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suyo tal importancia como fines primordiales de la misión del Estado, que no puede él limitarse á afianzar la paz; debe ir aún más allá: debe garantizar á todos el concepto de su inviolabilidad. Es precisamente en el amparo de esa imperturbable conciencia pública de la garantía de todos los derechos que el Estado llena el alto fin de la tutela jurídica; y es en virtud de esto mismo que el delito afecta siempre el derecho público, aún prescindiendo de la lesión inferida al derecho del particular directamente ofendido. La incriminación de las amenazas y coacciones, responde directamente al pensamiento de la garantía de la paz individual en la convivencia social. No entra en los propósitos de este artículo, la tarea de espigar analiticamente el contenido de los cinco artículos que constituyen la legislación del delito de amenazas y coacciones en el Código Penal. El significado propio de cada una de estas disposiciones y sus justos alcances jurídicos se encuentran claramente determinados en las obras de exposición y crítica tanto de nuestro Código Penal como del Código Español de 1850 de donde han sido tomadas truncamente y con indigente criterio científico. Por lo demás, el asunto no origina de suyo mayores dificultades. En nuestro excelente Rivarola, pueden recorrerse rápidamente, los escasos puntos que suscitan algunas observaciones.