivados del uso de los conocimientos 
tradicionales.  Sin embargo, había que recordar que la inmensa mayoría de los países que negociaban 
las normas mínimas de derechos de propiedad in telectual del Acuerdo sobre los ADPIC no habían 
incorporado dichas normas a su legislación naciona l cuando se había conclu ido el Acuerdo sobre 
los ADPIC.  En realidad, incluso después de la en trada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC había 
varios Miembros de la OMC que  no habían incorporado aún la protección en algunos sectores de la 
legislación en materia de patentes y seguían toda vía bajo la protección del período de transición 
establecido en el párrafo 4 del artículo 65 del Ac uerdo sobre los ADPIC.  La falta de protección a 
nivel nacional no había disuadido a los Miembros de  la OMC de negociar y establecer uno de los más 
ambiciosos tratados internacionales sobre los derech os de propiedad intelectual.  El Acuerdo sobre 
los ADPIC y el CDB debían respaldarse mutuamente y la aplicación de ambos debía promover el desarrollo sostenible.  La contribución de la Indi a había impulsado el debate.  El Brasil pidió a la 
Secretaría que distribuyera las Decisiones pertinente s de la Conferencia de las Partes en el CDB, en 
particular las decisiones V/16 y 26, como documento conjunto del CCMA y el Consejo de los ADPIC.   64. El representante del Japón
 formuló algunas observaciones preliminares sobre el documento de 
la India.  El suministro de un marco jurídico mediante la legislación nacional para proteger los 
recursos de la biodiversidad y la documentación de los conocimientos tradicionales podía ser una 
respuesta eficaz a la solicitud de las comunidades indíge nas de la India.  La protección podía variar de 
un país a otro, habida cuenta de los distintos tipos  de conocimientos tradicionales que existían en el 
mundo.  El Japón compartía la opinión de la Indi a en el sentido de que el carácter de los WT/CTE/M/24 
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 conocimientos tradicionales era di stinto del de otras formas de propiedad intelectual sujetas a los 
sistemas ordinarios de protección estipulados en el Acuerdo sobre los ADPIC.  Estas diferencias 
subrayaban el hecho de que el Acuerdo sobre los ADPIC no era el foro apropiado para proteger los 
conocimientos tradicionales.  En el documento de la India se expli caban claramente las diferencias, 
por ejemplo que los conocimientos tradicionales se adquirían a lo largo del tiempo y tal vez no 
estaban codificados en textos, sino que se transmitían de una generación a otra por tradición oral.  El 
carácter colectivo de los conocimie ntos tradicionales era diferente del relativo a las patentes y el 
derecho de autor, que se referían  a derechos de propiedad privad a.  El carácter único de los 
conocimientos tradicionales podía exigir un enfo que internacional distinto del Acuerdo sobre 
los ADPIC.  El Japón consideraba que la propuesta de la India de que en las solicitudes de patentes se 
exigiera desvelar la fuente de origen del materi al utilizado en una innovación podía ser una solución 
eficaz que podría proporcionar la comunidad internac ional para complementar las medidas nacionales 
de la India.  Sin embargo, habí a que determinar todavía si la co munidad internacional podría aceptar 
esta propuesta, en particular con respecto al estableci miento de un marco jurídico para la protección.  
Se podría esperar la divulgación voluntaria de info rmación, pero no había una justificación razonable 
para exigir que los solicitantes de patentes desvelasen la fuente de origen.  Esta cuestión requería un 
examen en otras organizaciones internacionales con conocimientos técnicos al respecto.  65. La representante de los Estados Unidos
 dijo que, en una lectura inicial, su país encontraba 
particularmente interesante la información de la I ndia sobre la manera en que había abordado estas 
cuestiones a nivel nacional.  En cuanto a la refere ncia de la India a la llamada "biopiratería", los 
Estados Unidos señalaban que, si bien había con fr ecuencia controversias acerca de la patentabilidad 
de alguna cosa, los ejemplos de la India se habían  abordado positivamente.  Los Estados Unidos no 
estaban seguros de aceptar la idea de la exis tencia de un fenómeno que pudiera denominarse 
"biopiratería".  Los Estados Unidos examinarían el  documento de la India y esperaban con interés 
nuevos debates en futuras reuniones. 
 
66. El representante de las Comunidades Europeas  dijo que el documento de la India daba una 
idea "realista" de la complejidad  administrativa a la hora de abordar los c onocimientos tradicionales 
en la jurisdicción de un país.  En el Con sejo de los ADPIC se estaban examinando cuestiones 
planteadas con respecto a la aplicación del CDB y el Acuerdo sobre los ADPIC.  A este respecto, 
el CCMA no disponía del mismo grado de conocimientos  técnicos que el Consejo de los ADPIC para 
afrontar esta cuestión.  En cuan to a las propuestas de l consentimiento fundamentado previo y la 
notificación obligatoria del origen geográfico, la CE reconocía la existencia de la biopiratería en la 
teoría y en la práctica.  El hecho de haber te nido que pedir a oficinas de patentes que anulasen 
patentes concedidas inicialmente indicaba que tambié n existían biopiratas.  En el ámbito de la 
patentabilidad de invenciones en el sector de la biot ecnología, la Directiva pertinente de la UE incluía 
el consentimiento fundamentado previo y la notifi cación del origen geográfico.  El alcance de estos 
conceptos era limitado.  El consentimiento fundame ntado previo se limitaba a las invenciones basadas 
en material biológico de origen humano.  El orig en geográfico de las invenciones basadas en material 
biológico de origen vegetal o animal se había de  notificar cuando se conocía.  Los conceptos que se 
estaban estudiando en el debate interno de la India eran semejantes a los que estaba examinando 
la UE.  En cuanto a la sección del documento de la  India relativa al Proyecto de Ley de Patentes 
de 1999, la CE se preguntaba qué idea tenía la I ndia de las razones para rechazar una solicitud de 
patente en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.  Al  igual que la CE, ¿lo veía la India como una 
cuestión que se dejaba a la discreción nacional de los Miembros de la OMC en virtud del párrafo 2 del 
artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, que les perm itía estipular la exclusión de la patentabilidad 
en los casos en que los países considerasen dichas  exclusiones necesarias para proteger el orden 
público o la moralidad?  En el ámbito de los conoc imientos tradicionales y el acceso a los recursos 
genéticos, el documento de la India y el WT/CTE/ W/125 indicaban que había mucho trabajo en curso 
a nivel nacional que requería una mayor cooperaci ón y asistencia internacional.  Este trabajo era 
compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC y el CDB.  En la sesión de información relativa a  WT/CTE/M/24 
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 los AMUMA, la secretaría del CDB había señalado que también se estaban llevando a cabo 
actividades alentadoras a este respecto a nivel internacional.  67. El representante del Canadá
 reconoció la valiosa contribución del documento de la India a 
esta compleja cuestión y se congratuló de que la India hubiera podido seguir adelante con la 
legislación en este sector.  El Canadá estaba exam inando la efectividad de sus regímenes vigentes de 
protección de la propiedad intelectual en este ma rco, pero no había llegado todavía a conclusiones 
definitivas.  El Canadá seguía preocupado por el tema de la identificación de los titulares de los 
conocimientos tradicionales y la determinación de si éstos poseían el derecho, dentro de sus 
comunidades más amplias, a autorizar el uso de dichos conocimientos y recibir los beneficios 
derivados de su utilización.  El Canadá habí a comprobado que las poblaciones indígenas eran 
reticentes a permitir documentar sus conocimientos e innovaciones, lo cual había sido la base del 
enfoque de la India.  Esto ponía de manifi esto la importancia de abordar esta cuestión 
fundamentalmente en el ámbito nacional, como estab a haciendo la India.  Había debates en curso en 
varios foros internacionales, en particular el  Grupo de Trabajo del CD B sobre Conocimientos 
Tradicionales.  El Canadá acogí a con satisfacción el planteamiento de la cuestión en el CCMA y 
esperaba que se siguiera debatiendo en el Consejo de los ADPIC.  El foro más apropiado para el 
diálogo sobre este tema era la OMPI, que había involucrado directamente a las poblaciones indígenas en sus actividades y aglutinaba fundamentalment e los conocimientos técnicos en este sector. 
 68. El representante de Noruega
 dijo que había quedado impresionado por el enfoque tan práctico 
y realista que presentaba el documento de la Indi a.  Noruega formularía observaciones más adelante, 
en una fase posterior.  69. El representante de Suiza
 formuló varias observaciones prelim inares sobre el documento de la 
India.  Algunos Miembros, que habían aducido que no había nin gún problema en la relación entre 
la OMC y los AMUMA, parecían adoptar otra posic ión sobre este punto.  Era importante que existiera 
coherencia entre distintos foros y dentro del mismo foro.  La India había indicado que los países eran 
libres de rechazar patentes sobre formas de vida, salvo para los microorganismos y los procesos microbiológicos y no biológicos.  Aunque esto era correcto, había que señalar que los países no podían rechazar todo tipo de protección para las fo rmas de vida, sino que debían proteger las 
obtenciones vegetales, por lo menos mediante un sistema sui generis .  Suiza estaba de acuerdo en que 
los conocimientos tradicionales no parecían quedar fácilmente comprendidos en el sistema ordinario 
de protección de los derechos de pr opiedad intelectual.  Como había señalado la India, las condiciones 
de novedad y la innovación que era necesaria para la  concesión de las patentes y el hecho de que 
distintas comunidades muchas veces poseyeran conocimie ntos en paralelo creaban dificultades para el 
reconocimiento de los conocimientos informales como un derecho de propiedad intelectual ordinario.  
Otra diferencia entre los conocimientos tradici onales y los derechos de propiedad intelectual 
ordinarios era que la protección normal de la propied ad intelectual tenía un límite de tiempo.  Suiza se 
preguntaba qué pasaría en el caso  de los conocimientos tradiciona les que no estaban documentados.  
Suiza ponía en duda la compatibilidad de los ADPIC  con el rechazo o la anulación de las solicitudes 
de patentes debido a la no divulgación o la divulgación  errónea de la fuente de origen de los recursos 
biológicos o los conocimientos en  la solicitud de la patente. 
 
70. El representante de Cuba
 manifestó que respaldaba el enfoque del documento de la India y 
consideraba que el Acuerdo sobre los ADPIC se debía someter a examen o tal vez modificarlo a fin de obtener una mayor protección de los conocimientos tradicionales y de fomentar la transferencia de tecnología.  Cuba estaba actualmente en proceso de adoptar legislación en materia de protección de 
las obtenciones vegetales en combinación con legi slación sobre la biodiversidad y el acceso a los 
recursos genéticos.  Se habían establecido criterios  para el acceso a los recursos genéticos y esto 
ayudaría al país a evitar los posibles efectos pe rjudiciales de la aplicación automática del Acuerdo 
sobre los ADPIC.  Cuba facilitaría más detall es sobre su legislación en una fase posterior. 
 WT/CTE/M/24 
Página 26  
 
 71. La representante de Malasia
 dijo que las cuestiones que se plan teaban en el documento de la 
India eran de carácter práctico y valía la pena exam inarlas, en particular la necesidad de disponer de 
un sistema de protección de los conocimientos tradicionales y de medidas internacionales para complementar la legislación nacional.  El Acuerdo sobre los ADPIC otorgaba protección en el marco de las indicaciones geográficas a las mercancías or iginarias de un territorio, región o localidad que 
fueran atribuibles a ese origen geográfico.  Eso podía justificar un sistema de protección de los 
conocimientos tradicionales indíge nas de una comunidad.  También merecía la pena examinar algunos 
de los sistemas de protección que se planteaban en el documento de la India, donde se proponía su concesión mediante algún sistema sui generis  o un registro multilateral de conocimientos 
tradicionales, de manera que se pudieran reconocer  y concertar la protección.  Sería útil seguir 
adelante con estos procesos a fin de introducir un si stema eficaz de distribución de los beneficios.  
Los debates en la OMPI y el CDB facilitarían el ex amen en el Consejo de los ADPIC y en el CCMA.  
Malasia consideraba que el documento WT/CTE/W/125 había contribuido a aumentar los conocimientos del CCMA sobre las cuestiones relativas al párrafo 3 b) del artículo 27. 
 
72. El representante de Hong Kong, China
 señaló que éste era un sector en el cual su delegación 
tenía un interés sustantivo y que era objeto de debates internos.  Hong Kong, China acogía con 
satisfacción el documento de la India y esperaba con interés nuevos debates en el CCMA sobre esta cuestión.  73. El observador de la FAO
 aludió al documento WT/CTE/W/146, que había presentado la FAO 
para aclarar las negociaciones relativas al Co mpromiso Internacional sobre los Recursos 
Fitogenéticos.  La FAO señaló a la atención el In forme de la Conferencia de la FAO de noviembre 
de 1999, en el que se había confirmado que las negociaciones para la revisión del Compromiso 
seguirían adelante sobre la base de que dicho Compromiso adoptaría la forma de un instrumento 
jurídicamente vinculante estrechamente relacionado con la FAO y el CDB.  Se estaba negociando una 
serie de opciones en cuanto a la condición jurídi ca del Compromiso revisado, en particular las 
ventajas relativas de un instrumento independien te o un protocolo del CDB.  Había un diálogo 
continuo entre la FAO y el CDB sobre estas posibl es opciones;  se había informado periódicamente a 
la Conferencia de las Partes en el CDB de los progresos en las negociaciones para la revisión del Compromiso y se habían respaldado las Decisiones II/15 y III/11.  La FAO mantendría al CCMA al corriente de las novedades relativas a estas negociaciones. 
 
