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suyo tal importancia como fines primordiales de la misión del Estado, que no puede él limitarse á afianzar la paz; debe ir aún más allá: debe garantizar á todos el concepto de su inviolabilidad. Es precisamente en el amparo de esa imperturbable conciencia pública de la garantía de todos los derechos que el Estado llena el alto fin de la tutela jurídica; y es en virtud de esto mismo que el delito afecta siempre el derecho público, aún prescindiendo de la lesión inferida al derecho del particular directamente ofendido. La incriminación de las amenazas y coacciones, responde directamente al pensamiento de la garantía de la paz individual en la convivencia social. No entra en los propósitos de este artículo, la tarea de espigar analiticamente el contenido de los cinco artículos que constituyen la legislación del delito de amenazas y coacciones en el Código Penal. El significado propio de cada una de estas disposiciones y sus justos alcances jurídicos se encuentran claramente determinados en las obras de exposición y crítica tanto de nuestro Código penal, como del Código Español de 1850 de donde han sido tomadas truncamente y con indigente criterio científico. Por lo demás, el asunto no origina de suyo mayores dificultades. En nuestro excelente Rivarola, pueden recorrerse rápidamente, los escasos puntos que suscitan algunas observaciones. De no ser el absurdo criterio « stablecido como regla de represión del delito, bien poco quedaría por decir en cuanto legisla el Código á su respecto. No podría decirse lo mismo respecto de ciertos hechos, estrechamente vinculados con esta materia que indudablemente revisten caracteres delictuosos, y respecto de los cuales buscaríase en vano la disposición que los califica de delitos y los sanciona con una pena. Queremos ocuparnos exclusivamente de este género de hechos, y á ello responde precisamente el propósito de este articulo. Se trata de hechos como los siguientes que cito por vía de ejemplo. Se da á la publicidad una carta, sin el consentimiento de su autor, por parte de la persona á quien ella fué dirigida, ó de un tercero á quien este último lo facilita para ese objeto. La carta encierra ó no la revelación de hechos ó las apreciaciones de juicios que deben mantenerse en secreto. Pero cualquiera sea su contenido, la verdad es que no ha sido la mente ni la voluntad de su redactor que se le diera publicidad. La carta es como la conversación á la que ella imita: comprende las manifestaciones de los juicios íntimos, que no se exteriorizan en esa forma para ser lanzados á los cuatro vientos de la publicidad. Y sin embargo, la publicación de una carta puede en muchos casos constituir un arbitrio compulsorio que obligue á una persona á obrar contra su voluntad en un sentido determinado. Aun cuando no encierre secretos, no puede desconocerse que la publicación de juicios vertidos - quizás con mucha anterioridad - sobre los hombres, las cosas ó los hechos, cuando el conjunto de las circunstan