DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 9 de enero de 1997 relativa a una solicitud de excepción presentada por Francia con arreglo al artículo 14 de la Directiva 92/51/CEE (El texto en lengua francesa es el único auténtico) (Texto pertinente a los fines del EEE) (97/42/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 92/51/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativa a un segundo sistema general de reconocimiento de formaciones profesionales, que completa la Directiva 89/48/CEE (1) y, en particular, su artículo 14,
Tras haber recibido, el 19 de junio de 1996, una nota de Francia en la que se solicita una excepción con arreglo al artículo 14 de la Directiva 92/51/CEE para la enseñanza de determinadas disciplinas deportivas,
Tras haber consultado, el 8 de julio de 1996, a los coordinadores nacionales para la Directiva 92/51/CEE,
Tras haber enviado a Francia, el 12 de septiembre de 1996, una carta de solicitud de información complementaria,
Tras haber recibido, el 17 de octubre de 1996, la respuesta de Francia a dicha solicitud de información complementaria,
Considerando lo que sigue:
I. CONTEXTO GENERAL
(1) La Directiva 92/51/CEE estableció un segundo sistema general de reconocimiento de las formaciones profesionales, que completa la Directiva 89/48/CEE (2). Esta última introdujo un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años. La Directiva 92/51/CEE se refiere a las titulaciones distintas de las contempladas en la Directiva 89/48/CEE.
(2) La Directiva 92/51/CEE se basa en el principio de confianza mutua. Ello significa, en particular, que, cuando en el Estado miembro de acogida, el acceso a una profesión o su ejercicio esté supeditado a la posesión de un título, certificado o certificado de competencia, la autoridad competente de dicho Estado no podrá denegar a un nacional de un Estado miembro, por falta de cualificación, el acceso a dicha profesión o su ejercicio, en las mismas condiciones que sus nacionales, si el solicitante posee el título exigido en otro Estado miembro para acceder a la misma profesión o ejercerla en su territorio y que ha sido obtenido en dicho Estado miembro.
(3) No obstante, esta norma no se opone a que el Estado miembro de acogida exija al solicitante, en los casos previstos por la Directiva 92/51/CEE, que efectúe un período de prácticas de adaptación o que se someta a una prueba de aptitud. Los artículos 4, 5 y 7 de la Directiva 92/51/CEE establecen las condiciones que deben reunirse. Si el Estado miembro de acogida hace uso de esta facultad, deberá permitir al solicitante que elija entre el período de prácticas de adaptación y la prueba de aptitud.
II. EL ARTÍCULO 14 DE LA DIRECTIVA 92/51/CEE
El artículo 14 de la Directiva 92/51/CEE dispone lo siguiente:
«1. Si un Estado miembro se propusiere, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, letra b), párrafo segundo, segunda frase, o en el párrafo tercero del artículo 5, o en el artículo 7, letra a), párrafo segundo, segunda frase, no conceder al solicitante la facultad de optar entre el período de prácticas de adaptación y la prueba de aptitud, remitirá inmediatamente a la Comisión el proyecto de la correspondiente disposición. Al mismo tiempo, informará a la Comisión acerca de los motivos por los que es necesario establecer semejante disposición.
La Comisión informará inmediatamente del proyecto a los demás Estados miembros; podrá consultar también sobre dicho proyecto al grupo de coordinación contemplado en el apartado 2 del artículo 13.
2. Sin perjuicio de la posibilidad de que disponen la Comisión y los demás Estados miembros de presentar observaciones relativas al proyecto, el Estado miembro sólo podrá adoptar la disposición si la Comisión no hubiere manifestado su oposición mediante decisión en un plazo de tres meses.
3. A petición de un Estado miembro o de la Comisión, los Estados miembros les comunicarán inmediatamente el texto definitivo de las disposiciones que se derivan de la aplicación del presente artículo.».
III. LA SOLICITUD PRESENTADA POR FRANCIA
(1) Mediante una nota recibida por la Comisión el 19 de junio de 1996, Francia solicitó una excepción con arreglo al artículo 14 de la Directiva 92/51/CEE para la enseñanza de determinadas disciplinas deportivas. La nota iba acompañada de un proyecto de decreto y una argumentación. La solicitud se refiere a la profesión de educador deportivo y tiene por objeto la posibilidad de no aplicar el principio de libre elección del candidato en lo que respecta a determinadas disciplinas deportivas.
(2) La solicitud afecta exclusivamente al derecho de establecimiento. La prestación de servicios de los educadores deportivos se rige en Francia por otras disposiciones (Decreto n° 96-1011 de 25 de noviembre de 1996, relativo a la prestación de servicios de educador deportivo por los nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado integrante del Espacio Económico Europeo).