74. El observador del CDB
 dijo que, como había observado en su comunicación para la sesión de 
información relativa a los AMUMA, la Conferencia de las Partes en el CDB había acogido con satisfacción el debate de este tema en el CCMA.  Indicó que era tranquilizador advertir que las 
observaciones formuladas en el CCM A se parecían al diálogo que se ma ntenía en el seno del CDB.  
Recordó la conclusión en la última Conferencia de las Partes sobre la importancia de los sistemas sui 
generis  para la protección de los conocimientos trad icionales y la distribución equitativa de los 
beneficios derivados de su utilización.  Recordó asimismo que la Conferencia de las Partes había 
invitado a la OMC a reconocer las disposiciones per tinentes del CDB;  tener en cuenta que estaban 
relacionadas con las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC;  e inv estigar más a fondo esta 
relación.  En la exposición del CDB se había destaca do que esta cuestión era decisiva para su labor.  
Las cuestiones principales en la preparación de la siguiente reunión de la Conferencia de las Partes 
eran las siguientes:  i) la función de los der echos de propiedad intelectual y el consentimiento 
fundamentado previo;  ii) la propiedad intelectual y los conocimientos tradic ionales relativos a los 
recursos genéticos;  y iii) los derechos de propiedad  intelectual y los acuerdos de acceso y distribución 
de los beneficios.  La Conferencia de las Partes había pedido que las Partes y otras organizaciones 
pertinentes presentasen información a la secretaría  del CDB sobre estas cuestiones antes del 31 de 
diciembre de 2000.  La secretaría del CDB utiliz aría esta información en la preparación de un 
documento informativo sobre el tema para el grupo de expertos sobre acceso y distribución de 
beneficios.  Este grupo de expertos  tenía previsto reunirse en marz o/abril de 2001 para examinar las 
recomendaciones que estudiarían en Alemania en octubre de 2001 un grupo de trabajo de  WT/CTE/M/24 
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 composición abierta sobre acceso y distribución de be neficios.  Este grupo de  trabajo se ocuparía de 
las directrices o recomendaciones que en abril de 2002  se someterían al examen de la Conferencia de 
las Partes en los Países Bajos.  Este proceso de pendía de la información que se estaba presentando 
al CDB.  En este sentido, las deliberaciones del CCMA estaban relacionadas con la labor del CDB;  la cooperación con la FAO y la OMPI también era importante para la aplicación del CDB. 
 
75. El observador de la OMPI
, refiriéndose a la UPOV, dijo que actualmente formaban parte del 
Convenio de la UPOV 46 miembros, 14 de los cual es  habían ratificado el Acta de 1991.  Nueve 
miembros habían cambiado su legislación, pero no habían ratificado todavía el Acta de 1991.  Por 
consiguiente, hasta el momento había 23 miembros que se habían puesto en conformidad con el Acta 
de 1991, la mitad de los miembros de la UPOV.  Sin embargo, había 111 países en proceso de aplicar 
la protección de las obtenciones vegetales en forma de sistemas sui generis basados en la UPOV, de 
los cuales 86 tenían la legislación en conformidad con el Acta de 1991.  Un ejemplo era el de los 
16 miembros de la Organización Africana de la Pr opiedad Intelectual (OAPI), cuya versión revisada 
del Acuerdo de Bangui todavía no había entrado en vigor.  Sería interesante disponer de información 
de la India sobre otras formas de sistemas sui generis .  La UPOV y la OMPI estaban trabajando sobre 
estos temas y colaborarían de buen grado con la OMC.   76. El observador de la UNCTAD
 dijo que su Organización convocaría una reunión 
intergubernamental de expertos sobre sistemas y experiencias nacionales relativos a la protección de 
los conocimientos tradicionales en Ginebra del 30 de octubre al 1º de noviembre de 2000 en 
cooperación con la OMPI, el CDB y la OMC.  En los talleres de la UNCTAD patrocinados por el 
Reino Unido se había realizado también un in tercambio de información en este sector. 
 77. El representante de la India
 agradeció a los Miembros sus observaciones y señaló que su país 
respondería más adelante.  En respuesta a Suiza, la  India subrayó que la documentación era necesaria, 
pero no suficiente para proteger los conocimientos tradicionales.  Si no hubiera sido por el hecho de 
que las propiedades terapéuticas de la cúrcuma se ha bían transcrito en antiguas  escrituras indias, la 
patente tal vez no se hubiera anulado.  La Indi a había tenido la fortuna de poder documentar las 
propiedades curativas de la cúrcuma y de esta manera  convencer a la oficin a de patentes de los 
Estados Unidos de que eran de dominio público.  La situación sería compleja si hubiera que basarse 
en los conocimientos orales.  Ésta  era una cuestión que requería una solución pragmática.  El trabajo 
que estaban realizando la OMPI y la UNCTAD era importante, pero sería necesario que la OMC 
buscase una solución a estas cuestiones.   Otros puntos
 
 
Punto 2   Relación entre las políticas ambientales re lacionadas con el comercio y las medidas 
ambientales que tengan efectos comerciales si gnificativos y las disposiciones del sistema 
multilateral de comercio  
 78. El representante de las Comunidades Europeas
 presentó en el documento WT/CTE/W/147-
G/TBT/W/1371 una comunicación de la Comisión Europea sobre el principio de precaución adoptado 
el 2 de febrero de 2000.  El objetivo de esta comunicación, destinada al Consejo y al Parlamento 
Europeo, era contribuir al debate sobre la ap licación del principio de precaución en los foros 
internacionales.  La CE confiaba en que este doc umento contribuiría a crear un entendimiento común 
sobre la manera de gestionar los riesgos en situ aciones de incertidumbre científica y de indicios de 
posibles efectos adversos para el me dio ambiente y/o la salud, así como acabar con el temor de que el 
principio de precaución se pudiera utilizar de manera arbitraria o como proteccionismo encubierto del 
                                                      
1 Este documento se distribuyó también en el Comité MSF como G/SPS/GEN/168, con fecha 14 de 
marzo de 2000. 
 WT/CTE/M/24 
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 comercio.  El recurso al principio de precaución se ponía de relieve cada vez más, fomentando el 
debate público sobre las circunstancias en la s cuales era necesaria la adopción de medidas 
precautorias.  Habida cuenta de que muchos enf oques nacionales incluían de manera implícita la 
precaución en la adopción de políticas relativas a nume rosos sectores, este principio como tal no era 
una idea nueva.  La aplicación más reciente de este pr incipio a nivel internacional era el Protocolo de 
Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, que debía unificar ulteriormente este principio en el 
ámbito internacional.  No era necesario aclarar el uso del principio de precaución en el seno de 
la OMC.  El recurso al principio no era una base para justificar medidas arbitrarias, y las medidas basadas en dicho principio de precaución tenían que ser compatibles con los principios generales de 
la OMC sobre gestión del riesgo, sobre todo en lo que se refiere a la proporcionalidad, la no 
discriminación, la eficacia en función de los costos y la transparencia.  La aclaración mejoraría la 
adopción de políticas nacionales y reduciría el gra do de fricción internacional en relación con la 
gestión del riesgo y la precaución.  Se decía con frecuencia que el concepto de precaución de la CE 
chocaba con la gestión del riesgo con una base ci entífica y que el término precaución no parecía 
científico.  Las decisiones basadas en la pr ecaución eran siempre decisiones fundamentadas y 
examinadas sobre una base científica.  Se había señalado que la CE fomentaba la precaución para 
restringir el comercio.  Estaba claro que las medidas basadas en la precaución requerían una serie de  actuaciones gubernamentales, algunas de ellas re lacionadas con el comercio y que, en casos 
excepcionales, algunas decisiones b asadas en la precaución que se habí an adoptado en Europa, como 
en todas partes, habían supuesto prohibiciones del comercio.  Para ello, como se exponía en el 
documento de la CE, había que disponer de un cr iterio explícito previo de que tal medida era 
adecuada y proporcional a los riesgos.  La precauci ón no iba a propiciar medidas que fueran más 
restrictivas de la cooperación económica internaciona l, puesto que la precaución no tenía relación con 
el establecimiento de normas o la fijación del nive l del riesgo, que eran criterios nacionales.  La 
precaución se utilizaba para adoptar decisiones sobre la manera de alcanzar un nivel determinado de 
protección.  Antes de recurrir a la precaución tenía que existir incertidumbre sobre los posibles efectos 
adversos.  El uso de la precau ción en la adopción de políticas no daría lugar a medidas ecológicas más 
restrictivas.  79. El representante del Japón
 dijo que en su país se reali zaban evaluaciones del riesgo para 
cuestiones relacionadas con la salud y el medio am biente basadas en la información científica más 
reciente y que se aplicaban las me didas adecuadas en con secuencia.  En el caso de que no hubiera 
pruebas científicas o motivos racionales suficientes para examinar determinados factores, por ejemplo 
el daño para la salud y el medio ambiente, podrían adoptarse las medi das apropiadas.  Sin embargo, 
no había acuerdo internacional sobre el principio de  precaución en relación con la inocuidad de los 
alimentos, en particular sobre la relación entre el principio de precaución y el Acuerdo MSF.  En general, el Japón consideraba que el enfoque de la  CE era útil para impedir que el principio de 
precaución se utilizara de manera arbitraria o injus tificada.  No obstante, había varias cuestiones, 
como la definición de este principio y la relación entr e la evaluación del riesgo y la gestión del riesgo, 
que todavía no estaban claras.  Se deberían examin ar con detalle los debates en otros foros, en 
particular el PNUMA y el CODEX, para aclarar este principio antes de abordarlo en la OMC o en el CCMA.  El Japón formuló observaciones sobr e las cinco condiciones para la aplicación del 
principio de precaución que figuraban en el documento  de la CE.  En el punto 5, sobre la evolución 
científica, en el que se mencionaba el párrafo 7 de l artículo 5 del Acuerdo MSF, había que garantizar 
que la medida fuese provisional, adoptándola solamente cuando las pruebas científicas no fueran suficientes y examinándola a tenor de los progresos científicos.  También eran importantes el examen 
de la proporcionalidad del punto 1 y las ventajas y los inconvenientes del punto 4.  En el punto 2, la 
no discriminación debía incluir el concepto del preá mbulo del artículo XX, de manera que en igualdad 
de condiciones las medidas se aplican de manera no discriminatoria a l as mercancías nacionales e 
importadas.  La evaluación del riesgo, como seña laba la CE, no debía limitarse a la evaluación 
cuantificable, sino incluir también la no cuantifi cable.  Además, como se había afirmado en la 
decisión del Órgano de Apelación sobre las hormon as, cuando los científicos no podían llegar a una 
conclusión había que tener en cuenta la opinión minor itaria de científicos de gran prestigio además de  WT/CTE/M/24 
 Página 29 
 
