RESTRICTEDORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOIP/C/W/285/Add.1
28 de septiembre de 2001
(01-4641)
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el ComercioOriginal:  español
EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN
Respuestas de la República Dominicana a las preguntas formuladas
por Canadá, las Comunidades Europeas y sus Estados miembros,
y a las preguntas complementarias formuladas por los Estados Unidos y Suiza
Addendum
Mediante comunicaciones de la Misión Permanente de la República Dominicana, de fecha
11 y 18 de septiembre de 2001, la Secretaría ha recibido las siguientes respuestas a las preguntas
formuladas por Canadá y las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, así como a unapregunta inicial formulada por los Estados Unidos y a las preguntas complementarias formuladas por
los Estados Unidos y Suiza, que se distribuyeron en los documentos IP/C/W/261/Add.1, 274,
268/Add.1 y 2 y 263/Add.1, respectivamente.
_______________
CANADÁ
1
3. ¿Cómo se protegen las obtenciones vegetales en la República Dominicana, y de qué forma
esa protección cumple las obligaciones impuestas por el Acuerdo sobre los ADPIC?
La Ley No. 65-00 establece en la letra d) del párrafo 2 del artículo 2, relativo a las materias
que no son patentables, que en el caso de las obtenciones vegetales, éstas serán reguladas en virtud de
una ley especial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.3(b) del Acuerdo sobre los
ADPIC.  En ese sentido, en marzo del 2001, fue sometido a estudio a las autoridades competentes
(Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana), unAnteproyecto de Ley de Protección de los Derechos de Obtentor de Variedades Vegetales, de
conformidad con el Convenio de la UPOV, para lu ego ser sometido a su aprobación por el Congreso.
4. Sírvanse indicar de qué forma las exclusiones de la patentabilidad previstas en la legislación
sobre patentes de la República Dominicana están en conformidad con las obligaciones impuestas porel Acuerdo sobre los ADPIC.
De acuerdo a la Ley 65-00, en su artículo 1 se dispone que, no se considera invención y por lo
tanto está excluida de protección por patente, toda materia que no se adecue a la definición de
invención (novedad, nivel inventivo, aplicación industrial).
Por su parte, el artículo 2 de la Ley 20-00, establece una lista exhaustiva de materia excluida
de protección por patente de invención, acorde particularmente con las disposiciones del artículo 27
del Acuerdo sobre los ADPIC, así como con otras disposiciones del mismo acuerdo, como es el caso
                                                     
1 Las respuestas de la República Dominicana a las preguntas nos. 1 y 2 formuladas por Canadá se
distribuyeron en el documento IP/C/W/285.IP/C/W/285/Add.1
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del artículo 10, relativo a los programas de ordenador y compilaciones de datos, que son protegidos
como obras literarias y por lo tanto en nuestra legislación está dentro de la materia excluida de
protección por patente de invención.
"Artículo 2 – Materia excluida de protección por patente de invención1)  No se considera invención, y en tal virtud queda excluida de protección por patente de
invención, la materia que no se adecue a la definición del Artículo 1 de la presente ley.  En
particular no se consideran invenciones los siguientes:
a) Los descubrimientos que consisten en dar a conocer algo que ya exista en la
naturaleza, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
b) Las creaciones exclusivamente estéticas;c) Los planes, principios o métodos económicos o de negocios, y los referidos a
actividades puramente mentales o industriales o a materia de juego;
d) Las presentaciones de información;e) Los programas de ordenador;
f) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así
como los métodos de diagnóstico;
g) Toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza;
h) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su
variación de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que se trate de su
combinación o fusión, de tal forma que no puedan funcionar separadamente o que las
cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener
un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia;
i) Los productos o procedimientos ya patentados por el hecho de atribuirse un uso
distinto al comprendido en la patente original.
2)  No serán patentables, ni se publicarán las siguientes invenciones:a) Aquellas cuya explotación sería contraria al orden público o a la moral;b) Las que sean evidentemente contrarias a la salud o a la vida de las personas o
animales, o puedan causar daños graves al medio ambiente;
c) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos, y los procedimientos
esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean
procedimientos no biológicos o microbiológicos.  Las obtenciones vegetales serán
reguladas en virtud de una ley especial, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 27.3, letra b) del ADPIC."IP/C/W/285/Add.1
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COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS
A. D ISPOSICIONES GENERALES
1. Se ruega explicar si su legislación incluye medidas necesarias para proteger la salud pública
y la nutrición de la población, y para promover el interés público en sectores de importancia vitalpara su desarrollo socioeconómico y tecnológico, de conformidad con el artículo 8 del Acuerdo sobre
los ADPIC.  En caso positivo, se ruega explicar si esas medidas se acomodan a las disposiciones del
Acuerdo sobre los ADPIC.
La protección de la salud pública y la nutrición de la población es un principio de carácter
general, consagrado en la Constitución de la República Dominicana, que obliga al Estado a velar por
el mejoramiento de la alimentación, así como a procurar los medios necesarios para la prevención y
tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas y de cualquier índole.
En consecuencia, toda la legislación de carácter económico y social de la República
Dominicana tiende a hacer promover el interés público y el bienestar general de la población.
En el ámbito de la Propiedad Intelectual, son relevantes las disposiciones del artículo 46 de la
Ley de Propiedad Industrial No. 65-00, que prevé la posibilidad de conceder sobre una patente de
invención licencias obligatorias por razones de interés público.
Asimismo, y con el objetivo de prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por
sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en
detrimento de la transferencia de tecnología, tal como lo establece el párrafo 2 del artículo 8 del
ADPIC, la Ley 65-00 de Propiedad Industrial, consagra un Título completo relativo a las medidas
contra la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial.
B. D
ERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS
2. Se ruega indicar cómo su legislación estipula la protección de los derechos exclusivos de los
autores en relación con sus obras literarias y artísticas, en el sentido del artículo 9 del Acuerdo sobre
los ADPIC que exige a los Miembros que observen los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna y el
Apéndice del mismo (1971).
Entre las motivaciones o CONSIDERANDOS de la Ley 65-00, se establece que por medio de
la Resolución 2-95 del 20 de Enero de 1995, la República Dominicana ratificó el Acuerdo de
Marrakech, dentro del cual figura el Acuerdo ADPIC, y en este sentido nuestra ley está basada y
cumple con el artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, el cual ordena a los países miembros del
acuerdo observar los artículos 1 al 21 del Convenio de Berna de 1971.  Además de esto, el Congreso
de la República Dominicana, ratificó de forma independiente el Convenio de Berna de 1971, por lo
que este acuerdo tiene fuerza de ley en nuestro país.
El artículo 2 del Convenio de Berna establece la protección de las obras, las define y las
clasifica. La ley dominicana contempla estas disposiciones de igual forma en el artículo 2 de la Ley
65-00.
De acuerdo al artículo 2 bis del Convenio, los estados tienen la facultad de establecer la
protección de ciertas obras, como discursos, conferencias y alocuciones.  Nuestra ley las protegecomo creaciones del espíritu en el artículo 2.IP/C/W/285/Add.1
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Los criterios para la protección de las obras, contemplados en el artículo 3 del Convenio
(nacionalidad del autor, lugar de publicación, y residencia del autor) se encuentran también
contemplados en nuestra ley en el artículo 8.
La protección  de las obras en países que no sean miembros, se rige a falta de convenios
internacionales entre los países, tanto en el artículo 6 del Convenio de Berna, como en el párrafo I delartículo 8 de la Ley 65-00,  por el principio de la reciprocidad.
La vigencia o duración de la protección establecida en el artículo 7 del Convenio, está
contemplada en la Ley 65-00, en los artículos del 21 al 29. El Convenio de Berna establece la
protección al autor durante toda su vida y cincuenta años después de su muerte; esto fue acatado de
igual forma por la legislación dominicana, que contempló el plazo de protección para todas las obras
musicales por 50 años salvo las obras audiovisuales que fueron protegida por 70 años a partir de su
primera publicación, presentación o realización (artículo 27). Se protegen en la Ley 65-00, al igualque en el Convenio, las obras literarias, las obras artísticas y las obras científicas, éstas últimas en su
forma literaria o artística, en términos generales,  así como se protegen los titulares de derechos
conexos, es decir, los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas, y los
organismos de radiodifusión.
De acuerdo con el Convenio de Berna, los autores o titulares de obras literarias y artísticas
gozarán  del derecho exclusivo de autorizar la traducción  de sus obras mientras duren sus derechos
sobre la obra.  Los autores de obras científicas, literarias o artísticas y sus causahabientes, según el
artículo 19 de la Ley 65-00 tienen el derecho de autorizar o prohibir la traducción de sus obras a
cualquier idioma o dialecto, y estas traducciones, de conformidad con el artículo 6 de la misma Ley,
serán protegidas como obras independientes, sin perjuicio de los derechos de autor sobre las obrasoriginarias, en cuanto constituyan una creación original.
El derecho exclusivo de autorizar o prohibir la reproducción de la obra otorgado a los autores
en el artículo 9 del Convenio, es igualmente otorgado por nuestra ley en el artículo 19, en cualquier
forma o procedimiento, al igual que tiene el derecho de autorizar o prohibir cualquier otra forma de
utilización  de la obra (traducción, modificaci ón, inclusión en obras audiovisuales, fonogramas o
cualquier clase de soporte material, distribución al público y comunicación al público, sin que esta
enunciación sea limitativa.)
La facultad de utilización de la obra en algunos casos, contemplada en el artículo 10 del
Convenio, se encuentra estipulada en nuestra ley, como excepciones y limitaciones al derecho de
autor, en los artículos del 30 al 48 de la Ley 65- 00, siendo éstas de interpretación restrictiva, y solo
podrán aplicarse en forma tal que no atenten contra la explotación normal de la obra o cause un
perjuicio injustificado a los intereses del titular del respectivo derecho (derecho a citas, reproducciónreprográfica para fines de enseñanza, informaciones del día o acontecimientos de actualidad, copia
privada, entre otras).
El artículo 10 bis del Convenio, extiende la facultad de utilización de las obras, al caso de
artículos y obras radiodifundidas, así como, de obras vistas u oídas en el curso de acontecimientos de
actualidad, lo cual ha sido incluido como limitaciones al derecho de autor en nuestra ley en losartículos 33 y 34.
El artículo 11 del Convenio contemplan los derechos correspondientes a las obras dramáticas
y musicales, es decir al derecho de los autores de obras de esta naturaleza a autorizar su:
- Representación y ejecución públicaIP/C/W/285/Add.1
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- Transmisión pública de la representación por cualquier medio
- Traducción.
En este sentido nuestra ley establece los mismos derechos en su artículo 19.
En cuanto a los artículos 11 bis, 11ter y 12 del Convenio de Berna que contemplan el derecho
exclusivo de los autores de autorizar la radiodifusión o comunicación pública, la recitación pública yla adaptación, arreglos y otras transformaciones de su  obra,  el mismo derecho está contemplado en el
artículo 19 (incisos 6, 2 y 3) de nuestra ley.
La comunicación pública de obras musicales contemplada en el artículo 13 del Convenio de
Berna, aparece de igual forma en nuestra ley en los artículos 128 y 129, estableciendo al igual que en
el convenio, que la transmisión alámbrica o inalámbrica de la obra musical, con palabras o sin ellas,
debe ser previamente autorizada por el titular del derecho.
En lo relativo a las obras cinematográficas, los artículos 14 y 14 bis del convenio, que
contemplan el derecho exclusivo del autor de autorizar su adaptación, reproducción, distribución y
representación, protegiendo la obra cinematográfica como obra original y reconociendo entre los
titulares a todos los autores de las contribuciones aportadas a la realización de la obra, todas estas
disposiciones aparecen en nuestra ley, en los artículos del 58 al 72, incluidas dentro del marco general
de las obras audiovisuales.
El derecho de persecución de la obra (Droit de Suite), y de obtener participación en las
reventas (artículo 14 ter del Convenio) se encuentran contemplados en la Ley 65-00 en los artículos 17
y 78 párrafo.
De acuerdo al artículo 15 del Convenio, el autor tiene el derecho de hacer valer los derechos
protegidos, y para ello, tanto el Convenio como la Ley 65-00 (artículo 4), establecen una presunción
en cuanto a que la persona cuyo nombre o seudónimo, iniciales, marcas o signos convencionales
notoriamente conocidos como equivalentes al nombre, aparecen en la obra, es el autor de dicha obra,
salvo prueba en contrario.
El artículo 16 del Convenio de Berna faculta a los Estados miembros, al decomiso de obras
falsificadas, incluyendo las importadas. La Ley 65-00 establece un procedimiento por el cual el titularde un derecho de autor podrá solicitar al juez civil que dicte un auto ordenando la inspección de los
lugares donde se sospeche se cometen actos que violen la ley, así como a autorizar que se practique un
embargo conservatorio de los ejemplares ilícitos y de los equipos empleados para su fabricación o
uso.  Este embargo así como la detención del despacho de mercancías, puede ser practicado también,
para las mercancías y equipos que se encuentren en aduanas para importación o exportación (medidas
en fronteras). Por su parte, la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) tiene la facultad para
dictar y practicar inspecciones, medidas preventivas o cautelares, inclusive para la recolección depruebas, a petición de parte, de la sociedad de gestión correspondiente y aún de oficio (artículo 187.7)
y para retener todo el material ilícito que detecte, incluyendo los equipos utilizados para el uso no
autorizado y los documentos pertinentes (artículo 188.2 e) de la Ley 65-00).
3. Sírvanse describir la protección concedida a los autores de programas de ordenador, bases
de datos o compilaciones de datos.
Tal y como dispone el artículo 10 del Acuerdo ADPIC, los artículos 73, 74 y 75 de la Ley 65-
00 sobre Derecho de Autor, contemplan la protección a los Programas de Computadoras y Bases de
Datos, de la manera siguiente:IP/C/W/285/Add.1
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El artículo 73 define al  Productor del Programa de Computadora como la persona natural o
jurídica que toma la iniciativa y la responsabilidad de la realización de la obra. Este artículo establece
una presunción, salvo prueba en contrario, de que el productor del programa es la persona que aparece
indicada como tal en la forma usual.
Salvo estipulación contraria, se presume que los autores del programa han cedido al
productor, en forma ilimitada y por toda su duración, el derecho patrimonial exclusivo, inclusive el de
realizar o autorizar adaptaciones o versiones de la obra.
Las excepciones al derecho exclusivo de reproducción de programas de computadoras
otorgadas al productor están contempladas en el artículo 74. El artículo 75 define claramente las
formas de las licencias de programas de computadoras y bases de datos.
El artículo 2.12 establece la protección a las Compilaciones de Datos, cuando constituyan
creaciones de carácter intelectual. Dicha protección no se extiende a datos o a los materiales en sí, sinperjuicio del derecho de autor existente sobre las obras que puedan ser objeto de la base de datos o
compilación.
Los artículos del 36 al 40 del Reglamento No. 362-01 del 14 de Marzo del 2001, de
aplicación de la Ley 65-00, explica detalladamente la protección que otorga dicha ley a los programas
de computadoras y bases de datos.
4. Se ruega especificar si su legislación estipula el derecho de arrendamiento y, en caso
afirmativo, las obras abarcadas por éste.
Respecto de los programas de computadoras, éstos constituyen obras protegidas por el
derecho de autor, conforme al Artículo 2 apartado 11) de la Ley sobre Derecho de Autor.  En tal
virtud les es aplicable la disposición del Artículo 19 apartado 5) de la Ley sobre el Derecho de Autor,que estipula que los autores de obras y sus causahabientes tienen, entre otros, el derecho exclusivo de
autorizar o prohibir la distribución al público del original o de copias de la obra, mediante venta,
alquiler, usufructo o de cualquier otra forma.
