 
 RESTRICTED  ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DEL COMERCIO  TN/IP/M/9 
6 de septiembre de 2004 
 
 (04-3697) 
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad  
Intelectual relacionados con el Comercio  en Sesión Extraordinaria  
 
  
ACTA DE LA REUNIÓN 
 
celebrada en el Centro William Rappard
 
el 18 de junio de 2004  
 
Presidente:  Embajador M anzoor Ahmad (Pakistán) 
 
 
Asuntos tratados : Página  
 
A. ADOPCIÓN DEL ORDEN DEL DÍA ..................................................................................................1  
B. NEGOCIACIÓN SOBRE EL ESTABLECIMIENT O DE UN SISTEMA MULTILATERAL DE 
NOTIFICACIÓN Y REGISTRO DE LAS INDICA CIONES GEOGRÁFICAS DE VINOS Y BEBIDAS 
ESPIRITUOSAS ..............................................................................................................................1  
C. OTROS ASUNTOS .......................................................................................................................11  
 
__________ 
  
A. A
DOPCIÓN DEL ORDEN DEL DÍA  
1. El Consejo de los ADPIC en Sesión Extraordinaria acuerda  adoptar el orden del día que 
figura en el aerograma WTO/AIR/2327. 
B. NEGOCIACIÓN SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA MULTILATERAL DE 
NOTIFICACIÓN Y REGISTRO DE LAS INDICACI ONES GEOGRÁFICAS DE VINOS Y BEBIDAS 
ESPIRITUOSAS  
2. El Presidente  dice que, por comunicación distribuida con la signatura TN/IP/W/9/Add.1, el 
Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Ki nmen y Matsu ha solicitado que se le añada a la 
lista de patrocinadores del doc umento TN/IP/W/9, es decir, el documento titulado "Preguntas y 
respuestas" en relación con la "Propuesta conjunta para el establecimiento de un sistema multilateral 
de notificación y registro de las indicaciones geogr áficas de vinos y bebidas espirituosas", presentado 
por la Argentina, Australia, el Canadá, Chile, el Ecuador, El Salvador, los Estados Unidos y 
Nueva Zelandia. 
3. La representante de la Argentina  recuerda que en la reunión celebrada en abril la delegación 
de las CE dijo que su propuesta ("propuesta de las CE") no conllevaba un "ADPIC ampliado", en el sentido de que no iba más allá de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC y, por lo tanto, no 
modificaba el actual equilibrio de  derechos y obligaciones.  Al i gual que muchos otros Miembros, la 
Argentina tiene una opinión contraria:  la propuesta de las CE altera efectivamente el equilibrio de 
derechos y obligaciones negociado en la Ronda Uruguay al crear nuevas obligaciones que van en TN/IP/M/9 
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 menoscabo de derechos adquiridos en virtud del Acue rdo sobre los ADPIC y modificar sus principios 
fundamentales. 
4. Además de la obligación de mantener negociaciones bilaterales entre los Miembros, la 
"creación de un "procedimiento de oposición" y/o un mecanismo de diferencias ad hoc ", como se 
indica en la propuesta de las CE (IP/C/W/107/Rev.1), crearía un procedimiento cuasi judicial que se 
desviaría del sistema de solución de diferencias de la OMC.  Un procedimiento de esa índole no 
puede ser adoptado a través de un sistema de notificación y registro sino con arreglo a las 
disposiciones del artículo X del Acuerdo sobre la OMC.  El derecho de impugnación de una 
indicación geográfica o la aplicación de las excepciones previstas en el artículo 24, por ejemplo, no están supeditadas en el Acuerdo sobre los ADPIC a un procedimiento intern acional de oposición ni a 
negociaciones obligatorias bilaterale s o multilaterales.  La propuesta de las CE reduce e incluso anula 
las flexibilidades obtenidas en la Ronda Uruguay, al afectar no sólo a las disposiciones de la sección 3 
de la parte II sino también a otras disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC.  En virtud de los 
artículos 22 y 23, los Miembros sólo tienen la ob ligación de proporcionar los medios legales para que 
los titulares de derechos de otros Miembros soliciten protección.  En otras palabras, al igual que en el 
caso de otras categorías de DPI abarcadas por el Ac uerdo sobre los ADPIC, los titulares de derechos 
de un Miembro deben obtener en los demás Miembros  de la OMC el otorgamiento de sus derechos, 
país por país, en función del prin cipio de territorialidad inherente a todos los DPI, incluidas las 
indicaciones geográficas.  La propuesta de las CE, que trata de crear una especie de solicitud internacional de protección de las indicaciones geográficas y un derecho de validez universal basado en la aplicación extraterritorial de una legislación nacional, elimina el principio de territorialidad.  
Priva a los Miembros de sus derechos en el ma rco del párrafo 1 del artíc ulo 1 del Acuerdo sobre 
los ADPIC.  El sistema europeo de protección de las indicaciones geográficas se desarrolló a raíz de los cambios de la Política Agrícola Común:  es decir, se pasó a subvencionar la calidad y la 
diferenciación de los productos en vez de subve ncionar la cantidad.  Esa no es necesariamente la 
política seguida por los demás Miembros de la OMC. 