 
 la opinión mayoritaria.  La CE planteaba tamb ién la cuestión de que podí an adoptarse distintas 
medidas sobre el principio de precaución, y el Ja pón consideraba que era importante facilitar a los 
consumidores información sobre los riesgos.  Sin embargo, esto podría no ser suficiente.  Sobre la 
inversión de la carga de la prue ba, el documento de la  CE afirmaba que, en algunos casos, se debían 
adoptar medidas previo examen caso por caso, teni endo en cuenta el nivel de peligro.  Había que 
aclarar cuándo se podía invertir la carga de la pr ueba y en qué medida era necesaria la prueba. 
 80. El representante del Canadá
 dijo que su delegación estaba interesada en el avance de los 
debates sobre la precaución a nivel internacional en el CCMA y en otros foros.  También se habían celebrado debates a este respecto en el Comité MS F, así como en el Grupo de Trabajo Mixto de 
la OCDE sobre Comercio y Medio Ambiente.  El Canadá había formulado observaciones sobre el 
proyecto de documento del PNUMA relativo al principio de precaución.  El Canadá compartía algunos criterios comunes con la CE sobre vari as cuestiones planteadas en  su documento, pero 
observó que su país estaba preocupado por algunos co nceptos y términos sobre los cuales podrían ser 
beneficiosos la aclaración y el debate.  El Ca nadá facilitaría a la CE observaciones sobre su 
documento y trabajaría con ella y con la comuni dad internacional para conseguir un entendimiento 
amplio y coherente sobre este tema.  81. El representante de Australia
 formuló algunas observaciones preliminares sobre el documento 
de la CE.  Australia acogía con satisfacción la esp ecial atención que prestaba la CE a la importancia 
de la evaluación científica del riesgo.  Australia no veía contradicción entre la adopción de decisiones 
con una base científica y la práctica de lo que la  CE había denominado "principio de precaución", 
concepto que Australia consideraba más correctam ente descrito como enfoque de precaución.  La 
precaución era un aspecto inherente al marco normativo australiano para proteger el medio ambiente y 
la salud humana.  Las normas de la OMC establecían claramente el uso razonable de la precaución en la adopción de decisiones con una base científica,  como ponía de manifiesto el Acuerdo MSF.  
Tomando nota de las observaciones de la CE sobre el uso indebido del enfoque de precaución, 
Australia dejó constancia de su inquietud porque no quería ver que este uso indebido de dicho 
enfoque debilitara la base científica de la ev aluación y gestión del riesgo o justificara el 
proteccionismo en el comercio.  El documento de la CE parecía afirmar que la práctica del enfoque de 
precaución en la gestión del riesgo era una decisi ón política;  Australia no estaba segura de lo que 
significaba esto.  Era necesario evitar la confusión s obre el derecho de un país a establecer su nivel 
adecuado de protección y sobre la cuestión de las me didas que se adoptaban para garantizar que un 
país lograse el nivel de protección que considerab a adecuado cuando afrontaba ciertos riesgos, en 
particular ante la incertidumbre científica.  La ev aluación del riesgo y la gestión del riesgo formaban 
parte de un proceso continuo de adopción de deci siones, con un análisis de base científica como 
elemento fundamental de todo ello.  Como mínimo , era importante intentar una evaluación del riesgo 
para determinar si había certeza científica. 
 82. La representante de los Estados Unidos
 dijo que su delegación apreciaba el reconocimiento de 
la CE de que el concepto de precaución no era nue vo;  la precaución había sido un elemento arraigado 
y esencial del sistema normativo de su país en materi a de salud e inocuidad, en particular por lo que 
se refería a los alimentos, los medicamentos y los pr oductos químicos.  En el ámbito de la inocuidad 
de los alimentos, el Gobierno de los Estados Uni dos utilizaba la precaución desde 1906, año en que se 
había promulgado por primera vez la Ley de Alimento s, Medicamentos y Cosméticos.  El concepto de 
precaución también aparecía en diversos foros inte rnacionales.  Los Estados Unidos tenían dudas 
acerca de la afirmación de que el Protocolo de Ca rtagena había tomado un nuevo derrotero en cuanto 
al concepto de precaución.  Por ejemplo, el enfo que de precaución para la ordenación de la pesca 
había sido un componente básico en el Acuerdo de  las Naciones Unidas de 1995 sobre las poblaciones 
de peces y las poblaciones de peces altamente migratorias y se había incluido de manera destacada en 
el Código Internacional de Conducta sobre la Pesca Responsable de la FAO.  La precaución estaba 
contenida de varias formas en el Acuerdo MSF.  Gracias a su larga experiencia con la precaución, los 
Estados Unidos habían aprendido que su uso era específi co para cada situación.  Este era el motivo de WT/CTE/M/24 
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 que no existiera una definición única aceptada internacionalmente del llamado principio de 
precaución.  No era posible llegar a la conclusión de que el derecho inte rnacional consuetudinario 
contenía un principio de este tipo.  Los Estados Un idos observaron que el documento de la CE era 
semejante a su comunicación al Comité MSF de marz o de 2000 sobre el principio de precaución.  Con 
respecto al documento de la CE, los Estados Un idos estaban de acuerdo en la importancia de 
esforzarse por lograr el mayor nivel de protección del consumidor y en la importante función que la 
precaución podía desempeñar en la consecución de esos objetivos, así como en la necesidad de aplicar 
la precaución de manera no discriminatoria, con una base científica, para proteger a las personas y el medio ambiente y garantizar que los procedimientos  de adopción de decisiones fueran transparentes y 
globales.  Sin embargo, los Estados Unidos estaban  preocupados por la afir mación de la CE de que 
había que adoptar medidas basadas en el llamado "principio de precaución" sin definir en qué 
consideraban que consistía este principio.  Los Estados Unidos habían presentado a la CE 
observaciones por escrito sobre su documento y espe raban con interés la o portunidad de conocer 
mejor las opiniones de la CE a través de sus res puestas.  Los Estados Unidos observaron también que 
aunque la precaución no era un concepto nuevo, los debates eran cada vez más difíciles debido a que 
por desgracia en ocasiones se había utilizado este té rmino para justificar el proteccionismo en el 
comercio.  83. El representante de Suiza
 dijo que su delegación formularía observaciones sobre el 
documento de la CE en la siguiente reunión.  
84. El representante de la Argentina
 dijo que su delegación formularía observaciones sobre el 
documento de la CE en la siguiente reunión.  85. El representante de Hong Kong, China
 recordó que la CE había presentado un documento 
semejante al Comité MSF sobre el cual había fo rmulado observaciones su delegación.  Hong Kong, 
China no estaba de acuerdo en que la precaución fuera ya un principio de derecho internacional.  A 
este respecto, el Órgano de Apelación había señalado en el párrafo 123 del informe sobre las hormonas, documento WT/DS26/AB/R, que "el hech o de que haya sido aceptado ampliamente por los 
Miembros como un principio de derecho internacional  general o consuetudinari o parece menos claro".  
En el párrafo 124, el Órgano de Apelación había observado que "ese principio no ha sido incluido en 
el texto del Acuerdo como un motivo que justifique  las medidas sanitarias y fitosanitarias que fuesen 
incompatibles con las obligaciones de los Miembros  establecidas en determinadas disposiciones de 
dicho Acuerdo".  Así pues, era pr ematuro llegar a la conclusión, como se hacía en la sección 4 del 
documento de la CE, de que ese concepto era un prin cipio de derecho internacional.  A este respecto, 
Hong Kong, China estaba de acuerdo con las observ aciones de los Estados Unidos.  Como había 
planteado Australia en relación con la sección 5.2.1 del documento de la CE, la idea de la decisión 
política planteaba dudas acerca de su  compatibilidad con el enfoque objetivo y con una base científica 
del Acuerdo MSF y se corría el riesgo de que se ap rovecharan de ello grupos de presión con fines 
proteccionistas.  En cuanto a la inversión de la car ga de la prueba, como se señalaba en la sección 6.4 
del documento de la CE, Hong Kong, China no est aba seguro de que esto fuera compatible con el 
párrafo 1 del artículo 5 del Acuerdo MSF;  se agra decería una aclaración de la CE al respecto.  
 
86. El representante de las Comunidades Europeas
 dio las gracias a los Miembros por sus 
observaciones;  la precaución merecía un debate más a fondo en una fase inicial.  La refundición de 
los principios jurídicos nacionales e internaci onales era un proceso dinámico.  Cuando hubiera 
instrumentos de derecho internacional público que de finieran ciertos derechos o principios, podría 
haber una expresión única de un derecho o principi o, o  bien varias expresiones semejantes.   La 
cuestión era más compleja cuando un principio de derecho internacional surgía en etapas sucesivas, 
como había ocurrido con el principio de precaución.  Así pues, no era posible utilizar la ausencia de 
una formulación única de un principio o criterio para ju zgar si existía en el derecho internacional.  El 
principio de precaución existía en el derecho intern acional.  Había cuatro cu estiones relacionadas con 
la precaución para las cuales era importante la ciencia:  identificación del peligro, evaluación y  WT/CTE/M/24 
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 gestión del riesgo y decisión previa sobre el nivel de  riesgo que una sociedad estaba dispuesta aceptar.  
El nivel de protección era inevitablemente una d ecisión política, puesto que presentaba disyuntivas 
entre mercancías y costos sociales.  A partir de ah í, la ciencia era importante para determinar los 
peligros y evaluar y gestionar los riesgos consiguientes.  Cuando la ciencia no proporcionaba toda la información necesaria, se utilizaba el principio de precaución para sacar conclusiones normativas a 
partir de evaluaciones con una base científica.  La referencia a la carga de la prueba en el documento 
de la CE se refería al principio de la asignación de  los costos y no tenía relación con la solución de 
diferencias de la OMC.  El término se refería a qui én pagaba la evaluación científica que seguía a la 
decisión política basada en el principio de precauci ón.  Éstas eran decisiones políticas internas en las 
cuales la carga de la realización de un estudio cien tífico podía recaer en el fabricante del producto o 
en el gobierno.  En este caso, la CE consideraba que la carga de la prueba recaía en quienes deseaban 
salvar una decisión reglamentaria negativa s obre la comercialización de un producto. 
 87. El observador del PNUMA
 señaló que su organización estaba revisando su documento sobre 
el principio de precaución teniendo en cuenta las observaciones de los gobiernos.  El PNUMA 
presentó también su trabajo sobre evaluaciones inte gradas en el documento WT/CTE/W/157, para lo 
cual el PNUMA había establecido un grupo de tr abajo de varias organizaciones y organismos 
internacionales, entre ellos la OMC, la UNCTAD, la OCDE, la CE e instituciones colaboradoras, con 
objeto de preparar un manual sobre la evaluaci ón integrada de las políticas relacionadas con el 
comercio para comienzos del año 2001.  El PNUM A se ofreció para presentar en la reunión de 
octubre, si los Miembros tenían interés, su trabaj o sobre la evaluación de los efectos sectoriales de la 
liberalización del comercio en Asia, Africa y Améric a Latina.  Se podría invitar a las instituciones que 
habían realizado estas evaluaciones, en nombr e del PNUMA, a presentar sus experiencias. 
 Punto 3 b
) Prescripciones aplicadas con fines ambiental es a los productos, con inclusión de normas 
y reglamentos técnicos, y prescripciones en materia de envase y embalaje, etiquetado y 
reciclado  
 88. El representante de las Comunidades Europeas
 dijo que el documento WT/CTE/W/150 
también debía distribuirse en el Comité OTC.  Un factor importante era que si se elaboraba un gran número de programas más pequeños de  ecoetiquetado sus efectos positivos sobre el medio ambiente 
podrían ser más limitados que si un programa único lograse una masa crítica e influyera en los 
consumidores.  Debido a esto era conveniente elabor ar opiniones comunes sobre las mejores prácticas 
para los programas de etiquetado.  La CE pre guntó por el alcance de la expresión "colectivos 
interesados" ("stakeholders" en el texto inglés).  En cuanto a la transparencia, era importante la 
inclusión de los productores extranjeros.   
89. El representante del Canadá
 dijo que el ecoetiquetado y la certificación seguían siendo 
cuestiones importantes para su delegación.  El Ca nadá formularía observaciones sobre el documento 
WT/CTE/W/150 en la siguiente reunión.  90. El representante de la Secretaría
 dijo que la expresión "colectiv os interesados" del cuadro 6 
del documento WT/CTE/W/150 procedía de un estudi o del Organismo para la Protección del Medio 
Ambiente de los Estados Unidos sobre los program as de ecoetiquetado en t odo el mundo, que incluía 
en los "colectivos interesados" a los fabricantes nacionales y extranjeros, el mundo científico, los 
grupos de consumidores y ecologistas y el público general.   WT/CTE/M/24 
Página 32  
 
 Punto 4  Disposiciones del sistema multilateral de comercio con respecto a la transparencia de las 
medidas comerciales utilizadas con fines am bientales y las medidas y prescripciones 
ambientales que tienen efectos comerciales significativos  
 91. El Presidente
 tomó nota de que la base de datos s obre el medio ambiente de 1999, que 
compilaba las notificaciones a la OMC relativas al medio ambiente, se había distribuido como 
documento WT/CTE/W/143.  Punto 6
  Efecto de las medidas ambientales en el acceso a los mercados, especialmente en lo 
relativo a los países en desarrollo, en par ticular los países menos adelantados, y los 
beneficios resultantes para el medio ambiente de la eliminación de las restricciones y 
distorsiones del comercio  
 Análisis sectorial
 
 
Energía  
 92. El representante de la República Checa
 informó a los Miembros acerca del Taller conjunto 
Naciones Unidas/Comisión Económica para Europa (CEPE)/OCDE sobre mejora del medio ambiente 
mediante la reforma de los precios de la en ergía, celebrado en Prühonice, República Checa, los 
días 14-16 de junio de 2000 con 120 participantes procedentes de  26 países y ocho organizaciones 
internacionales.  En el taller se habían examina do las estrategias de aplicación de los instrumentos 
económicos relacionados con la energía en la OCDE  y en los miembros de la CEPE no pertenecientes 
a la OCDE, en particular la supresión de las subve nciones perjudiciales para el medio ambiente;  la 
introducción de nuevos impuestos ambientales;  los cambios potenciales en los impuestos, en los que 
los ingresos procedentes de la supresión de las s ubvenciones y/o los nuevos impuestos sobre el medio 
ambiente se utilizaban para reducir los impuestos por distorsiones;  y los efectos sobre la demanda de 
los productos/actividades pertinent es.  Entre los temas debatidos figuraban las tendencias de la 
promoción y el consumo de energía en Europa y sus repercusiones en el medio ambiente;  la energía, 
la política tributaria y la reforma fiscal del compartimento verde;  y la supresión/reestructuración de las subvenciones de la energía causantes de distorsiones.  El seminario había adoptado recomendaciones para los Gobiernos de la CEPE sobr e la mejora del medio ambiente mediante la 
reforma de los precios de la energía.  La documentación se podía encontrar en:  
http://www.env.cebin.cz.  93. El representante de las Comunidades Europeas
 dijo que en algunos países desarrollados, en 
particular en América del Norte, se estaban debatie ndo los efectos del precio del petróleo.  Una de las 
distorsiones que daba lugar a trastornos en las paut as del comercio y niveles perjudiciales de consumo 
de petróleo para el medio ambiente era el hecho de no haber podido incorporar a los precios de la 
energía los costos de la emisión de carbono a la at mósfera.  Así pues, se presentaba la oportunidad de 
examinar las ventajas para el medio ambiente de  unos precios más elevados de la energía, en 
contraposición al argumento de que  los precios debían reducirse. 
 
