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EL FORO ARGENTINO Establecido que no hay tal vicio de confección en el artículo 1001, debo explicar el por qué se obliga al escribano a darfé del conocimiento de las personas y no del estado de familia, domicilio y mayoridad. Las instituciones notariales, que desde los tiempos remotos vienen evolucinando con la civilización y que son hoy tan importantes en el mundo, fueron creadas con el objeto principal de dar a las convenciones de los particulares, la autenticidad necesaria para que ellas no pudiesen ser negadas. Con este motivo se revistió al escribano de autoridad suficiente, la que a su vez imprime a los actos en que interviene, puesto que ellos llevan el sello de la verdad y tienen valor en juicio y fuera de él. Y como esos actos debian ser garantidos de manera que no se produjese engano, atribuyéndose una persona el nombre de otra, fué que se le obligó a dar fe del conocimiento, como el medio más eficaz de evitarlo; lo cual importa hacerlo responsable de los daños y perjuicios que pudiesen ocasionar, si llegase a ser falsa su aseveración. Resulta, entonces, que esa formalidad exigida por todas las legislaciones y por la nuestra de un modo imperativo, es lo fundamental en las escrituras públicas, siendo además la base segura en que se apoyan todos los negocios y la que evita el fraude recordado por el Dr. Llerena en el comentario leido. No sucede lo mismo con el estado de familia, domicilio y mayoridad, que, si bien son elementos que contribuyen a caracterizar más la identidad, para los casos de duda ó impugnación, no es el escribano quien deba garantirlos - basta con la manifestación de las partes, porque como lo dice Story en su importante obra « Conflictos de las Leyes«, y es un principio general de derecho, toda persona está obligada a conocer el extado y condición de aquella con quien contrata. Una prueba evidente de que la ley no exije la atestación de todo eso, es la falta absoluta de designación de los medios para conseguirlo, mientras que sobre el conocimiento de las personas determina el procedimiento a seguirse. Los mismos articulos 213 y 214 de la Ley Orgánica, o sean los 1004 y 1003 del Código Civil, por los cuales se enumeran los casos de nulidad de las escrituras, implicitamente confirma lo expuesto, al no comprender ni el conocimiento, ni el estado de familia, ni el domicilio, ni la mayoridad. Tambien la jurisprudencia de nuestros tribunales-que no debe olvidarse jamas, asi lo ha establecido. A propósito del estado de familia, tenemos el caso ocurrido en la testamentaria de Villarraza, que tramita por la Secretaría de D. Juan B. Palacios, donde se inició un juicio sobre filiación natural, en el cual se opuso por la parte demandada la excepción de falta de personería del representante de la actora, porque en el mandato otorgado por ella, manifestaba ser viuda sin haberlo justificado. El Doctor Arigós Rodriguez, sostuvo que bastaba para ese acto, la declaración de la señora. El Senor Juez Dr. Don Angel S. Pizarro, no hizo lugar a la excepción, lo que se confirmó más tarde por la Excma. Cámara de lo Civil. (Véase t. 5º pág. 300 de los Fallos). Existe otro más. Habiendo omitido mi ilustrado colega Don Leandro Gonzalez, en la sustitución de un mandato, el estado de familia del otorgante, el Senor Juez Dr. Don Carlos Molina Arrotea lo condenó al pago de la multa establecida en el art. 213 de la Ley Orgánica. Deducida la apeleción en oportunidad, revocó la Excma. Cámara de lo Civil esa resolución, fundándose en que el mandante, cuyos derechos se iban a representar, ya había indicado su estado en el poder y que, por lo tanto, no era necesario el de la persona que lo sustituía. (Véase t. 7 páj. 103 de los Fallos). Respecto del domicilio, se han pronunciado igualmente los magistrados. Llevada á la Suprema Corte Federal una contienda sobre