(3) El proyecto de decreto presentado por Francia prevé un procedimiento de reconocimiento en el que se respeta el derecho de elección del candidato entre prueba de aptitud y período de prácticas de adaptación. No obstante, en lo que respecta a las cinco profesiones que figuran en el anexo al proyecto de decreto, se establece que «el ministro de Deportes podrá imponer la prueba de aptitud». De acuerdo con el proyecto presentado a la Comisión, esta prueba de aptitud podría imponerse en las cinco disciplinas deportivas siguientes: monitores de esquí, guías de alta montaña, monitores de submarinismo, monitores de paracaidismo y monitores de espeleología.
(4) Las autoridades francesas han insistido en que esta solicitud, formulada al amparo del artículo 14, no pone en entredicho el principio de confianza mutua, sino que «tiende, por el contrario, a reforzarlo en el caso de actividades en las que están en juego objetivos de interés general tales como el mantenimiento de la seguridad.».
(5) A juicio de las autoridades francesas, la solicitud se justifica por la peligrosidad de las disciplinas deportivas consideradas. Las autoridades francesas estiman que, en tales casos, la medida compensatoria más adecuada es la prueba de aptitud. En su opinión, dejar a los solicitantes la facultad de optar entre dos tipos de medidas compensatorias no aporta todas las garantías necesarias y podría dar lugar a que se oculten lagunas técnicas incompatibles con el ejercicio de la profesión.
(6) Las autoridades francesas consideran, asimismo, que la prueba de aptitud constituye la forma más eficaz de garantizar el dominio técnico de la actividad por parte del candidato y su capacidad para gestionar y organizar tareas de socorro.
(7) Por último, las autoridades francesas añaden que la peligrosidad de las cinco actividades contempladas se ve incrementada por los factores relacionados con el medio, por naturaleza inseguro, en el que se desarrolla la actividad.
IV. DEBATE EN EL GRUPO DE COORDINADORES
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Directiva 92/51/CEE, la solicitud de excepción francesa fue sometida a la consideración de los Estados miembros. Dicha solicitud fue enviada a los coordinadores del sistema general de reconocimiento de títulos. Además, tal como se establece en el mencionado artículo 14, se sometió a debate en la reunión del grupo de coordinadores que se celebró el 8 de julio de 1996. Los representantes franceses tuvieron ocasión de exponer su solicitud y de contestar a las preguntas de la Comisión y de las diversas delegaciones.
V. SOLICITUD DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
A raíz de un primer examen de la solicitud francesa y tras la reunión del grupo de coordinadores del 8 de julio de 1996, la Comisión consideró necesario plantear cinco preguntas adicionales a Francia, lo que hizo mediante escrito de 12 de septiembre de 1996. Francia respondió con todo detalle a estas cinco preguntas por medio de una nota fechada el 14 de octubre de 1996, recibida por la Comisión el 17 de octubre de 1996.
VI. CONSIDERACIONES GENERALES
(1) La libertad de circulación de las personas constituye una de las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado. En virtud de este principio, una jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia prohíbe no sólo las discriminaciones ostensibles basadas en la nacionalidad, sino también las medidas que, aunque aplicadas indistintamente a los nacionales y a los demás ciudadanos comunitarios, producen de hecho el mismo resultado. No obstante, las medidas nacionales que puedan dificultar o restar interés al ejercicio de las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado pueden admitirse si cumplen cuatro condiciones: que se apliquen de forma no discriminatoria; que estén justificadas por razones imperativas de interés general; que sean adecuadas para garantizar la realización del objetivo que persiguen y que no vayan más allá de lo imprescindible para alcanzar dicho objetivo. Dado que la libertad de establecimiento constituye una libertad fundamental, el análisis de la solicitud francesa ha de tener en cuenta estos cuatro requisitos.