5. La propuesta de las CE aumenta las obligaciones de los Miembros con el establecimiento de 
un nuevo sistema de protección que establece presunci ones legales, incluso irrefutables, con efectos 
tales como la inversión de la carga de la prueba.  Requiere la eliminación de la excepción prevista en 
el párrafo 6 del artículo 24 en relación con los nombres genéricos transcurrido cierto tiempo y socava 
las disposiciones del párrafo 5 del artículo 24, en  relación con marcas de fábrica o de comercio 
anteriores, al privilegiar a las indicaciones geográficas en detrimento de marcas de fábrica o de 
comercio anteriores, con las consiguientes pérdidas para los productores que hayan venido utilizando 
legítimamente sus marcas registradas en el comerc io.  Con esas presunciones, la propuesta de las CE 
socava el derecho de los particulares en el marco de  la legislación nacional de un Miembro de invocar 
en cualquier momento las excepciones previstas en el  Acuerdo sobre los ADPIC en la jurisdicción de 
ese Miembro.  Limita asimismo temporalmente la posibilidad de que los particulares invoquen las 
excepciones en otras jurisdicciones, al permitir únicamente que las invoquen los gobiernos a nivel 
internacional.  En el Acuerdo sobre los ADPIC no existen plazos de esa naturaleza. 
6. Como consecuencia, los productores no europeos  perderían el derecho a utilizar términos 
genéricos o marcas de fábrica o de comercio que  han venido utilizando le gítimamente no sólo en 
terceros mercados sino incluso en el propio.  Esos productores perd erían ventas y mercados cuando en 
realidad han contribuido muchas veces a la difusión de determinados nombres y a que los 
consumidores conozcan los productos por esos nombres.  Muchos de esos nombres adquirieron 
difusión durante períodos de fuertes corrientes migr atorias de Europa al resto del mundo y fueron los 
propios europeos quienes en principio utilizaron esos nombres cuando em igraron y continuaron 
usándolos para los productos que consumían o producían.  Según las estimaciones, entre la segunda 
mitad del siglo XIX y la primera mitad del si glo XX emigraron a América Latina 11 millones de 
europeos:  el 38 por ciento eran italianos, el 28 po r ciento españoles y el 11  por ciento portugueses.  
La mitad de ellos fueron a la Argentina.  TN/IP/M/9 
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 7. La propuesta de las CE crearía un sistema de pr opiedad intelectual sin precedentes y, lo que 
es peor, sería un sistema creado en un vacío.  R ecordando que en el párrafo 1 del artículo 1 del 
Acuerdo sobre los ADPIC se permite a los Miembros "establecer libremente el método adecuado para 
aplicar las disposiciones del [presente] Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos", la representante de la Argentina dice que  no existe a nivel internacional una armonización 
del derecho sustantivo en la esfera de las indicaciones geográficas, que sería el requisito mínimo 
indispensable en un proceso con la clase de resu ltados pretendidos por las Comunidades Europeas.  
Recuerda que no existe mandato para modificar el Acuerdo sobre los ADPIC ni para emprender 
negociaciones sobre una armonización sustantiva ni en la OMC ni en ningún otro foro internacional.  
Las CE tratan de utilizar su legislación como base para la concesión o deneg ación de derechos a nivel 
nacional en cada Miembro, yendo más allá del principi o de territorialidad y del carácter de derechos 
privados de los DPI.  A través de una negociación encaminada a establecer un sistema procedimental, 
las CE pretenden lograr una modificación sustantiva encubierta del Acuerdo sobre los ADPIC.  Nada justifica que sea necesario conceder  a los titulares de indicaciones geográficas una condición superior 
a la otorgada a los titulares de otros DPI abarcados por el Acuerdo sobre los ADPIC. 
8. El sistema propuesto acarrearía costos significa tivos tanto a nivel multilateral como a nivel 
nacional.  La representante de la Argentina pide a las Comunidades Europeas que aclaren cuál sería el 
costo de administrar un sistema de esa naturaleza y cuál sería el costo de la "reconversión" de los 
productos, es decir, del reetiquetado y la comercia lización.  Para los países que no tienen aún un 
sistema de ese tipo, examinar si una indicación geográfica notificada en el marco del sistema multilateral puede o no impugnarse sería sumamente comp licado y costoso.  No sólo sería necesario 
comparar los registros de indicaciones geográficas y marcas de fábrica o de comercio sino que habría 
también que verificar, por ejemplo, si un nombre había pasado o no a ser genérico.  Sería asimismo 
necesario verificar si la indicación geográfica no er a una variedad de uva protegida o un nombre 
utilizado por una persona o por su predecesor en el negocio.  Esa compleja información requeriría la 
utilización de sistemas y recursos humanos cuyos costos no todos los Miem bros pueden soportar y 
sobre los que en el Acuerdo sobre los ADPIC no se prevé obligación alguna.  Con todos los exámenes 
que requeriría el sistema de las CE, los productores de muchos países perderían automáticamente todo 
derecho de amparo y esos países estarían obligados a proteger la indicación geográfica notificada.  Los costos de ese sistema sólo se reducirían para lo s productores europeos, ya que los costos actuales 
para obtener protección se transferirían a los gobiernos  y los productores de terceros países.  A este 
respecto, es evidente que los más perjudicados ser ían los países en desarrollo y los países menos 
adelantados. 
9. Los productores europeos reciben subvenciones sustanciales para el desarrollo de productos 
protegidos por indicaciones geográficas, en algunos  casos directamente o bien a través de fondos 
estructurales para el desarrollo de las zonas rurales o para el arraigo de los pr oductores en esas zonas.  
Refiriéndose al hecho de que las Comunidades Europeas han identificado en su nomenclatura 
arancelaria ciertas indicaciones geográficas, la repres entante de la Argentina dice que si se hiciera un 
análisis de ciertos productos sería difícil determ inar que no son sustancial mente similares a otros 
según la definición del GATT y el Acuerdo OTC.  Esta discriminación en la nomenclatura es otro 
elemento que las CE pretenden añadir a los DPI.  El sistema multilateral de comercio tiene por objeto 
aumentar la competencia mediante la reducción de  los obstáculos arancelarios y no arancelarios.  
