Reglamento (CE, Euratom) N° 723/2004 del Consejo
de 22 de marzo de 2004
por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 283,
Visto el Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas, y en particular su artículo 13,
Vista la propuesta de la Comisión, presentada previa consulta al Comité del Estatuto(1),
Visto el dictamen del Parlamento Europeo(2),
Visto el dictamen del Tribunal de Justicia(3),
Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas(4),
Considerando lo siguiente:
(1) Desde 1962, año en el que se adoptó por vez primera el Estatuto de los funcionarios y el régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas, se han producido importantes avances e innovaciones en la sociedad, que deben quedar reflejados en la normativa aplicable a la función pública europea a fin de responder a la evolución de las necesidades de las instituciones y el personal de las mismas, respetando al mismo tiempo la cultura y la tradición administrativa de la Comunidad, basadas en el principio de servicio al ciudadano.
(2) Así pues, la Comunidad debe contar con una Administración pública europea de elevada calidad, capaz de desempeñar las tareas que le competen con el mayor nivel posible, de conformidad con los Tratados, y de hacer frente a los retos internos y externos que se le planteen en el futuro.
(3) Por consiguiente, es necesario disponer de un marco para que la Comunidad contrate personal de gran valía en términos de productividad e integridad, seleccionado de acuerdo con un criterio geográfico lo más amplio posible entre los ciudadanos de los Estados miembros, y permitir que dicho personal lleve a cabo sus tareas en unas condiciones que garanticen un servicio óptimo.
(4) Como un objetivo más general, es preciso garantizar una gestión de los recursos humanos lo más eficaz posible en el seno de una función pública europea caracterizada por su competencia, independencia, lealtad, imparcialidad y permanencia, así como por su diversidad cultural y lingüística.
(5) Es conveniente garantizar la unicidad de la función pública europea y aplicar normas comunes a todas las instituciones y agencias que actúan en nombre de la Comunidad. La existencia de un único estatuto constituirá un instrumento eficaz para reforzar la cooperación en materia de política de personal entre las instituciones y agencias, lo que redundará en el buen funcionamiento de la Comunidad y en una utilización eficiente de los recursos humanos.
(6) Debe incluirse a las agencias en el ámbito de aplicación de las normas relativas al personal con objeto de lograr una aplicación uniforme de éstas y, en particular, para garantizar la movilidad del personal.
(7) Es preciso respetar el principio de no discriminación consagrado por el Tratado CE, lo que requiere seguir desarrollando una política de personal que garantice la igualdad de oportunidades, independientemente del sexo, la capacidad física, la edad, identidad racial o étnica, la orientación sexual y el estado civil.
(8) A los funcionarios que mantienen una relación no matrimonial reconocida como estable por un Estado miembro y que no pueden contraer matrimonio legalmente se les deben conceder las mismas ventajas que a las parejas casadas.
(9) Es preciso contemplar expresamente medidas de carácter social y condiciones laborales que se ajusten a las normas sanitarias y de seguridad apropiadas; dichas medidas tienen por objeto contribuir a conciliar la vida profesional y la privada, fomentar la igualdad de oportunidades y proteger la salud y la seguridad de las personas.
(10) Se ha hecho patente la necesidad de consolidar el principio de carrera profesional basada en el mérito, vinculando más estrechamente rendimiento y retribución mediante una mayor incentivación del rendimiento profesional a través de la introducción de cambios estructurales en el sistema de carreras, y garantizando al mismo tiempo la equivalencia de los perfiles de carrera medios entre la antigua y la nueva estructura, en consonancia con el cuadro de efectivos y en el respeto de la disciplina presupuestaria.
(11) La modernización del sistema de carreras implica un mayor reconocimiento de la experiencia profesional del funcionario y del principio de formación continua. De acuerdo con este planteamiento, resulta oportuno sustituir las actuales categorías de personal y reclasificar a los funcionarios en dos nuevos grupos de funciones integrados por administradores (AD) y asistentes (AST), así como facilitar el paso de un grupo al grupo superior mediante la aplicación de un nuevo procedimiento de certificación.
(12) Es necesario crear un sistema que garantice la equivalencia de los perfiles de carrera medios, y que, considerado globalmente, compense justa y razonablemente en primer lugar el incremento del número total de grados y, en segundo lugar, la reducción del número de escalones dentro de cada grado.
(13) Con objeto de preservar el carácter multilingüe de las instituciones, a efectos de reclutamiento y promoción, habrá que poner mayor énfasis en la competencia lingüística y en la capacidad de trabajar en una tercera lengua de la Comunidad.
(14) La imparcialidad es un principio básico del servicio público que ha sido reconocido por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea(5). Por lo tanto, resulta esencial definir mejor las obligaciones de los funcionarios en situaciones que den o puedan dar lugar a un conflicto de intereses, antes y después de abandonar el servicio.