(2) En su solicitud de excepción, las autoridades francesas precisan que únicamente se verán afectadas las «actividades en las que están en juego objetivos de interés general tales como el mantenimiento de la seguridad» y hacen hincapié en las especificidades de las cinco disciplinas consideradas: medio inseguro, riesgos objetivos, entorno no delimitado ni señalizado, necesidad de conocimientos para la organización de tareas de socorro, etc. La Comisión reconoce que las cinco actividades presentan una particular peligrosidad, por lo que la protección de la seguridad puede admitirse como «razón imperativa de interés general». En lo que se refiere a estas cinco actividades, la Comisión admite igualmente que la obligación para el emigrante de someterse a una prueba de aptitud, cuando las materias que componen su formación difieren sustancialmente de las que figuran en el plan de estudios impuesto en Francia, puede constituir una medida adecuada para garantizar la realización del objetivo perseguido, a saber, la protección de la seguridad. Asimismo, la Comisión reconoce que, en lo que respecta a estas cinco disciplinas, la prueba de aptitud, a diferencia del período de prácticas de adaptación, puede permitir comprobar mejor cómo reacciona el candidato en situación real y asegurarse al mismo tiempo de su dominio técnico de la actividad, así como de su capacidad para gestionar y organizar las tareas de socorro. La referida medida parece también proporcionada al objetivo que pretende alcanzar. Por último, la solicitud formulada por Francia no deja traslucir ningún elemento de carácter discriminatorio: los certificados de aptitud expedidos en Francia en las cinco disciplinas deportivas consideradas se conceden tras la superación de pruebas selectivas que permiten asegurarse al mismo tiempo del dominio técnico, de las cualidades pedagógicas y de la capacidad del candidato para garantizar la seguridad y poner en marcha los dispositivos de socorro.
El principio de ausencia de libertad de elección entre un período de prácticas de adaptación y una prueba de aptitud puede, pues, estar justificado en este caso. Sin embargo, es importante que la aplicación en la práctica de las medidas previstas por las autoridades francesas respete plenamente los criterios antes enumerados.
(3) Con todo, habida cuenta de que la libertad de establecimiento constituye una libertad fundamental, la Comisión desea limitar su aprobación a un plazo determinado, con el fin de poder evaluar con certeza, al término del período de prueba, las dificultades prácticas que podría plantear la aplicación de esta excepción.
Por consiguiente, la Comisión accede a dar su visto bueno a la solicitud de Francia por un período limitado que concluirá el 31 de julio de 1999.
(4) Este período habrá de permitir a las autoridades francesas evaluar si las medidas previstas en la solicitud de excepción son realmente las más adecuadas para alcanzar el objetivo perseguido. Asimismo, permitirá a las partes interesadas observar las dificultades prácticas de aplicación y notificarlas a la Comisión.
(5) Al término del mencionado período, Francia deberá presentar un informe de evaluación sobre la «aplicación de la excepción derivada del artículo 14». Dicho informe deberá facilitar a la Comisión toda la información cuantitativa y cualitativa relativa a la aplicación de las pruebas de aptitud. Tras este período, la Comisión recabará igualmente las observaciones de los Estados miembros interesados y de todas las partes implicadas (sindicatos, organizaciones turísticas, escuelas de esquí, asociaciones y cualquier otro organismo interesado). El informe de evaluación de Francia y las observaciones de las diversas partes interesadas deberán ser remitidos a la Comisión antes del 30 de abril de 1999. En el supuesto de que Francia desee continuar beneficiándose de la excepción, deberá presentar la correspondiente solicitud junto con su informe de evaluación.
(6) Si, al término del período de prueba, la Comisión optase por denegar la solicitud de Francia, deberá adoptar una decisión negativa dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud de Francia y, a más tardar, el 31 de julio de 1999, conforme a lo previsto en el artículo 14 de la Directiva 92/51/CEE. Con arreglo a lo dispuesto en este artículo, si la Comisión no manifiesta su oposición en dicho plazo, la excepción se renovará automáticamente por tiempo indefinido,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
No obstante lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 92/51/CEE, Francia queda autorizada, por un período limitado que concluirá el 31 de julio de 1999, a imponer una prueba de aptitud a los candidatos que deseen obtener, para establecerse en Francia, el reconocimiento de su título de monitor o educador deportivo y cuya formación presente diferencias sustanciales con respecto a la exigida en Francia. Esta excepción se aplicará exclusivamente a las cinco profesiones siguientes: monitor de esquí, guía de alta montaña, monitor de submarinismo, monitor de paracaidismo y monitor de espeleología.
Artículo 2
Antes del 30 de abril de 1999, Francia deberá presentar a la Comisión un informe de evaluación relativo a la «aplicación de la excepción en virtud del artículo 14».
Artículo 3
Los Estados miembros que así lo deseen y todas las demás partes interesadas podrán presentar sus observaciones a la Comisión antes del 30 de abril de 1999.
Artículo 4
En el supuesto de que Francia desee, después del 31 de julio de 1999, una confirmación de la excepción prevista en el artículo 1 sin límite de tiempo, deberá presentar, antes del 30 de abril de 1999, una nueva solicitud a la Comisión conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Directiva 92/51/CEE. La Comisión adoptará una decisión conforme a lo previsto en el citado artículo 14 en los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud de Francia.
Artículo 5
La presente Decisión surtirá efectos en la fecha de su notificación.
Artículo 6
El destinatario de la presente Decisión será la República Francesa.
Hecho en Bruselas, el 9 de enero de 1997.