En lo que se refiere a los DPI, determinadas prácticas o determinados sistemas de protección pueden 
tener efectos contrarios en el comercio.  En el  Preámbulo del Acuerdo de  Marrakech los Miembros 
acordaron concluir acuerdos, sobre la base de la re ciprocidad y de mutuas ventajas, encaminados a 
"la reducción sustancial de los aranceles aduaneros y de los demás obstáculos al comercio, así como 
la eliminación del trato discriminatorio en las re laciones comerciales internacionales".  El Acuerdo 
sobre los ADPIC, además de quedar abarcado por lo s objetivos del sistema multilateral de comercio, 
tiene por objeto "reducir las distorsiones del co mercio internacional y los obstáculos al mismo", 
teniendo en cuenta la necesidad de "fomentar una  protección eficaz y adecuada de los derechos de 
propiedad intelectual y de asegurarse de que las medi das y procedimientos destinados a hacer respetar TN/IP/M/9 
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 dichos derechos no se conviertan a su vez en obs táculos al comercio leg ítimo".  Además, en el 
artículo 8 de ese mismo Acuerdo se estipula que los Miembros podrán aplicar medidas apropiadas "para prevenir el abuso de los derechos de prop iedad intelectual por sus titulares o el recurso a 
prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la 
transferencia internacional de tecnología".  Es evidente  que la propuesta de las CE limitaría de manera 
injustificable el comercio legítimo de vinos y bebidas espirituosas. 
10. La representante de la Argentina se refiere ta mbién al informe de 2002 de la Comisión sobre 
Derechos de Propiedad Intelectual,  establecida por el Gobierno del Re ino Unido.  En dicho informe se 
indica que sólo 20 países, en su mayoría países desar rollados, son parte en el Acuerdo de Lisboa y que 
en 1998, de las 766 denominaciones de origen protegid as por el Acuerdo, el 95 por ciento pertenecía a 
países europeos.  El principal mensaje del info rme es que los países en desarrollo deben evitar 
soluciones de compromiso que reflejen los regímenes de protección de los DPI de los países desarrollados, que por su parte no deben presionar pa ra establecer procedimientos más enérgicos con 
respecto a los DPI.  En el informe se sugiere adem ás que se realicen nuevos estudios antes de que los 
países en desarrollo puedan considerar la posibilid ad de aceptar nuevas soluciones en el marco de 
la OMC.  La Argentina comparte plenamente las opiniones expresadas en el informe de la Comisión. 
11. El representante de las Comunidades Europeas
 dice que su delegación no considera que los 
procedimientos de oposición y examen contenidos en la propuesta de las CE vayan más allá del 
Acuerdo sobre los ADPIC en la misma medida que la propuesta patrocinada por la Argentina y otros 
Miembros ("la propuesta conjunta" (TN/IP/W/5 y TN/I P/W/9)).  Señala que con arreglo a la propuesta 
conjunta las autoridades nacionales tendrían la oblig ación de consultar una ba se de datos, obligación 
que tampoco está incluida en el Acuerdo sobre los ADPIC. 
12. No está de acuerdo con la representante de la Argentina en que las negociaciones bilaterales o 
el mecanismo de diferencias ad hoc  mencionados en la propuesta de la s CE sean otro elemento que se 
añada al Acuerdo sobre los ADPIC, habida cuenta  de que esa idea es una simple repetición de la 
obligación existente en virtud del párrafo 1 del artícul o 24 de dicho Acuerdo.  La propuesta de las CE 
no socava el principio de territorialidad, ya que pe rmite a los Miembros y a las autoridades nacionales 
realizar un examen a fondo de las notificaciones conforme a sus propias leyes y al principio de territorialidad para decidir finalmente si se pr otege o no una indicación geográfica, procediendo en 
este último caso a una impugnación.  Con respecto a las excepciones previstas en los párrafos 5 y 6 
del artículo 24, aunque en la propuesta de las CE no se mencionan esas disposiciones, se sugiere que 
los países tengan 18 meses para examinar la indi cación geográfica notificada.  Recordando que la 
legislación de la Argentina prevé un plazo para la oposición que no excede de nueve meses, el 
representante de las Comunidades Europeas dice que ello demuestra que la impugnación en caso de 
oposición y el plazo indicados en la propuesta de las CE no constituirían una obligación tan gravosa.  
No obstante, su delegación está abierta a soluci ones alternativas con respecto al plazo para la 
oposición. 
13. En relación con la existencia en Europa de un sistema armonizado de protección de las 
indicaciones geográficas, dice que el sistema no pretende proteger a los agricultores sino garantizar la libre circulación de mercancías dentro de la Com unidad.  En cuanto a las pérdidas de derechos y 
mercados por parte de los productores, la formulaci ón de una reserva o una oposición sobre la base 
del carácter genérico de la indicación sería suficiente para impedir esas pérdidas.  Con respecto a las cuestiones de inmigración, su delegación estima que la inmigración no está relacionada con el uso 
indebido de las indicaciones geográficas.  En lo que se refiere a la observación hecha de que las 
Comunidades Europeas tratan de exportar su mode lo de protección de las indicaciones geográficas, 
indica que las Comunidades Europeas no han utilizado nu nca el sistema de solución de diferencias de 
la OMC para presentar reclamaciones contra Mi embros que hayan apli cado el Acuerdo sobre 
los ADPIC de manera diferente al modelo europeo.  Tampoco ha expresado su delegación, en el curso 
del examen de leyes nacionales en el Consej o sobre los ADPIC, ninguna objeción a que otros  TN/IP/M/9 
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 Miembros tengan sistemas difere ntes;  ha opinado que cada Miembr o debe adoptar el sistema que 
mejor se ajuste a sus características internas.  En  cuanto al reetiquetado, dice que hay muy pocos 
casos documentados de países que hayan renunciado a la utilización de una indicación geográfica.  