Respecto de las obras cinematográficas, el Artículo 66 apartado 2) y el Artículo 71
apartado 1) de la Ley sobre el Derecho de Autor estipulan que el productor de una obra audiovisualtendrá, entre otros, el derecho de distribuir los ejemplares de la obra audiovisual mediante venta,
alquiler o en cualquier otra forma.
Además y de manera general, el apartado 7) de dicho artículo extiende la protección de los
derechos patrimoniales de los autores de obras científicas, literarias o artísticas, a cualquier forma de
utilización de la obra, conocida o por conocerse.
5. Se ruega describir los derechos concedidos a los artistas intérpretes o ejecutantes,
productores de fonogramas (grabaciones de sonido) y organismos de radiodifusión en virtud de sulegislación.
El artículo 135 de la Ley de Derecho de Autor establece que los artistas intérpretes o
ejecutantes, tienen el derecho exclusivo de autorizar o prohibir:
1) la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas;
2) la reproducción, por cualquier procedimiento y en cualquier forma, de las fijaciones
de su interpretación o ejecución;IP/C/W/285/Add.1
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3) la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones, excepto cuando la
interpretación o ejecución constituya por sí misma una ejecución o una interpretación
radiodifundida;
4) la distribución al público del original o de los ejemplares que contienen su
interpretación o ejecución fijada en un fonograma, mediante venta, alquiler o encualquier otra forma.
Por su parte, el artículo 140 establece el derecho moral de los artistas intérpretes o
ejecutantes, de vincular su nombre o seudónimo a la interpretación o ejecución y de impedir cualquier
deformación de la misma que ponga en peligro su decoro o reputación.
En cuanto a los productores de fonogramas,  el artículo 141 de la Ley de Derecho de Autor
establece que tienen derecho de autorizar o prohibir:
1) La reproducción directa o indirecta, temporal o permanente, de su fonograma, por
cualquier medio o procedimiento;
2) La  distribución al público del original o copias de su fonograma, mediante venta,
alquiler o en cualquier otra forma;
3) La puesta a disposición del público de su fonograma, por medios alámbricos o
inalámbricos, de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso almismo desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.
Asimismo, el productor de un fonograma que ha sido publicado con fines comerciales o cuya
reproducción se utilice para cualquier forma de comunicación al público, tendrá derecho a recibir de
quien lo utilice, una remuneración equitativa y única.  La mitad de la suma recibida por el productor
del fonograma, será pagada por éste a los artistas, intérpretes o ejecutantes o a quienes los representen.Artículos 142 y 143 de la ley de Derecho de Autor.
En cuanto a los organismos de radiodifusión, de acuerdo al artículo 144 de la Ley de Derecho
de Autor, gozarán del derecho exclusivo de autorizar o prohibir tanto la transmisión como la fijación
de sus emisiones, así como la reproducción de una fijación de sus emisiones, cuando:
a) No se haya autorizado la fijación a partir de la cual se hace la reproducción; y
b) La emisión se haya fijado inicialmente de conformidad con las disposiciones de esta
ley, pero la reproducción se haga con fines distintos a los indicados.
Los organismos de radiodifusión tendrán derecho al igual que los productores de fonogramas,
a una remuneración equitativa por la comunicación pública de sus transmisiones, cuando ésta se
efectúe en lugares a los que el público acceda mediante el pago de un derecho de admisión o entrada.
6. Sírvanse especificar si su legislación estipula alguna limitación o excepción en relación con
cada uno de los derechos descritos anteriormente de conformidad con las disposiciones pertinentesdel Convenio de Berna y la Convención de Roma y a la luz del artículo 13 y del párrafo 6 del artículo
14 del Acuerdo sobre los ADPIC.
La Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, consagra un Título completo a las Limitaciones y
Excepciones al Derecho de Autor, acordes con las disposiciones del Convenio de Berna y la
Convención de Roma.IP/C/W/285/Add.1
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Este Título, está dividido en tres Capítulos donde se establecen de manera exhaustiva las
limitaciones y excepciones permitidas por la ley, a saber: Capítulo I:  Disposiciones Generales;
Capítulo II: De las Licencias de Traducción y Reproducción de Obras Extranjeras; Capítulo III : De la
Limitación del Derecho de Autor por Utilidad Pública.  Este Título abarca los artículos 30 al 48 de la
Ley 65-00.
Es relevante la disposición del artículo 30 de la Ley de Derecho de Autor, el cual dispone que
las limitaciones y excepciones al derecho autor son de interpretación restrictiva y no podrán aplicarse
en forma tal que atenten contra la explotación normal de la obra o causen un perjuicio injustificado a
los intereses del titular del respectivo derecho, lo cual es totalmente acorde con lo dispuesto en el
artículo 13 del ADPIC.
7. Les rogamos indiquen la duración de la protección en lo concerniente a cada derecho
descrito anteriormente y la obra o materia a las que éste se aplica.
La duración de la protección de los derechos patrimoniales está establecida en el Capítulo III
de la Ley de Derecho de Autor. En sentido general, los derechos de autor corresponden al autor
durante su vida y a su cónyuge, herederos y causahabientes por cincuenta años contados a partir de la
muerte de aquel. Este plazo de protección fue extendido a 70 años en lo que respecta a las obras
audiovisuales.
En cuanto a los artistas intérpretes o ejecutantes, el artículo 29 otorga una protección por
cincuenta (50) años contados a partir del primero de enero del año siguiente al de la muerte de su
respectivo titular. En el caso de las orquestas, corales y otras agrupaciones artísticas, el plazo de
duración será por cincuenta (50) años a partir del primero de enero del año siguiente a aquel en que
tuvo lugar la interpretación o ejecución, o al de su fijación, si fuere el caso.
La duración de los derechos de los productores de fonogramas será de cincuenta años
contados desde el primero de enero del año siguiente al que se realizó la fijación.
La protección a los organismos de radiodifusión será de cincuenta años contados a partir del
primero de enero del año siguiente a aquel en que se realizó la emisión.
8. Se ruega describir en qué forma la legislación de su país otorga protección retroactiva de
conformidad con el artículo 18 del Convenio de Berna (obligación que tiene su origen en el artículo 9
del Acuerdo sobre los ADPIC) y el párrafo 6 del artículo 14 del mencionado Acuerdo.
La Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor, establece en sus disposiciones finales,
derogatorias y transitorias, la protección retroactiva  de conformidad con el artículo 18 del Convenio
de Berna, del cual la República Dominicana es si gnataria.  Al respecto, la Ley 65-00 dispone lo
siguiente:
"Artículo 190:  Los derechos sobre las obras protegidas de conformidad con las
prescripciones de la Ley No. 1381 de 1947 y de la Ley 32-86 de 1986 (Leyes de Propiedad
Intelectual anteriores), gozarán de los períodos de protección más largos fijados por la
presente ley.
"Artículo 191: Los derechos sobre las obras de nacionales y extranjeros residentes en el país,
que no gozaban de protección conforme a la Ley No. 1381 de 1947, por no haber sido
registradas, que regresaron al dominio privado de acuerdo a la ley 32-86, gozan también
automáticamente de la protección que concede la presente ley, sin perjuicio de los derechos
adquiridos por terceros con anterioridad a la entrada en vigor de la misma."IP/C/W/285/Add.1
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C. M ARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO
9. Se ruega proporcionar la definición de un si gno de conformidad con su legislación nacional
y explicar en qué condiciones es objeto de protección.
La Ley de Propiedad Industrial establece en su Capítulo II, la definición de los diferentes
signos distintivos protegidos por dicha ley (mar ca, marca colectiva, marca de certificación, nombre
comercial, rótulo, emblema, indicación geográfica, denominación de origen, signo distintivo
notoriamente conocido).
En la letra g, del artículo 70, se definen los signos distintivos como cualquier signo que
constituya una marca, un nombre comercial, un rótulo o un emblema.
De acuerdo al artículo 70, letra a, constituye una marca cualquier signo visible apto para
distinguir los productos o los servicios de una empresa, de los productos o servicios de otras
empresas.
En su artículo 72 la Ley de Propiedad Industrial establece una lista no exhaustiva de aquellos
signos que son considerados como marcas, a sabe r: palabras, denominaciones de fantasía, nombres,
seudónimos, lemas comerciales, letras, números, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos,
estampados, viñetas, orlas, líneas y bandas, combinaciones y disposiciones de colores y formas
tridimensionales.  También pueden constituir una marca la forma, presentación o acondicionamientode los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o locales de expendio de los productos
o servicios correspondientes.
De la definición como de la lista del artículo 72 se infiere que para constituir una marca
registrable en los términos de la Ley de Propiedad Industrial, es necesario que el signo sea lo
suficientemente distintivo  y sea susceptible de representación gráfica.
El derecho al uso exclusivo de una marca sólo se adquiere mediante su registro, de acuerdo a
lo que se establece en el artículo 71 de la Ley de Propiedad Industrial.  Sin embargo, se establece la
prioridad por el uso, siempre y cuando dicho uso en el país se haga de manera ininterrumpida y de
buena fe, por un período mayor de 6 meses.
10. Se ruega confirmar si los servicios constituyen una materia objeto de protección en la
legislación sobre marcas de su país.  Agradeceríamos que confirmasen también si puede otorgarse
protección a signos tales como los nombres come rciales.  Se ruega indicar si puede otorgarse
protección a elementos tales como sonidos, perfumes y envases.
De acuerdo a la definición de Marca, contenida en el párrafo a) del artículo 70 de la Ley de
Propiedad Industrial, los servicios también constituyen una materia objeto de protección.
Asimismo, el párrafo d) del artículo 70, establece la definición de nombre comercial, como el
nombre, denominación, designación o abreviatura qu e identifica a una empresa o establecimiento.
La adquisición de derecho sobre un nombre comercial, las condiciones de protección y el
procedimiento para el registro, están establecidas en la Sección I del Capítulo V de la Ley de
Propiedad Industrial, relativo a los nombres comerciales, artículos 113 al 120.
Siempre que cumplan con los requisitos de ser representables gráficamente y lo
suficientemente distintivos, los sonidos, perfumes y envases pueden registrarse.IP/C/W/285/Add.1
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11. Les rogamos expliquen si existen prescripciones de utilización como condición para el
registro de una marca de fábrica o de comercio.  Agradeceríamos que nos facilitasen la definición de
utilización y las condiciones de mantenimiento de un registro a ese respecto.
El artículo 70 en su párrafo 2 establece que cuando una persona esté usando una marca en el
país, sin interrupción y de buena fe, desde la fecha más antigua, por un período mayor de seis meses,tendrá prelación para obtener el registro.  En el caso en que la marca no estuviera en uso en el país,
tendrá prelación para obtener el registro la persona que primero presente la solicitud correspondiente.
Por otra parte, el párrafo 2 del artículo 73, establece que sin perjuicio de lo dispuesto en los
incisos c), d) y e) del párrafo primero del mismo artículo, relativo a las marcas inadmisibles por
razones intrínsecas al signo, el mismo podrá ser registrado como marca cuando se constatara que por
efecto de un uso constante en el país, la marca ha adquirido en los medios comerciales y ante el
público, suficiente carácter distintivo como para merecer protección en calidad de marca con relacióna los productos o servicios a los cuales se aplica.
El artículo 74, relativo a las Marcas inadmisibles por derechos de terceros, establece en su
párrafo b) el caso de que el signo que se pretende registrar sea idéntico o se asemeje de forma que
pueda crear confusión, a una marca no registrada pero usada por un tercero que tendría mejor derecho
a obtener el registro, siempre que la marca sea para los mismos productos o servicios, o paraproductos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados o vinculados con los que la marca
usada distingue.
El artículo 94 de la Ley de Propiedad Industrial establece la definición de uso de una marca.
Al respecto, se entiende que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella
distingue han sido puestos en el comercio o se encuen tran disponibles en el mercado nacional bajo esa
marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la dimensión del
mercado, el producto de que se trate, la naturaleza de los productos o servicios de que se trata y las
modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización; también constituirá uso de la marca su
empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional, o en
relación con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.
El mismo artículo establece que no será motivo para la cancelación del registro, ni disminuirá
la protección que corresponda a la marca, el uso de una marca en una forma que difiera de la forma en
que fue registrada sólo en cuanto a elementos que no alteran el carácter distintivo de la misma.
La Ley de Propiedad Industrial establece en su artículo 93, que el registro de una marca puede
ser cancelado por falta de uso en el país durante un período ininterrumpido de tres años precedentes a
la fecha en que se inicie la acción de cancelación.  Esta solicitud de cancelación podrá ser hecha por
cualquier persona interesada y no procederá antes de transcurridos tres años contados desde la fechadel registro de la marca.
Dicho artículo establece también que cuando existieran motivos justificados para la falta de
uso, no se cancelará el registro.  A estos efectos, el artículo 95 establece que se consideran motivos
justificados de la falta de uso de una marca los que se sustentan en hechos o circunstancias ajenos a la
voluntad del titular de la marca y que éste no ha podido evitar ni remediar. Sin embargo, no se
consideran motivos justificados la insuficiencia de recursos económicos y técnicos para realizar una
actividad productiva o comercial y la insuficiencia de demanda para el producto o servicio que la
marca distingue.
La carga de la prueba del uso de la marca corresponde al titular la marca, de acuerdo a lo que
dispone el artículo 96 de la Ley de Propiedad Industrial. El uso de la marca se acreditará por cualquierprueba admitida por ley, que demuestre que la marca se ha usado de acuerdo con lo indicado en el
artículo 94.IP/C/W/285/Add.1
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Toda prueba de uso de una marca presentada para efectos de esta ley tendrá valor de
declaración jurada, siendo el titular de la marca responsable de su veracidad.
12. Sírvanse confirmar si la legislación de su país permite o no que el registro de marcas de
fábrica o de comercio sea renovable indefinidamente.
La Ley de Propiedad Industrial de la República Dominicana permite que el registro de una
marca de fábrica o de comercio sea renovable indefinidamente.
En principio, el registro de una marca vence a los diez años contados desde la fecha de
concesión del registro (Artículo 81).  Sin embargo, el registro de una marca puede renovarse por
períodos sucesivos de diez años, contados desde la fecha de vencimiento del período precedente.
13. Describan, en caso afirmativo, las prescripciones especiales existentes en la legislación de su
país en lo concerniente al uso de una marca de fábrica o de comercio.
Véase la respuesta a la pregunta no. 11 en lo que respecta a definición de uso y las
condiciones bajo las cuales se considera usada una marca.
D. I NDICACIONES GEOGRÁFICAS
14. Se ruega indicar si el organismo encargado del registro de marcas de su país rechaza o no
una solicitud de marcas en caso de que ésta contenga una indicación geográfica.
Una indicación geográfica nacional o extranjera puede ser registrada como marca siempre que
sea lo suficientemente arbitraria y distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se
aplica, y que su empleo no sea susceptible de crear confusión con respecto al origen, procedencia,
cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usa la marca, según lo que
dispone el artículo 72 relativo a los signos considerados como marcas.
Con el objetivo de reforzar lo dispuesto en el artículo 73 relativo a las marcas inadmisibles
por razones intrínsecas al signo, se establece que no podrá ser registrado como marca, un signo que
esté comprendido en alguna de las prohibiciones que dicho artículo establece, a saber:
J) aquellos signos que reproduzcan o imiten una denominación de origen registrada de
conformidad con esta ley para los mismos productos, o para productos diferentes si hubiera
riesgo de confusión sobre el origen u otras características de los productos, o un riesgo deaprovechamiento desleal del prestigio de la denominación de origen, o consistan de una
indicación geográfica que no se conforma a lo dispuesto en el artículo 72, numeral 2.
