=== Canadá ===

En el Canadá, tras celebrar consultas con todos los principales grupos religiosos, en 1985 se enmendó la Ley de divorcio para añadir el párrafo 1 del artículo 21 a fin de dar a los tribunales la facultad de desestimar cualquier solicitud y de anular los alegatos y declaraciones juradas presentados por un cónyuge que no haya eliminado las barreras religiosas al nuevo matrimonio del otro cónyuge. El legislador tenía por objeto:
- colocar a los cónyuges en pie de igualdad en las acciones de divorcio civil;
alentar a las mujeres, en particular, a ejercer plenamente sus derechos con arreglo a la ley; y
mantener la integridad de la Ley de divorcio de 1985 ayudando a garantizar que la negativa a aceptar o a conceder un divorcio religioso no se utilice como instrumento de negociación para obtener concesiones injustas sobre la custodia y el acceso de los hijos, o apoyo monetario. 
Esto refleja una fuerte respuesta general a nivel federal a cualquier elemento de coacción o influencia indebida dentro del sistema de derecho civil.

Bruker c. Marcovitz

La justiciabilidad de un contrato civil con overtoneso religioso se está probando en la causa del Tribunal Supremo de Bruker contra Marcovitz. Véase Asociación Canadiense de Libertades Civiles. http://www.ccla.org/pos/legal/

En 1969, las fiestas se casaron en una ceremonia ortodoxa.  Durante los 11 años siguientes adoptaron a dos niños después de que la Sra. Bruker no pudiera concebir.  En abril de 1980, la Sra. Bruker inició un procedimiento de divorcio.   Un enlace a la base de datos de decisiones es http://www.jugements.qc.ca/ y la decisión completa puede encontrarse con una búsqueda de texto para “Bruker” en “Cour d’appel”

En 1980, el Sr. Marcovitz acordó una sentencia de consentimiento para que el divorcio compareciera inmediatamente ante las autoridades rabínicas con el fin de conceder el Get religioso.  Poco después del divorcio civil, la Sra. Bruker, personalmente y a través de varios abogados y rabinos, pidió al Sr. Marcovitz que proporcionara el dinero, pero el Sr. Marcovitz se negó. El Sr. Marcovitz opinó que se negaba a cumplir porque consideraba que el comportamiento de la Sra. Bruker desde el divorcio era un acoso y un intento de ella de alejarlo de sus hijos.  

La Sra. Bruker demandó al Sr. Marcovitz en 1989, solicitando una indemnización de 500.000 dólares por haber sido restringida a continuar con su vida desde el Decreto Nisi [...], por haber sido restringida a volver a casarse según la fe judía [y] por haber sido restringida a tener hijos".
 Marcovitz vs. Bruker (500-09-013353-032; 20 de septiembre de 2005)

En 1995, el Tribunal Rabínico de Montreal emitió un certificado de divorcio con el consentimiento y la participación del Sr. Marcovitz.  A pesar de recibir el get, la Sra. Bruker modificó su acción para aumentar la cantidad de los daños reclamados a 1.350.000 dólares e incluir los daños ""por la pérdida de consorcio."" 

Dado que el Sr. Marcovitz infringía una sentencia del tribunal civil, el tribunal inferior consideró que el asunto podía ser discutido ante los tribunales civiles y que el Sr. Marcovitz había incumplido su obligación contractual de ""aparecer ante las autoridades rabínicos.  Ha concedido a la Sra. Bruker 47.500 dólares en concepto de daños y perjuicios.

En apelación, el juez Hilton, escribiendo para el tribunal de tres miembros, revocó la sentencia del tribunal inferior.  El tribunal de apelación dictaminó que la obligación era de carácter religioso y, por lo tanto, no podía ser juzgada por los tribunales civiles.

 ""No importa que la obligación se haya establecido en el Consentimiento que el Tribunal Superior ratificó, ya que el Tribunal Superior nunca podría haber tramitado una solicitud de reparación correlativa en virtud del artículo 17 de la Ley de divorcio para exigir la emisión de un ghet. No es en absoluto inusual ver a las partes en un acuerdo sobre medidas correlativas comprometerse a cumplir una variedad de obligaciones que, estrictamente hablando, no se pueden obtener de forma independiente, pero que son deseables sin embargo en la medida en que promueven un ambiente amistoso post-divorcio.""

"Si bien reconozco la utilidad de la inclusión de obligaciones de esta naturaleza en los acuerdos de divorcio, no se deduce que todos se sometan automáticamente a supervisión y control curial, ya sea por cumplimiento específico o por daños y perjuicios en caso de incumplimiento. En mi opinión, para que tales cláusulas sean ejecutables, deben estar directamente relacionadas con uno de los temas