Un ejemplo famoso es el nombre "Cava" dado al vino espumoso español en sustitución del término 
"Champagne".  Pese a los cambios del etiquetado, las exportaciones de "Cava" han aumentado en los 
diez últimos años un 1.000 por ciento, lo que signifi ca que lo que hace que el producto tenga éxito es 
su calidad y que la utilización de su propio  nombre le ha hecho único y reconocible. 
14. Con respecto a los costos, no puede estar de acuerdo en que se transfieran de los productores 
europeos a los productores de terceros países, ya que  su delegación es partidaria de la idea de que los 
que se benefician del sistema deben ser los que co ntribuyan a él.  Su delegación está dispuesta a 
estudiar propuestas de otros mecanismos para cer ciorarse de que ningún país soporte cargas que 
excedan de su capacidad y que el sistema estableci do es viable, funcional y sólido desde un punto de 
vista financiero.  Por último, dice que normalment e los productos que llevan indicaciones geográficas 
no se benefician de subvenciones agrícolas y que no comprende de qué manera la inclusión de 
determinados nombres de indicaciones geográficas en la nomenclatura aduanera de las Comunidades 
Europeas da alguna ventaja a los productores europeos. 
15. El representante de Bolivia  recuerda que en el párrafo 4 del artículo 23 del Acuerdo sobre 
los ADPIC se estipula que, para facilitar la protecci ón de las indicaciones geográficas, se entablarán 
negociaciones sobre el establecimiento de un sist ema multilateral de notificación y registro de las 
indicaciones geográficas de vinos que sean susceptibles de protección "en los Miembros participantes en ese sistema".  Conforme a lo establecido en la Declaración Ministerial de Singapur y en la primera 
frase del párrafo 18 de la Declaración de Doha, Boli via considera que el artículo 23 concede ya un 
nivel de protección elevado a las indicaciones geográf icas de vinos y bebidas espirituosas sin que esto 
signifique generar cargas y obligaciones adicionales a los Miembros, cuya participación en el sistema debe ser voluntaria.  Además, el párrafo 1 del ar tículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC otorga a los 
Miembros facultades discrecionales con respecto a la  aplicación de las disposiciones del Acuerdo, 
incluidas las relativas a las indicaciones geográficas .  Ello significa que las condiciones para el 
otorgamiento y el ejercicio de los derechos rela tivos a la utilización de indicaciones geográficas deben 
establecerlas los Miembros de la OMC.  Las condiciones requeridas para la protección de las 
indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas debe establecerlas cada Miembro en el marco de su sistema y práctica jurídicos, así como de otros acuerdos.  De ahí que el resultado de las 
negociaciones sobre el sistema multilateral de notif icación y registro de las indicaciones geográficas 
no deba ser oneroso y deba ser voluntario.  Sin perj uicio de lo expuesto, en las disposiciones que se 
negocien debe tenerse en cuenta el trato especial y diferenciado para los países en desarrollo, según lo 
establecido en la Declaración de Doha.  A tal efect o, deben realizarse estudios sobre los costos y 
consecuencias que tendría un sistema multilateral obligat orio de registro para los países en desarrollo 
y los países menos adelantados. 
16. El representante de los Estados Unidos
 dice que su delegación comparte algunas de las 
preocupaciones expresadas por Bolivia y la Argentin a sobre la propuesta de las CE.  Con respecto a 
las negociaciones bilaterales mencionadas en el párra fo 1 del artículo 24, su delegación considera que 
esas negociaciones no tienen que conclu ir y que, con arreglo a la propuesta de las CE, si un Miembro 
no presentara objeciones en un plazo de 18 meses perdería el derecho a denegar la protección del término notificado.  Su delegación estima que  las Comunidades Europeas tratan de imponer 
directamente un proceso de armonización en la OM C sin el "toma y daca" normal que caracteriza las 
negociaciones de otros derechos de propiedad intel ectual en la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual.  Añade que su delegación está dis puesta a proseguir los debates sobre la propuesta 
conjunta. 
17. La representante de Australia
 dice que la cuestión de las negociaciones bilaterales 
mencionadas en el párrafo 1 del artículo 24 es importa nte y no se ha examinado a fondo en el Consejo TN/IP/M/9 
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 de los ADPIC.  Su delegación considera que, como  consecuencia de la propuesta de las CE, un 
productor que deseara utilizar un término genérico tendría que entablar negociaciones destinadas a 
aumentar la protección de la indicación geográfica independientemente de que el término fuera o no 
genérico.  Sería una situación que su delegaci ón no podría aceptar y que desearía examinar más a 
fondo. 