15. Les rogamos que proporcionen la definición de indicación geográfica a tenor de la
legislación de su país.
El artículo 70 relativo a los Signos Distintivos, define en su letra h) indicación geográfica
como todo nombre, denominación, expresión, imagen  o signo que indique directa o indirectamente
que un producto o un servicio proviene de un país, de un grupo de países, de una región, de unalocalidad o de un lugar determinado.
De dicha definición se infiere que la figura de  Indicación Geográfica en nuestra legislación es
utilizada como un término genérico, usado de manera amplia para abarcar cualquier signo que indique
la procedencia u origen de un producto o servicio.  En ese sentido, la Ley de Propiedad Industrial
establece en su Capítulo VI, dos secciones: la Sección I relativa a las Indicaciones Geográficas engeneral y la Sección II, relativa a las denominaciones de origen, definidas como un tipo de indicación
geográfica.IP/C/W/285/Add.1
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16. Sírvanse describir y explicar las disposiciones de su legislación por las que se establece un
vínculo, en caso existente, entre las características de una indicación y su origen geográfico.
En la definición de denominación de origen contenida en la letra i) del artículo 70 de la Ley
de Propiedad Industrial, se establece el vínculo entre las características que particularizan un producto
y su origen geográfico.  Dicho artículo establece que se entenderá por denominación de origen, unaindicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar
determinado usada para designar un producto originario de ellos, cuya calidad, reputación u otra
característica es atribuible esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluyendo los
factores naturales y humanos; también se considerará como denominación de origen la constituida por
una denominación que sin ser un nombre geográfico identifica un producto como originario de un
país, región o lugar.
17. Se ruega explicar cómo se otorga protección adi cional en la legislación de su país para los
vinos y bebidas espirituosas.  Sírvanse mencionar otros tipos de productos, en caso de que existan,
abarcados por esa protección adicional.
La legislación de la República Dominicana ofrece el mismo nivel elevado de protección a
todas las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, sin discriminación por razón del tipo
de producto al cual se le aplique la indicación o denominación.  En tal sentido, todas las indicacionesgeográficas gozan de protección conforme al más alto nivel mencionado en el Artículo 23 del ADPIC.
Es directamente relevante el Artículo 124 de la Ley de Propiedad Industrial, que estipula que
una indicación geográfica no puede ser usada en el comercio en relación con un producto o un
servicio cuando tal indicación fuese falsa o engañosa con respecto al origen del producto o servicio, o
cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, calidad, procedencia,características o cualidades del producto o servicio.  La utilización de una indicación geográfica que
identifique vinos o bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar
designado por la indicación geográfica de que se trate, constituiría una indicación geográfica falsa y
por tanto prohibida por el Artículo 124 de la referida Ley.
También son relevantes las siguientes disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial:"Artículo 73.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas al signo.
1) No puede ser registrado como marca un signo que esté comprendido en alguna de las
prohibiciones siguientes:
i) Puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la procedencia,
la naturaleza, el  modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el
consumo, la cantidad o alguna otra característica de los productos y servicios de que
se trate;
j) Reproduzcan o imiten una denominación de origen registrada de conformidad
con esta ley para los mismos productos, o para productos diferentes si hubiera riesgo
de confusión sobre el origen u otras características de los productos, o un riesgo de
aprovechamiento desleal del prestigio de la denominación de origen, o consistan de
una indicación geográfica que no se conforma a lo dispuesto en el Artículo 72,numeral 2);"
"Artículo 126.- Acciones contra el uso indebido de indicaciones geográficas
Cualquier persona interesada, y en particular los productores, fabricantes y artesanos, los
consumidores y el Ministerio Público podrán actuar, individual o conjuntamente, ante lasIP/C/W/285/Add.1
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autoridades competentes para todo efecto relativo al cumplimiento de lo dispuesto en el
Artículo 124."
Más aún, el Artículo 134 que regula la anulación del registro de una denominación de origen,
permite que cualquier tercero pueda solicitar la anulación de estos registros cuando violen el
Artículo 128.
"Artículo 134.- Anulación del registro de una denominación de origen.
1) A solicitud de cualquiera de las personas indicadas en el Artículo 126, el Registro de
Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de una denominación de origen cuando
se demuestre que ella está contenida en alguna de las exclusiones previstas en el Artículo 128.
2) A solicitud de cualquiera de las personas indicadas en el Artículo 126, el Registro de
Propiedad Industrial cancelará el registro de una denominación de origen cuando se
demuestre que las cualidades o las características indicadas en el registro con respecto a losproductos designados por la denominación de origen no corresponden a las de los productos
que son puestos en el comercio con tal denominación.  No obstante, los interesados podrán
solicitarlo nuevamente cuando consideren que se han restituido las condiciones para su
protección."
Los literales b), c), y d) del Artículo 166 establecen las sanciones a la violación de la presente
Ley, que señalan:
"Artículo 166.-  De las sanciones.
Incurren en prisión correccional de tres meses a dos años y multa de diez a cincuenta salarios
mínimos o ambas penas quienes intencionalmente:
b) Sin el consentimiento del titular de un signo distintivo realice respecto a un nombre
comercial, un  rótulo o un emblema con las siguientes actuaciones:
i) Use en el comercio un signo distintivo idéntico, para un negocio idéntico o
relacionado;
ii) Use en el comercio un signo distintivo parecido, cuando ello fuese
susceptible de crear confusión;
c) Use en el comercio, con relación a un producto o a un servicio, una indicación
geográfica falsa o susceptible de engañar al público sobre la procedencia de ese producto o
servicio o sobre la identidad del productor, fabricante o comerciante del producto o servicio;
d) Use en el comercio, con relación a un producto, una denominación de origen falsa o
engañosa o la imitación de una denominación de origen, aún cuando se indique el verdadero
origen de producto, se emplee una tradición de la denominación de origen o se use la
denominación de origen acompañada de expresiones como "tipo", "género", "manera","incautación" y otras calificaciones análogas;
PARRAFO.-  La responsabilidad por los hec hos descritos anteriormente se extiende a
quienes ordenen o dispongan su realización, a los representantes legales de las
personas jurídicas y a todos aquellos que, conociendo la ilicitud del hecho, tomen
parte en él, lo faciliten o lo encubran."IP/C/W/285/Add.1
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El Artículo 177 letra c) establece que la violación de las indicaciones geográficas constituye
un acto de competencia desleal y por tanto cualquier tercero podrá interponer las acciones que la ley
señala.   Esto se completa con el Artículo 183 de la misma ley.
"Artículo 177.- Competencia desleal relativa a elementos distintivos de la empresa.
Constituyen actos de competencia desleal los siguientes, entre otros:c) Usar o propagar indicaciones o alegaciones susceptibles de engañar o causar error con
respecto a la procedencia empresarial, el origen geográfico, la naturaleza, el modo de
fabricación, la aptitud para su empleo o consumo, la cantidad u otras características de
productos o servicios propios o ajenos;
Artículo 183.- Acción contra un acto de competencia desleal.
1) Cualquier persona que se considere afectada por un acto de competencia desleal
podrá iniciar acción ante la autoridad judicial competente.
2) Además de la persona directamente perjudicada por el acto, estará legitimado para
ejercer la acción cualquier asociación, federación, sindicato u otra entidad representativa de
algún sector profesional, empresarial o de los consumidores cuando resulten afectados los
intereses de sus miembros."
18. Les rogamos expliquen de qué forma las excepciones del artículo 24 del Acuerdo sobre
los ADPIC son utilizadas en su jurisdicción.  Sírvanse proporcionar ejemplos del uso de las
excepciones por tribunales o listas de nombres considerados genéricos en su jurisdicción.
La Ley 20-00 recoge las siguientes excepciones permitidas por el artículo 24 del ADPIC:
- El artículo 71 párrafo 2 recoge la excepción prevista en el párrafo 5 del artículo 24 del
ADPIC.
- La excepción del párrafo 6, primera oración del artículo 24 del ADPIC, está recogida
en el artículo 73 letra d).
- El artículo 74 letra e) de la ley 20-00 recoge la excepción del párrafo 8 del artículo 24
del ADPIC.
E. D
IBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES
19. Sírvanse explicar si su legislación abarca la protección a los dibujos y modelos guiándose
básicamente por consideraciones técnicas o funcionales.  Se ruega explicar de qué modo se protegen
los dibujos y modelos textiles.
El artículo 55 de la Ley de Propiedad Industrial, relativo a la materia excluida de protección
de los diseños industriales, establece que no se protegerá un diseño industrial cuyo aspecto esté
determinado únicamente por una función técnica y no incorpore ningún aporte arbitrario del
diseñador.
De acuerdo a la definición de diseño industrial  establecida en el artículo 54 de la Ley de
Propiedad Industrial, los diseños textiles están incluidos dentro de la protección.  Dicho artículo
establece que se considerará diseño industrial cualquier reunión de líneas o combinación de colores o
cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial oIP/C/W/285/Add.1
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de artesanía para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho
producto.
20. Sírvanse explicar cómo protege su legislación a los titulares de derechos de un dibujo o
modelo frente a la importación de artículos con un dibujo o diseño incorporado o copiado.
El artículo 59 de la Ley de Propiedad Industrial, relativo al alcance de la protección que
confiere esta ley a los diseños industriales, establece que el titular de un diseño industrial tendrá
derecho a excluir a terceras personas de la explotación del diseño.  En tal virtud, el titular tiene
derecho de actuar contra cualquier persona que sin su autorización, fabrique, venda, ofrezca en venta
o utilice, importe  o almacene para alguno de estos fines, un producto que reproduzca o incorpore el
diseño industrial protegido, o cuya apariencia dé una impresión general, igual a la del diseño
industrial protegido.
Dicho artículo también dispone que la realización de uno de los actos anteriormente descritos
no se considera lícito por el solo hecho de que el diseño reproducido o incorporado se aplique a un
tipo o género de productos distintos de los indicados en el registro del diseño protegido.
21. Se ruega indicar si la legislación de su país proporciona o no el derecho a otorgar una
licencia obligatoria en lo que respecta a los dibujos y diseños industriales.
La Ley de Propiedad Industrial No. 20-00 no contempla el régimen de Licencias obligatorias
para los dibujos y diseños industriales.
22. Se ruega indicar durante qué período de tiempo la legislación de su país otorga protección a
los dibujos y modelos industriales.
El artículo 67 de la Ley de Propiedad Industrial, establece un período de protección de 5 años
para los dibujos o modelos industriales, contados desde la fecha de presentación de la respectivasolicitud ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial.
El registro podrá ser prorrogado por dos períodos adicionales de cinco años cada uno,
mediante el pago de la tasa de prórroga establecida.
F. P
ATENTES
23. Se ruega explicar cómo define la legislación de su país los conceptos de:  novedad, invención
y aplicación industrial.
De acuerdo a los artículos 3, 4, 5 y 6 de la Ley No. 20-00 (Ley de Propiedad Industrial),
relativo a los requisitos de la invención para ser patentable, una invención es novedosa cuando no
existe previamente en el estado de la técnica (artículo 5). Una invención tiene nivel inventivo si para
una persona especializada o experta en la materia técnica correspondiente, la invención no resulta
obvia, ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica pertinente (artículo 6).  Una invención
es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquiertipo de industria.  A estos efectos, la expresión i ndustria se entiende en su más amplio sentido e
incluye, entre otros, la artesanía, la agricultura, la minería, la pesca y los servicios.
24. Sírvanse especificar si en la legislación de su país las patentes o los derechos de patente se
otorgan sin ningún tipo de exclusión.  En caso de que existan exclusiones, descríbase detalladamente
la forma en que éstas se aplican en términos legales y prácticos.IP/C/W/285/Add.1
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En sentido general, no se considera invención y por lo tanto está excluida de protección por
patente, toda materia que no se adecúe a la definición de invención establecida en la ley (novedad,
nivel inventivo, aplicación industrial).
El artículo 2 de la Ley 20-00, por su parte, establece una lista exhaustiva de materia excluida
de protección por patente de invención, acorde particularmente con las disposiciones del artículo 27del ADPIC, así como con otras disposiciones del mismo acuerdo, como es el caso del artículo 10,
relativo a los programas de ordenador y compilaciones de datos, que son protegidos como obras
literarias y por lo tanto en nuestra legislación está dentro de la materia excluida de protección por
patente de invención.
25. Sírvanse explicar si su legislación estipula la exclusión de invenciones de la patentabilidad
basándose en el orden público o la moralidad.  En ese caso, les rogamos expliquen el artículo
pertinente de su legislación así como su formulación.  Desearíamos también saber si éste se haaplicado en la práctica.
Esta exclusión de patentabilidad está establecida en el artículo 2, párrafo 2, literal a), que
señala que no serán patentables ni se publicarán aquellas invenciones que sean contrarias al orden
público o a la moral.
No existen experiencias prácticas al respecto en la República Dominicana.
26. Les rogamos expliquen si los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos están
excluidos de la patentabilidad en su legislación.  Si es así, sírvanse explicar la sección pertinente de
su legislación así como su formulación.
Esta exclusión de patentabilidad está establecida en el literal f) del párrafo 1 del artículo 2 de
la Ley 20-00, que dispone que no se consideran invenciones, y por lo tanto están excluidos deprotección por patente, los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal,
así como los métodos de diagnóstico.
27. Sírvanse explicar si las plantas, los animales y esencialmente los procesos biológicos están o
no excluidos de la patentabilidad en su legislación.  En caso afirmativo, les rogamos aclaren el
artículo pertinente de su legislación así como su formulación.
Efectivamente las plantas, los animales y los procesos esencialmente biológicos para la
producción de plantas y animales están excluidos de la patentabilidad, según lo establece el literal c)
del párrafo 2 del artículo 2 de la Ley 20-00.
La formulación de dicho literal en nuestra legislación es totalmente acorde con lo dispuesto
en el artículo 27.3, letra b) del ADPIC.
28. Les rogamos que describan de qué forma y en virtud de qué disposiciones los
microorganismos, los procesos no esencialmente biológicos, los procesos microbiológicos y lasobtenciones vegetales están protegidos en su legislación.  Sírvanse explicar a este respecto los
artículos pertinentes de su legislación.
Los microorganismos, los procesos no biológicos, y los procesos microbiológicos, pueden ser
protegidos mediante patentes de invención, de acuerdo  a lo que dispone el literal c) del párrafo 2 del
artículo 2 de la Ley 20-00 de Propiedad I ndustrial, el cual dispone lo siguiente:
"Artículo 2. – Materia excluida de protección por patente de invención.
2) No serán patentables, ni se publicarán las siguientes invenciones:IP/C/W/285/Add.1
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a) Aquellas cuya explotación sería contraria al orden público o a la moral;
b) Las que sean evidentemente contrarias a la salud o a la vida de las personas o
animales, o  puedan causar daños graves al medio ambiente;
c) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos, y los
procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales,que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos.  Las obtenciones
vegetales serán reguladas en virtud de una ley especial, de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 27.3, letra b), del ADPIC."
Por su parte, el Reglamento de aplicación de la Ley 20-00, No. 408-00, establece la forma y
depósito de Microorganismos y sustancias biológicas indicando lo siguiente:
"Artículo 6.-   Depósito de Material Biológico o Microorganismos.
Mientras no sean designadas las instituciones autorizadas para recibir el depósito de material
biológico necesario para la descripción de solicitudes relativas a microorganismos, el
solicitante podrá realizar el mismo en cualquiera de las autoridades de depósito internacional
reconocidas por el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito
de Microorganismos en Materia de Presentación de Solicitudes de Patentes, del 28 de abril del
1977.