(15) Es preciso establecer un marco legal más adaptado para la resolución de los problemas de acoso psicológico y sexual, y adoptar a tal fin definiciones claras y adecuadas.
(16) Dado que el derecho a la libertad de expresión se halla consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales, conviene contemplar este derecho básico de los funcionarios y fijar unos límites razonables a su ejercicio. Al mismo tiempo, es preciso adoptar normas claras en materia de publicación de documentos relacionados con el trabajo de la Comunidad, siempre que exista una amenaza a sus legítimos intereses.
(17) Conviene prever un nuevo marco jurídico y garantías para la protección jurídica de todos aquellos funcionarios que denuncien ante órganos o personas claramente definidos las posibles actividades o conductas ilegales que constituyan un incumplimiento grave de las obligaciones de los funcionarios comunitarios en el desempeño del servicio.
(18) Resulta adecuado racionalizar y hacer más coherentes las condiciones de incoación y desarrollo de los procedimientos disciplinarios. Asimismo, conviene estabilizar la composición de los Consejos de disciplina y modificar las normas relativas a la suspensión de empleo de los funcionarios.
(19) Es preciso clarificar los procedimientos de control de ausencias y de presentación de certificados médicos.
(20) Es necesario introducir un nuevo marco jurídico que ofrezca un procedimiento global para tratar los casos de incompetencia profesional, que garantice el derecho de defensa de los funcionarios afectados. Dentro de este nuevo marco legal deberán abordarse los casos de aquellos funcionarios que no puedan alcanzar el nivel de prestaciones requerido en un plazo razonable.
(21) Es preciso flexibilizar las condiciones laborales para contemplar en particular, en determinadas circunstancias, el derecho a trabajar a tiempo parcial, a disfrutar del régimen de empleo compartido y a obtener excedencias voluntarias de larga duración. Asimismo, resulta oportuno introducir disposiciones relacionadas con las licencias por motivos familiares y, en particular, el derecho a una licencia por maternidad más flexible, a una licencia por paternidad, a una licencia por adopción, a una licencia parental, así como a una licencia en caso de enfermedad grave de un pariente próximo.
(22) A fin de garantizar una evolución del poder adquisitivo de los funcionarios comunitarios paralela a la de los funcionarios nacionales al servicio de la administración central de los Estados miembros, resulta fundamental preservar el principio de un mecanismo plurianual de adaptación de los sueldos, denominado "el Método", prorrogando su aplicación hasta el 31 de diciembre de 2012 y revisándolo al cabo de cuatro años, a fin de garantizar su coherencia con la disciplina presupuestaria.
(23) La ventaja que supone para los funcionarios la aplicación de un mecanismo plurianual de adaptación de los sueldos debe equilibrarse mediante la introducción de una exacción especial que refleje los costes de la política social, de la mejora de las condiciones laborales y de las Escuelas Europeas. Dicha exacción debe ir incrementándose cada año y ser de aplicación a todos los funcionarios durante un periodo idéntico al de dicho mecanismo.
(24) Habida cuenta de las desproporcionadas dimensiones que han cobrado los costes derivados de la aplicación de coeficientes correctores a las transferencias de una parte de la retribución a otros Estados miembros, es preciso limitar las transferencias en las que se aplica un coeficiente corrector a una parte más reducida del sueldo y a los casos en que sean necesarias para que el funcionario cubra los gastos derivados de obligaciones legales con respecto a miembros de su familia en otros Estados miembros.
(25) El requisito que han de cumplir los antiguos funcionarios para seguir acogiéndose al régimen común de seguro de enfermedad ha resultado difícil de aplicar en la práctica y, por consiguiente, es conveniente proceder a su simplificación.
(26) Es preciso llevar a cabo una racionalización de las distintas asignaciones e indemnizaciones, mediante la revisión de algunas o la supresión de otras, a fin de simplificar las disposiciones administrativas y dotarlas de mayor transparencia. Así por ejemplo, el reembolso de los gastos de viaje y de misión debe ajustarse en mayor medida al coste real, y su gestión debe simplificarse. Asimismo, en el futuro, la asignación por escolaridad debe estar vinculada en mayor medida al nivel real de gastos.
(27) Es preciso llevar a cabo una reforma del sistema de complementos familiares a fin de introducir mejoras en favor de las familias y, en particular, a fin de abordar los problemas que experimentan los padres de niños de corta edad.