18. El representante de Nueva Zelandia
 manifiesta que en la propuesta conjunta se propone la 
creación de una base de datos dotada de un mecanis mo de búsqueda que facilitaría información sobre 
los derechos a indicaciones geográficas alegados por los productores de otros Miembros y que las 
autoridades nacionales podrían utilizar, si así lo d esearan, en sus procesos nacionales de adopción de 
decisiones.  La propuesta conjunta no crea la oblig ación de que las autoridades nacionales tengan en 
cuenta la base de datos.  El manda to sólo requiere la facilitación de la notificación y el registro de las 
indicaciones geográficas, y la cuestión de la certidumbr e jurídica debe dejarse a los Miembros a nivel 
nacional.  Nueva Zelandia está de acuerdo con Aust ralia y los Estados Unidos en que hay una gran 
cantidad de trabajo por hacer en una amplia gama  de cuestiones:  no sólo efectos jurídicos y 
participación, sino también costos y cargas de un sistema administrativo y procedimientos de 
notificación. 
19. La representante de Nicaragua  dice que su delegación considera que un sistema conforme a la 
propuesta conjunta contribuiría al cumplimiento de  las obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre 
los ADPIC, al facilitar a los Miembros un mecanismo de búsqueda automatizada con fácil acceso a información sobre nombres utilizados  para describir vinos y bebidas espirituosas.  En opinión de su 
delegación, la propuesta conjunta mantiene el  equilibrio entre los derechos y obligaciones 
establecidos en el Acuerdo sobre los ADPIC y responde  al mandato impartido en el párrafo 18 de la 
Declaración de Doha.  En este sentido, su dele gación opina que el carácter voluntario de la 
participación está en conformidad c on el mencionado párrafo de la Declaración de Doha y con el 
párrafo 4 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADP IC, ya que no implica aumento o reducción de los 
derechos y obligaciones y da a los Miembros la posib ilidad de optar por participar en el sistema en 
cualquier momento.  Habida cuenta de todo ello, su  delegación solicita que se incluya a su país en la 
lista de copatrocinadores del documento TN/IP/W/9.  Su de legación comparte también las 
preocupaciones expuestas por Bolivia con respecto al trato especial y diferenciado. 
20. El representante de Suiza
 dice que, en un momento en que la labor sustantiva del Consejo en 
Sesión Extraordinaria parece bloqueada y los Miem bros no parecen poder ponerse de acuerdo sobre 
ninguno de los elementos del sistema multilateral, tal vez sea útil mencionar las esferas de 
convergencia antes de tratar de las esferas controve rtidas, en la medida en que estas últimas parecen 
ser elementos fundamentales no simplemente del est ablecimiento de cualquier tipo de sistema 
multilateral sino de uno que sea apto para cumplir r ealmente el mandato de facilitar la protección de 
las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas en la OMC. 
21. Suiza está de acuerdo con los copatrocinadores de la propuesta conjunta con respecto a su 
exposición de la protección otorga da por los artículos 22 a 24 del Ac uerdo sobre los ADPIC.  Está 
asimismo de acuerdo en que, con arreglo al párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, los 
Miembros pueden determinar libremente el mé todo apropiado para aplicar las obligaciones 
establecidas en el Acuerdo sobre los ADPIC a nivel nacional, incluidas las disposiciones sobre las indicaciones geográficas.  Así pues, contrariamente  a la observación hecha por los autores de la 
propuesta conjunta, el establecimiento de un registro nacional de indicaciones geográficas no 
constituye un requisito previo para el establecimien to de un sistema multilateral con efectos jurídicos.  
Por otra parte, su delegación está de acuerdo en que el sistema no debe aumentar ni reducir los 
derechos y obligaciones existentes en el marco de l Acuerdo sobre los ADPIC, sino que debe facilitar 
efectivamente la obtención de la protección.  Los usuarios legítimos de indicaciones geográficas han de obtener en otros Miembros de la OMC una protección efectiva de sus indicaciones geográficas 
frente a usos indebidos o con falsedad de esas indicaciones.  La obligación de los Miembros de  TN/IP/M/9 
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 la OMC es proporcionar los medios legales para impe dir la usurpación y el uso con falsedad de las 
indicaciones geográficas.  Esa obligación debe contem plarse juntamente con el derecho del Miembro 
de la OMC en el que se trate de obtener la pr otección de la indicación geográfica de invocar una 
excepción al amparo del artículo 24.  Con arreglo al mandato impartido, la tarea del Consejo es 
determinar cómo pueden garantizar se esos derechos y obligaciones y facilitar efectivamente al mismo 
tiempo la protección de las indicaciones geográficas.  Para los patrocinadores de la propuesta conjunta 
bastaría con establecer una base de datos no vinc ulante en la que se enumeraran las indicaciones 
notificadas por los Miembros de la OMC, sin un ex amen "sustantivo" de esas indicaciones en cuanto a 
su carácter de indicación geográfica de conformidad con las prescripciones establecidas en el párrafo 1 del artículo 22.  Si bien está de acuerdo en que una base de datos de ese tipo podría tal vez 
cumplir el requisito de no cambiar los derechos  y obligaciones de los Miembros en el marco del 
Acuerdo sobre los ADPIC, no facilitaría la protección ni a nivel nacional ni a nivel internacional.  
Por el contrario, complicaría la labor de las auto ridades y los tribunales nacionales y les confundiría, 
ya que una lista de designaciones no reconocid as como indicaciones geográficas a efectos del 
Acuerdo sobre los ADPIC resultaría inútil al tratar de establecer si debía o no aplicarse protección.  