En todo caso esas instituciones de depósito deberán reunir las siguientes condiciones:
1) Ser de carácter permanente;
2) No depender del control de los depositantes;
3) Disponer del personal y las instalaciones adecuadas para comprobar la pertinencia del
depósito y garantizar su almacenamiento y conservación sin riesgo de contaminación;
4) Brindar medidas de seguridad necesarias para  reducir al mínimo el riesgo de pérdida
de material biológico."
En cuanto a la protección de las obtenciones vegetales, en marzo del 2001, fue sometido a
estudio a las autoridades competentes, un Anteproyecto de Ley de Protección de los Derechos de
Obtentor de Variedades Vegetales, de conformidad con el Convenio de la UPOV.
29. Les rogamos que expliquen de qué forma su legislación protege a los titulares de derechos de
patentes frente a la importación y frente al ofrecimiento para la venta de una invención patentada.
La protección de los titulares de derechos de patentes contra actos de  terceros, está
establecida en el artículo 29 de la Ley 20-00.
"Artículo 29.- Derechos y protección conferidos por la patente.
1) La patente confiere a su titular el derecho de excluir a terceras personas de la
explotación de la invención patentada.  En tal virtud, y con las limitaciones previstas en estaley, el titular de la patente tendrá el derecho de actuar contra cualquier persona que sin su
autorización realice cualquiera de los siguientes actos:
a) Cuando la patente se ha concedido para un producto:IP/C/W/285/Add.1
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i) Fabricar el producto;
ii) Ofrecer en venta, vender o utilizar el producto; importarlo o
almacenarlo para alguno de estos fines.
b) Cuando la patente se ha concedido para un procedimiento:
i) Emplear el procedimiento
ii) Ejecutar cualquiera de los actos indicados en el inciso a) respecto a
un producto obtenido directamente de la utilización del
procedimiento."
30. Les rogamos indiquen si la legislación de su país estipula la protección mediante patente de
productos químicos farmacéuticos y agrícolas.  Si su respuesta es afirmativa, sírvanse indicar la
referencia jurídica.
De la definición de invención establecida en el artículo 1 y los requisitos de la invención para
ser patentable establecidos en el artículo 3 de la Ley 20-00, se deduce que nuestra legislación protege
mediante patente, toda invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la
tecnología, siempre que sean novedosas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación
industrial.
Particularmente, el artículo 4 de la Ley 20-00, cuando define lo que se entiende por aplicación
industrial, establece que la expresión industria se entiende en su más amplio sentido e incluye, entre
otros, la artesanía, la agricultura, la minería, la pesca y los servicios.
31. Les rogamos aclaren si la protección de patentes de un proceso, según está estipulado en su
legislación, abarca el producto obtenido directamente mediante ese proceso.
De acuerdo a la Ley No. 20-00, la protección de patentes de procedimiento abarca también el
producto obtenido directamente mediante ese procedimiento.  Al respecto, es relevante lo establecido
en la letra b) inciso ii) del artículo 29, relativo a los derechos y protección conferidos por la patente.
(Ver respuesta a la pregunta no. 29).
32. Les rogamos que expliquen las condiciones adicionales, si las hay, existentes en su
legislación además de la divulgación suficiente de la invención contenida en el artículo 29 delAcuerdo sobre los ADPIC (a saber, presentación de justificación en lo que respecta al acceso a
material genético o consentimiento previo a su utilización).  Si esas condiciones adicionales existen,
indíquese la legislación pertinente y descríbanse las condiciones adicionales detalladamente.
La República Dominicana es signataria del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), el
cual se basa en la premisa fundamental de que los Estados tienen derechos soberanos sobre la
diversidad biológica que se encuentra en sus terr itorios (Preámbulo y párrafo 1 del Artículo 15).  El
CBD también reconoce que los gobiernos nacionales tienen la facultad de regular el acceso a estosrecursos de acuerdo con la legislación nacional (p árrafo 1 del artículo 15).  Asimismo, dispone que el
acceso a los recursos genéticos estará sometido al consentimiento fundamentado previo de la Parte del
CDB, y se concederá en condiciones mutuamente convenidas (párrafos 4 y 5 del artículo 15 del
CDB).
La Ley No. 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, de fecha 18 de agosto del año
2000, recoge en su articulado las disposiciones del CDB.  En ese sentido, y a los efectos de la
autorización necesaria para el acceso a los recursos genéticos, son relevantes varias disposiciones de
dicha ley:IP/C/W/285/Add.1
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El artículo 3 establece que los recursos naturales y el medio ambiente son patrimonio común
de la nación y un elemento esencial para el desarrollo sostenible del país.   Asimismo, el artículo 4 de
la referida ley dispone que la conservación, protección, restauración y uso sostenible de los recursos
naturales, el medio ambiente y los bienes que conforman el patrimonio natural y cultural son
declarados de interés nacional.
El artículo 17 establece como funciones de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, la de realizar y organizar el inventario de la biodiversidad y de los recursos
genéticos nacionales, así como diseñar y ejecutar la estrategia nacional de conservación de la
biodiversidad.
En el Capítulo IV de la Ley, relativo a la Evaluación Ambiental, en su artículo 41, se
establece una lista no exhaustiva de los proyectos o actividades que requieren la presentación de una
evaluación de impacto ambiental.  Además dispone que la Secretaría de Estado de Medio Ambiente yRecursos Naturales establecerá los criterios para determinar si el proyecto, obra o actividad requiere
de un permiso ambiental y por tanto el interesado debe presentar una declaración de impacto
ambiental, o si precisa de licencia ambiental, en cuyo caso el interesado deberá presentar un estudio
de impacto ambiental.
El artículo 43 dispone que el proceso de permisos y licencias ambientales será administrado
por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con las
instituciones que corresponda, las cuales estarán obligadas a consultar los estudios de impacto
ambiental.
El Capítulo V de la ley 64-00, en su artículo 51 se establece que sin perjuicio de los derechos
de propiedad intelectual, todo aquel que realice una investigación, trabajo o actividad sobre el medioambiente y los recursos naturales, entregará un ejemplar de la investigación o estudio a la Secretaría
de Estado de Medio Ambiente o Recursos Naturales.
En el Capítulo VI, relativo a la Diversidad Biológica, en su artículo 141 se establece que los
recursos genéticos son recursos naturales. El proyecto de Ley sectorial sobre Biodiversidad,
mandatado por este artículo, es la ley que regulará exclusivamente todo lo relativo al acceso a losrecursos genéticos.  En ese sentido, es necesario informar que en julio del presente año fue presentado
un Anteproyecto de Ley al respecto para su estudio por las autoridades competentes.
33. Se ruega describir si su legislación estipula excepciones limitadas a los derechos exclusivos
concedidos por una patente.  Si su respuesta es afirmativa, se ruega mencionar la legislación
pertinente.
Las excepciones a los derechos exclusivos concedidos por la patente están establecidas en los
artículos 30 y 31 de la Ley 20-00.
"Artículo 30.  Limitación y agotamiento de los derechos de la patente.
La patente no da derecho de impedir:
a) Actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales;
b) Actos realizados exclusivamente con fines de experimentación con respecto a la
invención patentada;
c) Actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica
o académica;IP/C/W/285/Add.1
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d) La venta, locación, uso, usufructo, la importación o cualquier modo de
comercialización de un producto protegido por la patente u obtenido por el procedimiento
patentado, una vez que dicho producto ha sido puesto en el comercio de cualquier país, con el
consentimiento del titular o de un licenciatario o de cualquier otra forma lícita.  No se
consideran puestos lícitamente los productos o los procedimientos en infracción de derechode propiedad industrial;
e) Actos referidos en el artículo 5to. del Convenio de París para la protección de la
Propiedad Industrial;
f) Cuando la patente proteja material biológico capaz de reproducirse, el uso de ese
materia como base inicial para obtener un nuevo material biológico viable, salvo que tal
objeción requiera el uso repetido del material patentado;
g) Aquellos usos necesarios para obtener la aprobación sanitaria y para comercializar un
producto después de la expiración de la patente que lo proteja;"
"Artículo 31.  Derecho del usuario anterior de la invención.
1) Los derechos conferidos por una patente no podrán hacerse valer contra una persona
que de buena fe y con anterioridad a la fecha de presentación o, en su caso, de prioridad de la
solicitud de patente correspondiente, ya se encontraba en el país produciendo el producto ousando el procedimiento que constituye la invención, o había efectuado preparativos efectivos
y serios para realizar tal producción o uso.
2) Esa persona tendrá el derecho de continuar produciendo el producto o usando el
procedimiento como venía haciéndolo, o de iniciar la producción o uso que había previsto.
Este derecho sólo podrá cederse o transferirse con la empresa o el establecimiento en que seestuviera realizando o se hubiera previsto realizar tal producción o uso."
34. Se ruega explicar si la legislación de su país tiene o no previsto el otorgamiento de licencias
obligatorias.  En caso afirmativo, se ruega expli car exhaustivamente las condiciones en las cuales
puede concederse una licencia obligatoria.  Especialmente, sírvanse indicar de qué forma su
legislación nacional considera los méritos individuales en la autorización de esa utilización.
De acuerdo a nuestra Ley No. 20-00 de Propiedad Industrial y conforme a las disposiciones
del artículo 31 del ADPIC, nuestra legislación prevé el otorgamiento de licencias obligatorias.  La Ley
20-00 consagra una Sección completa al tema (Sección IV: Licencias Obligatorias y otras medidas
relativas a la explotación de la patente. Artículos 39 a 48).
Los artículos 40 a 47 de la Ley 20-00, establecen cuatro formas o condiciones en las que
puede concederse, bajo ciertos requisitos específicamente establecidos, una licencia obligatoria.  Enconsecuencia, nuestra legislación no toma en consideración los méritos individuales para otorgar una
licencia obligatoria.
Los requisitos contemplados por la legislación dominicana para otorgar una licencia
obligatoria, son los mismos que los establecidos en el artículo 31 del ADPIC, de los que podemos
señalar:  la negativa del titular a otorgar licencia de uso en términos y condiciones comercialmenterazonables; audiencia previa del titular ante el representante de la Oficina Nacional de la Propiedad
Industrial; el titular de los derechos recibirá una remuneración adecuada; las licencias no tendrán
carácter exclusivo, no podrán cederse; serán concedidas para abastecer principalmente el mercado
interno; la licencia obligatoria podrá ser revocada total o parcialmente por el tribunal competente a
solicitud del titular.IP/C/W/285/Add.1
Página 21
"Artículo 40.- Licencias obligatorias.
1) Cuando un potencial usuario haya intentado obtener la concesión  de una licencia del
titular de la patente en términos y condiciones comerciales razonables y tales intentos no
hayan surtido efecto luego de transcurrido un plazo de doscientos diez  (210) días, contados
desde la fecha en que se solicitó la respectiva licencia, la Oficina  Nacional de la PropiedadIndustrial, previa audiencia del titular, podrá expedir licencias obligatorias con relación a esa
patente.
PARRAFO.- En todo los casos que procedan, la Oficina Nacional de la Propiedad
Industrial concederá las licencias obligatorias cuando el interesado demuestre que:
a) Posee capacidad técnica y económica para enfrentar la explotación de que se
trate.  La capacidad técnica se evaluará por la autoridad competente, conforme a las
normas específicas vigentes en el país, que existan en cada rama de actividad.  Porcapacidad económica se entenderá la posibilidad de cumplir las obligaciones que
deriven de la explotación a realizar;
b) Cuando la patente se refiera a una materia prima a partir de la cual se
pretenda desarrollar un producto final, que el solicitante pueda realizar el desarrollo
del producto final por sí o por terceros en el país, salvo los casos de imposibilidad deproducción en el territorio nacional.
2) Para determinar lo que se entiende por términos y condiciones comerciales razonables
se deberá tomar en cuenta las circunstancias particulares de cada caso y el valor económico de
la autorización, teniendo presente la taza de regalías promedios para el sector  de que se trate
en contratos de licencias comerciales entre partes independientes.
Artículo 41.- Licencia obligatoria por falta de explotación.
1) Transcurridos tres (3) años desde la concesión de la patente o cuatro (4) desde la
presentación de la solicitud, aplicándose el plazo que venza más tarde, si la invención no ha
sido explotada o cuando la explotación  de ésta haya sido interrumpida durante más de un (1)
año sin causa justificada, cualquier persona que tenga capacidad para explotar la invenciónpodrá solicitar a la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial le sea otorgada una licencia
obligatoria de la patente en cuestión.
2) No se concederá una licencia obligatoria cuando se demuestre que la falta o
insuficiencia de explotación se debe a un caso fortuito o de fuerza mayor, o a circunstancias
que escapan a la voluntad o al control del titular de la patente  y que justifican la falta o
insuficiencia de la explotación. No se consideran circunstancias justificadas la falta de
recursos económicos, ni la falta de viabilidad económica de la explotación.
Artículo 42.-  Licencias obligatorias por prácticas anticompetitivas.
Serán otorgadas licencias obligatorias cuando la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
haya determinado que el titular de la patente ha incurrido en prácticas anticompetitivas.  En
estos casos, sin perjuicio  de los recursos que le competan al titular de la patente, la concesiónse efectuará sin necesidad de aplicar el procedimiento establecido en el numeral 2) del
Artículo 43.
A los fines de la presente ley, se considerarán prácticas anticompetitivas, entre otras, las
siguientes:IP/C/W/285/Add.1
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a) La fijación de precios excesivos o discriminatorios de los productos patentados.  En
particular cuando existan ofertas de abastecimiento del mercado a precios significativamente
inferiores a los ofrecidos por el titular de la patente para el mismo producto;
b) La falta de abastecimiento del mercado en condiciones comerciales razonables;
c) El entorpecimiento de actividades comerciales o productivas;d) Todo otro acto que la legislación nacional tipifique como anticompetitivo, limitativo
o restrictivo de la competencia.
Artículo 43.- Solicitud y concesión de las licencias obligatorias.
1) Cualquier persona interesada en obtener una licencia obligatoria deberá solicitarlo a
la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial.  La solicitud deberá indicar las condiciones
bajo las cuales pretende obtenerse la licencia obligatoria.
2) La persona que solicite una licencia obligatoria deberá acreditar haber pedido
previamente al titular de la patente una licencia contractual, y que no ha podido obtenerla en
las condiciones y plazos previstos en el Artículo 40.
No será necesario cumplir con este requisito en caso de emergencia nacional o de extrema
urgencia, o de un uso no comercial de la invención por una entidad pública.  En estos casos eltitular de la patente será informado sin demora de la concesión de la licencia.  Tampoco será
necesario cumplir con aquel requisito cuando la licencia tuviera por objeto remediar una
práctica anticompetitiva.
3) Sin perjuicio de lo previsto en el numeral 2, la Oficina Nacional de la Propiedad
Industrial notificará al titular de la patente una solicitud de licencia obligatoria en el términode treinta (30) días, contados a partir del día de depósito de la solicitud.
4) El titular de la patente deberá presentar sus decires y  argumentaciones en un plazo no
mayor de sesenta  (60) días, contados a partir de la fecha de la notificación de la solicitud de
licencia obligatoria.  Pasado este plazo sin que el titular se haya manifestado, se considerarán
como aceptadas las condiciones presentadas por el solicitante.
5) En caso de que el titular responda, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial,
previa audiencia de las partes y si ellas no se pusieran de acuerdo, fijará una remuneración
razonable que recibirá el titular de la patente, la que será establecida de acuerdo a lo dispuesto
por el Artículo 40.
6) Las decisiones referentes a la concesión de estos usos deberán ser adoptadas dentro
de los ciento veinte (120) días de presentada la solicitud y las mismas serán recurribles.  La
sustanciación del recurso no tendrá efecto suspensivo.