(28) Dado que las pensiones se expresan como porcentaje del último sueldo percibido, resulta oportuno asegurar que, en el futuro, los sueldos y las pensiones se adapten de forma paralela, preservando al mismo tiempo la base actuarial del régimen y manteniendo los respectivos porcentajes de contribución del funcionario y del empleador y el principio según el cual las pensiones constituyen un gasto a cargo del presupuesto comunitario. El cumplimiento de este objetivo exige la creación de un mecanismo que garantice el equilibrio actuarial del régimen a corto y largo plazo.
(29) Los cambios demográficos y la modificación de la estructura de edades de la población afectada suponen una creciente carga para el régimen de pensiones comunitario, que exige la elevación de la edad de jubilación y una reducción del porcentaje anual de acumulación de derechos a pensión, sin perjuicio de las medidas transitorias que se adopten en relación con los funcionarios ya en activo.
(30) Con la mayor integración de la Unión Europea y la libre elección por los pensionistas de su lugar de residencia en la Unión Europea, el sistema de coeficientes correctores aplicable a las pensiones ha quedado desfasado. Asimismo, este sistema ha generado problemas para la supervisión del lugar de residencia de los pensionistas que conviene resolver. En consecuencia, resulta oportuno suprimir este sistema, estableciendo medidas transitorias adecuadas en favor de los pensionistas y los funcionarios reclutados antes de la entrada en vigor del presente Reglamento.
(31) Dado que las circunstancias que determinaron la adopción de las actuales disposiciones en materia de pensiones de invalidez y de supervivencia han evolucionado desde su primera adopción, resulta oportuno actualizar y simplificar dichas disposiciones.
(32) A fin de tener en cuenta la normativa comunitaria sobre la transferibilidad de los derechos de pensión, es necesario modificar las normas aplicables a la indemnización por cese en el servicio. Para ello, hay que corregir ciertas incoherencias e introducir una mayor flexibilidad.
(33) Las normas en materia de flexibilización de las condiciones de jubilación deben tener en cuenta tanto los intereses de los funcionarios como de las instituciones y considerar las repercusiones presupuestarias. Las medidas de que se trata deben ser solicitadas por el funcionario e ir acompañadas de condiciones financieras apropiadas; es preciso que se informe a la autoridad presupuestaria del uso de esta modalidad. El objetivo de esta disposición debe ser facilitar la gestión del personal, especialmente en las instituciones más pequeñas. La jubilación anticipada, antes de alcanzar la edad oficial de la jubilación, sólo constituye una alternativa realista si se mantienen el seguro de enfermedad y los complementos familiares. No obstante, estas medidas deben compensarse fijando la edad mínima en 55 años e introduciendo la posibilidad de trabajar una vez superada la edad de jubilación vigente.
(34) Las condiciones de empleo, que dan cobertura al nivel general de las retribuciones y pensiones de los funcionarios y otros agentes, se mantienen a un nivel que atraiga y conserve a los mejores candidatos de todos los Estados miembros en una función pública europea independiente y permanente.
(35) Resulta oportuno adaptar, clarificar y aproximar a las disposiciones generales, las normas aplicables a los funcionarios de los servicios científico y técnico, y a aquellos que presten servicio en terceros países.
(36) Es preciso establecer una nueva categoría de personal no titular, esto es, la de agente contractual. A esta categoría de personal, cuyas responsabilidades son más limitadas, se le asignará generalmente la realización de tareas bajo la supervisión de funcionarios o agentes temporales. Este personal se contratará con el fin, entre otros, de sustituir a la larga a los agentes auxiliares y funcionarios de la categoría D en las instituciones, en las oficinas de representación y las delegaciones de la Comisión, en las agencias, así como en las agencias de ejecución y demás organismos instituidos por un acto jurídico específico. Los derechos y obligaciones del personal contractual deben definirse de forma análoga a los de los agentes temporales, en particular, por lo que respecta a la seguridad social, las asignaciones e indemnizaciones y las condiciones laborales.
(37) Es necesario prever el establecimiento de medidas transitorias de forma que las nuevas disposiciones se puedan aplicar gradualmente, si perjuicio de que se respeten los derechos adquiridos del personal en el marco del sistema comunitario antes de la entrada en vigor de las presentes modificaciones del Estatuto y se tengan en cuenta sus legítimas expectativas.
(38) Las organizaciones representativas del personal, a las que se consultó en el marco de la Comisión de Concertación creada en virtud de la Decisión del Consejo de 23 de junio de 1981, han aceptado en su conjunto las medidas, en particular las medidas de modernización profesional y las financieras.
(39) Conviene, por lo tanto, modificar en consecuencia el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas, establecidos en el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68(6), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE, Euratom) n° 2182/2003(7).
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
El Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas quedan modificados tal como se indica en el anexo I, en lo que respecta al Estatuto de los funcionarios, y en el anexo II, en lo que respecta al régimen aplicable a otros agentes.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de mayo de 2004.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 22 de marzo de 2004.