Su delegación estima que, para lograr efectivamente  el objetivo de facilitar la protección, los 
Miembros tienen que establecer un sistema de notificación y registro que prevea cierto procedimiento de examen y oposición y que preserve al mismo tiem po totalmente los derechos y obligaciones de los 
Miembros en el marco del Acuerdo.  Un sistema así permitiría notificar sus indicaciones geográficas a 
cada Miembro de la OMC que deseara hacerlo.  Antes de realizarse el registro, los demás Miembros 
de la OMC deberían tener la oportunidad de oponerse a la enumer ación de una indicación que no 
fuera una indicación geográfica conforme a las nor mas del Acuerdo sobre los ADPIC o de oponerse a 
los efectos jurídicos del registro de esa indicación en su territorio invocando las excepciones previstas 
en el artículo 24. 
22. En opinión de su delegación, un sistema que  facilite efectivamente la protección de las 
indicaciones geográficas debe dar efecto jurídico al  registro tras un examen y tras la posibilidad de 
oposición;  ese efecto debe ser el establecimiento de  una "presunción refutable" de la validez de la 
indicación geográfica en todos los Miembros de la OMC que no se hayan opuesto a su registro.  En virtud de ese concepto de "presunción refutabl e", un dictamen a nivel nacional podría refutar la 
presunción de validez de la designación registrada.  Por consiguiente, se preservarían los derechos y 
obligaciones de los Miembros de la OMC establecidos en la sección 3 de la pa rte II del Acuerdo sobre 
los ADPIC:  no aumentarían ni disminuirían.  En caso  de que fuera necesario hacer valer el derecho a 
una indicación geográfica frente a su uso ilegítimo, la i nversión de la carga de la  prueba beneficiaría a 
los usuarios legítimos de la indicación geográfica que trataran de hacer valer sus derechos y se 
facilitaría la protección de esa indicación geográfica.  Con un sistema multilateral de ese tipo, las administraciones nacionales y los productores de tercer os países tendrían tambié n a su disposición un 
instrumento verdaderamente útil, con información fiable sobre la situación de la protección de las 
indicaciones geográficas registradas en los diferentes Miembros de la OMC.  Ello facilitaría también 
la protección tanto a nivel nacional como a nivel inte rnacional.  Al dotar al sistema multilateral de un 
procedimiento de examen y oposición y establecer  una presunción que pudi era refutarse a nivel 
nacional, el registro atendería también plenamente  la preocupación legítima de los autores de la 
propuesta conjunta de que los Miembros de la OMC tengan libertad para decidir por sí mismos si un 
determinado término puede o no  considerarse una indicación geográfica en su territorio. 
23. Con respecto a los costos del sistema multilateral, recuerda que el argumento esgrimido por 
los copatrocinadores de la propuesta conjunta es qu e la base de datos dotada de un mecanismo de 
búsqueda facilitaría el nivel actual de protección y reduc iría al mínimo la carga y los costos para los 
Miembros.  En opinión de su delegación, inútil es decir que el establecimiento de un sistema 
multilateral, sea cual fuere su natu raleza, se traduce en ciertos costos .  No obstante, esos costos tienen 
que contemplarse con relación al valor añadido y las ventajas resultantes del sistema.  Como un 
simple sistema de base de datos sin efectos jurídicos ni carácter multilateral no se traduciría en una facilitación de la protección de las indicaciones geográficas, los costos de ese sistema constituirían en TN/IP/M/9 
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 cualquier caso un derroche.  Si bien cree que los Miembros están de acuerdo en que el sistema debe 
tener un procedimiento tan simple y directo como  sea posible, opina que debe garantizar los 
siguientes elementos:  en primer lugar, permitir  a todos los Miembros notificar y registrar sus 
indicaciones geográficas, con lo que participarían en el sistema sin verse detenidos por prescripciones 
formales y costos excesivos;  en segundo lugar, ga rantizar que el registro de las indicaciones 
geográficas respete algunos requisitos formales mí nimos, de manera que el registro sea un 
instrumento realmente útil para facilitar la protección jurídica de las indicaciones geográficas, según lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC.  Una simple lista de 
nombres cuya significación o valor jurídico no se conozca no podría cumplir el mandato. 
24. En cuanto a la cuestión de la participación en el sistema, indica que las palabras "susceptibles 
de protección en los Miembros participantes en ese si stema" contenidas en el párrafo 4 del artículo 23 
del Acuerdo sobre los ADPIC parecen indicar que los Miembros de la OMC tienen libertad para 
decidir hacer uso del sistema multilateral mediante la notificación y el registro de sus indicaciones geográficas.  A este respecto, su delegación está de acuerdo en que la participación sea voluntaria.  Al estudiar más a fondo el significado de "participant es en ese sistema", es esencial examinar también 
el término "multilateral".  "Multilateral" se opone a "p lurilateral".  En el contexto de la OMC, se 
entiende por "plurilateral" un sistema en el que la participación es enteramente voluntaria, por 
ejemplo el Acuerdo sobre el Comerc io de Aeronaves Civiles o el Acuerdo sobre Contratación Pública.  
A la inversa, se entiende que los "sistemas multilatera les" son instrumentos que obligan u obligarán a 
todos los Miembros de la OMC.  Parece haber acuer do entre los Miembros en que el registro no debe 
crear nuevos derechos u obligaciones.  Al mismo ti empo, los Miembros están de acuerdo en que los 
derechos y obligaciones relativos a la concesión de  protección de conformidad con la sección 3 de la 
parte II del Acuerdo sobre los ADPIC sigan apli cándose incluso después del establecimiento del 
sistema multilateral.  Por consiguiente, en opini ón de su delegación, parece obvio que los efectos 
jurídicos del sistema, que no van más allá de las disposiciones de la sección 3 de la parte II del 
Acuerdo sobre los ADPIC, son aplicables a todo s los Miembros, independientemente de que 
notifiquen y registren sus indicaciones geográficas en ese sistema o no lo hagan. 