Artículo 44.- Condiciones para la concesión de las licencias obligatorias.
1)  Al conceder licencias obligatorias deberán ser observadas las siguientes
disposiciones:
a) La concesión de las mismas las realizará la Oficina Nacional de la Propiedad
Industrial;
b) Serán consideradas las circunstancias propias de cada caso;IP/C/W/285/Add.1
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c) Las licencias obligatorias se extenderán a las patentes relativas a los
componentes y procesos que permitan su explotación;
d) La concesión de estas licencias no será de carácter exclusivo;
e) No podrán cederse, salvo con aquella parte de la empresa o de su activo
intangible que la integre;
f) Serán concedidas para abastecer principalmente el mercado interno, salvo en
los casos establecidos en los Artículos 41 y 46;
g) El titular de la patente percibirá una remuneración razonable según las
circunstancias propias de cada caso, habida cuenta del valor económico de la
autorización.  Al determinar el importe de las remuneraciones en los casos en que las
licencias obligatorias se hubieran concedido para poner remedio a prácticas
anticompetitivas, se tendrá en cuenta la necesidad de corregir dichas prácticas y sepodrá negar la revocación de la concesión si se estima que es probable que las
condiciones que dieron lugar a esa concesión se repitan.
2) La persona a quien se le otorgue una licencia obligatoria debe iniciar su explotación
dentro de los dos años de haberle sido otorgada la licencia.
3) Cuando la patente protegiera alguna tecnología  de semiconductores, sólo se
concederán licencias obligatorias para un uso público no comercial, o para rectificar una
práctica declarada contraria a la competencia.
4) Una licencia obligatoria podrá ser revocada total o parcialmente por el tribunal
competente, a pedido del titular, si las circunstancias que dieron origen a la licencia hubieran
dejado de existir y no fuese probable que vuelvan a surgir, siempre que tal revocación noafecte intereses legítimos del licenciatario.
5) Una licencia obligatoria podrá ser modificad a por el tribunal competente, a solicitud
de una parte interesada, cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen.
Artículo 45.- Licencia obligatoria en caso de patentes dependientes.
1) Cuando una invención reivindicada en una patente posterior no pudiera explotarse en
el país sin infringir una patente anterior, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, a
petición del titular de aquella patente o de su  licenciatario, o del beneficiario  de una licencia
obligatoria sobre esa patente, puede conceder una licencia obligatoria respecto de la patente
anterior en la medida que fuese necesario para evitar la infracción.
2) Sólo se concederá la licencia obligatoria cuando la invención reivindicada en la
patente posterior suponga un avance técnico importante y de considerable significacióneconómica con respecto a la invención reivindicada en la patente anterior.
3) Cuando se conceda una licencia obligatoria de acuerdo con el numeral 1), se podrá en
las mismas circunstancias conceder una licencia obligatoria con respecto a la patente
posterior, si lo solicita el titular de la patente anterior, su licenciatario, o el beneficiario de una
licencia obligatoria sobre dicha patente anterior.
4) Una licencia obligatoria de las previstas en este artículo no puede concederse con
carácter de exclusiva.  Esta licencia obligatoria sólo puede ser objeto de transferencia cuando
simultáneamente lo sea la patente dependiente cuya explotación industrial requiere de laIP/C/W/285/Add.1
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licencia.  La transferencia de la licencia obligatoria se sujetará a las disposiciones del
Artículo 32, numeral 2), en cuanto corresponda.
5) Son aplicables a las licencias previstas en el presente artículo las disposiciones de los
Artículos 43 y 44, en cuanto corresponda.
Artículo 46.- Licencias de interés público.
Por razones de interés público, y en particular, por razones de emergencia o de seguridad
nacional declaradas por el Poder Ejecutivo, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, a
petición de cualquier persona interesada o autoridad competente, o de oficio, dispondrá en
cualquier tiempo lo siguiente:
a) Que una invención objeto de una patente o de una solicitud de patente en
trámite sea explotada por una entidad estatal o por una o más personas de derechopúblico o privado designadas al efecto; o
b) Que una invención objeto de una patente o de una solicitud de patente en
trámite quede abierta a la concesión de licencias de interés público, en cuyo caso la
Oficina Nacional de la Propiedad Industria l otorgará una licencia de explotación a
cualquier persona que lo solicite y tuviera capacidad para efectuar tal explotación enel país.
Artículo 47.- Condiciones de las licencias de interés público.
1) Toda licencia de interés público da lugar al pago correspondiente en favor del titular
de la patente.  Previa audiencia de las partes, y a falta de acuerdo, el monto y modalidades del
pago son fijados por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, según lo establecido en elArtículo 44, literal g).
2) Una licencia de interés público puede referirse a la ejecución de cualesquiera de los
actos referidos en el Artículo 29 numeral 1).
3) Son aplicables a la concesión de licencias de interés público las disposiciones de los
Artículos 43 y 44, en cuanto corresponda.
4) La concesión de una licencia obligatoria por razones de interés público no
menoscabará el derecho del titular de la patente a seguir explotándola."
35. Se ruega explicar de qué forma su legislación asegura explícitamente que un usuario
propuesto ha realizado esfuerzos para obtener autorización del titular del derecho en términos y
condiciones comerciales razonables y que esos esfuerzos no han logrado los resultados previstos en
un período de tiempo razonable.  En ese contexto, ¿cómo definen ustedes "período de tiemporazonable"?  Sírvanse también explicar de qué forma su legislación garantiza que el uso de una
licencia obligatoria será autorizado principalmente en lo que respecta al suministro del mercado
interno del Miembro que autoriza ese uso.
Esta disposición está explícitamente establecida en el numeral 1) del artículo 40 de la Ley 20-
00 (ver respuesta No. 34).
En cuanto al período de tiempo razonable, el mismo artículo 40, numeral 1, establece que la
licencia obligatoria sólo se otorgará cuando quien la solicite haya intentando obtener previamente una
licencia contractual, en términos y condiciones comerciales razonables, y tales intentos no hayanIP/C/W/285/Add.1
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surtido efecto luego de transcurrido un plazo de 210 días contados desde la fecha en que se solicitó la
respectiva licencia.
El numeral 2 del artículo 40 establece que para determinar lo que se entiende por términos y
condiciones comerciales razonables, se deberá tomar en cuenta las circunstancias particulares de cada
caso y el valor económico de la autorización, teniendo presente la taza de regalías promedios para elsector de que se trate en contratos de licencias comerciales entre partes independientes.
El artículo 44 de la Ley 20-00, relativo a las condiciones para la concesión de las licencias
obligatorias, establece en su inciso f) que las mismas serán concedidas para abastecer principalmente
el mercado interno, salvo en los casos previstos en los artículos 41 y 46, relativos a la licencia
obligatoria por falta de explotación y a las licencias de interés público, respectivamente.  Esta
disposición es acorde con el artículo 31 inciso f) del ADPIC.
36. Se ruega indicar si su legislación otorga protección adicional a las innovaciones una vez
transcurrido el período de 20 años otorgado por la patente.
La Ley 20-00 no contempla un plazo de protección  adicional a los 20 años improrrogables,
establecidos en el artículo 27.
37. Sírvanse explicar de qué forma su legislación estipula el incremento de la protección
mediante patente o solicitudes de patente en trámite al 1º de enero de 1995.
La Ley 20-00 no contempla protección adicional en función de la fecha de presentación de la
solicitud de patente.  La protección mediante patente se concede, en igualdad de condiciones, a toda
solicitud que cumpla con los requisitos previstos en nuestra legislación interna y en el Acuerdo
ADPIC.
38. Sírvanse explicar de qué forma su legislación prevé la revocación de la carga de la prueba
en lo que respecta a las patentes de procesos.
El artículo 170 de la Ley 20-00 establece la presunción hasta prueba en contrario (presunción
iuris tantum ), de que todo producto idéntico obtenido por un tercero, sin el consentimiento del titular
de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, siempre que  el producto
obtenido sea nuevo en los términos de la ley.
En este caso establecido por la ley, corresponde al demandado que comercializa el producto
idéntico, probar que el procedimiento empleado para obtener dicho producto es diferente del
procedimiento patentado.  En la presentación de pruebas en contrario se tendrán en cuenta los
intereses legítimos del demandado en cuanto a la protección de sus secretos comerciales de
fabricación.
G. E
SQUEMAS DE TRAZADO (TOPOGRAFÍAS ) DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS
39. Se ruega describir cómo protege la legislación de su país las topografías.
La protección de los derechos sobre esquemas de trazado de circuitos integrados será
regulado por una legislación especial en fase de revisión por el Poder Ejecutivo para ser sometida al
Congreso Nacional.
El Anteproyecto de Ley sobre Protección Legal de los Esquemas de Trazado de Circuitos
Integrados que está siendo estudiado por las autoridades competentes, establece un nivel deprotección acorde con las exigencias del ADPIC y con las disposiciones del Tratado sobre Propiedad
Intelectual respecto de los Circuitos Integrados.IP/C/W/285/Add.1
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40. Sírvanse explicar qué protección otorga la legislación de su país a los titulares de derechos
frente a la importación ilícita, la venta o la distribución para fines comerciales de topografías
comprendidos los circuitos integrados o un artículo que incorpore un circuito integrado en el sentido
del artículo 36 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Véase la respuesta a la pregunta n° 39.
41. Se ruega explicar cómo prevé su legislación la derogación del artículo 36 del Acuerdo sobre
los ADPIC como se especifica en el artículo 37 de dicho Acuerdo cuando la persona que realice esos
actos no supiera o no tuviera motivos razonables para saber, al adquirir el circuito integrado o el
artículo que incorpora tal circuito integrado, que incorporaba un esquema de trazado reproducido
ilícitamente.
Véase la respuesta a la pregunta n° 39.
42. Se ruega indicar la duración de la protección otorgada por su legislación a las topografías.
Véase la respuesta a la pregunta n° 39.
H. P ROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA
43. Sírvanse explicar si su legislación otorga o no un período de tiempo definido para la
protección de la información no divulgada.  En caso afirmativo, se ruega especificar la duración.
La legislación dominicana sobre competencia desleal (dentro de la cual se enmarca la
protección de la información no divulgada) no establece plazos para la protección de la información
no divulgada. La autoridad que tiene en su poder los datos, deberá protegerlos por tiempo
indeterminado contra su uso comercial desleal y contra su divulgación, en los términos y condiciones
establecidos en la ley.  En este sentido, en ningún momento podrá la autoridad u organismo que tiene
en poder los datos, permitir a un tercero el acceso a los datos no divulgados, ni podrá comunicarlos ocederlos a un tercero para que éste los aproveche comercialmente.
Mientras esos datos o información tengan carácter secreto, la autoridad nacional no permitirá
a terceros no autorizados acceder a ellos.  Queda entendido que la obligación antes referida no limita a
esa autoridad nacional competente en su facultad de utilizar cualesquiera datos o información a su
disposición con el fin de cumplir su función estatutaria legal de autorizar productos farmacéuticos yagroquímicos que cumplan con las condiciones sanitarias establecidas.  Esa utilización interna de
informaciones para los fines legales referidos de ningún modo implica un uso comercial desleal de la
información, pues tal uso es ordenado por la ley y es para fines públicos no comerciales.
44. Sírvanse explicar cómo define su legislación la información no divulgada.
El artículo 178 de la Ley 20-00, define el secreto empresarial como cualquier información
comercial no divulgada que una persona natural o jurídica posea, que pueda usarse en alguna
actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero.
Para los efectos de su protección, un secreto empresarial se reconocerá como tal, cuando la
información que lo constituye:
(a) no fuese, como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes,
generalmente conocida, ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que
normalmente manejan la información respectiva; yIP/C/W/285/Add.1
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(b) Haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para
mantenerla secreta.
45. Se ruega explicar cómo define su legislación los datos presentados a gobiernos u organismos
gubernamentales.
La legislación dominicana sobre Propiedad Industrial, no contiene una definición de "datos
presentados a gobiernos u organismos gubernamentales". El artículo 181 de la Ley 20-00, relativo a la
información para autorización de venta, establece que cuando el procedimiento ante una autoridad
nacional competente para autorizar la comercialización o la venta de un producto farmacéutico o
agroquímico que contenga un nuevo componente químico, requiera la presentación de datos o
información secretos, éstos quedarán protegidos contra su uso comercial desleal por terceros.
Dicho artículo establece que tales datos o información secretos quedarán protegidos también
contra su divulgación.  Sólo podrán ser divulgados por la autoridad nacional competente cuando fuerenecesario para proteger al público, o cuando se hubieren adoptado medidas adecuadas para asegurar
que los datos o información queden protegidos contra su uso comercial desleal por terceros.
I. O
BSERVANCIA
46. Sírvanse exponer cómo contempla su legislación la actuación eficaz contra la infracción de
los derechos de propiedad intelectual.
Las estipulaciones establecidas en el Artículo 41.1 del ADPIC están contenidas en nuestra
legislación de Propiedad Industrial en varios Artículos.
A) El procedimiento administrativo  ágil para prevenir la infracción esta contenido en el
Artículo 154 de la Ley 20-00, que contiene las Acciones llevadas ante la Oficina de Propiedad
Industrial.
"Artículo 154. Acciones ante la Oficina Nacional de Propiedad Industrial.
Las acciones ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial se sustanciarán de acuerdo
con las siguientes normas:
a) La acción se interpondrá, por escrito, ante el director del departamento
correspondiente, quien decidirá sobre ella asistido por dos examinadores de su departamento;
b) El director del  departamento correspondiente notificará, en el plazo de diez (10) días,
contados a partir de la fecha de recibo, la acción interpuesta al titular del derecho, quien lo
contestará dentro del plazo de treinta (30) días, a contar desde la fecha de la notificación;
c) La acción será notificada por el director del departamento correspondiente, en el plazo
de diez (10) días, a partir de la fecha de recibo de la misma, a todo aquel que esté inscrito en
el registro y a cualquier otra persona que tuviese algún derecho inscrito con relación alderecho de propiedad industrial objeto de la acción;
d) La contestación del titular de un derecho será notificada a la parte que haya incoado la
acción en el plazo de diez (10) días de recibida dicha notificación, para que ejerza un derecho
de réplica a los argumentos del titular del derecho, dentro del plazo de treinta (30) días de
recibida la notificación.  El director del departamento correspondiente deberá dictar laresolución debidamente motivada en el plazo de dos (2) meses a partir del vencimiento del
último plazo otorgado a las partes;IP/C/W/285/Add.1
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e) Cumplidos los trámites de contestación y de prueba se pasará el expediente para la
decisión del director y los examinadores, y cuando la naturaleza de la demanda lo requiera, se
realizarán uno o más informes técnicos;
f) El director del departamento correspondiente deberá dictar la resolución debidamente
motivada en el plazo de tres (3) meses, a partir del vencimiento del último plazo otorgado alas partes;
g) La resolución que dicte el director de cualquiera de los departamentos deberá ser
notificada a las partes, en la  forma que establezca el reglamento."
B) Las infracciones y los procedimientos judiciales  están previstos en los Artículos 166 y 167 de
la Ley 20-00.  La violación a la presente Ley se cataloga como correccional con sanción de prisión y
multa.