Pesca  
 94. La representante de los Estados Unidos
 presentó el documento WT/CTE/W/154 de su 
delegación sobre las subvenciones a la pesca que perj udicaban el medio ambiente y distorsionaban el 
comercio, tema muy debatido en el seno del CCMA.  Como los Estados Unidos habían señalado en 
numerosas ocasiones, la situación de agotamiento de  la pesca mundial se había convertido en una 
cuestión ecológica primordial.  Los Estados Unidos estaban preocupados no sólo por la sostenibilidad 
ecológica de este sector, sino también por su viabilidad  económica.  Una de las causas que contribuían 
a la pesca excesiva era el exceso de capacidad;   había demasiadas embarcaciones capturando un 
número demasiado pequeño de peces.  Una causa importante de este exceso de capacidad estaba en  WT/CTE/M/24 
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 los programas gubernamentales que fortalecían la te ndencia a la pesca excesiva y la sobreinversión 
mediante la reducción de los costos fijos y variables;  la mejora de los beneficios y los ingresos;  y la 
atenuación de los riesgos.  Según una teoría económi ca, las subvenciones eran perjudiciales en cuanto 
que distorsionaban la asignación eficaz de recurs os, puesto que interferían con los precios y las 
señales de los tipos de interés que proporcionaba el mercado con respecto a dónde se podían encontrar 
las oportunidades comerciales más ventajosas.  Si  no fuera por esas subvenciones, los productores 
adoptarían decisiones diferentes sobre lo que habr ía que producir y en qué cantidad,  teniendo en 
cuenta dónde se presentaban las mejores oportunidad es de beneficios y no las decisiones de los 
gobiernos sobre el destino de los recursos.  En la pr áctica, con la reducción de los costos y los riesgos, 
así como la mejora de los precios, los propietar ios de las embarcaciones tenderían a seguir pescando 
hasta llegar a un grado insostenible.  En la pesca explotada hasta su rendimiento máximo sostenible, 
el esfuerzo y el capital adicionales disipaban ulteri ormente las rentas, llevaba n a una mayor erosión de 
los recursos y en general producían un nivel insost enible de actividad económica.  Por consiguiente, 
estas subvenciones llevaban a una situación en la que se ignoraban las fuerzas del mercado y se 
dañaba el medio ambiente, por que se reducían las poblaciones de peces y, con el tiempo, se 
extinguían comercialmente.  Dado que el pescado y los productos pesqueros eran objeto de una 
intensa comercialización, con una venta aproxima da del 40 por ciento de la producción en los 
mercados extranjeros, había que considerar los ef ectos de las subvenciones no solamente en el marco 
de los Estados costeros, sino también en sus mercados internacionales.  95. Dados los parámetros anteriores y como resu ltado de la labor internacional en curso en 
la FAO, la APEC y la OCDE, así como los estudios  internos en los Estados Unidos, su país había 
preparado este documento para presentar ejemplos de subvenciones que en su opinión perjudicaban el 
medio ambiente y distorsionaban el comercio.  Es tas categorías de subvenciones reducían los costos 
fijos y variables y/o sostenían los ingresos y los precios.  Tendían a promover niveles excesivos de 
actividad pesquera y capacidad de captura, además de distorsionar los precios y el comercio.  El 
documento incluía una lista ilustrativa de programas comprendidos en estas categorías.  Los 
Estados Unidos entendían que había casos en lo s cuales algunos de esos programas podían ser 
beneficiosos y, por consiguiente, había que ex aminar cada una de las categorías y la propia 
clasificación.  Quedaban excluidos de la lista, entr e otros, los programas oficiales que facilitaban la 
ordenación de los recursos y la transición a un a pesca sostenible.  Era necesario examinar los 
programas oficiales que favorecían la conservación y lo s relativos a la pesca artesanal y la función del 
sector pesquero en los países en desarrollo y menos adelantados. 
 96. El representante de Nueva Zelandia
 dijo que el documento de los Estados Unidos destacaba 
una serie de transferencias financieras al sector pes quero que tenían importantes efectos negativos en 
el comercio, el medio ambiente y el desarrollo sost enible.  La contribución de  los Estados Unidos era 
útil en cuanto que profundizaba el análisis del CCMA.  Nueva Zelandia había preparado en marzo 
de 2000 un documento, WT/CTE/W/134, que también ha bía puesto de relieve una serie de esferas de 
transferencias financieras, algunas de las cuales te nían un efecto negativo demostrado en el comercio, 
el medio ambiente y el desarrollo sostenible.  Últimamente se había trabajado mucho en este sector, 
sobre todo en la OCDE, para su estudio sobre las tr ansferencias financieras oficiales en los países de 
la OCDE con destino al sector pesquero, que se publicaría en septiembre.  Este estudio ponía de 
manifiesto además los problemas que afrontaba este sector.  Nueva Zelandia observó que el CCMA 
había acordado en la reunión de marzo que la Secret aría actualizara el trabajo sobre este tema.  Sería 
útil que se realizase un examen a fondo de esta cues tión en la reunión de octubre, una vez que se 
hubiera distribuido el documento de la Secretar ía.  Nueva Zelandia alentaba a los Miembros a 
presentar contribuciones en esta esfera. 
 
97. El representante del Perú  dijo que el documento de los Estados Unidos había contribuido de 
manera notable al debate sobre los efectos perjudiciales de las subvenciones a la pesca, que era un tema que despertaba preocupación en el Perú.  El Perú había realizado esfue rzos para la ordenación 
sostenible de sus recursos pesqueros.  Los miembr os del Comité Permanente del Pacífico Sur, es WT/CTE/M/24 
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 decir, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, habían ne gociado un Acuerdo marco pa ra la conservación de 
los recursos pesqueros de alta ma r en el Pacífico sudoriental, que estaba a punto de entrar en vigor y 
que estaría abierto a la participación de otros paí ses.  Las categorías de subvenciones del documento 
de los Estados Unidos servían de ejemplo y debían examinarse más a fondo.  El Perú se reservaba el 
derecho a formular observaciones sobre el documento  de los Estados Unidos una vez que lo hubieran 
examinado en la capital. 
 98. El representante de Noruega
 dijo que el documento de los Estados Unidos adelantaba el 
debate sobre las subvenciones pes queras y los modelos con una ventaja doble.  La FAO debía elaborar 
definiciones y clasificaciones de las subvenciones a la  pesca.  El documento de los Estados Unidos 
establecía los tipos de las subvenciones a la pesca y enumeraba ejemplos, más que dar definiciones y 
clasificaciones.  Noruega formularía observaciones más adelante, después de que el documento se 
hubiera examinado en la capital.  Sobre la lista de l documento de los Estados  Unidos de subvenciones 
que perjudicaban el medio ambiente  y distorsionaban el comercio, No ruega ponía en duda la inclusión 
de la investigación y desarrollo con fondos públicos  aplicables comercialmente.  En Noruega, por 
ejemplo, se realizaba investigación y desarrollo para perfeccionar los s ubproductos destinados a 
mejorar el uso de las materias primas, actividad  importante para el desarrollo sostenible.  La 
financiación del gobierno era necesaria para garanti zar que se realizase este tipo de investigación y 
desarrollo, con un riesgo elevado de fracaso.  Sin embargo, esta financiación debía considerarse 
solamente en combinación con la financiación proceden te de la industria pesquera.  Noruega esperaba 
con interés un debate constructivo s obre las subvenciones a la pesca.  
 