25. El representante del Taipei Chino
 dice que su delegación estima que, con respecto a los 
efectos jurídicos, la participación voluntaria es ú til en el sentido de que permite a cada Miembro 
determinar si el sistema es adecuado o no y ma ntiene los derechos y obligaciones dimanantes del 
Acuerdo sobre los ADPIC, especialmente del párrafo 1 del artículo 1.  Recuerda que en el párrafo 4 
del artículo 23 se deja a los Miembros la decisión de participar en el futuro sistema de registro y que 
en ningún otro sistema de registro basado en un tratado sobre la propiedad intelectual se establece la 
participación obligatoria. 
26. El representante del Canadá  recuerda que en la propuesta de las CE reproducida en el 
documento IP/C/W/107/Rev.1 se dice que "el registro no debería exigir a los Miembros de la OMC 
que creasen nuevas estructuras legislativas o administ rativas nacionales, y les permitiría utilizar las 
estructuras e instrumentos ya existentes".  En  un documento no oficial distribuido por las 
Comunidades Europeas sobre los efectos jurídico s con arreglo a su propuesta (JOB(03)/123, de 
fecha 25 de junio de 2003) se indi ca que "[l]os Miembros participan tes facilitarán la protección de una 
indicación geográfica concreta mediante la aport ación de medios legales para que las partes 
interesadas utilicen el registro como una presunc ión del derecho a la protección de la indicación 
geográfica".  Para su delegación no resulta claro cómo establecer esa presunción sin cambiar la 
legislación canadiense, ya que en el derecho canadie nse no existe el concepto de presunción de un 
derecho.  Tampoco existe en el derecho canadiense el concepto jurídico de "presunción refutable de 
validez" explicado por el representante suizo.  Pide  a las delegaciones de las Comunidades Europeas y 
Suiza que den aclaraciones sobre esos dos conceptos.  Para el Canadá, aplicar esas propuestas implicaría ciertos costos de aplicación y otras consecuencias de cambio de reglamentaciones y 
procedimientos administrativos.  Se trata de una  cuestión de aplicación que hay que examinar más 
detenidamente.  TN/IP/M/9 
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 27. A su delegación le preocupa también cómo ser ía posible para los Miembros examinar y 
evaluar cada indicación geográfica cuya protección se propusiera sin establecer nuevos procedimientos administrativos.  Pone como ejempl o las recientes negociaciones bilaterales sobre los 
vinos entre su país y las Comunidades Europeas.  Al  Canadá se le pidió en primer lugar proteger más 
de 8.000 nombres de vinos europeos.  Llevó ci erto tiempo evaluar si esos nombres reunían las 
condiciones requeridas para obtener protección en el  Canadá.  Por último, se concluyó que sólo 
unos 1.500 de ellos tenían derecho a protección como indicaciones geográficas.  Si en el contexto de esas negociaciones bilaterales se hubiera aplicado el con cepto de presunción jurídica, la capacidad del 
Canadá para evaluar esos nombres de vinos  con prontitud hubiera sido diferente. 
28. Expresa su apoyo a la sugerencia hecha por Bo livia de que se realicen estudios sobre los 
costos potenciales para los países menos adelantados  y los países en desarrollo, especialmente si el 
sistema fuera obligatorio.  Su delegación consid era que la propuesta conjunta refleja mejor el 
cumplimiento del mandato.  El hecho de que otras delegaciones hayan pedido que se incluya a sus países como copatrocinadores del documento TN/I P/W/9 demuestra que el documento es realmente 
útil. 
29. Por último, pide aclaraciones sobre la situ ación de la propuesta hecha por Hungría 
(IP/C/W/255) tras haberse adherido ese país a la Unión Europea. 
30. El representante de Costa Rica
 dice que su delegación está de acuerdo con la facilitación 
-pero no con el aumento- de la protección de las indicaciones geográficas, y que la participación en un futuro sistema de registro debe ser de carácter voluntario, según lo estipulado en el párrafo 4 del 
artículo 23.  Pide que se añada a Costa Rica a la lis ta de copatrocinadores del documento TN/IP/W/9. 
31. La representante de Australia
 no está de acuerdo con Suiza en que la propuesta conjunta 
complique y confunda las cuestiones, teniendo en cu enta el número de Miembros que la apoyan.  
Coincide con el Canadá en la necesidad de que  se den más aclaraciones sobre la cuestión de las 
presunciones jurídicas. 
32. El representante de las Comunidades Europeas  dice que la intención del párrafo 1 del 
artículo 24 es mejorar la protección del titular del de recho a la indicación geográfica, no aumentar los 
derechos de los productores genéricos.  La idea  de mantener negociaci ones bilaterales en el 
procedimiento en el marco del sistema multilateral no es nueva, puesto que se expresa ya en el párrafo 1 del artículo 24. 
33. El sistema común de indicaciones geográficas de las Comunidades Europeas se creó para 
evitar los obstáculos al comercio que causaba en el  mercado interno la falta de protección de las 
indicaciones geográficas.  Refiriéndose a la declarac ión hecha por el Canadá sobre el concepto de 
presunción jurídica en el derecho canadiense, indi ca que ese concepto debe haberse introducido en el 
registro creado por el Canadá tras el acuerdo b ilateral concluido con las Comunidades Europeas. 
34. Por último, dice que su delegación no cree que , si se adoptara la propuesta conjunta, los 
titulares europeos de indicaciones geográficas consid eraran que el sistema multilateral facilitaba la 
protección de sus indicaciones geográficas, como se dispone en el párrafo 4 del artículo 23 del 
Acuerdo sobre los ADPIC. 
