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y reglamentar casos particulares, sin filosofía, ni alcances del progreso indefinido, y que por lo mismo, solamente hace oficio de apuntalamiento de edificios casuísticos y de frágil consistencia; ni en la nueva, ni en las anteriores reformas constitucionales, ha sido impuesto, ni tenido en cuenta para nada Ha quedado, pues, integro el texto primitivo de la constitución que tratándose del enjuiciamiento en materia penal, no solamente promete la forma (art. 102) sino que tambien la impone en el capítulo consagrado á « Declaraciones, derechos y garantías » (artº. 24). Y si nada se ha innovado respecto á la organización judicial que comprende el jurado como tribunal, y si el acatamiento de la constitución obliga al más encumbrado funcionario cuya autoridad emana de la misma constitución, á la par que al más humilde habitante cuyos derechos y libertades ella reconoce y garantiza. ¿ Con qué pretestos ó razones, podríase, sino justificar, disculpar al menos, una ley, un decreto, una acción negativa de criterio abiertamente contrario al de la ley fundamental ? Con semejante suplantación de criterio, lógicamente podríase desnaturalizar la forma repúblicana de gobierno, ó convertirse la constitución nacional en meras promesas, ficciones, mistificaciones y desbarajustes de todo cuanto en ella se ha acaudalado en materia de franquicias y garantías, manteniéndose así un estado de subversión y rebelión. Felizmente, lo dispuesto en el artº. 24 acerca de la reforma de la legislación común en todos sus ramos, se ha cumplido en su mayor parte, faltando solamente lo relativo á la implantación del juicio por jurados, sobre lo que no han escaseado iniciativas honrosas. La ley de Octubre 6 de 1871 faculto al P. E. para encargar á dos personas idóneas la confección de un proyecto de ley sobre el jurado. El proyecto fué presentado, y si no prosperó fué debido á deficiencias de su plan general y de detalles, muy disculpables en la época, que, como es sabido, no había alcanzado los adelantos actuales de nuestras leyes sustantivas y adgetivas. El Congreso sancionó después la ley actual de procedimientos criminales (1888) con bases de procedimiento escrito y de criterio preexistente para la apreciación de las pruebas. Tanto el proyecto como la ley que lo sancionó con modificaciones insubstanciales prescindieron conscientemente del tribunal del Jurado. La crítica razonada no tardó en rebelarse contra una sanción legislativa que se apartaba del mandato constitucional, por mayores que fueran sus beneficios momentáneos con relación a los procedimientos confusos é incoherentes anteriores en vigencia. El Dr. Dominguez, Ministro de la Suprema Corte Federal publicó en 1884 un importante proyecto de ley sobre el jurado, ilustrándolo con notas y comentarios tomadas de las mejores fuentes.