99. El representante de la Argentina  formuló algunas observaciones preliminares sobre el 
documento de los Estados Unidos.  La lista de  subvenciones que figuraba en dicho documento 
facilitaría el análisis, en particular porque era ilust rativa, pero no exhaustiva.  La Argentina habría 
preferido que el documento hubiese contenido un ex amen de las subvenciones a la pesca artesanal, 
puesto que los efectos eran diferentes de los de las subvenciones a la industria en general y las 
subvenciones estaban implícitas en los acuerdos p esqueros preferenciales.  Algunos países negociaban 
acuerdos para el acceso preferencial a los mercados de sus productos pesqueros.  El país que ofrecía el 
acceso a su mercado, de manera que su flota pudiera  tener derecho a pescar en las aguas de un país en 
desarrollo, renunciaba a los aranceles a través de lo s ingresos fiscales sacrificados;  el país que 
concedía el acceso a su zona de pesca, normalmente un país en desarrollo, cobr aba una tarifa que solía 
ser inferior a la que normalmente hubiera aplicado en  el intercambio para mejorar sus exportaciones.  
Sin embargo, se recibirían menos ingresos para c ontrolar la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de ese 
país, lo que podía tener efectos negativos en el me dio ambiente.  Sería interesante examinar esta 
cuestión, que se habían mencionado en el párrafo 24.1 del documento de los Estados Unidos como 
pagos de acceso a extranjeros financiados por el gobier no.  En cuanto a la pregunta del Japón sobre si 
existía un problema, la Argentina considerab a que estaba claro que había un problema de 
sobreexplotación pesquera.  Había también problemas en relación con la falta de ordenación en la 
pesca, que se complicaban por el hecho de que los recursos pesqueros entrab an en las jurisdicciones 
nacionales y salían de ellas;  con respecto a las di ficultades de los países en desarrollo para controlar 
su jurisdicción nacional, debido en gran parte a la fa lta de recursos financieros;  y en relación con las 
subvenciones que distorsionaban los costos y los riesgos  en este sector.  Si bien la ordenación de la 
pesca no quedaba dentro del ámbito de la OMC, és ta podía trabajar para suprimir las subvenciones 
pesqueras comprendidas en su cometido.  La Argen tina preguntó al Japón si podía negar la existencia 
de una relación causal entre subvenciones y sobreexpl otación pesquera.  La respuesta sería un primer 
paso para determinar si había un problema.  En opinión de la Argentina, había sin lugar a dudas una 
relación causal entre el estímulo económico que los gobier nos concedían a la industria de la pesca y la 
sobreexplotación.  Era necesario evaluar la gravedad de esa relación causal y luego determinar la 
manera de eliminar los tipos de  subvenciones que daban lugar a la  sobreexplotación.  La Argentina 
formularía nuevas observaciones sobre el documento de los Estados Unidos en la siguiente reunión. 
  WT/CTE/M/24 
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 100. El representante del Japón  dijo que durante el examen del debate sobre la pesca en el CCMA 
se habían planteado dos cuestiones que todavía no habí an recibido respuesta.  En primer lugar, ¿cuál 
era el problema?  El Japón no tenía conocimiento de  ningún caso concreto en el que las subvenciones 
a la pesca hubieran desempeñado una función primor dial en la sobreexplotación pesquera.  El Japón 
había pedido repetidamente a los Miembros que pe dían la supresión de las subvenciones al sector 
pesquero que suministraran ejemplos específicos de casos en los cuales di chas subvenciones hubieran 
provocado una sobreexplotación.  El documento del Banco Mundial, de Milazzo, que se había citado 
a este respecto, establecía conceptos y teorías, pero no daba ejemplos concretos.  El único documento 
que proporcionaba estudios de casos, como señalab a Nueva Zelandia, era el reciente estudio de 
la OCDE sobre los efectos de las transferencias of iciales en la sostenibilidad de la pesca.  Sin 
embargo, la conclusión del estudio de la OCDE establecía nueve resu ltados básicos, por ejemplo que 
"es difícil determinar los efectos de las transferenci as en la sostenibilidad de los recursos, puesto que 
hay numerosos factores que influyen en la salud de las poblaciones de peces que son difíciles de desentrañar".  La segunda cuestión se refería a la relación entre las subvenciones a la pesca 
perjudiciales para el medio ambiente y distorsionado ras del comercio y el Acuerdo SMC.  Si ciertas 
subvenciones a la pesca distorsionaban el comercio , el Japón se preguntaba por qué no se abordaban 
en el marco del Acuerdo SMC, puesto que se s uponía que éste cubría todas las subvenciones que 
distorsionaban el comercio, salvo las relativas a la agricultura.  101.  El Japón formuló algunas observaciones preliminares sobre el documento de los Estados Unidos.  Los Estados Unidos distinguían  entre los efectos de las subvenciones y la 
ordenación del sector pesquero.  En el párrafo 9, lo s Estados Unidos clasificaban la ordenación de la 
pesca en tres categorías y describían de qué manera podían reducirse al mínimo los efectos negativos 
de las subvenciones al sector pesquero en funci ón del tipo de sistema de ordenación de la pesca.  
Aunque no estaba necesariamente de acuerdo con es ta clasificación, el Japón apreciaba el hecho de 
que los Estados Unidos mencionasen la relación entr e los efectos de las subvenciones y los sistemas 
de ordenación de la pesca.  En el documento de los Estados Unidos se aclaraba que ciertos gastos 
públicos debían estar exentos, por ejemplo los de stinados a la ordenación, la investigación y la 
observancia.  El Japón entendía que los Estados Uni dos no deseaban eliminar todas las subvenciones 
al sector pesquero, sino sólo las que contribuían a la  sobreexplotación de sus recursos.  Así pues, para 
la ordenación de la pesca eran necesarias determ inadas subvenciones a este sector.  El Japón recordó 
que en la reunión del Subcomité de la FAO sobre Comercio Pesquero, celebrada en marzo de 2000, 
había habido consenso en cuanto a la necesidad de gasto público por lo menos para la investigación y 
la observancia.  En el documento de los Estados Unidos no se describía cuál era el problema.  La 
referencia al Plan de Acción de la FAO no era neutral;  el Plan de Acción de la FAO establecía que sus Miembros debían abordar todos los factores que contribuían a la explotación y la capacidad 
excesivas de la pesca, incluidas l as subvenciones.  El documento de  los Estados Unidos no indicaba 
por qué no se podía utilizar el Acuerdo SMC para tratar este problema.  El Japón expresó su 
preocupación por la lista de  subvenciones "malas" que figuraba en el documento de los 
Estados Unidos, teniendo en cuenta  la conclusión del estudio de la OCDE de que los posibles efectos 
negativos de algunos tipos de transferencias se podían reducir o casi anular cuando las políticas en 
materia de transferencia y ordenación de los recursos eran coherentes.  En otras palabras, si la ordenación de la pesca era adecuada, no había que preocuparse por los efectos negativos de las 
subvenciones.  La lista, más que enumerar las subvenciones "malas",  debería indicar las subvenciones 
que podían llegar a ser "malas" con una orden ación inadecuada de la pesca.  Tomando nota del 
enfoque genérico del documento de los Estados Unid os para clasificar las subvenciones pesqueras, el 
Japón dijo que la decisión en cuanto a si una subvenc ión era "buena" o "mala" se había de adoptar tras 
un examen caso por caso.  El Japón consideraba que en un documento sobre las subvenciones al 
sector pesquero se debía exponer la teoría general, seguida de ejemplos específicos de casos concretos 
en los cuales estas subvenciones provocaban una sobreexplotación;  se debía establecer que no se 
podía utilizar el Acuerdo SMC;  se debían enum erar las subvenciones que en el marco de una 
ordenación inadecuada de la pesca podían convertirse en "malas";  y se debía estipular que las WT/CTE/M/24 
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 subvenciones a la pesca tenían que evaluarse previo  examen caso por caso en función de sus efectos 
sobre los recursos pesqueros.  102. Sobre las observaciones de la Argentina rela tivas a la capacidad de los países en desarrollo 
para la ordenación de los recurs os pesqueros, el Japón observó que  los países en desarrollo que 
estaban negociando acuerdos de pesca en su  ZEE con países desarrollados tenían la opción de negar 
el acceso a ella.  Si los países en desarrollo confiaran en su ordenación de la pesca, se podrían 
beneficiar de tales acuerdos a cambio de una ta rifa de acceso.  El Japón entendía que la Argentina 
tenía acuerdos con varios países sobre el acceso a los recursos pesqueros.  En respuesta a otras 
observaciones en el sentido de que recaía en el Ja pón la carga de la prueba para demostrar que no 
había relación causal entre las subve nciones y la explotación mundial de  los recursos pesqueros, el 
Japón recordó que antes de la Conferencia Ministeria l de Seattle se había prod ucido un debate sobre 
las subvenciones a la pesca, en el cual el Japón había planteado los posibl es efectos negativos del 
comercio sobre la sostenibilidad del sector pesque ro.  Entonces se había señalado que no había efectos 
negativos.  Así pues, si el Japón tenía que demostra r que no había relación entre las subvenciones y la 
sobreexplotación de la pesca, otros deberían demost rar que el comercio no ejercía efectos negativos 
sobre la sostenibilidad de la pesc a.  En cuanto a si la supresión de las subvenciones era una solución 
para la sobreexplotación, el Japón dijo que, como pa rte de un enfoque amplio de la sobreexplotación, 
si se observaba que determinadas subvenciones repercutían negativam ente en la sostenibilidad, su 
eliminación sería parte de la solución.  El Japón pr eguntó qué parte de las conclusiones del estudio de 
la OCDE respaldaba las opiniones de Nueva Zelandi a y el debate en el CCMA y pidió a los Miembros 
que facilitasen ejemplos "realistas" de los efectos negativos de las subvenciones en la explotación de 
los recursos pesqueros.  Era cierto que los incenti vos financieros podían dete rminar un aumento de las 
capturas, pero cualquier efecto de las subvenciones se debía considerar en el marco de la ordenación 
de la pesca.  Por ejemplo, se había indicado que las subvenciones para la construcción de 
embarcaciones tenían efectos negativos, pero si un país tenía un sistema de ordenación del acceso 
limitado, estas subvenciones no tenían por qué ser n ecesariamente negativas.  Si un país dispusiera de 
la prescripción de que para construir nuevas embarc aciones hubiera que desguazar las viejas, y que las 
nuevas embarcaciones tuvieran que tener una capacida d inferior, dicha subvención contribuiría a la 
sostenibilidad de los recursos p esqueros.  Sin examinar la ordenación de la pesca, no era posible 
determinar si las subvenciones al sector eran "buenas" o "malas".  
103. El representante de Chile
 elogió la lista de categorías de subvenciones al sector pesquero 
perjudiciales para el medio ambiente y distorsionado ras del comercio que figuraba en el documento 
de los Estados Unidos.  Debían eliminarse las subvenciones que generaba n un exceso de capacidad 
pesquera y contribuían a la sobreexplotación del sector.  Las subvencion es a la pesca también 
afectaban a las poblaciones de pe ces transzonales y altamente migratorias que normalmente no 
estaban en la jurisdicción territorial del país que  concedía la subvención.   Las flotas pesqueras 
subvencionadas que operaban en los límites de la ZEE de un país c ontribuían directamente a reducir 
la biomasa y obligaban a los países afectados a ad optar medidas de conservación.  Muchos de los 
países que subvencionaban la pesca eran desarro llados con una supuesta preocupación ecológica por 
conservar los recursos naturales.  Aunque estos  países habían adoptado posiciones ecológicas en 
varios foros internacionales de medio ambiente, no r econocían en el CCMA las ventajas de eliminar 
las subvenciones que perjudicaban el medio ambiente  y distorsionaban el comercio.  Chile tenía un 
compromiso cada vez mayor con la protección del me dio ambiente y consideraba esencial proteger 
sus especies marinas, dada la riqueza y diversidad de  los recursos pesqueros derivados de la situación 
geográfica de Chile y la importancia de este sector en la economía del país.  La legislación chilena en 
materia de pesca establecía la conservación y la utili zación sostenible de los recursos pesqueros.  En 
el año 2000, Colombia, Ecuador, Perú y Chile habían adoptado un Acuerdo marco para la 
conservación de los recursos pesqueros de alta ma r en el Pacífico sudoriental.  Chile acogía con 
satisfacción las contribuciones que re spaldaban un debate obj etivo sobre las ventajas de eliminar las 
subvenciones que distorsionaban el comercio y perjudicaban el medio ambiente.  Chile señaló 
asimismo la ausencia del Japón en el estudio de la APEC sobre la pesca.  WT/CTE/M/24 
 Página 37 
 
 
  
104. El representante de Corea  formuló algunas observaciones preliminares sobre el documento de 
los Estados Unidos.  Aunque compartía la preocupaci ón por el agotamiento de los recursos pesqueros, 
Corea no estaba convencida todavía de que las s ubvenciones a la pesca est uvieran estrechamente 
relacionadas con la reducción de ésta y de que hubier a que señalarlas en particular.  Corea mencionó 
la observación contenida en el párrafo 16 del docum ento de los Estados Unidos de que "esos efectos 
adversos no han sido evaluados detenidamente por expertos no  gubernamentales, organizaciones 
internacionales ni con motivo de diferencias en la OMC".  Corea señaló a la atención el informe de 
la OCDE, AGR/FI(99)3/REV3, "Repercusiones de las transferencias financieras públicas en la 
sostenibilidad de los recursos p esqueros", en el cual se observaba que "aunque en algunos casos se 
ponía de manifiesto que la pesca excesiva había contri buido a crear problemas de sostenibilidad de los 
recursos, en pocos se demostraba la vinculación entre estos problemas y las transferencias financieras públicas".  Corea recordó que el Plan de Acción de la FAO abordaba la conservación de los recursos 
marinos y aspectos conexos, en par ticular la relación entre las subvenciones, el comercio y la 
sostenibilidad.  Dado que los instrumentos para a bordar la pesca contenían numerosos elementos, 
como la ordenación, el comercio ilegal y las subvenciones, Corea se preguntaba cuál era el 
instrumento más importante para contrarrestar el  problema de la sobreexplotación.  Si bien no 
pretendía bloquear los debates, Corea considerab a que habría que dejar esta cuestión en manos de 
la FAO y del Comité de Subvenciones de la OM C.  La posibilidad de abordar esta cuestión en 
el CCMA se podría decidir después de recibir los r esultados de la FAO.  Con independencia de su 
posición básica, Corea estimaba que el documento de  los Estados Unidos mo straba algunos progresos, 
puesto que excluía de la lista de posibles subvenc iones perjudiciales para el medio ambiente los 
programas oficiales de gestión de las pesquerías, la ciencia y las medidas coercitivas y la mayoría de las instalaciones portuarias y de desembarque de financiación pública.  Algunas veces las 
subvenciones a la pesca desempeñaban una función po sitiva en la creación de recursos pesqueros y de 
empleo en islas y poblaciones dependientes de la pesca sin que se dañasen los recursos pesqueros.  
Las ayudas a la pesca se debían tratar con arregl o a la situación específica de cada país.  No era 
necesario debatir a quién correspondía la carga de la prueba, que debía estar en manos de 
organizaciones competentes, como la FAO y la OCDE.  Si las subvenciones que perjudicaban el medio ambiente eran también distorsionadoras del comercio, podían proseguir los debates en el 
Comité SMC.  
105. El representante del Canadá
 respaldó los esfuerzos de los Estados Unidos por mejorar los 
conocimientos del CCMA sobre los diferentes tipos  de subvenciones a la pesca basándose en la 
investigación y presentando las cuestiones de forma f áctica.  El documento de los Estados Unidos 
complementaba la investigación de otras organizaciones, como la FAO, la APEC y la OCDE.  El Canadá preguntó cómo habían establecido los Esta dos Unidos las categorías de las subvenciones y 
mostró interés en obtener una descripción más amplia  de los programas enumerados en el documento 
para conocer mejor por qué se habían excluido de terminados programas y el significado de algunas 
prescripciones.  Por ejemplo, el Canadá se pregunt aba sobre la manera de interpretar la frase "no 
corresponde a las condiciones del mercado ni a la s prácticas comerciales" del párrafo 23.  Con 
respecto a los efectos perjudiciales de las subvencion es a las pesquerías de acceso libre, las pesquerías 
de acceso libre regulado y las pesquerías basadas en der echos que figuraban en el párrafo 9, el Canadá 
tenía interés en conocer la investigación que resp aldaba esas conclusiones que pudieran proporcionar 
los Estados Unidos u otros Miembros.   106. El representante de Australia
 opinaba que era una función clara de la OMC, en particular 
del CCMA, complementar las actividades de otros fo ros para abordar las subvenciones que influían 
negativamente en la pesca sostenible.  Las subvenci ones que afectaban al sect or pesquero planteaban 
también problemas de desarrollo y de medio ambiente, puesto que el comercio de los productos 
pesqueros era una fuente importante de divisas pa ra muchos países en desarrollo.  Se debían 
aprovechar positivamente los preparativos de una fu tura ronda comercial para realizar un análisis 
preliminar de esta cuestión.  Australia mencionó los puntos del documento de los Estados Unidos WT/CTE/M/24 
Página 38  
 
 sobre las interacciones entre la ordenación de la p esca y las subvenciones.  Había que adoptar medidas 
para mejorar la eficacia de las prácticas de ordenación sostenible de la pesca y suprimir la subvenciones que contribuyesen a una capacidad y una pesca excesivas.  El CCMA debería poder aceptar este punto básico y no debatir las funciones respectivas de la ordenación de la pesca y la 
reforma de las subvenciones al abordar los grav es problemas que afectaban a numerosas pesquerías.  
Australia también encontraba útil es en el documento de los Esta dos Unidos los puntos sobre los 
efectos de "desbordamiento" relacionados con las subve nciones y el intento de clasificar los diversos 
tipos de subvenciones perjudiciales para el medio ambiente y distorsionadoras del comercio.  Este 
análisis proporcionaba una base para nuevos debates.  
 