35. La representante de la Argentina
 dice que, en opinión de su delegación, del párrafo 1 del 
artículo 24 se deduce claramente que ningún Miembro necesita entablar negociaciones bilaterales con 
otro Miembro para conceder u obtener protecci ón o permitir a los productores nacionales iniciar 
procedimientos jurídicos en el plano nacional.  Pide al representante de las Comunidades Europeas 
una aclaración:  si actualmente un productor argent ino o el Gobierno argentino quisiera aplicar ante 
un tribunal una excepción al amparo del párrafo 4 del artículo 24 ¿debería la Argentina entablar TN/IP/M/9 
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 negociaciones con el Miembro de la OMC afecta do por la excepción antes de invocar esa excepción 
en su favor en el plano nacional? 
36. Con respecto al acuerdo bilateral entre el Canadá y las Comunidades Europeas, el hecho de 
que el Canadá tuviera que examinar unos 8.000 nombres antes de llegar a 1.500 nombres constituye 
una pérdida de tiempo, dinero y recursos huma nos.  A este respecto, añade que sólo países 
desarrollados como el Canadá pueden permitirse ese examen en cierto tiempo.  Si se impusiera un 
sistema de registro multilateral como el propuesto por las Comunidades Europeas, cada Miembro tendría 18 meses para examinar un gran número de términos, con 10.000 ya só lo de las Comunidades 
Europeas. 
37. Su delegación no cree que la protección de las indicaciones geográficas facilite el comercio 
mutuo, ya que esto suele hacerse reduciendo los ar anceles aduaneros y los obstáculos no arancelarios, 
como las medidas sanitarias y los obstáculos técnic os.  Añade que, habiendo creado los sistemas 
nacionales de indicaciones geográficas de algunos Esta dos miembros de las CE un obstáculo técnico 
al comercio dentro de las Comunidades Europeas,  se han ampliado a nivel comunitario para superar 
ese obstáculo.  Ahora se amplían a nivel mundial. 
38. El representante del Canadá
 dice que los 1.500 nombres de vinos enumerados en el acuerdo 
bilateral sobre los vinos concluido entre el Ca nadá y las Comunidades Europeas tienen derecho a 
protección en el marco de ese acuerdo.  No obstante,  no existe ningún concepto  de presunción en el 
derecho canadiense, concretamente en la Ley de Ma rcas de Fábrica o de Comercio del Canadá, que se 
aplique a las indicaciones geográficas en general o a la  lista contenida en el acuerdo bilateral.  Por 
consiguiente, para aplicar la propuesta de las CE sería necesario modificar la Ley de Marcas de 
Fábrica o de Comercio del Canadá, lo que no ha  ocurrido en el caso de la conclusión de las 
negociaciones bilaterales entre el Canadá y las CE. 
39. La representante de Australia  dice que el párrafo 1 del artícul o 24 nada tiene que ver con las 
actuales negociaciones.  Como esta disposición se ha mencionado en varias ocasiones pero no en ningún mandato, estima que se necesitan más aclaraciones. 
40. El representante de las Comunidades Europeas
 no está de acuerdo con la delegación de la 
Argentina en la interpretación del párrafo 1 del artículo 24:  existe la obligación de entablar 
negociaciones bilaterales si un Miembro lo pide.  Respondiendo a la petición de aclaraciones de esa 
delegación sobre la necesidad para un país de entabl ar negociaciones antes de utilizar las excepciones 
previstas en el artículo 24 en el plano nacional,  dice que no es necesario.  Añade que entre 1992 
y 1994 se armonizaron en las Comunidades Europeas no sólo las indicaciones geográficas sino 
también las marcas de fábrica o de comercio, lo qu e demuestra que el proceso de armonización nada 
tiene que ver con la Política Agrícola Común sino con una política común en la esfera de la propiedad 
intelectual. 
41. La representante de Malasia  dice que, con respecto al párrafo 4 del artículo 23, su delegación 
considera que la creación de un sistema multilatera l completamente nuevo de notificación y registro 
de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas esp irituosas va más allá del objetivo de facilitar la 
protección.  Como queda reflejado en el párrafo 1 del artículo 1, el párrafo 2 del artículo 22 y el 
párrafo 1 del artículo 23, el actual Acuerdo sobr e los ADPIC exige que los Miembros proporcionen 
los medios legales para la protección de las indicaciones geográficas.  Una propuesta de establecimiento de un sistema multilateral que diera lugar a presunciones de un derecho o a 
prescripciones de no denegar la protección no sólo supeditaría la obligación de los Miembros de 
proporcionar medios legales a la norma de adoptar un sistema que crearía nuevas obligaciones, sino 
que podría también imponer esa norma.  En cuanto a la participación, indica que debería ser de 
carácter voluntario y, por lo tanto, el sistema no de bería tener efectos jurídicos en los Miembros que 
no participaran en él.  TN/IP/M/9 
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 C. OTROS ASUNTOS  
42. El Presidente  propone que el Consejo en Sesión Ex traordinaria celebre nuevas reuniones 
coincidiendo con las dos reuniones ordinarias del Con sejo de los ADPIC, programadas del 21 al 23 de 
septiembre y del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2004.  
43. Siguiendo una sugerencia del Presidente, el Consejo en Sesión Extraordinaria aborda la 
cuestión del informe del Presidente al CNC de modo informal.1 
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1 Ese informe se ha distribuido con la signatura TN/IP/10. 
 