"Artículo 166.-  De las sanciones.Incurren en prisión correccional de tres meses a dos años y multa de diez a cincuenta salarios
mínimos o ambas penas quienes intencionalmente:
a) Sin el consentimiento del titular de un signo distintivo use en el comercio un signo
idéntico o una marca registrada, o una copia servil o una  imitación fraudulenta de esa marca,
en relación a los productos o servicios que ella distingue, o a productos o serviciosrelacionados;
b) Sin el consentimiento del titular de un signo distintivo realice respecto a un nombre
comercial, un  rótulo o un emblema, las siguientes actuaciones:
i) Use en el comercio un signo distintivo idéntico, para un negocio idéntico o
relacionado;
ii) Use en el comercio un signo distintivo parecido, cuando ello fuese susceptible
de crear confusión;
c) Use en el comercio, con relación a un producto o a un servicio, una indicación
geográfica falsa o susceptible de engañar al público sobre la procedencia de ese producto o
servicio o sobre la identidad del productor, fabricante o comerciante del producto o servicio;
d) Use en el comercio, con relación a un producto, una denominación de origen falsa o
engañosa o la imitación de una denominación de origen, aún cuando se indique el verdadero
origen de producto, se emplee una tradición de la denominación de origen o se use la
denominación de origen acompañada de expresiones como "tipo", "género", "manera",
"incautación" y otras calificaciones análogas;
e) Continúe usando una marca no registrada parecida en grado de confusión a otra
registrada o después de que la sanción administrativa impuesta por esta razón sea definitiva;
f) Ofrezca en venta o ponga en circulación los productos o prestar los servicios con las
marcas a que se refiere la infracción anterior;
g) Fabrique o elabore productos amparados por una patente de invención o modelo de
utilidad, sin consentimiento de su titular o sin la  licencia respectiva;IP/C/W/285/Add.1
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h) Ofrezca en venta o ponga en circulación productos amparados por una patente de
invención o modelo de utilidad, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin
consentimiento del titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva;
i) Utilice procesos patentados, sin el consentimiento del titular de la patente o sin la
licencia respectiva;
j) Ofrezca en venta, venda o utilice, importe o almacene productos que sean resultado
directo de la utilización de procesos patentados, a sabiendas de que fueron utilizados sin el
consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación;
k) Reproduzca o imite diseños industriales protegidos por un registro, sin consentimiento
de su titular o sin la licencia respectiva;
l) Sin ser titular de una patente o modelo de utilidad o no gozando ya de los derechos
conferidos por los mismos, se sirve en sus productos o en su propaganda de denominacionessusceptibles de inducir al público a error en cuanto a la existencia de ellos;
m) Oculte o suministre falsa información a la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
con el objetivo de obtener una patente que no cumple con los requisitos de patentabilidad.
PARRAFO.-  La responsabilidad por los hechos descritos anteriormente se extiende a quienes
ordenen o dispongan su realización, a los representantes legales de las personas jurídicas y atodos aquellos que, conociendo la ilicitud del hecho, tomen parte en él, lo faciliten o lo
encubran.
Artículo  167.- De las acciones.
1)  La acción para la aplicación de las penas indicadas en el artículo anterior deberá ser
iniciada por el titular del derecho.
2)  Las disposiciones del derecho penal común son aplicables de manera supletoria y
siempre y cuando no contradigan la presente ley.
3)  Ninguno de los procedimientos a que diere lugar la aplicación de la presente ley,
quedará sometido a la prestación de la garantía previa, establecida en el Artículo 16 del
Código Civil y los Artículos 166 y 167 del Código de Procedimiento Civil y sus
modificaciones."
C) Las acciones civiles  están contenidas en el Artículo 168.  Por su parte las sanciones de
derecho común y las medidas conservatorias se encuentran en los Artículos 173, 174 y 175 de la
Ley 20-00, que disponen:
"Artículo 168.- Acción civil por infracción.
1) El titular de un derecho protegido en virtud de la presente ley, podrá entablar acción
civil ante el tribunal competente contra cualquier persona que infrinja ese derecho.  También
podrá actuar contra la persona que ejecute actos que manifiesten evidentemente la inminenciade una infracción.
2) En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares puede entablar
acción contra una infracción de ese derecho sin que sea necesario el consentimiento de los
demás, salvo acuerdo en contrario."IP/C/W/285/Add.1
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"Artículo 173.-   Medidas exigibles en acción de infracción.
En una acción por infracción de los derechos protegidos en virtud de la presente ley, puede
pedirse una o más de las siguientes medidas:
a)    La cesación de los actos que infrinjan los derechos;b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos;
c) El embargo de los objetos resultantes de la infracción del material de publicidad que
haga referencia a esos objetos y de los medios que hubiesen servido exclusivamentepara cometer la infracción;
d) La atribución en propiedad de los objetos o medios referidos en el inciso c), en cuyo
caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y
perjuicios;
e) Las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción,
incluyendo la destrucción de los medios embargados en virtud de lo dispuesto en el
inciso c), cuando ello fuese indispensable.
Artículo 174.-  Medidas conservatorias.
1) Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción de un derecho de propiedad
industrial puede pedir al tribunal que ordene medidas conservatorias inmediatas, con el objeto
de asegurar la efectividad de esa acción o el resarcimiento de daños y perjuicios.
2) El tribunal sólo ordenará medidas conservatorias cuando quien las solicite demuestre,
mediante pruebas que el tribunal considere suficientes, la comisión de la infracción o su
inminencia.
3) Las medidas conservatorias pueden pedirse antes de iniciarse la acción por infracción,
conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio.  Si las medidas se ordenan antes deiniciarse la acción, ellas quedarán sin efecto si no se inicia la acción dentro de un plazo de
diez (10) días, contados desde la orden.
4) El tribunal competente puede ordenar como medidas conservatorias las que fuesen
apropiadas para asegurar la realización de la sentencia que pudiera dictarse en la acciónrespectiva.  Podrán ordenarse las siguientes medidas conservatorias, entre otras:
a) La cesación inmediata de los actos que se alegan, constituyen una infracción,
salvo que el demandado optare por continuar dichos actos dando una fianza o
garantía que fijará el tribunal;
b) El  embargo preventivo, el inventario o el depósito de muestras de los objetos
materia de la infracción y de los medios exclusivamente destinados a realizar
la infracción;
c) El tribunal competente debe ordenar al demandante que aporte una fianza o
garantía equivalente, que sea suficiente para resarcir, en el caso que la
decisión definitiva le sea adversa, al demandado, de los daños que se puedanocasionar por la denuncia;IP/C/W/285/Add.1
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d) Cuando el titular de un derecho de marcas tenga motivos válidos para
sospechar que se prepara una importación de mercaderías en condiciones tales
que sus derechos serían menoscabados, podrá solicitar al tribunal que se
ordene a las aduanas de la República, como medida precautoria, la suspensión
del despacho de dichas mercaderías para libre circulación, o de la explotaciónde las mismas si fuere el caso.
5) El tribunal sólo aceptará la demanda, y adoptará medidas si el solicitante presenta,
junto con la demanda y por escrito, una descripción suficientemente detallada de las
mercancías, de modo que éstas puedan ser reconocidas con facilidad por las autoridades
aduaneras.
6) El tribunal ordenará el depósito de una suma o una fianza no menor que tres veces el
valor de la importación en cuestión, en dinero efectivo o cheque certificado, en la secretaría
del tribunal que garantice los daños y perjuicios que pudiere sufrir el demandado en caso de
que el demandante sucumbiera en su demanda.
Artículo 175.- Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios.Para efectos del cálculo de la indemnización de daños y perjuicios, la parte correspondiente al
lucro cesante que debiera repararse se calculará en función de alguno de los criterios
siguientes:
a) Según los beneficios que el titular del derecho habría obtenido previsiblemente si no
hubiera existido la competencia del infractor;
b) Según el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los
actos de infracción;
c) Según el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por
concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del objeto
del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubiera concedido.
PARRAFO.- Toda persona que presente una demanda por infracción de derechos, será
responsable por los daños y perjuicios que ocasione al presunto infractor en el caso de
acciones o denuncias maliciosas o negligentes."
En cuanto al Derecho de Autor, La Ley 65-00 es una legislación de orden público e interés
social, y a los fines de garantizar la protección al derecho del autor y los derechos conexos, otorga a
los titulares del derecho la opción de decidir la vía procedimental (civil, represiva y administrativa) a
través de la cual procederán en el ejercicio de los derechos que le asisten (artículo 168).
Las infracciones al Derecho de Autor de acuerdo al artículo 169, serán sancionadas con la
pena de prisión correccional de tres meses a tres años y multa de cincuenta a mil salarios mínimos.Asimismo, el artículo 170 establece la sanción de multa de diez a cincuenta salarios mínimos a
quienes estando autorizados a utilizar la obra infrinjan las condiciones en que han sido autorizados,
haciendo ambos artículos enumeraciones extensas pero no limitativas de los casos en que se aplicarán
dichas sanciones.
Ciertas disposiciones contenidas en la  Ley 65-00 auxilian a la actuación eficaz contra la
infracción a los derechos de autor, entre estas figuran:IP/C/W/285/Add.1
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- El artículo 175 de la ley, en el cual se establece que la acción penal originada por la
infracción a la Ley 65-00, la cual podrá ser ejercida por cualquier persona en todos los casos y
se iniciará de oficio aunque no medie querella o denuncia de parte.
- El artículo 107 inciso 6 y 118 del Reglamento No. 362-01 de aplicación de la Ley 65-
00, el cual otorga a la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) la atribución de
presentar, si lo considera pertinente, denuncia penal, cuando tenga conocimiento de un hecho
que constituya presunto delito. Asimismo las disposiciones del artículo 187 inciso 4  de la Ley
y los artículos 115 y 116 del Reglamento No. 362-01, confieren a la ONDA la facultad de
imponer administrativamente, de oficio o a petición de parte las siguientes sanciones:
1) Amonestación.
2) Multa de cinco a doscientos salarios mínimos.
3) Reparación de Omisiones.
4) Cierre temporal o definitivo del establecimiento donde se produjo la infracción.
5) Incautación o decomiso de los ejemplares y equipos utilizados en la infracción.
6) Destrucción de los ejemplares ilícitamente reproducidos
7) Publicación de la resolución a costa del infractor.
47. Sírvanse explicar si su legislación contem pla o no un mecanismo para recurrir contra
decisiones administrativas finales ante órganos judiciales.
Las decisiones administrativas dictadas tanto por la Oficina Nacional de Propiedad Industrial
como por la Oficina Nacional de Derecho de Autor, no son recurribles ante órganos Judiciales.  Sin
embargo su carácter administrativo las hace recurribles según el Derecho Administrativo dominicano
ante el Tribunal Superior de lo Contencioso Administrativo.
48. Sírvanse describir cómo autoriza su legislación a que los jueces orden la presentación de
pruebas por la parte contraria. Se ruega faciliten información precisa acerca de las medidas que seadoptan para garantizar la protección de la información confidencial.
Ante los tribunales de justicia dominicanos, toda documentación o pieza referente al caso que
sea aportada como prueba, deberá estar sometida al conocimiento de ambas partes, ya fuere
amigablemente de abogado a abogado o a través de su depósito en la Secretaría del Tribunal, para que
la otra parte tome comunicación en ella.  El Juez no podrá fallar tomando como base pruebas que nohayan sido comunicadas o aportadas en tiempo oportuno, de forma tal que sea preservado el derecho a
la defensa.
De conformidad con las reglas del procedimiento civil ordinario, si la comunicación de
documentos no ha sido hecha amigablemente ante abogados o por depósito en la Secretaría delTribunal, el juez puede ordenarla sin ninguna formalidad si es requerida por una cualquiera de las
partes.
En lo que respecta al Derecho de Autor y las disposiciones de la Ley 65-00 el inciso 1 del
artículo 179 de dicha ley establece que el titular de un derecho reconocido por esta ley, que tema eldesconocimiento de sus derechos por parte de un tercero o que tema la desaparición de algunos o
todos los elementos del acto ilícito, podrá solicitar al juez una autorización para llevar a cabo un
embargo conservatorio o secuestro en sus propias manos o en las de un tercero de los ejemplaresIP/C/W/285/Add.1
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reproducidos ilícitamente, los equipos y  dispositivos utilizados en la infracción, así como de toda
información o documentos de negocios relativos al acto.
La Ley 65-00 trata con carácter de confidencialidad las denuncias sobre infracciones a la ley
realizadas por ante la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), y en tal sentido el artículo 189de la ley prescribe que la ONDA y su personal estarán obligados a tratar como confidencial el origen
de cualquier denuncia sobre cualquier infracción a la ley que reciban, por lo que no podrán informar a
la empresa o a su representante, ni a ninguna otra persona, que practica una visita de inspección u
operativo de incautación en virtud de la información recibida.
En cuanto a la Propiedad Industrial, la Ley 20-00, en su artículo 170 se dispone que, cuando
el objeto de una patente sea un procedimiento para obtener un producto nuevo en los términos de laley, el tribunal competente podrá ordenar que el demandado que comercializa un producto idéntico
pruebe que el procedimiento empleado para obtener dicho producto es diferente del procedimiento
patentado.  Es una presunción iuris tantum  y corresponde por tanto al demandado presentar las
pruebas en contrario.  Dicho artículo también dispone que en la presentación de estas pruebas en
contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado en cuanto a la protección de sussecretos comerciales de fabricación.
49. Sírvanse citar las disposiciones de su legislación que autorizan a los jueces a ordenar a un
demandado que desista de una infracción.
En las acciones civiles descritas en la Ley 65-00 de Derecho de Autor, se prevé el derecho del
titular afectado de solicitar al juez, además del embargo conservatorio, la suspensión inmediata de la
actividad ilícita, en especial, de la reproducc ión, distribución, comunicac ión pública o importación
ilícita (artículo 179 párrafo).
Asimismo el artículo 180 párrafo I establece que, a solicitud del titular del derecho que
tuviere razón para temer el desconocimiento de sus derechos, podrá solicitar al Juez de Primera
Instancia, previo al inicio de la acción o demanda principal, que dicte un Auto ordenando la
inspección judicial del lugar donde se presuma se estén efectuando actos ilícitos.  El Juez podrá hacer
constar en el mismo Auto, que si de la inspección efectuada se constatara la presunción grave de
infracción, se procederá de inmediato al embargo conservatorio o secuestro de lo que constituya
violación al derecho de autor y se ordenará al infractor el cese inmediato de la actividad ilícita.
En cuanto a la Propiedad Industrial, la Ley 20-00 dispone en su artículo 173 relativo a las
Medidas exigibles en acción de infracción, puede solicitarse la cesación de los actos que infrijan la
derechos de propiedad del titular.  Asimismo, podrán solicitarse las medidas necesarias para evitar la
continuación o la repetición de la infracción.
En el artículo 174, relativo a las Medidas conservatorias, establece que el tribunal competente
puede ordenar como medidas conservatorias las que fuesen apropiadas para asegurar la realización de
la sentencia que pudiera dictarse.  Entre las medidas enumeradas está la de la cesación inmediata de
los actos que se alegan constituyen la infracción, salvo que el demandado optare por continuar dichos
actos dando una fianza o garantía que será fijada por el tribunal.
50. Sírvanse citar qué disposiciones de su legislación autorizan a los jueces a ordenar el pago al
titular del derecho del resarcimiento adecuado de daños para compensarle por el perjuicio sufrido.
El artículo 177 de la Ley 65-00 de Derecho de Autor establece que la persona que sin el
consentimiento del titular del derecho efectúe actos violatorios a los derechos morales o patrimonialesreconocidos por la ley, es responsable frente a dicho titular por los daños y perjuicios ocasionados con
dicha violación, independientemente de que haya tenido o no conocimiento de la violación cometida.
Según lo dispuesto por el artículo 178, el propietari o, socio, gerente, director o responsable del lugarIP/C/W/285/Add.1
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donde las actividades ilícitas sean realizadas, responderá solidariamente por las violaciones a los
derechos que se produzcan en dicho lugar. Estos daños y perjuicios en ningún caso serán inferiores al
mínimo de la multa establecida como sanción penal para la infracción respectiva, en relación con cada
violación.