107. El representante de las Comunidades Europeas
 dijo que su delegación era favorable a un 
debate que exigía diferentes perspectivas y esper aba con interés un diálogo dinámico sobre éste y 
otros sectores.  Los futuros documentos de preparación multilateral de la OCDE y la FAO podrían constituir una base valiosa para un diálogo objet ivo.  Algunos puntos del documento de los 
Estados Unidos parecían alejarse de la descripción equilibrada que aparecía en la FAO y la OCDE.  
Existía el peligro de que si el CCMA se apartaba  de las descripciones equ ilibradas no fuera posible 
seguir avanzando en los debates.   108.  El representante de Islandia
 dijo que las subvenciones a la pesca perjudicaban el medio 
ambiente, distorsionaban el comercio y socavaban el desarrollo sostenible tanto en los países 
desarrollados como en desarrollo.  Aunque éste era un hecho cada vez más reconocido, faltaban 
análisis concretos para identificar con exactitud las subvenciones improcedentes que generaban una 
capacidad y una pesca excesivas.  Para fomentar el debate, Islandia había pro puesto en la reunión de 
febrero que la Secretaría actualizase la sección de pesca del documento WT/CTE/W/67, concentrándose en las cuestiones más destacadas para mejorar los conocimientos del CCMA sobre la 
naturaleza, el alcance y las repercusiones de las subvenciones al sector pesquero.  El documento de 
los Estados Unidos añadía al análisis una impor tante dimensión mediante la identificación de las 
categorías de subvenciones a la pesca, que ofr ecía un marco para determ inar las subvenciones 
improcedentes.  Aunque en gene ral estas categorías eran útiles,  se necesitaba más tiempo para 
examinarlas.  Como respuesta inicial, era im portante que en estas cat egorías se distinguiera 
claramente entre transferencias financieras oficia les en general y subvenciones improcedentes en 
particular, es decir, subvenciones que claramen te contribuían a la capacidad excesiva.  La 
identificación de los diferentes tipos de subvenciones er a el primer paso para analizar con detalle estas 
subvenciones y sus efectos.  Como segundo paso, el  CCMA debía aclarar los efectos distorsionadores 
del comercio de los distintos tipos de subvenciones.   Sería importante analiz ar las cifras para estas 
categorías, basándose en las notificaciones de los Miembros.  La Secretaría las examinaría al 
actualizar las actividades sobre la pesca. 
 
109. El representante de Hong Kong, China
 recordó el apoyo de su delegación al documento de 
Nueva Zelandia, WT/CTE/W/134, en particular s obre las ventajas de la situación doblemente 
beneficiosa de la eliminación de las subvenciones a la pesca.  Hong Kong, China recordó la petición a 
la Secretaría de que preparase una actualización del tr abajo anterior sobre las subvenciones a la pesca 
para la reunión de octubre. 
 
110. El representante de Nueva Zelandia , respondiendo al Japón, dijo que su delegación no citaría 
específicamente las palabras del estudio de la OCDE , cuyas conclusiones obedecían a un proceso de 
negociación equilibrada.  El estudio de la OCDE cont enía información fáctica sobre las transferencias 
oficiales a este sector, acerca de las cuales los Miem bros podían sacar sus propios conclusiones.  En 
cuanto a si había un problema, Nueva Zelandia dijo  que cuando se creaban los incentivos financieros 
para explotar recursos pesqueros cuya situación crítica había denunciado repetidamente la FAO, se 
producían efectos negativos importantes.  Varios Miembros habí an señalado estos efectos negativos 
desde el punto de vista de las consecuencias ecol ógicas sobre los recursos pesqueros.  Como se 
indicaba en el documento de los Es tados Unidos, había que considerar  los efectos distorsionadores del  WT/CTE/M/24 
 Página 39 
 
 
 comercio de esas subvenciones y las dificultades que de  esta manera se creaban para varios países, en 
particular países en desarrollo.  Algunas respuest as a la solicitud de medidas en este sector en 
el CCMA, como había observado la Argentina, se habían concentrado en el hecho de que las subvenciones eran solamente parte de otro pr oblema mayor y que, por consiguiente, había que 
abordar las cuestiones relativas a la ordenación;  Nueva Zelandia no estaba de acuerdo en que a menos 
que no se pudieran tratar al mismo tiempo todos lo s aspectos relacionados con la sobreexplotación no 
tenía sentido abordar el problema de una manera pa rcial.  Como la Argentina había señalado, este 
enfoque no tenía en cuenta los mandatos del CCMA y la OMC, que se concen traban en los aspectos 
relacionados con el comercio.  Si se consideraban todos los factores, las subvenciones al sector pesquero eran un objetivo lógico del CCMA;  seguir ignorando las subvenciones dañaría la 
credibilidad de la OMC sobre el comercio y el medio ambiente.  Los Miembros debían prepararse 
para un examen detallado en la reunión de octubre. 
 111. El observador de la FAO
 recordó la actualización de las actividades de la FAO relacionadas 
con la pesca a efectos de la aplicación del Plan de Acción Internacional para la Ordenación de la 
Capacidad Pesquera en el documento WT/CTE/W/ 135 y el Plan de Acción de la FAO en el 
documento WT/CTE/W/126.  La FAO tenía varias actividad es en curso en esta esfera:  i) una serie de 
directrices técnicas para la ordenación de la capac idad pesquera, cuya publicación estaba prevista para 
el año 2000;  ii) un estudio identificando los factor es que contribuían a la capacidad excesiva del 
sector pesquero y la falta de sostenibilidad;  y iii) un análisis de las subvenciones a la pesca.  Había 
que señalar que las subvenciones eran uno de los va rios factores que se habían identificado como 
causantes de la capacidad excesiva.  Una consulta de expertos examinaría la labor de la FAO en Roma 
en diciembre de 2000 y sus resultados se presentarían  al 24º período de sesiones del Comité de Pesca 
de la FAO en 2001 y se distribuirían ampliamente.  112. La representante de los Estados Unidos
 agradeció a los Miembros sus observaciones sobre el 
documento de su delegación, que había impulsado el  debate.  Los Estados Unidos apreciaban la 
participación del Japón en el proceso de la OCDE y confiaban en que el Japón participaría en el 
estudio actual de la APEC sobre este tema.  En cuanto  a la petición del Japón de ejemplos concretos, 
los Estados Unidos dijeron que la pesca frente a la co sta de Nueva Inglaterra de los Estados Unidos se 
encontraba en una situación muy difícil, como  resultado de programas oficiales equivocados 
introducidos en el decenio de 1970 para alentar la construcción de embarcaciones y la inversión en el 
sector pesquero.  En consecuencia, se había producido una expansión de la capacidad y un 
agotamiento de esas poblaciones de peces.  Los Estados Unidos estaban en proceso de adoptar medidas para lograr la sostenibilidad de esas poblaciones, porque confiaban en que todavía era 
posible.  Los Estados Unidos habían realizado un an álisis de sus propios programas y el Congreso de 
los Estados Unidos había encargado un estudio sobre las inversiones federales en el sector pesquero.  
Se podían solicitar copias de dicho estudio a la mi sión de los Estados Unidos ante la OMC.  Los 
Estados Unidos responderían a las observaciones de los Miembros en la reunión de octubre. 
 113. El representante de la Secretaría
 dijo que, tal como se había acordado en la reunión de 
febrero, se estaba preparando una actualización del tr abajo sobre las subvenciones a la pesca para la 
reunión de octubre, en cooperación con otras organi zaciones, como la FAO, la OCDE y la APEC.  
Los Miembros estaban invitados a contribuir a este estudio. 
 Condición de observador para las organizaciones internacionales
 
 114. El Presidente
 recordó la solicitud de la condición de observador de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) en el CCMA, que se había distribuido a los Miembros. 
 115. El representante de Indonesia
 dijo que la experiencia enseñaba la estrecha relación existente 
entre el comercio del petróleo y la protección de medio ambiente.  El comercio del petróleo crudo y 
otros productos del petróleo podía inducir a determ inados países a  imponer medidas de protección del WT/CTE/M/24 
Página 40  
 
 medio ambiente en forma de restricción de nuevas prospecciones y a la aplicación de impuestos 
internos adicionales sobre el consumo de petróleo, en particular los impuestos sobre las emisiones de 
carbono.  La concesión a la OPEP de la condición de observador en el CCMA sería mutuamente 
beneficiosa para ambas organizaciones.  
116. Los representantes de Venezuela y Nigeria 
respaldaron la solicitud de la OPEP, habida cuenta 
de su activa función en los mercados mundiales de  la energía y el debate internacional relativo al 
medio ambiente.  117. La representante de los Estados Unidos
 dijo que, antes de adoptar una decisión sobre la 
solicitud de la OPEP, el CCMA debía obtener más in formación sobre el interés de la OPEP en la labor 
del CCMA.  Los Estados Unidos confiaban en que sobre esta base sería posible seguir adelante con 
las deliberaciones sobre esa solicitud.  118. El Presidente pidió a la Secretaría
 que solicitase a la OPEP más información sobre su interés 
en la labor del CCMA, de manera  que este asunto pudiera decidirse en la reunión de octubre. 
 Observaciones finales del Presidente
 
 119. El Presidente
 recordó que la próxima reunión se celebra ría los días 24 y 25 octubre, con una 
sesión de información relativa a los AMUMA el 24 octubre.  Las sesiones de información relativas a 
los AMUMA servían para contribuir a mejorar lo s conocimientos sobre la  evolución del programa 
multilateral para el medio ambiente.  Se había invitado al Dr. Klaus Töpfer, Director Ejecutivo del PNUMA, a participar en la sesión de información relativa a los AMUMA de octubre;  se confiaba también en que participase el Director General.  El Presidente dijo que este año tenía intención de 
mantener un diálogo constructivo en el CCMA y alentar la participación activa de los países en 
desarrollo, en particular los países africanos.  El Presidente animó a los Miembros a que 
contribuyesen con sus opiniones con vistas a una pr ofundización del análisis y el avance del debate 
sobre todos los puntos del programa de trabajo.  A fin de que los Miembros adoptasen el informe 
sobre la labor del CCMA de este año en la reunión  de octubre, se distribuiría con antelación un 
proyecto de informe.   WT/CTE/M/24 
 Página 41 
 
 
 ANEXO  
 
SESIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LOS AMUMA  
5 DE JULIO DE 2000  
 A. CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA (CDB) 
 1. La secretaría del CDB expuso el proceso de  negociación, los elementos fundamentales y el 
programa de trabajo del Protocolo de Cartagena so bre Seguridad de la Biotecnología, adoptado el 
29 de enero de 2000 por la Conferencia de las Pa rtes en el CDB;  y la quinta reunión de la 
Conferencia de las Partes en mayo de 2000, concentr ada en las decisiones rela tivas a la biodiversidad 
en la agricultura (Decisión V/5);  y la propiedad intelectual (Decisión V/26).  Estas decisiones se reseñaban en el documento informativo de la Secretaría del CDB, WT/CTE/W/
2.  En las 
Decisiones V/16 y V/26, la Conferencia de las Partes había reafirmado la importancia de los sistemas sui generis  para la protección de los conocimientos tr adicionales de las comunidades indígenas y 
locales y la distribución equitativa de los beneficios  derivados de su utilización.  La Conferencia las 
Partes había pedido también al Secretario Ejecuti vo del CDB que transmitiera estas decisiones y sus 
conclusiones a las Secretarías de la OMC y la OMPI.  En la Decisión V/26, la Conferencia de las Partes había invitado a la OMC a  reconocer las dispos iciones pertinentes del CDB, tener en cuenta el 
hecho de que estaban relacionadas con las dis posiciones del Acuerdo s obre los ADPIC y seguir 
investigando esta relación.  La Conferencia de l as Partes había renovado su petición al Secretario 
Ejecutivo del CDB de que solicitase la condición de observador en el Consejo de los ADPIC y el 
Comité de Agricultura.  El CDB destacó la impor tancia de la labor de l CCMA sobre situaciones 
doblemente beneficiosas, como por ejemplo las subve nciones, que tenían repercusiones negativas para 
la biodiversidad;  los progresos sobre estas cuesti ones en la OMC repercutirían positivamente en la 
labor del CDB. 
 
