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La intervención se ha considerado facultada para resolver sobre la legimitidad de los títulos con que ejercian el poder las autoridades provinciales, y ha confirmado el derrocamiento del Gobernador y de la Legislatura, obra de la revolución, convocando, en su consecuencia á nuevas elecciones. En frente de este criterio, hay quien sostiene que los poderes, una vez constituidos, no pueden ser desposeídos ni derrocados licitamente en ningún caso, sino sustituidos