Asimismo, el artículo 102 del Reglamento No. 362-01, sobre aplicación de la Ley 65-00
establece que, sin perjuicio de la condena que proceda por los daños patrimoniales, se ordenará la
indemnización  de daños morales, sin necesidad de probar la existencia de perjuicios económicos, y
para su valoración se atenderá a las circunstancias de la violación, la gravedad de lesión y el grado de
difusión ilícita de la obra.
Para valorar los daños patrimoniales causados al titular del derecho, el artículo 103 del
Reglamento No. 362-01 establece que en particular se tendrá en cuenta el beneficio que hubiese
obtenido presumiblemente el perjudicado en caso de que no se hubiese efectuado la violación, la
remuneración que hubiera percibido si hubiera autorizado a la explotación de la obra y la totalidad de
los beneficios directos o indirectos que se hayan derivado para el infractor en la actividad ilícita.
En materia de Propiedad Industrial, la ley 20-00, establece en su artículo 167 que las
disposiciones de derecho común son aplicables de manera supletoria y siempre que no contradigan
dicha ley.  Es decir, que en caso de infracción, es aplicable el principio de responsabilidad civil de
derecho común.  Asimismo, en el artículo 168 se dispone que el titular de un derecho protegido en
virtud de la ley 20-00, podrá entablar acción civil ante el tribunal competente, contra cualquierpersona que infrija ese derecho.
En artículo 175 se establecen los criterios para calcular la indemnización por infracción.  El
lucro cesante que debiera repararse se calculará en función de:
a) Los beneficios que el titular del derecho habría obtenido previsiblemente si no
hubiera existido la competencia del infractor;
b) El monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de
infracción;
c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por concepto de
una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del objeto del derecho
infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.
51. Sírvanse citar qué disposiciones de su legislación autorizan a los jueces a ordenar el pago de
los gastos al titular del derecho por parte del infractor.
El artículo 130 del Código de Procedimiento Civil, que es el derecho común, se refiere a las
costas o gastos del procedimiento, estableciendo que la parte que sucumba en justicia será condenada
al pago de las costas.
En el caso particular del derecho de autor, la Ley 65-00, en su artículo 183 prescribe, que a
solicitud de la parte interesada, el tribunal podrá ordenar que el dispositivo de la sentencia sea
publicado a costa de la parte vencida, en uno o varios periódicos que indicará el juez en su decisión.
52. Sírvanse explicar si los jueces tienen, y de qué modo, la competencia de ordenar que las
mercancías infractoras se aparten de los circuitos comerciales o sean destruidas.
De conformidad con el artículo 183 de la Ley 65-00, en la sentencia definitiva que establece
la existencia de la violación, el juez dispondrá que los ejemplares reproducidos o empleadosIP/C/W/285/Add.1
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ilícitamente, así como los instrumentos que sirvieron para la reproducción, sean destruidos o
entregados al demandante o titular del derecho.
El Reglamento No. 362-01 sobre aplicación de la Ley 65-00, en su artículo 118 inciso 11)
confiere a la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA)  la facultad de ordenar medianteresolución motivada, la destrucción de los ejemplares que constituyan la infracción, levantando un
acta donde se deje constancia pormenorizada de los bienes objeto de la destrucción.
En propiedad industrial, la ley 20-00 establece dentro de las medidas que pueden solicitarse y
disponerse por un tribunal en caso de infracción, establecidas en el artículo 173: el embargo de los
objetos resultantes de la infracción del material de publicidad que haga referencia a esos objetos y de
los medios que hubiesen servido exclusivamente para cometer la infracción.  Asimismo, todasaquellas medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la
destrucción de los medios embargados, cuando ello fuese indispensable.
Dentro de las medidas conservatorias que puede ordenar el tribunal competente, de acuerdo al
artículo 174 de la Ley 20-00, se establece el embargo preventivo, el inventario o depósito de muestrasde los objetos materia de la infracción y de los medios exclusivamente destinados a realizar la
infracción.
53. Sírvanse citar qué disposiciones de su legislación autorizan a los jueces a indemnizar a un
demandado en caso de abuso por parte del demandante.
La Ley 65-00 no incluye, de manera particular, ninguna disposición relativa a la
indemnización a favor de los demandados a los que se haya impuesto indebidamente una obligación,
ni establece medidas correctivas aplicables a los funcionarios públicos o autoridades en ese caso, por
lo que es necesario recurrir a las reglas generales de de derecho común de nuestro ordenamiento
jurídico.
En el procedimiento civil existen formas para proteger al demandado de una acción o
ejecución indebida; tal es el caso de la reclamación por los daños y perjuicios que se le haya
ocasionado al demandado que haga éste a través de una demanda reconvencional contra el
demandante.
En términos generales el artículo 1382 del Código Civil Dominicano prevé la responsabilidad
civil delictual o cuasidelictual al establecer, de forma general, que cualquier hecho del hombre quecausa a otro un daño, obliga aquel por cuya culpa sucedió a repararlo.
En materia de propiedad industrial, la ley 20-00 dispone en su artículo 174, que cuando se
toma como medida conservatoria o precautoria, la suspensión del despacho de mercaderías para libre
circulación por parte de las aduanas de la República, el tribunal que dictó la orden de suspensión,ordenará el depósito de una suma o una fianza no menor que tres veces el valor de la importación en
cuestión, en dinero efectivo o cheque certificado, para garantizar los daños y perjuicios que pudiere
sufrir el demandado en caso de que el demandante sucumbiera en su demanda.
Asimismo, el artículo 175 establece en su único párrafo, que toda persona que presente una
demanda por infracción de derechos, será responsable por los daños y perjuicios que ocasione al
presunto infractor en el caso de acciones o denuncias maliciosas o negligentes.
54. Sírvanse explicar cómo se aplica en su legislación el artículo 50 del Acuerdo sobre
los ADPIC.
La Ley 65-00 en su artículo 179 contempla que el titular de los derechos reconocidos por la
ley, que tema el desconocimiento de sus derechos o de que puedan desaparecer algunos o todos losIP/C/W/285/Add.1
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elementos del acto ilícito,  está en facultad de solicitar al juez, sin citación previa de la otra parte, una
autorización para el embargo conservatorio o secuestro en sus propias manos o en las de un tercero:
a) De los ejemplares reproducidos sin la autorización  del titular de los equipos o
dispositivos utilizados para cometer el ac to ilícito y de la información o documentos de
negocios relativos al acto.
b) Del producido de la venta, alquiler u otra forma de distribución de ejemplares ilícitos.c) De los ingresos obtenidos de los actos de comunicación pública no autorizados.d) De los dispositivos para desactivar sistemas destinados a impedir la realización de
copias ilícitas o destinadas a impedir o controlar recepciones o retransmisiones no
autorizadas.
Además de las medidas citadas anteriormente, el titular de los derechos puede solicitar al juez
la suspensión de la actividad ilícita.
El artículo 180 otorga al titular de los derechos reconocidos, la facultad de solicitar al juez, en
caso de que tema el desconocimiento de sus derechos, previo inicio de la acción o demanda principal,
que ordene mediante auto la inspección del lugar donde presume se efectúan actos violatorios a la
Ley 65-00 o a su Reglamento de aplicación No. 362-01; este mimo auto puede ser solicitado paraordenar la suspensión del despacho de mercancías y equipos infractores que se encuentren en aduanas.
La intención del legislador o más bien el fundamento jurídico de estas medidas, es brindar al
titular de los derechos reconocidos por la ley, una vía rápida y efectiva, para evitar la comisión de una
infracción, el perjuicio económico del titular del derecho, así como evitar un daño irreparable, yactuar rápidamente a los fines de que no desaparezca la mercancía ilícita, entre otras cosas.
En cuanto a las medidas  provisionales que pueden ser ordenadas por el juez competente para
conocer un proceso penal, están descritas en el Art.173 de la Ley, que establece que todos los
ejemplares reproducidos, transformados, comunicados o distribuidos al público en violación al
derecho de autor o los derechos afines reconocidos en ella y todos los materiales y equipos utilizados
en los actos ilícitos, así como la información o documentos de negocios relacionados con la comisióndel delito, podrán ser incautados conservatoriamente sin citar u oír a la otra parte, en todo estado de
causa, aún antes de iniciar el proceso penal, a solicitud del titular del derecho infringido, en
cualesquiera manos en que se encuentren, por la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial donde
radiquen dichos bienes.
El Procurador Fiscal en todo momento y aún antes del inicio de la acción penal, sin la
presencia de la otra parte, podrá realizar las investigaciones o experticias que considere necesarias
para determinar la existencia del material infracto r, en los lugares en que éstos se puedan encontrar.
El Artículo 174 de la Ley establece que en el sumario como en el juicio, se observarán los
trámites establecidos por el Código de Procedimiento Criminal, por lo que todas las medidas
judiciales de instrucción de la competencia de los tribunales penales, podrán ser ordenadas en los
casos de violación a la Ley 65-00 que sean sometidos por la vía represiva.
En materia de propiedad industrial, la ley 20-00 establece las medidas provisionales o
conservatorias en su artículo 174.IP/C/W/285/Add.1
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"Artículo 174.-  Medidas conservatorias.
1) Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción de un derecho de propiedad
industrial puede pedir al tribunal que ordene medidas conservatorias inmediatas, con el objeto
de asegurar la efectividad de esa acción o el resarcimiento de daños y perjuicios.
2) El tribunal sólo ordenará medidas conservatorias cuando quien las solicite demuestre,
mediante pruebas que el tribunal considere suficientes, la comisión de la infracción o su
inminencia.
3) Las medidas conservatorias pueden pedirse antes de iniciarse la acción por infracción,
conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio.  Si las medidas se ordenan antes de
iniciarse la acción, ellas quedarán sin efecto si no se inicia la acción dentro de un plazo de
diez (10) días, contados desde la orden.
4) El tribunal competente puede ordenar como medidas conservatorias las que fuesen
apropiadas para asegurar la realización de la sentencia que pudiera dictarse en la acción
respectiva.  Podrán ordenarse las siguientes medidas conservatorias, entre otras:
a) La cesación inmediata de los actos que se alegan, constituyen una infracción,
salvo que el demandado optare por continuar dichos actos dando una fianza o garantía
que fijará el tribunal;
b) El  embargo preventivo, el inventario o el depósito de muestras de los objetos
materia de la infracción y de los medios exclusivamente destinados a realizar la
infracción;
c) El tribunal competente debe ordenar al demandante que aporte una fianza o
garantía equivalente, que sea suficiente para resarcir, en el caso que la decisióndefinitiva le sea adversa, al demandado, de los daños que se puedan ocasionar por la
denuncia;
d) Cuando el titular de un derecho de marcas tenga motivos válidos para
sospechar que se prepara una importación de mercaderías en condiciones tales que sus
derechos serían menoscabados, podrá solicitar al tribunal que se ordene a las aduanasde la República, como medida precautoria, la suspensión del despacho de dichas
mercaderías para libre circulación, o de la explotación de las mismas si fuere el caso.
5) El tribunal sólo aceptará la demanda, y adoptará medidas si el solicitante presenta,
junto con la demanda y por escrito, una descripción suficientemente detallada de las
mercancías, de modo que éstas puedan ser reconocidas con facilidad por las autoridades
aduaneras.
6) El tribunal ordenará el depósito de una suma o una fianza no menor que tres veces el
valor de la importación en cuestión, en dinero efectivo o cheque certificado, en la secretaría
del tribunal que garantice los daños y perjuicios que pudiere sufrir el demandado en caso de
que el demandante sucumbiera en su demanda."
55. Sírvanse exponer las autoridades competentes en su jurisdicción que reciben de los titulares
de derechos peticiones de solicitud de que se suspenda el despacho por las autoridades aduaneras demercancías falsificadas.
La Ley 65-00 ha dotado al titular de los derec hos reconocidos por la ley, de un medio eficaz
para evitar sin retrasos daños que luego sean irreparables, tomando las previsiones de lugar para queIP/C/W/285/Add.1
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no se abuse de tal potestad. Por consiguiente, la solicitud de suspensión del despacho de aduana
deberá ser realizada o ante la Dirección General de Aduana o ante la Procuraduría Fiscal competente,
siendo la primera la que tendrá competencia para ordenar la suspensión del despacho de las
mercaderías que se presuman ilícitas, ya fuere como consecuencia de dicha solicitud o ya fuere de
oficio.
En materia de propiedad industrial, en el artículo 174, párrafo d), se establece que la autoridad
competente para ordenar la suspensión del despacho por las autoridades aduaneras, es el tribunal
judicial que ha sido apoderado de la demanda.
56. Sírvanse indicar si existen o no procedimientos para suspender la exportación de mercancías
falsificadas.
El titular del derecho podrá solicitar a la Dirección General de Aduanas o a la Procuraduría
Fiscal competente, la suspensión del despacho de las mercancías en aduanas, siempre y cuando tenga
motivos válidos para sospechar que se prepara la importación o exportación de mercancías que
lesionen el derecho del titular.
En el caso de propiedad industrial, el artícul o 174 establece que para que un tribunal acepte la
demanda hecha por un titular que sospecha que su derecho puede ser lesionado o menoscabado y
tome medidas de suspensión del despacho aduanero, es necesario que el solicitante presente junto con
la demanda y por escrito, una descripción lo suficientemente detallada de las mercancías, de modo
que éstas puedan ser reconocidas con facilidad por las autoridades aduaneras.
57. Sírvanse indicar qué disposiciones de su le gislación autorizan a las autoridades competentes
a ordenar la destrucción o eliminación de mercancías infractoras.
En cuanto a las autoridades judiciales el artículo 183 de la Ley 65-00, faculta al juez disponer
en la sentencia definitiva que establece la existencia de la violación, la destrucción o entrega al
demandante o titular de los derechos de los ejemplares reproducidos o empleados ilícitamente.
La Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) como autoridad administrativa, de
conformidad con lo establecido en el artículo 108 inciso 11) del Reglamento No. 362 sobre aplicación
de la Ley 65-00, podrá ordenar mediante resolución motivada, la destrucción de los ejemplares que
constituyan infracción, levantado un acta donde se deje constancia pormenorizada de los bienes objeto
de la destrucción.
La Ley 20-00 de Propiedad Industrial, dispone en su artículo 173 letra e), las medidas
necesarias para evitar la continuación de la infracción, incluyendo la destrucción de los medios
embargados cuando ello fuese indispensable.
58. Sírvanse indicar si su legislación contempla o no una excepción para las importaciones
de minimis.
La Ley 65-00 no hace referencia alguna a excepciones relativas a importaciones de minimis.
59. Sírvanse explicar cómo se aplica en su legislación el artículo 61 del Acuerdo sobre
los ADPIC.
En lo relacionado a procedimientos y penalidades criminales, incluyendo encarcelamiento y/o
multas monetarias suficientes para actuar como una disuasión para los casos de infracción al derecho
de autor en escala comercial, la Ley 65-00 implementa el artículo 61 del acuerdo ADPIC a través de
los artículos 168 al 172.IP/C/W/285/Add.1
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En primer lugar, el artículo 168 otorga una opción al titular del derecho, para decidir entre la
vía civil o la vía represiva. De acuerdo al artículo 169 la pena establecida es de prisión correccional de
tres meses a tres años y multa de cincuenta a mil salarios mínimos. El artículo 170 establece también
multa de diez a cincuenta salarios mínimos, en caso de un uso indebido de la obra más allá de lo
autorizado por los titulares de los derechos protegidos por la ley.
En caso de que la infracción atente contra la subsistencia del titular del derecho, la multa
podría llegar hasta el triple de la cuantía del perjuicio material causado, de acuerdo con el
artículo 172, y en caso de insolvencia, el infractor deberá pagar con un día de prisión correccional por
cada peso dejado de pagar.