2. El objetivo del Protocolo de Cartagena, distribuido en el documento WT/CTE/W/136, era 
contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización seguras de los organismos vivos modifi cados resultantes de la biotecnología moderna 
que pudieran tener efectos adversos para la conser vación y la utilización sostenible de la diversidad 
biológica, teniendo en cuenta los riesgos para la salud humana y centrándose concretamente en los 
movimientos transfronterizos.  Para garantizar es tos objetivos, el Protocolo introducía un proceso de 
intercambio de información, mediante el cual se f acilitaba a los países importadores la información y 
la capacidad necesarias para adopt ar decisiones fundamentadas acerca de los posibles efectos de un 
organismo vivo modificado en su medio ambiente y te niendo en cuenta los riesgos para la salud  
humana, que era un método semejante al utiliz ado con los productos químicos peligrosos, 
particularmente en el Convenio de Rotterdam s obre el Consentimiento Fundamentado Previo y el 
Convenio de Basilea.  El elemento fundamental del Protocolo era el procedimiento de acuerdo 
fundamentado previo;  el sistema de adopción de d ecisiones, incluida la evaluación del riesgo y la 
incorporación de factores socioeconómicos al proceso de adopción decisiones, eran también 
elementos importantes.  El Protocolo contenía disp osiciones sobre la creación de capacidad en los 
países en desarrollo y los países con economía en tr ansición;  sobre el intercambio de información, 
incluido un Mecanismo de Intercambio de Informaci ón sobre Seguridad de la Biotecnología;  y sobre 
el etiquetado una vez obtenido el permiso para los desplazamientos transfronterizos de organismos 
vivos modificados.  3. La evaluación del riesgo debía realizarse con fundamento científico y de manera transparente, 
teniendo cuenta el asesoramiento de expertos y las directrices elaboradas por las organizaciones 
internacionales pertinentes.  Para los organismos vi vos modificados destinados a la introducción en el 
                                                     
 
2 Véanse las Decisiones de la quinta reunión de la Conferencia de las Partes en el documento 
WT/CTE/W/158, en >www.biodiv.org<, así como el Manual del CDB,  de la secretaría del CDB. WT/CTE/M/24 
Página 42  
 
 medio ambiente, la Parte de la importación disponí a de un plazo de 270 días para el proceso de 
adopción de decisiones.  Para los organismos vi vos modificados destinados al uso directo como 
alimento humano o animal o para procesamiento , conocidos de otra manera como productos 
derivados de la biotecnología, en el artículo 11 se establecía un procedimiento de acuerdo fundamentado previo simplificado.  Si un exportado r solicitaba permiso para importar un producto, el 
artículo 11 disponía que la deci sión de la Parte importadora prima facie debía basarse en la 
reglamentación nacional;  en ausencia de reglamen tación nacional, la Parte de la importación podía 
basarse en los principios del Protocolo como ayuda  para la adopción de decisiones.  Los artículos 
relativos al acuerdo fundamentado previo reconocían explícitamente que el enfoque de precaución 
podía ser una base válida para la adopción de decisi ones.  El párrafo 7 del artículo 11 contenía una 
definición de enfoque de precaución en este contexto. 
 4. El párrafo 2 a) del artículo 18 contenía una disposición de suma importancia, que establecía 
que en los productos o los organismos vivos modifica dos destinados para uso directo como alimento 
humano o animal, o para procesamiento se debía id entificar claramente que podían llegar a contener 
organismos vivos modificados y que no estaban des tinados para su introducción intencional en el 
medio, así como un punto de contacto para solicitar información adicional.  La ampliación de esta 
disposición se establecía en el párrafo 2, de ma nera que las Partes debían adoptar una decisión acerca 
de los requisitos para este fin, con inclusión de  la especificación de su identidad y cualquier 
identificación exclusiva, a más tardar dos años des pués de la fecha de entrada en vigor de dicho 
Protocolo.  El Protocolo establecía también instituciones básicas para su aplicación, el Comité 
Intergubernamental para el Protocol o de Cartagena con el mandato de  preparar la primera reunión de 
las Partes;  y una secretaría, que era la secretaría del CDB.  Un aspecto importante del Convenio era el Mecanismo de Intercambio de Información sobre Segur idad de la Biotecnología, sistema centralizado 
para facilitar el intercambio de información.  En la  adopción de decisiones sobre los organismos vivos 
modificados comprendidos en el Protocolo tenían una función esencial los centros focales nacionales 
y las autoridades nacionales competentes.  El mecanismo financiero del Protocolo y el CDB era el 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial.  En el  anexo II del documento WT/CTE/W/149 figuraban 
los signatarios del Protocolo, que seguiría abierto a la firma hasta el 4 de junio de 2001 y entraría en 
vigor tras el depósito del 50º Instrumento de Ra tificación.  El plan de trabajo del Comité 
Intergubernamental para el  Protocolo de Cartagena, adoptado por la V Conferencia de las Partes como 
Decisión V/1 y que se reproducía en el anexo III del documento WT/CTE/W/149, se basaba en la 
hipótesis de que el Protocolo entraría en vigor alre dedor de la fecha de la siguiente reunión de la 
Conferencia de las Partes, en abril de 2002.  La primera reunión del Comité  Intergubernamental para 
el Protocolo de Cartagena estaba prevista para los días 11-15 de diciembre de 2000 en Montpellier, 
con una segunda reunión en diciembre de 2001;  y en una reunión expertos se examinarían las 
modalidades para el establecimiento del Mecanismo  de Intercambio de Información sobre Seguridad 
de la Biotecnología en septiembre de 2000. 
 5. En relación con los problemas  futuros, era n ecesario mejorar la capacidad tecnológica de los 
países en desarrollo y los países con economía en transición;  el intercambio de información solamente sería efectivo si el receptor comprendía la información suministrada y podía adoptar decisiones fundamentadas basadas en es ta información y en sus propios conocimientos y capacidad.  
Esta cuestión se abordaría en el Comité Intergubernam ental para el Protocolo de Cartagena.  También 
serían esenciales conocimientos técnicos de redacci ón jurídica para aplicar el Protocolo, lo cual 
exigiría la aplicación de legislación detallada para algunos de los procedimientos.  También había que 
perfeccionar el procedimiento de acuerdo fundamen tado previo, como disponía el artículo 10 del 
Protocolo.  Se tendría que establecer el Mecanis mo de Intercambio de Información sobre Seguridad 
de la Biotecnología y la relación con el régimen mu ltilateral de comercio era una cuestión decisiva, 
habida cuenta del amplio alcance del Protocolo.  Era general el acuerdo en el sentido de que el 
Protocolo proporcionaba claridad a la aplicaci ón del enfoque de precaución con respecto al 
movimiento transfronterizo de organismos vivos modificados. 
  WT/CTE/M/24 
 Página 43 
 
 
 Preguntas  
 
Sobre la relación entre el CDB y la OMC.  
 
6. En el documento de información del CDB se exponían varios problemas con respecto al 
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología y las Decisiones adoptadas por la 
V Conferencia de las Partes, incluidas las cuestiones relativas a los derechos de propiedad intelectual, 
en particular la importancia de los sistemas sui generis  para la aplicación del CDB.  El CDB estaba 
siguiendo de cerca el examen del párrafo 3 b) del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC y las 
oportunidades doblemente beneficiosas relativas  a la supresión de las subvenciones que 
distorsionaban el comercio y perjudicaban el medi o ambiente en los sectores forestal, pesquero y 
agropecuario, que formaban parte del trabajo en curso de la OMC.   
Sobre la preparación de un modelo de legislación para la aplicaci ón de las disposiciones del CDB 
relativas a los conocimientos tradicionales.  
 
7. El CDB se estaba ocupando de esta cuestión.  En octubre de 1999, el grupo de expertos sobre 
acceso y distribución de los beneficios había recome ndado la preparación de directrices.  El Grupo de 
Trabajo ad hoc  sobre acceso y distribución de los beneficios examinaría con detalle esta cuestión.  Se 
había previsto una reunión abierta sobre el artícul o 8 j) que abordaría la cuestión del modelo de 
legislación para la aplicación de las disposicion es relativas a los conocimientos tradicionales para 
comienzos del año 2002, antes de la sexta reunión de las Partes en el CDB. 
 
Sobre la asistencia técnica en el CDB.  
 
8. Éste era un aspecto importante en el CDB y en el Protocolo de Cartagena.  En el artículo 22 
del Protocolo se abordaba esta cuestión.  La asisten cia técnica era esencial para la aplicación eficaz 
del Protocolo.  Muchos países desarrollados expor tadores consideraban que era necesaria la creación 
de capacidad en los países en desarrollo.  La labor  del Comité Intergubernam ental para el Protocolo 
de Cartagena se concentraba en la movilización de r ecursos y la satisfacción de las necesidades de los 
países en desarrollo.  Un primer paso sería efect uar una evaluación de estas necesidades.  El Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial ya había propor cionado recursos para la evaluación de las 
necesidades y la capacidad en materia de biotecnología y había una propuesta para ampliar el 
proyecto piloto que se estaba realizando en 18 países a un grupo mayor de países.  
Sobre los incentivos para alentar la participación en el CDB.  
 9. El CDB tenía un enfoque distinto con resp ecto a los incentivos, en el sentido de que el 
proceso era participativo e incluía a todas las Part es.  Casi había llevado a una lucha en el CDB la 
inclusión de los países con pocos recursos, pu esto que con frecuencia estos países tenían una 
diversidad biológica considerable.  Por consiguiente , estos países comprendían que las cuestiones eran 
importantes.  El CDB también tenía un interés especial en la identificación de las necesidades mediante el intercambio información y el suministro  de recursos a través del mecanismo financiero. 
 
Sobre la cooperación entre la OMC, el CDB, la UPOV, la OMPI y la FAO.  
 
10. El CDB se ocupaba de una amplia serie de temas en un sector complejo;  la cooperación era 
fundamental para la aplicación efic az del CDB.  La secretaría del CDB estaba coordinando su enfoque 
en relación con los temas que entraban en el ámb ito del CDB con objeto de adelantar el trabajo y 
evitar la duplicación de la labor de otras organizaciones internacionales.  WT/CTE/M/24 
Página 44  
 
 B. PROTOCOLO DE MONTREAL RELATIVO A LAS SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA 
CAPA DE OZONO 
 11. La exposición de la secret aría del Protocolo de Montreal se basó en su documento de 
información, WT/CTE/W/142.  Se habían introduc ido en el Protocolo de Montreal cuatro 
modificaciones que en esencia habían contribuido a impulsarlo y que había que ratificar.  La última 
modificación era la de Beijing, de diciembre de 1999.   Así pues, había no partes diferentes para las 
distintas disposiciones que se habían introducido en cada una de las modificaciones.  Todas las Partes 
tenían un calendario para la supresi ón progresiva de las sustancias fiscalizadas, con informes anuales 
a la Secretaría, de manera que l as Partes pudieran verificar la aplicación.  Había un procedimiento de 
incumplimiento.  Los países en desarrollo se habían beneficiado de un período de gracia de 10 años 
para su aplicación.  Había un Fondo Multilateral con contribuciones de los países desarrollados para 
ayudar a los países en desarrollo a introducir tec nologías alternativas no perjudiciales para el ozono.  
Había disposiciones para la transferencia de tecnol ogía alternativa y para el control del comercio con 
los países no partes. 
 
12. Como se establecía en el documento WT/CTE/ W/142, había tres categorías de controles:  
sobre la sustancias;  sobre los productos que co ntenían esas sustancias;  y sobre los productos que se 
podían fabricar con esas sustancias pero no las conten ían.  En relación con la última categoría, se 
había decidido que, dadas las dificultades de verificación, no se impondrían medidas de control.  Hasta el momento no se habían utilizado los procedimie ntos de cumplimiento del Convenio de Viena.  
En virtud del Protocolo de Montreal, había un Co mité de Ejecución formado por las Partes para 
examinar los casos de incumplimiento  que señalara a su atención la Secretaría o una Parte, o incluso 
la propia Parte incumplidora.  La asistencia para la aplicación era la primera forma de abordar el incumplimiento, seguida de una advertencia y, en el  peor de los casos, la suspensión de algunos de los 
artículos del Protocolo.  Hasta el momento,  el Comité había examinado la situación de 
incumplimiento de 11 países, entre ellos la Fede ración de Rusia.  Se había recomendado que se 
prestase asistencia y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial estaba ayudando a estos países a ponerse en conformidad.  13. Las medidas comerciales del Protocolo habían logrado impedir la transferencia de la 
capacidad de producción de CFC a los países no parte.  Hasta el momento no habían surgido 
problemas entre el Protocolo de Montreal y la OM C.  Las enmiendas de Montreal y Beijing habían 
impuesto restricciones comerciales sobre determina dos productos químicos.  Había numerosos países 
no parte en esas enmiendas y existía la posibilidad  teórica de que algunos países no partes en esas 
enmiendas llevasen la controversia ante la OMC.   Otro problema era la supresión progresiva de 
productos ya utilizados que contenían CFC.  A pe tición de varios países en desarrollo se había 
planteado la cuestión del dumping de estos productos en dichos países.  Las medidas adoptadas por 
los países en desarrollo para interrumpir la import ación de tales productos podrían ser una fuente de 
controversia.  La OMC y el PNUMA debían identif icar problemas potenciales como éstos y adoptar 
las medidas necesarias.  Preguntas
 
 
Sobre la aplicación de la transferencia de tecnología en el Protocolo de Montreal  
 
14. Las disposiciones del Protocolo de Montreal  solamente facilitaban la transferencia de 
tecnología, pero no la aseguraban.  Esta situaci ón no era completamente satisfactoria desde el punto 
de vista de los países en desarrollo.  Durante la s negociaciones del Protocol o se había aducido que los 
gobiernos no tenían la autoridad para exigir que l as compañías privadas transf iriesen tecnologías.  Así 
pues, el texto final hablaba solamente de "promover" la transferencia de tecnologías.  No obstante, era 
considerable el volumen de transf erencia de tecnología que se estaba  realizando.  Una buena muestra 
de ello eran los 2.500 proyectos que se estaban ej ecutado en países en desarrollo con financiación del  WT/CTE/M/24 
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 Fondo Multilateral.  En ciertos casos, a saber, en la  India y Corea del Sur, había habido inquietud por 
las condiciones impuestas a la transf erencia de tecnología destinada a la fabricación de HCFC, para la 
cual estos países habían perfeccionado sus propias tecnologías.  
Sobre el uso de instrumentos económ icos del Protocolo de Montreal  
 
15. Los instrumentos económicos eran important es en el marco del Protocolo de Montreal.  
Muchos países estaban utilizando in strumentos económicos para aplicar  el Protocolo.  Singapur y los 
Estados Unidos eran ejemplos de Partes que habí an introducido impuestos y permisos comerciales 
para la aplicación del Protocolo. 
 
C. CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO 
CLIMÁTICO 
 16. La exposición de la secretaría de la C onvención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático se basaba en su documento de  información WT/CTE/W/153.  El Protocolo de 
Kyoto de 1997 exigía que las Partes del ane xo I (países desarrollados) redujeran para 2008-2012 sus 
emisiones colectivas de gases de ef ecto invernadero a un nivel un 5 por ciento inferior al de 1990.  Se 
había producido un cambio de orientación hacia obj etivos más específicos y los medios para 
conseguirlos, con los correspondientes efectos en l as políticas nacionales.  Se  comenzaba a establecer 
una distinción entre los objetivos específicos de  las Partes del anexo I (países desarrollados) de 
reducir las emisiones a un nivel un 5 por ciento inferior al de 1990, así como otros compromisos, en 
particular políticas y medidas para facilitar la transferencia de tecnologías y el flujo de recursos a las Partes que eran países en desarrollo para que  pudieran cumplir sus compromisos.  En las 
negociaciones se ponía de relieve que las medidas pr opicias para los países en desarrollo debían 
aplicarse mediante instituciones ex istentes, tales como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, 
que era el mecanismo financiero para la Convenc ión Marco.  La experiencia con las comunicaciones 
nacionales indicaba que los países estaban adoptando una combinación de instrumentos basados en el 
mercado y normativos para cumplir sus compromisos.  Algunas Partes consideraban que esas medidas debían adoptarse en una proporción significativa dentro  del país;  otras consideraban que las medidas 
podían adoptarse en otros países para que fuesen ef icaces en función de los costos.  En esta última 
perspectiva se tenía en cuenta que el cambio cl imático era un problema mundial y que no importaba 
de dónde procedieran las emisiones siempre que se redujera la concentración de las emisiones totales 
en la atmósfera.  17. Como se establecía en los párrafos 4-6 del documento WT/CTE/W/153, el Protocolo contenía varios mecanismos de ejecución.  Había un mecanismo para un desarrollo limpio, mediante el cual los 
gobiernos y las compañías privadas del anexo I podí an obtener reducciones certificadas de emisiones 
mediante su participación en proyectos en países en  desarrollo destinados a reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero y a satisfacer las necesidades locales de desarrollo.  También se estipulaba que los gobiernos o las compañías priv adas del anexo I comparti eran las unidades de 
reducción de emisiones mediante proyect os realizados conjuntamente en el país para el cual los costos 
de reducción fueran más bajos.  Había también un co mercio de derechos de emisión, mediante la 
compra de una parte de las cantidades asignadas por  los gobiernos y las compañías del anexo I, con 
costos marginales elevados de la reducción, a los qu e tenían costos más bajos.  Estos tres mecanismos 
se podían incorporar a las obligaciones del Protocolo para las Partes del anexo I durante el período de 
cumplimiento de 2008-2012.  El carácter y el ámb ito de estos mecanismos y las vinculaciones entre 
ellos se estaban negociando.  La función del sect or privado era importante en la aplicación del 
Protocolo y en la posible interacción con la OMC.  El sistema de cumplimiento se abordaría en la 
VI Conferencia de las Partes en noviembre de 2000.  Para algunos países, la cuestión básica era disponer y garantizar que las Partes cumpliesen sus compromisos de reducción.  Para otros, se debía 
hacer hincapié en la disuasión, de manera que se impusiera sanciones a las Partes incumplidoras. 
 WT/CTE/M/24 
Página 46  
 
 Preguntas y observaciones 
 
 18. Se formuló la observación de que los efectos en la economía mundial de la aplicación de los 
compromisos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático eran enormes y que las repercusiones para la OMC en  relación con el comercio eran igualmente 
importantes, por ejemplo los ajustes fiscales en la frontera, el comercio de las emisiones, las normas y 
prescripciones de la OMC y el reconocimiento de las subvenciones no perjudiciales para el medio 
ambiente.   
Sobre la estructura del cumplimiento y la perspec tiva de uso de sanciones comerciales en la 
Convención Marco.  
 
19. Había varios sectores de posible interacción entre la OMC y la Convención Marco en relación 
con la manera de aplicar el  Protocolo.  En la serie de enfoques propuestos por las partes figuraba la no 
necesidad de un sistema de observancia, puesto que las Partes cumplirían sus compromisos en 
buena fe;  la necesidad de vigilar el cumplimien to para garantizar que las Partes cumpliesen sus 
compromisos de reducir las emisiones;  y la n ecesidad de introducir mecanismos disuasorios, por 
ejemplo sanciones por incumplimiento.  En esta fase no había propuestas de inclusión de sanciones 
comerciales.  
Sobre la relación entre el enfoque de precaución y la Convención Marco.  
 
20. El enfoque de precaución era una caracterís tica fundamental de la Convención Marco y el 
Protocolo de Kyoto.  
Sobre las ventajas para las Partes que eran países d esarrollados de las reducciones  certificadas de 
las emisiones.  
 
21. Los debates indicaban que por el momento se podían utilizar las reducciones  certificadas de 
las emisiones para compensar los compromisos de las Partes en el marco del Protocolo.  Se estaba debatiendo si una Parte que era país desarrollado que invirtiera fondos y generase créditos podría 
vender esos créditos y si podían generar dichos créditos solamente los países desarrollados que 
invertirán en países en desarrollo, o si también podí an generar créditos los países desarrollados en el 
propio país.  
Sobre si la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Ca mbio Climático daba por supuesto 
que el cambio climático es antropogénico  
 
22. Aunque los adelantos de la ciencia eran im portantes para el mandato científico del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre Cambios Climáticos, los objetivos establecidos en la 
Convención Marco trataban de controlar las emis iones antropogénicas derivadas de la actividad 
económica.  
D. COMISIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL ATÚN DEL 
ATLÁNTICO 
 23. La exposición de la Secretaría de la Comi sión Internacional para la Conservación del Atún 
del Atlántico se basó en su documento de información WT/CTE/W/152.  La Comisión había 
recomendado desde 1972 numerosas medidas normativas para diversas especies de atún.  En los 
últimos años el atún rojo y el pez espada habían at raído la atención de la comunidad internacional y 
había aumentado la pesca de estas especies.  En consecuencia, las poblaciones de atún y de pez espada 
se encontraban por debajo del nive l de rendimiento máximo sostenible y había sido necesario adoptar 
nuevas medidas para combatir este problema.  A fin de abordar el problema de las capturas por partes  WT/CTE/M/24 
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 no contratantes, entidades y entidades pesqueras, que estaban socavando la eficacia del programa de 
ordenación de las poblaciones de la Comisión In ternacional para la Conservación del Atún del 
Atlántico, la Comisión había adoptado varias medid as en los últimos años, como se señalaba en los 
párrafos 4 y 5 del documento WT/CTE/W/152.  La Comisión alentaba la cooperación voluntaria de 
partes no contratantes, entidades o entidades pesquer as y solamente se planteaba el recurso a medidas 
comerciales después de haber intenta do todos los otros medios posibles. 
 Preguntas
 
 
Sobre las embarcaciones de pabellón de conveniencia  y las actividades de pesca ilegal, no declarada 
y no reglamentada.  
 
24. La Comisión Internacional para la Conserv ación del Atún del Atlántico era fundamentalmente 
una organización de investigación, que basaba sus ac tuaciones en las estadísticas recopiladas sobre 
quién estaba haciendo algo, lo que hacía y dónde.  La cuestión del pabellón de conveniencia era uno 
de los problemas principales en este momento.  La reunión sobre pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada celebrada en Australia en 1999 había si do importante a este respecto.  Para controlar la 
captura excesiva de atún rojo, eran importantes el  programa de documentación estadística sobre el 
atún rojo y las medidas comerciales.  
Sobre los principales factores causantes de la reducción del atún rojo y el pez espada  
 
25. El motivo de la pesca continuada de atún rojo era que el precio de esta especie era muy alto.  Cuando el precio de una especie que era ya objeto de una pesca excesiva seguía aumentando, si no se adoptaban medidas comerciales sería difí cil actuar para conservar esa especie. 
 
E. COMISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS MARINOS VIVOS DEL 
ANTÁRTICO 
 26. El documento de información presentado por la Comisión para la Conservación de los 
Recursos Marinos Vivos del Antártico se ha  distribuido como documento WT/CTE/W/148. 
 
Observaciones
 
 27. Se señaló que el modelo de documentos sobre capturas de la merluza negra de la Comisión 
para la Conservación de los Recursos Marinos  Vivos del Antártico proporcionaba un excelente 
ejemplo del uso de medidas comerciales adecuadas y compatibles con la OMC en un AMUMA.  Este 
modelo reflejaba la necesidad de información sobre la captura y el comercio de la merluza negra 
como complemento de otros esfuerzos en materia de conservación de la especie.  Este modelo se había elaborado mediante un proceso de cooper ación y negociación internacionales amplias.  Su 
aplicación no era discriminatoria y la Comisión estaba abierta a todas las partes interesadas, cuya adhesión alentaba.  Era de esperar que la Comisión mantuviera informado al CCMA de los progresos en la aplicación de dicho modelo. 
 WT/CTE/M/24 
Página 48  
 
 LISTA DE PARTICIPANTES  
 
Documento anterior 
Documento de julio de 2000  
 
Sr. Sam Johnston        WT/CTE/W/116 
Oficial de programa WT/CTE/W/136 Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)   WT/CTE/W/149  
World Trade Centre, 413 St. Jacques Street, Office 630 Montreal, Quebec, Canadá M2Y 1N9 
Tel:  (1 514) 288-2220/287-7007;  Fax:  (1 514) 288-6588 
Correo electrónico:  sam.johnston@biodiv.org http://www.biodiv.org/
 
 Sr. K. M. Sarma        WT/CTE/W/115 
Secretario Ejecutivo        WT/CTE/W/142  
Secretaría del Ozono del Protocolo de Montreal, PNUMA   P.O. Box 30552, Nairobi, Kenya Tel:  (254 2) 623 885;  Fax:  (254 2) 623 913 Correo electrónico:  madhava.sarma@unep.org http://www.unep.org/ozone
 
 
Sr. Mukul Sanwal        WT/CTE/W/123 Coordinador Adjunto        WT/CTE/W/153  
Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas   sobre el Cambio Climático 
Martin-Luther-King Strasse 8 
53175 Bonn, Alemania Tel:  (49 228) 815-1429/815-1000;  Fax:  (49 228) 815-1999 Correo electrónico:  msanwal@unfccc.de http://www.unfccc.org/
 
 
Dr. Adolfo Ribeiro Lima       WT/CTE/W/87 
Secretario Ejecutivo        WT/CTE/W/152  
Secretaría de la Comisión Internacional para   la Conservación del Atún del Atlántico Calle  Corazón de María , Nº 8 (6º piso) 
28002 Madrid, España 
Tel:  (34 91) 416-5600;  Fax:  (34 91) 415-2612 Correo electrónico:  papa.kebe@iccat.es http://www.iccat.es/
 
 Sr. Esteban de Salas        WT/CTE/W/113 
Secretario Ejecutivo        WT/CTE/W/148  
Secretaría de la Comisión para la  Conservación de los Recursos  
Marinos Vivos del Antártico 
P.O. Box 213 North Hobart, Tasmania 7002, Australia 
Tel:  (61 3) 6231-0366;  Fax:  (61 3) 6234-9965 
Correo electrónico:  ccamlr@ccamlr.org http://www.ccamlr.org/
 
 
__________  