En relación a soluciones para casos apropiados, que incluyan la incautación, pérdida o
destrucción de materiales falsificados y utensilios cuyo uso predominante ha sido para la comisión de
la infracción el artículo 173 prescribe que toda reproducción ilícita será confiscada y adjudicada en la
sentencia condenatoria al titular cuyos derechos fueron defraudados con ella, a menos que este último
pida su destrucción. Los materiales y equipos utilizados en los actos ilícitos serán decomisados y
destruidos o entregados al perjudicado, todo ello sin perjuicio de la acción civil que a éste correspondeen contra del infractor para la indemnización en daños y perjuicios.
A fin de dar soluciones prácticas que eviten que materiales a todas luces ilícitamente
reproducidos permanezcan indefinidamente en depósitos, por mucho tiempo de manera innecesaria y
al mismo tiempo amparado por los poderes que otorga a la Oficina Nacional de Derecho de Autor(ONDA) la Ley 65-00, el Reglamento No. 362-01 sobre aplicación de dicha ley, en su artículo 116.7
otorgó poder a esta oficina  para proceder a destruir ejemplares ilícitamente reproducidos, así como
los moldes, planchas, matrices, negativos y otros artículos destinados a la producción ilícita, previa
resolución motivada y luego de ofrecer a las partes el derecho de presentar alegatos y pruebas,
levantando previamente a esos efectos un acta donde se deje constancia pormenorizada de los bienesobjeto de destrucción. En estos casos, la ONDA reti ene siempre varios ejemplares ilícitos incautados
para ser presentados al tribunal como prueba de la infracción.
Asimismo en lo referente a los procedimientos criminales y penas en caso de infracciones
voluntarias de otros tipos de derecho de propiedad intelectual, la ley 65-00 enumera las distintas
formas en que las infracciones violentan los derechos protegidos por la ley, sin embargo, no clasifica
de forma específica los casos en que las penas son agravadas, a excepción de los siguientes:
En el caso de reincidencia , contemplado en el artículo 171 párrafo I, en el cual se establece
que se podrá aplicar al reincidente la pena máxima.
El artículo 172, aumenta la multa al triple de la cuantía del perjuicio material ocasionado.El reglamento 362-01 sobre aplicación de la Ley 65-00, en sus artículos 119 y 120 contempla
lo que dicho reglamento considera como Faltas Graves y determina la gravedad de la infracción en el
artículo 119, tomando en cuenta la difusión  o trascendencia que haya tenido la infracción cometida.IP/C/W/285/Add.1
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ESTADOS UNIDOS
A. PATENTES
22.2Sírvanse explicar si el artículo 2(1) o cualquier otra disposición de la Ley de Propiedad
Industrial de República Dominicana otorga protección a nuevos usos de productos ya conocidos, de
acuerdo a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Conforme al artículo 2, párrafo 1, letra i) de la Ley 20-00 de Propiedad Industrial, no podría
patentarse nuevamente un producto o un procedimiento por el hecho de atribuírsele un uso distinto al
comprendido en la patente original.  Constituye una de las materias excluidas de protección por
patente por no considerarse invención.
Sin embargo, queda entendido que si este nuevo uso se ajusta a la definición de invención del
artículo 1 y cumple con las condiciones de patentabilidad previstas en la ley, constituye una invención
y por lo tanto puede ser patentable.
Preguntas adicionales:3
1. Sírvanse aclarar si los materiales purificados o aislados existentes en la naturaleza se
consideran materia patentable.  En caso negativo, sírvanse indicar qué disposiciones del Acuerdo
sobre los ADPIC autorizan su exclusión del conjunto de materias patentables.  Asimismo, si esos
materiales purificados o aislados no se consideran invenciones, sírvanse explicar por qué no pueden
constituir soluciones a problemas técnicos.
Las materias encontradas en la naturaleza no son patentables, aún cuando se les hubiese
purificado o aislado, salvo que se les modifique intrínsecamente.  Las materias encontradas en la
naturaleza no son productos del hombre. Sólo los productos del hombre pueden constituir
invenciones.  El hecho de purificar o aislar una materia encontrada en la naturaleza no la convierte enuna invención.  Para que haya invención es necesario que la materia natural sea modificada por
intervención del hombre, es decir que el producto de la naturaleza sea transformado en su esencia por
acción del hombre.  La simple purificación o aislamiento de una materia encontrada en la naturaleza
no implica tal transformación esencial.  Además, ni el ADPIC ni ningún acuerdo internacional definen
lo que se considera invención.  Cada país queda libre para definir este concepto en sus legislaciones
nacionales.
El Artículo 27.1 del ADPIC obliga a los Miembros a proteger mediante patentes a las
invenciones.  El ADPIC no contiene ninguna obligación de conceder patentes para materias que no
constituyen invenciones.  Dado que las materias encontradas en la naturaleza no constituyen
invenciones, no hay obligación de protegerlas mediante patentes
No toda solución técnica constituye una invención.  Las materias (inertes o vivas) que se
encuentran en la naturaleza son producto de la naturaleza y no producto del hombre.  Aún cuando esas
materias puedan servir para solucionar un problema técnico, ellas no podrían reivindicarse como
invenciones.  Esta situación no cambia por el hecho de que la materia encontrada en la naturaleza se
haya purificado o aislado.  Por ejemplo, el cobre que se encuentra en estado natural en la tierra puedeser aislado de la tierra y purificado para servir de materia prima para fabricar cables eléctricos que
permiten conducir la electricidad con eficiencia.  La alta conductividad del cobre ofrece una solución
                                                     
2 Pregunta inicial que se distribuyó en el documento IP/C/W/ 268/Add.1.  Las respuestas de la
República Dominicana a las demás preguntas iniciales formuladas por los Estados Unidos se distribuyeron en eldocumento IP/C/W/285.
3 Las preguntas adicionales se distribuyeron en el documento IP/C/W/268/Add.2.IP/C/W/285/Add.1
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al problema técnico de disponer del mejor medio para conducir la electricidad con eficiencia.  Sin
embargo, esa cualidad del cobre no permitiría a la persona que descubre el cobre en la naturaleza,  y
lo aísla y purifica, reivindicar el cobre como un invento suyo, pues esa persona  no habría inventado el
cobre.  Simplemente lo habría encontrado en la naturaleza y lo ha recuperado y concentrado para su
utilización, sin transformarlo en su esencia.
Queda entendido que si la técnica de aislamiento, separación o purificación del material a
partir de su estado natural cumpliera con las condiciones de patentabilidad, ello podría reivindicarse
Como una invención específica.
2. Sírvanse explicar de qué forma ha cumplido la República Dominicana la prescripción
establecida en el párrafo 7 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC a fin de permitir a lossolicitantes la inclusión de nuevas reivindica ciones relativas a productos farmacéuticos en las
solicitudes que estuviesen pendientes en la fecha de entrada en vigor de la Ley de Propiedad
Industrial y en las que se facilitase información relativa a los productos y a los procedimientos para
su fabricación.
En aplicación de lo dispuesto en el Artículo 70, párrafo 7, del Acuerdo sobre los ADPIC, y en
virtud de la adhesión de la República Dominicana al  Acuerdo que establece la Organización Mundial
del Comercio (OMC), podría solicitarse a la autoridad nacional de propiedad industrial modificar una
solicitud de patente en trámite a fin de agregar reinvindaciones relativas a uno o más productos
divulgados en la memoria descriptiva presentada inicialmente pero que no hubiesen sidoreivindicadas.  Tal ampliación de las reinvindicaciones sólo se aceptaría en la medida en que no
implicara una ampliación de la materia divulgada en la solicitud inicial.
B. P
ROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA
3. Sírvanse indicar qué medidas se adoptan para proteger contra el uso comercial desleal
determinados datos de pruebas y de otro tipo mencionados en el artículo 181 de la Ley de Propiedad
Industrial.  Sírvanse aclarar cuál es la duración de la protección contra el uso comercial desleal.
De conformidad con el Artículo 181 de la Ley de Propiedad Industrial, la autoridad nacional
competente para autorizar la comercialización o la venta de un producto farmacéutico o agroquímico
que contenga un nuevo componente químico, protegerá esa información contra su uso comercial
desleal por terceros.  Tal autoridad, no permitirá a terceros acceder a esa información.  Al nopermitirse a los terceros acceder a la información referida, ellos no podrán usarla de ninguna manera.
La obligación de la autoridad nacional competente de no permitir a terceros acceder a los
datos o información secretos no tiene plazo de duración.  Mientras esos datos o información tengan
carácter secreto la autoridad nacional no permitirá a terceros no autorizados acceder a ellos.  Quedaentendido que la obligación antes referida no limita a esa autoridad nacional competente en su
facultad de utilizar cualesquiera datos o información a su disposición con el fin de cumplir su función
estatutaria legal de autorizar productos farmacéuticos y agroquímicos que cumplan con las
condiciones sanitarias establecidas.  Esa utilización interna de informaciones para los fines legales
referidos, es decir, para fines estrictamente de gestión pública, de ningún modo implica un usocomercial desleal de la información, pues tal uso es ordenado por la ley y es para fines públicos no
comerciales.
C. M
ARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO
4. Sírvanse exponer cualquier procedimiento de renovación del registro de una marca de
fábrica o de comercio que pueda aplicarse en virtud de las leyes de la República Dominicana.IP/C/W/285/Add.1
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La renovación de los registros de marcas, se rige por las disposiciones de los Artículos 82 y
83 de la Ley sobre Propiedad Industrial (No. 20-00).  Esas disposiciones estipulan lo siguiente:
"Artículo  82.- Renovación del registro.
El registro de una marca puede renovarse por períodos sucesivos de diez años, contados desde
la fecha de vencimiento del período precedente.
Artículo 83.- Procedimiento de renovación del registro.1)  La solicitud de renovación de un registro deberá estar acompañada de una declaración
jurada, donde conste la frecuencia y la forma del uso de la marca, así como de las evidenciasde uso que determine el reglamento.  La renovación de un registro se efectuará mediante el
simple pago de la tasa de renovación, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de
vencimiento del período precedente.  La renovación también podrá hacerse dentro de un plazo
de gracia de seis meses contados desde la fecha de vencimiento del registro, debiendo en tal
caso pagarse el recargo establecido, además de la tasa de renovación correspondiente.Durante el plazo de gracia el registro de la marca mantiene su vigencia plena.
2)  Al hacer la renovación no se puede introducir ningún cambio  en la marca ni ampliar
en la lista de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, pero el
titular de la marca puede reducir o limitar dicha lista.
3)  Se expedirá una certificación donde conste la inscripción de la renovación en el
registro, y la misma mencionará cualquier reducción o limitación efectuada en la lista de los
productos o de los servicios que la marca distingue.  Luego de la expedición de dicha
certificación, la oficina publicará las renovaciones en el órgano de publicidad oficial a costadel solicitante."
SUIZA
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A. P ROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA
Ampliación de la respuesta a la pregunta no. 6:
A. En lo que se refiere al uso comercial desleal de datos presentados a la Agencia
Gubernamental correspondiente para obtener la aprobación de comercialización de productos
farmoquímicos y agroquímicos, favor explicar el significado de la expresión "….. a terceros hacer
referencia a autorizaciones anteriores….”. Significa esa expresión que el solicitante posterior puedebasarse o referirse a los datos originales del primer solicitante al presentar la autorización para la
comercialización de su producto? En caso afirmati vo, favor explicar como eso esta en conformidad
con el Articulo 39.3 del Acuerdo ADPIC.
El Artículo 39.3 del ADPIC sólo establece dos obligaciones puntuales, a saber, (i) proteger
los datos referidos contra todo uso comercial desleal, y (ii) proteger esos datos contra toda
divulgación.  El ADPIC no contiene ninguna obligación de impedir a terceros obtener autorización de
comercialización para productos idénticos o similares a los aprobados previamente, ni de prohibir a
terceros hacer referencia a autorizaciones anteriores.  La autorización sanitaria de un producto es un
hecho público, y cualquiera puede hacer referencia a ello.
                                                     
4 Las respuestas de la República Dominicana a las preguntas iniciales formuladas por Suiza se
distribuyeron en el documento IP/C/W/285.IP/C/W/285/Add.1
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Toda persona tiene el derecho de solicitar y obtener ante las autoridades competentes un
permiso de comercialización de su propia versión de un producto farmacéutico o agroquímico
previamente aprobado, siempre que cumpla con las disposiciones de la legislación pertinente.  La
autoridad que autoriza la comercialización no puede discriminar entre solicitantes anteriores y
posteriores, debiendo tratar a todos por igual confor me la ley.  Si un producto ha sido autorizado por
la autoridad sanitaria, y luego otra persona solicita autorización para comercializar un producto
idéntico, esta persona podrá indicar que el producto ya fue objeto de una autorización anterior.  Desde
el punto de vista sanitario, si la autoridad sanitaria ha aprobado un producto « A », y un producto
« B » es sanitariamente idéntico al producto « A » ya aprobado, la autoridad sanitaria no tendría razón
legal para negarse a aprobar igualmente el producto « B ».
Ese procedimiento abreviado de aprobación no infringe de modo alguno el Artículo 39.3 del
ADPIC.  Dicho procedimiento generalmente no requiere la entrega de datos de pruebas  u otros del
tipo mencionado en el Artículo 39.3 del ADPIC, por lo cual esta disposición no resulta aplicable.  Sin
embargo, en los casos en que una primera aprobación sanitaria requiriera la presentación de tales
datos ante la autoridad sanitaria, la aprobación de un segundo o posterior producto idéntico por esa
autoridad no implica un "uso comercial desleal" ni una "divulgación".  No hay uso comercial deslealporque la autoridad sanitaria no es una entidad comercial ni desarrolla actividades comerciales.  Su
función está mandatada por la ley, por lo cual es de jure  lícita, y no puede considerarse desleal.  Por
otra parte, la información no divulgada que pudiera guardar la autoridad sanitaria no es accesible a
terceras personas, ni se divulga de modo alguno durante los procedimientos de aprobación de
productos.  En consecuencia no ocurre ninguna divulgación de los datos en referencia.
B. En dicho contexto, favor explicar la parte de su respuesta que menciona que la
“…..autoridad podrá internamente tomar en cuen ta cualquier información a su disposición,
cualquiera sea su origen....” y si el solicitante posterior de autorización para comercialización tendrá
que presentar a la Agencia Gubernamental la mism a cantidad de datos de prueba que fue presentada
por el primer solicitante.
Véase la respuesta a la pregunta precedente.  La autoridad sanitaria tiene una función legal
que cumplir.  Esa función está mandatada por la ley, y debe ejecutarse de manera técnica, objetiva y
no discriminatoria.  La función consiste en dar una aprobación sanitaria a los productos farmacéuticos
(o agroquímicos).  Tal aprobación sólo tiene el efecto de confirmar que, desde el punto de vistapuramente sanitario el producto es apto para su consumo (respecto a su eficacia, inocuidad, etc.).  La
autoridad sanitaria puede recurrir a cualquier información a su alcance para cumplir su función legal,incluyendo la que emana de sus decisiones anteriores.  Una vez que la autoridad sanitaria ha aprobado
un producto determinado en favor de una persona, está obligado a aprobar el mismo producto a
solicitud de otras personas.  De lo contrario incurriría en una discriminación ilegal.  Una vez que un
producto ha sido autorizado, este hecho es público.  La idoneidad del producto desde el punto de vista
sanitario ya ha quedado demostrado y no requiere volverse a demostrar cada vez.  En caso de unasolicitud posterior para el mismo producto sólo sería necesario demostrar que el producto posterior
que se desea comercializar es idéntico (en su composición, formulación y aplicación) al aprobado
anteriormente.
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